La justificación de València para contratar a dedo a un bufete por medio millón: “Varias ofertas hubieran supuesto un número elevado de reuniones”

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València contrata a dedo por medio millón de euros a un despacho de abogados para reclamar a Indra una app que no se desarrolló a tiempo. El Ayuntamiento que dirigen PP y Vox llevará a Indra a los tribunales por no desarrollar en plazo la aplicación 'ciudades conectadas', un proyecto con otras capitales españoles financiado con fondos europeos, y le reclama 9 millones de euros. El valor del contrato es de 500.000 euros, un 5,6% de la cuantía estimada total del procedimiento judicial, que podrían ascender a los 800.000 si el caso llega a segunda instancia. El contrato se limita a la asistencia prejudicial y a la primera instancia.

El consejo de Administración de la empresa pública adoptó la decisión el pasado 24 de julio, en una sesión extraordinaria tras retrasarse por las dudas de una concejala del PSPV. La socialista Elisa Valía, miembro del órgano de la empresa pública, pidió un informe jurídico que motivara el procedimiento excepcional, que supone saltarse la ley de contratos del sector público para realizar el encargo a la firma Andersen Tax Legal Iberia. El contrato, según la propia firma pública, podría alcanzar los 800.000 euros.

El consistorio apunta que escoge a esta firma porque “asesora a la agrupación de municipios en el contrato de asesoría jurídica dependiente de la ciudad de Fuenlabrada, con lo que la propia firma no es ajena al proyecto ”Ciudades Conectadas“”. Tiene experiencia y ya ha prestado servicios a la EMT de València, dice el informe, en los cuales su “ejecución ha sido plenamente satisfactoria y se han desarrollado con una dedicación y una profesionalidad notables por parte de la firma”.

En el informe, analizado en el consejo que dio el visto bueno al contrato, la empresa pública que dirige el concejal Jesús Carbonell alega falta de medios propios para llevar a cabo la asistencia letrada y asegura que el proceso de contratación en estos casos queda excluido de la ley de contratos del sector público. Para ello, escoge el trabajo de un catedrático del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, un informe de Aragón y una sentencia del TJUE. La EMT argumenta que sus servicios jurídicos se centran en la gestión ordinaria de la empresa y el pleito que ahora se pretende iniciar “requiere una dedicación muy importante en horas de trabajo, lo cual resulta incompatible con que dicha dirección técnica se ejecute con los medios internos de EMT”.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que es mejor realizar una “completa y adecuada motivación de las razones que determinan la selección del prestador de los servicios”, que “la solicitud de una pluralidad de ofertas que resultarán, como se apunta más adelante, de muy difícil valoración”. La empresa pública argumenta que “el hecho de pedir varias ofertas a varias firmas y que dichas ofertas sean elaboradas con las debidas garantías, hubiera supuesto un número elevado de reuniones, de gestiones para exponer el asunto a diferentes equipos”, y que se hubiera retrasado demasiado la gestión.

Asimismo, “se entiende que en las contrataciones de esta naturaleza en las que la norma de contratación pública no debe aplicarse, tampoco deben valorarse las reglas de competencia, por lo que, si existe una motivación suficiente para ello, se puede tramitar el expediente con la solicitud de una única oferta”.

El asunto es “sumamente complejo” y el expediente tiene más de 180 documentos, prosigue el informe, que detalla que se debe analizar el contrato de Indra con la EMT, la penalización impuesta al Ayuntamiento por el retraso, pero también el encargo de gestión del ayuntamiento de València a EMT para que licitara este proyecto en el marco de la subvención Next Generation de la que es beneficiario el Ayuntamiento y la alianza con otras ciudades.

La empresa pública también alega una cuestión de confidencialidad: “El hecho de solicitar varias ofertas, obligaría a compartir esta información confidencial con otros profesionales” y la app que se encargó es un proceso “totalmente innovador, y las cuestiones que para él se desarrollan no tienen precedentes por lo que la tecnología a la que se tiene que dar acceso resulta confidencial”. Tampoco quiere la EMT comprometer información que se pueda usar en posteriores reclamaciones o pleitos contra la firma cotizada.

La concejala de la oposición remitió un escrito al consejo de Administración en el que manifiesta sus dudas sobre el procedimiento, y cree que no está lo bastante justificado.“Se deduce que tiempo ha tenido la EMT para solicitar varias ofertas, si en febrero de 2026, hace cinco meses, ya inició acciones relacionadas directamente con la reclamación, pero que, sin justificación suficiente, eligió ya hace unos meses a Andersen Tax & Legal Iberia SLP”, señala.