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Elisa Uría Gavilán

Investigadora en el Departamento de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid con una beca de doctorado de la Fundación La Caixa.

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El caso Schrems: la privacidad contra la vigilancia masiva

El pasado 6 de octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaba una sentencia emblemática que marcará un antes y un después tanto en la jurisprudencia de protección de datos en Europa como en las relaciones con Estados Unidos. Este pronunciamiento supone un hito porque anula la Decisión del año 2000 sobre los principios de “puerto seguro”. Mediante esta norma, la Comisión Europea reconocía que las transferencias de datos a las empresas de Estados Unidos adheridas voluntariamente a dichos principios - y entre las que se encuentran titanes tecnológicos como Facebook, Amazon, Google o Twitter - tenía un nivel “adecuado” de protección.

Los perdedores de este fallo judicial tienen nombre propio: la Comisión Europea y los Estados Unidos. La legitimidad del ejecutivo comunitario ha sufrido un duro varapalo. El Tribunal le reprocha que no llevara a cabo su obligación de comprobar si Estados Unidos garantizaba un nivel de protección de los derechos “sustancialmente equivalente” al asegurado en la Unión. No olvidemos que la Comisión había seguido defendiendo la Decisión de “puerto seguro” incluso tras las revelaciones de Snowden en 2013, ignorando la petición específica del Parlamento Europeo de suspender tal normativa. Tan sólo se limitó a realizar trece recomendaciones, permitiendo que el sistema siguiera funcionando, ajeno al supuesto espionaje masivo que la National SecurityAgency (“NSA”) realiza sobre los ciudadanos europeos.

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Más Schengen y menos demagogia

Europa vive otro punto de inflexión en el eterno debate entre libertad y seguridad tras los dramáticos acontecimientos de París. Lo mismo que después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, los de Madrid en 2004 o los de Londres en 2005. No hace falta sumergirse en las hemerotecas para encontrar ejemplos de una tendencia casi sistemática a legislar “en caliente” a raíz de sucesos que inundan titulares y conciencias a partes iguales. Antes incluso de que pudiéramos digerir y condenar en las calles el golpe, lo que en principio fueron tímidos murmullos se convirtieron en declaraciones sin tapujos a favor de reintroducir controles fronterizos en el espacio Schengen. No era de extrañar que estas demandas surgieran de los labios de la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen. En este sentido también se manifestaba el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz.

Conviene recordar que el Acuerdo de Schengen fue firmado en 1985 por un puñado de líderes que soñaban con esbozar un espacio en el que se eliminaran los controles entre sus fronteras interiores. A pesar de que luego pasaría a formar parte del acervo comunitario, su carácter intergubernamental lo ha convertido en blanco fácil y “chivo expiatorio” cada vez que el continente europeo se ha sentido amenazado. Ya en 2011, y aterrados por lo que la “Primavera Árabe” podría traer consigo, Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi, propusieron modificar el texto para que fuera posible realizar controles sistemáticos en las fronteras interiores, iniciativa que afortunadamente nunca llegó a materializarse.

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