Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha vuelto esta semana al primer plano de la actualidad por dos razones diferentes: su imputación en el caso de los contratos de la Fórmula 1 (uno de los desfalcos de dinero público más impresionantes que dejó Camps como legado político; y miren que eso tiene mucho mérito, que había mucha competencia) y la publicación en el diario El País de una investigación sobre las peculiaridades de su tesis doctoral, que Camps leyó en febrero de 2012.

Camps anunció que estaba elaborando una tesis doctoral en junio de 2011. El tema de la disertación era una propuesta para reformar el sistema electoral español, dirigiéndose hacia un modelo mayoritario uninominal similar al inglés o al estadounidense. La reforma se proponía tanto para ambas cámaras del Parlamento español (Congreso y Senado) como para los autonómicos. También se propugnaba la elección directa de los alcaldes, una proposición clásica del PP que en los últimos meses, conforme las encuestas les daban peores resultados, se ha puesto en segundo plano.

Camps anunció ese proyecto y, poco después de comunicarlo, dimitió como consecuencia de la apertura del juicio oral en el 'caso de los trajes'. La retirada del primer plano de la política debió de ser extraordinariamente fructífera para su tesis, porque la leyó tan solo ocho meses después del anuncio.

Una tesis doctoral es un trabajo ingente que debería ocupar a la persona que se involucra en él durante varios años. Constituye un significativo sacrificio personal (y también económico, en muchos casos). Y es el máximo grado académico que se puede alcanzar, que muestra la madurez y capacidad del investigador que obtiene el doctorado.

Claro está que no todos los que hacen una tesis (ni los que la dirigen, o evalúan) lo hacen en las mismas condiciones, o con los mismos criterios. A veces, el rigor con el que se desarrolla el trabajo y se evalúa por parte del tribunal evaluador es significativamente más elevado en unas tesis que en otras.

Entre estas últimas podríamos ubicar, precisamente, muchas tesis doctorales elaboradas (en teoría) por dirigentes políticos mientras están en activo. Porque, como cabe imaginar, una persona que tiene muy poco tiempo y energías, más allá de las que debe dedicar al servicio público, difícilmente podrá hacer un buen trabajo en su tesis doctoral.

¿Por qué la hacen, entonces? Pues por un complejo cúmulo de circunstancias en el que se incluye la vanidad, el afán por acaparar todos los ámbitos de reconocimiento público que estén a su alcance y, naturalmente, porque no le piensan dedicar mucho tiempo... Aunque sí quieren tener el doctorado, claro. Es una peculiar cultura del esfuerzo consistente en obtener los réditos de las cosas excluyendo el esfuerzo que comporta conseguirlas para el común de los mortales.

¿Cuántas líneas de su tesis doctoral habrá escrito un dirigente político que ni siquiera redacta sus propios discursos ni los artículos que firma en la prensa? Es difícil decirlo. A menudo nos encontramos con tesis como la de Federico Trillo, o la del exconseller de la Generalitat Valenciana Manuel Cervera, parcialmente plagiadas de otros trabajos (en Alemania, como son muy raros, por estas cosas los políticos se ven obligados a dimitir). En cuanto a otras tesis, como la que leyó Rodrigo Rato en 2003, cuando era el todopoderoso vicepresidente económico del Gobierno (una tesis cuyo objetivo era mostrar lo bien que lo había hecho el propio Rato al frente de su ministerio), parece difícil imaginarse al doctor compaginar el proceso de elaboración de la tesis con sus múltiples ocupaciones. ¡Cuánto les cunde el tiempo a algunos!

Sin duda, el escenario hacia el que vamos, caracterizado por la digitalización de todo tipo de contenidos y el desarrollo de programas cada vez más depurados para detectar sorprendentes y llamativas coincidencias entre unos textos y otros, nos deparará en el futuro muchos momentos de gloria proporcionados por algunos eximios doctores de nuestra clase política.

Sin embargo, la tesis de Camps constituye toda una novedad: porque se trata de una tesis… secreta. No es posible consultarla, ni obtener una copia, por expreso deseo del autor. Tampoco fue posible acceder a la lectura, en su día, a pesar de ser un acto público, puesto que la Universidad Miguel Hernández no solo no lo publicitó, sino que se negó a dar ninguna información a los periodistas y académicos interesados en el evento. Posteriormente, como hemos visto, tampoco fue posible acceder al texto. Y hasta hoy.

Una situación insólita, aunque no sorprendente, tratándose de Camps. Y no solo por el enfermizo secretismo sectario con el que siempre se manejó el personaje, especialmente en sus últimos años. Sino por otro motivo. Digámoslo sin ambages: ¿qué razones puede tener un dirigente político como Camps para preservar su tesis doctoral (leída intempestivamente, con un tribunal de “amigos” que avalaron sus contenidos) del escrutinio público? ¿Por qué alguien querría desarrollar una propuesta académica, y también política, que a continuación se guarda bajo llave, no sin antes hacerse con el título de doctor?

En efecto, estoy diciendo que quizás haya algo raro en la tesis de Camps. ¿Plagio? ¿Ínfima calidad? ¿Una cosa y la otra? Qué vergüenza, tal vez pensarán algunos de ustedes: el articulista está aplicándole a Camps la presunción de culpabilidad. En efecto, así es. Y lo hago porque es el propio Camps el que nos aboca a llegar a esa conclusión. Una tesis doctoral es un documento público que ha de estar disponible para la consulta de los componentes de la comunidad académica que así lo requieran.

No hay absolutamente ninguna razón para mantener un documento de estas características blindado por una cláusula de confidencialidad (Camps no está describiendo cómo armar un dispositivo nuclear, o un arma biológica). Así que la única razón que nos queda para “entender” este secretismo es que el autor de la tesis siente pavor ante la perspectiva de que otros puedan encontrar quién sabe qué en el texto.

Si Camps no quiere asumir las consecuencias de formar parte de la comunidad académica, además de sus beneficios (el prurito del doctorado, que mucho político frívolo gusta de colgarse encima), quizás tendremos que concluir que su tesis es una investigación de ínfima calidad, escrita apresuradamente por quién sabe qué plumillas (o algo peor aún) al servicio de la causa de convertir a Camps en doctor.

Llegaron los resultados, la hecatombe electoral del PP. Los sondeos volvieron a hacer el ridículo. En apariencia, conforme mejor están las cosas, y más avanzamos en la recuperación, menos gente quiere votar al Partido Popular

Ya ocurrió hace ahora un año, durante la campaña de las Elecciones Europeas. Paulatinamente, nos decían los sondeos y muchos medios de comunicación, daba la sensación de que al bipartidismo se le perdonaban sus pecadillos de juventud. Los sondeos mostraban datos al alza para PP y PSOE, y sobre todo para el PP, en premio a la consolidación de la recuperación económica. La oposición se desinflaba. ¿El 15M? Gente voluntariosa, en el mejor de los casos; agentes perrofláuticos pagados con el oro de Venezuela, en el peor. En todo caso, un movimiento sin sustancia ni realismo. ¡Que monten un partido y se presenten a las elecciones!

Así que, de cara a las Europeas, todo parecía controlado. Luego el bipartidismo sacó un resultado ridículo (26% el PP, 23% el PSOE), apareció Podemos con cinco escaños y un 8% de los votos, y al poco teníamos dimisión de Rubalcaba, abdicación de Juan Carlos de Borbón, y encuestas que ponían a Podemos por las nubes.

Pero, poco a poco, todo se tranquilizó. La recuperación económica seguía su callada labor. Tan callada que muy pocos la percibían, excepción hecha de algunos informativos de televisión y cabeceras de prensa, cuyo optimismo les salía por las orejas. Los sondeos seguían ofreciendo datos un poco preocupantes, desde el punto de vista de la estabilidad (o sea: que siguieran mandando los que ya mandan), pero con esperanza en el horizonte.

Primero, porque el PP parecía tocar suelo más o menos en el 30% de los votos. Y después, porque aparecía Ciudadanos, “la derecha que no te da tanta vergüenza votar”, como alternativa al PP entre su electorado y algunos despistados de centro izquierda, … ¡Y el PP seguía, imperturbable, en el mismo 30%, según los sondeos! Por algún motivo, la aparición de un partido en el espacio político del PP afectaba a todos los demás, pero no al PP.

Así que, según indicaban muchos sondeos y medios de comunicación, las cuentas volvían a salir. Con el apoyo de Ciudadanos, el PP tenía al alcance de la mano conservar lo esencial: Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, alcaldías de las principales capitales de provincia, y sobre todo Madrid.

Luego llegaron los resultados, la hecatombe electoral del PP. Los sondeos volvieron a hacer el ridículo. En apariencia, conforme mejor están las cosas, y más avanzamos en la recuperación, menos gente quiere votar al Partido Popular. Y no sólo eso. Tampoco es que Ciudadanos haya sacado unos resultados magníficos (inferiores, en todo caso, a los que pronosticaban los sondeos). El giro a la izquierda, también presente en las Europeas, ha quedado más evidenciado aún en las elecciones del domingo. Tanto es así, que la suma de PP más Ciudadanos no da para mantener el poder en casi ningún sitio: el PP perderá la mayoría de las comunidades autónomas en las que ahora gobierna, así como la mayor parte de las principales ciudades, Madrid incluida.

A no ser que se consumase ese delirio malvado deslizado en rueda de prensa por Esperanza Aguirre: darle la alcaldía al candidato socialista, Antonio Miguel Carmona, para que éste se ponga a montar naumaquias día sí, día también, y de paso salve a la civilización occidental del peligro de tener a Manuela Carmena en el ayuntamiento. Pero, salvo que aparezca un nuevo tamayazo, esto parece muy poco probable, y ya Carmona ha rechazado con claridad la oferta envenenada de Aguirre.

De hecho, Madrid es uno de los principales ejemplos de la ceguera y la falta de asideros en la realidad con los que funciona nuestro amado establishment. Para preservar la joya de la corona, Madrid, Rajoy dio un golpe de efecto y nombró candidata a su archienemiga, Esperanza Aguirre, y ella se puso a hacer campaña como mejor sabe: con mentiras, juego sucio, e intentando llevar la lucha al barro.

Por algún motivo, en el PP pensaban que, en un momento en el que su marca electoral, y el aprecio de la mayoría de los votantes por sus políticas y sus dirigentes, están bajo mínimos, era buena idea poner a alguien de perfil durísimo, como Aguirre, para agredir a los ciudadanos. La cosa compensaría, pensaban en el PP, porque Aguirre movilizaría a los suyos. Y, como es sabido, movilizó… a la izquierda, horrorizada ante la perspectiva de comerse cuatro años de Aguirre en la ciudad, después del tsunami Gallardón-Botella que ya han padecido. La rueda de prensa de Aguirre no es sino el penúltimo acto de su camino a ninguna parte, ya cadáver político tras comprobar que su tirón electoral de quien tiraba era del voto de izquierda.

Lo mismo cabe decir de Valencia, donde Rita Barberá se empeñó en ser una vez más candidata, en teoría para aprovechar su tirón electoral, y al final la alcaldía caerá en manos del candidato de Compromís, Joan Ribó. Precisamente Compromís es también uno de los mayores ejemplos de esa ceguera voluntarista con la que se han movido la mayoría de los los medios de comunicación y las empresas demoscópicas.

Ningún sondeo se acercó siquiera a pronosticar el excepcional resultado de Compromís en la Comunidad Valenciana (19 escaños, un 18% de los votos). Casi todos lo ubicaban como quinta fuerza política (detrás de PP, PSPV, Podemos y Ciudadanos), por debajo del 10%. Incluso en la misma jornada electoral, uno de los popes del neoliberalismo mediático español, Daniel Lacalle, difundió un supuesto sondeo a pie de urna en el que Compromís ni siquiera existía (quizás porque Lacalle desconocía su existencia, quizás porque no le daban ningún escaño en el sondeo).

El alejamiento de la realidad de las cosas, del sentir ciudadano, y el afán porque la realidad se asemeje a nuestra propia propaganda (o que, en todo caso, los ciudadanos se la crean), conduce a estos resultados. Hoy por hoy, no resulta aventurado afirmar que el PP también perderá, dentro de unos meses, La Moncloa. Incluso aunque logre ser el más votado, cosa que, a juzgar por la eficacia de la gestión del Gobierno y sus afanes propagandísticos, cabe poner en duda.

Todo lo cual, por supuesto, no implica que el sillón de Rajoy esté en riesgo: previsiblemente él seguirá dedicado a lo mismo que hasta ahora, sea lo que sea esto, dejando pasar el tiempo y apurando hasta el último día de B.O.E. Y en su partido, por mucho que ahora algunos, a la vista de los horribles resultados, protesten a media voz, probablemente se lo permitan. Para algo Aznar les enseñó las virtudes de la obediencia incondicional. ¡Lástima que los ciudadanos no sean igual de obedientes e inmunes a la realidad circundante!

Estos resultados tan aburridos y previsibles tendrán, a buen seguro, importantes consecuencias políticas, y muy particularmente electorales

Los resultados de las elecciones andaluzas no se han alejado demasiado de lo que decían las encuestas. Y esa es la noticia: que vivíamos –vivimos- en tal incertidumbre perpetua, con encuestas, rumores y vaivenes electorales tan pronunciados, que unos resultados previsibles (o, al menos, según lo previsto) suponen, en sí, una sorpresa.

El PSOE se jugaba mucho en este adelanto electoral. Flaquear en el máximo bastión, que es también la comunidad autónoma más importante (la más poblada, la que más escaños reparte en unas Elecciones Generales), habría dejado muy tocados a los socialistas de cara al maratón electoral que nos espera, y que hoy apenas hemos empezado. La apuesta, sin duda, le ha salido muy bien a Susana Díaz. Los resultados pueden resumirse en que, en apariencia, al PSOE (al PSOE andaluz) no le ha afectado en absoluto la gestión de Gobierno en estos tres años, ni los casos de corrupción. Como ya le ocurriera a Zapatero en 2008-2011, la crisis se la come, fundamentalmente, quien manda en el gobierno central, no los barones autonómicos. Los dirigentes autonómicos, si saben jugar bien sus cartas, pueden salir indemnes o casi indemnes… siempre y cuando le echen convincentemente la culpa a quien esté en Madrid.

Susana Díaz ha mantenido los resultados de Griñán en 2012, pero esto es prácticamente lo único que nos recuerda a aquellos comicios. El PP se ha hundido en la miseria, Podemos ha sacado un resultado magnífico (pero que ni de lejos basta para amenazar al PSOE), Ciudadanos también ha cosechado excelentes resultados (y, en este caso, por menos esperados, admiten una lectura más positiva), … Los números dicen que el PSOE se mantiene y que será (como siempre, con una fortaleza electoral que comienza a adquirir proporciones mitológicas) el partido que gobierne los próximos años en la Junta de Andalucía, con menos incertidumbre de la esperada (pues puede permitirse negociar a varias bandas).

Resumiendo: el PSOE resiste el tirón, el PP se hunde, aparecen Podemos y Ciudadanos, IU cae a la mitad y UPyD desaparece del mapa. Eso dicen los números. Pero… ¿Qué significan? Desde mi punto de vista, y pensando en sus efectos en el conjunto de España, fundamentalmente significan dos cosas:

Fortalecimiento del bipartidismo. El escenario más apocalíptico (en términos electorales) que delineaban algunas encuestas ubicaba al PSOE en una situación complicadísima, entre un PP cómodamente recluido en su núcleo duro de votantes y Podemos como peligrosísima alternativa, que crecía más y más a costa de exvotantes socialistas. El PSOE se ubicaba, cada vez más a menudo, como el tercer partido en liza, por detrás de PP y Podemos.

No podemos extrapolar, sin más, lo sucedido en Andalucía al resto de España, pero lo que está claro es que el componente hasta ayer más enfermo del bipartidismo ha pasado a ser el PP. Y que tanto el PSOE como el propio PP están, por ahora, aún muy lejos de los partidos que se postulan para sustituirles: Podemos y Ciudadanos. Y cualquier resultado electoral que aboque a Podemos y Ciudadanos, a las alternativas, a funcionar como mero complemento secundario de los dos partidos “principales” (los de siempre: PP y PSOE), a convertirse, en suma, en partidos bisagra, es una muy buena noticia para el bipartidismo. Porque ya sabemos, por la experiencia histórica, lo difícil que es mantenerse en España como partido bisagra. Al final, la marea bipartidista se lo acaba llevando todo por delante. Y si no me creen, échenle un vistazo a los resultados de IU y UPyD, que hasta hace un año eran las principales alternativas al bipartidismo.

Evidentemente, no es que los resultados de Podemos y Ciudadanos no sean importantes, ni que el bipartidismo sea invulnerable a lo que está pasando estos años; es, sencillamente, que Susana Díaz ha utilizado con tino el control de la agenda política que podía manejar (la convocatoria de elecciones al parlamento andaluz). Un margen de maniobra que aplicó en su beneficio con objetivos evidentes: mantener el poder en Andalucía y desinflar a Podemos como alternativa. A la vista de los resultados, ha logrado ambos objetivos. Mantendrá el poder (aunque sea en precario), y deja muy atrás a Podemos. Un 15% está muy bien, es lo que cabía esperar, de hecho… pero supone un retroceso, en términos mediáticos y de percepción pública, para un partido que se postula como sucesor del PSOE en un nuevo sistema bipartidista.

Lo curioso es que, en el camino, es el otro componente del sistema, el PP, el que queda debilitado. Por el hundimiento en Andalucía y por lo que le espera, pues es previsible que en los próximos meses este partido continúe perdiendo votantes y cotas de poder en España. Sin embargo, de nuevo nos encontramos con una alternativa al partido mayoritario (en este caso, Ciudadanos) que se ubica, por ahora, muy lejos del partido al que en teoría aspira a suceder. Y mientras no haya un sorpasso electoral, o al menos una situación de empate técnico, el núcleo del sistema no correrá peligro. A veces, dos más dos no es igual a cuatro. No es lo mismo un sistema tetrapartidista que un sistema de dos partidos centrales y otros dos complementarios, cuya aspiración es pactar con los anteriores.

Giro a la izquierda. Los resultados también muestran que los votantes andaluces han virado considerablemente hacia la izquierda en sus posiciones políticas. Los números se resumen rápidamente: PSOE+Podemos+IU obtienen 67 escaños (por 59 alcanzados por PSOE+IU en 2012). PP+Ciudadanos se quedan en 42 escaños frente a los 50 obtenidos por el PP (que, además ganó las elecciones) en 2012. Y ni que decir tiene que no es exactamente la misma derecha la representada por Ciudadanos que el núcleo duro de votantes del PP (recuerden que el gran argumento del PP andaluz para no votar a Ciudadanos es que eran… ¡catalanes! ¡Horror!).

Es un cambio también esperado, pronosticado en las encuestas, y que además ya pudimos ver en las Elecciones Europeas de 2014, pero cuyos efectos es difícil minusvalorar. La crisis económica y el fracaso de la gestión del PP (que llegó al poder en 2011, recordémoslo, prometiendo acabar con el paro y superar la crisis económica) han contribuido enormemente a cambiar no sólo las preferencias electorales, sino también las prioridades de los ciudadanos.

El electorado español es hoy más progresista que en 1996, que en 2004 y –desde luego– que en 2011. Lo es porque, ante la degradación de los servicios públicos y de las redes de protección social, ante el hundimiento del delirante modelo del ladrillo (propugnado por el PP y asumido por el PSOE en las dos legislaturas de Zapatero) y la constatación de que el PP tampoco es capaz de solventar la crisis, muchos se han vuelto, como es lógico, ante las opciones electorales que se acercan más a sus intereses y necesidades actuales.

Por eso hay espacio para la irrupción de Podemos, sin que afecte demasiado al PSOE (en Andalucía), y sin que IU desaparezca totalmente, pero la entrada de Ciudadanos sí que afecta –y mucho– al PP, y también provoca la desaparición de UPyD; no hay tantos votantes conservadores como antaño, y además no son tan conservadores como hace unos años (más que nada, ocioso es decirlo, porque a muchos de ellos les da vergüenza volver a votar al PP).

En resumen: los resultados, con matices, han sido más o menos los previstos. No ha habido grandes sorpresas. Sin embargo, estos resultados tan aburridos y previsibles tendrán, a buen seguro, importantes consecuencias políticas, y muy particularmente electorales. En Andalucía, evidentemente, pero también en el resto de España. Y el problema no es, principalmente (salvo, claro está, para los andaluces), el resultado que han obtenido los diferentes partidos políticos en Andalucía. El problema es lo que esto pueda afectar a sus expectativas de futuro. Después de todo, piensen en el año político que llevamos desde que, allá por mayo de 2014, Podemos irrumpió en el escenario político español con un sorprendente 8% de los votos en las elecciones europeas (es decir, más o menos la mitad de lo que ahora ha logrado en Andalucía).

“Hay [un vídeo] en el que hemos visto a Pablo Iglesias defender la salida de los presos de ETA de las cárceles. Esta semana está usted de enhorabuena entonces...”. De esta peculiar manera le preguntó Sergio Martín, director del Canal 24 Horas de TVE, a Pablo Iglesias si era íntimo de los terroristas de ETA o simplemente le caían bien. Por el mismo precio, podría haber metido Cuba, Venezuela y Rodrigo Rato en la ecuación, pero quizás no se sentía tan inspirado.

La infame pregunta fue el colofón de una sucesión de ataques desmedidos, preguntas obscenamente tergiversadas y sesgos sistemáticos en la entrevista a Pablo Iglesias el pasado viernes, en el programa La Noche en 24 Horas. La pregunta, y el conjunto del programa, han generado un escándalo considerable, que ha llevado al Consejo de Informativos de TVE a exigir la dimisión de Sergio Martín, dado su alejamiento de cualquier forma de ecuanimidad o imparcialidad periodística.

Por supuesto, es muy poco probable que Martín sea destituido; es precisamente para eso, para hacer ese tipo de periodismo, para lo que Martín está ahí, y además con el reconocimiento de darle la dirección del Canal 24 Horas. No vaya a ser que en algún programa a alguien se le ocurra ofrecer un tratamiento periodístico que no sea lo suficientemente complaciente para el PP.

Cabe decir que el programa, para aquellos que conocen La Noche en 24 Horas, no resultó ninguna sorpresa. El tono con Iglesias tal vez fue más crispado de lo habitual, pero la óptica con la que se evalúan los asuntos de actualidad siempre va por ahí. Con los resultados previsibles: nula audiencia, y nula repercusión. Salvo la que se genera, en ocasiones, en las redes sociales, fundamentalmente para criticar los comentarios de los contertulios del programa o, más directamente, para reírse de ellos. Un fenómeno de visibilidad negativa al que parecen apuntarse cada vez más medios de comunicación, como nos demuestran, día a día, ABC y La Razón con sus ya míticas portadas.

Así que los contertulios de La Noche, y el propio presentador, hicieron aquello para lo que han sido contratados: desplegar contra Iglesias una agresividad desmedida, de perros de presa. Pero ni siquiera una agresividad eficaz para conseguir su objetivo (poner en evidencia a Pablo Iglesias), sino contraproducente. Porque en ningún momento lograron dejar en evidencia a Iglesias; pero, en cambio, ellos sí que quedaron en evidencia ante el público. Los presuntos periodistas que entrevistaron a Pablo Iglesias en el Canal 24 Horas de TVE mostraron que no saben hacer su trabajo. Su trabajo, claro está, no es hacer periodismo, sino servir a los intereses políticos de los que les han puesto ahí. Es decir, que no sólo son pésimos periodistas, sino malos propagandistas y agitadores.

De manera que la entrevista sirvió para mostrar, una vez más, el sectarismo de los actuales gestores de TVE y el nivel de degradación al que están sometiendo a la televisión pública. También evidenció la falta de recursos de los que se mueven en el entorno del Partido Popular para desarrollar una crítica mínimamente elaborada y contundente a Podemos y a la figura de Pablo Iglesias, que obviamente también tienen sus debilidades. Un enemigo astuto sabría aprovecharlas sin necesidad de desplegar un griterío desmesurado, una exhibición constante de cuñadismo televisivo.

De hecho, Iglesias llegaba a la entrevista en un contexto de enorme expectación. Y ello no sólo porque era su primera entrevista en la televisión pública (lo cual, por sí solo, ya nos dice bastante sobre la televisión pública que tenemos y su manera de reflejar el pluralismo social y político). También por los escándalos (escandalillos, más bien) que han generado ruido mediático en torno de esta formación, así como por las decisiones adoptadas en las últimas semanas, todas ellas encaminadas a garantizar el control absoluto de Podemos por parte de su cúpula dirigente. Y, por último, porque en las últimas semanas habíamos vivido cierto silenciamiento mediático de los rostros más conocidos de Podemos, singularmente Pablo Iglesias, a partir de su enfrentamiento con los productores del programa Un Tiempo Nuevo, de Telecinco.

Todo ello confluía para suscitar un gran interés en torno a esta entrevista, lo cual se vio tanto en la audiencia del programa (que alcanzó un 3,1%, récord absoluto que triplicó la audiencia habitual), como en la repercusión en las redes sociales. Para esta cuestión, resulta imprescindible consultar este magnífico análisis, en el nos encontramos datos muy reveladores: más de 20.000 personas publicaron casi 100.000 comentarios en Twitter en torno a la entrevista. El 40% de los comentarios emplearon el hashtag alternativo propuesto por Podemos, #Pabloen24H, frente al hashtag oficial del programa, #LNPabloIglesias, que sólo obtuvo un 25%. Los “minutos de oro” en las redes sociales fueron la trifulca entre Iglesias y Alfonso Rojo y la famosa pregunta de “estará usted de enhorabuena”; es decir, los momentos de mayor intensidad y enfrentamiento. La revisión del contenido de los tuits muestra un posicionamiento aplastantemente favorable hacia Iglesias y Podemos, y muy crítico con Sergio Martín y demás contertulios de La Noche en 24 Horas.

Es decir: que, a la luz de la repercusión en las redes sociales, cabe suponer que el programa sirvió para reforzar a Pablo Iglesias ante el público que le vio (incondicionales, pero también público muy politizado, interesado en la actualidad política, no necesariamente afín a Podemos). Sobre todo, por comparación con sus oponentes del Canal 24 Horas. Podemos e Iglesias ganaron credibilidad merced a la casi absoluta carencia de credibilidad de aquellos que les critican. Parafraseando a Cela y su mítica frase (“que hablen de uno, aunque sea bien”), podríamos decir: “que estos hablen mal de mí, por favor”.

Este es un fenómeno del que Podemos lleva meses beneficiándose. Sus rivales políticos, en particular los partidos mayoritarios, están enormemente desacreditados a ojos de la ciudadanía. Pero, por algún motivo, no han aprendido que la agresividad máxima y el periodismo, o la política, barriobajera es precisamente lo que conviene a Podemos. Es así como Iglesias se ganó la fama, en apenas unos meses de contraposición con contertulios profesionales de siempre, en la televisión. Y es también así como Podemos consigue a la mayoría de sus votantes: por rechazo a “lo de siempre”. El planteamiento implícito, para muchos, acaba siendo: si te cae mal Inda, vota Podemos. Si Alfonso Rojo te parece despreciable, vota Podemos. Si alguien como Sergio Martín se te antoja totalmente impresentable para dirigir el Canal 24 Horas de TVE… Vota Podemos.

Así que, desde esta perspectiva, Pablo Iglesias está de enhorabuena: le salió muy bien la experiencia. Se cargó de legitimidad, recuperó visibilidad mediática en un sentido positivo. Y, sobre todo, evidenció, una vez más, las carencias de sus críticos. O, al menos, de los críticos que más salen en televisión para criticarle. Uno no sabe si es que las cadenas de televisión, incluyendo TVE, forman parte de una malvada conspiración para aupar electoralmente a Podemos, por rechazo a los que se presentan como sus grandes oponentes televisivos o es que, sencillamente, no tienen nada mejor que ofrecer. Convendría, en tal caso, que le mandasen un Whatsapp al pequeño Nicolás, que al menos sabe expresarse en televisión y hablar con calma, a ver si él tiene más suerte donde Alfonso Rojo y Sergio Martín fracasaron.

No cabe descartar que las elecciones autonómicas y municipales de mayo sean, también, elecciones generales, y que el PP se lo juegue todo a una carta

La hoja de ruta de este gobierno para la recta final de la legislatura era, hasta hace un par de meses, muy clara: había una recuperación económica en marcha, proclamaba el Gobierno en todos los foros, políticos, económicos y desde luego mediáticos, a su alcance (que son muchos); y pronto los españoles comenzarían a notar sus efectos.

El escenario político posterior a las elecciones europeas había generado una enorme incertidumbre en torno a las posibilidades reales de Podemos, así como respecto de la erosión del bipartidismo. Pero esa incertidumbre, durante mucho tiempo, se centró en el entorno del PSOE y la izquierda española. Por eso dimitió el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, poco después de las Europeas, y por eso el PSOE escogió a su sustituto en un proceso de primarias. Y por eso, también, asistimos, incluso antes de la llegada de Pedro Sánchez, a un vertiginoso proceso de abdicación y coronación que dejase la monarquía, por lo pronto, atada y bien atada. No fueran a encontrarse, un par de años después, que el nuevo PSOE ya no era tan monárquico, o que sencillamente ya no era un partido mayoritario.

Todo este proceso tenía (y tiene) muy preocupado al PSOE. Pero, al menos por un tiempo, no al PP. Podemos subía y subía, en la mayoría de las encuestas superaba en voto directo al PSOE (y en la última que se ha difundido, una encuesta de Sigma-Dos para Tele 5, también en estimación de voto). Pero en el PP estaban, al menos al principio, más tranquilos. Porque creían que lo de Podemos era un fenómeno acotado en la izquierda, que a ellos no les quitaba votantes. Y que, en todo caso, su supremacía electoral estaba fuera de toda duda.

El sociólogo de cabecera de Rajoy, Pedro Arriola, dibujó un escenario idílico en el que Podemos y PSOE se disputaban el voto de la izquierda y acababan repartiéndose un 40% del electorado, mientras el PP concentraba el 30% de fieles votantes de la derecha, suficiente para ganar las elecciones. Y ese 30%, con nuestro sistema electoral, y sobre todo con la distribución provincial de escaños (donde hay muchas provincias poco pobladas, con menos de siete escaños para repartir), le ofrece al PP una enorme ventaja competitiva que se sustanciaría en obtener, con un 30% de los votos, los mismos escaños (o más) que la suma de PSOE+Podemos, con un 40%.

Tal vez ese 30% no fuera suficiente para gobernar en solitario, pero en el PP confiaban, y confían también ahora, en que el PSOE sabrá ser reflexivo y responsable, a la hora de la verdad. Y ser “reflexivo y responsable” en España significa continuar las políticas que nos han llevado a la situación actual. Tapar escándalos, enquistarse en el poder, y continuar ignorando a la ciudadanía mientras se atiende a lo que tienen que decir “los mercados”. Sobre todo, los mercados que hay en España, y quienes los detentan como estructura de enriquecimiento privado a costa del erario público.

Es decir: el PP confía en la victoria, y en certificar su victoria con una Gran Coalición, en la que el PSOE sería el socio minoritario (el tonto útil, para entendernos) que se inmolaría electoralmente, quizás para siempre, a cambio de mantener el statu quo. Y dentro de cuatro años, ya veríamos. Más o menos lo que han hecho Nueva Democracia y Pasok en Grecia.

Esa era la hoja de ruta hasta hace muy poco tiempo. El problema es que esa hoja de ruta se basaba en que, en efecto, la recuperación económica es real, y acabaría notándose. Y para eso, cuanto más tiempo pase antes de las elecciones, mejor. Y se basaba también en que es indudable que, de haber elecciones, el PP sería el partido más votado.

Pero desde septiembre hemos tenido, en apresurado recordatorio: un contagio por Ébola en España, directa e indirectamente imputable al Gobierno español (que trajo a España a dos misioneros infectados con el virus sin contar con las condiciones sanitarias mínimamente exigibles para hacerlo con garantías). La dimisión de un ministro como consecuencia de la retirada de la reforma de la ley del aborto. El Pequeño Nicolás, que a mucha gente le parece un fenómeno ridículo, o extravagante, pero que, conforme más se analiza, más claro queda que era quien decía ser (un comisionista encargado de fajar acuerdos entre políticos y empresarios). Escándalos de corrupción que se suceden vertiginosamente y que demuestran que la corrupción política en España parece más una parte fundamental del sistema que un fenómeno esporádico y marginal. Y, por supuesto, el trasfondo del independentismo catalán.

Mientras el Gobierno presenta esa magnífica hoja de servicios, la economía europea vuelve a pasar por dificultades. Lo que quizás conlleve que la fantasmagórica recuperación española se desvanezca incluso antes de aparecer. O sea tan débil que no compute a efectos electorales (si el empleo que se crea es escaso y precario).

Al mismo tiempo, Podemos se está convirtiendo, indisimuladamente, en un partido político transversal. El partido de “la gente contra la Casta”, cuyo líder Pablo Iglesias, en su entrevista con Jordi Évole en Salvados, realizó un apresurado maratón simbólico en el que habló bien, sucesivamente, del Ejército, del Papa y de Letizia Ortiz. Un partido que ofrece medidas de indiscutible sabor populista (renta básica, jubilación a los 60), quizás irrealizables. Pero que, sobre todo, por encima de todo, ofrece echar a los que ahora están. Y eso sí que es popular: es, de hecho, el verdadero principio motor que les proporciona la inmensa mayoría de sus votantes.

En mayo, Podemos obtuvo un 8%. En julio, las encuestas ya le daban un 15%. Después del verano, la cosa ha subido a un 20%, y últimamente, a un 24% (por delante ya del PSOE). La publicación del próximo sondeo del CIS, probablemente este mismo lunes, ha generado una expectación máxima. Ese ascenso no es sólo a costa de exvotantes del PSOE e IU: también se nutre de ciudadanos que votaron al PP en 2011 y ahora estaban en la abstención. No se decidían por ninguna candidatura porque ninguna de ellas les ofrecía un escenario de cambio creíble. Es decir: ninguna de ellas les podía garantizar que, votándoles, podrían echar al PP y al PSOE de las instituciones. Pero Podemos, por el contrario, sí que puede ofrecer eso. Y, mientras no cometa errores clamorosos, todo indica que puede seguir subiendo.

Y ahí es cuando llegamos al punto de no retorno, para el PP: el momento en el que Podemos tome la delantera y se convierta en el partido más votado. Un escenario de pesadilla para PP (y PSOE), porque quizás ni siquiera una Gran Coalición de segundo y tercero sea suficiente para gobernar. Quizás Podemos, con un 30%, pudiera obtener más diputados que la suma de PP y PSOE, con un 40% (y habría que ver si el PSOE se atreve a apoyar al segundo, al PP, en lugar de apoyar al vencedor, Podemos). Es decir, el escenario soñado por Arriola, pero con Podemos en el lugar del PP.

Por ese motivo, últimamente se han recrudecido los rumores de un adelanto electoral. Apenas hace un par de meses se hablaba de si Rajoy extendería la legislatura hasta enero de 2016, y ahora, en cambio, el objetivo sería adelantarlas a mayo. Está claro que los rumores proliferan, pero casi nunca se consuman. Y, sobre todo, está claro que Mariano Rajoy no es precisamente alguien muy amante de las sorpresas y de hacer algo, en alguna esfera de actuación, diferente de lo que estaba previsto. Pero, aun así, no cabe descartar que las elecciones autonómicas y municipales de mayo sean, también, elecciones Generales, y que el PP se lo juegue todo a una carta. Entre otras cosas porque es previsible que, tras esos comicios, el PP pierda muchos ayuntamientos y comunidades autónomas, y llegue unos meses después a las generales extraordinariamente debilitado.

Perder Cataluña es para el PP una ventaja en términos electorales

Los argumentos a favor y en contra de la independencia de Cataluña se centran fundamentalmente, como es normal, en si un eventual Estado catalán independiente puede ser viable o no. Es decir, en cuál sería su futuro. Si entraría o no en la Unión Europea, podría usar el euro (suponiendo que esto sea una ventaja) o tendría que acuñar moneda. Si se haría cargo de su parte alícuota de la deuda, podría pagar las pensiones y salarios de los funcionarios, y si el comercio con España y otros países de la UE se resentiría (seguro que sí), y en qué medida (esto es más difícil decirlo).

El eje de la discusión está aquí, puesto que de la opinión que tengan los ciudadanos catalanes sobre cuál sería su futuro como Estado independiente derivará, en buena medida, su posición al respecto. Excluidos los factores económicos y pragmáticos, queda el sentimiento identitario: me quiero independizar porque me siento catalán, o bien prefiero quedarme con el resto de España porque me siento español. Un factor importante, pero insuficiente para forjar mayorías en un sentido u otro; de hecho, muchos de los catalanes hoy independentistas se sienten tan españoles como catalanes.

La discusión es enconada porque hay argumentos poderosos a favor de una y otra postura, y porque además la viabilidad de una Cataluña independiente también depende, en gran medida, de las condiciones de su independencia. Parece improbable que una independencia unilateral, a partir de un enfrentamiento cerrado, pueda salir bien. En cambio, una independencia pactada, a la escocesa, en términos sosegados y razonables por ambas partes, tendría unas condiciones de partida mucho mejores (claro está que pensar en “términos sosegados y razonables”, en España, y especialmente para un proceso de estas características, es menos creíble que el guión de cualquiera de las películas de Transformers).

Sin embargo, se habla bastante menos de lo que ocurriría con el resto de España, una vez que Cataluña se independizase. Y, sin embargo, con independencia de que creamos o no que todos los españoles tendrían derecho a votar en un hipotético referéndum de independencia de Cataluña, sí que es evidente que la independencia también nos concierne a los demás, y tendría consecuencias de peso sobre el resto de España.

Si no hay debate sobre esta cuestión se debe, en buena medida, a que aquí sí que existe un consenso en cuanto a que las consecuencias serían muy negativas. Desde luego, en lo económico, y no sólo porque Cataluña sigue siendo el motor de la economía española, o por su dimensión poblacional (ocho millones de habitantes), sino porque muchos de los argumentos contrarios a la independencia (descenso de los intercambios comerciales, dificultades para pagar la deuda, etc.) también se le podrían aplicar a España. Y lo mismo cabría decir, por cierto, del argumento predilecto de la cuñadología española, ese de “¿y con quién jugaría la Liga el Barça, con el Mollerussa?”. Imaginemos el apasionante escenario de una Liga española en la que el Real Madrid ganase nueve de cada diez años.

Desde el punto de vista político, la independencia de Cataluña tendría una primera consecuencia evidente: a partir de entonces, el cómputo electoral habría de hacerse sin contar con las cuatro circunscripciones catalanas. Este factor por sí mismo, teniendo en cuenta el impacto poblacional de Cataluña en España (en torno al 20% de sus habitantes), cambiaría significativamente las cosas. Porque Cataluña ha sido siempre, históricamente, uno de los principales “agujeros negros” de la derecha española, en parte a causa de que ésta ha de competir con CiU por el voto conservador. También ha sido, junto con Andalucía, uno de los dos grandes graneros electorales del PSOE (aunque esta situación, como a nadie se le escapa, ha cambiado en los últimos años, dado el enorme deterioro de las expectativas electorales del PSC).

Para hacernos una idea: si analizásemos los últimos resultados electorales en España y restásemos los escaños correspondientes a Cataluña, el PP habría obtenido la victoria en las elecciones de 2008 y prácticamente (un escaño menos) habría empatado con el PSOE en las de 2004. Por supuesto, estas cuentas podrían variar en el futuro, a la luz de la debilidad electoral del PSOE y del PSC; pero no parece muy probable, en cambio, que varíen las pobres expectativas electorales del PP en Cataluña.

Generalmente, el PP obtiene en Cataluña entre un 15% y un 20% de los votos (en torno a veinte puntos menos de lo que obtiene en el conjunto de España). Es decir: perder Cataluña es para el PP una ventaja en términos electorales. Aunque, dado que para la mayoría de los catalanes el aumento del independentismo viene motivado por su rechazo a la derecha española y sus políticos, no cabría descartar que la población española castigase electoralmente al PP si lo considerase corresponsable de haber llevado la situación hasta el punto de la ruptura. Y también habría que ver, en todo caso, qué sucedería con los habitantes de Cataluña, pues no parece razonable que perdieran su derecho al voto en unas elecciones generales (a menos que renunciasen a la nacionalidad).

Más allá de los efectos electorales, la independencia de Cataluña podría propiciar también el desarrollo de procesos independentistas de diversa índole en otros territorios, que quizás pudieran llevar a una reforma constitucional que pudiera acomodarlos adecuadamente en la estructura del Estado. Pero, precisamente por ello, no cabría descartar que surgiera una pulsión centralista (o más centralista que la actual) para conjurar ese peligro, según el análisis, muy habitual, de que el independentismo catalán deriva de la excesiva “generosidad” y afán descentralizador de la Constitución de 1978. Un afán recentralizador que tomase el testigo de los anteriores intentos, a lo largo del siglo XIX y XX, para homogeneizar las instituciones y la sociedad española en torno a un proyecto de planta fundamentalmente castellana (sobre este tema es muy recomendable el libro Mater dolorosa, de José Álvarez Junco).

Este es un proyecto que se comenzó a desarrollar tras la Guerra de la Independencia de 1808-1814, a imagen y semejanza del modelo francés, y que si fracasó se debió, fundamentalmente, a dos factores: a la debilidad y/o falta de legitimidad del Estado para implantar totalmente este proyecto, por una parte; y, por otra, a la coexistencia de proyectos alternativos, liderados generalmente desde la periferia, que a menudo acababan colisionando con el centralismo de “Madrid” (como está sucediendo ahora).

Nunca ha sido fácil combinar estas pulsiones identitarias y estructurales tan divergentes, porque el peso del Estado nunca ha sido suficiente para imponer del todo su modelo, ni el de los movimientos nacionalistas para forzar la ruptura. Como mucho, los nacionalismos periféricos aspiraban a obtener un modelo que coyunturalmente pudiera satisfacerles, como el autonómico, pero que genera disfunciones de otro tipo (la principal, que convivan dos regímenes en uno: el común y el foral).

En resumen: lo único que es seguro es que nada lo es, salvo que, se independice finalmente Cataluña o permanezca en España, es poco previsible que el marco de convivencia establecido en la Constitución de 1978 se mantenga. O bien porque haya que acometer una reforma constitucional para tratar de minimizar la insatisfacción de muchos catalanes (una cuestión ante la que ni siquiera el PP se cierra en banda), o bien porque la reforma se haga inevitable tras la eventual secesión catalana. En un sentido u otro: recentralizador o federalista.

A finales del siglo XIX se acuñó una expresión, “espléndido aislamiento”, para definir la política exterior británica, caracterizada por rehuir las alianzas permanentes con cualquier otra potencia. El imperio británico consideraba que, gracias a sus recursos, su población, la fortaleza de su economía y, sobre todo, su gigantesca flota (mercante y de guerra), podía permitirse llevar a cabo una política totalmente independiente, guiada por sus exclusivos intereses sin que tuvieran que verse arrastrados a conflictos indeseados por causa de sus alianzas. Como es sabido, dicha política no tuvo continuidad en el siglo XX, por razones de fuerza mayor (dos guerras mundiales).

Durante décadas, el PP ha seguido en España esa política de “espléndido aislamiento”. Una política que, en este caso, deriva tanto de la falta de interés de otros partidos por aliarse con el PP como de la escasa necesidad que ha tenido este partido por aliarse con otros. Por un lado, los otros partidos rehúyen al PP porque este partido suele dar, muy a menudo, el abrazo del oso. La naturaleza hegemónica del PP en la derecha española, obtenida trabajosamente a partir de 1982, le ha llevado a integrar en su seno a los restos de la UCD, primero; al CDS (invento de Adolfo Suárez que aspiraba a cierta posición de arbitraje en la política española, como partido bisagra y que desapareció en tres legislaturas) después; y a diversos partidos regionalistas con los que se alió para forjar mayorías en municipios y comunidades autónomas.

De hecho, el PP logró las que siguen siendo sus dos principales “joyas de la corona” municipales, Madrid y Valencia, a merced de sendos pactos (con el CDS y Unión Valenciana, respectivamente) que dejaron de lado al partido que había obtenido mejores resultados (el PSOE); esa infame práctica antidemocrática que ahora indigna a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pero que entonces le pareció muy bien (Barberá nos aclara: es que su pacto era bueno, no antidemocrático). Y que condujo en pocos años a la desaparición de sus socios de Gobierno, cuyos votos acabaron recalando en la “casa común” de la derecha: es decir, el PP. No cabe extrañar que este historial de absorción de otros partidos, unido a su acción política cotidiana, que no suele generar mucho entusiasmo entre los ciudadanos que no les votan, que genera más y más hostilidad entre más gente, haya provocado que casi nadie quiera pactar con el PP.

Pero esto no constituiría ningún problema para este partido en una situación como la que hemos vivido, en España, desde 1995, con un bipartidismo cada vez mejor engrasado, donde el PP, además, tendía a obtener mejores resultados en las capitales de provincia, y era capaz de hacerse por sí mismo con el poder en municipios y comunidades autónomas, sin necesidad de pactar con nadie. Pero esa época, como es más que evidente, se ha terminado. Las encuestas no suelen otorgarle al PP menos del 30% de los votos… Pero tampoco más. Y, dado el “espléndido aislamiento”, tampoco es que el PP pueda articular muchas coaliciones alternativas a los partidos que se le oponen.

La debilidad de los únicos aliados potenciales con que contaría hipotéticamente el PP de cara a los comicios locales y autonómicos es notoria: UPyD está inmersa en una crisis de crecimiento evidente, causada por las limitaciones de su hiperliderazgo en torno a Rosa Díez (que lleva, entre otros fenómenos bochornosos, a amagos de juicios estalinistas contra todo aquel que se sale de la norma, como hemos visto recientemente con los exabruptos de Carlos Martínez Gorriarán e Irene Lozano contra Francisco Sosa Wagner). Vox, que ya fracasó en su estreno en las Europeas, está autodestruyéndose a gran velocidad. Es dudoso que Ciudadanos logre representación en la mayoría de los ayuntamientos y CCAA españolas. Al menos, en solitario. Coaligados con UPyD sería otra historia, pero ya ha quedado claro desde UPyD, que eso no ocurrirá.

Es en este escenario, en el que las próximas elecciones municipales podrían provocar la pérdida del poder municipal del PP en gran número de ayuntamientos, donde Mariano Rajoy ha presentado su propuesta de “regeneración democrática”, consistente en darle la mayoría absoluta al partido que obtenga el 40% de los votos. Una propuesta que es, sin duda, impresentable; por los plazos con los que se presenta, a escasos meses de las elecciones, y porque es evidente lo que se busca.

La propuesta de reforma es un ejemplo claro, uno más, de la ceguera a la que puede conducir la necesidad imperiosa de mantener el poder (algo hay que hacer para continuar pagándole el sueldo del ayuntamiento de Valencia a Luis Salom, que aún tiene que registrar muchos nombres de otras agrupaciones políticas). Y, además, aunque los promotores de la reforma aún no se han dignado detallarnos con claridad en qué consistiría, es dudoso que funcione. Dudoso que lleguen a un 40% en la mayoría de los municipios españoles para obtener esa prima de concejales que les diera la mayoría absoluta. Dudoso que no haya ningún tipo de reacción por parte de la oposición, que –si tiene algún afán de autoconservación- se organizará en coaliciones previas que desactiven los evidentes objetivos de la medida, convirtiendo el riesgo de un “todos contra el PP” posterior a las elecciones, que es lo que se quiere impedir con la reforma, en un “todos contra el PP” anticipado.

Y además, conviene no olvidarlo: este tipo de reformas unilaterales, en cuestiones tan sensibles como el sistema de elección de los representantes de los ciudadanos, sientan un precedente. De la misma manera que el PP no tiene ahora ningún inconveniente en emplear el rodillo parlamentario de su mayoría absoluta (de la que probablemente no vuelva a disfrutar en mucho tiempo), ese mismo rodillo se le puede aplicar al PP en futuras legislaturas. Y hay muchas reformas que pueden perjudicarle.

Por supuesto, se podría revertir totalmente esta reforma para las elecciones municipales, o incorporar un sistema de elección directa de alcaldes en segunda vuelta que, dada la situación actual y el claro sesgo hacia la izquierda que se ha producido en la sociología electoral española, provocaría el acceso a muchísimos ayuntamientos de alcaldes elegidos por los partidos de izquierda (razón por la cual el PP no busca hacer esa reforma, sino el surrealista encaje de bolillos a una vuelta y con un 40% que propone).

En cuanto a las Elecciones Generales, se podría eliminar la asignación directa de dos escaños a cada provincia española, con independencia de la población, que provoca que las provincias menos pobladas, en las que la derecha española, desde 1977, sistemáticamente obtiene mejores resultados (y, de hecho, por eso se configuró así el sistema cuando lo idearon los sabios de UCD y Alianza Popular), escojan muchos más escaños de los que les corresponderían por población. También se podría eliminar la circunscripción provincial, sustituyéndola por una autonómica, o por una circunscripción única para todo el territorio.

Medidas, todas ellas, que dificultarían sobremanera las cosas para el gran partido de la derecha española. Medidas que nunca se han tomado hasta la fecha, entre otros factores, por el conocido axioma de que ningún partido cambia nunca la ley electoral con la que ganó las elecciones. Y, precisamente por ello, las leyes electorales suelen permanecer inalteradas durante mucho tiempo. Y, si se cambian, suele hacerse merced a un amplio consenso partidista; no por los problemas de última hora en la agenda electoral del partido que manda.

Por razones variadas (ineficacia en la gestión, incapacidad de interpretar los intereses e inquietudes de los ciudadanos, alejamiento de la realidad social, corrupción…), muchas de ellas sustanciadas en la crisis económica, en pocos años el apoyo a PP y PSOE se ha reducido más de treinta puntos desde su momento álgido. Es un desplome en toda regla, que podría tener profundas consecuencias electorales a medio plazo, cuando volvamos a las urnas en la nueva tanda electoral de 2015 (municipales, autonómicas y generales). Y que, evidentemente, preocupa mucho a estos partidos.

Preocupa tanto que en sólo dos meses hemos visto una abdicación exprés, seguida de una coronación no menos apresurada; hemos asistido al espectáculo del enfrentamiento entre los dos candidatos con más posibilidades de dirigir el PSOE (Susana Díaz y Eduardo Madina), seguido del triunfo de un diputado desconocido para la mayoría, Pedro Sánchez, merced al apoyo prestado por Díaz y otros barones regionales (así como al refrendo de la militancia); hemos comprobado, atónitos, cómo el presidente del Gobierno proponía cambiar el sistema de elección de los alcaldes a pocos meses de las elecciones municipales, en lo que no se sabe si es un mero globo sonda “a ver qué pasa”, como nos tiene tan acostumbrados este Gobierno, o tiene visos de prosperar.

Por si todo lo anterior no bastase, hemos visto (y aquí la palabra “atónito” se queda corto) al Partido Popular apuntándose al carro del regeneracionismo de la política española, como si no fuera precisamente este partido el principal responsable, con su absoluta incapacidad para asumir responsabilidades y obrar en consecuencia, de que los ciudadanos clamen por la regeneración.

Todo ello indica, muy claramente, el nerviosismo y las urgencias sobrevenidas con las que viven últimamente las distintas formas del poder (económico, político, mediático) en España. Que quizás tuviesen su origen hace tiempo, pero sólo se han hecho presentes muy recientemente, a raíz de las elecciones europeas. En dichas elecciones sucedieron muchas cosas, pero sobre todo dos: el PP y el PSOE se hundieron en la miseria electoral (aunque sigan siendo los más votados) y Podemos irrumpió con enorme fuerza en el escenario político.

Desde entonces, todo el mundo habla de Podemos y de su líder, Pablo Iglesias. De sus posibilidades, de sus modos y actitudes, de su programa y de sus afinidades ideológicas y personales. Es una presencia mediática incesante, que poco a poco ha adquirido un tono más agresivo en los medios más importantes y más conectados con el poder en España.

Curiosamente, esta presencia mediática no concuerda con un elemento fundamental para evaluar a Podemos y a sus contrincantes: las encuestas. Desde que se produjeron las elecciones europeas, tan sólo se han publicado cuatro encuestas: dos de eldiario.es (la primera poco después de las elecciones; la segunda, este mismo miércoles), una de El Periódico de Cataluña y una de La Razón (que los lectores me corrijan si me he dejado alguna encuesta por el camino).

Todas ellas coinciden, a grandes rasgos, en otorgarle a Podemos un resultado mucho mejor para unas hipotéticas elecciones generales que el obtenido en las pasadas europeas (grosso modo, pasaría del 8% de los votos al 15%); una cierta recuperación del PP, que obtendría una clara victoria, y el hundimiento tanto del PSOE como de IU (cabe suponer que como consecuencia del ascenso de Podemos), así como el estancamiento de UPyD, que en algunos sondeos sacaría un resultado similar, en votos, al de 2011.

Llama poderosamente la atención que en un escenario político de incertidumbre y cambio, como el que vivimos desde las elecciones (y que puede verse en estos sondeos), sólo encontremos tres publicaciones que se hayan molestado en publicar alguna encuesta electoral. Sobre todo, por contraste con lo mucho que se publicaba antes de las elecciones europeas.

El País, por ejemplo, llevaba una serie mensual de encuestas de intención de voto que finalizó en abril (y se vio sustituida por las encuestas preelectorales de las europeas). Después, sin novedad en junio ni en lo que llevamos de julio. Exactamente lo mismo que ocurre en El Mundo, una publicación que históricamente ha tenido siempre una marcada querencia por publicar encuestas. Ni el ABC, ni La Vanguardia, ni ninguna radio o televisión… ¡Justo cuando cabría pensar que el público las consultaría con mayor atención e interés!

No sabemos por qué se publican tan pocas encuestas (ponga aquí su teoría de la conspiración/presión externa favorita). Pero sí que está claro que el escenario político se ha vuelvo mucho más complicado para PP y PSOE. Por una razón tan sencilla como evidente: por mucho que decayera el voto a ambos partidos, por muy difícil que fuese la situación, y por muy elevado que llegase a ser el grado de desafección ciudadana, mientras la cosa se resumiera en que vivimos en un sistema bipartidista (imperfecto, pero bipartidista), en el que la mayoría de los ciudadanos se vean abocados a optar por uno u otro, todo permanecería bajo control. Puede que PP o PSOE ganasen elecciones con un 30% de los votos, o menos, y con un 60% de participación (o menos). Pero, ante la ausencia de auténticas alternativas (tanto IU como UPyD daban la sensación, a estas alturas, de que como mucho aspiraban a complementar, pero no a sustituir, la hegemonía electoral de PSOE y PP), esta era una situación aceptable; ya llegarían tiempos mejores.

En cambio, con Podemos, con la fuerza electoral demostrada en las elecciones de mayo, ambos partidos tienen un problema (no sólo el PSOE, aunque Podemos le robe más votos). Porque mucha gente que estaba harta de PP y PSOE, pero se había resignado a no votar, o a votar a alguna opción testimonial, ha visto en Podemos la opción ideal para ejercer, al mismo tiempo, un voto protesta y un voto a una alternativa de poder. Aunque esté hoy por hoy escasamente articulada y con una dependencia enorme del liderazgo de Pablo Iglesias. De ahí tanto nerviosismo. Y de ahí también, quizás, que se publiquen tan pocas encuestas.

Hace un tiempo, con motivo de un análisis académico de las elecciones europeas de 2009, aventurábamos que se detectaban factores de desgaste en los partidos mayoritarios que con la evolución de la crisis, previsiblemente, irían a más. En realidad, no por causa de la crisis, sino de las crisis, en plural. Porque, desde hace ya cinco años, lo que castiga a la ciudadanía europea y a las propias instituciones de la Unión no es sólo un problema económico. También lo es social, político e, incluso, de identidad.

No resulta extraño, en consecuencia, que se manifieste un rechazo notable a los que son los actores privilegiados del proyecto europeo. Rechazo que se traduce en poca participación (a falta de computar el voto en el extranjero, la participación ha subido ligerísimamente en España respecto de las pobres cifras de 2009, en torno a un 45%), pero sobre todo en una expresión del voto que da la espalda a los grandes partidos.

PP y PSOE, conjuntamente, han recibido menos de la mitad de los votos emitidos; algo que no se había dado nunca en España. Ya se produjo un pequeño descenso en las Elecciones Europeas de 2009, cuando la suma de ambos alcanzó el 80,9% de los votos (unos resultados magníficos, en cualquier caso). Pero ahora hemos visto cómo perdían casi la mitad de sus votos. Es un mensaje político de primer orden, que sin embargo no es probable que sea atendido. Porque por muy audible e inequívoco que sea no resulta (¿todavía?) lo suficientemente mayoritario. PP y PSOE, a fin de cuentas, llegan a ese 49% de los votos y siguen siendo -por muy magros que sean sus resultados- primer y segundo partido.

Gráfico 1: porcentaje de voto de los dos partidos mayoritarios en las Elecciones al Parlamento Europeo, 1987-2014

El 26% de votos logrado por el PP está sintomáticamente próximo a los resultados del partido conservador griego Nueva Democracia, que encabeza el gobierno de coalición en ese país posterior a la caída del PASOK. Es un resultado que muy probablemente marca aquellos umbrales a partir de los cuales el voto conservador, sencillamente, se explica porque en ciertas clases sociales y profesionales la crisis económica no se siente; o no se siente tanto.

En cambio, y las caídas de la socialdemocracia en el resto de Europa y España son buena prueba de ello, hay un evidente desgaste en el electorado de partidos como el PSOE. Debido quizás a que, en cambio, a estos votantes y sus entornos (por ejemplo, a sus hijos) no les va tan bien. La crisis económica parece, pues, haber provocado un giro materialista, en todos los sentidos del término, del voto.

Pero un giro materialista, en el contexto de crisis económica que afecta cada vez a más gente y con mayor profundidad, implica también un giro a la izquierda muy importante. Y un desgaste considerable de los partidos conservadores, cuyas políticas no están consiguiendo preservar el bienestar de esa mayoría social. Este fenómeno puede verse con claridad en el siguiente gráfico, en el que comparamos el porcentaje global de voto obtenido por los partidos de izquierda y derecha en todas las elecciones al Parlamento Europeo desde 1987.

Gráfico 2: porcentajes electorales obtenidos por candidaturas ubicadas a la izquierda o la derecha del espectro ideológico en las Elecciones al Parlamento Europeo, 1987-2014

A efectos clarificadores, hemos integrado los votos de los partidos de centro (CDS, UPyD, C’s) en la derecha. Se han incluido todas las candidaturas que obtuvieron un porcentaje de voto significativo (cercano al 1% o superior) y que puedan ubicarse en el eje izquierda-derecha (la inmensa mayoría). Curiosamente, los resultados de 2014 son los que dejan fuera de este eje ideológico un porcentaje mayor de voto, en parte por el repunte del voto en blanco y en parte por la aparición, con una presencia al menos testimonial, de nuevos partidos difíciles de ubicar en esta escala (Partido X, Movimiento Red, PACMA).

Los datos del gráfico muestran el desplome del voto a la derecha, que obtiene su peor resultado desde 1989. Y además, ese desplome se produce cinco años después de haber logrado (en 2009) el mejor resultado de su historia. Se produce, naturalmente, por efecto de un desplome del voto al PP, que obtiene un pésimo resultado. El consuelo que le queda al PP es que sus votantes no huyeron en masa a otras opciones (el fracaso de Vox y los resultados modestos de UPyD y Ciudadanos así lo atestiguan); su hegemonía en el voto conservador continúa siendo incontestable. Frente a ello, el PSOE tiene que lidiar no sólo con el peor resultado de su historia, sino con la pujanza (relativa) de Izquierda Unida y, sobre todo, con la espectacular irrupción de Podemos.

Sin embargo, el consuelo del PP en estas elecciones, fundamentado en su victoria (por mínima que sea esta) y en la ausencia de oposición en su espacio electoral, tal vez haya de revisarse. La principal justificación “esperanzadora” que ha aducido el PP de estos resultados ha sido (con su principal asesor electoral, el sociólogo Pedro Arriola) que su electorado se ha quedado en casa, pero que volverá a votar en 2015.

Y, en efecto, es así: puede que el electorado del PP se haya quedado en casa; pero es muy discutible que vuelva al redil tan fácilmente. Porque, como indicábamos más arriba, con el empobrecimiento de las clases medias y la degeneración de las circunstancias económicas de la mayoría de la población, el “electorado natural” del PP tiende a estrecharse.

Junto a esa crisis económica, hay también una crisis democrática y de legitimidad más o menos larvada, pero que aflora constantemente cuando se han de tomar decisiones, que está teniendo un importante impacto ciudadano. Se ubica no sólo en el ámbito nacional, sino de la Unión Europea, por cuanto la crisis de identidad ciudadana con la Unión es en estos momentos enorme.

Resulta muy llamativo que, en este contexto, la reacción institucional y burocrática de las instituciones europeas sea seguir por el mismo camino. Un enroque jurídico que tiene mucho que ver con cierta incapacidad para analizar la información obtenida en las elecciones y que se traduce en actuaciones cada vez más controladoras, más dirigistas y menos legitimadas democráticamente: Troika, Banco Central Europeo, etc. Al menos, si entendemos la legitimación democrática desde una perspectiva clásica. De modo que la crisis también ha llegado a este ámbito sin que haya visos de solución o cambio institucionales. Porque para resolverla no es imprescindible votar. Pero eso tampoco significa que una cosa y la otra sean incompatibles.

Los grandes medios españoles recibieron los resultados de ayer con estupefacción, al igual que los dos grandes partidos. Pero, tras la sorpresa inicial, supieron reorientar rápidamente el asunto. Como PP y PSOE han bajado del 50% de los votos entre los dos (por no hablar de su magnífico resultado en Cataluña), estaríamos ante una situación ingobernable; algunos votantes son muy poco responsables y votan opciones antidemocráticas (y en Cataluña, ya ni les digo cuántos de esos votantes hay); ya volverán los votantes de PP y PSOE (que lo sepan los votantes abstencionistas: cuando vuelvan a votar, más vale que vuelvan a donde han de volver, que son “sus” votantes); y si no recuperamos los suficientes votantes, ya armaremos una Gran Coalición defensiva contra la miríada de partidos chavista-independentistas que pululan por ahí.

Previamente, llevábamos semanas leyendo historias en la prensa, avaladas por los sondeos, sobre el repunte del bipartidismo. PP y PSOE, a última hora, iban mejorando. Sus alternativas, clásicas o modernas, se desinflaban. Y Podemos… Sí, Podemos igual sacaba un escaño.

Se entiende la perplejidad de los tertulianos cuando la realidad, una vez más, no se ajustó a lo que los relatos mediáticos predominantes llevaban semanas perfilando. Sólo pudieron consolarse un poco con el recurso al eterno rival, el PSOE, que sacaba un resultado aún peor que el del PP.

Los mejores momentos de la noche electoral (y lo que nos queda) vinieron con la exposición del siguiente argumento tertuliano para explicar el éxito de Podemos: claro, es que Pablo Iglesias sale en la tele. Así cualquiera. Sales en la tele y la gente vota lo que tú digas. Permítanme que les haga notar que este argumento era expuesto también en la tele, por parte de tertulianos que se pasan la vida allí y que abominaban de Iglesias y de toda la revolución chekista-twitterista que al parecer éste preconiza.

¿Qué es más importante en una campaña electoral, la televisión o la prensa? Desde luego, cuantitativamente la cosa está clara: hay mucha más gente en la televisión (aunque esa mayoría no es tan grande si nos centramos sólo en los programas informativos). Es un medio más transversal que la prensa, con mayor alcance.

Sin embargo, es la prensa la que fija los temas de debate: la televisión casi siempre habla de aquello que previamente ha determinado la prensa. Pero con tener el control de la agenda mediática, a veces, no basta. Es una ayuda importantísima, pero pierde mucho recorrido si los hechos no acompañan. Si se utilizan sistemáticamente los medios para vender relatos que son increíbles a ojos de los que teóricamente los han de integrar como parte de su realidad. Si la realidad de la mayoría del público es que las cosas van mal, que los medios digan que en realidad van muy bien, y que aquí de lo que se trata es de votar a candidatos tan ilusionantes como Miguel Arias Cañete o Elena Valenciano, no ayudará demasiado.

En lo que la televisión es más eficaz que ningún otro medio, obviamente, es en generar personajes mediáticos. La personalización de la política es un producto directo de la era de la televisión. Ahí se resume la teoría del inmenso poder de Pablo Iglesias: como sale en la tele, mucha gente sabe quién es y escucha lo que dice. También van a votar y reconocen la papeleta, en la que está la efigie del líder que sale en la tele. Y que es el líder, como él mismo dice, porque sale en la tele.

En efecto: Pablo Iglesias sale en la tele. Pero no es sólo eso. Es también qué haces con la oportunidad de dirigirte a millones de personas; qué discurso, y qué trayectoria, les ofreces. Por ejemplo: también Francisco Marhuenda sale en la tele, incluso más que Iglesias. Y me arriesgaré: creo que si Marhuenda hubiese formado un movimiento político en torno a sí y se hubiera presentado a estas elecciones, no habría alcanzado los resultados de Podemos. Entre otros factores, porque Marhuenda se habría pasado toda la campaña pidiendo el voto para el PP, y ello tal vez habría confundido a sus potenciales votantes.

Es muy difícil analizar, en caliente y sin datos, el éxito de Podemos, y menos delinearlo claramente en un artículo periodístico. Está claro que la figura de Iglesias les permitió concentrar la atención del público en él; generaron un referente. Pero también es evidente que detrás de Podemos hay un aluvión ciudadano muy poderoso, con un entusiasmo genuino de muchísima gente, que bebe de las movilizaciones sociales que se han producido estos años y de la desafección respecto de los partidos tradicionales (no sólo PP y PSOE: también IU).

Toda esta gente buscaba un voto con el que protestar; y Podemos les ha ofrecido un discurso, unas estructuras partidistas y un liderazgo con los que se han encontrado cómodos. Han hecho caso omiso a una realidad mediática que sólo existía –para ellos, al menos- en las portadas de los medios que la publicaban, y se han buscado la vida por su cuenta; aunque haya sido a partir de un personaje televisivo. Y además, ahora tienen la ventaja de que será difícil, para los medios, no hacerle más caso a Podemos. O algo de caso, al menos. Aunque sea para denunciar sus vínculos con Venezuela y Cuba.

¿E Internet? En esta campaña nos ha quedado claro que, a ojos de algunos, Internet es poderosísimo. Por ejemplo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cree que nada mejor que tener una cuenta de Twitter para extender el odio por doquier. Por otro lado, es verdad que Internet propicia la fragmentación del público en espacios ideológicos más pequeños y más homogéneos, donde casi todo el mundo está de acuerdo. Aunque sólo sea porque solemos buscar informaciones y opiniones afines a nuestra visión de las cosas.

Finalmente, Internet cumple una función muy importante para facilitar que las redes sociales que ya existen fuera de Internet se comuniquen, densifiquen y difundan con mucha más eficacia. Quizás eso no explique cómo es posible que Podemos haya logrado semejante éxito; pero sí contribuye a explicar que, además, lo haya logrado en tan poco tiempo.

Cuando llegó al Gobierno, el PP tuvo que reconducir apresuradamente la historia de éxito con la que ganó holgadamente las elecciones de 2011: con el PP en el Ejecutivo, la creación de empleo sería inmediata y apabullante; la confianza volvería a los mercados financieros al ver, por fin, a Mariano Rajoy en La Moncloa; la deuda pública se diluiría cual azucarillo en un par de años; ¡incluso la vivienda volvería a subir como antes!

Creo que no es aventurado decir que hasta el director de La Razón, Francisco Marhuenda, estaría de acuerdo conmigo si digo que luego las cosas no han resultado exactamente así. De manera que, ante las dificultades, ante las cuentas que no cuadran, ante una realidad que no es la que nos aseguraron, el PP se ha embarcado en un ambicioso proyecto: vender una realidad paralela que sustituya a la desagradable realidad real (valga la redundancia).

Pero la venta ha vivido una evolución ciertamente peculiar, con el paso del tiempo. Inicialmente, cuando las cosas estaban tan mal que era imposible negar las evidencias, el Gobierno se limitó a maquillar la realidad y a decir que todo era culpa de Zapatero. Es decir, lo mismo que dijeron en la campaña: que Zapatero era un incompetente y un irresponsable. Lo cual está muy bien, pero, ocioso es decirlo, no respondía a la irritante pregunta de: ¿y no se suponía que el PP nos traería la solución?

Dos años después, pasado el ecuador de la legislatura, el Gobierno pasó a la segunda parte de su estrategia: vender la idea de la recuperación “que aún no se nota, pero que está ahí”. El relato que se intenta componer es claro: dos años de sufrimiento “por culpa de Zapatero” y dos años de paulatina recuperación “que no ha llegado aún a los ciudadanos, pero llegará”.

La historia de la recuperación tiene dos puntos fuertes: el primero, que los mercados financieros están más tranquilos que hace dos años y la situación económica parecía, al menos, que ya no se deterioraba más; que se estaba tocando fondo. No está claro si la superación de los peores escenarios (una intervención de la troika) obedece a la sonrisa de Mariano Rajoy o a la decisión del BCE de acabar con la escalada de la prima de riesgo, que a su vez ha permitido que España (y también Italia, con una evolución muy parecida) pueda endeudarse a un precio más bajo que antes (lo cual no significa endeudarse menos que antes, sino más o menos igual: la deuda se aproxima ya al 100% del PIB). Pero ahí queda el dato.

El segundo punto fuerte es mediático. Por resumir mucho el asunto, en los últimos dos años el PP ha logrado controlar, directa o indirectamente, casi todos los grandes grupos de comunicación (los que aún no controlaba, quiero decir). Y, sobre todo, ha desactivado a los grupos tradicionalmente afines al PSOE. El primero, Público-La Sexta, desapareció como tal hace dos años, y hoy La Sexta es propiedad de Planeta. Como Antena 3 y como La Razón. El segundo, el grupo Prisa, sobrevive gracias al apoyo de Telefónica y de la banca española y vive desde entonces una notoria luna de miel con Mariano Rajoy.

Un control mediático de esta envergadura, que abarca casi todas las televisiones, radios y periódicos impresos, es crucial para vender, nunca mejor dicho, la historia de la recuperación, que es por el momento una recuperación etérea, que los ciudadanos no ven. O ven, más bien, lo contrario. Que no está ahí aún, pero estará. No es que sea un soporte discursivo muy sólido contra las evidencias en sentido contrario que, día tras día, podemos percibir los ciudadanos, pero con menos se han montado exitosas religiones.

Además, si las religiones pueden aportar milagros, el Gobierno, medios de comunicación mediante, puede aportar encuestas, que acreditan que los españoles se están convenciendo a marchas forzadas del milagro de la recuperación, aunque aún no lo noten; y que, en definitiva, irán en masa a votar al PP, como siempre. ¡O aún más, que con un par de semanas más de encuestas exitosas el PP se planta en un 50%! Claro está que luego uno mira los datos de intención directa de voto (o los sorprendentes saltos, siempre favorables al PP, en apenas unas semanas) y las cuentas no salen, pero eso es porque los votantes son tímidos, o aún no saben que acabarán votando al PP, que también puede ser.

Sin embargo, en los últimos días el Gobierno ha dado un paso más allá en su estrategia; Mariano Rajoy en particular. Tras varios meses en los que los datos del paro admitían lecturas moderadamente positivas (la destrucción de empleo se ralentizaba; el paro disminuía incluso, aunque a una escala aún muy pequeña), la EPA del primer trimestre ha sido desastrosa, sin paliativos. Porque, además, ha quedado evidenciado algo que también podía detectarse en las anteriores cifras: que buena parte de la reducción del paro no obedece a la creación de empleo, sino a que los parados se van de España o abandonan su búsqueda de trabajo. Lo cual contribuye a mejorar las estadísticas, pero, desde luego, no avala la mejora de la situación.

Y ahí es donde Mariano Rajoy apareció con sus espectaculares declaraciones: “Estoy muy contento. Las cosas van bien, y van a ir mejor”. Aquí ya no hay maquillaje de la realidad, ni siquiera una realidad construida. Aquí tenemos, directamente, la negación de la realidad. Uno se imagina a Mariano Rajoy como malvado Emperador de la Galaxia, celebrando alegremente la destrucción de la Estrella de la Muerte; a Mariano Rajoy felicitando al Gobierno de Ucrania por lo bien que marchan las cosas allí; a Mariano Rajoy enviando un mensaje de alegría por Twitter en el momento en que la selección española cae eliminada del Mundial.

Con todo, la primera parte de la frase, “van bien”, no puede competir con la segunda, que resulta directamente escalofriante: “y van a ir mejor”. ¿Aún mejor? ¿Más aún? Estremece pensar en qué horizonte piensa Rajoy cuando habla de que las cosas pueden “mejorar” todavía más, dado lo que él parece considerar una mejora. O quizás se trata de que, sencillamente, las buenas noticias son buenísimas; y las malas, también.

Entre las muy abundantes proclamaciones de devoción por la figura del expresidente Adolfo Suárez a las que hemos asistido estos días, hubo una que destacó sobremanera: la del expresidente José María Aznar. Como tantos otros, Aznar reivindicó para sí y para su partido el legado de Adolfo Suárez y de la Transición política.

Pero, además, Aznar dejó claro que él estuvo allí, en la fidelidad a Suárez, desde el principio, ya que, según afirmó en la puerta del hospital en el que se acababa de producir el fallecimiento de Suárez, Aznar había votado a UCD. Es decir: no es sólo que el PP de Aznar fuese el más fiel heredero de Adolfo Suárez y lo que él y su partido representaron durante la Transición; ¡es que incluso Aznar estaba allí, en el ajo, desde un primer momento, apoyando a UCD!

El voto es secreto, personal e intransferible, y a estas alturas resulta imposible certificar que en efecto Aznar fuese votante de UCD. Lejos de mi intención dudar de la palabra de un expresidente como Aznar. Sobre todo, con los magníficos antecedentes de que disponemos. Como por ejemplo, esas declaraciones de Aznar en 2003, asegurando que había armas de destrucción masiva en Irak, y que poco menos que él las había tenido en sus manos; o esas llamadas a los directores de los principales periódicos españoles durante la mañana del 11M, en las que Aznar les aseguró que ETA estaba detrás de los atentados; y tantos otros ejemplos que cimentan su credibilidad pública.

Pero, a decir verdad, es un poco raro que Aznar, militante de Falange Española en 1969 (a los 16 años), y militante de Alianza Popular (la génesis del PP) en 1979, fuese, al mismo tiempo o en algún momento entre una militancia y la otra, votante de UCD. Quizás votó a UCD para el Senado, o en unas elecciones municipales. En cualquier caso, llama la atención que un hombre de convicciones tan firmes como Aznar fuese capaz de exhibir tanta flexibilidad a la hora del voto. Y que, mientras su mano derecha metía la papeleta de UCD en el sobre, con la izquierda escribía artículos como este, en el que se explayaba a gusto contra la Constitución Española de 1978 y el sistema autonómico:

“La política española hasta el momento presente, se ha visto regida por compromisos de los dos partidos mayoritarios, a través del llamado consenso. Tal situación ha provocado un efecto fulminante cual es el de la desconfianza de una enorme masa de españoles en el buen funcionamiento del sistema democrático (…) Durante este bienio, en efecto, no ha habido un Parlamento que merezca tal consideración (…) Tampoco ha existido en estos dos años una oposición, salvando alguna excepción honrosísima y valiente, tal y como se la contempla en los demás países democráticos”.

A ver si adivinan cuál era la oposición “honrosísima y valiente” que tanto le gustaba entonces a Aznar. Desde luego, la UCD no podía ser, pues estaba en el Gobierno. Sinceramente, no parece muy probable que Aznar, militante de AP, fuese a votar por la UCD en 1979. Tal vez lo hizo en 1977, aunque en ese caso su “salto al centro” desde la extrema derecha duró muy poco tiempo.

Es curioso que Aznar, y la derecha española representada en el PP, tengan tan buena imagen de Suárez, y reivindiquen con tanto afán su legado. Esa misma derecha se opuso frontalmente a Suárez a lo largo de los años de la Transición. No sólo AP: también estaban el Ejército y la prensa en primera línea de fuego, e incluso los “barones” del propio partido de Suárez, UCD, que tanto contribuyeron a hundirle, y a hundirse ellos mismos. Odiaban a Suárez porque no representaba a esa derecha que ellos esperaban; porque era demasiado centrista para su gusto, animando debates o adoptando decisiones respecto de las que abominaban.

Sin ir más lejos, eso es lo que ocurrió en la firma de los Pactos de la Moncloa en 1977, entre partidos políticos y sindicatos, que causaron el rechazo visceral de la patronal CEOE, así como la negativa de Alianza Popular a aprobar las disposiciones políticas del pacto. Como nos recuerda Gregorio Morán (Adolfo Suárez: ambición y destino. Debate: 2009): “Todo lo que hacía referencia a la libertad de expresión, la despenalización del adulterio y el amancebamiento, incluso elementos tan poco citados hoy en los recordatorios y las historietas de la transición como la despenalización de los anticonceptivos, fueron rechazados por la Alianza Popular de Fraga, con el beneplácito de la CEOE y la suscripción subterránea de los democristianos del Partido del Presidente [UCD] (pág. 176)”.

Las cosas no fueron muy distintas con la propia Constitución de 1978. Desde que llegó al poder en 1996, la Constitución ha sido progresivamente sacralizada por el PP, al igual que el propio Suárez. Es un texto que nunca se puede discutir, que está ahí para ser interpretado sólo por los sumos sacerdotes (el Tribunal Constitucional), y punto. Pero, a pesar de tanto entusiasmo y devoción, entonces (1978) la Constitución recibió sólo nueve votos a favor, cinco en contra, y dos abstenciones, por parte de Alianza Popular. Era un partido dividido, porque muchos en AP consideraban la Constitución demasiado izquierdista (entre ellos, el propio Aznar). Y tardaron mucho, muchísimo, en asumirla como propia (y no totalmente; desde luego, el Título VIII no han acabado de interiorizarlo aún). Ahora bien, cuando la aceptaron, lo hicieron con el fervor del converso, dispuestos a ser “más constitucionalistas que nadie”, de la misma manera que ahora se presentan como los herederos de Adolfo Suárez, cuando el expresidente ya no puede protestar y muchos ni se acuerdan de aquella época, o sencillamente no la vivieron.

Sin embargo, mientras Suárez permaneció en el poder las críticas fueron constantes, y se dirigían a la ausencia de firmeza, de valores y de compromiso de Suárez con los principios de la derecha española. Es decir, certificaban que Suárez no era uno de los suyos; se iba demasiado hacia el centro, buscando votos. Al menos, ahora sabemos que consiguió el voto de Aznar, que no es poco. Aunque no le bastó para impedir, a la postre, su caída en desgracia culminada en la dimisión, provocada por muchos de los que hoy tanto reivindican un legado del que entonces abominaban.

'Operación Palace' nos ofreció casi tres horas de televisión sobre el 23F en las que no se habló apenas del 23F

Hace muchos años que ocurrió el 23F, pero aún hoy sigue teniendo una importancia enorme para explicar las cosas que vinieron después. Casi todas positivas: su fracaso consolidó la democracia española, acabó desmantelando el Ejército español como foco de poder autoritario, y aceleró el proceso de inserción europea. También aumentó la legitimidad de la Monarquía española y de Juan Carlos de Borbón, que en buena medida emanan de ahí, de su papel para detener el golpe y preservar el sistema democrático. La versión oficial de la historia dice más o menos esto: el golpe de Estado fue una operación de la extrema derecha española y algunos militares ultras descontentos con la situación política y económica, que fracasó gracias a la mencionada intervención del rey.

Luego circulan todo tipo de visiones alternativas, una de las cuales, a pesar de que apenas ha aparecido en los medios de comunicación, sí que ha ido ganando cuerpo, con el paso de los años, a raíz de la publicación de libros como Anatomía de un instante, de Javier Cercas, y la desclasificación de documentos oficiales (aunque no, por supuesto, en España). Según esta perspectiva, el golpe de Estado fue en su génesis una operación diseñada desde la Zarzuela para provocar un Gobierno de salvación nacional, en el que participarían todos los partidos políticos (también socialistas y comunistas), que pudiera reconducir la situación. Al frente de la operación se sitúa a Alfonso Armada, preceptor del rey, a quien Suárez, presionado por Juan Carlos I, acababa de nombrar segundo jefe del Estado Mayor del Ejército.

La operación es, como tantas cosas en España, una chapuza, y todo el mundo puede ver el espectáculo apoteósico de un señor con sombrero de torero pegando tiros en el Congreso de los Diputados mientras dice aquello de “¡Se sienten, coño!”. En ese momento el rey hace algo tan habitual en los Borbones que incluso se define con su apellido: “borbonear”, es decir, dejar tirados, a los suyos (la lista es larga: Mario Conde, Javier de la Rosa, Manuel Prado y Colón de Carvajal…), y para cuando Armada va al Congreso para proponer su solución (un Gobierno de concentración dirigido por él), con gran enojo de Tejero, la operación ya está condenada. El rey sale por la televisión, se para el golpe, y unos años después se indulta a muchos de los inculpados en el proceso; entre ellos, a Alfonso Armada.

Todo este contexto me sirve para explicar por qué, cuando La Sexta se pasa dos semanas promocionando un programa especial sobre el 23F, Operación Palace, la expectación era máxima. Sobre todo, porque el programa, aunque no era Salvados (como nos han recordado hasta la saciedad después de emitirse el documental), se emitía en el horario de Salvados, estaba promocionado por Jordi Évole, y era seguido por un debate conducido también por Évole.

Es decir, que puede que no fuera Salvados, pero desde luego sí que era un producto que buscaba asociarse con Salvados. Y, dado el historial de este programa, su capacidad para poner el foco sobre determinados temas, pero sobre todo el hecho de que cualquier cosa sobre la que hablen se convierte, de inmediato, en objeto de atención de los espectadores, la verdad es que la inmensa mayoría del público se acercó a Operación Palace pensando que se encontraría algún tipo de reportaje sobre el 23F, quizás poco complaciente con la –a estas alturas– un tanto deteriorada versión oficial.

Luego, como a estas alturas ya sabe casi todo el mundo, el programa no era un documental sobre el 23F, sino un falso documental que venía a explicar una variante cómica de la teoría alternativa sobre el 23F: el golpe fue pura ficción. Una escenificación orquestada por los líderes de los partidos políticos, liderados por el rey, para conseguir unir al país y superar el riesgo de un golpe de Estado. La idea estaba inspirada en Operación Luna, otro falso documental en el que defendían una célebre teoría de la conspiración: el aterrizaje en la Luna fue pura ficción dramatizada.

El primer problema de hacer esto es que, lógicamente, el efecto colateral de un falso documental de estas características es deslegitimar cualquier teoría alternativa a la oficial respecto del 23F como “algo que rodó Garci”. Y, sinceramente, la teoría alternativa del 23F es mucho menos delirante que la del falso aterrizaje en la Luna.

Pero más allá de eso, que puede fastidiarme a mí, y a cuatro más (o quizás a muchos más, no lo sé), yo creo que este programa ha sido un error monumental de Salvados. Primero, porque el falso documental, sinceramente, no era nada del otro jueves. El objetivo, claramente, no era hacer pensar, sino hacer reír. Una pieza que comenzaba con una teoría muy poco verosímil y que, además, se volvía más y más absurda. Que si la OTAN, que si Garci, que si Anson… Todo con el propósito de que el público se diera cuenta de lo que había detrás, imagino. Un documental que acababa, además, con una lección moral de “así de fácil es manipular la información de los medios”, a modo de justificación. ¡Como si en España, con sus portadas de La Razón o sus tertulias, necesitásemos aún más ejemplos de lo mucho –y mal– que se manipula la información!

Pero, después, porque aunque el programa se haya hinchado a audiencia (más de cinco millones de espectadores, una barbaridad para cualquier programa), me da la sensación de que también ha logrado cabrear a bastante gente. Y no, precisamente, porque se hayan tragado la historia hasta casi el final y luego se sintieran estúpidos. Sino porque, antes de comenzar el programa, ya habían asumido (porque las promociones y artículos sobre el tema les habían convencido de ello) que iban a ver un programa muy distinto del que finalmente vieron. Gente que sigue Salvados precisamente por su credibilidad, por la verosimilitud de los temas y enfoques del programa; porque, en un contexto en el que el periodismo –y particularmente el periodismo audiovisual– ofrece tantos ejemplos negativos, tanto control y aquiescencia con el poder, Salvados ofrecía, habitualmente, otra perspectiva.

Aprovechar todo ese potencial para emitir Operación Palace y luego un desvaído debate en el que se habla de lo de siempre (que si cambiar la Constitución, aunque no sabemos muy bien qué; que si algo nuevo habrá que dar a los jóvenes; que si el sistema chirría, pero tampoco mucho…) a mí me parece malbaratar la credibilidad de este espacio.

Al final, Operación Palace nos ofreció casi tres horas de televisión sobre el 23F en las que no se habló apenas del 23F. Yo no sé muy bien qué pretendían en Salvados, o en La Sexta, emitiéndolo. Quizás les pasó como (según la teoría de la conspiración) le pasó al rey con el 23F: que pretendía generar un efecto y tenerlo todo bajo control y luego la cosa se le desmandó. Porque que este programa iba a conseguir audiencia estaba claro: hoy por hoy, cualquier cosa sobre la que hable Salvados capta la atención del público. Pero no sé si es buena idea utilizar esa capacidad de influencia para hablar… de cualquier cosa. Que no es que yo pretenda, a estas alturas, en España, que sólo 33 años después del 23F haya algún medio de comunicación del establishment que se atreva a decir algo que vaya más allá de “Su Majestad nos salvó a todos”… ¡Pero al menos que no me hagan creer que va a ser así!

Si tuviéramos que configurar un listado con los municipios españoles más revolucionarios y levantiscos, probablemente Burgos no figuraría en las primeras posiciones; más bien al contrario. Por eso, cuando hace unos días aparecieron imágenes en las televisiones de disturbios, manifestaciones y enfrentamientos con la policía de los habitantes del barrio más poblado de Burgos, Gamonal, el asunto llamó poderosamente la atención a muchos. Por supuesto, aunque nos llegase a través de los medios de comunicación como si se tratase de un súbito estallido emocional del público, el asunto tenía ya mucho recorrido. Los vecinos llevaban mucho tiempo manifestándose pacíficamente, tratando de negociar con las instituciones, buscando que el alcalde rectificase… Sin resultado alguno.

A pesar de que algunos tiendan a pensar que ganar unas elecciones da carta blanca para hacer lo que se quiera hasta las siguientes (si está en el programa, porque estaba; si no, porque “las circunstancias aconsejan hacerlo”), una democracia no consiste únicamente en eso. Ni siquiera en España. Los ciudadanos pueden –a menudo, deben- organizarse y protestar en salvaguarda de sus derechos. Desde el poder se insiste constantemente en que esas protestas han de ser pacíficas, civilizadas, dentro de un orden. Y tienen razón: conviene que así sea.

El problema es que, en un país como España, habitualmente nadie hace caso a este tipo de protestas. Algunos de los dirigentes políticos que más insisten en que las manifestaciones de protesta han de ser pacíficas son los mismos que luego no les prestan la menor atención. Y así, los vecinos de Gamonal se pasaron meses manifestándose en balde, como lo hicieron también tantos y tantos colectivos ciudadanos sistemáticamente ignorados por el poder político y por los medios de comunicación. Hasta que se produjeron los primeros disturbios.

A partir de ese momento, mucha gente comenzó a interesarse por el motivo del enfrentamiento de los vecinos de Gamonal con el alcalde de Burgos. Aparecieron informaciones, incluso relatos pormenorizados, que inscribían el conflicto en una dimensión típicamente española: la programación de un pelotazo urbanístico para favorecer a constructores poderosos, con independencia de que suscitasen un clarísimo rechazo de los ciudadanos a los que, supuestamente, iba dirigido el proyecto. Todo trufado, además, de irregularidades y mecanismos dudosos en el proceso de adjudicación de los contratos por parte del Ayuntamiento. Y sazonado, para terminar, con el factor, en absoluto menor, de que uno de los principales beneficiarios de las obras, el empresario Antonio Méndez Pozo, esté extraordinariamente bien conectado con el poder político en Castilla y León y además sea también el editor del Diario de Burgos, el principal medio de comunicación local.

Se trataba, en resumen de un asunto muy español, en el que los vecinos llevaban meses manifestándose pacíficamente, ante la indiferencia del alcalde y del Diario de Burgos. Hasta que a algunos vecinos les dio por montar disturbios, y todo cambió. De repente ocurrieron dos cosas. Por un lado, los vecinos a los que nadie hacía el menor caso se convirtieron, a ojos de algunos dirigentes políticos, en peligrosos terroristas. Es una constante, en España, que detrás de muchos de los movimientos de protesta frente al poder (Gamonal, la PAH, el 15M) algunos vean la larga mano del terrorismo. Muy probablemente, de ETA. Porque, como parece defenderse desde algunas instancias de la derecha española, la banda terrorista, sobre todo desde que se rindió hace dos años, está más fuerte que nunca, y lo ha invadido todo.

Por otro lado, la espectacularidad de las imágenes y el interés informativo por los disturbios (y no, en cambio, por lo que motivaba esos disturbios) provocó que lo que era un asunto local (convenientemente silenciado por el principal medio de comunicación de Burgos, a pesar de que afectase directamente a un tercio de la población de la ciudad) entrase en los medios de comunicación nacionales. Eso sí, entró mal, es decir, entró por la violencia, y a ello, a la violencia, se agarraron desde el principio los que querían deslegitimar el fondo de la protesta apelando a su forma.

Es habitual en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión: los largos procesos de negociación, las manifestaciones silenciosas, la protesta dentro de un orden, no son noticia. Los disturbios, en cambio, quedan muy bien en el informativo. También dan una visión tergiversada de las cosas, de manera que la mayor parte de la población, la que se limita a consumir esas imágenes, se queda con la anécdota e ignora el trasfondo. En el largo plazo, el público que ve cómo la televisión lo reduce todo a la anécdota, el espectáculo o el conflicto, acaba pensando que el mundo que le rodea es mucho más violento de lo que es, y que las cosas se dirimen siempre violentamente: un escenario en el que la mayoría de la gente no quiere participar.

La sobreexposición a las imágenes violentas como supuesto reflejo del mundo que nos rodea crea efectos a menudo aberrantes. Es conocido el caso de EEUU en los años noventa: aunque la delincuencia y los actos violentos decrecieron significativamente a lo largo de la década, la percepción ciudadana (moldeada fundamentalmente por la televisión, trufada de noticias sobre tétricos asesinatos y una violencia omnipresente) aumentó progresivamente en sentido contrario: cada vez había menos violencia, pero el público creía que cada vez había más, y se sentía más inseguro y aprensivo. Y un público paralizado por el terror, aunque ese terror tenga poco que ver con la realidad, es mucho más fácil de manipular a conveniencia.

Lo novedoso de este caso es que no parece que la estrategia de apelar al discurso del miedo y la violencia social le esté saliendo muy bien al PP; por lo pronto, el alcalde ya ha tenido que hacer lo que ni se planteó hacer hasta ahora: aparentar que negocia con los vecinos y paralizar definitivamente las obras. Lo triste, y peligroso, es el mensaje colateral que se envía: si hacemos todo lo que las clases dirigentes nos dicen que hay que hacer (protestar reflexivamente, en silencio, con moderación y urbanidad), lo más seguro es que nadie nos haga caso. En cambio, si hacemos aquello que, desde un punto de vista cívico, no conviene hacer, tal vez esta clase dirigente tan poco habituada a los usos democráticos, que se siente impune ante las protestas ciudadanas pacíficas, se avenga a negociar. Por miedo a los ciudadanos o, más probablemente, al informativo de televisión.

Este modelo de expolio (hay que llamar a las cosas por su nombre) se combina con un discurso que canta las virtudes del libre mercado, de la no intervención del Estado en los asuntos de las empresas privadas.

Hay que reconocerle un mérito a José María Aznar hijo: ha conseguido que, por una vez, Miguel Blesa quede bien en uno de sus correos. Un hombre serio, riguroso, que considera que Caja Madrid “no es un cortijo” y hay cosas que no se pueden hacer. O no siempre, porque en muchos otros emails se deduce que, en realidad, que las irregularidades se cometan o no es cuestión de voluntad de los que pueden cometerlas. Y también, claro, de lo que se está pidiendo, porque no es lo mismo solicitar una ampliación de crédito de 30.000 € que una inversión de 54 millones de € (9.000 millones de pesetas) porque Aznar quería complacer a la familia de un amigo pintor. Pues seguro que los 54 millones, íntegramente, irían a parar a la familia de Gerardo Rueda, sin que ni un solo euro acabase quedándose por el camino.

La historia también ha dejado en muy buen lugar, por primera vez en mucho tiempo, a alguien relacionado con el entorno de la Familia Real: Rafael Spottorno, actual jefe de la Casa Real, que desde el principio se negó a tragar con que una caja de ahorros que ya entonces hacía aguas por todas partes se dejase todo ese dinero en un “caprichito” (si fuésemos amigos de teorías de la conspiración, hasta podríamos ver una vinculación entre la negativa de Spottorno a hacerle un favor a Aznar y la pésima relación de éste con la Familia Real).

Por otra parte, hay que entender la lógica que anima el enfado con Blesa del hijo mayor de Aznar: tú eres un inspector de Hacienda que no pinta nada dirigiendo una caja de ahorros, porque no sabe nada del negocio. Mi padre te colocó allí porque eres su amigo y ahora no le estás pagando los favores como debías, como se suponía que harías. Es una lógica de apropiación de lo público, de “capitalistas del BOE” que se enriquecen aprovechándose de sus contactos con el poder para medrar y para hacerse con jugosos pedazos del erario público, sea directa o indirectamente. Una lógica que Aznar y su familia han seguido a rajatabla, desde los puestos de poder que ocuparon y ocupan o aprovechándose de su agenda de contactos para obtener beneficios.

Pero, naturalmente, este modelo de expolio (hay que llamar a las cosas por su nombre) se combina con un discurso que canta las virtudes del libre mercado, de la no intervención del Estado en los asuntos de las empresas privadas. Dado que la casta dirigente controla o bien el Estado, o las empresas, o ambas a la vez, no es cuestión de incorporar desagradables regulaciones que pudieran interferir en el buen funcionamiento de la puerta giratoria, que permite que la casta salte cómodamente del Estado a las empresas, y viceversa. Es mucho mejor hacer estas cosas bajo mano, por email, por teléfono, o directamente con un sobre en el que se indique qué hacer, o qué se da a cambio.

En pocos casos está tan clara la curiosa contraposición entre teoría y práctica, entre cómo se afirma que se deberían hacer las cosas, y cómo se hacen luego, que con José María Aznar. El expresidente siempre ha cultivado una imagen virtuosa de sí mismo, basada en la honradez, el trabajo y el rigor. Esta imagen se combina con una actitud permanente de dignidad ofendida, de hidalgo español para el cual nada hay más valioso que el honor. Aunque con la diferencia, eso sí, de que los hidalgos no solían ser millonarios acaudalados, con intereses en un montón de empresas y organismos, a los que llegaban siempre gracias a la interlocución directa. Así, tenemos a Aznar pontificando sobre las virtudes de la no intromisión de lo público en lo privado mientras le pide favores a todo el mundo para sus negocios, o mientras se organiza, en su partido y durante su mandato, un sistema de financiación ilegal a cargo de empresarios que pagaban para que luego el partido les devolviese el favor con adjudicaciones y regulación a la carta. Capitalismo del BOE, otra vez.

Una actitud que parece haber abrazado su primogénito en todos sus órdenes (desfachatez en los actos, combinada con chulería en las opiniones). También José María Aznar Botella, columnista en La Razón, es muy amigo de explayarse sobre todos los males inherentes al gasto público… Salvo que el gasto público tenga que hacerse para salvar a la banca privada, que ahí sí que le parece muy bien. Tal vez porque en ese caso el gasto público se haría en beneficio del sector en el que él mismo trabaja, y ya nos ha quedado claro que lo público es malísimo cuando se trata de beneficiar a esos ciudadanos (con ayudas, con subsidios, con servicios públicos) que han vivido por encima de sus posibilidades, pero no si sirve a los que se han acostumbrado a creer que el país es suyo, y actúan en consecuencia.

Personalmente creo que, dado el año mágico que lleva la familia Aznar, con estos emails, con los papeles de Bárcenas, y con hitos como el “relaxing cup” de la alcaldesa Botella, se impone que el año que viene Campofrío cierre el círculo y monte su spot navideño de 2014 con los Aznar como únicos protagonistas. Si el objetivo de esos anuncios es demostrar que España no tiene nada que ver con esos desagradables europeos, siempre dando la tabarra con sus regulaciones, su régimen meritocrático y su sociedad civil, no se me ocurren muchos ejemplos mejores que el recorrido de la familia Aznar a lo largo de estos años. Y lo que nos queda.

Uno de los aspectos más supuestamente positivos de los Gobiernos de Aznar, tal y como quedó en la percepción de buena parte del público, fue su eficacia en la gestión. Con independencia de la agenda política, del sustrato ideológico, de los delirios de grandeza del presidente… El PP se presentaba como un partido serio, riguroso, que sabía gestionar las cuentas públicas y los servicios públicos.

Esa idea sobrevivió a Aznar y se convirtió en uno de los principales avales del PP para recuperar el poder en el Gobierno central. También para ensanchar su electorado: más allá de los que votan al PP por razones ideológicas, identitarias, por confrontación con otras opciones políticas, etc., hay mucha gente que les vota para que aplique esa tan cacareada eficacia en la gestión. Por ese motivo, entre otros, consiguió este partido en 2011 el mejor resultado de su historia: frente a la impotencia del PSOE y de Zapatero, el retorno a la “historia de éxito” del PP y su gestión de los grandes números.

Dos años después, y a pesar de la ola propagandística en la que nos intenta subir el Gobierno desde hace meses (con hitos tan espectaculares como cocinar más y más las encuestas del CIS, con el resultado de que, conforme menos gente dice que votará al PP…, ¡más gente estima el CIS que va a votarles!), no parece que el mito de la eficacia en la gestión esté saliendo muy bien parado. Y no es sólo cuestión de que el Gobierno se dedique a recortar por doquier, incumpla casi todas sus promesas y se vea superado por la crisis. Es cuestión, sencillamente, de que la crisis, y con ella la escasez de dinero para tapar agujeros, evidencia hasta qué punto las cosas se están gestionando mal. De que hay mucha gente en el PP que no sabe, no quiere o no puede gestionar los asuntos públicos.

Esta semana hemos tenido dos ejemplos emblemáticos. Por un lado, la medida inicialmente aprobada por el Ministerio de Educación de revocar las ayudas a los estudiantes erasmus que no fueran becarios del Ministerio, incluyendo a los que son beneficiarios de la beca en el presente curso. Es decir, una medida que tiene también carácter retroactivo y que implicaba birlarles a los estudiantes una tercera parte de su beca, con la que ya contaban. Como si ahora una empresa pretende bajarles el sueldo a sus trabajadores… aplicando la bajada desde 2012. Esta decisión, tan arbitraria e injusta, generó todo tipo de críticas y, al final, Wert tuvo que dar marcha atrás (sólo parcialmente: en lo sustancial, que es la eliminación de las ayudas a partir de 2014, se mantiene).

Está claro que Wert actúa y se comporta como un archienemigo de la educación pública (que, en teoría, se encarga de gestionar), pero la clave que intento analizar aquí no es el “qué”, sino el “cómo”. Cuál es la manera que tiene Wert de intentar debilitarla. Y en sus modos se aprecia, sin dificultad, que el aún ministro tiene mucho más de tertuliano que de gestor. Por la retroactividad de la medida, y también por atacar frontalmente a unas becas muy populares entre el alumnado. Y que, además, no son particularmente redistributivas, dado que se asignan a los estudiantes con independencia de su nivel de renta.

El otro ejemplo, aún más reciente, es el cierre de RTVV, que agrupa a la televisión y la radio públicas valencianas, decretado por el (también aún) president de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra. De nuevo, no quiero entrar a analizar el fondo de la medida y sus implicaciones (muchos ya lo han hecho, y muy bien), sino la forma. Que fue, ante la decisión judicial de tumbar el ERE de 1.000 trabajadores de RTVV, responder anunciando su cierre. Con un comunicado, pésimamente redactado, en el que se tiraban balones fuera. Y con un argumentario que sonrojaría a Silvio Berlusconi por su zafiedad demagógica: el de que cierran RTVV para garantizar hospitales y colegios públicos. Precisamente el PP valenciano, que lleva décadas tirando el dinero en estupideces, a menudo como mero pretexto para repartírselo generosamente a los suyos, mientras privatizaban hospitales y favorecían a la enseñanza privada.

Se anunció el cierre… Y quedó claro, acto seguido, que el president Fabra no tenía ningún plan detrás, ninguna hoja de ruta para acometer el cierre y minimizar el obvio deterioro político y electoral que el cierre comportaría para su Gobierno y su partido, como muestra, sin ir más lejos, el impresentable decretazo con el que han nombrado a un comisario político para liquidar RTVV. En apariencia, la decisión judicial les pilló por sorpresa, sin nada preparado.

Y esto a pesar de que se sabía desde hace meses que, desde un punto de vista jurídico, era más que probable que se tumbase el ERE. Que el propio Gobierno valenciano había amenazado con cerrar RTVV si esto ocurría. Y que cargarse la radio y la televisión públicas no es, evidentemente, una decisión banal. En cambio, dicha decisión se ha adoptado como si, en efecto, no tuviera importancia. Como una respuesta de un niño consentido, enojado al ver que los demás no se pliegan a sus caprichos.

Es evidente que detrás de este tipo de decisiones hay también una determinada agenda política. De pasotismo y desprecio respecto de la educación pública (que no la consideran suya) y de los medios públicos (desde el momento en que la justicia no les ha dejado colocar tranquilamente a los suyos). Y, naturalmente, este tipo de decisiones tienen un coste electoral. Pero lo relevante del asunto es que la profunda ineptitud demostrada por los dirigentes políticos del PP en estos dos casos (y no sólo en estos dos casos) ha contribuido a agravar el efecto electoral y político de las medidas, su alcance social y la indignación de los ciudadanos indignados.

Así, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana asistimos el miércoles al espectáculo de ver a la televisión pública, tradicional instrumento de propaganda del PP, convertida en instrumento de propaganda… Contra el PP. Y batiendo todos los índices de audiencia en el camino. No sólo como consecuencia del cierre de RTVV, sino de que, tras anunciar el cierre, quedó claro que Alberto Fabra ya no sabía qué hacer, más allá de echarle las culpas de esta decisión a todo el mundo, salvo a él.

Ante la orfandad en que quedó RTVV tras el anuncio, y previa dimisión de la directora general, Rosa Vidal, los trabajadores tomaron el control de RTVV. No ha durado mucho el espectáculo, entre otras cosas porque es evidente que cada día suponía un desgaste considerable para el PP valenciano. Imagínese el lector a una entrañable abuelita que está viendo la televisión pública valenciana, como siempre, y de repente le dicen que los del PP son unos corruptos, que manipularon constantemente y ocultaron la verdad; su horizonte de expectativas se verá, a buen seguro, conmocionado, a no ser que interprete lo que está viendo como una serie de ficción, un experimento orwelliano improvisado.

Este tipo de prácticas chapuceras en la gestión, cada vez más habituales, conforme el margen de maniobra se reduce y ya no se pueden disimular los agujeros, no pueden obedecer sólo a un maquiavélico intento de degradar lo público. Entre otras cosas, porque la degradación de lo público ya viene de antiguo. Es posible que el objetivo último de estas decisiones sea socavar más y más los servicios públicos, pero lo que está claro es que su incompetencia es tal que, en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera saben cómo hacerlo para que, al menos, las medidas que toman no se vuelvan contra ellos.

Lo que está pasando ahora con TVE es un deterioro acelerado que se deriva de una visión, tan mezquina como limitada, de los medios públicos como herramientas al servicio del poder que manda sobre ellos en cada momento.

Una de las cuestiones que, sin lugar a dudas, se hicieron bien durante los años de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa fue el desarrollo de un nuevo modelo para Televisión Española. No tanto por la ausencia de anuncios publicitarios cuanto por el desarrollo de unos servicios informativos de gran calidad y con apariencia de imparcialidad. Digo “apariencia de” porque no puede decirse que fuesen totalmente imparciales.

A la hora de la verdad, fuese por directrices políticas o –más probablemente– por las afinidades ideológicas de los trabajadores de la propia RTVE encargados de desarrollar los informativos, la verdad es que la visión del mundo que se ofrecía desde TVE tenía cierto sesgo favorable a los postulados que defendía el PSOE. Y no sólo en los informativos. Pero ese sesgo no era en absoluto escandaloso, ni suponía una merma significativa de la calidad y el prestigio de los informativos de TVE. Y no parece muy verosímil tampoco que proviniese de una estrategia global de manipulación orquestada desde el PSOE, como a veces podía escucharse en determinadas tribunas.

Y, de hecho, por eso la información de TVE, como medio de comunicación con gran credibilidad e influencia social, podía considerarse a la vez un ejemplo de gestión de los medios públicos y una seria amenaza para el PP: porque la manipulación que mejor funciona es la que no parece manipulación, bien sea porque resulte de muy baja intensidad o porque esté muy bien hecha (y era así en ambos casos). En cambio, cuando la manipulación es evidente y notoria, pierde eficacia. La pierde porque pierde seguidores y gana antagonistas, y sobre todo pierde influencia. El medio deja de ser un referente para convertirse en un estigma.

En ese sentido, cabe decir que el PP manipula muy mal. Al menos, en lo concerniente a TVE. Tan pronto como llegó al poder (apenas tardó unos meses), cambió el modelo anterior para volver a lo de siempre: un director general afín y una línea ideológica tal vez no tan escandalosa como la de Urdaci, pero desde luego muy evidente y previsible. El resultado lo tenemos a la vista: TVE está sufriendo un pronunciado, y al parecer inacabable, descenso de audiencia. En apenas dos años, La 1 ha bajado de un promedio del 15% al 10%. El Telediario ha sido superado, por primera vez, por Tele 5 y Antena 3. Y el histórico programa Informe Semanal sufre una debacle a la que el reciente cambio de horarios, postergándolo a la medianoche, le ha dado la puntilla, con una audiencia que no llega ni al 4%. Un hundimiento sin paliativos, y que además no parece tener fin.

Frente a esto, el PP podría haber mantenido, en esencia, el modelo anterior de televisión, respetando las cosas que funcionaban en TVE y a lo sumo adaptándolas, sutilmente, a sus intereses. Y con ello no sólo habría ganado credibilidad, sino que también habría tenido en sus manos una poderosísima herramienta para influir en la sociedad. Claro que todo esto, viniendo de un presidente que nos habla desde su plasma totémico, en el supuesto de que decida hablarnos, sin duda es mucho pedir. La cuestión es, exactamente, de qué le sirve una TVE así al PP. Cada vez de menos, conforme sus informativos pierdan audiencia, y dichas audiencias adquieran paulatinamente más homogeneidad ideológica, y también generacional (la del público, normalmente de más edad, que ve TVE por tradición).

La otra posibilidad es que en el PP piensen que TVE no les sirve de mucho. O que es un peligro por lo que llaman “el Comando Rubalcaba”, una serie de trabajadores de TVE afines al PSOE que, según denuncian desde las filas conservadoras, estarían conjurados contra el PP y urdirían todo tipo de maldades, con Rubalcaba en la sombra (¡hay que ver, Rubalcaba, lo mucho que se aplica para montar complejísimas conspiraciones siniestras, y lo mal que se le da llevar el PSOE!). O que el gasto que comporta la televisión pública resulta excesivo (esto último sin duda lo piensan).

En ese caso, el objetivo sería, directamente, cargársela. Deteriorarla tanto que al final la única solución sea venderla o cerrarla. O lo que se conoce como “el modelo Canal 9”, la televisión pública valenciana (también homologable al de Telemadrid). Con una deuda descomunal de 1300 millones de euros, que tuvo que asumir la Generalitat. Un ERE que despidió inicialmente a 1200 personas para que después, vulnerando las condiciones de su propio ERE, Canal 9 tuviera que recuperar a unos 200 trabajadores sin los cuales, sencillamente, no se podía asegurar la emisión (el ERE comienza a juzgarse ahora en los tribunales). Con audiencias inferiores al 4% y escasísima influencia social desde hace años. Un modelo que ha acabado dando paso a la externalización de parte sustancial de la programación, que a su vez puede terminar muy rápidamente si la justicia obliga a readmitir a los trabajadores despedidos en el ERE. En tal caso, dice la Generalitat Valenciana, “no tendrán más remedio” que cerrarla directamente.

Pero suponer que detrás del deterioro de Canal 9 hubo una intención consciente, un plan a largo plazo, sería ignorar la realidad, que era mucho más previsible y cortoplacista: la TV se gestionó mal porque era empleada como agencia de colocación y como fuente de contratos para productoras de televisión afines; porque servía para pagar algunos de los caprichos más notorios de los gobernantes valencianos, como la visita del Papa Joseph Ratzinger en 2006 o los contratos de la Fórmula 1 con Ecclestone; y porque los informativos siempre fueron de una parcialidad evidente, a veces hasta grotesca. Es decir, que se gestionó muy mal, y punto. Pero no para conseguir maquiavélicos objetivos futuros, sino porque, sencillamente, ni supieron ni quisieron hacerlo de otra manera.

Es más o menos lo mismo que está pasando ahora con TVE. Un deterioro acelerado que se deriva de una visión, tan mezquina como limitada, de los medios públicos como herramientas al servicio del poder que manda sobre ellos en cada momento. Un deterioro cuyo único consuelo es que, al menos, no se pueden permitir combinarlo con el aumento descontrolado del gasto, por razones obvias. Pero que puede desembocar finalmente en la privatización (total o parcial) de la televisión pública, con el pretexto de quitarse el muerto de encima, y con el argumento añadido, este sí totalmente perverso, de que “total, con lo mala que es… ¡si no la ve nadie…!”.

Perdiendo Cataluña, la derecha española podría emular éxitos de su trayectoria reciente, como la cesión de las bases militares a EEUU en los años 50, a cambio de apuntalar el régimen de Franco, o el apresurado abandono del Sahara español en 1975. Todo muy patriótico.

Una cosa que llama la atención del crecimiento del independentismo en Cataluña, hasta los extremos de que haya logrado convertirse en un movimiento mayoritario, es que este ha sido rapidísimo. En apenas unos años, ha pasado de ubicarse en torno al 25-30% de los ciudadanos catalanes a superar, según las últimas encuestas, el 50% de la población de Cataluña.

Hay muchas razones que pueden explicar esto; algunas bastante coyunturales, otras menos. Pero brilla con luz propia la que los propios catalanes consideran que ha hecho más en pro de la causa del independentismo: la actitud intransigente y agresiva de la derecha española. Es esta la razón citada por una aplastante mayoría de los encuestados en el reciente sondeo de la Cadena Ser, muy por delante de otras posibilidades. En concreto: un 54,1% de los encuestados atribuyen la responsabilidad del deterioro de las relaciones entre Cataluña y el resto de España al PP y la derecha española. La siguiente opción más citada, “Los malentendidos y/o prejuicios de los ciudadanos españoles y/o catalanes”, recibe un modesto 12,1% de respuestas en total. El PP nunca logró una mayoría más absoluta que esta; ni siquiera en Murcia.

La encuesta impacta por la contundencia de los datos que aporta, aunque no puede decirse que sorprenda. En efecto, el crecimiento del independentismo tiene mucho de realimentación entre polos opuestos (aunque está por ver que, en efecto, también realimente al nacionalismo español que defiende el PP). Tampoco es la primera vez que esto ocurre, pues ya tenemos el precedente, muy cercano, de los Gobiernos de Aznar y su acreditada capacidad para insuflar ánimos al independentismo y a los partidos que lo encarnan.

Esto puede verse claramente si seguimos la trayectoria del partido que en los últimos años había encarnado más claramente el independentismo en Cataluña: ERC. En cuanto a Elecciones Generales, este partido pasó de obtener un escaño en 1996 (las elecciones que dieron paso al primer Gobierno de Aznar) a 8 en 2004, para después bajar hasta tres en 2008 y 2011. En el plano autonómico pasó más o menos lo mismo: ERC sacó 13 escaños en 1995 y 1999 (con un Aznar “maricomplejines”, que aún hablaba catalán en círculos íntimos y gobernaba gracias a su pacto con CiU), subió a 23 en 2003, y después, una vez instaurado el tripartito y con Zapatero en La Moncloa, bajó a 21 escaños en 2006 y 10 en 2010. Dos años después, en 2012, como celebración del primer año de Rajoy al frente del Gobierno español, ERC volvió a subir hasta los 21 escaños.

Se trata de una constante que puede apreciarse también con otros movimientos nacionalistas: conforme más se hace presente, y más verosímil es la amenaza, de un nacionalismo español excluyente, más se realimentan los nacionalismos periféricos, y más excluyentes se vuelven, a su vez.

Quizás se trate de un choque de nacionalismos, y sin duda el PP tiene legitimidad para defender su visión de España. La cuestión es si la visión de España del PP es fiel a la realidad española, y si este partido puede considerarse, en puridad, “nacionalista español”, si tenemos en cuenta que su nacionalismo tiende a excluir a más y más españoles; a considerarlos como enemigos. Que no sólo no aprecia en lo más mínimo lo que tengan que ofrecer las culturas que no sean de base castellana, sino que las observa con sospecha, incluso aunque las diferencias con la cultura que nuclea su nacionalismo sean, objetivamente, muy pequeñas.

Es el problema de ofrecer respuestas simples, e irreales, a un país tan complicado como España. De intentar imponer un proyecto de centralismo uniformizador que considera culpables a los que no se someten a él y los tacha de “antiespañoles”. ¿No será que los verdaderos antiespañoles son los que se niegan a integrar en España a todos los que no pasen por el aro? No sé yo qué opinarán los lectores, pero personalmente cada vez siento más hastío y vergüenza con esta España, y menos ganas de que me asocien con ella.

Espero que la situación se reconduzca y Cataluña no se independice. Más allá de otros motivos sentimentales y pragmáticos que pueda sacar a colación, porque me parece muy poco probable que la España posterior a una hipotética escisión de Cataluña sea un país más moderno, plural y acogedor. Aunque, desde luego, si finalmente no se produce la independencia, no será porque súbitamente los catalanes caigan en la cuenta de que la independencia no está contemplada en la Constitución. Tendrá que ser porque desde el Estado y la sociedad españolas se ofrezca un proyecto mínimamente sugestivo e integrador en el que una mayoría de catalanes (y no sólo de catalanes; del conjunto de los españoles) puedan sentirse a gusto, en lugar de este “patriotismo constitucional” a garrotazos, que se sacó de la manga Aznar para poder defender lo mismo de siempre, y que nada tiene que ver con la formulación del concepto por parte de Jürgen Habermas.

Si la respuesta al movimiento independentista sigue siendo, como hasta ahora, el silencio o la bronca, lo más previsible es que la derecha española logre hacer una España más y más pequeña, mientras proclama que el objetivo es hacerla más grande. Más pequeña en población, en riqueza, en vitalidad y también en territorio. Perdiendo Cataluña, la derecha española podría emular éxitos de su trayectoria reciente, como la cesión de las bases militares a EEUU en los años 50, a cambio de apuntalar el régimen de Franco, o el apresurado abandono del Sahara español en 1975. Todo muy patriótico.

Mientras tanto, entiendo perfectamente las razones por las que arrecia el independentismo. Porque la desafección respecto de esta España no sólo ha aumentado en Cataluña, sino que probablemente lo haya hecho en todas partes, aunque no sea bajo la forma de un movimiento independentista. A fin de cuentas, ¿quién puede estar a gusto formando parte de un país cuyos dirigentes te roban mientras te insultan?

Del jefe de la diplomacia de un país uno espera que sea, como indica su trabajo, diplomático. No espera que se dedique a soltar exabruptos y chascarrillos, combinados con ideas de bombero como el “tasazo” de 50 €, como nos está alegrando el verano el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo. No se trata de no reivindicar la españolidad de Gibraltar, ni de hacer oídos sordos a los abusos que se puedan cometer desde la colonia británica, de cualquier tipo (opacidad financiera, atribuciones de soberanía que no le corresponden, etc.). Se trata de cómo hacer estas reivindicaciones. Si el ministro de Exteriores es alguien que ve normal ponerse a gritar “¡Gibraltar español!”, como si fuera un parroquiano del restaurante de Despeñaperros que vende vinos con la cara de Franco, pues casi cogemos a un parroquiano de verdad y lo ponemos al frente; al menos, no nos llevaremos sorpresas.

Otro motivo para montarnos estas serpientes de verano (en Gibraltar, en Cuba o en Marruecos; casi parece un clásico de la diplomacia franquista) es, sin duda, desviar la atención de los múltiples problemas que el PP tiene que afrontar (o eludir) en lo que le queda de legislatura: el caso Bárcenas y el deprimente estado de la economía. Ante un paro altísimo, que podría continuar así los próximos cinco años, pocos se creen los “brotes verdes” del Gobierno. Y en cuanto al caso Bárcenas, resulta difícil que nadie se crea las explicaciones que dio Rajoy en el Congreso; más que nada, porque no dio explicación alguna, salvo decir muy serio que él era inocente y que le habían engañado.

Por desgracia, este tipo de actitudes no son, en absoluto, exclusivas del ministro Margallo. La mala educación, la chulería, y la falta de habilidad, constituyen una especie de “marca de fábrica” de un determinado tipo de político español, que parece creer que actuar con firmeza y sin complejos viene a consistir en ser un impresentable. Una actitud que siempre ha sido muy cara a la derecha española y que la segunda legislatura de Aznar recuperó con toda su intensidad. Ahora, en tiempos difíciles, en lo económico y lo político, volvemos a disfrutar de una oleada de “firmeza” de nuestros dirigentes, extraordinariamente eficaz en términos de perder legitimidad, enajenarse apoyos y cargar de razones a sus oponentes. También es muy eficaz, y supongo que en parte por eso volvemos a ello, en galvanizar a los fieles, cohesionarlos en torno al PP, y al menos no perder su apoyo.

Pero el problema es que, en el camino, debilitan aquello que pretenden estar defendiendo. Debilitan a las instituciones, al Estado y a la propia noción de España. Más que nada, porque se trata de una España muy peculiar, que parece considerar que la mayoría de los que la habitan son, en un grado u otro, malos españoles: los nacionalistas catalanes y vascos, siempre empeñados en romper España, obviamente. Las izquierdas, insuficientemente comprometidas con la idea correcta de España, también son traidoras a la patria. Y, por supuesto, los que no comulgan con España en términos religiosos (particularmente, los musulmanes) o sociales (los gays, siempre tan antiespañoles), son enemigos de la patria.

El problema de esa España delineada por la derecha española es que, más que España, es Españaza. Una España que no existe, pero que intentan hacernos tragar a los españoles por todas las vías posibles. Una España antipática, chulesca, incivilizada, y cuyo principio motor parece ser la lucha sin fin contra todo tipo de enemigos internos, a los que no se considera españoles, y quienes, lógicamente, se alejan cada vez más de los elementos (sentimentales, culturales, sociales, económicos) que pudiera unirles, no sólo a “Españaza”, sino también a España.

Ver al ministro Margallo pegando gritos y creando problemas diplomáticos (en lugar de arreglarlos, como se supone que es su función) da vergüenza, y provoca en muchos la necesidad de que, al menos, no se les asocie con ello. Ver a un Gobierno asaz incompetente, como el que padecemos, empeñado en legislar en beneficio de unos pocos y en contra de la mayoría de los españoles, provoca que muchos se sientan cada vez menos concernidos con el Estado y sus instituciones, mientras el Estado y sus instituciones funcionen con ese orden de prioridades. Ver a nuestros representantes interesados sólo en su propio beneficio, y sin ninguna disposición a asumir responsabilidades o dar explicaciones, genera una gran desafección respecto del actual sistema de partidos. Ver al ministro Wert hablar de la “españolización de los niños catalanes” da argumentos a los que en Cataluña consideran a España una instancia agresiva e intolerante, con la que es imposible congeniar. Y así todo.

No se trata sólo de que nuestros dirigentes hayan incumplido casi todas sus promesas. Es que, directamente, incumplen aquello que proclaman: afirman trabajar en pro del interés general, pero los hechos demuestran lo contrario. Afirman ser (por contraste con el Gobierno anterior) gente seria, pero sus acciones y comportamientos provocan, o bien la risa, o bien el lamento (reír por no llorar). Y, sobre todo, afirman amar España, pero con su torpeza, egoísmo e incompetencia son los principales responsables de que España, la de verdad, esté cada vez peor, para mayor gloria de la Españaza neofranquista que se afanan en colocarnos.

El PP tiene muy mala suerte: continuamente hay gente que, desde las ideologías e intereses más diversos, conspira contra este partido, con el objetivo de quitarle el poder que legítimamente ostenta. Ya ocurrió en las elecciones generales de 2004, cuando una conspiración urdida por Rubalcaba (que se hinchó a enviar millones de sms desde Ferraz), en la que participaron ETA, el grupo PRISA, los servicios secretos franceses y marroquíes y prácticamente todos los medios de comunicación internacionales de referencia, logró hacer creer al pueblo español que el Gobierno de Aznar había mentido cuando afirmó, y después mantuvo contra viento y marea, que ETA estaba detrás de la autoría de los atentados del 11M.

Nueve años después, el PP corre peligro de perder de nuevo el poder. Y, de nuevo, es producto de una conspiración que busca mover al PP del sillón, engañando a los españoles para que no voten al PP. ¡Pero lo llamativo es que, ahora, incluso el diario El Mundo, que denunció la primera gran conspiración del 11M, está en el ajo de la segunda!

En el PP lo tienen claro. O parece que lo tienen claro, porque explicaciones, lo que se dice explicaciones, no es que estén dando muchas. ¿Acaso hace falta? ¿No es evidente que quienes atacan al presidente del Gobierno atacan a España y buscan destruirla? Pero, por si acaso, vamos a reconstruir los hechos, tal como se infiere que el PP quiere transmitir a los españoles que ocurrieron. Al menos, por ahora, y hasta que Bárcenas se convierta de nuevo en un héroe, como en 2009, o en una víctima, como en 2011:

Luis Bárcenas se introdujo en el PP hace casi treinta años con el único objetivo de tratar de destruirlo desde dentro, quién sabe si comisionado por Rubalcaba o por el propio Pedro J. Ramírez. Esa es la única justificación posible a su malévola actitud a lo largo de todos estos años. Porque, desde el principio, y nada más llegar, Bárcenas se dedicó a crear, mes a mes, una falsa contabilidad B del Partido Popular, en la que entraban donaciones de empresarios y salía dinero destinado, fundamentalmente, a complementar los sueldos de los sufridos líderes del partido (salvo Aznar, quien, dice Bárcenas, nunca cobró nada, a pesar de estar al frente del partido durante 14 años y consentir, como mínimo, este sistema).

Bárcenas se inventó todo esto para hacer daño al PP, y en concreto a Mariano Rajoy, en el supuesto de que este alcanzase la Presidencia del Gobierno alguna vez. Y, hombre previsor, lo hizo desde 1990, 21 años antes de que Rajoy fuese investido presidente. Pero, como las cosas hay que hacerlas bien, no es sólo que Bárcenas apuntase su contabilidad inventada a lo largo de veinte años, no; ¡es que, además, intercaló algunos pagos reales a diversos cargos del PP, que ya han reconocido que los cobraron cuando Bárcenas indica en su contabilidad que cobraron!

Mientras tanto, Bárcenas se hacía pasar por un honrado gestor totalmente comprometido con el partido. Por eso, Rajoy le nombró tesorero poco después de vencer a sus críticos en el Congreso del PP de Valencia en 2008. E, incluso, cuando Bárcenas fue imputado en el caso Gürtel, puso la mano en el fuego por él. ¡Ah, si Rajoy hubiera sabido entonces que todos los movimientos de Bárcenas tenían por objeto perjudicarle!

Pero eso no fue todo: en su bondad, en su fidelidad a quien él creía su amigo, Rajoy continuó comunicándose con Bárcenas durante años, incluso después de que se descubrieran las cuentas de Bárcenas en Suiza (que seguro que consiguió Bárcenas por su cuenta, sin ninguna vinculación con el PP, a lo sumo extorsionando empresarios a espaldas del PP). Bárcenas le comentaba cosas un tanto peculiares en los mensajes, pidiéndole favores sin importancia aquí y allá, a lo que Rajoy contestaba con amabilidad. ¡Si él hubiera sabido que los urdidores de la conspiración utilizarían esos inocuos mensajes (“resiste”, “sé fuerte”, “hacemos lo que podemos”, …) en su contra!

Sin embargo, y ante los problemas judiciales de Bárcenas, el PP no tuvo más remedio que despedirle, en abril de 2010. Lo hizo utilizando una figura muy común en nuestro ordenamiento, la “indemnización en diferido” a lo largo de dos años, que casualmente finalizó justo el mismo día en que aparecieron publicadas unas fotocopias de sus apuntes contables falsos a El País. Bárcenas afirmó que no tenía nada que ver con esos papeles (con el objeto de despistar aún más al PP, que seguro que hasta el día de la publicación ni sospechaba que existían semejantes papeles), se sometió a la prueba caligráfica (no la pasó) y se fue a esquiar.

Al final, con todos los ases en la manga, Bárcenas hizo todo lo posible para que le metieran en la cárcel y, desde allí, hacer su última jugada contra el PP y Rajoy: desvelar todos estos “datos”, que hace unos meses eran fotocopias y ahora… bueno, son originales; ¿y qué? Utilizando sus conexiones con la oposición, con la prensa y con el ala del PP opuesta a Rajoy, así como con prácticamente todos los medios internacionales de referencia (las raíces de la conspiración son densas y profundas, como ocurriera con el 11M), estalló la bomba de los sobresueldos y la financiación ilegal del PP, que también puede ser, además, una bomba de adjudicaciones públicas a empresarios afines a cambio de donaciones.

Entonces fue cuando Rajoy reaccionó como lo haría cualquier inocente al que se le intentan imputar injustamente todo tipo de delitos o malas prácticas: se negó a comparecer en el Parlamento. Se negó a comparecer ante los medios. Pero, cuando tuvo que hacerlo, obligado por el maldito protocolo internacional, aprovechó la oportunidad para denunciar la conspiración, aunque para ello tuviera que someterse al juicio del diario más independiente e irreductible de todos: ABC, siempre dispuesto a hacerle incómodas preguntas al poder que el poder, previamente, le ha dictado a ABC. Rajoy, presidencial, leyó la respuesta espontánea con soltura.

Hay quien diría que, ante un asunto de aparente gravedad, en la que la verosimilitud de los hechos y las pruebas no depende sólo de estas, sino también de la reacción de los afectados, fue mucho más creíble la imagen que dio Dolores de Cospedal, quien al menos salió al paso de las acusaciones y trató de explicarse. Y que sacarse de la manga teorías de la conspiración, eludiendo cualquier explicación o responsabilidad en este asunto, sólo contribuirá a socavar más rápidamente al partido. Pero a eso sólo cabe responder que, si así se piensa, es que también se ha sido víctima de la conspiración contra el PP. Porque ya me dirán qué otra explicación posible hay para la impopularidad (en la calle y en las encuestas) del PP, con lo bien que lo están haciendo, en el caso Bárcenas y en la gestión del país.