"Cuando están en la oposición, los socialdemócratas europeos no saben qué ofrecer a los votantes. Cuando están en el poder, no lo saben utilizar."

Esta frase pertenece al artículo There is no alternative, del politólogo Henry Farrell. El título no podía ser más acertado. Tal y como destaca el último boletín de Policy Network la situación del centro-izquierda en Europa es deprimente.

Desde que empezó la crisis, la desigualdad ha saltado a la palestra como uno de los temas principales, ya sea en el papel de causante de la crisis o en el de consecuencia de ella –o, por qué no, ambas cosas–. Sin embargo, a pesar de su relevancia y presencia en los medios, pocas veces se ha discutido las dos vertientes, o tipos, de desigualdad con respecto a ingresos.

Me explico. Las métricas más comunes que utilizamos para medir la desigualdad, como el índice de Gini o qué fracción de los ingresos totales de un país recibe el 10% de ciudadanos más ricos, son apenas fotos de un momento concreto, y no nos dan una imagen completa de la situación. Por poner un ejemplo, imaginad una sociedad en la que solo hay dos personas, Antonio y Beatriz. Antonio gana 3000 euros al mes, y Beatriz no gana nada. Cualquier persona diría que se trata de una situación muy desigual, en la que una persona recibe el 100% de los ingresos, y la otra el 0%.

Pero ahora imaginemos que al año siguiente se revierten los roles y Beatriz pasa a ganar 3000 euros al mes mientras Antonio se queda sin ingresos. Si tenemos en cuenta los dos años, de repente hemos pasado a una sociedad completamente igualitaria, en la que todos los individuos reciben el mismo salario. El coeficiente Gini de desigualdad para los dos periodos sería igual a 0, el valor más bajo.

Examinando la crisis chipriota, más de uno se habrá quedado perplejo al observar que en Europa, en la zona euro, había un paraíso fiscal, refugio de los dineros rusos. En principio, nada más contradictorio con la moral que se nos quiere vender desde Europa - de rigidez y control fiscal- que la existencia de un territorio cuya finalidad es meramente atraer inversiones financieras especulativas mediante la evasión fiscal. Y más aún, que esté en la zona euro. A la perplejidad de Chipre se ha añadido con pocos días de diferencia la divulgación de una lista de personalidades – ministro francés incluido- que tienen su capital en este tipo de territorios.

Ahora bien, no es cierto que en la Unión Europea -ni en la zona euro- sólo Chipre pueda ser considerado paraíso fiscal. Los problemas que hay para la aplicación en el Reino Unido de ciertas normas fiscales y bancarias de la Unión Europea derivan esencialmente del régimen de la City londinense, que podría considerarse un territorio offshore. Algo parecido podríamos decir de Luxemburgo (país del que era originario el anterior presidente del Eurogrupo, Junker), de los centros de coordinación belgas o los muelles de Dublín, en Irlanda (donde tributan un gran número de empresas). Territorios de Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Malta y los Países Bajos completarían el elenco de países de la Unión Europea donde se puede hablar de paraísos fiscales en sentido amplio. Incluso la propia regulación española de las SICAV no se aleja demasiado de lo que ocurre en este tipo de países. La responsabilidad europea no termina aquí sino que hay multitud de territorios dependientes del Reino Unido y Holanda que tienen esta consideración. Por no hacer referencia a Lichenstein, Mónaco o San Marino.

Fuera de Europa, nos encontramos con el Estado de Delaware en los Estados Unidos, y hay numerosas islas paradisiacas que también lo son por razones tributarias de tipos bajos y alta facilidad de deducir gastos. En su momento la lista afectaba a unos 80 territorios. El listado de los que tienen esta consideración para España llega a 48. Listado que contrasta con el hecho de que, de acuerdo con informaciones de prensa, casi todas las empresas del IBEX35 tenían presencia en paraísos fiscales. Es de nuevo el problema que se ha señalado en otra ocasión sobre la escasez de personal en la Agencia Tributaria que lo facilita.

Hace unos días Mariano Rajoy afirmaba que su gobierno estaba haciendo la mejor política de empleo con el impulso del Plan Nacional de Reformas, fechado en mayo de 2012. No es nuestra intención juzgar las buenas intenciones del presidente, que siguen siendo poco más que intenciones a la luz de las sangrantes cifras de desempleo. A día de hoy, se hace difícil ver resultados convincentes en las cinco prioridades establecidas en el plan, a saber, “la consolidación fiscal adaptada y compatible con el crecimiento; la restauración del crédito a la actividad económica; el impulso del crecimiento y la competitividad; la creación de empleo y la modernización de las Administraciones Públicas” (ver Plan Nacional de Reformas, 2012: 4-5). De momento, no sabemos cómo van a hacer la mitad de las cosas –ya ha dicho la vicepresidenta que la administración no se reforma en un día-, mientras que la otra mitad está por hacer (ya saben, todo eso de la austeridad y el crecimiento).

No obstante, la pregunta recurrente no es si el Gobierno ha hecho los deberes sino, de lo contrario, desde una perspectiva politológica, si el Gobierno tiene la capacidad para hacerlos. Nuestra obsesión con estas preguntas se basa en una recurrente obcecación en seguir proyectando una imagen monolítica de cómo se desarrolla la política en España, especialmente la política económica, y en concreto, la política laboral. En España, en el plano de los asuntos económicos y laborales, las competencias ejecutivas y legislativas están esparcidas territorialmente, así como las instituciones de negociación y asesoramiento. Compruébenlo: visiten los sitios web de Ministerios y consejerías de su región y anoten quién dice ser responsable de las políticas de empleo, las políticas de bienestar, la política fiscal y la política de competitividad. No se olviden de visitar todos los organismos públicos que implantan sectorialmente las políticas. Si no se han cansado, busquen referencias del Consejo Económico y Social de su CCAA y el del Estado, así como su más cercano Instituto de Relaciones Laborales, y analicen las competencias que tienen asignadas. Además el convenio colectivo de su sector será, seguramente, provincial. Busquen también información sobre su sindicato preferido y hagan lo mismo con las asociaciones empresariales y observen la complejidad de su tejido asociativo a nivel territorial. Después de hacer todo esto que les propongo, contesten a las siguiente pregunta: ¿les parece que el Gobierno central puede reactivar la economía por si solo?

La solución “aguirrista” pasaría por eliminar cuanta más “mamandurria” mejor. Nuestra opinión es que hay que replantear el diseño institucional de nuestro país. ¿Y por qué venimos ahora con esta cantinela? Ya nos perdonarán, pero es que se está haciendo menos de lo que se puede, tanto en el ámbito de las reformas institucionales, en el de los compromisos políticos, como en el de la responsabilidad de los agentes sociales (sindicatos y patronales).

A lo largo de los últimos meses la sociedad catalana ha vivido en una burbuja de agitación nacionalista que, apartando el foco de los graves problemas económicos y sociales que la atenazan, ha transformado la percepción que ésta tiene de si misma, deformándola hasta convertirla en una caricatura irreconocible supuestamente determinada a emprender, de manera irrevocable, camino hacia “Ítaca”.

En el contexto de crisis económica, política e institucional en el que vive sumida la sociedad española, las élites nacionalistas han creído identificar una “ventana de oportunidad política” para plasmar sus sueños de ruptura con el resto de España. Esta hiper-movilización de los sectores sociales y políticos nacionalistas en pos de la independencia (con la definición de etapas intermedias en la transición hacia dicho destino como el difuso “derecho a decidir”, o la eufemística “creación de estructuras de Estado”) no ha sido confrontado por un discurso articulado, coherente y realista que, emergiendo desde sectores progresistas de la sociedad catalana, desenmascare el argumentario de agravios movilizado por el nacionalismo. En el escenario de mayor tensión que se recuerda entre elites políticas del Estado y de Cataluña, no existe un verdadero relato que, desde dentro de la sociedad catalana y marcando distancias con las líneas argumentales de la derecha más inmovilista de corte nacionalista español, actúe de contrapunto al “pensamiento único” independentista impuesto desde las esferas políticas y mediáticas de Cataluña. Un relato que proponga un modelo de articulación política e institucional que, reflejando fidedignamente la inequívoca voluntad de autogobierno de la sociedad catalana, tratase de dar respuesta a sus necesidades reales: desempleo, crecimiento de la vulnerabilidad socio-económica, deterioro de los servicios públicos, gradual desmantelamiento del Estado de bienestar, indignación ante la corrupción en las instituciones públicas y en la esfera política.

La extrema debilidad de narrativas alternativas obedece a nuestro juicio a un doble proceso de distorsión de la voluntad de la ciudadanía frente a un proyecto independentista establecido como discurso dominante: 1) el desarrollo de un proceso de “espiral de silencio” que ha enmudecido a los sectores de las élites académicas, intelectuales, culturales, sociales y políticas que no comparten el ideario independentista, y 2) la inexistencia de portavoces de aquellos segmentos de la sociedad catalana (demográficamente muy amplios) que por sí solos carecen de los recursos para conformar la agenda pública y/o política (grupos con niveles de renta media-baja y baja), y que muy mayoritariamente no abrazan la causa nacionalista.

Hace algunas semanas, la Cadena SER difundió un estudio según el cual el 57% de los españoles considera que la democracia podría funcionar sin partidos políticos, mediante plataformas ciudadanas constituidas para la gestión de los asuntos públicos. Lo interesante del estudio no es la constatación del desapego a los partidos, ya recogida en otros sondeos, sino la tendencia de fondo que revela: por primera vez desde la Transición, los partidos dejan de percibirse como agentes imprescindibles en democracia, mientras avanza la idea de que sus funciones pueden ser desempeñadas por movimientos ciudadanos.

El desprestigio de los partidos se nutre de elementos coyunturales y de tendencias más constantes, que llevan décadas con nosotros. Como factores coyunturales, destacan la cascada de casos de corrupción conocidos en los últimos tiempos –aluvión que elevó la corrupción al segundo puesto entre las preocupaciones ciudadanas en el último barómetro del CIS- y la sensación de que la política no está siendo capaz de encontrar soluciones para la crisis ni de proteger a los ciudadanos de sus consecuencias negativas. La combinación de falta de resultados con descrédito moral erosiona la legitimidad de los partidos políticos. Pero lo cierto –y este es el elemento constante- es que estos actores nunca han gozado de buena fama ni aquí ni en otros lugares, por considerárseles sinónimos de división y confrontación; no en vano “partido” viene de “parte”. La historia reciente de España, donde se mezclan el conflicto extremo, el antipoliticismo atizado por la dictadura y una cierta mitología del consenso, acentúa esa visión negativa.

Así las cosas, no está de más preguntarse qué es un partido político y para qué sirve. A grandes rasgos, un partido es una organización formal –es decir, dotada de una estructura estable, normas de funcionamiento interno y algún tipo de jerarquía en el liderazgo y la toma de decisiones- que posee una determinada visión del mundo y un proyecto global para la sociedad en la que actúa, y compite por alcanzar el poder con el fin de hacer efectivo ese proyecto.

Uno de los temas que más hemos analizado en Agenda Pública es el de la necesaria renovación de los partidos y de sus sistemas de selección de candidatos. En la conversación ‘El futuro de los partidos: ¿transformación o desaparición?’, Joan Botella y Jaume Collboni debatieron sobre la necesidad de cambio en las organizaciones políticas, y en ‘Primarias: ¿ciudadanía o militancia?’, Miquel Pérez Moneo, Óscar Barberá y Astrid Barrio analizaron los pros y contras de los sistemas de primarias como principal elemento de cambio en los procesos de selección política.

En esta ocasión es precisamente Astrid Barrio quién guía esta conversación con Miquel Iceta, Director del Departamento de Análisis del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España con Narcís Serra (1991-1995), actual secretario primero de la Mesa del Parlament de Catalunya, diputado del PSC y Presidente de la Fundació Rafael Campalans, sobre la crisis de representatividad, la idoneidad de las primarias, y los distintos retos que tendrán que afrontar los partidos políticos para garantizar su supervivencia.

Astrid Barrio (AB): Me gustaría que en la medida de lo posible nos centremos en dos temas muy concretos. Primero, ¿cuáles deben son los requisitos de un buen político? Y segundo, ¿cómo hacen los partidos para tratar de buscar buenos políticos? Hace poco Agenda Pública publicó “Selección de políticos: administrando la miseria”, un post de Pablo Simón muy crítico con la selección de políticos que me hizo pensar en cómo podemos medir la capacidad de un político. ¿Qué es un buen político?

La petición por parte de la Comisión Europea de que España introduzca el denominado contrato único ( "single" open-ended contract) es recurrente desde ya hace unos cuantos años aunque se han introducido matices desde su presentación o formulación inicial. Se pretende presentar como la solución, en formato de dogma, dada su nula constatación práctica, frente a la segmentación del mercado de trabajo.

La idea que presentó la Comisión Europea es la de un contrato único que tiene por objetivo reducir las divisiones existentes entre los titulares de los contratos temporales y permanentes. Dicho contrato mejoraría gradualmente los derechos de protección en función de la permanencia en el empleo o antigüedad, es decir, el derecho a la indemnización por despido se vincularía al tiempo de duración de la relación laboral, hasta llegar al nivel de protección existente en la actualidad de los contratos indefinidos. Solo se podría poner fin al contrato con un coste limitado y predecible plenamente para las empresas, evitando al mismo tiempo apelar ante los tribunales nacionales contra los despidos no discriminatorios.

En mi opinión la posición de España debería ser de rechazo total a esta propuesta. No sólo por las dificultades de encaje constitucional, sino por lo que supone de ataque a elementos clave del ordenamiento jurídico laboral. Y es que aunque puede compartirse el objetivo de combatir la segmentación del mercado de trabajo como un objetivo fundamental de la UE, en especial en países como España en los que el porcentaje de trabajadores con contratos temporales es muy elevado, no parece que la solución sea o haya de ser la del contrato único. Al menos en los términos en que éste ha sido presentado.

Aquellos que culpan a la crisis económica y a la falta de ejemplaridad de las instituciones de la creciente desconfianza en la política toman al 15M como síntoma. Sin embargo el 15M no fue simple hartazgo sino el comienzo de un ciclo de contestación que supone un importante cambio de actitud de los españoles ante la política.

Creo que el 15M es uno de esos días en los que se desarrolla ante nosotros la trama de la historia y cuyos detalles recordaremos cuando nos pregunten ¿dónde estabas el 15M? Yo acababa de llegar a Escocia para terminar mi tesis. Había participado en movilizaciones que sirvieron de caldo de cultivo al 15M por lo que no me sorprendió por completo el éxito de la manifestación. Fue sin embargo la reacción de mis compañeros de Nigeria, Rusia y Argelia ante la ocupación de la Puerta del Sol la que me hizo ver la dimensión histórica de este acto de desafío. No entendían cómo era posible que los desde su punto de vista privilegiados jóvenes españoles que han crecido en democracia adoptasen el método de protesta de los revolucionarios de El Cairo.

Precisamente hoy es legítimo preguntarse si el 15M ha dejado algo más que unas imágenes emocionantes de reivindicación del espacio público. Dos años después, parece que seguimos siendo “mercancía en manos de políticos y banqueros”. La crisis económica no ha hecho más que empeorar, la política española ha seguido cavando su bache y no se han creado nuevos mecanismos de participación democrática. Además el movimiento se ha dividido en una sopa de siglas enfrentadas que recuerdan al gag de los Monty Python sobre los grupúsculos de resistencia judía en La Vida de Brian. El movimiento se fractura en la primavera de 2012 entre los partidarios de crear una asociación y los que temen que dicha organización acabe inevitablemente arrastrada por la ley de hierro de la oligarquía que el movimiento critica en los partidos. La actual línea de fractura separa a los partidarios de la acción política mediante el “entrismo” o la creación de nuevos partidos y aquellos que consideran posible conseguir un cambio constitucional desde fuera de un sistema en el que no confían.

Publicamos un comunicado a la opinión pública del Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC), que pretende alarmar sobre la pésima situación de los medios necesarios para la lucha contra la corrupción en España. Constituido hace casi 25 años, y formado por más de dos cientos penalistas procedentes del ámbito académico y de diversos niveles de la jurisdicción penal española, el GEPC se ha ocupado de temas político-criminales diversos, a los que es común su trascendencia social así como la ausencia de criterios de análisis y soluciones convincentes.

La realidad de la corrupción se ha materializado con toda su crudeza en España en relativamente muy poco tiempo. Junto al número de procesos abiertos, más de 1600 y unos 1000 funcionarios, entre ellos altos cargos, la percepción social de la corrupción representa en el último barómetro del CIS la segunda preocupación de los españoles. Corrupción, no se olvide, es impensable sin la intensa participación de significativos corruptores particulares. La diaria avalancha de eventos pone de manifiesto que no estamos ante casos más o menos graves, pero aislados, sino ante una manifestación sistémica de un deficiente funcionamiento de las instituciones públicas, pues estas se han convertido en objeto de depredación.

La falta de eficacia de los controles previos legalmente previstos es alarmante: o nada controlan o lo hacen tarde, de modo que se hace muy difícil exigir responsabilidades y modificar pautas de conducta. Todo ello es causa de un diseño de la vida pública española que pivota sobre las cúspides de los partidos políticos, que a su vez copan los resortes institucionales de control, haciéndolos ilusorios en la práctica.