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Xavier Arbós Marín

Licenciado y doctor en derecho por la universidad de Barcelona, y diploma de estudios avanzado del Instituto de Estudios Políticos de París. Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona y presidente del Consejo Internacional de Estudios Canadienses.

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Amparo para parlamentarios

La urgencia, aunque sea histórica, es mala consejera. Me parece que las prisas han creado un problema en el Parlamento de Catalunya, que podría haberse evitado con un poco de paciencia. Ahora la controversia ha entrado en el Tribunal Constitucional por la vía de los recursos de amparo presentados por Ciudadanos (C’s), el PSC y el PP.

Recordemos que el asunto empieza el 27 de octubre, cuando la Mesa admite a trámite la propuesta de resolución secesionista firmada por Junts pel Sí y la CUP, y le da curso por vía de urgencia. Los representantes de los grupos parlamentarios de C’s y del PSC solicitan a la Mesa la reconsideración de esos acuerdos, y a título individual se adhieren los diputados del PP. Lo hacen así porque en ese momento aún se ha constituido el grupo parlamentario del PP, ni ha elegido a su portavoz. Lo harán en la tarde del día 5 de noviembre, dentro del plazo de que disponían para hacerlo y que concluía en la mañana del viernes día 6.

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La pregunta sí importa

Conocíamos la Ley de consultas populares no referendarias (LCPNR) que aprobó el Parlamento catalán, y podemos imaginar que tendrá un futuro problemático ante el Tribunal Constitucional. Se puede dar por descontada su suspensión, y en el ulterior examen de su contenido se discutirán problemas como los señalados por los votos particulares del Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que, por una mayoría de cinco sobre nueve, consideró su texto compatible con la Constitución y con el Estatuto de Cataluña. Mi parecer sobre la LCPNR coincide más con los discrepantes que con la mayoría del Consejo, pero ahora quiero hacer un ejercicio distinto. Me propongo señalar algunos problemas del Decreto que firmó solemnemente el presidente Mas el pasado sábado, que, en desarrollo de la LCPNR, convoca la consulta para el 9 de noviembre. Son problemas domésticos, que se dan en nuestra propia casa desde el momento que se separa de la ley que aprobó la institución que representa al pueblo catalán. Ese Decreto (D9N) no encaja en lo que la LCPNR establece. Al menos, pienso yo, por dos razones.

Creo que la pregunta doble que plantea el D9N no cabe. El artículo 3 de la LCPNR indica que las personas consultadas votan para manifestar su "opinión sobre una determinada actuación, decisión o política pública". No podemos saber, y por tanto no es "determinada", "la actuación, decisión o política pública" que vaya a emprenderse. Solo se concretará a partir de los resultados, como se desprende claramente del art. 2 D9N. Una vez conocidos los resultados "la Generalitat", sin que se precise cuál de sus instituciones lo hará, podrá "ejercer con pleno conocimiento de causa la iniciativa que le corresponde". La falta de precisión no vulnera solamente el art. 3 LCPNR; se salta la exigencia que se desprende de los principios de "transparencia" y "claridad" que proclama el art. 2.1 LCPNR.

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La cátedra, el púlpito y los anatemas

“¿Por qué dicen 'amor' cuando piensan en sexo?” La pregunta titula un capítulo de la autobiografía de Groucho Marx, y siempre me ha parecido una saludable invitación al escepticismo. No es que no crea en el amor verdadero, ni en los sentimientos desinteresados, pero estoy convencido de que no conviene dar por bueno cualquier argumento. Jamás en las discotecas de madrugada, y tampoco en el debate académico, porque, sobre todo los juristas, caemos a veces en el vicio de escudarnos en nuestra especialidad para eludir la tarea de ofrecer soluciones. Voy a permitirme señalar algún vicio de este tipo, más como confesión de mis propios pecados que como acusación contra nadie. No soy digno. El uso del “nosotros” solo señala a quienes compartimos un cierto sentimiento de culpa profesional, y a nadie más, con la esperanza de que vean reflejada su inquietud que es la mía. Menciono alguna traba al debate público a propósito de las discusiones que acompañan la propuesta de secesión de Cataluña. El catálogo no será exhaustivo, ni se formula con la pretensión de que las críticas caigan por igual sobre todas las posturas que se sostienen en materia tan delicada. Si soy capaz de explicarme bien, tal vez convenza a alguien de que con una actitud más abierta y argumentos menos cerrados podemos ser más útiles.

Para simplificar —un error, por cierto, y solo es el principio...— distinguiré entre estrategias de evasión y trampas retóricas. Las primeras se pueden reprochar a quienes concebimos el derecho como un instrumento, preferiblemente al servicio de algún objetivo digno. No así a los que, muy legítimamente, opinan que lo único específico del derecho como saber es el ordenamiento existente. Su genésis y las consecuencias de su aplicación quedan fuera de lo que consideran su campo de estudio. En cuanto a las trampas retóricas, no hay opción epistemológica que las excusen cuando las  empleamos como argumento. Son golpes bajos, destinados a paralizar el razonamiento del adversario imbuyéndole el miedo a pasar por ignorante o extremista.

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