En el segundo episodio de Isla de Campeonas nos acompaña Lucía Machado, una de las surfistas más importantes que ha dado Gran Canaria y una auténtica referencia del surf femenino a nivel internacional. Lucía repasa sus inicios en el surf, el camino hasta convertirse en campeona del mundo, y los retos que ha tenido que superar a lo largo de su carrera. En una conversación sincera y cercana, abordamos la perspectiva de género en el surf, comparando las dificultades y diferencias entre competir como surfista chica y como surfista chico dentro y fuera del agua. Además, este episodio está lleno de anécdotas divertidas, aprendizajes y reflexiones que inspiran, de la mano de una deportista que ha marcado historia y sigue abriendo camino a nuevas generaciones.

Isla de Campeonas es un videopodcast que nace para dar voz, espacio y visibilidad a las mujeres que han marcado el deporte desde la isla: campeonas, jugadoras, entrenadoras y gestoras que han cosechado grandes éxitos y han contribuido a proyectar su talento más allá de nuestras fronteras. Un espacio para conocer sus historias, su esfuerzo y el impacto que han tenido dentro y fuera de la cancha. En el programa de hoy nos acompaña Leonor Rodríguez, una de las mejores baloncestistas formadas en el Club Baloncesto Islas Canarias, con una brillante trayectoria en Estados Unidos, en ligas internacionales y con la selección española, con la que logró importantes medallas. En esta conversación descubrirás sus inicios, su experiencia en EE. UU., la decisión de retirarse para ser madre y la importancia de la formación como clave para afrontar con éxito la vida después del baloncesto.

Alexis traía un paquete extra de tabaco cuando sabía que me iba a sumar a la mesa. Yo me atribuía a mí misma - nadie más lo hacía - el hecho de ser una fumadora social y eso significaba no comprar, pero sí “coger prestado”. Para qué mentir, lo que yo hacía era robar cigarros y él, regalar. Luego se quejaba, con esa voz atronadora que no pasaba desapercibida. “Claro que traigo dos paquetes, porque esta cabrona me quita la mitad”, decía. ¿Qué podía hacer yo? La tarde estaba buena, la conversación siempre era interesante y la cerveza bajaba fácil. Y en algún punto de la mesa, Alexis me volvía a ofrecer un cigarro. 

Nunca se los devolví, igual que él nunca me los prestó. Sabía que me los estaba regalando. Pasaba como con los libros, que nunca prestaba, porque sabía que nunca retornarían al hogar. Por eso, Alexis y Thalía los regalaban. El primero que me llegó fue ‘La espuma de los días’, de Boris Vian; el último, ‘Bartleby, el escribiente’, de Herman Melville. Todavía sigo buscando el ejemplar firmado de ‘La ceguera del cangrejo’ que se perdió miserablemente en un ascensor. 

Ya no fumo, lo dejé cuando la pandemia impidió las conversaciones de sobremesa, y Thalía no me ha vuelto a regalar libros. El problema de tener una personalidad apabullante, es el hueco que uno deja en la mesa cuando no está. Y un año no es suficiente para que la pena se vaya, para que la ausencia no duela. Es que Alexis sigue muy presente. Y joder, no me malinterpreten, es genial. Porque muchísima gente le quería, porque las muestras de cariño no han dejado de aparecer y los premios y los honores y distinciones y los homenajes. Porque este escritor dejó una huella de tinta, risa, pensamiento y voz que a muchos se nos clavó en el corazón. Sin embargo, cada muestra de cariño tiene un doble filo, el que sirve de tirita y el que hace que los recuerdos duelan.

Y qué quieres que te diga, Alexis, a veces me gustaría que la gente te recordara con un poquito menos de ganas, especialmente por quien dejaste atrás. Porque eras todo luz, pero joder qué gran sombra dejaste. 

Así que me sumo a recordarte en este primer aniversario de tu marcha, pero no me sumo a llorarte, sino a celebrarte. Dejaré que resuene en mi cerebro esa risa tan característica tuya, que retumbaba mientras agarrabas una guitarra y te arrancabas con las campanas un dos tres, del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Pero sobre todo, con tu permiso me quedo aquí junto a esa otra sonrisa que estaba siempre a tu lado y que hoy es menos amplia, pero igual de brillante y bonita. Porque está bien recordar a quien se fue, pero mejor estar para quien se quedó. Un abrazo amigo.

La Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Gran Canaria ha hecho un llamamiento la mañana de este jueves a la ciudadanía, tanto trabajadora como estudiante, para secundar la manifestación que se celebrará el sábado, 17 de marzo, distintos puntos del territorio español.

“Sin la clase trabajadora y estudiantil no vamos a ganar esta lucha. Pedimos ayuda y colaboración, porque hablamos de los futuros pensionistas”, expuso el portavoz de la Plataforma grancanaria, Blas Padilla.

La convocatoria en defensa de las pensiones públicas y su revalorización tiene previsto desarrollarse en las siete islas canarias. Concretamente, partirá del Parque de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria a las 11:00 horas y de la Plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife a las 11:30 horas. Además, habrá concentraciones frente a la Delegación del Gobierno de La Palma a las 11.00 horas; En la plaza de la Iglesia de Lanzarote a las 12:00 y de Fuerteventura a las 11:30; y en La Gomera (11:00) y El Hierro (12:00).

Padilla afirmó en una rueda de prensa celebrada este jueves en la capital grancanaria que “2019 va a ser el peor año para los futuro pensionistas”.

Sobre la protesta prevista para el sábado, explica que se ha cocido a fuego lento, tal y como aprendieron a hacerlo quienes consiguieron arrancar los derechos que hoy gozan todos los españoles. Sin embargo, Padilla lamenta “estamos volviendo hacia atrás a marchas forzadas”.

La última de las cartas enviadas por el Gobierno central anunciando la exigua subida del 0,25% de las pensiones supuso el detonante que hizo público un descontento que lleva años germinándose. “Las manifestaciones no se hacen a base de pitos”, explicó Padilla, quien recuerda que “primero tuvimos que construir músculo”.

Un movimiento trabajado a base de ir a hablar con colectivos y las comunidades de vecinos, a veces con muy poco éxito de asistencia, pero “no desistimos”. “Se trata de volver a aquellos años, no con nostalgia y venganza, sino con la consciencia de volver a las calle”, insistió.

La pasada convocatoria de febrero fue una primera muestra de fuerza poco esperada que reunió, según la Delegación del Gobierno, a 600 personas en Santa Cruz de Tenerife y a unas 1.800 en Las Palmas de Gran Canaria. Según los convocantes, la Policía Local elevó esa cifra a 3.000 en esta última ciudad capitalina.

Respecto a las promesas que hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el miércoles en el Congreso, referentes a un aumento de las pensiones más bajas si salen adelante sus Presupuestos, señaló que se trata de una medida insuficiente. Además de tachar la jornada de “electoralista”, Padilla dijo que “ninguna pensión puede estar por debajo de los 1.080 euros, como refleja la Carta Social Europea, porque sino, no se puede vivir”.

Más allá de una revalorización ligada al IPC, la Plataforma pide a su vez la derogación de las dos últimas reformas electorales.

Respecto a los fondos para sufragar el aumento de las pensiones, señala los 45.000 millones de euros del rescate bancario que faltan por ingresar y los millones de euros que se destinarán al rescate de las autopistas de peaje quebradas. “Actualmente no creemos en las instituciones, porque lo hemos perdido todo”, apostilló Padilla.

El Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo ha informado de que la Justicia ha vuelto a dar la razón a los vecinos de la localidad majorera, al considerar que la familia Calero Santana es la legítima propietaria de la emblemática Casa de la Partera, ubicada en el número 25 de la calle La Iglesia. 

La plataforma, premio del Cabildo de Fuerteventura al Mérito Social en 2006, se conformó para hacer frente a lo que en su momento definió como una trama urbanística, centrada en vender las viviendas a sociedades y a particulares, a sabiendas de que los legítimos propietarios de ellas eran los “viejitos”. 

Según señala el Comité de Afectados en un comunicado, con la del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Puerto del Rosario, ya son 114 las resoluciones judiciales favorables a los vecinos del pueblo marinero. En la Casa de la Partera, recuerda, residió María Santana Figueroa, quien colaboró y participó en el nacimiento de muchos de los habitantes de Corralejo. En el expediente judicial consta que la posesión del domicilio quedó acreditado desde hace un siglo, concretamente, en 1918.

De hecho, el Ayuntamiento de La Oliva rindió hace décadas un homenaje a la ya fallecida dando su nombre a una de las calles del pueblo y situando en la fachada de la vivienda una placa que reza “en esta casa vivió doña María Santana Figueroa a quien las madres e hijos de Corralejo agradecen su ayuda, atención y cariño en ese momento tan hermoso como es el alumbramiento de un recién nacido por lo que merecería el título de madre de Corralejo”.

Sin embargo, en el año 2009 el administrador único de la mercantil Delval Internacional, José Manuel Jiménez del Valle – como lo había hecho con otras 65 propiedades – solicitó al Ayuntamiento la licencia de segregación de la susodicha casa “como si de un solar se tratase y como si fuere suya”.

Una licencia que obtuvo por silencio administrativo, al no ser contestada en tiempo por el Consistorio. La plataforma recuerda que Jiménez del Valle aprovechó ese momento para inscribir la vivienda en el Registro de la Propiedad a nombre de una de sus empresas, “a espaldas, claro está, de sus legítimos propietarios, para posteriormente, con el objeto de perjudicar a éstos, ofrecer la misma en garantía para la concesión de un préstamo a una tercera entidad”. En concreto Ejercicio y Deportes S.L. administrada por el empresario madrileño Ángel López Sánchez - que el Comité de Afectados sitúa en paradero desconocido – y dedicada a la explotación de un gimnasio de Madrid.

La Caja de Ahorros de Galicia otorgó entonces un préstamo de 184.000 euros que “como ya ha sucedido con otras casas también hipotecadas, se dejó de pagar y el banco se la quedó”.

“Dicha operación urbanística de la que el señor Del Valle no sabe precisar si obtuvo algún rendimiento económico, fue realizada con posterioridad a la denuncia que interpusieron los vecinos de Corralejo ante la Fiscalía Anticorrupción, ante el Fiscal Jefe Provincial y ante los Juzgados del Puerto del Rosario el pasado 6 de marzo del 2009”, apostilla el Comité de Afectados.

Mala fe

El juez considera ahora que Jiménez del Valle y la Caja de Ahorros de Galicia “no actuaron de buena fe” en la operación comercial llevada a cabo con el inmueble al tener pleno conocimiento de que la propiedad de la familia Calero Morera, al igual que otras muchas dentro del casco histórico de Corralejo, tenía dueño “y así todo la hipotecó como si fuera suya”.

Sobre la entidad bancaria, resume que la sentencia recoge que “tenía sucursal en Corralejo, debiendo por tanto sus empleados conocer la situación que se estaba produciendo en la localidad con las casas situadas en el Casco Viejo”. Otro dato relevante se refiere a que en la escritura de constitución de la hipoteca, de fecha 31 de junio de 2010 y aportada a las actuaciones, se recoge que “los comparecientes no pueden acreditar la referencia catastral recogida en la escritura; bastaba pedir la certificación catastral de la finca objeto del presente procedimiento, para comprobar que el titular catastral de la misma era Manuel Calero Santana”.

El juez no considera al banco como tercero de buena fe y acuerda anular la hipoteca concertada con la entidad, así como la inscripción hecha en el Registro de Propiedad.

El Comité de Afectados recuerda que el Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, tras haberle tomado en su día declaración a Jiménez del Valle, le imputó un delito de estafa continuado. “Los hechos denunciados tras la instrucción llevada por el Juzgado han sido calificados como delito de estafa, por lo que se ha presentado escrito de acusación por el pueblo entero de Corralejo pidiéndole nueve años de cárcel”, concluye.

Apenas cuatro líneas escritas, centradas en echar balones fuera, conforman la respuesta del Gobierno de España a una pregunta presentada en el Senado por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, que cuestionaba los motivos por los que un acto oficial de la Guardia Civil celebrado en La Laguna contó un sacerdote que se dedicó a rociar agua bendita sobre unas motos nuevas.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunció públicamente el espectáculo que tuvo lugar el pasado 23 de enero en el acto de presentación de las motocicletas, que venían a sustituir una serie de vehículos con más de 15 años de antigüedad que ya habían sido catalogados como históricos.

El sindicato expresó entonces con ironía a través de un comunicado que el bendito líquido les ayudaría “no sólo contra los enemigos del alma, mundo, demonios y carne, sino también frente a delincuentes e infractores, tanto creyentes como agnósticos, ateos o ciudadanos que profesen cualquier otro credo”.

Para la AUGC, el gesto supone una muestra más del “apego al más rancio boato” que caracteriza a la Benemérita. No se explica el sindicato que “en pleno siglo XXI” se lleve a cabo un acto propio de los tiempos del NODO y hace hincapié en que algunos agentes querecibieron “esta católica gracia” eran “fieles de otra religión”.

Esta queja hizo que el senador de Podemos-En Comú Podem- En Marea Joan Comorera presentara una pregunta en el Senado en la que cuestionó al Gobierno central si “este tipo de actos en el siglo XXI garantizan adecuadamente la aconfesionalidad del Estado prevista en el artículo 16.3 de la Constitución”. “¿Se preguntó a los agentes de la Guardia Civil que fueron rociados con agua bendita si querían participar voluntariamente en el acto?”, apostilló.

La respuesta emitida el 8 de marzo por la institución gobernada por el Partido Popular (PP) resume que el Ministerio del Interior “es plenamente respetuoso con el artículo 16 de la Constitución, y respeta las decisiones que toman los diferentes cuerpos policiales sean de carácter laico o religioso, y que no tiene constancia de que se haya producido ningún conflicto o controversia al respecto”.

Comorera desconoce qué entiende el Gobierno por conflicto, teniendo en cuenta que el sindicato hizo pública su queja a través de un comunicado. “Yo entiendo que si una de las asociaciones de la Guardia Civil más importantes que hay y que más afiliados tiene dice eso, será por algo. Al menos en mi opinión, hay que considerarlo como una queja, será que para el Gobierno no lo es”, sostiene.

Para el senador, el acto celebrado en La Laguna incumple la Constitución en cuanto a la acofensionalidad del Estado se refiere. Entiende que los cuerpos de seguridad no pueden seguir practicando este tipo de rituales, que considera contrarios a la neutralidad religiosa que debería de exigirse a cualquier organismo o institución dependiente del Ejecutivo central.

Además, manifiesta que la Benemérita “lo que necesita son medios humanos y materiales, no agua bendita”.

Aunque cree que habría que revisar la relación Estado-Iglesia, recuerda que la Comisión Constitucional del Senado rechazó en enero una moción de su grupo que instaba al Gobierno a eliminar el crucifijo y la Biblia de la toma de posesión del presidente y los ministros. Todos los presentes (PSOE, Grupo Mixto y Esquerra Republicana) votaron a favor, excepto el PP.

Comorera dice estar acostumbrado a que las respuestas del Gobierno ocupen dos líneas y no digan “prácticamente nada”, especialmente en todo lo que se refiere a la Iglesia.

Respecto al acto de La Laguna, AUGC duda de que se haya abierto un proceso de información reservada para depurar responsabilidades como exigía en su comunicado, puesto que la iniciativa partió de un alto mando de la Guardia Civil en el Archipiélago.

Al cuartel de La Laguna acudió también la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, quien dijo en su momento que la iniciativa no le producía “urticaria”. Sin embargo, la ceremonia religiosa no tuvo lugar un día después en la Comandancia de Las Palmas.

La jornada de huelga con motivo del Día Internacional de la Mujer empezó este jueves en el Parque de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria con un bicipiquete que recorrió las calles de la ciudad capitalina a grito de qué viva la lucha de las mujeres. Mientras tanto, una sesión de Yoga tenía lugar en la zona de La Puntilla de la Playa de las Canteras, cerca del stand donde la Asociación de Mujeres Zuleima había colocado una serie de carteles para hacer visible la relevancia del trabajo de las canarias.

A la hora del almuerzo, decenas de jóvenes y mayores se acercaron al Parque de San Telmo, como antesala de lo que sucedería horas después. Una manifestación multitudinaria exigía a gritos igualdad a las 19.00 horas. Mujeres, hombres, padres, hermanas, madres... salieron a la calle para plantarle cara al machismo, al patriarcado, al pasado que no termina de pasar, por un motivo claro: por ellas.

A la cuarta no ha ido la vencida. Las candidatas de Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSOE) al Consejo Rector de la Radio Televisión Canaria (RTVC), Marta Cantero y Carmen Zamora, respectivamente, no han obtenido este martes los 36 votos necesarios del Parlamento para entrar a formar parte del ente público.

Lejos de lo esperado, ambas obtuvieron 35 apoyos, 16 abstenciones, un voto nulo, tres en blanco y cuatro en contra.

Se trata de la cuarta y última votación que lleva a cabo la Cámara al respecto, desde que en noviembre del pasado año ambas candidatas pasaran el filtro de idoneidad de la comisión de control de la RTVC gracias al apoyo de CC, el PSOE y Agrupación Socialista Gomera (ASG).

Este apoyo fue insufiente en las primeras sesiones parlamentarias en las que se convocó la votación, debido a que los diputados de los anteriores partidos no sumaban los 40 necesarios para que saliera adelante la propuesta. La sorpresa vino con la tercera cita, que fue retrasada en varias ocasiones para que todos los representantes políticos ocuparan sus asientos en el pleno, porque de faltar uno - como ocurrió con la presidenta del Cabildo Herreño Belén Allende - no salían las cuentas.

Sin embargo, a falta de un único voto que fue tildado por CC como un “error”, las papeletas favorables no sumaron los apoyos necesarios. Y es que en la anterior ocasión, el Parlamento rechazó los nombramientos de Zamora y Cantero con cinco votos negativos, tres en blanco, 16 abstenciones y 35 a favor. Al ser el voto secreto, se desconoce qué diputado cometió el “error”.

Por lo tanto, la única diferencia de ésta y la anterior ocasión radica en el voto nulo registrado este martes. Según ha podido saber Canarias Ahora, varias papeletas de CC  - a falta de saber si fueron todas - mostraban una marca hecha por un rotulador a modo identificativo.

La oposición en el Parlamento de Canarias ha abogado desde julio de este año por cesar al actual presidente de RTVC, Santiago Negrín, por su gestión del ente público. Sin embargo, el PSOE ha frenado esta opción defendiendo que primero era necesario cubrir las vacantes del Consejo Rector.

Dos plazas que no han sido cubiertas todavía y que ya este marzo contaban con poco margen de maniobra para adoptar las medidas y decisiones que requiere el ente público, puesto que su mandato hubiera concluído en abril. Esto hubiera significado que tanto Cantero como Zamora hubieran estado sólo un mes como vocales.

Según la ley de RTVC, los proponentes tendrán que presentar otra propuesta en la que al menos la mitad de los candidatos sean distintos, es decir, al menos tendrían que proponer un candidato diferente a las dos que hay actualmente. Lo que significa para los grupos parlamentarios volver a empezar con el proceso.

Las pretensiones esbozadas por el secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, caen así en saco roto, por lo que Negrín culminará previsiblemente su polémico mandato de tres años, en los que destaca un concurso de informativos que ha sido recurrido ante la Justicia, y la prórroga del contrato con el proveedor de señal para la radio y la televisión a pesar de que ya se había concedido otra en julio de 2017.

Tras la decisión del pleno del Parlamento, el portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo, aseguró en declaraciones recogidas por Efe que si estuviera en el lugar de las afectadas abandonaría, y criticó que a veces se juega con la profesionalidad de las personas.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, dijo que se ha dado un mal trato innecesario “a magníficas profesionales”, y el presidente del grupo Popular, Asier Antona, lamentó lo ocurrido.

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) se ha reunido para unificar doctrina y, de paso, modernizar los criterios que ayuden a detectar al denominado “falso autónomo” en las empresas. Es decir, aquel trabajador que hace lo mismo que el personal legalmente contratado, pero cobrando menos y sin contar con derechos como el finiquito o la cotización a la Seguridad Social, lo que supone que no pueda acogerse a la prestación por desempleo. Gastos que, por el contrario, se ahorra la empresa.

Tanto la sentencia hecha pública el 24 de enero del presente año, como una posterior fechada el 8 de febrero, radica en la demanda interpuesta por cuatro hombres que trabajaban como autónomos para la conocida empresa de instalación y mantenimiento de ascensores Zardoya Otis S.A., tras ser despedidos en Las Palmas de Gran Canaria.

Los casos de dos de ellos llegaron por separado al Supremo, que profundizó en la línea divisoria que separa el trabajo de un asalariado del de un autónomo, para terminar dándole la razón a los trabajadores. Y es que, aunque en uno de los casos retrotrae las actuaciones a la primera instancia, en otro declara nulo el “despido” y obliga a la empresa a readmitir al empleado, al que deberá abonar los salarios que dejó de percibir durante los años que duró el proceso.

Los cuatro técnicos estaban dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y llevaban años prestando servicio en exclusiva a Zardoya Otis S.A., percibiendo sus retribuciones a través de facturas. Sin embargo, en el año 2013 un supervisor de montaje les hizo saber que debido al descenso del volumen de trabajo, sus servicios no serían requeridos.

Al no llegar a acuerdo y considerar que desarrollaban las mismas funciones que un oficial de segunda, cuyo salario asciende a los 2.100 euros brutos por convenio colectivo, presentaron una reclamación de derechos ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC). Esto provocó automáticamente que la empresa no volviera a ponerse en contacto con ellos. Es decir, un despido sin indemnización. Posteriormente, cada uno de los implicados llevó su caso ante la Justicia y, aunque en primera instancia se desestimara su demanda al considerar que la vía a utilizar era la de lo Civil y no la de lo Social, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio la razón a los trabajadores.

Los casos de dos de ellos son los que llegaron al Supremo, después de que Zardoya Otis S.A. recurriera solicitando la unificación de doctrina, alegando que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictaba lo contrario a lo sentenciado por el Tribunal canario en una situación semejante. Ahora, el Pleno de la Sala de lo Social del TS ratifica las conclusiones del TSJC y tumba las pretensiones de la empresa. 

Lugar de trabajo, plazos, retribución y dependencia

No es la primera vez que este tipo de casos provocan quebraderos de cabeza en la jurisdicción de lo Social, porque “la línea divisoria entre el contrato de trabajo y otros vínculos de naturaleza análoga (particularmente la ejecución de obra y el arrendamiento de servicios) regulados por la legislación civil o mercantil, no aparece nítida ni en la doctrina, ni en la legislación, y ni siquiera en la realidad social”, señala el TS en su sentencia. 

Esto ha llevado al Pleno de la Sala de lo Social del Supremo a unificar criterios que parten de una base fundamental: la naturaleza del contrato. Por mucho que el documento firmado por ambas partes pueda poner lo contrario de forma errónea o interesada “la realidad fáctica debe prevalecer”.

Es decir, que por mucho que se haya firmado un contrato civil por prestación de servicios (autónomo), si la relación es laboral, ésta prevalece “independientemente de la calificación jurídica que le den las partes”.

La diferencia entre ambos contratos radica en que el primero se limita a la práctica de actos concretos, sin sujeción a ninguna jornada, vacaciones y órdenes, con lo que se asume el riesgo empresarial de la actividad. Por el contrario, en los contratos laborales concurren los supuestos de ajenidad y dependencia.

En el caso de dos técnicos de ascensor se cumplieron dos requisitos esenciales que desvelaron que eran falsos autónomos:

Para diferenciar estos casos del autónomo económicamente dependiente, se refiere el Supremo a que el legislador “ha despejado posibles dudas”. Éste debe ser una persona física que realice “de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena”.

Para el abogado de los afectados, Alejandro Pérez, que el Supremo profundice en los elementos definitorios de la relación laboral sienta un precedente y “da luz a los trabajadores”.

Pérez lamenta que haya empresas que se dediquen a cubrir las jubilaciones con este tipo de contratos, que encubren jornadas laborales de 13 horas y retribuciones de “miseria”. Asimismo, advierte de que se trata de un fraude a la Seguridad Social.

El abogado explica que, de los cuatro trabajadores, dos ya cuentan con las sentencias del Supremo, mientras que un tercero está pendiente del dictamen del Alto Tribunal y un cuarto ha negociado el despido improcedente con la compañía.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado la apertura de juicio oral contra un médico del Servicio Canario de Salud (SCS) por delitos contra la intimidad y falsificación documental cometidos contra su exmujer en pleno proceso de divorcio. El Ministerio Fiscal interesa para el acusado una pena de seis años de prisión, que la acusación particular incrementa en un año con una indemnización de 200.000 euros.

La Audiencia Provincial será el órgano competente para juzgar este caso, que se abrió a partir de la denuncia que interpuso la exesposa del investigado argumentando que éste había accedido en repetidas ocasiones a su historial clínico durante su separación y le había añadido un diagnóstico falso para usarlo en su propio beneficio durante el proceso de divorcio.

En concreto, el médico añadió las patologías de trastorno histriónico y trastorno esquizoide de personalidad, trastorno depresivo crónico y personalidad narcisista.

Algo que hizo, según se desprende del escrito de calificación de la Fiscalía, a pesar de que la afectada no era su paciente y “con la finalidad de alterar ilícitamente la historia clínica” de su exesposa, para “hacer uso de la misma con un contenido que le resultase favorable en su conflicto con ella respecto a la guarda y custodia de su hija común”.

“Y así el acusado, a finales de 2015, en el procedimiento de divorcio contencioso del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria aportó la Historia Clínica [de su cónyuge], su contraparte en dicho procedimiento, en la cual constaban, junto a los diagnósticos verdaderos de la misma, los datos añadidos subrepticiamente por parte del acusado”, apostilla el Ministerio Público.

El acusado es un médico de familia del Centro de Salud de Shamann, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, que no resulta desconocido en las esferas políticas de la Isla. De hecho, Sergio Hernández se presentó en 2011 como número tres en la lista de Compromiso por Gran Canaria al Ayuntamiento capitalino, del que se quedó fuera al conseguir el partido solo dos actas de concejal.

En su presentación oficial, el partido hizo un recorrido sobre su vida laboral en la que destacó cargos como el de director Territorial de Salud entre 1993 y 1996; vocal de la Dirección General de Salud Pública, vocal de los Tribunales Calificadores de Pruebas selectivas de acceso a bomberos y Policía Local en el Consistorio de la capital grancanaria y médico colaborador del Primer Plan de Salud de Canarias.

La Fiscalía pide para el acusado seis años de prisión, inhabilitación absoluta durante 10 años, multa de 20 meses con una cuota diaria de 18 euros, inhabilitación especial para empleo y cargo público de médico, profesión y oficio sanitario durante seis años, así como inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo espacio temporal.

La acusación particular interesa, por su parte, siete años de cárcel, con inhabilitación absoluta durante 12 años y una indemnización de 200.000 euros para la exmujer por daños morales y perjuicios.

Sergio Hernández demandó a Canarias Ahora en 2017 por la publicación de dos noticias en las que se informaba del caso. Pidió 30.000 euros de indemnización por una supuesta vulneración en su derecho al honor, pero la jueza de Primera Instancia 4 de Las Palmas de Gran Canaria desestimó la demanda y lo condenó al pago de las costas procesales. El demandante tiene recurrida la sentencia ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Una fuga de gas provocó el 23 de noviembre de 2011 una explosión en el spa del hotel Cordial Mogán Playa, ubicado en el sur de Gran Canaria, que se cobró la vida de dos personas, hirió de gravedad a otras cuatro -que llegaron  a sufrir quemaduras en el 50% de su cuerpo, pérdida de visión o audición- y levemente a una quinta, destrozó parte de la instalación, causó daños a varios vehículos que se encontraban aparcados en las inmediaciones e hizo que un millar de turistas tuvieran que ser evacuados. 

Tras siete años de investigación en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, pasar por las manos de más de tres jueces distintos y llegar los principales afectados a un acuerdo con las aseguradoras, la causa penal encargada de dirimir responsabilidades se desinfló y concluyó con un procedimiento abreviado celebrado en un solo día. 

Finalmente, ni el hotel, ni la empresa suministradora Disa, ni mucho menos el Gobierno canario han sido señalados como responsables del suceso, originado por una instalación chapucera que no cumplía los controles mínimos exigidos antes de que estallara. Informes periciales concluyeron que el proyecto inicial de la tubería de 45 metros que conectaba con el depósito, ubicada bajo una zona ajardinada, contenía múltiples errores y que fue instalada sin la obligada protección, exigida en todas las canalizaciones de acero enterradas. 

El caso se ha saldado con dos únicos condenados por los delitos de homicidio y lesiones cometidos por imprudencia grave, cuya pena de siete meses y quince días de prisión se conmutó por solo 3.600 euros de multa.  

Durante cinco años, el caso quedó empantanado con más de 15 denunciantes y ningún investigado, mientras los implicados negociaban sus indemnizaciones. Apenas cinco días después de que Canarias Ahora diera a conocer esta situación, una providencia judicial mostró la decisión de unos 22 afectados de apartarse del procedimiento y renunciar al ejercicio de acciones penales y civiles, junto con Axa Seguros Generales. 

Es decir, que tras llegar a un acuerdo monetario se retiraron del proceso la totalidad de los personados, quedando solo como acusación la Fiscalía y la Asociación Canaria de Instaladores de Gas (Aceingas). 

Figuraban todavía en el caso Pelayo Mutua de Seguros y Ges Seguros S.A., que posteriormente desaparecieron. Poco ha trascendido del acuerdo extrajudicial al que llegaron los implicados, pero provocó que en 2017 quedaran ya reflejados en los autos judiciales unos diez imputados, la mayoría trabajadores de la instaladora Injar S.A., además del que fuera director gerente de Disa, Miguel Benarroch.

Sin embargo, en junio de ese mismo año el juez Juan Alejandro Vallino sobreseyó las actuaciones para la mayor parte de los investigados al no apreciar indicios de criminalidad en sus actuaciones y mantuvo como principales acusados al conductor del camión cisterna encargado de la descarga del combustible; al ingeniero y director del proyecto de las instalaciones de gas del hotel Cordial, Elías Casañas, y al responsable del mantenimiento de las mismas, Domingo Medina, empleado de la mercantil Injar S.A. 

La Fiscalía interesó entonces la apertura de juicio oral ante el juzgado de lo penal para que se dirimieran los ilícitos cometidos por los tres implicados mencionados. Un escrito al que se sumó Aceingas en un principio, lo que provocó la ruptura de la asociación con el que fuera su abogado, Francisco Palero, al considerar que había actuado por iniciativa propia y sin consultar a su cliente. 

La asociación trató de corregir su escrito y señaló a la Dirección General de Industria y Energía, que detectó defectos en la instalación que se alargaron de 2004 a 2008 y no se subsanaron, pero permitió que siguiera operando. También señaló a Disa Gas SAU y Disa Gestión Logística S.A., por “llevar a cabo descargas de productos líquidos en instalaciones con defectos graves y modificaciones sin justificar”. 

Sin embargo, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, solo dos acusados fueron condenados tras aceptar su culpa en un procedimiento abreviado que fue celebrado y sentenciado por el Juzgado de lo Penal Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria el 20 de octubre de pasado año.

Sin protección frente a la corrosión ni mantenimiento

Según se desprende de la sentencia, el juez Francisco Luis Liñán consideró probado que el ingeniero director de obra y proyectista de las instalaciones de gas del hotel Cordial, Elías Casañas, no adoptó la diligencia debida para “establecer la eficaz y debida protección contra la corrosión de la tubería de carga al depósito aéreo de gas del hotel, al privarla del revestimiento exterior y complementario sistema de protección catódica exigidos normativamente, lo que, consecuentemente, implicaba que admitía que la misma se pudiese efectivamente corromper por agentes externos”. 

Asimismo, declara probado que el responsable del servicio de mantenimiento, que el Hotel encargó a la empresa Injar S.A. , Domingo Medina, “no adoptó la diligencia debida” para llevar a cabo el necesario control de la tubería y su protección. 

Por lo tanto, consideró el magistrado a ambos como únicos responsables de los defectos de la instalación, consistentes en la falta de mantenimiento y de protección frente a la corrosión. Los atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas fueron tenidos en cuenta sobre las condenas por dos delitos de homicidio y cuatro de lesiones cometidos por imprudencia grave. 

Asimismo, admitió que las penas de siete meses y quince días de prisión se conmutaran por quince meses de multa con una cuota diaria de ocho euros. Es decir, unos 3.600 euros. El juez dictó la sentencia de conformidad con la acusación y, al manifestar las partes su intención de no recurrir la misma, fue declarada firme.

Un solo técnico para la descarga

Aceingas es la organización que más beligerante se ha mostrado a lo largo del recorrido judicial del caso y ha alertado de diversas situaciones que se dieron en la descarga de gas del 23 de noviembre de 2011. Entre estas se encuentra que la descarga se produjo por un único operador, el conductor del camión cisterna, que se encontraba a un lado de la tubería de 45 metros que conectaba con el depósito, con la única ayuda de un aparato de telemetría. 

Según informes que obran en el caso, el aparato que funcionó la mañana del 23 de noviembre de 2011 no servía para detectar fugas o las oscilaciones bruscas del manómetro situado en la entrada del depósito –como sí lo hacía el asistente de descarga– ni disponía de un sistema automático de parada o corte en caso de pérdida. Tampoco comprobaba si el combustible descargado del camión era el mismo que entraba en el depósito. 

Hace años que el hotel Cordial Mogán Playa cambió su instalación de gas por una caldera de biomasa.

Si algo tiene claro Carla García es que lo suyo es la informática. A sus 17 años, la joven grancanaria ha obtenido el Premio Nacional de la Juventud de 2017 en la categoría de voluntariado y también ha sido una de las ganadoras del XXX Certamen de Jóvenes Investigadores celebrado recientemente en Málaga, por dos proyectos distintos que la han llevado desde el Archipiélago hasta Camboya.

El primero de los proyectos lo hizo con 16 años y consistió en generar una aplicación a la que pueden acceder 10.000 trabajadores y asociados de una ONG, mientras que para el segundo desarrolló un código basado en algoritmos genéticos que es capaz de generar la ruta más corta entre los miradores de Gran Canaria, aunque también resulta útil en otros procesos de optimización. Una ecuación que se acerca a la inteligencia artificial y que “es algo que ahora me está interesando, además de la eficiencia de los algoritmos”.

“Siempre que hemos tenido en casa un ordenador he ido a por él”, afirma sentada en una cafetería de Las Palmas de Gran Canaria que le queda al lado del instituto bilingüe al que acude. Sus planes pasan en la actualidad por centrarse en sus estudios, acabar el Bachillerato y comenzar una carrera fuera de España, previsiblemente en un país de habla inglesa.

Uno de los principales motivos por los que se plantea coger las maletas se centra en la motivación de los docentes por la asignatura que imparten y en los niveles asentamiento de empresas de desarrollo tecnológico existentes en el extranjero. Aunque valora especialmente el Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas (IUCTC) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) –donde aprendió a crear aplicaciones- y cree que en Barcelona se trabaja con tecnología puntera.

Su objetivo es claro: “intentar utilizar lo aprendido para desarrollar cosas que cambien el mundo”. De este modo surgió la aplicación que creó para su voluntariado en Camboya.

Recuerda que al ver que se aproximaba el verano, sintió la necesidad de emplear su tiempo en hacer algo útil, por lo que se puso en contacto con un intermediario que la conectó con la ONG internacional Idea, cuya misión se centra en “respaldar el cambio democrático sostenible”.

Una vez en Camboya le pidieron que hiciera una base de datos, a lo que ella respondió que además podía centralizar toda la información de la organización en una aplicación que facilitara el trabajo. “Fue muy gracioso, porque me dijeron que se la enseñara al día siguiente, cuando este tipo de aplicaciones tardas mucho más en llevarlas a cabo. Ahí es cuando te das cuenta de que no saben de lo que estás hablando”, señala.

Aunque el voluntariado que se centra en el trato directo con las personas resulta más conocido, la joven grancanaria cree que existe un campo muy amplio por desarrollar entre las nuevas tecnologías y su capacidad de ayudar a quienes más lo necesitan. De hecho, asegura que “lo que más me gusta de lo que hice es que es algo útil, algo que no solo va a ayudar a una persona, sino a los trabajadores que ayudan a esas familias”.

“Había gente que iba a cuidar niños y estaba más tiempo de lo que yo estuve. Creo que es algo útil, pero a corto plazo, porque esos niños van a crecer y se van a ir. Esos cuidados impactan al niño, pero no van a cambiar la sociedad del país”, sostiene.

Tras su experiencia, considera que a las ONG les queda mucho por caminar en esta materia, que avanza a pasos agigantados en países desarrollados, haciendo que la brecha entre ambos mundos sea aún mayor.

Sobre el programa que desarrolló para los miradores, afirma que la ruta ya está creada, pero de momento ninguna administración o entidad se ha puesto en contacto con ella para interesarse por su explotación.

El máximo representante del Consulado Honorario de la Federación de Rusia en Canarias, ubicado en la calle Franchy Roca de Las Palmas de Gran Canaria, Gonzalo Parada, pasará este viernes a disposición judicial por presuntos malos tratos cometidos contra su expareja.

Según ha podido saber Canarias Ahora, la afectada interpuso el miércoles la denuncia por violencia de género ante la Policía Nacional y este jueves Parada salió por su propio pie del Consulado y acudió a las dependencias policiales, donde fue interrogado por los agentes.

Posteriormente quedó en libertad, a la espera de comparecer en el juicio rápido que se celebrará en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de la capital grancanaria.

Al mismo lugar acudirá a declarar la presunta víctima, que mantuvo una relación durante más de una década con el acusado, con el que tiene un hijo en común. A pesar de que la relación terminó hace años, ambos se veían diariamente en el trabajo. 

La presunta víctima asegura en su denuncia que la actitud del cónsul se ha visto recrudecida en los últimos meses y que recientemente le espetó antes de dar un portazo: “Eres una inútil, no sirves para nada, te puedo echar cuando quiera. Si quiero, nunca trabajas aquí, no tienes cerebro para nada”.

Además de señalar que se implantaron cámaras en la oficina apuntando a su mesa, recordó un episodio que al parecer ocurrió en el mes de noviembre, en el que se abalanzó sobre ella cerrando el puño e intentó golpearla sin éxito. “Con quién has estado [...] eres unta puta y follas con todo el mundo, sea mujer u hombre”, son algunos de los insultos que aseguró haber recibido. 

Cabe la posibilidad de que la jueza interponga una orden de alejamiento a Parada, lo que implicaría que no podría pisar el Consulado, ya que la denunciante trabaja en el mismo lugar. 

El primer Congreso de Energía Eólica de Canarias celebrado este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria ha demostrado el poder de convocatoria que tienen las fuentes renovables en el Archipiélago, pese a su todavía escasa penetración en el sistema eléctrico. Solo un 7,7% del consumo provino de fuentes limpias en 2017.

La apuesta de las distintas instituciones por que las islas dejen paulatinamente de nutrirse de centrales que usan combustibles fósiles y contaminantes es clara y en palabras del presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), Rafael Martell, así lo demuestra la presencia en el acto de la delegada del Gobierno, Mercedes Roldós; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo. Un interés al que se suma el de las grandes eléctricas, que han apostado por el mercado de los parques eólicos.

La temática del encuentro derivó en que se hablara del modelo energético eficiente, barato y poco contaminante al que debe aspirar el Archipiélago, actualmente alejado de la línea de meta. Esto terminó poniendo sobre la mesa la materia que enfrenta al Ejecutivo regional gobernado en minoría por Coalición Canaria (CC) con el Cabildo de la isla redonda, encabezado por Nueva Canarias (NC): el gas.

Ambos partidos nacionalistas, fundamentales para el Partido Popular (PP) en la aprobación de los Presupuestos nacionales, protagonizan un debate en materia energética que se ha trasladado al acto de apertura del Congreso Eólico. Una disputa que se ha vuelto más agria después de que la compañía Redexis anunciara que el Banco Europeo de Inversiones le ha concedido un préstamo de 125 millones de euros y que su intención es utilizar la mayoría de esos fondos en la instalación de la canalización del aire propanado en Canarias.

Concretamente, ha solicitado levantar las aceras de ocho municipios: Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, La Laguna, Arona, Granadilla de Abona y Agüimes.

Si hubo alguien que no desperdició la oportunidad de hacer una férrea defensa de las renovables desmontando la introducción del gas, ese fue Antonio Morales. Frente a los silenciosos rostros del presidente del Gobierno regional y del consejero de Economía, descargó una retahíla de conclusiones, hechos, informes de empresas, de bancos y universidades, declaraciones de entendidos en la materia e intenciones gubernamentales de países como Holanda y Noruega de suprimir este tipo de canalizaciones, para argumentar su rechazo a la introducción de este combustible en el Archipiélago.

Morales lamentó que “aquí nos encanta remar contra corriente” y rechazó la definición del gas natural como combustible de transición, para tacharlo de “callejón sin salida costoso” que “viene para quedarse”. Asimismo, aprovechó su intervención para lanzar un mensaje claro a Clavijo: Gran Canaria tiene un plan energético alternativo, relacionado con eficiencia, autoconsumo, geotermia y otro tipo de fuentes limpias.

Tras breves aplausos de cordialidad, Clavijo se subió a la tribuna para ironizar con que no hablaría de lo que hacen otras administraciones y sí de los “hechos” que ha acometido el Gobierno regional, como el desbloqueo de la eólica. El presidente canario prefirió no responder en la tribuna a la lista de argumentos esgrimidos por Morales y se centró en afirmar que se trabajará para solucionar las afecciones que sufren ciertos parques inscritos en el cupo.

Libre mercado o aval político

Sí que habló algo más tras ser preguntado por el asunto minutos antes de que diera comienzo el acto, cuando comentó que no existe enfrentamiento alguno con el Cabildo grancanario y resumió que el mercado se encuentra liberalizado y cada administración ejerce sus competencias. Para Clavijo la premisa resulta tan simple como que una empresa pide autorización y se inicia el proceso para darle o no viabilidad.

No opinó así Morales, quien señaló que es el Gobierno el que ha provocado un efecto llamada para que una empresa se interese en instalar la canalización del aire propanado en las islas, porque es el Ejecutivo el que “está empeñado en la introducción del gas” y “está avalando políticamente” la propuesta de Redexis. Aval que negó Clavijo, pese a que el acto de formalización del préstamo del BEI a la compañía contó con la presencia del consejero Pedro Ortega.

“¿Alguien duda de que venga para quedarse?, ¿Qué bobería es esa de hablar de transición?, ¿Transición de qué?, ¿Alguien va a invertir 1.500 millones de euros como transición?, ¿Alguien se cree ese cuento?”, expresó el presidente grancanario sobre un combustible que, según añadió, llega al 80% de las poblaciones españolas, aunque solo la consume un 30%.

El exministro, eurodiputado y ponente de la nueva Directiva de Renovables, José Blanco, presente en el Congreso celebrado este miércoles, prefirió no entrar en la polémica y señaló que “es indudable que [el gas] reduce las emisiones, pero no consigue los objetivos que nos planteamos desde el punto de vista del clima”.

Aunque habló de la necesidad de contar con una energía de respaldo hasta que no se resuelvan los problemas de almacenamiento, puntualizó que “no sé si esta inversión que se va a hacer se podrá rentabilizar o si viene para quedarse. Si viene para quedarse, desde luego, no lo puedo compartir, porque el objetivo es descarbonizar totalmente nuestra economía en el año 2050”.

Martell (Aeolican): “El gas es innecesario”

Para Rafael Martell la conclusión del debate es clara: “El gas es innecesario en Canarias para generación eléctrica e incluso podría limitar la penetración de energías renovables. Las renovables necesitan almacenamiento, pero no respaldo. La eólica es la sustitución de todos los combustibles fósiles”.

El presidente de Aeolican reconoció que la penetración del 7,7% registrada en 2017 es un resultado pobre y explica que existen muchas instalaciones que han quedado desfasadas, generan menos y sufren más paradas por mantenimiento. Aunque aseguró que la cifra crecerá durante el presente año tras la entrada en funcionamiento de más molinos y subestaciones eléctricas, reconoció que seguirá siendo insuficiente. Motivo por el que señaló la necesidad de implantar más fuentes renovables, ya sea eólica como fotovoltaica.

El consejero de Economía e Industria recordó que se han instalado 12 parques eólicos inscritos en el cupo, 16 más están en construcción, 10 cuentan con autorización administrativa y otros diez no se podrán instalar por las afecciones aeronáuticas, que se conocían desde hace años. “Seguimos con nuestra apuesta de que haya unos 50 parques, que quedarán instalados a final de 2018”, apostilló.

Ortega anunció el martes que el Gobierno canario sacará a lo largo del año nuevos concursos de energías eólica y fotovoltaica para avanzar en el objetivo de llegar al 45% de potencia instalada en renovables en el año 2025. “La nueva subasta de eólica no va a seguir el sistema de las anteriores. En vez de tener una retribución específica [prima], tendrá una subvención en la inversión. Se emplearán fondos del Feder y, por los plazos de ejecución, tiene que hacerse en este año”, dijo.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, habla con Canarias Ahora de diversas obras que ocuparán la ciudad capitalina durante el presente año y que abarcarán barrios como Tamaraceite, San Cristóbal, la Vega de San José, San Nicolás y la zona del Puerto, entre otros.

Rehabilitación y reposición de vivienda pública:

La resposición de viviendas se encuentra centrada en Tamaraceite, donde en la actualidad se están construyendo 120 domicilios del Patronato Francisco Franco, que serán entregados a sus respectivos dueños en el mes de diciembre. Durante el segundo semestre del año, el Ayuntamieno prevé comenzar a trabajar en otras 59 viviendas, parte de las cuales se encuentran en el barrio de La Galera.

Según explica Doreste, el objetivo es tirar las viviendas de mala calidad del Patronato y que “la gente no vuelva a vivir en un gueto, sin necesidad de salir de Tamaraceite”. Los propietarios de las viviendas han pagado 1.000 euros por la ampliación de las mismas, que pasan de los 47 a los 70 metros cuadrados, cumpliendo de este modo con la legislación europea, y no podrán vender en diez años.

Previsiblemente entre los meses de marzo y abril comenzarán, además, las obras de rehabilitación de doce edificios de cuatro plantas en la Vega de San José, lo que supone un total de 684 viviendas. Se les instalará un ascensor, se mejorará la fachada y los espacios libres que hay alrededor y se tratarán las humedades.

Por otro lado, continuará la rehabilitación de fachadas internas en el barrio de Escaleritas y el traslado de alcantarillado a los patios. Gracias a un convenio con el Cabildo de Gran Canaria que asciende a 500.000 euros se rehabilitarán 508 viviendas en Tres Palmas.

Todo lo anterior engloba un presupuesto de unos 11 millones de euros, de los cuales ocho millones corresponden al Gobierno central, mientras que el resto se reparte entre el Ejecutivo autonómico, el Cabildo y el Ayuntamiento.

Miradores de Altavista y Punta del Diamante

Las obras han comenzado en el mirador de Altavista y se espera que continúen hasta octubre, mientras que en el de Punta del Diamante se prevé que empiecen en marzo, puesto que en la actualidad el proyecto se encuentra en proceso de licitación. En cuanto al primero, se trabaja en eliminar la infravivienda que se erigía en la zona y el ensanchamiento de las calles, entre otros aspectos. Los dos cuentan con cinco millones de euros provenientes del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), resultado de la suspensión de la compensación al Estado por el Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE).

Según explica Doreste, el Consistorio negocia en la actualidad con la Consejería de Turismo que el mirador de Altavista tenga toda una señalización que explique Ciudad Jardín, que es “el principal núcleo racionalista que queda en Europa”. “Hoy en día, tanto en Francia como en Holanda, donde quedan núcleos más pequeños que este, pero importantes, hay visitas de turistas”, señala. El objetivo de estas instalaciones tiene la vertiente secundaria de que la visita de turistas repercuta en los negocios y la vida de los vecinos del barrio. En el caso de Punta del Diamante, por ejemplo, “la idea es hacer sendas, caminos y escaleras para que el turista llegue en guagua y baje atravesando el barrio de San Nicolás hasta la Alameda y Triana”.

Pueblo Canario

El Pueblo Canario está inmerso en una obra que cuenta con cinco millones de euros del Fdcan y que se encuentra dividida en tres fases, de las cuales han comenzado las dos primeras consistentes en rehabilitar techos, humedades y el bodegón, con el objetivo de que este último empiece a funcionar en septiembre. La explotación del restaurante la sacará a concurso la Sociedad Hotel Santa Catalina con una premisa, que sirva comida típica canaria.

La tercera fase, que previsiblemente costará otros dos millones de euros que también provendrán del Fdcan, se centra en el Museo Néstor, cuyas obras se trasladarán provisionalmente al Castillo de Mata. Sin embargo, esta parte no comenzará hasta el próximo año, debido a que además habrá que tratar la ermita, que sufre un problema de humedades.

Frente Marítimo

Doreste recuerda que cuando llegó a la Concejalía de Urbanismo solo se encontraba redactado el proyecto de la primera fase del Frente Marítimo, por lo que faltaba culminar los de la segunda y tercera fase y ejecutarlos. Antes del verano, asevera, las obras habrán terminado. El proyecto consiste en crear un itinerario peatonal entre la central de cruceros y las zonas comerciales de Mesa y López y Fernando Guanarteme. El paseo, adornado con plantas termófilas canarias y de rocalla, contará con una plaza de casi 1.000 metros cuadrados en la zona del intercambiador y con paneles que generarán zonas de sombra en los días soleados. Habrá separados un itinerario de ciclistas y otro peatonal hasta la Base Naval, aunque “aún nos queda por resolver el cruce” hasta Mesa y López, señala el concejal. El paseo supone cuatro millones de euros del Fdcan. A este apartado hay que añadir la pasarela del Puerto.

Corredor verde de Tamaraceite

Consta de un paseo arbolado y una pequeña plaza para que los vecinos puedan ir caminando desde la carretera general hasta la Cruz del Ovejero. Aunque una pequeña parte del corredor ya fue inaugurado al principio del mandato, se espera que este año culminen los trabajos. Doreste recuerda que esta fue una vieja promesa del anterior gobierno, conformado por el Partido Popular (PP), para que los residentes aceptaran la implantación de los centros comerciales, pero “nunca lo hicieron”. El grueso de la obra cuesta dos millones de euros que provendrán del Fdcan.

Parque del Estadio Insular

El proyecto, que contará con casi tres millones de euros procedentes del Fdcan de 2016, ya se encuentra redactado y presentado, por lo que solo falta licitarlo. Corresponde a la parte de las gradas del viejo Estadio Insular pegadas a la fachada de la calle Manuel González Martín. La lona que actualmente cubre esas gradas se quitará y se sustituirá por una ludoteca, una sala de estudio y espacio polivalente que contará con un aforo de unas 280 personas para que se puedan impartir conferencias o clases, por ejemplo, de yoga.

Además, la galería superior se recuperará para uso público, por lo que los ciudadanos podrán acceder ya sea por las escaleras o por ascensor.

Parque de Lomo Blanco

El parque que se construirá en Lomo Blanco se asemejará al Parque Romano ubicado cerca de las oficinas municipales, pero contará “con más equipamiento deportivo todavía”, señala Doreste. “Cada vez hay más gente que hace actividades al aire libre y Lomo Blanco es un barrio vulnerable, alejado del centro de la ciudad, por lo que va a dar servicio a la población universitaria y de la zona”. El proyecto está en proceso de licitación y contará con casi tres millones de euros provenientes del Fdcan de 2016.

Prolongación del Paseo de San Cristóbal

Uno de los proyectos que cuentan con financiación europea a través de la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) localizada en el Cono Sur. Con un millón de euros de esos fondos se renovará el alumbrado de la Vega de San José, entre otros aspectos. En cuanto al paseo de San Cristóbal, permitirá a los viandantes caminar con tranquilidad desde el barrio marinero hasta la zona del Atlante, en la playa de La Laja.

El primer tramo del paseo, que llegará hasta la rotonda de Pedro Hidalgo costará un millón de euros, mientras que la segunda, que alcanzará las piscinas de La Laja, 100.000 euros. “Queremos llegar a la playa de Los Cernícalos, delante del Centro Comercial Las Terrazas, pero ahí no llegaremos este año”, puntualiza Doreste.

Nueva sede de la Universidad Popular del Cono Sur en el antiguo CEIP Carlos Ruiz y edificio Faro

Enmarcado en los Fondos DUSI, se trasladará la Universidad Popular – actualmente localizada en el barrio de San Cristóbal - al antiguo Colegio Carlos Ruiz, que está en el Paseo de San José, por lo que dejará de estar separada del Cono Sur por la Avenida Marítima. Doreste explica que “la ponemos en una situación central para que sea más fácil acudir a la Universidad Popular. La ampliamos y le aportamos más dotaciones”.

En las instalaciones que abandona la Universidad Popular, que pasará a llamarse edificio Faro, el Ayuntamiento abrirá un centro de actividades náuticas y de surf, para “ayudar al desarrollo económico del barrio”. “Hay actividad náutica deportiva en San Cristóbal y los regatistas dicen que es uno de los mejores campos de prueba para hacer regatas. Si le damos una instalación donde pueda haber una escuela de surf o haya un trasiego del mundo náutico, se descargarán zonas como la Cícer y se favorecerá a un barrio, metiéndole más actividad económica”, apostilla. Tanto el traslado de la Universidad Popular, como el edificio Faro están dotados con un millón de euros.

Nuevas dependencias de los servicios sociales del Cono Sur en el antiguo CEIP Rubalcava

El Consistorio recuperará el antiguo CEIP Gutierrez de Rubalcava para hacer un centro de servicios sociales en la Vega de San José, lo que supondrá unos 982.000 euros de fondos DUSI destinados a comprar el colegio y renovarlo y servirá para que los ciudadanos que residen en la zona no tengan que desplazarse en guagua al Secadero para recibir esta atención.

Una pareja de hecho de la localidad grancanaria de Lomo Magullo se ha encontrado viviendo sin suministro de agua corriente en una casa ilegal tras haber sido víctima de lo que considera una estafa cometida presuntamente por un alto funcionario del Ayuntamiento de Telde, paradójicamente jefe del servicio de abastecimiento de aguas, que promovió la construcción a través de una empresa de la que es administrador único, T Servicios y Reparaciones, S.L.

Según relata el propietario de la casa a Canarias Ahora, Germán López, todo comenzó cuando la subdirectora de una sucursal bancaria habló a la pareja en 2007 de la existencia del inmueble. La estructura se encontraba hecha un año más tarde, cuando acudieron por primera vez a visitar el lugar, y sólo faltaba la tabiquería.

Tras varios intentos y cambios de fecha y lugar, las partes firmaron la hipoteca en 2008 bajo el compromiso del promotor de que en dos meses contarían con la cédula de habitabilidad. No fue hasta meses después de preguntas sin responder por parte del Ayuntamiento, cuando se enteraron de que la vivienda se encontraba fuera de ordenación, ya que invadía en unos dos metros parte del espacio público destinado a carreteras.

Los afectados contaban con suministro de agua hasta el pasado año gracias a un contrato provisional de obra concertado en su momento por el funcionario promotor. Sin embargo, ahora se encuentran con la imposibilidad de poder contratar el servicio porque la casa está en situación irregular, declarada por el mismo Ayuntamiento en el que el promotor es jefe de los servicios de Abastecimiento de Agua, Saneamiento, Alumbrado Público, Mercados y Sanidad y Consumo. Si cuentan con electricidad es gracias a que, durante la obra, el funcionario alegó ante Unelco- Endesa que la cédula de habitabilidad se había concedido por silencio administrativo.

La situación ha generado una orden de demolición que hasta el momento se encuentra paralizada cautelarmente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y varios expedientes en el Ayuntamiento que han caducado progresivamente y no han supuesto sanción alguna a la empresa promotora.

Todo ello a pesar de que la edificación de dos plantas –la propiedad de la pareja corresponde al piso inferior- se terminó de construir sin licencia de primera ocupación, sin cédula de habitabilidad y sin certificado de fin de obra. De hecho, la Audiencia Provincial señala en su sentencia de febrero de 2017 que el promotor -arquitecto técnico y funcionario de carrera– no puso en conocimiento de la Administración municipal el inicio de la obra para alineación y replanteo.

La Audiencia no duda de que el promotor, Francisco Javier Rodríguez Hernández, pensó que obtendría una modificación del Plan General de Ordenación de Telde y seguidamente el certificado de final de obra. Sin embargo, considera que lo anterior no cambia que ocultó hechos que “conocía plenamente” a los compradores y transmitió parte de una edificación fuera de ordenación.

El tribunal declaró resuelto el contrato de venta y ordenó a T. Servicios y Reparaciones S.L. restituir a los afectados 124.000 euros, a los que hay que sumar otros 7.000 más intereses legales. Sin embargo, la sentencia no es firme y ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo. A esto hay que añadir que a los denunciantes les ha sido denegada la ejecución cautelar de la resolución judicial en primera instancia, por lo que siguen viviendo en el mismo sitio, sin suministros formales de agua y luz y pagando la hipoteca.

“No lo sabía”

Preguntado al respecto por su versión de los hechos, el funcionario asegura que acatará la sentencia de la Audiencia, puesto que solo ha recurrido ante el Supremo la parte de la condena correspondiente a los intereses. Por lo tanto, sostiene que la resolución del contrato y la devolución del dinero se tendrán que hacer efectivos.

Reconoce que fue ocho años después de la venta, tras la resolución del órgano provincial, cuando la empresa decidió resolver el contrato de suministro de agua puesto que la vivienda “no iba a ser habitada”, extremo que no se ha resuelto todavía.

El promotor insiste en que no conocía que la casa se encontraba fuera de ordenación cuando firmó el contrato, tan solo que no contaba con cédula de habitabilidad y que el Cabildo había solicitado al Ayuntamiento una serie de informes por la carretera. Consideraba que el proceso se había hecho con todas las garantías y dos años después, cuando surgió el problema, trató de solucionarlo por la vía administrativa.

No lo vio así la Audiencia en su sentencia, puesto que según señaló, antes de elevar a pública la compraventa, el administrador de la empresa solicitó la modificación puntual del planeamiento de Telde “consciente de que conforme a la planimetría del PGOU vigente el edificio se encontraba fuera de ordenación”.

“No tengo necesidad de engañar a nadie, porque nos podíamos haber quedado con esa vivienda hasta que se solucionara todo”, asevera el funcionario promotor. Al respecto, hace hincapié en que “yo lo único que quiero es que esto se solucione ya, pero no queremos causar ningún daño en absoluto. Ellos tienen derecho a que yo les devuelva el dinero y ellos a entregarla, es lo que queremos y ya está”.

El Diputado del Común ve prevaricación, la Fiscalía no

La actuación del Ayuntamiento de Telde en este caso ha sido puesta en entredicho por el Diputado del Común, que lleva años solicitando documentación del caso sin recibir, en ocasiones, una respuesta a cambio. De hecho, ha advertido a la Fiscalía de la “gestión ineficaz de ese Ayuntamiento ante la ilegalidad urbanística detectada”.

En su petición -hecha pública en su web- el defensor de los derechos fundamentales y libertades públicas de los canarios se sorprende de que el Consistorio no actuara ni precintara la obra cuando ésta se encontraba inacabada. De hecho, señala que el área de Urbanismo conocía en 2008 que el promotor y funcionario no había comunicado el inicio de la obra y, por lo tanto, el técnico municipal no había podido acudir a medir las alineaciones y rasantes. Momento en el que “debió paralizar la obra en ejecución”.

Tampoco solicitó la Administración municipal el acta de replanteo y no emitió un informe técnico hasta el 2009. Tuvieron que pasar dos años para que abriera un expediente sancionador a la empresa, procedimiento que caducó en 2011. Ese mismo año se incoó un nuevo expediente que, sin embargo, volvió a caducar en 2013 “en beneficio, de nuevo, de la entidad mercantil y en contra del interés general”.

Desde el Ayuntamiento no confirman si existe algún expediente urbanístico o de compatibilidad abierto.

El Diputado del Común señala en su escrito enviado a la Fiscalía que “la cuestión principal es si el comportamiento omisivo de los responsables del departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Telde pudiera incardinarse en el ilícito de prevaricación administrativa, u otro tipo penal, amén de que el promotor de la edificación pudiera haber ocultado deliberadamente las irregularidades urbanísticas que cometió, quizás prevaleciéndose de su puesto”.

Asimismo, advierte de que se puede haber cometido falsedad en documento público. La Fiscalía decidió no obstante rechazar la petición de momento, ya que no ve indicios de delito.

Desde el Ministerio Público han explicado a este periódico que se evidencia un retraso en las actuaciones de los funcionarios del área de Urbanismo, pero no observa ninguna actuación irregular por parte de los mismos. Asimismo, recuerda que el proceso se encuentra judicializado por diversas vías.

El promotor asegura no haber sacado ventaja de su posición de alto funcionario del Ayuntamiento de Telde y, de hecho, sostiene que él ha sido el principal perjudicado de la pasividad de la administración. “He sido más víctima que beneficiado”, concluye.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no llevará a cabo una prueba para implantar el régimen de libranza en el sector del taxi de a ciudad capitalina, después de que los titulares de licencias lo hayan elegido así en la votación que ha tenido lugar este miércoles en la Institución Ferial de Canarias (Infecar). 

Según explican desde el Consistorio a Canarias Ahora, un total 1.085 autónomos han participado en la consulta, lo que supone el 70% de las personas que tenían derecho a votar. Frente a los 214 que votaron a favor del poner en marcha la prueba de los dos días libres, 871 se han plantado con un rotundo no. Además, se han registrado 474 abstenciones.

El director general de Movilidad, Heriberto Dávila, explicó a las 11.30 horas, cuando el índice de participación llegaba al 40%, que eran 1559 los propietarios de licencias llamados a ejercer su derecho en la consulta, que tiene carácter vinculante. 

Dávila afirmó en ese momento que, de ganar el “sí” a los dos días libres obligatorios, uno entre semana y el otro bien el sábado bien el domingo, el sistema estaría funcionando a partir del próximo marzo durante un periodo de cinco meses. Al término de ese período, habría otra votación para saber si esta medida se aprueba de forma definitiva una vez conocidos sus efectos en este sector de servicio público.

Sin embargo, eso no ocurrirá tras conocerse los resultados a las 18.40 horas del miércoles. La implantación del régimen de libranza ha sido uno de los caballos de batalla del Ayuntamiento durante el presente mandato y a levantado tanto afines, como detractores en el sector, que no han ocultado su desencanto mediante concentraciones y otro tipo de iniciativas. 

De hecho, la Concejalía que dirige José Eduardo Ramírez, de Nueva Canarias (NC), tuvo que dar marcha atrás en la implantación una prueba que obligaba a los taxis a parar durante dos días, después de que la Justicia lo prohibiera cautelarmente. 

El proceso judicial concluyó dando la razón al Consistorio, que posteriormente se centró en llegar al consenso, según recuerda Dávila. “Nosotros desde el principio decíamos que no se trataba de ninguna imposición, sino que íbamos a posibilitar que los taxistas decidieran sobre su futuro”, apostilló. 

El director de movilidad, quien señaló que la jornada se desarrolló sin incidentes, recordó que el sector quería acabar con este debate lo antes posible y explicó que no se ha permitido a los asalariados participar por la dificultad que suponía tener un censo de los mismos.

“Por otro lado, los titulares no querían que los asalariados votaran, por lo que generaba otro conflicto más. Entre que nosotros teníamos el compromiso con las asociaciones de hacer la consulta lo antes posible y que además eso iba a levantar otra serie de movilizaciones, creíamos que lo más lógico es que fueran los propietarios los que tomaran la decisión”, resumió. 

El presidente de Asociación de Titulares de Licencias de Auto Taxi de Canarias (Atlatc), Antonio León, que se había posicionado a favor de los días libres, ha agradecido a los socios que acudieron a votar a favor y afirma que respetará la decisión de la mayoría. Asegura que la Atlatc seguirá trabajando y confía en que se haya sentado un precedente de colaboración y consulta al sector en futuras decisiones ya sea por parte del actual grupo de gobierno, como de futuros mandatos.

El portavoz de la Asociación Pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias (Asprotac), Gorky Bethencourt, que ha mantenido una postura contraria a la iniciativa, dijo haber salido con una “sensación agridulce”. Por un lado mostró su satisfacción porque el resultado demuestre que la reivindicación del colectivo era lícita, aunque por otro apunta al “desgaste tremendo” sufrido durante los últimos tres años de “lucha”, tanto en la calle como en los Juzgados. “El Ayuntamiento nunca debió llevarnos a esta situación”, concluye.

Sin rescate de licencias

El director general señaló que el Ayuntamiento no rescatará licencias, a pesar de haber constatado que sobran unas 450, porque así lo ha decidido el sector. Las asociaciones y cooperativas han transmitido, según dijo, que “no ven la necesidad y que en el mercado los propietarios las están traspasando”.

El ratio de taxis en Las Palmas de Gran Canaria es de 4,3 por cada 1.000 habitantes, casi el doble de la media del conjunto de España, que es de 2,5 por cada 1.000 habitantes.

El Ayuntamiento prevé implantar una tarifa única que beneficiará a los vecinos de barrios como Jinámar, Tafira, Tenoya o Los Giles, entre otros, que verán sensiblemente reducidas el costo del trayecto. Al respecto, Dávila indicó que una carrera desde el parque de San Telmo al barrio de Jinámar pasara de costar 17 euros a unos ocho. 

Acudió al Centro Comercial Las Rotondas de Puerto del Rosario acompañada de su hijo de dos años, que dormía en su carrito, cuando decidió entrar en Springfield, una tienda de ropa. Eligió unos vaqueros y entró en el probador junto a su pequeño, para ver qué tal le sentaba. Fue entonces cuando un dependiente del establecimiento le ofreció probarse unos vestidos y con la excusa de ayudarla a abrocharse la prenda, introdujo la mano por la zona del escote y le tocó el pecho.

Tras lo sucedido, ella abandonó rápidamente el comercio abochornada por la situación, cuando el trabajador le espetó: “te costará encontrar sujetador, porque vaya tetorras que tienes que no me entran ni en la mano”.

La Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas considera probados los hechos acaecidos en junio del pasado año en la capital de Fuerteventura, según se desprende de la sentencia publicada el 8 de enero a la que ha tenido acceso Canarias Ahora. A pesar de que la sala aprecia un claro abuso sexual, el órgano provincial solo ha podido ratificar la condena al acusado por un delito leve de coacciones, tal como dictó la jueza del Juzgado de lo Penal Número 2 de Puerto del Rosario, Alicia María Buendía.

El motivo radica en que el único que recurrió la sentencia de primera instancia fue el condenado, J. T. G., y no así la acusación particular o la Fiscalía, que pedían una multa de veinte meses con una cuota diaria de diez euros, lo que hace un total de unos 6.000 euros por un delito de abusos sexuales. Cantidad que la magistrada Buendía finalmente rebajó a la pena de dos meses de multa con una cuota diaria de seis euros por coacciones. Es decir, unos 360 euros.

La Audiencia insiste a lo largo del texto en que se trata de una clara situación de abuso sexual, dado que “se produce un aprovechamiento de una determinada circunstancia por parte del acusado, que en su condición de vendedor tenía acceso al probador en el que se encontraba la víctima, cuyas posibilidades de movimiento estaban limitadas por ir acompañada de su bebé dormido”.

Añade a lo anterior que el acusado “fingiendo ayudar a la víctima a ajustarse el vestido, aprovechó para introducir su mano por dentro del mismo y le tocó claramente el pecho realizando después comentarios obscenos sobre su tamaño”. Requisitos que a juicio del órgano provincial colman de sobra lo estipulado en el artículo 181 del Código Penal.

Los magistrados de la Audiencia Provincial solo pueden incrementar la condena recurrida en primera instancia si alguna de las partes lo pide. No ha sido este el caso. Por lo tanto, y aunque definen el fallo como “excesivamente benévolo”, mantienen la pena impuesta en primera instancia, porque cumple los requisitos técnicos al apreciar un delito menos grave que puede ser considerado como “homogéneo”.

“No llevaba sujetador”

En su declaración ante el juzgado de Puerto del Rosario, la víctima detalló que se encontraba en el probador cuando J.T.G. le dijo que había dos vestidos de verano en oferta y accedió a que se los acercara. El primer vestido que se puso no le gustó, pero el dependiente le recomendó que se lo volviera a ver con unos zapatos de cuña puestos y sin sujetador, porque “le podía quedar apretado”.

Posteriormente le dijo, recordó, que se había puesto la prenda mal y que las tiras se abrochaban por detrás, momento en que “puso las manos detrás de ella y el traje y con una mano tocó bajo el pecho y con la otra metió la mano”. Tocó sus senos argumentando que “había que hacer tipo push up”, detalló ante la jueza de primera instancia. Momento en que “se sintió violentada”, aunque él “estaba como si nada”.

Una trabajadora del local comercial afirmó que el dependiente condenado fue despedido después de que trascendieran los hechos. Él, por su parte, sostuvo en todo momento que nunca le dijo a la clienta nada vejatorio ni la tocó, por lo que pedía la libre absolución. La defensa trató de tumbar el relato de la denunciante en su recurso, alegando que ésta había “malinterpretado” la situación. De hecho, explicó la “molestia” o “confusión” que ella supuestamente había sentido en la “excesiva insistencia del acusado en que comprara ropa”.

La resolución de la Audiencia no es firme y las partes pueden interponer contra la misma un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Cabildo de Gran Canaria ha levantado un acta de infracción a Disa, empresa que lidera la distribución del gas licuado en el Archipiélago, por no calcular los parámetros individuales del consejero de seguridad, experto en el ámbito del transporte de combustible por carretera que contribuye a la prevención de riesgos en la descarga de mercancías peligrosas.

Con el paso de los años, Disa se ha convertido en un poderoso grupo que lidera la distribución de gases licuados del petróleo a granel en Canarias. Sin embargo, su actividad ha sido dencunciada en diversas ocasiones por empresas instaladoras de las islas, que han llegado a calificar sus prácticas como “abusivas”.

Una de estas empresas es Red Gas Canarias, que ha trasladado diversos escritos al Cabildo de Gran Canaria sin obtener resultado. Hace un año, el consejero de Transportes insular, Juan Francisco Trujillo, afirmó que la Corporación había hecho todas las inspecciones pertinentes derivadas de las casi 10 denuncias interpuestas hasta la fecha por susodicha entidad instaladora. Asimismo, dijo sospechar que la “insistencia” de sus denuncias respondía a intereses empresariales.

Sin embargo, en esta ocasión la Administración ha decidido abrir expediente a Disa por no estar calculando los parámetros de seguridad individual del consejero en cuestión. Es decir, que un único consejero de seguridad no pueder atender a todas las instalaciones de la Isla, sino a una ratio en concreto, explican desde Red Gas Canarias

La resolución llega después de que el Diputado del Común admitiera investigar una queja contra la empresa y que el Cabildo de Lanzarote la sancionara tras recibir la denuncia de que utiliza empresas de su propio grupo o empresas instaladoras que no están autorizadas, para el transporte de mercancías peligrosas.

Este último extremo no ha sido objeto de la apertura del expediente sancionador en Gran Canaria, como tampoco otros aspectos referentes a las descargas, al considerar que no existen pruebas de cargo que acrediten otro tipo de irregularidades en la actividad de la entidad.

Entre las advertencias del denunciante, se alerta de que la matriz ha llevado a cabo en 2016 una escisión en sus empresas y ha pasado el transporte de mercancías peligrosas a Disa Gestión Logística S.L.

El Servicio Canario de Defensa de la Competencia publicó en 2014 y 2015 dos resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia - a las que no se puede acceder por internet - que consideraban que no quedaba acreditado que exista una práctica prohibida por parte de DISA.

Desde el Grupo Canario aseguraron en su momento que evalúan todas las quejas recibidas y que cuentan con documentación oficial proveniente del Gobierno central que avala su actividad.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha cerrado definitivamente el caso de acoso en Canarias Cultura en Red denunciado por dos exemempleadas de la empresa pública, una de las cuales recurrió la orden de archivo de las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria y requirió que se practicaran más pruebas testificales.

Algo que también solicitó en su momento la Fiscalía, quien interesó que se tomara declaración a cuatro testigos y posibles víctimas de trato discriminatorio, teniendo en cuenta que ya habían comparecido ante el juez los principales denunciados, es decir, la exconsejera Inés Rojas, el exdirector ejecutivo de la entidad, José Luis Cudós, el representante de los trabajadores y al delegado de la empresa. Sin embargo, no se interrogó a las denunciantes, ni a los testigos propuestos por éstas.

La Audiencia hizo público el auto el 6 de noviembre, casi dos semanas después de que el consejero de Cultura de Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, destituyera a Cudós y pusiera en su lugar a la responsable de los servicios jurídicos de la entidad, Catalina Suárez.

Al ser la principal denunciante, María Dolores Marrero, la única recurrente, la Sala no ha entrado a valorar la denuncia interpuesta ante el Ministerio Fiscal por Elena Miranda, que alertó de que se habían producido amenazas y trato discriminatorio en el seno de la empresa. Esta causa se unió al litigio que mantenía Marrero en el mismo Juzgado de Instrucción, que tuvo que reabrir la investigación por orden de la Sección Sexta de la Audiencia, que consideró que los presuntos hechos acaecidos no habían prescrito y superaban “con mucho un simple conflicto laboral, pues están aderezados por presiones, movilidad en el trabajo injustificada, etc”.

Sin embargo, en esta ocasión la Sección Segunda concluye en los mismos términos que el juez Javier García Sotoca y no considera que muchos de los relatos esgrimidos por la denunciante, “con independencia de la valoración subjetiva que ella quiera hacer de los mismos, evidencien maltrato alguno de este tipo”.

El instructor calificó la denuncia como un “ramillete de generalidades, vaguedades e inconcreciones” cuyo detonante radica en un intento de reestructuración de la empresa en 2015 en base a un informe elaborado por Price Waterhouse que provocó un cambio de convenio que contemplaba nuevas categorías y funciones distintas a los empleados.

La Audiencia considera demostrado que Marrero mantuvo un “importante conflicto laboral” tras ser despedida de la empresa pública, que posteriormente tuvo que volverla a contratar por mandato judicial, para después volverla a expulsar de su cargo. Las situaciones de menoscabo psicológico que aseguró haber vivido durante ese proceso no han sido entendidas como tal por los magistrados – como el que fuera “ignorada” o se le asignara “una mesa frente a la puerta trasera de cristal donde el sol es insoportable, siendo objeto de críticas por cualquier gestión” - quienes concluyen que “pudiendo ser percibidas por la hoy apelante como ofensivas, no lo negamos, tienen una explicación que se torna razonable y que incluso ha sido apoyado por el representante de los trabajadores de la empresa”. Éste último, también denunciado.

“Se dice que ha sido desprestigiada o cuestionada, pero nada se explica sobre este punto, no sabemos quién o quiénes y en qué términos se han producido ese tipo de situaciones”, apostilla.

Respecto a las declaraciones que no se han tomado a varios testigos, el auto al que ha tenido acceso Canarias Ahora puntualiza que sus testimonios se enmarcan en situaciones que no han sido objeto de denuncia, por lo que “de ser irregulares tendrían su trascendencia en el orden social, como allí deberán resolverse los problemas derivados del abono o no de complementos, cambios de categoría profesional y otros que, repetimos, parecen tener más que ver con la reestructuración de la empresa que con problemas de orden penal”.

Motivo por el que los jueces estiman que la práctica de dichas pruebas no es necesaria, al no evidenciar infracción criminal los hechos denunciados.