Ocho familias grancanarias se enfrentan a un desahucio el 11 de noviembre, el mismo día en que está convocada en todo el país una huelga general por el derecho a la vivienda, en El Carrizal de Ingenio, Gran Canaria. Se trata del desalojo de ocho viviendas en un edificio donde viven familias, algunas de ellas, con niños y niñas a su cargo o personas con discapacidad. Ocho familias que no tendrán un techo bajo el que secundar la protesta por no tener un techo.

Los afectados llevan años residiendo en los inmuebles en cuestión y no tienen alternativa habitacional para alojarse y según el colectivo Derecho al Techo “a pesar de las circunstancias de vulnerabilidad que concurren en este caso, inicialmente no se habían solicitado los correspondientes informes sociales” que podrían contribuir a paralizar el desalojo.

El colectivo apunta también a que el lanzamiento de esas familias lo promueve XiZdecor, “empresa que, según la información disponible, es una gran tenedora”.

Desde la plataforma se muestran especialmente preocupados por la situación en que quedarían “los niños y niñas que están escolarizado y sus familias que se encuentran plenamente integradas en el barrio, donde han construido sus vínculos sociales, educativos y comunitarios”.

Por ello, exigen “que no se ejecute ningún lanzamiento sin que previamente se hayan recabado y valorado los informes de vulnerabilidad y se haya garantizado una alternativa habitacional digna para todas las personas afectadas”.

Desde el colectivo aseguran a esta redacción que “una vez tratado con las familias se está preparando acompañamiento para el día del desahucio en caso de que no se aplique el decreto Maricarmen por ser familias vulnerables y no tener alternativa vacacional”.

“Lo importante es que no pisaré la prisión”, cuenta a Canarias Ahora Federico Nacher, pocas horas después de conocer la sentencia del Juzgado número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. El activista de Canarias Tiene un Límite, tenía prevista una vista este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria en el procedimiento abierto por los hechos ocurridos durante la manifestación contra la turistificación celebrada el 20 de octubre de 2024 en Maspalomas. Antes de la vista, la Fiscalía solicitaba para él tres años de prisión y una multa de hasta 5.000 euros.

“Mi abogado me explicó que era beneficioso para mí llegar a un acuerdo transaccional con las partes, la Fiscalía y la defensa del Sindicato Unificado de Policía, y que este proceso ni se alargara ni se convirtiera en una sentencia ejemplarizante para las luchas sociales”, sostiene. Tras ese acuerdo, Nacher ha aceptado una condena de seis meses de prisión por un delito de atentado, además de dos multas que suman 1.080 euros por un delito de lesiones y otro leve de lesiones, pero no entrará en prisión con la condición de que no delinca en los próximos dos años y pague las correspondientes indemnizaciones. “Todas las partes han cedido en algo, en eso consiste un acuerdo”, explica.

Día de los hechos

La detención se produjo durante una movilización en la que los colectivos reclamaban soluciones a las dificultades de acceso a la vivienda y denunciaban las consecuencias sociales y ambientales de la presión turística en Canarias. La protesta llevó esas reivindicaciones a una de las principales zonas turísticas de Gran Canaria.

En los días previos al juicio, Canarias Tiene un Límite y el grupo de apoyo al activista cuestionaron la actuación policial. En un comunicado, sostuvieron que una intervención hacia una manifestante derivó en momentos de tensión y en la detención de Nacher, que calificaron de arbitraria. También denunciaron un despliegue policial y unas actuaciones que, a su juicio, contrastaban con el carácter pacífico de la convocatoria.

Según declara probado la sentencia, “se dirigió a un policía lo empujó, le cogió las gafas y lo golpeó con ellas fuertemente en la cabeza. También le propinó diversos puñetazos y patadas en los costados”, hechos que el activista niega a día de hoy.

Dos años de procedimiento

Desde los hechos han transcurrido algo más de dos años. En una entrevista anterior con esta redacción, Nacher destacó el acompañamiento de su entorno durante ese tiempo: “No ha sido un calvario porque todo este tiempo he estado acompañado de amigos y compañeros”. También sostuvo entonces que el procedimiento buscaba enviar un mensaje de criminalización a quienes participan en las protestas contra el modelo turístico.

Hoy, se siente aliviado, se ha quitado un peso y un miedo de encima y broema sobre las funciones que durante los próximos dos años le encargará su colectivo: “vas a cuidar el jardín”.

La plataforma y su grupo de apoyo ya habían denunciado antes de la vista el desgaste personal y emocional que supone afrontar una posible pena de prisión. A su juicio, la incertidumbre del procedimiento puede actuar como un mecanismo de intimidación para quienes ejercen su derecho a la protesta.

El próximo miércoles, 4 de noviembre, se celebra el juicio contra Federico Nacher, activista de Canarias Tiene un Límite, para quien la Fiscalía solicita tres años de prisión y una multa de hasta 5.000 euros por unos hechos ocurridos durante la movilización contra la turistificación celebrada el 20 de octubre de 2024 en el sur de Gran Canaria.

La vista se celebrará a las 11.30 horas ante la Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Sección Penal), en la sala de vistas número 21 del edificio judicial, situado en la calle Málaga. El juicio estaba previsto inicialmente para el 2 de noviembre, pero se trasladó al día 4 por ser festiva la primera fecha.

Dos años de espera

“No ha sido un calvario porque todo este tiempo he estado acompañado de amigos y compañeros”, cuenta Federico Nacher a esta redacción. Recuerda el día de los hechos como el de una manifestación cívica, alegre, divertida e inocua, pero admite que los manifetantes cometieron un gran error: “Desafiar al lobby turístico y su poder económico en su propio feudo, en Maspalomas”.

En aquella protesta, los colectivos exigían soluciones ante las crecientes dificultades de acceso a la vivienda, y denunciaron las consecuencias sociales y ambientales de la presión turística que sufren las islas.

“En Canarias se permiten las cosas hasta un cierto punto y nosotros superamos ese cierto punto con la osadía de celebrarlo en el corazon del problema”. Federico explica a Canarias Ahora que días antes, ese poder económico preparó el camino con declaraciones en los medios “anticipando una violencia y una ocupación de hoteles por parte de los activistas, para luego justificar la actuación policial posterior”.

Nacher considera que desde el primer momento, desde el 20 de octubre de 2024, todo lo que se ha hecho sobre su persona quiere enviar un mensaje de criminalización de la protesta a cualquiera que se le ocurra luchar: “Cómo me apretaron las esposas y me hicieron sangrar, que no me dejaran salir a pesar de no contar con antencedentes penales, cómo me retuvieron una noche en la cárcel sin mis medicinas para la tensión y la diabetes, la forma en que me tiraron al suelo y me llenaron de tierra la boca, la nariz, la garganta y no me dejaron tomar agua..., en todo hay un mensaje”, sostiene el activista.

El pronunciamiento de Canarias tiene un Límite

Desde la plataforma Canarias Tiene un Límite, y desde el grupo de apoyo surgido a raíz de este caso, han recordado este viernes en un comunicado el amplio despliegue policial que acompañó la movilización de 2024, con agentes de la Policía Nacional custodiando incluso los accesos a grandes establecimientos hoteleros. “La actuación estuvo marcada por una actitud agresiva, identificaciones indiscriminadas y episodios de tensión que contrastaban con el carácter pacífico de la convocatoria”, afirman.

Recuerdan que fue durante el recorrido de la manifestación cuando una intervención policial hacia una manifestante “derivó en momentos de tensión y en la detención arbitraria de Federico Nacher, hechos, por los que el compañero se enfrenta ahora a una petición de tres años de prisión y una multa que podría alcanzar los 5.000 euros”.

A esta causa judicial se suma una sanción administrativa impuesta por la Delegación del Gobierno al colectivo por un supuesto incumplimiento de las condiciones comunicadas para la manifestación. Desde el grupo de apoyo sostienen que el recorrido se desarrolló conforme a lo previsto y atribuyen los incidentes “a una actuación policial desproporcionada e injustificada”.

Para la plataforma, este procedimiento se enmarca en un contexto de creciente contestación social a un modelo turístico que agrava las dificultades para acceder a una vivienda y profundiza los problemas sociales y medioambientales del archipiélago. “La movilización llevó estas reivindicaciones al corazón de una de las principales zonas turísticas de Gran Canaria, poniendo sobre la mesa la necesidad de cambios estructurales”, explican.

“Desde el grupo de apoyo consideramos que esta petición de prisión constituye un intento de criminalizar la movilización ciudadana, especialmente cuando cuestiona los intereses de la industria turística y exige transformaciones profundas en el modelo económico de Canarias y denunciamos el desgaste personal y emocional que supone afrontar un procedimiento judicial con una posible pena de prisión. La incertidumbre y la amenaza de una condena tienen consecuencias mucho antes de que exista una resolución judicial y pueden convertirse en un mecanismo de intimidación para quienes ejercen su derecho a la protesta”, sentencian.

Más de 25 editoriales, representadas por el Gremio de Industrias Editoriales de Canarias (GRECA), han comunicado este martes su decisión unánime de no participar en la XXXVII Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, prevista para los días 19 al 22 de noviembre de 2026 en el Parque San Telmo. Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria explican que “su celebración en noviembre lleva meses acordada y trabajándose con la Asociación de Libreros, argumento que GRECA ve insuficiente porque ignora todos los eslabones necesarios para una feria exitosa.

El descontento de los editores responde a una serie de circunstancias relacionadas con la ubicación, las condiciones de celebración y la planificación organizativa de la Feria que el colectivo considera “incompatible” con la relevancia que debe tener un acontecimiento cultural de estas características en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. “Una Feria del Libro es más compleja que llegar a un acuerdo con los libreros”, explica Jorge Liria, presidente de GRECA, a Canarias Ahora.

“Las condiciones planteadas no reúnen los requisitos mínimos de comodidad, accesibilidad y funcionalidad que deben garantizarse tanto a los profesionales del sector editorial como a los autores y al público visitante”, afirma. “La feria merece un respeto. No tenemos noticias desde que se celebró la feria en mayo de 2024, ni el motivo por el que no se celebra desde hace dos años”, denuncia Liria.

Para GRECA resulta especialmente grave que la propia organización haya reconocido que, por razones de seguridad derivadas de la estrechez de determinados espacios y corredores de paso entre las casetas, no se permitirá la celebración de firmas de autores y autoras en las casetas de la Feria. “Consideramos que esta limitación desvirtúa uno de los elementos esenciales de cualquier feria del libro: el encuentro directo entre quienes escriben, quienes editan y quienes leen. Las firmas de ejemplares constituyen una actividad fundamental para la promoción de las obras, la visibilidad de sus autores y la relación de las editoriales con sus lectores”, expresa el editor.

Los plazos

El colectivo de editores se muestra también preocupados por los plazos de comunicación y organización del evento, con una semana para inscribirse y menos de un mes para organizar su participación. “Las editoriales han recibido la información sobre la celebración de esta edición hace apenas unos días hábiles, cuando faltaba menos de un mes para su inauguración. Si los editores no sabemos cuándo es una feria, es que la correa del libro no funciona: ni los autores, ni los libros, ni las distribuidoras... no se puede hacer solo en comunicación con los libreros, que, por supuesto tienen todos los derechos en esa cadena”.  A ello se añade que, a fecha esa comunicación, y a menos de tres semanas de la inauguración, las editoriales afirman que la programación de la Feria, así como las previsiones relativas a la participación de escritores y escritoras y al desarrollo de las actividades culturales, “deberían constituir uno de sus principales atractivos” y que esta falta de previsión “genera una incertidumbre que consideramos impropia de un acontecimiento consolidado en el calendario cultural de la ciudad”. 

Más allá de las casetas

GRECA defiende que el alma de una feria es la humanidad que entraña, las palabras y los improvisados clubes de lectura que se crean en la plaza pública. Por ello, consideran que “no puede limitarse a la instalación de casetas para la exposición y venta de publicaciones. Debe concebirse como un espacio de encuentro, promoción de la lectura, difusión de la creación literaria y fortalecimiento del tejido editorial y cultural de Canarias”.

Jorge Liria, es claro cuando explica que esta decisión “no supone, en modo alguno, una renuncia a nuestro compromiso con la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, cuya continuidad y consolidación consideramos fundamentales para la vida cultural de nuestra ciudad. Precisamente por ese compromiso, entendemos que debemos manifestar con claridad nuestro desacuerdo cuando las condiciones previstas no responden a las necesidades y expectativas legítimas del sector editorial”. 

Esperan que la decisión del colectivo sirva para una reflexión profunda. “Esta ciudad merece una Feria del Libro estable, bien organizada y concebida con la suficiente antelación”. GRECA muestra disposición al diálogo y colaboración para futuras ediciones y recuerda que el Libro es muy importante si queremos la Capitalidad Cultural Europea“.

“Problemas ajenos al Ayuntamiento”

Desde este periódico hemos contactado con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para conocer su versión tras el anuncio de los editores. Explican que “la Feria del Libro era una iniciativa organizada por La Asociación de Librerías de Canarias (ACOLI), financiada con subvenciones del Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias.

“En 2025 no pudo celebrarse por problemas ajenos al Ayuntamiento”, explican. “Aun así, tanto en 2025 como en 2026 mantuvimos nuestra aportación en el Plan Estratégico de Subvenciones, algo que no hicieron las otras administraciones”, señalan. “Ante la persistencia de las dificultades, este año hemos decidido asumir un mayor esfuerzo económico y organizativo para garantizar la continuidad de la Feria. Su celebración en noviembre lleva meses acordada y trabajándose con ACOLI”.

Respecto a las firmas de autores, sostienen que “no existe ninguna prohibición” sino “limitaciones operativas, pero la organización habilita espacios tanto para las firmas como para la exposición de libros, todos ellos gratuitos”.

José Naranjo (1971) hace muchos años que se fue a vivir al norte de África porque le invadió el miedo atroz de estar contando las sombras de la caverna, como en la alegoría de Platón, y no las historias reales de sus protagonistas. Esas historias aguardaban lejos de las redacciones silenciosas con luz blanca donde ya nadie abre la maldita ventana para ver si llueve cuando unos dicen que sí y otros que no. En la última década comenzaron a llegar los reconocimientos a su trabajo. El último lo ha recibido esta semana, de la mano de CEAR, junto al periodista Juan Luis Rod, por la exposición Travesías.

Colaborador de El País en África occidental, reside en Senegal desde 2011. Ha cubierto la guerra de Malí, las epidemias de ébola en Guinea, Sierra Leona, Liberia y Congo, el terrorismo en el Sahel y las rutas migratorias africanas, atendiendo a la perspectiva de quienes migran y al contexto de sus lugares de origen.

Travesías: los menores migrantes en Canarias cuentan su propia historia

“Travesías es un proyecto para contar la historia de los menores migrantes desde una perspectiva diferente”, explica José Naranjo. La iniciativa nace de su preocupación por el debate político y social que se había construido alrededor de ellos: “Los niños y niñas se convirtieron en el objeto de un debate político muy feo, muy agrio. Y son también el centro de una narrativa de odio feroz que circula mucho en redes, pero también en los barrios, en las plazas, en los espacios públicos, en las canchas”, sostiene.

Naranjo sitúa la percepción de ese cambio en las conversaciones en 2022 y, sobre todo, a partir de 2023 y 2024. “Empezamos que ese discurso había calado en Canarias en particular. En todos lados, pero en el ámbito de Canarias, dada la especial intensidad de la llegada”. Lo que más le preocupó fue que ya no parecían episodios aislados.

Ante las propuestas del Gobierno de Canarias para que desarrollara alguna iniciativa, planteó junto al fotógrafo Juan Luis Rod un cambio de enfoque: “Hacer algo no sobre los menores, sino algo en lo que los menores participaran de manera activa. Y que les diéramos también la oportunidad a ellos de contar”. La decisión conectaba con una reflexión sobre su propio oficio: “¿Y nosotros qué hacemos contando la historia de ellos? Que la cuenten ellos”, explica.

Yo quiero pensar que nosotros hemos sido la herramienta. Claro que está nuestra mirada, claro que está nuestra manera de hacer las cosa, pero los menores han participado activamente a la hora de decidir qué querían contar, a la hora de elegir las imágenes que querían que salieran“.

Contar la otredad: ser puente y no muro

Al valorar si ha cambiado la manera en la que los comunicadores canarios cuentan la migración y África, Naranjo evita hablar de una evolución uniforme: “Hay de todo. No hay un patrón general. Yo sí he visto una evolución en el discurso de aquellos que han querido aprender”, sentencia.

También incluye su propia trayectoria en ese aprendizaje: “Yo me equivoqué muchísimo y me sigo equivocando, y esto forma parte de la vida. Entonces, el que ha querido tener orejas para escuchar y ojos para ver, yo creo que a estas alturas ya es difícil que no entienda”. En esta línea, el comunicador recuerda que al principio se repetían dos preguntas: “¿Por qué viene”? ¿Por qué se juegan la vida?“. A su juicio, hoy existen herramientas para encontrar respuestas, pero advierte de que no todos los periodistas eligen ese camino. ”Es muy fácil subirse a la barca que baja por el río en dirección al mar, porque ahí no están remando contra la corriente“. Y añade: ”Esos son los que, además, creo que desgraciadamente siguen teniendo mucha fuerza y siguen dominando el espacio“.

El conflicto del Sahel y Canarias

¿Cómo explicar a los lectores de Canarias que el conflicto del Sahel, también les concierne tanto como las peleas de los partidos de Izquierda en Madrid? Naranjo sitúa primero una cuestión que considera fundamental: “La gente que lo está pasando mal, los cuatro millones de refugiados y desplazados del Sahel, y las decenas de miles de personas que han perdido la vida y que están siendo hostigadas por ejércitos, mercenarios, grupos terroristas, grupos armados… primero son seres humanos y a veces esa perspectiva como que la perdemos. Primero son seres humanos, y ese yo creo que es el marco”.

A esa mirada añade la cercanía geográfica del conflicto y sus conexiones con el archipiélago: “En nuestro imaginario el Sahel es un lugar lejano, y no lo es. Y ahí hay una conexión, para mí, muy evidente, que es Mauritania, país que conecta dos mundos y por el pasan las rutas migratorias que llegan a Canarias. Y los malienses forman parte ya hoy de nuestro paisaje y de nuestra sociedad. No entender lo que está pasando en el Sahel es privarnos también de entender a esas personas. Y eso a mí me parece que es un argumento de peso”, reflexiona.

El valor de la verdad en el oficio de informar

Para Naranjo, el deterioro del relato público no se explica únicamente por la dificultad de distinguir entre contenidos verdaderos y falsos. Le preocupa que una parte de la audiencia haya dejado de considerar importante esa diferencia.

“Yo creo que estamos por primera vez entrando en un momento en el que a la gente ya le da igual si es verdad o no. Ya no es que no sepan distinguir la verdad de la mentira. Nos aferramos a creencias como pasaba en la Antigüedad, cuando la gente se aferraba a la fe, a la creencia de algo, incluso intuyendo que no era verdad. Y eso motivaba sus decisiones. Creo que estamos en ese momento”.

Lo que viene después del discurso de odio

Naranjo teme un escenario de mayor violencia: “Yo creo que si todos los caminos que estamos viendo por todos lados acaban confluyendo en lo que parece que van a confluir, en que va a haber una mayoría del norte global en donde el populismo acabe imponiéndose, vamos a ver un alto grado de violencia estructural”, afirma.

Le preocupan las deportaciones a terceros países, como está sucediendo con el ICE en Estados Unidos, y teme que vaya más allá de las decisiones del poder: “Que nos dé igual es para mí el problema. Porque cuando el poder comete desmanes y la gente se rebela, a mí, lejos de parecerme una situación de desesperanza, todo lo contrario, me hace pensar que es una sociedad viva, que tiene herramientas y sobre eso siempre se puede construir algo”.

El periodista se aferra a los ejemplos cotidianos donde, si se sabe mirar, se encuentra lo que nos hace humanos y muchas razones para no tirar la toalla: “Como la gente que está yendo a parar desahucios codo con codo o como Carmita, que les baja el potaje a los migrantes de la plaza de la Feria, o los que abren las puertas a gente que no conocen de nada porque saben que necesitan calor y amor”.

Más premios

El periodista declina amablemente la comparación que esta redacción establece entre él y un griot. “Ahora mismo tengo como un debate interno sobre la legitimidad y el lugar donde me coloco. Yo nunca seré un africano. O sea, soy africano porque nací en Canarias, pero por más tiempo que pase viviendo en Senegal, recorriendo aquello -ya son 30 países-, yo siempre tendré un sesgo. Y creo que superar ese sesgo va a ser muy difícil o imposible”, confiesa.

Naranjo tendrá que volver pronto a Canarias para recibir la Medalla al Mérito Social en Telde, la ciudad en la que nació. Recibirá el galardón con 55 años, un hijo que lleva el nombre de la paz y la misma curiosidad de cuando, de pequeño, jugaba con un atlas e imaginaba que un día encontraría sus historias donde esperan las mejores a los que saben mirar: al final de la carretera de tierra.

Las bombas siguen cayendo en Gaza aunque no esté en Occidente el eco mediático, entre otros motivos, por la prohibición del estado de Israel desde hace más de dos años a que la prensa internacional acceda a la franja para informar desde el terreno. De informar y del genocidio sabe bastante el periodista e intérprete Kayed Hammad y lo aprendió de la peor manera en que se puede aprender algo en esta vida: uno de sus hijos fue asesinado por el ejército de Israel y él padeció un infarto del que no pudo ser atendido por falta de médicos. “Estoy viviendo un tiempo prestado, yo debería estar muerto”, cuenta a esta redacción desde el casco histórico del municipio grancanario de Agüimes, lugar donde esta semana se está celebrando el Festival del Sur - Encuentro Teatral Tres Continentes.

En ese encuentro, una celebración cultural del Sureste isleño que en esta edición cumple casi 40 años, Kayed y Dalia Hammad han hablado de su experiencia como supervivientes y refugiados en España y del libro que escribieron junto al periodista Mikel Ayestaran, El menú de Gaza, que recoge testimonios, recetas e imágenes evocadoras para denunciar que en el exterminio que sucede en Palestina “se utiliza el hambre como arma de guerra”.

‘Sano y vivo’

Es lo que responde Kayed cuando le preguntan cómo está. Se siente culpable por ser un refugiado sabiendo que muchos amigos han muerto en Gaza o siguen bajo las bombas y los escandalosos drones sin ayuda humanitaria. “No tienen luz, no tienen agua corriente o medicamentos”, explica. El periodista está acostumbrado a recibir malas noticias, hoy en forma de notas de audio de Whatsapp que llegan a destiempo, cuando alguna precaria conexión en los territorios ocupados lo permite. “Tengo que contactar con muchas personas y escuchar siempre malas noticias. El hermano de un amigo fue asesinado hace dos días”, expresa. 

En ese momento, Dalia Kayed, atenta a las palabras de su padre, interviene para explicar que está estudiando Periodismo Digital en una universidad palestina y que, hace pocos días, un profesor les dijo ha dicho: “Perdón, no puedo mandar materiales de la asignatura porque han asesinado a mi hermano”. Dalia cambió su anterior carrera por la del oficio de contar historias. “Me di cuenta de cuánta es la importancia del periodismo, especialmente para nosotros, que somos de Gaza ya que los israelíes intentan apagar nuestra voz. Sentí que es mi responsabilidad contar al mundo qué está pasando. ”Hay muchas formas de luchar, la mía es hablar de Gaza, de Palestina, hasta que Palestina sea libre“.

Para padre e hija, no existen palabras que puedan describir la pérdida de un ser querido, una tónica constante en sus vidas, que aguantan, afirman, para que las próximas generaciones palestinas tengan un futuro. “Duele por otro lado, el doble rasero de la comunidad internacional hacia nosotros. Sufrimos esto ya hace más de 100 años; no solo desde el 48, cuando fue ocupada Palestina por los israelíes: hay 30 años anteriores de la ocupación de los ingleses”.

Niños gazatíes con la bandera de España

Sin embargo, y con todo lo susceptible de mejorar como las relaciones económicas, militares y diplomáticas con Israel, el reportero explica por qué ha sido importante para la moral palestina, de la que se destaca su capacidad de resistencia, el hecho de que España públicamente les apoye y denuncie el genocidio.

“Si tú preguntas a un niño en Gaza quién está a favor de la causa palestina, inmediatamente te dice: España e Irlanda”, relata Kayed. “Estamos orgullosos de los españoles. ”Y se le reconoce en todo el mundo árabe. Se puede ver por las calles a niños en patines ondeando la bandera española“.

Kayed celebra también que en España haya una legislación que protege también a los animales, pero invita a la reflexión: recuerda que en la Franja tuvo que comer comida de animales para sobrevivir, mientras en Occidente se han visto en tiempo real imágenes de niños, familias, médicos, periodistas muriendo en nuestras pantallas en tiempo real: “Nosotros no llegamos en Gaza a tener una protección legal como la de los animales españoles”. 

Preguntado por si las concentraciones, vigilias, manifestaciones, publicaciones y palabras de apoyo que se realizan en Occidente llegan a Gaza, responde con un rotundo “sí”. “Cuando uno sufre, busca un rayo de esperanza, y lo encontramos en este tipo de gestos. Todo cuenta y nos llega”, sostiene.

El aguante

Para finalizar la entrevista, queremos saber si es desde la infancia que los palestinos integran una resiliencia sobrehumana hacia la brutal opresión de Israel. “¿Qué es infancia? Si mis primeros recuerdos con tres años es verme el cuerpo cubierto de quemaduras de napalm, cuando tenía siete años metieron a mi padre en la cárcel por luchar, cuando tenía 16 años y 17, antes de cumplir 18, había estado en la cárcel varias veces. Si cuento cómo fui torturado me preguntarías cómo puedo seguir en pie”. 

Nayed Hammad se reserva la última respuesta a esta entrevista para pedir más apoyo a los comunicadores valientes: “Hay que presionar y manifestarse para que el periodista reciba el apoyo que merece. Porque en Europa, el periodista tiene que estar más protegido, más apoyado por el Gobierno y respetada su labor, ¿a qué tienen miedo?”, se pregunta Hammad.

María, nombre ficticio, se enfrenta a un desahucio inminente en La Salud, Santa Cruz de Tenerife, con su hijo de nueve años, enfermo de asma, sin previsión de mejorar por el estado actual en que se encuentra la casa. La afectada es víctima de violencia de género y actualmente no cuenta con alternativa habitacional ni red familiar ya que se quedó huérfana con once años.

“Sólo pido un poco de tiempo para encontrar otra casa, un alquiler asequible, en el que vivir con mi hijo porque con las humedades y el estado de esta casa tiene que tomar antihístamínicos para dormir cada noche”, cuenta María a esta redacción después de solicitar que se salvaguarde su nombre real por miedo.

Desde 2020, vive en un piso de Santa Cruz de Tenerife junto a su hijo. Al principio pagaba 410 euros al mes. Después, el precio subió a 435, y, ahora, las propietarias quieren echarla para poder alquilar la casa “a precio de mercado” y cobrar 850 euros por ella. “Se espera que me vaya antes de acabar el año”, explica en una entrevista a este periódico.

Coordinación interinstitucional

La asociación Acción Social Canarias se ha dirigido este martes al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que se coordine con el Gobierno de Canarias y se activen medidas preventivas frente a los desahucios, se actualice el informe de vulnerabilidad conforme al Real Decreto 29/2026 y se informe de las condiciones de insalubridad en las que vive la familia y se valore la paralización del procedimiento.

En un comunicado, la PAH de Tenerife recuerda que la familia que lleva años reclamando que se solucionen los problemas de habitabilidad de su hogar. Las filtraciones de agua y las humedades estructurales han mantenido la vivienda en condiciones de insalubridad y han afectado a la salud del niño, aquejado de patologías respiratorias. Pese a las reiteradas solicitudes para que se realicen las reparaciones necesarias, la familia no ha obtenido una solución sino la resolución judicial del contrato.

“María ha buscado alternativas en el mercado del alquiler para evitar llegar a este extremo, pero sus ingresos y la realidad de las condiciones de acceso a una vivienda a los precios actuales le han impedido encontrar una alternativa que pueda asumir”, explica la plataforma. “¿Por qué una familia que paga puntualmente y reclama durante años unas condiciones mínimas de habitabilidad termina enfrentándose a la pérdida de su hogar, mientras el incumplimiento de las obligaciones de quien alquila una vivienda no recibe una respuesta igual de efectiva?”, se preguntan desde la plataforma.

Más dificultades

La afectada ha pedido ayuda al Servicio Insular de Atención a la Mujer y está inscrita en el Instituto Canario de la Vivienda porque actualmente “está apenas a 500 metros” de su agresor. “No me dan ninguna solución. Me dicen que no hay vivienda”. También está inscrita en diferentes programas para acceder a un hogar asequible, como Prohogar o Provivienda. Sin embargo, “la mayoría de los dueños” de estas viviendas “están dejando ese acuerdo para poder subir los alquileres”.

Como superviviente de violencia de género, le han ofrecido la opción desde Cáritas de apuntarse a una lista de espera para acceder a un piso tutelado y compartido con otras madres. “No hay suficientes y no hay habitaciones disponibles”, señala.

Las dificultades para encontrar una vivienda digna en la que vivir con su hijo la han empujado a recibir tratamiento psiquiátrico. “Tomo tres pastillas al día. Antidepresivos y ansiolíticos para poder dormir. Es algo bastante crudo de vivir y de sostener sola”, reconoce María. 

Desde este periódico hemos contactado con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para recabar su versión y su compromiso en próximas actuaciones que puedan dar un poco de alivio a María y su hijo. Hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

La filosofía y la fotografía no parecen profesiones que guarden relación a priori, pero Francisco Socorro, Paco para los amigos (si es que tiene enemigos), afirma que la fotografía es una actividad que mejor se adapta a aquellas coordenadas que describió Enmanuel Kant para que la especie lleve a cabo su existencia: el tiempo y el espacio.

Este jueves 22 de octubre a las 19.00 horas presenta su libro Imagina en la Biblioteca Pública de Estado, en Las Palmas. Sus páginas muestran el paso del tiempo en una producción desde 1990, año en que Socorro empieza a trabajar en el periódico Canarias7, y los lugares donde transcurren pequeños momentos de gente con nombre conocido o anónimo y que, entre todos, conforman la historia de un cambio de siglo en Gran Canaria: fiestas populares, eventos deportivos, los sucesos que dejan el alma fría, una tienda de aceite y vinagre que hoy es una ventana cerrada… Conforman una compilación que apuesta por el blanco y negro como elemento poético cuando la propia imagen y la conversación con el espectador lo requieran.

Socorro, siempre discreto aunque tenga mucho que decir con conocimiento de causa, reflexiona para esta redacción acerca de la divulgación de la cultura, la precarización del oficio de fotoperiodista, los momentos en los que más le costó disparar el botón de su cámara intentando, con el cuidado que pone en cada palabra, hacer justicia a aquellas palabras de San Agustín que invita a florecer justo donde le han plantado a uno.

“Detrás de Imagina hay muchos años de trabajo y mi interés por dar a conocer una parte. La otra opción era que estas imágenes quedaran durmiendo el sueño de los justos, ahí en el ordenador, en los negativos, sin darles divulgación. Y a mí me parece que merece la pena divulgarlo y darlo a conocer y ojalá sirva para que otros muchos compañeros que también tienen material muy importante se animen, o encuentren la institución o el mecenazgo que les permita salir y dar a conocer su trabajo también”, explica el fotoperiodista.

“Al fin y al cabo, es una mirada, y además localista, de la isla, de la ciudad de Las Palmas. Es también una especie de regalo para las amistades, los conocidos, todas aquellas personas que han estado cerca de uno durante estos años”, comenta. 

Una isla que ‘cambió’ de blanco y negro a color

Paco Socorro vio a través del objetivo de su cámara a una isla en proceso de transformación que entró en el siglo XXI cambiando los negativos en blanco y negro por los de color. Vio cómo durante años cambiaban los protagonistas o personajes que seguían en los mismos espacios: una Traída del Agua, una cogida de papas, una procesión, un partido de fútbol… y ver desde esos espacios fijos transformarse todo es lo más que le gusta.

“Los espacios físicos son como el escenario donde ocurren las historias, los hechos, y las personas que ahí están se van sucediendo. Incluso hay un cambio generacional entre las primeras imágenes de las fiestas y las últimas. Los jóvenes de hace 30 años hoy son padres de familia, o tienen 50 o más: la esencia de la fiesta se mantiene, pero hay una manera distinta de vivirla, porque son generaciones nuevas”, sostiene. 

El oficio de hacer fotos

Para Socorro, el fotógrafo profesional puede salvar un posible texto malo de un redactor, pero un buen texto, una buena imagen lo eleva por encima de cualquier trampa o cartón de la Inteligencia Artificial y otras herramientas. “Creo que en el fondo es un problema económico. Es decir, se han reducido las plantillas de fotógrafos porque de alguna forma han visto que hay otros modos de tener la imagen. Hoy los gabinetes de prensa tienen mucho protagonismo: envían la foto y el texto al periódico, y no es necesaria la presencia del fotógrafo. Pero se pierde la mirada del fotógrafo, porque incluso en una rueda de prensa puede haber un gesto del personaje que diga más que todo lo que ha dicho con palabras, y el fotógrafo tiene que estar atento a esos momentos”, reflexiona.

Saber mirar

El periodista hace un balance de sus creaciones y le han impactado, en primer lugar, las pertenecientes a las noticias de Sucesos, los cadáveres o los accidentes de tráfico. Habla concretamente del frío que sintió fotografiando el cadáver de un marinero ruso cuyo cuerpo apareció flotando en el Puerto. “No solo era un día frío, lo que sentí no se me olvidará nunca”. Socorro trataba de huir del morbo de las imágenes más sensibles para sacar lo que de la vida tuvieran que decir. Recuerda el impacto que le causó la historia de una joven quemada con ácido en Senegal que vino a la isla para ser atendida. 

“Todas las fotografías tienen una historia. Yo recuerdo una recogida de papas en Montaña Alta, en Guía, con el periodista Adolfo Santana. Lo curioso era que la ladera era tan inclinada que, para facilitar el trabajo, utilizaban una mula que iba levantando la tierra y sacando las papas, para luego recogerlas. Esa era toda la historia, pero era bonito ver cómo la gente se implicaba, cómo con toda naturalidad te dejaban trabajar”, recuerda. 

La cogida de papas de Guía es la portada de este libro, Imagina, que parece corresponderse con un paisaje de marte o un óleo, pero es la belleza que entrañan las cosas cotidianas cuando alguien las sabe mirar y rescatar porque sabe lo que está buscando. 

La ruta canaria engulle la vida de tres personas en un fin de semana en el que se han contabilizado cuatro embarcaciones con un total de 358 personas que han llegado al archipiélago entre el viernes y el domingo: 317 a El Hierro y 41 a Lanzarote.

La embarcación llegada este domingo fue detectada a las 04.30 horas, cuando un eco en el radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) alertó de su presencia a 2,7 kilómetros al sur de La Restinga. La Salvamar Diphda acudió a su encuentro y la acompañó hasta el puerto. El dispositivo de asistencia en tierra confirmó tres muertes y organizó la evacuación de otras personas a centros sanitarios de la isla, con siete personas heridas de gravedad.

Un fin de semana trágico

En el primer cayuco del viernes, con 77 personas, viajaban siete menores y cinco mujeres. Había partido de Gunjur, en Gambia, y llevaba ocho días de navegación. Sus ocupantes procedían de Gambia, Senegal y Guinea Conakry. Dos de ellos fueron trasladados al hospital de la isla tras llegar a La Restinga.

El segundo llegó durante la tarde con 109 personas, entre ellas 32 mujeres y 16 menores. Fue avistado a ocho millas de la costa herreña y la Salvamar Navia lo escoltó hasta el puerto. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, habría pasado once días en el mar y transportaba a personas procedentes de Gambia y Guinea Conakry.

El sábado, el rescate se produjo en aguas de Lanzarote. La Salvamar Al Nair localizó una patera de madera a 26 millas al noreste de Arrecife con 41 hombres de origen magrebí, todos en aparente buen estado de salud, y puso rumbo al puerto remolcando la embarcación. En el operativo también se movilizó al helicóptero Helimer 211 y se solicitó la colaboración de un buque mercante que se encontraba en la zona.

El Hierro ha concentrado así tres de las cuatro embarcaciones y 317 de las 358 personas transportadas durante estos tres días. Las travesías de los dos cayucos del viernes, de ocho y once días, dan cuenta del tiempo que parte de sus ocupantes habrían pasado en el mar antes de recibir asistencia.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado en X la “tragedia que arroja la Ruta Atlántica» y ha anunciado que seguirá reclamando medidas a España y a Europa, a quienes atribuye ”la capacidad de tomar decisiones y evitar esta catástrofe humanitaria“.

La ruta

Cada vez menos personas procedentes de África Occidental llegan a Europa por mar, pero el viaje no se ha vuelto más seguro. Las llegadas desde cuatro de los principales países de origen de África Occidental disminuyeron un 59% en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, según nuevos datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Sin embargo, los factores que impulsan la migración persisten y los viajes peligrosos continúan a través de múltiples rutas. 

“Que haya menos llegadas a un lugar no significa que las presiones hayan desaparecido”, afirmó la Directora General de la OIM, Amy Pope. “A menudo, simplemente se trasladan a otras rutas. Por eso debemos analizar todo el viaje, desde el punto de partida hasta el de llegada”. 

Los datos de la Ruta Atlántica de África Occidental muestran que, si bien las llegadas a Canarias disminuyeron considerablemente desde el pico de 2024 (una disminución del 62% entre 2024 y 2025), las muertes y desapariciones registradas se mantuvieron prácticamente sin cambios, disminuyendo un 4% entre 2024 y 2025 (de 1215 a 1172), “lo que pone de manifiesto que la ruta se ha vuelto mucho más peligrosa para los migrantes”.

Tal como se preveía en verano, los controles en Mauritania y Senegal, recientemente reforzados, han propiciado salidas desde países que se encuentran más al sur, sobre todo, desde Gambia. Una tendencia vaticinada en el informe de mayo del Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM), en colaboración con el Gobierno de Canarias. Las guerras civiles que azotan El Sahel, provocan un traslado de las migraciones hacia la salida atlántica, que unido a las condiciones meteorológicas propician un aumento de las llegadas, y, sobre todo, el riesgo para miles de personas de no llegar nunca a El Hierro, la isla más occidental, y perecer en el mar.

Fue un martes 13. La imagen del desahucio de Jennifer y sus dos hijos, de 4 y 16 años, en Las Palmas de Gran Canaria ha dado esta semana la vuelta al país en un momento en el que todas las miradas están puestas en si realmente el desahucio de Maricarmen y el posterior decreto aprobado en el Congreso pueden suponer un antes y un después en la lucha por el derecho constitucional a la vivienda. En esa imagen destacan la violencia del hecho mismo del desalojo, el sufrimiento de la afectada, la solidaridad vecinal que intenta impedirlo y la actuación de efectivos tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local, cuyas intervenciones en este tipo de lanzamientos se deben regir por los criterios de proporcionalidad y oportunidad según la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por todo ello, tres días después, la plataforma Derecho al Techo denuncia a través de un comunicado que la intervención policial no fue “ni proporcional con la situación ni respetuosa con el derecho a la protesta”, tras resultar heridos algunos de los manifestantes al ser arrastrados por los agentes, circunstancia por la que tuvieron que ser atendidos.

Les preocupa que los acompañamientos del colectivo a las personas afectadas por procedimientos de desahucio se conviertan “en una excusa para actuaciones desproporcionadas, o que la vulnerabilidad de una familia quede relegada a un segundo plano”.

La desproporción

La plataforma apunta directamente a la actuación tanto de la Policía Local incluyendo a su Grupo Operativo de Intervención y Apoyo de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria (GOIAS), que hicieron las veces de policía judicial por requerimiento de la magistrada.

“Lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental, ¿cómo deben actuar los cuerpos policiales ante personas que ejercen una resistencia pacífica para defender el derecho a la vivienda y acompañar a una familia en una situación de extrema vulnerabilidad?”, plantean desde el colectivo.

Advierten de que la ejecución de una resolución judicial no elimina la obligación de proteger la integridad de las personas ni convierte cualquier actuación policial en legítima “por el mero hecho de producirse durante un desahucio”.

Un informe ‘in extremis’

Desde Derecho al Techo llevan también tres días denunciando que el informe de vulnerabilidad de la familia, elaborado por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, fue presentado por registro en el juzgado una hora antes de la llegada de la comisión judicial al lugar del desalojo. Dicho informe también se mostró a la comisión judicial, que se negó a recogerlo, según afirma el colectivo, que exige que se aclare “qué ocurrió y qué consideración recibieron las circunstancias de vulnerabilidad de la familia”.

Por último, reclaman que se esclarezca la actuación de la Policía Local y de los agentes de los GOIAS y que haya una mejor coordinación entre los servicios sociales, las administraciones competentes en vivienda y los órganos judiciales para evitar que las familias vulnerables “afronten un desahucio sin una alternativa habitacional efectiva”.

Qué dice el Ayuntamiento

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas (PSOE), respondía a las críticas del PP sobre el desalojo este miércoles en una comisión del pleno del Ayuntamiento. La socialista despejaba las críticas indicando que el informe de vulnerabilidad llegó una hora antes del lanzamiento sin que la comisión judicial lo tuviera en cuenta.

En esa misma comisión, por alusiones, la concejala de Podemos, Gemma Martínez, recordó al PP su voto en contra del Decreto de Vivienda recientemente y para tumbar el escudo social en febrero. “Espero que no lleguen al poder”.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez (PSOE), defendió en otra comisión la actuación de la Policía Local y aseguró que la imagen del desahucio de Jennifer no ha gustado a nadie, tampoco a los agentes, “pero que deben seguir las órdenes de la autoridad judicial”.

Avello lo compara con el impago de una deuda

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello Formoso, ha defendido ante los medios que el procedimiento de desahucio de Jennifer “se ajustó a la legalidad y contó con todas las garantías” y “que las sentencias firmes deben ejecutarse en un estado de Derecho”. Avello comparó el desahucio de una madre y sus dos hijos menores de edad con el impago de una deuda: “Hay multitud de medidas ejecutivas que se adoptan diariamente, si hay un señor que te debe una cantidad, se adopta la medida coercitiva del embargo”.

Y sin embargo

Según el informe elaborado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la familia desahuciada cuenta con “baja o nula” capacidad económica para hacer frente al pago de una vivienda. Jennifer, desempleada de larga duración, no cuenta con una red de apoyo familiar o social, con dificultad para acceder a una vivienda de alquiler con los precios actuales.

Con 36 años y dos niños a su cargo percibe solo 1.173,76 euros mensuales, procedentes de la Renta Canaria de Ciudadanía, cantidad insuficiente para afrontar el conjunto de las necesidades básicas de la familia, incluyendo alimentación, vestido, suministros y gastos de vivienda.

El informe de vulnerabilidad destaca que “ha registrado solicitudes de vivienda ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. Asimismo registró su solicitud de mediación en el Programa Prohogar del Instituto Canario de la Vivienda, evidenciando que ha iniciado gestiones para intentar acceder a una solución habitacional estable. No obstante, sus limitados recursos económicos y la ausencia de apoyos dificultan considerablemente la posibilidad de encontrar una alternativa residencial por sus propios medios”.

Si nos llegan a decir a quienes pertenecemos a la generación que vivió varias crisis económicas y un 15M y que luchó contra reformas educativas como la Wert que la actuación policial más salvaje contra los españoles la veríamos con la policía del Gobierno más progresista de la historia, no lo hubiéramos creído. Se nos hubiera quedado la misma cara que a los estudiantes de la Universidad Complutense, golpeados este miércoles por la fuerza coercitiva del Estado por el delito de solidarizarse con los profesores en huelga por una mejor educación pública para todos, también para los hijos de los agentes y los hijos de los ministros que estudien en España, en la pública.

Esto sucedió cuando aún teníamos en la retina las imágenes de Maricarmen, sacada en en camilla de su casa, directa al hospital, del que no salió tras ser desahuciada en todos los sentidos en que el Estado puede desahuciar a una persona. Teníamos también la imagen de las cargas contra migrantes en Ceuta o la de la profesora estampada contra el suelo por un antidisturbios sin ninguna justificación objetiva hasta la fecha porque, por suerte, quedó grabado.

Ahora que los adultos estamos teniendo mucho cuidado en no contribuir al ruido por lo mucho que nos jugamos, es importante saber qué modelo de Estado queremos y cómo podemos sacudirnos una herencia franquista tan fuerte que impregna la judicatura, el periodismo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la propia cultura política en todos los sentidos.

La policía de Grande-Marlaska sería fuertemente criticada si su ministro del Interior fuera de derechas y todas estas imágenes descritas se corresponderían con regímenes dictatoriales que algunos tienen muy presentes aún en la memoria y otros en sus miedos futuros. Hacer cumplir la ley no debe ser violencia arbitraria a criterio de los agentes, y la justicia debe investigar, por salud democrática, todos los excesos que se produzcan tras cualquier carga policial. Los agentes deben responder por el uso de la violencia, se considere o no proporcionado, aceptando el eufemismo de esa expresión.

Echo mucho de menos una imagen que nunca he visto: la de una policía que vea llegar a los manifestantes por las causas públicas y, en lugar de oponer resistencia rabiosa, se dé la vuelta y marche junto a la gente, porque ellos son gente también. Echo de menos la vocación de servicio público de la plataforma estatal de Bomberos contra los desahucios o la del jefe de la Policía Local de Ingenio, en Gran Canaria, que, aunque no responda directamente ante Interior, madrugó el día previsto para el desahucio de Moisés y sus seis niños para ser el que diera la noticia a activistas, prensa y comitiva judicial de que aquel desalojo se aplazaba.

La concepción actual del poder y los mercados dejan poco margen de maniobra a lo que está dispuesto a disputar el PSOE, pero no son necesarias ni la crueldad ni el cinismo. Ni tener un poli malo y otro bueno para contentar a los dos lobos que España tiene dentro de sí..

Todo esto es una apuesta clara de modelo: desvincular de cualquier imagen de futuro el rastro que haya de un sistema político heredado de 1978 o contentar a personas que insultarían a este Gobierno si se terciara.

Cerca de 10.000 personas han participado este sábado en la marcha convocada en Las Palmas de Gran Canaria para reclamar soluciones ante las dificultades de acceso a la vivienda y exigir que se garantice este derecho.

Durante el recorrido se han escuchado consignas en defensa del derecho a la vivienda y también a favor de barrios antifascistas. Entre los mensajes coreados destacaban “El Gobierno de Canarias es una inmobiliaria”, “Si pago el alquiler no llego a fin de mes” o “Menos casas pa’ invertir, más pisos pa’ vivir”. Un mar de gente de todas las edades, desde la plaza de la Feria hasta la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, clamó por el fin de la especulación con la vivienda y de los abusos de los fondos buitre.

Durante ese recorrido, una señora de la edad de Maricarmen agitaba desde un tercer piso sus llaves y la multitud le correspondió con un fuerte aplauso.

La protesta ha incluido, además, sentadas simbólicas en diferentes puntos del recorrido. La más ruidosa tuvo lugar frente a la sede del Gobierno de Canarias, con los manifestantes levantando sus llaves como gesto reivindicativo ante las dificultades de acceso a una vivienda.

“Me echaron para subir el alquiler de una habitación a 600 euros”

Es la historia de Elena, periodista de 32 años, que marchaba este sábado en Las Palmas de Gran Canaria porque le han subido el alquiler a 1.200 euros en un piso de 60 metros cuadrados. “Vengo de otro alquiler del que me han echado para cobrar 600 euros por la habitación por la que pagaba 400”, relata.

Para Elena, las movilizaciones que se vienen sucediendo desde el desahucio de Maricarmen le ponen “los pelos de punta”. Considera que es “absolutamente necesario salir a la calle porque la vivienda es un derecho social y se trata de nuestro presente y nuestro futuro”, explica.

Un futuro para Isla

Isla es una niña a la pelela de su padre. No quiere hablar con la prensa, pero ya está aprendiendo, a una temprana edad y desde una altura desde la que puede ver todo el horizonte, que la lucha parece ser el único camino.

Su madre, Marta, explica a Canarias Ahora que hay que salir a la calle para defender el derecho a la vivienda y proteger los barrios del fascismo.

Un poco mayores que Isla, tres jóvenes que no superan los 25 años han quedado este sábado para acudir a la manifestación: una Helena con hache, una Sakira sin hache y otra que se llama Melina. Esta última es la primera en contarle a Canarias Ahora por qué está hoy en la calle: “Porque es un movimiento para todos: para los jóvenes, para los mayores… A todos nos toca este tema y es muy importante salir hoy a reivindicar nuestros derechos, que son derechos humanos básicos, como tener una vivienda”, explica.

“Siento que el desahucio de Maricarmen ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha hecho que muchísima gente haya salido a la calle”, expresa Helena.

Para Sakira, que lleva la pancarta del titular de esta crónica, las cosas pueden cambiar y se muestra esperanzada. “Pero hace falta mucha información para la gente que está en casa y no se ha manifestado porque no ve que es una lucha por los derechos humanos, al margen de las derechas y las izquierdas”, indica.

“Hace falta ya una huelga”

La multitud terminó el recorrido donde lo había comenzado, en la plaza en la que permanece la acampada por el derecho a la vivienda. Allí escuchó los manifiestos de la organización, que advierten de que “la lucha continúa” y de que toca prepararse para las movilizaciones que vienen, en el camino hacia “la huelga general de la vivienda” y las conversaciones con los sindicatos.

Casi 10.000 personas participan ya en la marcha convocada en Las Palmas de Gran Canaria para reclamar soluciones ante las dificultades de acceso a la vivienda y exigir medidas que garanticen este derecho.

La movilización, que partió del entorno del Monumento de Galdós, en la plaza de la Feria, avanzaba a las 11.30 horas hacia la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, después de varios días de protestas y de la acampada instalada en este espacio en defensa del derecho a la vivienda.

Durante la marcha se están escuchando consignas en defensa del derecho a la vivienda y también a favor de barrios antifascistas. Entre los mensajes coreados destaca “el Gobierno de Canarias es una inmobiliaria”, dirigido contra las políticas de vivienda de las instituciones canarias.

La protesta ha incluido además una sentada simbólica frente a la sede del Gobierno de Canarias, con los manifestantes levantando sus llaves como gesto reivindicativo ante las dificultades de acceso a una vivienda.

La movilización da continuidad a las protestas desarrolladas durante los últimos días, después de que los dos decretos ley sobre vivienda fueran rechazados en el Congreso de los Diputados con los votos de PP, Vox y Junts. Los colectivos y activistas participantes, entre ellos el Sindicato de Inquilinos de Tenerife y Derecho al Techo, ya habían advertido de que las movilizaciones continuarían.

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Los acampados en la plaza de la Feria, en Las Palmas de Gran Canaria, han decidido quedarse frente a la Delegación del Gobierno hasta este domingo 4 de octubre. A pocas horas de que los votos de PP, Vox y Junts tumbaran los decretos de vivienda que se votaron este viernes de urgencia en el congreso, los ánimos en la Feria no son derrotistas: “Vemos esta acampada como un paso más del proceso de lucha y como ese momento donde nos encontramos para prepararnos para luchar”, explica un portavoz de Derecho al Techo a Canarias Ahora.

Las vistas están ahora puestas en la manifestación de este sábado, que partirá desde la plaza de la Feria hasta la Presidencia del Gobierno de Canarias y en la asamblea del día 8 de octubre, donde los diferentes colectivos intercambiarán nuevas propuestas para caminar hacia la convocatoria de una huelga general de vivienda.

“No nos interesa caer en la monotonía ni perder la dirección de la lucha. Ahora toca trabajar con los sindicatos en los próximos pasos”, explican.

Un logro arrancado a Coalición Canaria

Para el colectivo, la presión social y la movilización en las calles ha conseguido colocar la emergencia habitacional en el centro del debate político. “Y queremos celebrar que Coalición Canaria se haya visto obligada a posicionarse a favor del decreto que incluía la protección frente a determinados desahucios. Para nosotras esto demuestra algo muy sencillo que es que cuando la gente se organiza y sale a la calle, los problemas de la gente dejan de esconderse”.

El colectivo subraya que la lucha “no termina aquí” y asegura que continuará organizándose y luchando por el derecho a una vivienda digna. “Si las voces de los colectivos no han sido escuchadas en el Congreso, serán escuchadas en las calles”.

Futuros desahucios

El Ejecutivo había negociado el texto con Junts e incorporado buena parte de sus demandas con el objetivo de lograr su convalidación. Sin embargo, los independentistas mantuvieron la decisión adoptada a última hora del jueves y votaron en contra de ambos decretos. Así las cosas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dado de margen el fin de semana para decidir si convoca elecciones generales en noviembre, según han explicado fuentes del Gobierno a elDiario.es.

De las medidas que han decaído este viernes, la no congelación de los desahucios hasta 2030 es la que más decepciona a los colectivos. La amenaza de desalojo mantiene en vilo a muchas familias con las que trabajan, que habían visto en los decretos una posible vía de alivio.

“Las familias no van a tener una visión de futuro porque lo único en lo que pueden pensar es que el mes que viene un rentista les va a echar de su casa y no hay nadie que vaya a pararle los pies”, sentencia Derecho al Techo.

La profesora Koldobi Velasco ha impartido ante más de 30 personas, entre alumnado del grado de Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), personas acampadas y asistentes, una clase de la asignatura de cuarto curso Trabajo Social en contextos de exclusión.

La clase, titulada De la exclusión residencial al derecho a la vivienda para todas, fue un símbolo de que el conocimiento se traslada allí donde sucede la vida, y no al revés. “Fue una clase bellísima, abierta, como la universidad pública que somos, la ULPGC”, describe Velasco a Canarias Ahora. “Estuvimos primero acercándonos a la realidad, a esa realidad sistémica entre el capital y la vida, donde ganan el beneficio, el capital, la acumulación por desposesión y la represión”.

Durante la lección, el alumnado y las personas asistentes analizaron distintos artículos con datos y relatos que exponen realidades en las que personas, colectivos y territorios quedan excluidos del derecho a la vivienda. “A partir de ahí, hicimos unas camisetas con lemas que resumían la reivindicación y la denuncia que planteábamos”, relata Velasco.

Donde primero suceden los cambios

“Después hicimos todo un ejercicio para soñar”, continúa explicando la docente. “En estos tiempos de amputación de la noción de alternativa, soñamos juntas con qué mundo queríamos; con cómo sería la realidad, nuestras vidas y la vida de todas si el problema de la vivienda estuviera solucionado”.

Velasco advierte en el alumnado una gran “sed de comunidad” y se queda con la ronda final de intervenciones, en la que se planteó a las personas asistentes qué querían compartir con el resto. “Salirnos de los apuntes hacia la calle y contemplar que realmente otro mundo, otra realidad y otras luchas son posibles, y que el Trabajo Social tiene que seguir con la brújula de la defensa de los derechos humanos y la justicia social”, concluyó la alumna Ned.

Para la profesora, “todo es fuente de aprendizaje y esta experiencia tan significativa —de clase abierta, de clase en la calle y de abrazar las luchas hacia una educación transformadora— consiste en acercar la academia al servicio de los procesos emancipatorios, con mucha humildad y fortaleciendo los vínculos, la comunidad y la esperanza”.

Arranca el día en la plaza de la Feria tras la primera noche de acampada por el derecho a la vivienda. Son medio centenar de personas repartidas en unas cuarenta casetas, distribuidas a lo largo y ancho de un pequeño asentamiento improvisado, numeradas y con sus propias calles, que no ha parado de crecer durante toda la jornada. Es el día de la rueda de prensa, de atender a los periodistas, de decidir y votar la organización interna de la acampada, y de seguir construyendo comunidad y compartiendo ideas para las luchas que se vienen.

Son personas de diferentes edades y oficios, muchas de ellas estudiantes que hacen encajes de bolillos para asistir a clase y cumplir también con el compromiso común que han adquirido. Salvo durante las horas de las comidas, todo el mundo está siempre haciendo algo, de un lado para otro, y el inicio de una asamblea está siempre próximo. En las celebradas este miércoles se han decidido asuntos importantes, como la organización de la logística, la seguridad, las comisiones de trabajo y la elaboración de talleres y actividades. Quizá sea por todo eso por lo que se respiraba en la plaza de la Feria un aire de “ciudad en construcción”.

Minutos después de la rueda de prensa convocada a las 11.00 por Derecho al Techo en la misma plaza, su portavoz, Javier Marrero, charlaba con Canarias Ahora, sentado en una silla de playa -una improvisada recepción para la prensa-, sobre los retos y logros de esta semana. “Lo que nos une a todos es que somos antifascistas”, explica al ser preguntado por cómo transcurren los debates entre desconocidos de distintas edades y maneras de pensar.

El portavoz sitúa el foco especialmente en las dificultades de la población joven para abandonar el hogar familiar ante la escalada de los precios del alquiler. “La juventud no se puede emancipar de sus casas porque cada vez suben más los alquileres”, afirma. A su juicio, el Gobierno de Canarias no puede “esconderse detrás” de las competencias estatales ni “echar balones fuera”, ya que cuenta con atribuciones en materia de vivienda a través de la consejería autonómica.

El portavoz destaca que el espacio está permitiendo a personas afectadas por desahucios compartir sus experiencias y comprender que su situación trasciende el ámbito individual. “Personas que se acercan con sus desahucios y que antes pasaban vergüenza porque pensaban que era su culpa ahora ya ven que es una cuestión estructural”, sostiene. Según Marrero, esa toma de conciencia es una de las bases de una protesta que busca prolongar su capacidad de organización más allá de las tiendas instaladas en la calle.

Los cuidados

Uno de los puntos inaugurados este miércoles es el violeta, donde además se coordina el trabajo de cuidados, con mayúsculas. “Porque parar un desahucio es cuidar”, explica David, de 25 años, a este periódico. Tiene claro que “con los derechos no se juega. Con la vivienda no se juega. También afecta a las personas racializadas y por eso creo que es importante estar aquí, estar ahora y estar hasta que este Gobierno español acabe con esta precariedad”.

Desde las 18.00 se realizaron actividades para niños y niñas a partir de seis años, un taller sindical y un taller de verseadores, para terminar con un festivalito de la vivienda que contará con actuaciones musicales, entre ellas una de Arístides Moreno.

Para Sofía, portavoz de Derecho al Techo, preguntada por los comentarios sobre el tiempo de las personas que acampan y cómo lo emplean, la respuesta es tajante: “No hay que concebir el tiempo que se invierte en las luchas sociales como un tiempo que utilizas porque te sobra, sino como un tiempo que haces que te falte de otras cosas porque te faltan otros derechos”. Anima a todo el mundo a acercarse a la acampada y asegura que, aunque vengan solas, “siempre estarán acompañadas porque esta lucha es de todas”.

Los desahucios que vienen

Los colectivos y las personas acampadas están preocupados por los desahucios previstos en las islas para la próxima semana. Temen que los decretos, de aprobarse, no lleguen a tiempo, a efectos jurídicos, para suspender los lanzamientos que mantienen en vilo a tantas familias, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad.

El real decreto ley contempla la posibilidad de suspender determinados lanzamientos cuando se cumplan los requisitos establecidos por la legislación, incluidos algunos procedimientos en los que ya exista una resolución que acuerde el lanzamiento, siempre que este todavía no se haya ejecutado.

Ante esta entrada en vigor, Derecho al Techo considera necesario que los órganos judiciales puedan disponer de la nueva regulación y comprobar, en los casos que corresponda, si concurren las circunstancias exigidas por la ley. Entre ellas se encuentran la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas y la existencia, o no, de una alternativa habitacional, además del resto de condiciones previstas en la norma.

Derecho al Techo insiste en que no reclama al TSJC que ordene la suspensión de todos los desahucios ni que intervenga en las competencias de los juzgados que tramitan los procedimientos. Su petición se centra en que la nueva legislación sea conocida y aplicada desde el momento en que entre en vigor.

Llegan refuerzos: Las Kellys y las estudiantes de Trabajo Social

Las diferentes asociaciones de camareras de piso del Archipiélago han querido sumar su apoyo a esta acampada y lo harán presencialmente en los próximos días. “Mientras nuestras islas reciben millones de visitantes, cada vez son más las personas que tienen problemas para encontrar una vivienda que puedan pagar y mantener”, explican. “Las Kellys conocemos esta realidad de cerca. Ha llegado el momento de organizarnos y hacer oír nuestra voz”.

Otra visita muy esperada en los corrillos de la acampada es la de las estudiantes de primero de Trabajo Social de la ULPGC, que impartirán su clase desde la acampada junto a su profesora de Introducción al Trabajo Social, la activista Koldobi Velasco.

Todo esto ocurre en una plaza que, arquitectónicamente, es un abrazo al escritor más internacional de los canarios: republicano y más escritor que diputado, porque solo alguien que es escritor ante todo llenaría una plaza con la frase: “Así como de la noche nace el claro del día, de la opresión nace la libertad”.

Lo advirtieron y están cumpliendo con todas las consecuencias. Los colectivos canarios por el derecho a la vivienda no iban a aceptar que este martes se aprobara en el Consejo de Ministros un decreto, al que tildan de “descafeinado”, y que no recogiera sus demandas historicas. Por todo lo acontecido desde el desahucio de Maricarmen en Madrid, Derecho al Techo ha convocado en la ciudad de Las Palmas una asamblea abierta para afrontar “la organización y la lucha” de los meses que vienen para “blindar la vivienda como un derecho y no como un negocio”.

Ha sido en esta asamblea, celebrada en la plaza de La Feria, donde se decidió dar a la protesta un caracter permanente con la puesta en marcha, esta misma noche y en la misma plaza, de una acampada donde ya hay instaladas casetas. Se unen así a ciudades como Madrid, Sevilla, Palma, Murcia, Cordoba, Bilbao, Santiago de Compostela, Málaga y Barcelona.

“Presionar, organizarnos juntas y luchar funciona”, explica en su intervención Paula Núñez, portavoz de derecho al techo ante más de 300 personas. En el transcurso de la asamblea abierta se planteó la posibilidad de convocar una huelga general de la vivienda, entendiendo que esto “va más allá del decreto” aprobado este martes, que se debate este viernes en el Congreso de los Diputados con caracter urgente, y que “va más allá de un desahucio puntual”.

Desde la organización de la acampada, recomiendan a las personas que quieran participar en la acampada que lleven casetas, mantas, sacos, esterillas, comida, agua y todo aquello que puedan necesitar durante la noche.

Líenas rojas

Desde Derecho al Techo, son tajantes en sus líneas rojas y sobre lo que no van a admitir a partir de ahora como válido después de una espera tan larga. “Prórroga de los contratos de alquiler, protección frente a los desahucios, fin del fraude de los alquileres de temporada, regulación del alquiler de habitaciones, devolver las viviendas de uso turístico al mercado residencial, renovación automática de los contratos y la expropiación de las viviendas vacías destinadas a la especulación”, enumera Marrero. “Este decreto no va a servir para apagar el clamor de las calles, seguiremos organizándonos para que la vivienda vuelva a ser un derecho”.

Reivindicaciones

Derecho al Techo y el Sindicato de Inquilinas de Tenerife reprochan al Ejecutivo autonómico que atribuya al Estado toda la responsabilidad y le instan a declarar zonas tensionadas, regular los alquileres y movilizar vivienda vacía. “La propia normativa canaria establece un procedimiento para que puedan declararse zonas de mercado residencial tensionado. La legislación autonómica atribuye esta competencia a la Consejería competente en materia de vivienda y establece el procedimiento para su declaración.

Ambos colectivos situaban este martes entre las principales medidas la renovación automática de los contratos de arrendamiento al finalizar sus periodos iniciales, salvo que exista una causa justificada para que la propiedad recupere la vivienda para uso propio. Los colectivos defienden que esta reforma permitiría garantizar alquileres de carácter indefinido y evitaría que la finalización de un contrato obligue a las personas inquilinas a afrontar subidas de precio o a abandonar su barrio.

La propuesta también plantea una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para incorporar a la regulación los alquileres de temporada y por habitaciones. El Sindicato de Inquilinas de Tenerife y Derecho al Techo denuncian que estas fórmulas se utilizan como una vía para esquivar la normativa del alquiler residencial ordinario.

Además, el Decreto Maricarmen defiende establecer un incremento del 0% en los precios de los alquileres, así como reforzar las garantías para recuperar las fianzas y permitir que las personas arrendatarias descuenten de la renta determinadas reparaciones que correspondan a la propiedad y no hayan sido ejecutadas. Y, sobre todo, reclaman que ninguna familia en situación de vulnerabilidad sea desahuciada sin una alternativa habitacional digna, adecuada y ajustada a su situación económica.

El Gobierno español trabaja in extremis en un decreto de vivienda redactado y negociado al calor de la indignación social por el desahucio de Maricamen en Madrid, la gota que colmó el vaso del malestar social por la asfixiante situación del acceso a la vivienda en toda España.

En Canarias, donde los colectivos debaten la posibilidad de establecer una protesta permanente o una acampada, una manifestación en Tenerife el pasado jueves reunió a cientos de personas y otra celebrada en Gran Canaria el fin de semana a miles de manifestantes por una democracia real y también por el derecho a la vivienda. Los colectivos aseguran a Canarias Ahora que la lucha continuará “pase lo que pase este martes en el Consejo de Ministros”.

Punto por punto

Desde Derecho al Techo esperan que este martes se apruebe un decreto “valiente y que defienda la vivienda como un derecho y no como un negocio”, explica uno de sus portavoces, Javier Marrero, a Canarias Ahora. “Un decreto que proteja a las personas inquilinas y a quienes necesitan una vivienda y no a las rentistas”. Desde la plataforma, son tajantes en sus líneas rojas y sobre lo que no van a admitir este martes como válido después de una espera tan larga. “Prórroga de los contratos de alquiler, protección frente a los desahucios, fin del fraude de los alquileres de temporada, regulación del alquiler de habitaciones, devolver las viviendas de uso turístico al mercado residencial, renovación automática de los contratos y la expropiación de las viviendas vacías destinadas a la especulación”, enumera Marrero. “Este decreto no va a servir para apagar el clamor de las calles, seguiremos organizándonos para que la vivienda vuelva a ser un derecho”.

Una asamblea abierta

Por todo ello, se lleven o no todos los puntos del llamado 'decreto Maricarmen' al Consejo de Ministros, Derecho al Techo convoca a los grancanarios a una asamblea abierta este martes, 29 de septiembre, para “sumar fuerzas” y “organizarse ante los cambios que vienen”. En ese encuentro, se debatirá la conveniencia para los colectivos de realizar una protesta permanente y acampar como se está haciendo en la Puerta del Sol de Madrid.

En la misma línea, desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife, señalan que la única línea roja para el colectivo sería que el decreto no lleve todas las reivindicaciones mencionadas. “Hemos esperado muchísimos años y lo que no puede pasar es que se vuelva a probar una ley como la estatal de vivienda, que dejó fuera muchas de nuestras reivindicaciones y un montón de huecos por los que se están colando los especuladores y los rentistas”, expresa a Canarias Ahora el portavoz del sindicato, David González. “Las movilizaciones continuarán pase lo que pase este martes, atendiendo a la realidad y especificidad del territorio canario”. En Tenerife tampoco descartan una protesta permanente y ruegan a la población que para informarse “sigan los canales oficiales de los colectivos de vivienda”.

Un toque al gobierno autonómico

Derecho al Techo y el Sindicato de Inquilinas de Tenerife reprochan al Ejecutivo autonómico que atribuya al Estado toda la responsabilidad y le instan a declarar zonas tensionadas, regular los alquileres y movilizar vivienda vacía. “La propia normativa canaria establece un procedimiento para que puedan declararse zonas de mercado residencial tensionado. La legislación autonómica atribuye esta competencia a la Consejería competente en materia de vivienda y establece el procedimiento para su declaración. Por tanto, no aceptamos el discurso de que todo depende de Madrid. El Gobierno de Canarias tiene que actuar aquí y ahora”, sostienen.

El decreto

El Ministerio de Vivienda ha mantenido durante todo el fin de semana abiertas las conversaciones con los grupos para llegar al primer Consejo de Ministros tras el polémico desalojo con un texto ya encarrilado. Y, aunque a última hora de este domingo el paquete de medidas aún no estaba cerrado, la decisión de no retrasar más su puesta en marcha es firme.

Frente al Hospital Gregorio Marañón, donde se encuentra ingresada Maricarmen, los partidos de la izquierda parlamentaria se han unido para elevar la ambición del paquete de medidas de vivienda que prepara el Gobierno. “Vamos a presionar para que el real decreto Maricarmen se lleve íntegro”, ha dicho la ministra Mónica García como representación de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid, Comuns, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG.

El nuevo decreto, todavía en negociación con los grupos políticos, incluye diez medidas y será probablemente más reducido que el que circuló en julio por los grupos parlamentarios, según ha informado eldiario.es.

La otra gran novedad del texto es la prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre, medida que dependerá del detalle de la redacción para saber a quién penaliza y cómo se especifica lo que es “un fondo buitre” o si afecta a todas las empresas o entidades bancarias.

Empezó puntual la protesta ciudadana por una democracia real y contra los desahucios en Las Palmas de Gran Canaria. Desde el Auditorio Alfredo Kraus y a pesar del fuerte calor atrapado en la panza de burro de Las Canteras, más de 10.000 personas -según datos de la organización, 2.500 según la Policía Nacional- marcharon por la avenida y comentaban entre ellas que “no está todo perdido”.

La convocatoria, respaldada por cerca de más de 12.000 firmas ciudadanas, reunió a personas y colectivos de diferentes ámbitos sociales, sindicales y ciudadanos, unidos en la defensa de “una sociedad en la que la vida y las necesidades de las personas estén por encima de los intereses económicos”.

Una lucha de todas las luchas: banderas de Palestina, el Sáhara, contra el turismo masivo y, sobre todo, un nuevo símbolo: llaves agitándose contra la especulación urbanística y los desahucios y con muchas palabras de cariño a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada esta semana en Madrid.

Tita es peona forestal y cuenta a este periódico que lo que la impulsó a salir este sábado a la calle es “todo lo que está pasando”. Le preocupa el genocidio en Palestina y el problema estructural de la vivienda: “Hace mucho que se producen desahucios y tenemos un problema con el precio de los alquileres en relación a lo pobres que son nuestros sueldos. Luego cuando no puedes pagar, te desahucian”, explica.

Para Manuel, que lleva unos tirantes con los colores de la bandera republicana, la lucha no es una cuestión de edad. Ha salido hoy a la calle para defender “los derechos conquistados” y “la democracia” y lo ha hecho junto a su amigo Armando. “Ambos fuimos torturados por el franquismo en la cárcel de Soria”, confiesa mientras pasa a su camarada el brazo por encima. “Nos jugamos volver a tiempos oscuros”.

Madai, de 30 años, no se asfixia pagando el alquiler porque comparte piso. “Conozco gente que paga precios desorbitados”, explica a Canarias Ahora. “Espero que con este se vea realmente un cambio y que se paren realmente los desahucios”.

La marcha transcurre entre consignas como: “el ático de Ayuso para Maricarmen”, “rescatan a banqueros y desahucian al obrero” o “ningún ser humano es ilegal”. Realmente daba la impresión, de que el desubicado era el que no estaba en la protesta, aunque estuviera de vacaciones. Turistas y transeúntes se apartaban al paso de los manifestantes y muchas personas se asomaban desde su privilegiada primera línea de Las Canteras.

Todas las luchas

Con reminiscencias del 15M, con más rabia en el ambiente si cabe, en una protesta que las aunaba todas, recibió a la multitud el Bella Ciao en el Parque de Santa Catalina donde se iban a leer diversos manifiestos.

También se guardó un minuto de silencio por las personas que se han suicidado tras ser desahuciados, por las mujeres víctimas de violencia machista y por las vidas migrantes que se han quedado en el mar.

Abrió el turno de intervenciones la periodista Herminia Fajardo, que quiso rendir un homenaje en el inicio a la lucha de las mujeres y recordando la frase de Simone de Beavoir: “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”.

Las movilizaciones también denunciaron el racismo, la xenofobia y la discriminación contra las personas LGTBIQ+, al tiempo que reclamaron servicios públicos “fuertes”, condiciones laborales justas y una sociedad sin exclusión.

Los manifiestos leídos recogieron las demandas de los colectivos participantes, que coincidieron en la necesidad de reforzar la protección de lo común frente a la desigualdad, la pérdida de derechos y la precarización de las condiciones de vida. La activista Koldobi Velasco hizo un llamamiento de “ternura radical frente a la violencia”. Sofía, de Derecho al Techo, recordó que la precariedad mata y que “necesitamos recuperar nuestros barrios y pedir que se ilegalicen los grupos de desocupación, carroñeros”.

También, entre otros representantes de colectivos, tomó la palabra Leonora Angono, de Regularización ya, que reivindicó la historia como elemento de lucha. “La historia explica por qué las personas migrantes estamos aquí. Los europeos no llegaron a África pidiendo visados y respetando nuestra soberanía. Llegaron a nuestro territorio, se apropiaron de nuestros recursos y sometieron a millones de personas a la esclavitud, la tortura y la violencia”.

Por último se escuchó una voz en la plaza: “acabamos por hoy, pero la calle es nuestra”. Minutos después, desmontaban los equipos de sonido y la gente volvía a su rutina con la sensación de haber visto florecer una semilla.

Paquita, Mariví, Natalia, María o Francisco son nombres propios que no tienen todavía la fuerza del de Maricarmen, pero que pasan ahora por su misma situación: sobre ellos pende la amenaza de un desahucio que los expulsará de sus hogares. La salida de la anciana madrileña, de 87 años, ha removido la conciencia social y las imágenes de su lanzamiento han recordado al Gobierno la dureza de la crisis de vivienda.

Ahora, mientras el Ejecutivo acelera para atar con sus socios un Real Decreto-Ley que trate de poner freno a la emergencia habitacional, los testimonios de estas cinco personas amenazadas con la pérdida de la vivienda en la que residen cobran más relevancia. A Paquita la echan para montar un piso turístico en La Latina, en pleno centro de Madrid, porque es más rentable que un alquiler de larga duración. En Badalona, a Francisco y María los quieren expulsar de su casa ya pagada... pero con la que avalaron a su hijo para la compra de un piso que no pudo pagar por la crisis de 2008. En Canarias y en Euskadi, Natalia y Mariví tiemblan pendientes de un fondo.

“Ha pasado lo de esta mujer, que yo estuve allí para despedirla, no sé qué será de mí”, dice Paquita, sobre Maricarmen, este viernes. “Esto es un sinvivir. Yo no pido un palacio; pido un techo”, narra Natalia. “No me voy a ir de aquí”, sostiene Mariví. “Lo único que pido es que me dejen vivir con mi esposa en esta casa hasta que nos muramos, que no queda tanto”, piden Francisco y María.

Paquita: 83 años, párkinson y a merced de un piso turístico

Si existe un caso parecido al de Maricarmen es el de Paquita. Tiene 83 años, cuatro menos, padece de párkinson y vive a solo cuatro kilómetros de distancia. En la noche del desahucio acudió al barrio de Retiro, en Madrid, para apoyar a Maricarmen y para “despedirla”, contaba este viernes entre lágrimas ante los micrófonos.

Ella vive desde hace 29 años con su hijo, de 47, en un piso de la calle Santa Ana, en el céntrico barrio de la Latina, “y no pagamos una miseria: 1.100 euros al mes”, dice. Pero su casero, que es la empresa Tolesanta, que tiene múltiples pisos turísticos en su mismo bloque y en otros, no quiso renovarle el arrendamiento. “Si quieren que pague más, que nos lo digan y negociamos”, asume Paquita.

Pero lo que sospechan es que quieren habilitar más pisos turísticos, aunque en la ciudad de Madrid es ilegal que nuevas unidades convivan con viviendas desde agosto de 2025. En 2023, un juez dictaminó que Paquita tenía que abandonar la casa porque se le había vencido el contrato, pero ella siguió pagando y ellos reciben la transferencia cada mes. “Eso es que están de acuerdo, ¿no?”, se pregunta Paquita.

El pasado 22 de julio, Paquita se enfrentaba a su desahucio acompañada de vecinos que le apoyan, pero fue suspendido. Aseguraba que necesitaba más tiempo para buscar piso, pero ahora, visiblemente afectada por el caso de Maricarmen, casi un espejo, parece decidida a luchar. “Claro que voy a defender mi casa, aquí han muerto mi marido, mi madre... Y que yo no pago una miseria”, defendió el viernes.

“Estoy fatal, tengo la rodilla hecha polvo, así ando, paquí y pallá, pero con el bastón. No me echo atrás, no me voy a quedar en casa, pero me cuesta, me cuesta mucho. (...) Ha pasado lo de esta mujer, que yo estuve allí para despedirla, no sé qué será de mí. Espero poder seguir en mi casa”, decía, y aseguraba que al otro lado del teléfono, Tolesanta no responde a las peticiones para negociar, incluso a ofertas de pagar más alquiler.

Francisco y María: “Jamás pensé que me ocurriría a mí”

Poco antes de que la policía sacara a Maricarmen de su casa en Madrid en la mañana del miércoles, a 600 kilómetros de allí, en Badalona, una pareja de 84 y 79 años logró frenar su desahucio. Francisco Olea y María Andrade, acompañados por sus hijos, los vecinos y el Sindicato de Vivienda de Badalona, consiguieron frenar la comitiva judicial y aplazar el desalojo del que ha sido su hogar en los últimos 50 años. Su historia, como ocurre a menudo con los desahucios, hunde sus raíces en la crisis inmobiliaria de 2008. Fue entonces cuando la pareja decidió avalar a su hijo para que se comprara un piso en la ciudad. “Las cosas iban bien, tenía un pequeño taller, pero la crisis lo fastidió todo y no pudo pagarlo”, explica Francisco a elDiario.es.

La familia explica que tras desahuciar hace un año al hijo, el BBVA –con quien contrajo la hipoteca– inició el procedimiento para quedarse con el piso de Francisco y María. Sin embargo, ambos aseguran que su hijo se lo ocultó, convencido de que podría solucionarlo, con lo que se enteraron de la fecha de desalojo dos días antes, el día 21 de septiembre. “Jamás pensé que me ocurriría a mí, tengo pagada la casa desde hace 40 años”, exclama Francisco, que durante años militó en la PAH.

Tras paralizar el desahucio en la calle, Francisco y María consiguieron una prórroga hasta el 29 de octubre, y reclaman ahora al Ayuntamiento de Badalona que les ayude a negociar con la propiedad. Lamentan que no pueden pagar el montante reclamado, de 70.000 euros cada uno, pero sí ceder el piso a cambio de un alquiler social. “Lo único que pido es que me dejen vivir con mi esposa en esta casa hasta que nos muramos, que no queda tanto”, suplica Francisco.

Natalia, con un menor a su cargo

El fondo demandante del desahucio de Natalia, Trova Capital S.L., está radicado en Madrid, muy lejos del barrio de Las Rehoyas, en Las Palmas de Gran Canaria, y de la ventana desde donde, aún hoy, saluda a sus vecinas.

“En casa seguimos todos muy nerviosos”, cuenta a esta redacción Natalia, que no sabe cuándo va a volver a llegar una carta que les ponga, una vez más, el corazón en un puño. “Esto es un sinvivir. Me han parado ahora el desahucio, ¿después qué hago? Yo no pido un palacio; pido un techo, que yo lo adapto para mi hija. Rompo bloques si hace falta”.

Natalia recuerda lo joven que era cuando, hace trece años, llegó a esta casa abandonada. Recuerda entrar por la puerta con su hija, que tiene una discapacidad del 100%, y cómo los vecinos, al conocer su situación, hicieron una colecta para que pudiera poner las ventanas, la encimera de la cocina y adaptar lo mejor posible la vivienda para criar a la niña. 

Hoy, su vecina del quinto le proporciona agua y luz porque sabe que su situación es aún más grave: se enfrenta a un desahucio sin alternativa habitacional ni red familiar, y tiene a su cargo a una hija en situación de dependencia, a un menor de once años y a un sobrino con esquizofrenia. La presión vecinal pudo parar el lanzamiento previsto para el pasado 14 de septiembre.

La historia de este desahucio se remonta a 2022. En 2023, el Juzgado solicitó al Ayuntamiento de Las Palmas un informe de vulnerabilidad, que fue emitido y acreditó la situación de vulnerabilidad de Natalia y su familia. El desahucio se paralizó entonces por el escudo social vigente. Ahora, el escudo son las vecinas.

Mariví: “No hemos dejado de pagar nunca”

Marivi tiene 78 años y mucha determinación. Dice que hace muchos meses que ni come ni duerme ante el temor de perder su casa. Podía haber caído en la desesperación, pero ha optado por la lucha y ser uno de los rostros que encabeza las protestas de los 120 vecinos de Erandio (Bizkaia) que se han unido para intentar que el fondo Mosaic, que ha comprado el edificio donde viven a InmoCaixa, no les eche de su casa. “De aquí no me voy a mover”, advierte. “Este es mi hogar y voy a defenderlo”.

Mariví y su marido, de 87 años, viven en este piso del barrio de 'Los Ochos' desde hace 16 años, y pagan una renta de 875 euros cada mes. “No hemos dejado de pagar nunca”, dice, aunque con sus ingresos, 1.107 euros que provienen de la pensión de su marido, “no nos queda para nada y casi tenemos que buscarnos la vida para poder comer al día siguiente”.

Pero pagar “religiosamente” el alquiler, ya no es suficiente. El fondo quiere vender los pisos y, para ello, primero echar a los inquilinos. Ya ha recibido el burofax en el que les advierten de que su familia tiene que dejar el piso porque su contrato vence el 1 de octubre. Los nuevos dueños no quieren ni prorrogar contratos ni renegociar alquileres. “Ahora, a nuestros años, no sabemos qué va a ser de nosotros, dónde vamos a acabar”. “Y no dejo de preguntarme por qué nos está pasando esto. No hemos hecho nada malo para merecerlo. Hemos pagado, hemos cumplido, y ahora nos encontramos con que nos echan y no tenemos capacidad para acceder a otro alquiler”, relata.

Todos los vecinos afectados se han unido y han presentado una demanda colectiva para intentar frenar la pretensión del fondo. “La demanda creo que nos va a proteger unos meses, pero yo no me voy a mover de aquí aunque se me acabe el contrato. Me quedo en mi hogar. Y no de okupa, porque pienso seguir pagando el alquiler como he hecho toda la vida”, dice. “No queremos que nos regalen nada”, insiste.

Llegaron a ofrecerle comprar el piso en el que vive, que el fondo quiere vender por más de 300.000 euros. “Me dijeron que igual si negociaba me lo podían dejar en 260.000. Pero ¡qué vergüenza! ¿Cómo voy a poder pagar esa cantidad si me cuesta pagar la renta? ¿Con 78 años y 87 que tiene mi marido? Simplemente nos están atosigando y quitándonos la vida”. “Esto es una pesadilla que nos está costando una enfermedad”, asegura.

Mariví confiesa que le afectó mucho ver las imágenes del desahucio de Maricarmen en la televisión y cree que la gente tiene que ser consciente de que “nos puede pasar a todos. Y si no a ti, a cualquiera de la familia, a un sobrino, a un hijo…. La vida es pura injusticia”.

Mariví piensa resistir: “No sé qué va a pasar a partir del día 1, cuando vence el contrato. Pero tengo ganas de luchar, ya ni duermo ni como porque estoy muy afectada, pero hay que hacerlo porque este es mi hogar y quiero defenderlo”