La Comunidad de Madrid paga cada año 230.000 euros a la Iglesia para “facilitar la asistencia religiosa” en las 25 residencias públicas de gestión directa de la región. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene un convenio firmado con el sacerdocio por el que aporta esa cantidad en 12 pagas, según confirman a elDiario.es desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. “Se paga por unos servicios fijos preestablecidos”, explican desde el departamento que dirige Ana Dávila.

La diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, Lorena Morales, solicitó recientemente información acerca de este convenio con la Iglesia en las residencias públicas y pidió el importe que se ha ido destinando a esta partida desde 2015. Según la documentación facilitada las cantidades que se han estado pagando por esos servicios religiosos han sido muy superiores a esos 230.000 euros los últimos años. En 2018, el montante ascendió a 420.453 euros. Un año después se pagaron 406.054 euros. En 2015, la cifra fue de 362.567 euros.

En 2020 el Gobierno de Ayuso pagó 312.000, aunque después, ya en 2021, añadió otros 84.000 que se habían quedado pendientes del año anterior, con lo que la cifra final fue de 396.538 euros en 2020. Todo ello a pesar de que durante algunos meses las residencias estuvieron cerradas a las visitas externas por la pandemia de la COVID-19.

Desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales aseguran que en diciembre de 2020 se firmó un nuevo convenio, actualmente vigente, que establece un importe fijo de 230.000 euros anuales en 12 mensualidades por unos servicios fijos preestablecidos. Previamente, aseguran desde este departamento, se había mantenido entre 1999 y 2020 otro con la Provincia Eclesiástica de Madrid “que establecía un abono variable en función de los servicios prestados cada año y en función de la demanda”.

Casi 400.000 euros en 2020 con las residencias cerradas

Así, en 2021 se pagaron 314.352 euros porque al canon fijo de 230.000 euros se sumaron los 84.000 euros pendientes de 2020. Desde la consejería aseguran a este diario que este aumento en la cuantía se debe a un retraso en los pagos de “tres meses pendientes de facturación de 2020” que se abonaron al año siguiente.

Lo que no explica el Ejecutivo madrileño, a preguntas de esta redacción, es cómo puede ser una cantidad casi idéntica a la del año anterior teniendo en cuenta que las residencias permanecieron cerradas a las visitas durante varios meses por la pandemia. En esos meses también se impidió la derivación de los ancianos de las residencias a los hospitales, negándoles asistencia sanitaria dado que el Gobierno regional tampoco contrató médicos ni dio medios materiales a los centros.

Para la diputada socialista Lorena Morales “no es de recibo que en el año 2020, en plena pandemia, con unas residencias cerradas como ratoneras a las que los familiares no pudieron pasar para darle el último adiós a su ser querido”, la cantidad ascendiera a casi 400.000 euros. “Es algo que nos hace saltar todas las alarmas”, asegura.

“La Comunidad de Madrid con una mano recorta en sus pocas residencias públicas las plazas y subasta aspectos tan esenciales como la alimentación de las personas mayores, mientras que, con la otra cada año abona, al menos, 230.000 euros por asistencia pastoral católica en esos centros públicos”, critica Morales. La diputada socialista se refiere con estas declaraciones a la comida podrida que se ha servido por parte de la empresa subcontratada por el Gobierno regional a la residencia Francisco de Vitoria. El Ejecutivo autonómico prorrogó este contrato a esa misma empresa hasta marzo de este año a pesar de que Ayuso prometió que lo cancelaría durante la campaña electoral.

Despacho para el cura y lugares para el culto

Según el convenio firmado entre el Gobierno de Ayuso –con Concepción Dancausa como consejera del área– y la Iglesia, al que ha tenido acceso este diario, cada residencia debe proporcionar al sacerdote un local “idóneo” para el culto así como una “estancia para el capellán” donde recibir visitas “y guardar documentación”. “También se dotará de los medios materiales necesarios para las celebraciones”, especifica el acuerdo. 226.691 euros se destinan al pago de personal, a razón de 18.890 euros al mes. 3.308 euros es para material.

Desde la Consejería defienden que este servicio pagado con fondos públicos está amparado por la Constitución. “La Constitución Española consagra en su artículo 16 la libertad religiosa y de culto en España y la normativa vigente garantiza que los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en establecimientos asistenciales, entre otros”. Preguntados por si existen convenios similares para otras religiones, desde Asuntos Sociales responden que “por demanda solo ha sido necesario conveniar para católicos”.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no dispone de ningún informe de impacto socioeconómico, laboral o medioambiental que respalde la llegada del Gran Premio de la Fórmula 1 a Madrid. Así lo reconoce el propio Ejecutivo regional en una respuesta parlamentaria, a pesar de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso haya vendido las bondades del circuito y anunciase que el impacto económico de la llegada del Gran Premio ascenderá a 450 millones y creará en torno a 10.000 puestos de trabajo.

La realidad, según se recoge en una respuesta del Consejo de Transparencia a una solicitud de información realizada por Más Madrid, es que el Ejecutivo madrileño no ha elaborado ningún estudio que avale esas cifras facilitadas por Ayuso para promocionar el premio que aterrizará a Madrid en 2026.

“Trasladar al solicitante que, tras consultar a las Consejerías de la Comunidad de Madrid competentes en la materia, no se ha elaborado por parte de las mismas ningún informe en relación con los diversos impactos por los que solicita información”, respondió este martes 6 de febrero el Consejo de Transparencia a una solicitud de información realizada por el diputado de Más Madrid Pablo Padilla el 10 de enero. Padilla pedía conocer el contenido de diferentes estudios que justificasen la llegada del Gran Premio a la región. En concreto, el diputado había solicitado el informe de impacto socioeconómico, el informe de impacto laboral, el informe de impacto en materia de transportes y el informe sobre el impacto medioambiental.

elDiario.es había solicitado los informes de impacto económico y laboral al Gobierno regional sin éxito. Ahora se conoce que no existen. “Ayuso está convirtiendo Madrid en un decorado para turistas que pagamos los madrileñis con nuestra sanidad, nuestra educación y nuestro medio ambiente”, lamenta Padilla quien investiga desde Más Madrid las consecuencias de la llegada del circuito a la región después del despilfarro que ha supuesto en otras regiones como la valenciana.

Desde el Gobierno de Ayuso aseguran que no se han realizado estos estudios porque la llegada del circuito no es de su “competencia” a pesar de que fue la propia Ayuso quien lo presentó y lo promociona en entrevistas y empapelando el Metro de Madrid con publicidad. “Se contestó eso [a la petición de información de Más Madrid] porque es competencia de IFEMA y son ellos los que tienen que responder”, se escudan ahora desde la Consejería de Presidencia de quien depende el Consejo de Transparencia, a pesar de que esa explicación no se ofreció en la respuesta parlamentaria.

De hecho, en otras preguntas en las que Más Madrid ha pedido información sobre los pliegos de Ifema en relación a las licitaciones de la Fórmula 1, el Gobierno regional ha aludido a la competencia del ente semipúblico y le ha remitido la solicitud. No así en este caso donde el Ejecutivo de Ayuso asegura abiertamente no disponer de informes sobre el impacto medioambiental, económico y laboral de la llegada del Gran Premio.

El único estudio al que se ha hecho alusión hasta el momento, pero que tampoco se ha hecho público, es el mencionado por Ifema, elaborado por la consultora Deloitte, que estima que “más de 85.000” turistas llegarán a la Comunidad de Madrid con motivo de la celebración de un Gran Premio de F1. Según la consultora, su celebración significará para la región unos ingresos anuales “superiores a los 450 millones de euros”, con un impacto en creación de puestos de trabajo de “más de 8.200 empleos”. Isabel Díaz Ayuso elevó incluso esta última cifra a 10.000 puestos de trabajo directos, en una entrevista a El Mundo, sin que su gobierno haya elaborado ningún informe al respecto.

Ifema no ha compartido con los medios de comunicación dicho análisis pese a las peticiones de este diario de conocer a fondo su contenido. Tampoco se ha informado a la oposición si el estudio ha sido pagado con dinero público. El informe de Deloitte, además, solo se refiere al impacto económico que podría tener la llegada del gran premio. No hay estudios sobre el impacto medioambiental o en el transporte que podría suponer, según se desprende de la respuesta facilitada por el Consejo de Transparencia a Más Madrid.

Este último punto no es menor. La primera puesta de largo del proyecto ya trajo polémica medioambiental cuando un monoplaza de la escudería Red Bull circuló por el centro de la ciudad, en un enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco e inmiscuido en otras controversias por la puesta en peligro de este reconocimiento ante las talas de comunidad y ayuntamiento. Los vecinos de las viviendas más cercanas a Ifema o Valdebebas esperan por su parte que no se repitan las molestias generadas durante otros eventos como el festival Mad Cool.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, pone las alarmas en esta falta de estudios por parte del Gobierno regional. “Lo que mal empieza mal acaba y la Fórmula 1 en Madrid ha empezado de la peor forma posible”, defiende Bergerot, que cuestiona que se anunciase que el circuito traerá miles de empleos e ingresos a Madrid pese a que “no existe un solo informe que avale esas cifras”. “Si Ayuso fue capaz de convertir al Zendal en un plató en plena pandemia, de qué no será capaz con la F1 en Madrid. Sus pelotazos nos cuestan médicos y profesores y su ambición por autopromocionarse con la F1 va camino de ser un agujero millonario que pagaremos todos”, asegura la líder de la oposición en Madrid.

¿Ningún coste para las arcas públicas?

El acuerdo anunciado hace unas semanas por Ayuso, el presidente y CEO de F1, Stefano Domenicali y el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente De los Mozos, fija 2026 como año de inicio del contrato y el 2035 como el último, con posibilidad de renovación. El recorrido consta de un total de 5,47 kilómetros. Atravesará distintos viales del recinto ferial de Ifema, incluyendo algunas zonas colindantes con Valdebebas e incluso 1,5 kilómetros pertenecientes al distrito de Hortaleza, actualmente integrados en la vía pública.

Aunque Ayuso aseguró el día de la presentación de la llegada del circuito que no costaría un euro a las arcas públicas, lo cierto es que Ifema –cuyo accionariado incluye a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital– ya cuenta con un coste de 100 millones de euros para ponerlo en marcha. A eso hay que añadir el pago del canon que se calcula que ascenderá, tirando a la baja, a 500 millones de euros, teniendo en cuenta lo que pagó el Gobierno de la Generalitat Valenciana.

Las cinco carreras que se disputaron en la capital valenciana acabaron costando más de 230 millones de euros a la Generalitat, que ha acabado de pagar las últimas facturas en 2023, más de una década después de que se celebrara el último Gran Premio. Teniendo en cuenta que Madrid ha firmado por diez años, el coste se doblaría. A eso habría que añadir la inflación de diez años.

De hecho, la revista Forbes con cifras de 2017 ya estimó en 1.000 millones de dólares (unos 932 millones de euros) el coste de organizar este evento durante diez años en Madrid. A esa cantidad habría que añadir de nuevo la inflación.

Isabel Díaz Ayuso se enfrentó hace dos años a la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, para afearle que vinculase violencia con inmigración. “La delincuencia no está relacionada con el origen de las personas, no vuelvan a mezclarlo”, dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Asamblea regional ante el discurso xenófobo de Vox. Aunque la dirigente del PP siempre ha oscilado entre esa posición y una más próxima a la extrema derecha, esta semana Ayuso se ha abonado de lleno a las tesis del partido de Santiago Abascal para vincular sin pruebas y con datos falsos inmigración con agresiones sexuales señalando de forma directa a los extranjeros procedentes de Canarias, a los que también imputó reyertas y hasta un brote de sarna.

Estas acusaciones de Ayuso desde Alcalá de Henares, un municipio al noreste de Madrid de casi 200.000 habitantes donde el Gobierno abrió el pasado noviembre uno de los centros de acogida a migrantes que hay distribuidos por todo el país ante la llegada acusada de personas de origen africano a Canarias, responden a una estrategia medida que la dirigente madrileña había empezado a principios de semana cuando acusó al Gobierno de “enviar por las noches” inmigrantes a lugares “donde gobierna el PP” para beneficiar a Coalición Canaria.

Celebrar el miércoles el Consejo de Gobierno en Alcalá de Henares, donde hay actualmente 1.200 migrantes procedentes de las islas, ahondaba en esa estrategia de buscar un choque con el Gobierno por su gestión migratoria. Acusó a Moncloa de falta de planificación y de coordinación entre administraciones.

Tanto estas declaraciones como las que vinculan agresiones sexuales con los migrantes llegados de Canarias han sido desmentidas por el Gobierno. El Ministerio de Inclusión que dirige Elma Saiz recuerda que el traslado de estas personas no sigue criterios políticos, sino que se produce a aquellos puntos donde hay centros de acogida con plazas libres. El delegado del Gobierno en la capital, por su parte, negó que se esté investigando ninguna denuncia contra alguno de los migrantes del centro de acogida de Alcalá de Henares abierto a finales de 2023. “Lamentablemente, en todas las ciudades de España se producen agresiones sexuales, pero le puedo confirmar que ninguna de las de Alcalá ha estado vinculada a los emigrantes del centro Primo de Rivera”, dijo Fran Martín, que calificó las palabras de Ayuso de “racismo”.

La respuesta de la presidenta regional fue acusar al Gobierno de querer descalificarla y aseguró que se han producido dos denuncias por agresión sexual en Alcalá de Henares, las cuales quiso vincular a los migrantes a la vez que reconocía que la autoría aún debe determinarla un juez. Una de ellas fue difundida primero por su equipo a la prensa y después por el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. El documento hecho público en redes sociales por Serrano recoge una denuncia anónima fechada el pasado 11 de diciembre, en la que se especifica un “intento de agresión” por parte de “un joven de raza negra”, una descripción que no demuestra que esa persona sea un migrante residente en el centro de acogida de Alcalá de Henares como quiso relacionar la presidenta madrileña.

Desde Delegación de Gobierno confrontan con datos esas dos denuncias que Ayuso ha querido utilizar para señalar a los migrantes. Recuerdan que solo los nueve primeros meses de 2023, antes de que abriera el centro de acogida de Alcalá de Henares, se interpusieron 41 denuncias por agresión sexual en el municipio. “Es impresentable la criminalización de la inmigración que hace la señora Ayuso”, lamentó el delegado del Gobierno, Fran Martín.

“Estamos absolutamente de acuerdo y alineados con la posición de la presidenta Ayuso”, dijo este viernes en una entrevista el portavoz del PP, Borja Sémper. Hace tan solo una semana el PP acusaba a Junts de ser una formación “xenófoba” por tener precisamente posturas parecidas a las de la presidenta madrileña, cuando el Gobierno negoció una posible cesión de las competencias migratorias a la Generalitat catalana, gobernada por ERC. Los 'populares' también han acusado de xenófobo a Vox, que ahora saca pecho de su discurso defendiendo que ellos alertaron antes.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han pedido a la dirigente regional y al PP que “de forma inmediata y categórica”, se deje de relacionar “inseguridad e inmigración sin pruebas”. “Los informes policiales han dicho que no existe vinculación entre los hechos que se han denunciado en Alcalá de Henares y las personas del centro”, aseguran fuentes del Ministerio. También desmienten que se esté produciendo “hacinamiento” en el centro de acogida como aseguró Ayuso, y defienden que estas instalaciones “cuentan con unas plazas y el Ministerio supervisa cuidadosamente estos indicadores para no sobrepasar la capacidad del sistema”.

El Ministerio también ha querido responder a las acusaciones de un brote de sarna. “No hay brote alguno, y conviene ser especialmente cuidadosos con esas acusaciones para no fomentar la estigmatización”, aseguran fuentes ministeriales. Hubo un grupo reducido de personas que llegó con esta enfermedad de la piel, no se contagiaron en el centro. En cuanto se detectó, se puso en conocimiento del centro de salud asociado, donde recibieron atención, diagnóstico y tratamiento“, añaden. Y concluyen: ”Hablamos de personas que se han jugado la vida viniendo a este país, que merecen respeto, solidaridad y seguridad. “La escalada dialéctica no es constructiva, solo sirve para estigmatizar”.

Una “cortina de humo” para tapar su gestión

La oposición de Más Madrid y PSOE en la Asamblea regional también condenó las acusaciones de Ayuso contra los migrantes. Consideran estos partidos que hace tiempo que la presidenta madrileña abraza todos los postulados de Vox, en gran parte porque el electorado en Madrid más próximo ideológicamente a la extrema derecha la elige a ella en las urnas. Más de medio millón de votantes que optaron en Madrid por Ayuso en las elecciones autonómicas del 28 de mayo eligieron luego a Abascal en las generales que se celebraron apenas dos meses después. Medio millón de personas que no votaron a Feijóo pero sí a la presidenta madrileña.

En la oposición también ven una estrategia clara por parte de Ayuso de querer tapar otros asuntos relacionados con su gestión o con el PP. En concreto, se refieren a lo que está ocurriendo en la UCI de pediatría del Hospital La Paz de Madrid, uno de los más importantes del país, que esta semana ha dejado de funcionar después de que la mayor parte del personal sanitario se haya negado a trabajar con su responsable, destituido hace tres años tras ser acusado de acoso laboral pero que ha tenido que ser admitido tras una decisión judicial.

“Mientras esto está judicializado, nosotros lo que estamos haciendo es reorganizar los recursos para garantizar la asistencia y es lo que vamos a seguir haciendo”, son las únicas declaraciones públicas de Ayuso sobre esta cuestión de gran importancia para el Gobierno regional, responsable de gestionar la sanidad en la región.

Esta semana elDiario.es desvela, en una investigación conjunta con La Vanguardia, nuevos informes que prueban el espionaje político del Gobierno de Mariano Rajoy contra el independentismo. Preguntada por esta cuestión en un desayuno informativo de la agencia de noticias Europa Press este martes, la presidenta regional se limitó a decir que no entendía cuál era el interés de estas informaciones. “No sé si es deslegitimar de nuevo al PP, que se callen, que solo puedan gobernar unos y decidir por todos... entiendo que va por ahí”, aseguró Ayuso.

Desde el PSOE ven la polémica de Ayuso con la cuestión migratoria a la que ahora se ha sumado el PP como una “cortina de humo” para tapar estas informaciones que afectan a su partido. En el PP nacional su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha decretado la ley del silencio para que ningún dirigente hable ni públicamente ni con la prensa sobre este asunto.

El Gobierno ha reaccionado este jueves al discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que vinculó este miércoles inmigración con agresiones sexuales tras unas denuncias, dijo, que se habían producido en Alcalá de Henares, un municipio de 180.000 habitantes al noreste de Madrid donde hay un centro de acogida de migrantes. El delegado de Gobierno, Fran Martín, ha calificado las palabras de la la líder regional del PP de “racismo” y ha asegurado que es “impresentable la criminalización de la inmigración que hace la señora Ayuso”.

Martín ha desmentido que se esté investigando ninguna denuncia contra alguno de los migrantes del centro de acogida de Alcalá de Henares abierto a finales de 2023. Fuentes de la delegación de Gobierno explican además que en los primeros nueve meses del año, antes de la apertura del centro, se interpusieron 41 denuncias por agresiones sexuales en el municipio.

Según afirmó Ayuso el miércoles desde Alcalá de Henares han llegado 1.200 personas al municipio, y en el centro habilitado por el Gobierno “se han producido reyertas graves, incluidas algunas protagonizadas por personas que ya han estado detenidas por la Policía Nacional”, a lo que añadió que “se están investigando agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio”. También atribuyó a los migrantes “un brote de sarna”.

Además del delegado del Gobierno, también han salido a censurar las palabras de Ayuso la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha asegurado que son “peligrosísimas” porque que alientan el racismo“.

Ayuso ha querido defenderse este jueves a estas acusaciones por parte del Gobierno asegurando que siempre ha abogado “la integración, el mestizaje, la apertura, los contrastes”. “Soy una gobernante responsable”, ha insistido la presidenta regional tras un acto en Colmenar Viejo. En ese punto, ha asegurado que ella se refirió ayer a “dos denuncias que se están investigando por parte de la Policía y el juzgado”. “Si los agresores son vecinos de Alcalá o si son de fuera lo tiene que determinar un juez”, ha reconocido.

Una de esas denuncias a las que se puede estar refiriendo la dirigente madrileña ha sido difundida en redes sociales por el secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano. Una denuncia anónima fechada el pasado 11 de diciembre en el que se recoge un “intento de agresión” y hay una referencia a que el agresor sería un “joven de raza negra”, una descripción que no demuestra que esa persona sea un migrante residente en el centro de acogida de Alcalá de Henares.

El delegado de Gobierno ha desmentido que se trate de una denuncia a un migrante del centro de acogida. “La denuncia no está en absoluto vinculada a los migrantes procedentes de Canarias”, ha indicado a preguntas de los periodistas. “Lamentablemente, en todas las ciudades de España se producen agresiones sexuales, pero le puedo confirmar que ninguna de las de Alcalá ha estado vinculada a los emigrantes del centro Primo de Rivera”, ha insistido Martín. “Que Ayuso mienta para vincular la inseguridad con ellos tiene un nombre y debería rectificar. Esto es racismo”, ha concluido el delegado del Gobierno.

Desde Delegación de Gobierno recuerdan que en los primeros nueve meses del año, antes de la apertura del centro, se interpusieron 41 denuncias por agresiones sexuales en el municipio.

Isabel Díaz Ayuso se ha lanzado este miércoles al discurso xenófobo más propio de Vox para atacar al Gobierno. De esta forma, ha vinculado, durante una rueda de prensa, sin aportar pruebas ni datos, inmigración con agresiones sexuales y hasta con un brote de sarna que se habría producido, ha asegurado, en el municipio de Alcalá de Henares, donde hay actualmente un centro de acogida para estas personas.

Según ha asegurado Ayuso, han llegado 1.200 personas al municipio, y en el centro habilitado por el Gobierno “se han producido reyertas graves, incluidas algunas protagonizadas por personas que ya han estado detenidas por la Policía Nacional”. Y ha añadido: “se están investigando agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio, según han denunciado, además de peleas dentro y fuera del centro y un brote de sarna que la Comunidad de Madrid ha evitado que se propague”.

En este punto, Ayuso ha vuelto a difundir el bulo de que el Gobierno envía “por las noches” a migrantes a las comunidades gobernadas por el PP. La presidenta regional ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado de presidir el Ejecutivo “de la foto de Aquarius a presidir el Gobierno de las cámaras de seguridad del aeropuerto”, donde se ve “como por las noches de tapadillo introducen con total frialdad y con total irresponsabilidad a personas”. “Tenemos que saber las circunstancias personales que arrastran, muchas veces no conocen el idioma, y es muy difícil que se integren y trabajen con nosotros”, ha insistido.

Esta acusación ha sido desmentida por el Ministerio de Migraciones que explica que “cuando en un punto concreto de las costas españolas se produce un número de llegadas importante”, el equipo del programa de Atención Humanitaria “realiza traslados a los dispositivos situados en todo el territorio nacional”. “Con estos movimientos se garantiza, por un lado, la solidaridad interterritorial y por otro, contar con capacidades suficientes en los puntos de llegada a costas, que permitan dar una respuesta en tiempo real ante grandes llegadas. De este modo se evitan situaciones de saturación en los dispositivos situados en las costas españolas”, explican.

Siguiendo con su discurso racista, la dirigente madrileña ha sacado pecho de la gestión que hizo para tratar la crisis de refugiados procedentes de Ucrania hace dos años cuando empezó la guerra de Rusia, pero ha defendido que esta nueva oleada de migración, procedente de distintos países de África, “es un auténtico caos”.

Ayuso ha denunciado que la situación con la inmigración empieza a ser “ya insostenible” y que, pese a esto, las administraciones autonómicas y locales no tienen “información”. Tampoco, según ha criticado, existe “colaboración real” con el Gobierno central, “que es quien tiene las competencias y quien puede tomar cartas en el asunto”.

En Madrid, pedir cita con tu médico habitual de Atención Primaria tiene una lista de espera de entre diez días y dos semanas. La saturación en los centros de salud que denuncian desde hace años los profesionales, que fueron a una huelga de cuatro meses para exigir la contratación de más personal, ha sido contestada por la Consejería de Sanidad con una medida que no convence a los sanitarios, que denuncian que de nuevo se trata de “un parche” que va en la línea de “desmantelar” poco a poco la Atención Primaria en la región.

Según avanzó este lunes la consejera de Sanidad, Fátima Matute, su departamento trabaja en colaboración con la Consejería de Digitalización que dirige Miguel López-Valverde, en un proyecto a través de la Tarjeta Sanitaria Virtual para permitir a un paciente pedir cita médica en otro centro de salud de la región cercano con huecos libres cuando su médico de familia no esté disponible.

El plan del Gobierno de Ayuso no ha tardado en tener respuesta por parte de la comunidad sanitaria. Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid-FADSP, el sindicato médico Amyts(Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid), el mayoritario entre los profesionales en la región, y CCOO Madrid han cargado este martes contra la medida que prepara la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid al considerar que va en contra de la continuidad de la atención a los pacientes y supone “un paso más” en el desmantelamiento de la Atención Primaria madrileña.

Por su parte, FADSP ha emitido un comunicado en el que censura así que la Consejería de Sanidad pretenda abrir la citación en Atención Primaria “a cualquier profesional de medicina de familia de la Comunidad de Madrid independientemente del cupo y del centro de salud a que este adscrita la población”. En su opinión, este plan termina con la continuidad asistencial que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como una de las características básicas de Atención Primaria.

En lugar de “destrozar” este primer nivel asistencial, desde FADSP se ha recordado que debería aumentar el presupuesto sanitario, espacialmente el destinado a la Atención Primaria, reforzar los medios humanos que trabajan en ella y garantizar las urgencias y citaciones en medicina de familia en un plazo máximo de 48 horas.

Por parte de Amyts, el sindicato mayoritario de médicos ha censurado la medida porque considera que este proyecto da por perdida la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid y sus valores principales, tales como la “longitudinalidad, prevención, relación interpersonal médico-paciente y cuidado de la sociedad en su conjunto”.

En este sentido, Amyts ha remarcado que numerosos estudios han demostrado que ser atendido por el mismo médico de Atención Primaria reduce la mortalidad hasta en un 30%, las visitas a Urgencias e ingresos hospitalarios.

Con este proyecto que la Comunidad quiere extender a todos los centros de la región, según Amyts, se está poniendo “un parche” en lugar de ir a la raíz del problema, el “déficit estructural de personal médico en Atención Primaria”. “La Comunidad de Madrid confunde la 'inmediatez' con la accesibilidad y los resultados en salud”, ha lamentado en un comunicado.

También Comisiones Obreras Sanidad Madrid ha criticado la medida y la ha tildado de “aberración” y “nueva ocurrencia” del Gobierno regional, a la vez que ha denunciado “que pone en jaque la esencia de la Atención Primaria, atenta contra la salud de la población y contra el modelo del primer nivel asistencial sanitario”.

“Se trata de una aberración sin fundamento científico y mucho menos ético, dado que atenta contra la salud de la población y contra el modelo de Atención Primaria, fundamentado en la continuidad asistencial de las personas usuarias, es decir, atención mantenida en el tiempo por tu médico de familia o enfermera, lo que ha demostrado que reduce la mortalidad y la morbilidad y mejora los resultados en salud”, ha indicado Sergio Fernández, responsable de Sanidad Pública de CCOO.

El sindicato considera que esta propuesta supondría retroceder 30 años en el modelo actual de Atención Primaria. CCOO señala que lo que hace falta es una financiación suficiente hasta alcanzar el 25% del presupuesto sanitario regional, incrementar las plantillas en todas las categorías, especialmente de Enfermería, y unas condiciones dignas y atractivas en este sector público para evitar la fuga de profesionales y talento.

Mientras prepara este plan, la Comunidad de Madrid se ha opuesto a la propuesta del Ministerio de Sanidad de que los trabajadores puedan “justificar una enfermedad leve” mediante “una declaración responsable”, sin necesidad de acudir al centro de salud, sobre todo durante los periodos de saturación de los centros de salud por los picos de la gripe y el coronavirus. Esta medida que rechaza el Gobierno de Ayuso ha sido bien acogida por parte de los sanitarios para evitar carga burocrática que en muchos casos colapsa los centros de salud.

La cruzada contra el Gobierno por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no da tregua. Este martes la dirigente del PP ha protagonizado un desayuno informativo en el que de nuevo ha puesto al Ejecutivo central en el centro de la diana de sus ataques. Ayuso ha acusado al Gobierno de querer “asfixiar” a Madrid pese a que esta aporta el 72% de los recursos para financiar los recursos de otras autonomías, un dato manifiestamente falso: ni siquiera recaudando el 100% de todo el PIB de Madrid –230.000 millones– llegaría para pagar un tercio del gasto público español –670.000 millones–.

En ese contexto, ha asegurado que “el Gobierno quiere que España mire y diga 'la culpa es de Madrid'” al igual que ocurre entre hombres y mujeres que “la culpa siempre de los hombres”.

“El Gobierno quiere que España nos mire y diga 'la culpa es de Madrid'. Como hacen con mujeres y hombres, la culpa siempre de los hombres de los problemas de las mujeres, o la culpa de que haya pobres es que hay ricos”, ha asegurado la presidenta del PP justo un día después de que una encuesta del CIS refleje que el 44% de los hombres considera que las políticas de igualdad han llegado demasiado lejos, tanto que ellos son ahora los discriminados. 

Preguntada después sobre esta pregunta en concreto, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado contra el “Ministerio de la Desigualdad” desde el que, según ha defendido, se ha promovido “la discordia entre hombre y mujer”. “Se han puesto a hacer políticas insensatas” que “no querían” las mujeres.

“Hay que ser sensible con las mujeres que tienen que levantar una familia y además ganarse la vida fuera de casa, es decir, que se acaben las dificultades reales pero no que se acose sistemáticamente al hombre o que haya discriminación positiva como si fuéramos un colectivo débil al que hay que amparar y dirigir, eso es casi ofensivo”, ha lanzado.

Ayuso también ha acusado al Gobierno de querer dejar a la región “sin energía”, poniendo en riesgo “importantes proyectos industriales”, al no dotarles de nuevas inversiones en el marco del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026. “Ahora pretende dejar a la región sin la energía que necesita para seguir creciendo y consolidarse como nodo digital del sur de Europa”, ha defendido.

La dirigente madrileña también ha defendido que el relato de ETA “va ganando” porque, según ha dicho, la banda terrorista buscaba “independencia, expulsión del molesto, dinero público para vivir de lo público desde lo público, poder y Navarra”: “Y van en muy buen camino”.

Y en cuanto a las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a Cataluña, Ayuso ha denunciado que los líderes independentistas se beneficiarán con la ley de amnistía “a cambio de impuestos”, por lo que ha acusado a Sánchez de “comprar las próximas elecciones catalanes con el dinero de todos”.

Sin ningún tipo de prueba, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que el Gobierno central envía “con nocturnidad”, especialmente a autonomías y ayuntamientos gobernados por el PP, a migrantes procedentes de las Islas Canarias porque “necesita los votos de Coalición Canaria”.

“Por las noches, especialmente lo hemos visto en esta Navidad, han estado enviando a los inmigrantes a distintos puntos de la geografía española, especialmente a localidades, a municipios, y a comunidades donde gobierna el PP y no el PSOE”, ha remarcado a continuación, un hecho que niegan fuentes del Ministerio de Inclusión a elDiario.es, que explican que los traslados de migrantes que llegan a las costas se producen a los centros de acogida donde hay plazas disponibles y en ningún caso siguen criterios políticos.

“Lo que hace falta es saber qué política migratoria va a tener el Gobierno. Yo sé que necesita los votos de Coalición Canaria para estar ahí al frente y para que les haga los números, pero no puedes comprar los problemas a cambio de votos, de escaños, para que te salgan las cuentas sin medir las consecuencias”, ha asegurado en una entrevista en 'Onda Cero' Ayuso.

Desde el Ministerio explican que “cuando en un punto concreto de las costas españolas se produce un número de llegadas importante”, el equipo del programa de Atención Humanitaria “realiza traslados a los dispositivos situados en todo el territorio nacional”. “Con estos movimientos se garantiza, por un lado, la solidaridad interterritorial y por otro, contar con capacidades suficientes en los puntos de llegada a costas, que permitan dar una respuesta en tiempo real ante grandes llegadas. De este modo se evitan situaciones de saturación en los dispositivos situados en las costas españolas”, explican.

Pese a esto, Ayuso, siguiendo con su discurso xenófobo, se ha preguntado qué anuncio se le está dando “a las mafias” cuando se les dice que pueden “enviar a miles de personas a las Islas Canarias, que ya el Gobierno los manda por avión a la Península con nocturnidad y quita el problema”.

Se trata de una cuestión que, a la dirigente madrileña, le parece “bastante preocupante” porque lo único que está demostrando es que es “todavía más fácil hacer negocio con la inmigración” y no “tratando el problema en origen”, “sentando en la mesa a esos países que de origen están dejando abandonada a la suerte a su gente en el mar”, ni tampoco hablando “con las autoridades europeas para pedir ayuda”.

“Por las noches, especialmente lo hemos visto en esta Navidad, han estado enviando a los inmigrantes a distintos puntos de la geografía española, especialmente a localidades, a municipios, y a comunidades donde gobierna el PP y no el PSOE”, ha remarcado a continuación.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha sostenido que ellos están “encantados” de ponerse a trabajar para buscar la mejor solución para estas personas pero ha incidido en que lo que no se puede es “mandar por las noches, sin que las autoridades locales y las autonómicas, que son quienes más competencias” tienen en materia sanitaria o social, sepan “quiénes son, de dónde son, qué edades tienen” o “que problemas traen”.

Para Ayuso, “ese descontrol del Gobierno provoca situaciones anómalas por completo, de dejación de funciones, y que se deben abordar. ”Me parece de una responsabilidad absoluta“, ha zanjado.

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha recurrido ante la Audiencia Nacional las bases de las subvenciones que reparte la Comunidad de Madrid para formar a los desempleados al considerar que son “discriminatorias” y que no cumplen con el interés general, ha adelantado la Cadena Ser y confirmado elDiario.es.

En concreto, Competencia señala que la Comunidad de Madrid “puntúa mejor a aquellas empresas que ya han recibido ayudas de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo” y defiende que esta exigencia es “discriminatoria” a la vez que vulnera el artículo 18.2 de la ley estatal de garantía de unidad de mercado (LGUM). “Además, no está justificada por ninguna razón imperiosa de interés general”, defiende la CNMC en un comunicado. La Secretaría para la Unidad de Mercado, por su parte, recuerda que en este caso “deben cumplirse los principios de necesidad y proporcionalidad”.

Las discrepancias se remontan a octubre cuando en un informe la CNMC ya alertaba de esta situación y exigió su anulación. “La CNMC ya había emitido un requerimiento previo a la Consejería, que negó que estuviera vulnerando la normativa”, explica. Ante la negativa, el regulador presentó un recurso por la vía contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional y el órgano judicial reclamó a la Comunidad la documentación correspondiente.

Desde el Gobierno regional, en su recurso al requerimiento previo del organismo, se ha subrayado que no se está excluyendo a nadie ya que “cualquier centro, independientemente de donde tenga su razón social, puede presentarse a la citada orden de subvenciones”

“Son fondos del Estado, repartidos a las comunidades autónomas, para formar a los demandantes de empleo y que las regiones gestionan atendiendo a las necesidades de sus ciudadanos”. “Como en cualquier tipo de convocatoria, se establecen criterios que puntúan a favor a la hora de conceder las subvenciones, como puede ser el grado de ejecución y de satisfacción de los alumnos que hayan recibido la formación en convocatorias previas”, defienden desde la Consejería de Hacienda.

Madrid pagó en 2022, último año que hay datos, 314 millones de euros más en intereses de la deuda por financiarse al margen del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) puesto en marcha durante el Gobierno de Mariano Rajoy, tal y como adelantó elDiario.es. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido este jueves a las críticas por esta gestión defendiendo que la “misión” de la región “es competir con plazas como Londres y Ámsterdam”.

“La Comunidad de Madrid es capaz de financiarse en los mercados porque les da confianza y porque somos solventes y lejos de recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica que financia los servicios públicos de las regiones, somos quienes más aportamos en él”, ha defendido pese a que en 2022 la administración regional pagó 612 millones de euros en intereses de la deuda y más de la mitad, 314 millones, se los podía haber ahorrado si se hubiera financiado a través del FLA. 

Madrid es la única comunidad autónoma del régimen común que se financia al 100% al margen del Estado. Los datos los recoge de un informe del servicio de estudios del BBVA. Según sus cálculos, Madrid pagó entonces un tipo de interés del 2,3%, frente al 1,4% de promedio del resto de las comunidades. La diferencia entre ambos tipos de interés es de dónde salen esos 314 millones, teniendo en cuenta que la deuda total de la Comunidad de Madrid asciende a 34.820 millones de euros. Probablemente la cantidad en 2023 haya sido similar o incluso superior teniendo en cuenta la subida de los tipos.

Las conclusiones del estudio del BBVA son claras: la puesta en marcha de los mecanismos de liquidez “facilitó la financiación de las comunidades a costes más bajos”. Aquellas que nunca han recurrido a la financiación del FLA y que, por tanto, se financian directamente en mercado, “registran un mayor tipo implícito de su deuda”. “Mientras que, en general, las comunidades con mayor nivel de deuda y mayor dependencia del FLA tienen un coste de la deuda reducido”, explica la entidad en sus conclusiones.

En este sentido, Ayuso, ha criticado también que el Gobierno de Pedro Sánchez pretenda “mercadear con las deudas autonómicas”, con el mensaje de “condonarlas”. Madrid sería la tercera región más beneficiada, según varios estudios, aunque de momento la presidenta regional ha asegurado que rechazarán esa quita que plantea el Gobierno.

“Esto es una gran estafa porque la deuda no se evapora, se reparte y, por tanto, vuelve a recaer en todos los contribuyentes de nuevo y porque no es seria la Administración que peca de morosa”, ha señalado durante su intervención en el Foro XIV Spain Investors Day, celebrado en el Hotel Ritz.

Ayuso también ha defendido la baja fiscalidad de la región que en muchas ocasiones perjudica al resto de autonomías. “Algunos han pretendido acusar de deslealtad a Madrid por tener el sistema fiscal más competitivo cuando nuestra misión es competir con plazas como Londres o Ámsterdam. Para mí, deslealtad es hacer política con un dinero que no te pertenece y que sabes que no vas a devolver sin importar que los que están por venir heredan una deuda que les va a impedir ser dueños de su destino”.

Madrid es la única comunidad autónoma del régimen común que se financia al 100% al margen del Estado. Esta decisión de acudir al mercado por libre que tomó en 2012 Esperanza Aguirre y que han mantenido todos los presidentes que la han sucedido supone que la región está pagando más intereses que ningún otro territorio por su deuda. Solo en el último año del que existen datos, en 2022, la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha abonado 612 millones de euros en intereses de la deuda. Más de la mitad, 314 millones, se los podía haber ahorrado si se hubiera financiado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), puesto en marcha en 2012 por el entonces ministro de Hacienda, del PP, Cristóbal Montoro, para rescatar a las comunidades de la crisis económica. 

Los datos salen de un informe del servicio de estudios del BBVA. Según sus cálculos, Madrid pagó entonces un tipo de interés del 2,3%, frente al 1,4% de promedio del resto de las comunidades. La diferencia entre ambos tipos de interés es de dónde salen esos 314 millones, teniendo en cuenta que la deuda total de la Comunidad de Madrid asciende a 34.820 millones de euros. Probablemente la cantidad en 2023 haya sido similar o incluso superior teniendo en cuenta la subida de los tipos.

Por ponerlo en contexto, 314 millones al año es más que todo el presupuesto que el Gobierno de Ayuso destinó en 2022 a las políticas de Vivienda: 271 millones. Y el total del dinero que Madrid ha pagado de más en tipos de interés por no querer recurrir al paraguas del Estado durante los últimos diez años ascendería hasta los 2.900 millones de euros, según otros cálculos realizados desde Más Madrid.

Para 2024, la cifra incluso puede llegar a ser superior teniendo en cuenta la proyección que el Gobierno de Ayuso ha hecho en el proyecto de presupuestos aprobado hace unos días en la Asamblea de Madrid. Para este año, los intereses de deuda pública en moneda nacional (emisión) suben un 35,93% y los intereses de los préstamos crecen un 67,72%. De forma conjunta esto supone un incremento del 45,32% del pago de intereses de deuda y préstamos respecto a los últimos presupuestos. Por tanto, el Ejecutivo regional calcula que pagará en intereses unos 960 millones de euros este año. 

La decisión de Aguirre frente al Gobierno de Rajoy

El origen de ese sobrecoste por financiarse al margen del Estado es una decisión política. Viene de 2012 cuando gobernaba Esperanza Aguirre y no ha sido corregida después por ninguno de sus sucesores al frente de la Comunidad de Madrid: Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y ahora Isabel Díaz Ayuso. Cualquiera de ellos podría haber revertido aquella decisión. 

Precisamente en julio de 2012, pocos meses después de que el PP ganara las elecciones con mayoría absoluta, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puso en marcha un mecanismo para financiar a las ahogadas autonomías, y que pudieran evitar los altos tipos de interés que pagaban en ese momento en el mercado. Eran los peores años de la crisis económica y la prima de riesgo que pagaban las autonomías era mucho peor que la que soportaba el Gobierno central. Solo de 2008 a 2012, algunos territorios vieron cómo se quintuplicó su deuda.

Para ahorrar costes de financiación a las autonomías Montoro puso en marcha el FLA. El Gobierno central era quien se endeudaba por todas, y después prestaba a las autonomías, básicamente al Gobierno central los mercados le prestan dinero mucho más barato que a una autonomía porque genera más confianza. Solo hubo una comunidad autónoma entre las del régimen general –descontando Euskadi y Navarra, que tienen otro modelo de financiación– que se negó a acudir al FLA para abaratar su financiación: Madrid. 

La razón por la que Madrid rechazó el recurso del FLA ideado por un Gobierno de sus mismas siglas tiene poco que ver con el interés general de los madrileños. En aquellos años, Esperanza Aguirre tenía una guerra abierta contra Mariano Rajoy. Y también un enfrentamiento especial –casi personal– con Cristóbal Montoro, al que llegó a acusar de haber filtrado su declaración de la renta. Según distintas fuentes, esta mala relación entre Aguirre y Montoro es lo que explica por qué Madrid no quiso acudir a este sistema de financiación más barato, a diferencia de lo que hicieron las demás comunidades, independientemente de su color político.

Las conclusiones del estudio del BBVA son claras: la puesta en marcha de los mecanismos de liquidez “facilitó la financiación de las comunidades a costes más bajos”. Aquellas que nunca han recurrido a la financiación del FLA y que, por tanto, se financian directamente en mercado, “registran un mayor tipo implícito de su deuda”. “Mientras que, en general, las comunidades con mayor nivel de deuda y mayor dependencia del FLA tienen un coste de la deuda reducido”, explica la entidad en sus conclusiones.

El departamento de Economía y Hacienda de Madrid sigue defendiendo esta decisión. “Evitando utilizar el FLA salvaguardamos la autonomía financiera a la Comunidad de Madrid y nos da más libertad para gestionar nuestra política económica”, asegura una portavoz del departamento que ahora dirige Rocío Albert. El Estado somete a las comunidades que se financian a través del FLA a más controles. A pesar de que Madrid está pagando más intereses que ninguna otra región, la Consejería defiende que su gestión de la deuda y del gasto público “genera confianza y certidumbre en los inversores” porque “han respaldado las emisiones de deuda pública con gran éxito y a unas condiciones muy ventajosas”. 

Esa “libertad” para gestionar la política económica está principalmente ligada a la rebaja de impuestos. Madrid perdonaba hasta ahora más de 1.200 millones de euros a los más ricos cada año en el impuesto del patrimonio. El Gobierno de Ayuso ha recuperado parcialmente este impuesto después de que el Constitucional echase para atrás su recurso contra el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno aprobado por mayoría del Congreso durante la pasada legislatura. A partir de ahora, Madrid recaudará por el Impuesto del Patrimonio 555 millones de euros. Otros casi 700 millones seguirán siendo perdonados a los más ricos de la región. Madrid es también la comunidad con el tramo autonómico del IRPF más bajo del país.

En Más Madrid consideran que la decisión de financiarse por libre perjudica a la región. “De acuerdo con nuestros cálculos, de los 8.700 millones de euros pagados en intereses desde entre 2012 y 2022, los gobiernos del PP habrían pagado más de 2.900 adicionales por no acogerse a la financiación estatal”, lamenta el diputado de Más Madrid Alberto Oliver. “Además de financiarnos más caro, tenemos que añadir que Ayuso ha renunciado a recaudar 6.500 millones de euros al año mediante rebajas y bonificaciones fiscales. Esta política fiscal recae en las espaldas de nuestras futuras generaciones, a quienes les dejamos deuda y peores servicios públicos”, añade Oliver, que considera que pagar “por deuda innecesaria” y que además sea “más cara que otras regiones” es una muestra “de la pésima gestión económica del Partido Popular”.

El dirigente de IU y exdelegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid por Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato, fue uno de los primeros en poner el acento en los intereses de más que Madrid estaba pagando por financiarse al margen del FLA. Según sus cálculos, la cifra el año pasado alcanzaría los 354 millones. “El riesgo país siempre hace que las comunidades se financien peor que el Estado”, explica. “Renunciar a eso por chulería le cuesta decenas de miles de euros a los madrileños”. Sánchez Mato cuestiona además el argumento del Gobierno regional sobre su “autonomía y libertad” financiera por estar al margen del FLA. El exdelegado de Hacienda de Madrid explica que como Madrid incumplió la regla de gasto en 2019, igualmente debe “pedir permiso” al Estado para emitir su deuda. 

El Gobierno condonará parte de la deuda a las comunidades

La deuda autonómica va a ser uno de los asuntos importantes de la legislatura que acaba de iniciarse, después de que el PSOE pactase con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) la condonación del 20% de la deuda catalana. Una década después de que se creara el FLA para dar liquidez a los gobiernos autonómicos, las comunidades afrontan una vía que puede aligerar una carga que se disparó a partir de 2008 y que todavía sigue pesando mucho en sus cuentas. El Gobierno hará extensiva al resto de comunidades la 'quita' pactada con ERC, incluidas las que no se financian a través del FLA como Madrid, Euskadi y Navarra. 

El centro de estudios Fedea publicó recientemente un documento en el que calculaba el impacto de la condonación de deuda para el resto de autonomías en función de las cifras acordadas para Catalunya, tomando como referencia la quita por habitante. Con ello, estimaron que rondaría los 88.000 millones de euros en total, para una deuda acumulada de las comunidades de más de 322.000 millones. Andalucía, Madrid y Valencia serían las regiones más beneficiadas, según estas estimaciones. En concreto, a Madrid le corresponden 12.900 millones, más de un tercio de su deuda. 

El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha realizó después otra estimación algo más conservadora. Según su cálculos, se perdonarían 58.000 millones de euros a las comunidades autónomas. A Madrid le corresponderían 3.475 millones, según estos cálculos, un 10% de su deuda actual.

En cualquier caso, desde la Consejería de Economía y Hacienda aseguran que Madrid no aceptará esa quita y se remiten a unas declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso del pasado 7 de noviembre cuando afirmó que “condonar deudas por interés político destroza nuestra imagen como país en el que se puede confiar, no es una mera cuestión de desigualdad de trato”. Ayuso trató internamente en un comité ejecutivo nacional del partido que el resto de las diez autonomías gobernadas por el PP la siguieran en esa idea de rechazar la condonación de deuda, algo en lo que no están de acuerdo. Parece que, de nuevo, Ayuso se quedará sola en esa cruzada contra el Gobierno.

La Comunidad de Madrid ha reducido en los últimos dos años las plazas en los pisos destinados a mujeres víctimas de violencia de género. Si en 2022 –y años anteriores– había ocho pisos y 55 plazas; en 2024, se reducen a seis pisos y a 39 plazas, tal y como recoge el proyecto de presupuestos aprobado el pasado viernes en la Asamblea de Madrid gracias a la mayoría absoluta del PP. Esta disminución no es nueva. Ya comenzó en 2023, cuando los pisos pasaron a siete y las plazas a 47.

Los pisos tutelados –como los denomina la Comunidad de Madrid– son un recurso que ofrecen las administraciones públicas para las víctimas de violencia machista cuando termina la estancia en los centros de acogida, un alojamiento temporal con asistencia psicológica y jurídica que trata de normalizar la vida de las víctimas que huyen de su agresor. Los pisos tutelados son la siguiente opción para las mujeres (con sus hijos si los hubiera) que no pueden hacer solas frente a su emancipación, con el objetivo de que consigan más autonomía personal y familiar tras salir de la relación de violencia.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales justifica esta disminución en que dos de los pisos “han sufrido ocupaciones ilegales” y su situación “está judicializada”, algo de lo que el Gobierno regional no había informado hasta ahora y que no se refleja en la memoria de los presupuestos. Preguntado por qué no se han buscado alojamientos alternativos, un portavoz de departamento que dirige Ana Dávila asegura que a día de hoy la dirección general de Igualdad “cuenta con seis plazas libres en sus pisos tutelados” y a fecha de hoy “no hay ninguna solicitud de entrada en los mismos”.

La explicación de la Comunidad de Madrid llama la atención teniendo en cuenta que las denuncias por violencia de género y las órdenes de alejamiento han crecido en la región el último año, como reflejan los datos del Consejo General del Poder Judicial. Solo en primeros nueve meses de 2023 –todavía no hay datos del año completo–, 21.317 mujeres denunciaron a su pareja o expareja en la Comunidad de Madrid, 614 más que en mismo periodo del año anterior.

También aumentan las órdenes de alejamiento dictadas en los juzgados de violencia de la mujer, que en octubre crecieron hasta las 2.181, frente a las 1.914 dictadas en el mismo periodo de 2022.

Estos dos no son los únicos indicadores alarmantes de que esta lacra no ha dejado de crecer en la región. En el último año, también ha crecido el número de usuarias activas de ATENPRO, el servicio telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género que ha atendido en la región en lo que va de año a 2.070 mujeres. En 2022 fueron 1.897.

La disminución de las plazas en los pisos tutelados de la Comunidad de Madrid coincide con una disminución del presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género, a pesar de que el presupuesto regional para 2024 asciende a 27.558 millones de euros –la cifra más alta hasta la fecha–, un 20% más que los últimas cuentas aprobadas en 2022. Pese a este aumento, la cantidad para acciones contra la violencia de género y promoción de la igualdad de oportunidades disminuye hasta los 40,5 millones de euros, un 2,1% menos que el gasto realizado en el año 2022, aunque muy por debajo de los 52 millones que se iban a destinar a este fin en 2023.

“Un año especialmente trágico”

55 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en 2023 en todo el país, siete de ellas en la Comunidad de Madrid. Dos de esos asesinatos se produjeron hace apenas un mes en la región, además del de la hija de una de las víctimas. Una de ellas denunció y tuvo orden de alejamiento, pero su agresor fue absuelto.

“No hay ninguna razón para que se reduzca un recurso de recuperación de las mujeres víctimas en un año especialmente trágico”, considera Marisa Soleto, directora de Fundación Mujeres. Soleto recuerda además que la Comunidad de Madrid recibe dinero del Ministerio de Igualdad para la lucha contra las violencias machistas. “El apoyo económico en ese sentido del Estado se mantiene, por eso no se entiende que se reduzcan recursos y menos después de un año como este”, lamenta.

En la misma línea se manifiesta la portavoz de Igualdad del PSOE en la Asamblea de Madrid, Lorena Morales. “La falta de preocupación de la presidenta Ayuso y la Consejera Ana Dávila respecto a la violencia machista es alarmante”, lamenta. “Reducen el presupuesto destinado a la lucha contra esta lacra en 12 millones para 2024, y lo dejan en 40 millones de un presupuesto de más de 27.500. El reflejo del nulo compromiso del Gobierno Regional con las mujeres, más de la mitad de la ciudadanía”, concluye Morales.

Para la diputada socialista la justificación del Gobierno regional para reducir plazas en los pisos tutelados no se sostiene. “Si tienen los pisos ocupados ilegalmente tienen recursos suficientes para haber alquilado viviendas o haber hecho otro tipo de acciones”, considera Morales, que resalta que teniendo en cuenta el “alarmante” número de denuncias, si a día de hoy tienen plazas libres es que “la Comunidad de Madrid tiene un problema en el acceso a la protección bastante gordo y deberían revisarlo”. “Es evidente que algo está fallando”, concluye.

En Comisiones Obreras Madrid también denuncian que aunque los presupuestos recogen una previsión de 4.000 resoluciones judiciales y de 18.000 mujeres atendidas en los puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género, el Gobierno regional solo tiene previsto dar 150 ayudas económicas, otorgar recursos asistenciales a 405 mujeres y 370 menores y no asistenciales a 2.500 mujeres y 250 menores. Está previsto igualmente conceder 200 títulos habilitantes de la condición de víctima o desarrollar tres campañas de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres, explica Lidia Fernández Montes, secretaria de las mujeres del sindicato.

“Lo que supone reducir el número de pisos tutelados es que hay menos recursos para las mujeres víctimas en nuestra Comunidad”, lamenta Fernández Montes sobre que se reduzcan las plazas. “Hay un desmantelamiento del sistema público de atención a las víctimas por parte del Gobierno de Ayuso”, añade. La secretaria de las mujeres de CCOO Madrid explica que “no hay ni un solo ítem de los indicadores de los presupuestos en el que aumente la atención a las víctimas de violencia de género. Los recursos se mantienen o se reducen, pero en ninguno de los indicadores se aumenta”.

Isabel Díaz Ayuso cierra el año como lo empezó: atacando al presidente del Gobierno. Ayuso se ha puesto delante del micrófono este miércoles para hacer balance del año asegurando que “Sánchez es un comunista apoyado por independentistas catalanes y vascos” al que “aplauden los terroristas de dentro y de fuera”, en referencia a ETA y Hamás. “El balance político del año 2023 se resume en que un gobierno de ultraizquierda ha tomado el poder para liquidar la Constitución”, ha enfatizado. Y ha añadido: “Y con ella la unidad de España, su prosperidad y su influencia en el mundo”.

Toda esta batería de ataques, la presidenta madrileña los ha lanzado en los primeros minutos de comparecencia. Antes se había limitado a recordar los resultados en las elecciones autonómicas del 28 de mayo que le otorgaron mayoría absoluta en Madrid, en gran medida porque la candidatura de Podemos se quedó al borde del 5% de los votos y no obtuvo representación.

Los ataques de la dirigente del PP contra el presidente del Gobierno no son nuevos, han sido una constante desde que llegó a la Puerta del Sol en 2019 y se han ido intensificando a lo largo de los años. Los calificativos de “comunista” apoyado por “terroristas” llegan solo unas semanas después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid insultase desde la tribuna de invitados del Congreso a Sánchez llamándole “hijo de puta” durante la sesión de investidura.

La rueda de prensa de balance de año suele servir para hablar del ejercicio que termina y de los retos que llegan con el nuevo, pero Ayuso ha preferido más mirar a la Moncloa que a su propia gestión. “Es un Gobierno que está destrozando la economía”, ha insistido sobre el Ejecutivo central. “Su nefasta política de subidas indiscriminadas de impuestos, ataques a la empresa y fomento de la inseguridad jurídica nos está costando muy caro, especialmente a los madrileños, a los autónomos y a las empresas”, ha proseguido Ayuso durante la rueda de prensa, a la vez que Sánchez anunciaba desde el Palacio de la Moncloa las medidas de escudo social anticrisis que mantendrán los descuentos al transporte y la rebaja del IVA de los alimentos, entre otras cuestiones.

Sin poner ningún ejemplo concreto, Ayuso ha defendido que todas las medidas del Gobierno van en la línea de atacar Madrid: “Todo lo que hace el gobierno central atenta contra una región que siempre mira por todos”, ha afirmado. Por ello, la presidenta regional ha anunciado que su Gobierno defenderá “los intereses de Madrid con todos los instrumentos” a su alcance.

“Seremos exigentes con quienes intenten perjudicarnos; y a la vez seguiremos ofreciendo a los madrileños nuevos y mejores servicios públicos”, ha asegurado. “Frente al comunismo está y estará Madrid, que como isla de libertad, derribará el muro que está levantando la ultraizquierda con sus socios. Ante quienes abiertamente avisan de que quieren destruir España estaremos nosotros, que por el contrario, queremos ofrecerle sus mejores años. Ante el desastre, estará la Comunidad de Madrid”, insistía Ayuso en posicionarse una vez más como la verdadera oposición a Sánchez.

Ayuso pide la dimisión de Ortega Smith

A la vez que hacía estas afirmaciones, Ayuso ha pedido este viernes la dimisión del dirigente de Vox Ortega Smith por su agresión contra el edil de Más Madrid, Eduardo Rubiño, este viernes durante el Pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid. La presidenta madrileña ha condenado la agresión así como el hecho el hecho de que se esté instalando en la política cada vez más “esas prácticas tan reprochables” y de que esté poniendo “de moda” acercarse a los escaños del contrario y tocarse.

“No estoy de acuerdo con esas actitudes nadie debería acercarse a ningún político en su escaño a no ser qué fuera para un gesto de cortesía. Creo que todo lo demás está fuera de lugar y yo por eso también creo que debería apartarse porque es una escalada en la que empezamos a meternos todos y que dice muy poco de la política”, ha señalado la dirigente madrileña.

Preguntada por si no cree sus manifestaciones llamando “hijo de puta” y “comunista” a Sánchez no fomentan ese clima de polarización que critica, Ayuso ha defendido que “si decir la verdad es crear un clima de tensión tenemos un problema, una cosa decir las cosas como son y otra es agredir”.

Isabel Díaz Ayuso cierra su primer año con mayoría absoluta aprobando tres de los proyectos más importantes y polémicos de su incipiente mandato. Coincidiendo con el día de la lotería, la Asamblea de Madrid celebró este viernes un pleno extraordinario que ha dado luz verde a los presupuestos de 2024 –los segundos que ha podido sacar adelante en cinco años desde que es presidenta–, y que aprobó las modificaciones de las leyes trans y LGTBI, lo que supone en la práctica el primer retroceso en derechos del colectivo respecto de una ley aprobada con otro gobierno del PP en la Puerta del Sol, el de Cristina Cifuentes.

El rodillo de su mayoría absoluta también permitió este viernes a Ayuso, antes de las vacaciones de Navidad, aprobar otra de las leyes más discutibles desde que está al frente de la Puerta del Sol: una reforma legislativa de 15 normas con la que de un plumazo se hará con el poder total de Telemadrid y controlará el Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas, todos órganos necesarios para la fiscalización de su Gobierno. Con esta reforma legislativa, la dirigente del PP también podrá otorgarse un sueldo vitalicio para cuando deje de ser presidenta.

La oposición ha acusado al PP de tener comportamientos similares a “partidarios de las dictaduras” y de “totalitarismo”. El PSOE ha anunciado que llevará esta modificación legal tramitada por la vía de urgencia al Tribunal Constitucional.

Las leyes trans y LGTBI

En medio del debate público sobre los derechos del colectivo LGTBI después de que Vox los haya cuestionado en todos aquellos parlamentos y ayuntamientos donde ha llegado el poder, Ayuso se suma a esta agenda ideológica con su mayoría absoluta –sin necesidad de la extrema derecha– para en la práctica derogar las leyes autonómicas respaldadas por el PP en 2016. Vox ha apoyado ambas modificaciones legales.

En la ley trans, se elimina el concepto de identidad de género, se marca que los menores deberán pasar por un examen de pediatras antes de recibir tratamiento y se explicita que la atención psicológica o las valoraciones psiquiátricas no serán muestra de discriminación. En educación se eliminan los contenidos relativos a las personas trans de los currículos.

En el caso de la ley ante la LGTBIfobia se retocan aspectos sanitarios, organismos como el Consejo LGTBI de la Comunidad o el régimen sancionador. Una de las partes centrales de la reforma es el ámbito educativo, que concentra cinco de los veinte artículos derogados, entre ellos el que ataja el acoso escolar. En concreto, el plan contra el acoso a los alumnos LGTBI sale del currículo en los centros educativos. 

El poder total en Telemadrid

Gracias a una ley contenedor, que modifica 15 leyes el último día antes de navidad, con medio país pendiente de la lotería, Ayuso logra hacerse con el poder total de Telemadrid y culmina un camino que inició tras las elecciones de 2021. La primera medida de Ayuso tras el adelanto electoral –que supuso la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid, hasta entonces su socio de Gobierno– fue una ley para cargarse a la anterior dirección de Telemadrid (elegida por consenso) y hacerse con el control del ente público tras dos años de quejas sobre la independencia de la cadena regional, una purga declarada recientemente ilegal por el Tribunal Supremo. Un año después, de nuevo con la connivencia de Vox, la dirigente del PP sacó adelante otra ley para poder nombrar por mayoría simple de la Asamblea al director general, que hasta entonces requería una mayoría reforzada.

Con la nueva ley, Ayuso da una nueva vuelta de tuerca para que el control sea absoluto y dejar bajo mínimos la capacidad de fiscalización de la oposición. De entrada, plantea que el consejo de administración pase de cinco a siete consejeros. Actualmente, como todos los grupos deben estar representados en el mismo, el PP cuenta con dos consejeros, Más Madrid con uno, el PSOE con uno y Vox con otro.

Pasando a siete consejeros, el PP tendrá cuatro, lo que le otorgará mayoría absoluta también en el ente público. De esta forma, la ley cambia el sistema de elección de la figura del director general “para evitar situaciones de interinidad prolongadas en el tiempo” y establece que será “la Junta General de Accionistas de Radio Televisión Madrid a propuesta del Consejo de Administración de la sociedad” quien lo nombre. Es decir, la nueva mayoría del PP sin que tenga que pasar por una votación en la Asamblea de Madrid.

Ayuso nombrará y controlará el Consejo de Transparencia

Hacerse con el control del Consejo de Transparencia evitará en el futuro a Ayuso situaciones como la de tener que acudir a los tribunales para impedir que se conozca su expediente académico, como ha ocurrido después de que el órgano determinase que debía ser público. Con la ley aprobada este viernes “se elimina su dependencia de la Asamblea” y será el Gobierno quien designe a dedo al ahora único integrante del organismo.

Hasta ahora, el Consejo de Transparencia y Participación lo formaban tres consejeros propuestos por el Pleno de la Asamblea de Madrid que se eligieron por un procedimiento de mayoría reforzada de tres quintos. Estos tres miembros estaban en el cargo por un periodo de seis años, y se distribuían rotatoriamente la presidencia cada dos años. Con la nueva ley aprobada este viernes solo habrá un responsable máximo de este órgano elegido por el Consejo de Gobierno a propuesta del titular de la Consejería de Presidencia que en la actualidad es Miguel Ángel García. Es decir, será la propia Ayuso quien decida la persona que estará al frente del organismo.

La ley modificada gracias a la mayoría absoluta del PP exigía además diez años de experiencia profesional acreditada en actividades relacionadas con el sector público, la transparencia y el acceso a la información pública. Ahora este requisito ya no será imprescindible, con lo cual podría nombrarse a cualquier exdiputado del PP que jamás haya tenido relación ni actividad alguna con la transparencia o el sector público.

Otro de los cambios que se introducirá será añadir al nuevo Consejo las competencias de protección de datos. La idea es situar en el mismo nivel la protección de datos que la transparencia, de modo que los conflictos de intereses recaerán en el nuevo Consejo, cuando hasta ahora no era así. Por ello cambiará de nombre y pasará a llamarse Consejo de Transparencia y Protección de Datos. 

También se elimina el régimen sancionador contemplado en la norma para las Administraciones que incumplen la normativa en materia de transparencia, que fue una exigencia de PSOE y Ciudadanos, después de los casos que protagonizaron los expresidentes Ignacio González y Cristina Cifuentes.

Control de la Cámara de Cuentas

No es la única forma que ha encontrado Ayuso para quitarle al parlamento regional cualquier capacidad de control al Gobierno. El PP ha planteado una reforma de la ley que regula la Cámara de Cuentas que elimina la mayoría reforzada de dos tercios para elegir a los consejeros.

La Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad en 2019 una propuesta de Podemos para modificar la norma, que llevaba desde 1999 sin tocarse, para reducir el número de consejeros de siete a tres y reforzar las mayorías para elegirlos con el fin de que fueran más independientes, con tests de idoneidad. Aquella ley tenía algunos desajustes que había que modificar, según reconocieron todos los grupos, pero el PP de Ayuso lo ha aprovechado para eliminar el sistema de elección parlamentario y que sea el Gobierno regional quien elija directamente a los consejeros que luego tendrán que fiscalizar su gestión económica.

Los gerentes de los hospitales serán elegidos a dedo

La ley, que modifica hasta 15 textos legislativos, también incluye “devolver al Consejo de administración del Sermas la posibilidad de ejercer las competencias que le son propias y poder elegir, de entre los mejores, a los gestores de los hospitales, agilizando los nombramientos y ofrecer así una respuesta más rápida y eficiente a las necesidades de cada centro hospitalario”. Esto implica que los directores gerentes y territoriales ya no serán elegidos por un “proceso de igualdad, mérito y capacidad” sino por el Consejo de Administración del Sermas. Se elimina la limitación del mandato a cinco años.

Todas estas cuestiones, tramitadas por la vía de urgencia, se han aprobado este viernes en la Asamblea de Madrid. Cada una de estas reformas legales va en la línea de limitar la labor de fiscalización a su Gobierno por parte de la oposición y de otros organismos públicos.

La Asamblea de Madrid afronta este viernes uno de los debates de más calado político e ideológico del año y, posiblemente, de la legislatura. Tras aprobarse los presupuestos para 2024, los segundos de Isabel Díaz Ayuso en cinco años, en el último pleno del año, la Cámara regional ha tramitado la votación de las reformas de las leyes trans y LGTBI, con las que el Gobierno de Ayuso modifica las normas aprobadas en 2016 y que suponen el primer retroceso en derechos para el colectivo. La ley se ha tramitado por la vía de urgencia con el objetivo de que se aprobase lo antes posible.

En medio del debate público sobre los derechos del colectivo LGTBI después de que Vox los haya cuestionado en todos aquellos parlamentos y ayuntamientos donde ha llegado el poder, Ayuso se suma a esta agenda ideológica con su mayoría absoluta –sin necesidad de la extrema derecha– que este viernes ha apoyado ambas modificaciones legales.

En la ley trans, se elimina el concepto identidad de género, se marca que los menores deberán pasar por un examen de pediatras antes de recibir tratamiento y se explicita que la atención psicológica o las valoraciones psiquiátricas no serán muestra de discriminación. En educación se eliminan los contenidos relativos a las personas trans de los currículos.

En el artículo 23 de la ley de 2016, aprobada con consenso incluso con los votos del PP, se especifica que debe respetarse “la imagen física del alumnado trans” y de la “libre elección de su indumentaria”. El PP ha añadido una condición que trata de ponerle fin: “sin menoscabo del debido respeto al resto de alumnos y las normas del centro educativo”. La norma que pasa este vienes a mejor vida recogía el derecho de las personas trans “las instalaciones” de los centros educativos “de acuerdo con su identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios”. Con la modificación del PP se reescribe: “si realizan actividades diferenciadas por sexo, se garantizarán las necesidades del alumno transexual, sin menoscabo de los derechos y la intimidad de los demás alumnos, especialmente de las chicas” y deja en manos de la dirección del centro el uso de las instalaciones.

La proposición de ley mantiene la prohibición de las terapias de conversión excepto en el caso de las personas trans.

En el caso de la ley ante la LGTBIfobia se retocan aspectos sanitarios, organismos como el Consejo LGTBI de la Comunidad o el régimen sancionador. Una de las partes centrales de la reforma es el ámbito educativo, que concentra cinco de los veinte artículos derogados, entre ellos el que ataja el acoso escolar. En concreto, se elimina el plan contra el acoso a los alumnos LGTBI sale de los currículos en los centros educativos. Tampoco medios de comunicación públicos, es decir Telemadrid y Onda Madrid, tendrán que contribuir a dar visibilidad a la diversidad sexual.

Un debate bronco

El diputado de Vox José Antonio Fúster ha sido uno de los encargados de defender la postura de la formación de extrema derecha que este viernes ha apoyado la propuesta de Vox. Para Fuster hoy ha sido “un gran día” aunque no solo por las reformas en sí sino porque con “esfuerzo” se puede “hacer cambiar de opinión” al PP y “devolverlo a la razón, incluso sin compartir gobierno”.

La histórica activista LGTBI y diputada de Más Madrid Carla Antonelli ha sido muy dura con la bancada del PP a los que ha acusado de vivir en la “indigencia moral de cualquier empatía”. Antonelli ha asegurado que Ayuso “consuma un acto de cobardes, miserables y malas personas por la puerta de atrás” mientras España está pendiente de la Lotería. “A escondidas se lleva adelante la aberración de la señora Ayuso”, ha cargado.

Por parte del PSOE, el diputado Santiago Rivero ha preguntado ha lamentado que el PP haya “detransicionado” en el camino hacia la “igualdad de las personas LGTBI”. “Ahora tienen el aplauso de Vox en la primera reversión de derechos” del colectivo de España. “El PP de Ayuso está rompiendo el consenso de las fuerzas que estamos a favor de las personas LGTBI para ponerse con las que están en contra”, ha lamentado.

Isabel Díaz Ayuso ha logrado sacar este viernes adelante los presupuestos regionales para 2024, sus segundas cuentas desde que llegó a la Puerta del Sol en 2019 como presidenta de la Comunidad de Madrid. La mayoría absoluta obtenida en las urnas el pasado 28 de mayo le da un respiro en una asignatura en la que la dirigente del PP había suspendido hasta en tres ocasiones, en las que tuvo que prorrogar los presupuestos por la falta de apoyos. Para el próximo ejercicio el Gobierno regional ha presupuestado un gasto de 27.558 millones de euros –la cifra más alta hasta la fecha–, que, sin embargo, no se traduce en una mayor inversión en sanidad pública o educación.

Más Madrid y PSOE han votado en contra de los presupuestos. Ambas formaciones consideran que estas cuentas no resuelven los problemas de los madrileños y son “insuficientes y engañosas”. En el caso de Vox, el partido de extrema derecha se ha abstenido, a pesar de que los ha calificado de “socialistas”.

El Gobierno regional aumenta el presupuesto para 2024 en casi un 20% respecto al año anterior. Antes de recuperar parte del impuesto de Patrimonio, después del fallo del Constitucional desestimando el recurso contra el impuesto a las grandes fortunas, el Gobierno regional calculaba que la recaudación por los impuestos que gestiona bajaría un 6%. Con el nuevo tributo, esta partida aumentará en 555 millones adicionales.

La razón por la que puede aumentar el gasto mientras recauda menos en impuestos propios es sencilla: la Comunidad de Madrid estima recibir un 40% más de ingresos del Estado, un total de 26.000 millones de euros derivados de los tributos cedidos, es decir, IRPF, IVA e Impuestos Especiales, que se incrementan un 21,1% respecto a 2022. 

Menos para sanidad pública, más para concertada y privada

Aunque la consejera de Economía y Hacienda celebró que el presupuesto destinado para Sanidad superará este año por primera vez la cifra de los 10.000 millones, la realidad es muy diferente cuando se bucea en la letra pequeña de las cuentas. El Gobierno de Ayuso ha presupuestado un gasto para esta partida el próximo año de 10.157 millones, un 10% inferior al presupuesto ejecutado en el ejercicio 2022, año en el que la administración regional gastó 11.247,6 millones.

La inversión en Sanidad supondrá el 36,9% del gasto, el porcentaje más bajo de los últimos años. Una disminución que viene produciéndose desde 2015, cuando el gasto en sanidad ascendió al 45,16% de las cuentas. En 2016 cayó hasta el 44,13% y así sucesivamente. En 2019, antes de la pandemia, el porcentaje se situó en el 42,52% del total. En las últimas cuentas aprobadas de 2022 fue del 38%. Y en este presupuesto vuelve a bajar.

Por secciones, la partida destinada a Atención Primaria aumenta tímidamente en 8,5 millones de euros respecto a los últimos presupuestos: de los 2.563,9 millones a los 2.572,3 millones. El año 2023 empezó con una huelga de los médicos de familia y pediatras que pedían mejoras salariales y de las agendas. Tras cinco meses de paros, Ayuso llegó a un acuerdo con Amyts, el sindicato mayoritario de médicos, en el que se comprometió a una subida salarial, a una reorganización de las agendas y contratar más personal. Desde Amyts toman esta cifra con escepticismo, ya que esos ocho millones de incremento no cubren las necesidades de personal necesarias derivadas de mejorar agendas y retribuciones. La inversión en Primaria, recuerdan, sigue lejos del 25% del presupuesto sanitario que recomienda la OMS.

También pone el acento en esta partida CCOO, que alerta de que aumentan los capítulos de personal e inversiones a costa de reducir “artificialmente” el capítulo 4 de transferencias corrientes. “Afirmamos que es una reducción artificial porque es una partida que se suele infradotar. En 2022 el presupuesto inicial fue de 1.111 millones pero en realidad se gastaron 1.563 millones (un 40% más)”, señalan. “Es un gasto que (incluso infradotado) se lleva más del 50% de los créditos del programa de Atención Primaria, por tanto el presupuesto para personal y otros gastos es mucho menos abultado de lo que pudiera parecer”, añaden.

Lo que sí aumenta es la partida destinada a gastos sanitarios externalizados y concertados. El Gobierno de Ayuso ha presupuestado 1.492 millones de euros para 2024 frente a los 1.256 millones que se presupuestaron en 2022. En CCOO creen que la cifra que ha estimado el Gobierno regional está “infravalorada” teniendo en cuenta que en la ejecución real del ejercicio 2022, la administración regional gastó 2.234 millones de euros en estos conceptos, de ellos 2.150 millones a entidades privadas. Este gasto supone el 19% del total destinado a Sanidad. Desde CCOO recuerdan que esta partida ha aumentado considerablemente en las últimas dos décadas cuando el gasto fuera del ente público SERMAS era tan solo de 188 millones. 

“La inversión en relación al PIB se reduce por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Los datos ponen de manifiesto que este gobierno y este presupuesto tampoco van a poner solución a las deficiencias estructurales que arrastramos desde la crisis de 2008 y las nuevas necesidades derivadas del envejecimiento de la población, la extensión de la atención primaria o la expansión de la cartera de servicios de salud”, señalan desde CCOO.

Educación: un poco más para la concertada

El proyecto de presupuestos que se aprobará este viernes en la Asamblea de Madrid gracias a la mayoría absoluta de la que goza el PP recoge un gasto de 6.419 millones para 2019, un incremento del 9,6% respecto a la liquidación de 2022. El dato, sin embargo, pierde peso en relación con el PIB, ya que el gasto público en educación se reduce en 0,1 puntos porcentuales, pasando del 2,3% en 2022 al 2,2% en 2024. Madrid está lejos del 6% de inversión en Educación que sí tienen otras comunidades autónomas como Andalucía o Extremadura, o el casi 5% del resto. De hecho es la comunidad que menos invierte en educación por habitante.

CCOO denuncia “un proceso de privatización progresivo de la educación pública, principalmente a través del gasto en conciertos educativos”. Y es que el 20,6% del gasto total presupuestado para Educación –1.321 millones– se destina a los conciertos educativos, lo que supone un incremento respecto a los presupuestos de 2022 del 13,4% (con una suma de 156,3 millones).

También aumenta el gasto destinado a las becas para estudiar en centros privados tanto en la etapa no obligatoria de infantil de 0 a 3 años, como en la de Bachillerato. “Mientras se dificulta el acceso a las becas de comedor a la población escolar más vulnerable con unos requisitos de ingresos mínimos muy bajos (4.000 euros per cápita), por otro lado se incrementan las becas de escolarización en centros privados en etapas no obligatorias (educación infantil, FP y bachillerato) con requisitos de renta que benefician a familias con ingresos que pueden superar los 170.000 euros anuales”, lamentan. “Parece evidente que las becas se están utilizando para beneficiar a las familias con más renta y a los centros privados, lo que incrementa la desigualdad educativa y social”, añaden desde CCOO. 

Le inversión destinada a investigación asciende a 160 millones, un gasto prácticamente idéntico al ejecutado en 2022. Se reduce en 18 millones el importe presupuestado para las convocatorias de ayuda en materia de investigación científica e innovación tecnológica y transferencias a las Fundaciones Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEAS).

Coincidiendo con el día de la lotería, junto a la aprobación del proyecto de presupuestos, que en debate este jueves y viernes en la Asamblea regional, saldrán adelante también gracias a la mayoría del PP las modificaciones de las leyes Trans y contra la LGTBIfobia regionales, y la proposición de ley de Simplificación que modifica 15 leyes. CCOO ha convocado una manifestación por la mañana para protestar contra unas cuentas que consideran “muy perjudiciales”. Tanto Más Madrid, PSOE y Vox votarán en contra de las segundos presupuestos de Ayuso en cinco años.

La Comunidad de Madrid da marcha atrás por primera vez en su modelo de bilingüismo en las aulas. A partir del próximo curso 2024-2025 la asignatura de Historia y Geografía volverá a impartirse en español y no en inglés en todos aquellos centros públicos que tienen esta modalidad. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso reconoce por primera vez que se está produciendo “un detrimento” en los conocimientos “tanto de Historia como de Inglés” fruto de este modelo bilingüe que comenzó a implantarse en la región hace ahora casi dos décadas con Esperanza Aguirre y que ya está presente en más de la mitad de los centros de la región.

El cambio de modelo lo anunció este martes el consejero de Educación, Emilio Viciana, durante un desayuno informativo. “Queremos reforzar el estudio de la Historia y evitar que sus contenidos propios se rebajen por impartirlos en inglés”, afirmó el consejero, reconociendo algo que los docentes llevan tiempo denunciando y que pusieron negro sobre blanco recientemente en un informe de Acción Educativa tras encuestar a 1.174 docentes de la Comunidad de Madrid. Casi la mitad de los profesores afirmaba que el nivel de comprensión es menor y ocho de cada diez considera que la profundización también es más pequeña en las asignaturas impartidas en inglés. Para el próximo curso, ninguna asignatura troncal se impartirá, por tanto, en inglés, que se reservará para optativas.

Hasta ahora, el Gobierno de Ayuso había defendido que el modelo impulsado por Aguirre y reforzado por los sucesores presidentes del PP facilitaba “el aprendizaje de la segunda lengua” e impulsaba “el desarrollo cognitivo de los niños”. Ayuso había anunciado sin embargo su intención de actualizarlo y este martes por primera vez se ha reconocido que el efecto que está provocando es un empeoramiento del rendimiento en las materias que se imparten en inglés, ya que los docentes deben bajar el nivel para que los alumnos adquieran los conocimientos.

Desde la Consejería de Educación aseguran a elDiario.es que este “detrimento” en los conocimientos se ha detectado en el informe PISA y que el objetivo con la medida es “adelantarse” a que la situación se agrave. No existe, sin embargo, ninguna evaluación oficial completa por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, mientras algunas comunidades repiensan el modelo y ya hay colegios que han dado marcha atrás en la implantación del programa. Madrid es la región donde está más implantado y que sirvió de espejo para otros gobiernos autonómicos. Además de Madrid, Murcia y Castilla y León son las comunidades con el modelo bilingüe más extendido. Baleares, la Comunitat Valenciana y La Rioja, las que menos. 

Pese a reconocer los fallos del modelo, la intención de Ayuso es ahondar en el bilingüismo por la vía de extenderlo hacia abajo. La presidenta regional lleva varios años anunciando que quiere que empiece desde el segundo ciclo de Infantil (entre 3 y 6 años) “y progresivamente” en el primero también (0-3 años).

El Consejo escolar aprobó hace tan solo una semana una propuesta de UGT Madrid que pide precisamente una evaluación “seria” con la participación de los docentes y las familias del programa bilingüe. “Creemos que esta medida probablemente haya sido precipitada”, asegura la portavoz de educación del sindicato, Teresa Jusdado, que defiende que antes de tomar decisiones es necesario hacer una estudio pormenorizado de las consecuencias de su implantación que también acaba repercutiendo en una mayor segregración del alumnado. “Llevamos pidiendo esa evaluación más de una década”, defiende a la vez que reconoce que sí se ha “detectado” que el modelo bilingüe “tiene consecuencias en la consecución de ciertos contenidos”. “Somos partidarios de los idiomas en las enseñanzas no universitarias pero haciendo un estudio amplio”, insiste.

Un legado de Aguirre con cada vez más detractores

El programa bilingüe es el gran legado educativo de la época de Esperanza Aguirre. Comenzó a implantarse en el curso 2004-2005 con el espíritu de democratizar el aprendizaje del inglés y su avance ha sido imparable. Hasta ahora. Actualmente hay 194 institutos y 403 colegios públicos bilingües en la región.

Casi dos décadas después, se trata del modelo mayoritario en las aulas madrileñas: más de la mitad de los estudiantes de primaria estudian bajo este programa (52,6%) y las cifras son aún más altas en secundaria, con seis de cada diez alumnos y alumnas en el sistema bilingüe. En el curso 2017-2018, se extendió además al segundo ciclo de Educación Infantil. Esta expansión empujada desde la administración ha generado cierta presión en los centros para subirse al carro del bilingüismo –aunque debe decidirse por acuerdo del claustro y del consejo escolar– y, sobre todo, se ha producido a pesar de las dudas manifestadas por los docentes sobre el modelo. 

Los motivos de oposición se pueden resumir en dos. El primero es que afecta negativamente al aprendizaje de las asignaturas que se imparten en inglés (al menos el 30% de las horas lectivas); el segundo, que segrega al alumnado en una de las regiones con más problemas de desigualdad educativa de Europa.

Los docentes suspenden el modelo de Aguirre

Una encuesta realizada en 2021 a 1.174 profesores y profesoras –tanto a los que imparten clases en inglés como a los que no– refleja una preocupación mayoritaria sobre cómo el modelo impacta en el “aprendizaje de contenidos y competencias” (97,9%). Casi la mitad de los profesores sostiene que el nivel de comprensión es menor y ocho de cada diez considera que la profundización también es más pequeña en las asignaturas impartidas en inglés, según el estudio impulsado por el Movimiento de Renovación Pedagógica Acción Educativa cuyos resultados se conocieron hace unas semanas. 

Hasta aquí la vertiente pedagógica. La otra, la de la desigualdad, se explica por la organización del sistema en Secundaria, que según los docentes contribuye a agrupar a los estudiantes con características similares. En la ESO, existen dos modalidades: la sección, con al menos un 30% del horario lectivo en inglés –puede llegar al 70% sin incluir en ningún caso Lengua ni Matemáticas– y el programa, con una clase diaria de inglés y al menos otra de las materias obligatorias en este idioma (Educación Física, Tecnología o Plástica). Los profesores constatan que los primeros grupos suelen contar con más alumnado de calificaciones altas mientras las aulas de programa concentran a estudiantes con más dificultades.  

El modelo, por tanto, es un territorio fecundo para el debate. Sin evaluaciones oficiales y completas por parte de la Comunidad de Madrid, existen estudios con conclusiones diversas, pero lo cierto es que, con el paso de los años, el consenso mayoritario sobre las bondades del sistema se ha ido resquebrajando por las dificultades de los alumnos más desaventajados para engancharse al sistema y tener éxito; por las críticas docentes y, finalmente, por la oposición de algunas familias.

En los últimos años, varias decenas de colegios –todos fuera de la Comunidad de Madrid– se han borrado del programa tras implantarlo en sus aulas. El caso más reciente ocurrió en el Colegio La Granja de León, donde las familias votaron de manera mayoritaria sacar a sus hijos del programa bilingüe. 

Pongamos por caso la última quincena, aunque podría ser cualquier otra desde 2020. En dos semanas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha tratado de abrir una guerra del agua contra el Gobierno anunciando una demanda contra el Plan Hidrológico del Tajo y se presentó como víctima del Ministerio de Fomento por no haber sido invitada a un tramo de alta velocidad ferroviaria entre León y Asturias. Abonada a la hipérbole dijo que Pedro Sánchez pretende “sitiar Madrid” y que sus ciudadanos se “rindan por sed”. Y en la manifestación contra el Gobierno, la amnistía y los socios del PSOE el pasado domingo aseguró:

“Madrid aporta casi el 70% de todo con lo que se sufragan los servicios públicos de España entera”. El dato, como tantos otros que utiliza en la confrontación con el Gobierno, es falso. Ni siquiera recaudando el 100% de todo el PIB de Madrid –230.000 millones– llegaría para pagar un tercio del gasto público español –670.000 millones–.

Ayuso ha hecho del choque institucional contra el Gobierno su razón de estar en política. Sus acometidas se iniciaron meses después de su llegada a la Puerta del Sol en agosto de 2019, desde entonces fomenta una suerte de nacionalismo madrileño que exprime el victimismo y que para la oposición es “calcado” al independentismo catalán y a su “España ens roba”.

“Isabel Díaz Ayuso es ya indistinguible de Carles Puigdemont”, dice en conversación con elDiario.es, el líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato. La dirigente del PP intenta de esta forma desviar la atención de los puntos más polémicos de su gestión.

“Es una vez más la presidenta madrileña generando incendios contra el Gobierno para no hablar de lo que hace el suyo”, añade Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional.

Mientras los principales debates políticos en la Asamblea de Madrid están dedicados a la ley de Amnistía –una norma que se tramitará en el Congreso y a la que nada puede aportar la cámara regional–, y Ayuso se dedica a polemizar con el gobierno, el PP de Madrid ha aprovechado su mayoría absoluta para aplicar su rodillo y debilitar los controles a su Gobierno. Como ejemplo, la ley que acaba de presentar, que ya ha pasado el primer trámite parlamentario, con la que pretende modificar 15 normas autonómicas. La gran mayoría de estos cambios tienen una única función: limitar la fiscalización a su gobierno. Por la puerta de atrás, cambia– por tercera vez– la ley que regula Telemadrid, para acaparar todo el control del canal que se ha convertido en un publireportaje continuo de la presidenta. También, la ley que regula la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia, con idéntica estrategia: aprovechar el rodillo de la mayoría absoluta para dar a su gobierno todo el control de estos organismos que, en teoría, sirven para vigilar su gestión. 

La misma ley le servirá a Ayuso para modificar el estatuto de expresidentes, a través de una reforma opaca. Desde Más Madrid acusan a la presidenta de querer garantizarse un sueldo vitalicio de al menos 8.500 euros mensuales. La cifra en realidad aún se desconoce, puesto que con la modificación legal será la propia Ayuso, sin que pase por el parlamento, quien la decida: podría ser esa u otra. La presidenta regional reconocía que aprobar ese sueldo para expresidentes entra en sus planes y defendió que era “algo lógico y asumible”.

Política de becas para rentas altas

Pese a que su último propuesto de presupuestos contempla un gasto anual de casi 28.000 millones de euros, la presidenta de Madrid rara vez acapara titulares por su gestión de los servicios públicos, cada día más debilitados. Un ejemplo es su política de becas y subvenciones. elDiario.es ha desvelado que un tercio de los alumnos de Bachillerato que estudian en centros privados reciben una beca. Familias que ingresan más de 100.000 euros anuales y que, bajo los criterios del Gobierno regional, tienen derecho acogerse a un plan de becas que cuesta anualmente 43 millones de euros. La Comunidad de Madrid incluso beca a alumnos de colegios religiosos que segregan a su alumnado por sexo.

La medida contrasta con el caos en la tramitación de las becas comedor que se produjo al inicio del curso escolar. El Gobierno regional cambió el sistema para solicitarlas y provocó que a muchas familias vulnerables se les denegase, reclamándoles en muchos casos documentación que ya habían presentado. Finalmente, la Consejería de Educación reconoció el error en la tramitación y aseguró que concedería todas las becas que se hubieran solicitado. Esta redacción reveló sin embargo que los colegios están reclamando el pago de la cuota del comedor a familias que habían solicitado la ayuda. Esta política de becas ha sido afeada por el Defensor del Pueblo.

Ayudas al alquiler insuficientes

Al mismo tiempo que Ayuso subvenciona a familias privilegiadas para que puedan pagar colegios privados, mientras sigue planteando nuevas rebajas de impuestos, la Cadena Ser desvelaba que la Comunidad de Madrid ha denegado la ayuda al alquiler a cientos de jóvenes y familias vulnerables que cumplen los requisitos: ¿La razón? La falta de fondos. El Gobierno regional ha comunicado a 1.000 familias de las que reúnen el requisito de renta, que se quedaban sin la ayuda al alquiler porque el dinero dedicado a esta ayuda se ha terminado.

Ayuso prometió durante la campaña electoral que esta sería la legislatura “de la vivienda”, pero de los 25.000 pisos de alquiler que prometió en 2019, solo permite optar a 274 cuatro años después. Mientras tanto, se ha decidido a batallar contra la ley de Vivienda estatal aprobada en la anterior legislatura, y la ha llevado a los tribunales, a la vez que deniega a los municipios que lo soliciten, como es el caso de Getafe, declararse zona no tensionada.

Comida podrida para los menores tutelados

Otra de las polémicas que persiguen la gestión de Ayuso es la de la comida que se sirven en las residencias de la Comunidad de Madrid. La misma semana que Ayuso acusaba al Gobierno de querer “matar de sed” a los madrileños, la Ser desvelaba que las condiciones de vida en los centros de menores y residencias de mayores tutelados por la Comunidad de Madrid distan mucho de cumplir con los requisitos mínimos de salubridad.

Huevos podridos e incluso con gusanos, fruta en mal estado, alimentos caducados… Como la Comunidad de Madrid, en sus criterios de concurso, prioriza el precio sobre todo lo demás, una empresa que ya fue sancionada por suministrar alimentos en mal estado ha vuelto a ganar el contrato para servir comida en los centros de menores de la región.

En unas semanas, la Asamblea también aprobará con los votos del PP de Ayuso –y el apoyo de Vox– la reforma de las leyes trans y LGTBi autonómicas, con las que se recortarán por primera vez derechos al colectivo. El parlamento también aprobará los segundos presupuestos regionales –esta vez con mayoría absoluta del PP – que incluyen un recorte de fondos para Sanidad, más de 1.000 millones menos de los que gastó el Gobierno para este fin en 2022. O un recorte del 20% en la partida destinada a luchar contra la violencia de género. Mientras tanto, Ayuso seguirá fomentando el nacionalismo madrileño con el que confrontar con Sánchez.

Manuela Bergerot (Buenos Aires, 1976) llega “con toda la ilusión y todo el compromiso” a la Portavocía de Más Madrid en la Asamblea regional, donde el partido ostenta el liderazgo de la oposición a Isabel Díaz Ayuso después de que en las elecciones del 28 de mayo la formación lograse de nuevo quedar en segunda posición por delante de los socialistas. Bergerot toma así el mando de Mónica García, que ha dado el salto a la política nacional para hacerse cargo del Ministerio de Sanidad del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. “Mónica García es la líder indiscutible de Más Madrid”, advierte la argentina de nacimiento y madrileña de adopción, que evita no obstante confirmar si la ya ministra volverá a ser la candidata a la Comunidad de Madrid en los comicios 2027.

Para Bergerot, Más Madrid está logrando hacer una política diferente y las consecuencias son “un crecimiento imparable” del partido, ahora también formando parte del Gobierno central. Por eso, como ya hiciera García en el reciente Congreso de Más Madrid, también reivindica la “autonomía” del partido frente a la coalición Sumar. “Nadie hablaba de las cuestiones madrileñas hasta que llegó Más Madrid”, asegura orgullosa. Y lo relaciona directamente con el auge del partido en la política madrileña–cuyos dirigentes provienen mayoritariamente de Podemos– los últimos tres años. “Más Madrid es la oposición a la que teme Ayuso”, defiende, a pesar de que la presidenta regional gobernará con mayoría absoluta los próximos cuatro años.

¿Cómo están siendo las primeras semanas como portavoz de Más Madrid en la Asamblea?

Está siendo la continuidad del trabajo de Mónica García y de un grupo parlamentario excelente. Estoy muy bien acompañada por mis dos portavoces adjuntos, María Pastor y Emilio Delgado. Así que es la continuidad de seguir mostrándole a Ayuso que hay un mejor Madrid posible, más allá del que ella se empeña en negar.

¿Entraba en sus planes ser la líder de la oposición de Madrid en estos momentos?

El compromiso desde dentro de la organización de Más Madrid te lleva a remangarte allá donde hagas falta en cada uno de los momentos. A mí además me parece muy positivo que cada una de las personas que conformamos Más Madrid podamos pasar por diferentes espacios, porque todos son importantes y en cada momento, en cada hito, hay que hacerse cargo de un lugar. Vengo de ser secretaria de Organización y tengo el orgullo de sentir que tenemos la mejor organización política, una comunidad política en Madrid y que hay que ponerle voz a todo ese compromiso para no darle ni un respiro a Ayuso.

¿Qué tal es su relación con la presidenta?

Isabel Díaz Ayuso no ha perdido ni un solo segundo en confrontar con Más Madrid. Somos la oposición a la que teme y el otro día ya lo demostró conmigo, cuando, frente a una una pregunta que le hice durante la sesión de control al Gobierno sobre las violencias machistas en torno al 25 de noviembre, ella, con ese odio que le recorre, lo primero que me dijo fue: “Usted a mí no me va a decir si es más mujer que yo”. No entendió nada de lo que yo quería hablarle. Lo que le molesta a Ayuso, precisamente, es que constantemente le estemos mostrando que hay un mejor Madrid posible, que hay mucho más Madrid ahí afuera y que desborda esa idea pequeñita, unitaria, casi gris de lo que ella concibe que es esta comunidad.

¿Pero quiere tener una relación más fluida con Ayuso que la que tenía la presidenta con Mónica García? ¿Cree que lo puede conseguir?

Mi preocupación no es mi vínculo personal con la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino demostrar a los madrileños y a todos esos votantes que nos han hecho por dos veces consecutivas ser la primera fuerza progresista en la Asamblea de Madrid que no vamos a permitir ni un solo segundo que Ayuso gobierne para hacer indultos fiscales a los millonarios o regalar becas para los colegios privados para las familias más ricas, mientras abandona a los a los niños y a las niñas que están tutelados por la Comunidad de Madrid y a los que por tercera vez consecutiva la señora Ayuso ha permitido que se les dé comida podrida.

Así que esa es sobre todo nuestra responsabilidad ahora mismo, seguir presionando también para que Ayuso no pueda impedir la fiscalización de la oposición. Esto lo hemos visto con esa vía de urgencia, con la ley de dedazo de Ayuso, que no es otra cosa que querer controlar tres organismos que nos pueden garantizar la calidad democrática en la Comunidad de Madrid, como son Telemadrid, la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia. Y que, además, cuando nos ponemos a leer la letra, porque tenemos un grupo parlamentario maravilloso, que está mirando con lupa cada una de esas tropelías de la señora Ayuso, observamos cómo en realidad lo que había oculto detrás de todo eso, además, era prepararse su paguita vitalicia para cuando se retire de la política autonómica en 2027, como ella misma dijo.

Recordaba que su primera pregunta como portavoz de Más Madrid fue sobre las medidas del Gobierno para combatir la violencia machista. Esta semana han sido asesinadas dos mujeres y una niña de cinco años a manos de sus parejas en Madrid. ¿En qué está fallando la Comunidad de Madrid? ¿Qué se puede hacer desde el Gobierno regional?

De entrada, esa misma semana, en ese mismo pleno que yo le preguntaba a la señora Ayuso qué iba a hacer y por qué tenía tantos problemas para enunciar la palabra violencias machistas, porque no lo reconoce como un problema social, exactamente igual que Vox, se llevó a cabo la derogación de las leyes LGTBI y ley trans de la Comunidad de Madrid. Es el primer parlamento autonómico en la historia de la democracia de España que legisla para recortar derechos. Pero no solo eso, sino que lo que está haciendo con esa derogación es casi legitimar los gritos de odio y LGTBIfobia que se hacen en la puerta de Ferraz en esas algaradas convocadas por la señora Esperanza Aguirre. Lo que está haciendo es dar pábulo precisamente a que desde las calles el odio esté legitimado desde las instituciones. Con el proyecto de presupuestos para 2024 se reduce la partida de atención a las víctimas de violencia machista un 22,8%.

¿Qué capacidad de oposición tiene Más Madrid frente a una mayoría absoluta?

La tenemos desde el momento en que estamos dos veces legitimadas por los madrileños en las urnas en dos convocatorias electorales autonómicas. El respaldo de los madrileños en tres años de organización también nos están ubicando en todos los espacios de gobierno, también municipales. En elecciones municipales acabamos de quintuplicar el número de concejales. Hemos entrado a gobernar en ocho ayuntamientos de la Comunidad de Madrid de las ciudades más importantes del sur. Nos estamos haciendo cargo de las políticas de igualdad y de transición ecológica. Ahora tenemos que salir a seguir interpelando a todos los que nos faltan, a esos jóvenes que sienten una y otra vez que la política no les interpela, que no habla de ellos, que no se preocupan de ellos. Tenemos que seguir insistiendo en que Más Madrid es esa casa progresista en la cual tenemos un horizonte de oportunidades para ellos y para ellas, independientemente de la familia y el barrio donde haya nacido.

¿Y cómo es hacer oposición a una presidenta que quiere hablar poco de su gestión y busca constantemente estar en el debate nacional y confrontar con el Gobierno?

Es una acción de compromiso. Esto no lo vemos solo con el PP de Ayuso en la Asamblea de Madrid, que incluso utiliza las elecciones generales del 23 de julio para convertirlas en un plebiscito entre la España progresista o la de una coalición con la ultraderecha. En la Asamblea de Madrid se habla de cualquier otra cosa menos de los problemas de los madrileños y lo único que hace es reafirmarnos en la hipótesis de Más Madrid. Se ha hecho política históricamente desde Madrid, pero nadie hablaba de las cuestiones madrileñas hasta que ha llegado Más Madrid. Durante el mes de septiembre y octubre el Partido Popular se ha dedicado a llevar a todos los ayuntamientos de la región mociones e iniciativas para su pugna ideológica o hacerle la competencia a Pedro Sánchez y al Gobierno de coalición. Es una falta de respeto y es lo que genera esa desafección por la política de los madrileños y madrileñas con los que tanto nos está costando volver a conectar. Así que desde el momento en que nosotras vemos que no paramos de crecer, esa oposición se hace con muchísimo orgullo.

¿Cuáles son las propuestas concretas en las que centrará su oposición en esta legislatura? ¿Cuáles son sus prioridades?

Venimos haciendo un trabajo que nos enorgullece, que incluso ese bloque progresista que ahora también está gobernando en el país ha asumido como propio. Vemos cómo en el pacto de gobierno entre Sumar y el Partido Socialista hay aspectos como son la transformación de una economía a través de la reindustrialización verde y la transición ecológica, por ejemplo. En ese pacto hemos visto también cómo todo el bloque progresista asume que hay que garantizar y aumentar la protección y la cobertura pública de la salud mental. Y cómo el feminismo es ese movimiento que necesitamos para poder tener una sociedad igualada en derechos.

¿Por qué es importante para Más Madrid estar en el gobierno con un ministerio?

Por responsabilidad y por compromiso. Mientras vimos que Ayuso había establecido con las elecciones del 23 de julio un plebiscito entre la España progresista y una coalición con la ultraderecha, había que remangarse y frenar eso. Había que asumir ese ministerio porque la sanidad pública es de las primeras preocupaciones de los madrileños y las madrileñas. Y si tenemos a la mejor ministra de Sanidad posible que el gobierno de coalición ha identificado que es Mónica García, ahí hay que estar para no solo defender la sanidad de los madrileños y las madrileñas, sino la de todos los españoles.

En los últimos años ha sido una constante que candidatos de la izquierda en Madrid acaben abandonando la política madrileña para saltar a la nacional. La salida de Mónica García del liderazgo de la oposición siendo una líder clara de la izquierda de Madrid, ¿no es una manera de nuevo de tirar la toalla en Madrid?

Mónica García es la líder indiscutible de Más Madrid. Acabamos de pasar un congreso de Madrid donde ha vuelto a ser elegida la líder indiscutible y ahora, además, es la mejor ministra de Sanidad posible. Más Madrid está ahora en el Ministerio haciéndose cargo de un servicio público que tiene que ser fuerte para que todas nos podamos sentir seguras. Sobre todo porque no solo es la idea del liderazgo de Mónica García, sino porque tenemos un grupo parlamentario maravilloso, solvente, que ha sido el que nos ha traído hasta aquí y en el que en solo tres años nos ha hecho estar en ocho gobiernos. Esa es la mejor prueba de que cada vez estamos ocupando más espacios.

¿Pero no cree que los electores pueden verlo como una falta de compromiso?

Al contrario. Más Madrid está muy enraizada en la Comunidad de Madrid, pero hay una responsabilidad que nos compete a todas cuando estamos viendo también un auge de la ultraderecha en el resto de Europa. Y una puede saber dónde tiene las raíces, pero tiene que saber comprometerse y remangarse cuando hay que estar a la altura de lo que se nos viene como país.

Decía que Mónica García es la líder indiscutible de Más Madrid. ¿Volverá a ser la candidata en 2027?

Uf, 2027... Ahora estamos en el ahora, porque sobre todo si nosotras no estamos en el ahora, Ayuso va a permitir que los niños y niñas que están tutelados por la Comunidad de Madrid sigan comiendo comida con gusanos. Si nosotras no estamos en el aquí y ahora, va a haber mil familias que se queden sin las ayudas al alquiler, no porque no cumplieran todos los requisitos que tenían que cumplir esas mil familias, sino por falta de presupuesto de la Comunidad de Madrid. Es una aberración, es el presente y no podemos darle ni un solo minuto de respiro a la señora Ayuso.

¿Y podría ser Manuela Bergerot esa candidata en 2027?

Imagínate que lo dijera yo aquí y ahora y no fuera nuestra propia organización, que ha demostrado este fin de semana pasado en un congreso maravilloso, con debates muy ricos, de quién tiene que ser la persona que traiga ese mejor Madrid posible a la Puerta del Sol.

¿Qué diagnóstico hace usted personalmente o como organización de que la derecha lleve tres décadas gobernando en la Comunidad de Madrid? ¿Qué se ha hecho mal desde la izquierda?

Cuando nos hacemos esta pregunta, que nos la hacemos bastante para ver por dónde vamos, cómo seguimos interpelando a la ciudadanía, nos olvidamos de un hito en la política madrileña que fue el Tamayazo. El Partido Popular no ganó las elecciones y como siempre, cuando no le viene bien el resultado de las urnas, hace lo que tenga que hacer para ganar. Nosotras sabemos que con tres años de organización en los cuales hemos conseguido, no solo estar en gobierno, sino tener una ministra ahora de Sanidad, sabemos que la hipótesis por la que nace Más Madrid, que es el deseo de que alguien se encargue de las cuestiones madrileñas una y otra vez, viene reafirmada en las dos últimas elecciones autonómicas y es algo que estamos haciendo bien.

¿Pero diría que Madrid es de derechas?

No, Madrid es un pueblo progresista que llena la Puerta del Sol cuando ve cómo se están bombardeando niños y niñas en Gaza. Es la solidaridad la seña de identidad del pueblo madrileño, que estaba incluso esperando que llegara una fuerza como la de Más Madrid para que alguien se encargara de verdad, con dignidad, de las cuestiones del pueblo madrileño.

Hace una semana Más Madrid celebró su Congreso y, durante su discurso, Mónica García abogó por mantener la autonomía del partido frente a la coalición Sumar. ¿En qué debe consistir esa autonomía?

Y con mucho orgullo. Más Madrid defiende y dice públicamente que vamos a cuidar mucho nuestra autonomía, porque nosotras hemos dado con la tecla de no estar hablando de nosotras mismas, de nuestra organización, sino que estamos en cada barrio, en cada pueblo y en cada ciudad, escuchando a los vecinos y las vecinas que son quienes se están organizando para sostener la vida en comunidad. Estamos volviendo a conectar la calle con las instituciones, que es algo que se había perdido absolutamente. Y ese sentido, la autonomía de Más Madrid va a seguir garantizando que sigamos creciendo. Todavía no hemos tocado techo. Cuanto mejor nos vaya, mejor le va a ir a todo el bloque progresista y esa es la garantía para que pueda haber un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid en 2027 y para que el Gobierno de España sea estable.

¿Y esa autonomía significa que en 2027 no haya una candidatura bajo las siglas Sumar como estamos viendo en otros lugares?

Sobre otras fuerzas, las formas que hayan encontrado para poder seguir demostrando que hay otras formas de hacer política y que hay un futuro sostenible en cada una de ellas, no tengo que opinar. Más Madrid sigue creciendo, no solo cuantitativamente en las urnas, sino también orgánicamente. Estamos llevando a cabo un reto que para mí es maravilloso, que frente a una comunidad autónoma donde tres décadas del neoliberalismo ha implementado la ley del sálvese quien tenga, estamos realmente conectando a la gente con la política y buscando formas en las que además valga la pena dedicar tu tiempo por el bien común.

Usted y su familia tuvieron que huir al exilio de la dictadura argentina. ¿Cómo marcó eso su vida?

Estuve muy bien sostenida por el amor de mis padres, más allá de que yo tuviera que crecer entre adultos muy dañados. Crecí entre una comunidad de exiliados políticos que habían estado secuestrados y torturados por la dictadura de Videla. Y el ambiente en el que crezco es un ambiente muy duro, pero que se compensa absolutamente con lo primero que recibimos, que fue esa seña de identidad del pueblo madrileño, que es un pueblo de acogida y de la solidaridad. Donde no llegan las instituciones que nos negaban derechos fundamentales llegaban las vecinas y los vecinos. También hay otra cuestión que sí atraviesa más identitariamente, que es dolorosa y que cuesta en el tiempo deshacerse de ella. Y es que la Administración te hace creer que eres una ciudadana de segunda.

Su nombramiento coincidió con la victoria de Milei en las elecciones argentinas. ¿Cómo lo está viviendo?

Con mucha preocupación porque parece que se va a volver a repetir lo que ya sabemos, un gobierno neoliberal que va a vender el país. El domingo me acosté ya con los resultados. Mi padre y mis hermanos, mi familia, me escribían desde Buenos Aires diciéndonos: “Ya no hay vuelta atrás”. Con ese recorte de derechos que ya ha anunciado Milei, que va a eliminar ocho ministerios, empezando por el de la Mujer, Diversidad y Género, lo vivo con gran preocupación, sobre todo porque en la historia de Argentina, cuando suceden estas cosas, la violencia cae sobre las mismas de siempre. Ya sabemos lo que pasó en 2001 con el corralito. Hay una cosa que me enerva, que me enoja muchísimo, y es que identifico a Milei de la misma forma que identifico a Ayuso, en que realmente dudo de que quieran al pueblo al que se deben, al que deben gobernar. No entiendo tanto odio y una idea tan estrecha y dejar a tantos fuera.

Entrevista Completa

La ley con la que, de golpe, el PP de Isabel Díaz Ayuso quiere controlar la Cámara de Cuentas, Telemadrid y el Consejo de Transparencia, también incluye otra reforma que ha pasado más desapercibida con la que Ayuso quiere “dignificar” la figura de los expresidentes regionales. La oposición ha interpretado esta modificación legal como un primer paso por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid de garantizarse un sueldo vitalicio de 8.500 euros brutos al mes cuando deje el cargo.

Con la reforma que prepara Ayuso, se modifica la ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid para introducir un apartado 2 en el artículo 20 con el fin principal de habilitar al Consejo de Gobierno para regular el estatuto de los expresidentes de la Comunidad de Madrid. Es decir, será el propio Gobierno y no la Asamblea de Madrid, quien tendrá la potestad de decidir unilateralmente cómo se “dignifica” la figura de los expresidentes madrileños. Sobre qué se hará para ello no hay ningún tipo de especificación.

“Existen diferentes modelos, pero casi todas las comunidades en mayor o menor medida establecen el régimen aplicable a aquellas personas que en su día ejercieron la representación del Estado en la Comunidad Autónoma y que tienen mucho que aportar una vez que han dejado de ser presidentes”, recoge la reforma legislativa que incluye otras 15 modificaciones legales como el control de la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia, la ley de Buen Gobierno o Telemadrid.

En Más Madrid han puesto el grito en el cielo e interpretan la “arbitrariedad” y la “falta de transparencia” y acusan a Ayuso de querer garantizarse un sueldo vitalicio de 8.500 euros al mes para cuando deje de ser presidenta. La presidenta madrileña ha expresado en varias ocasiones su intención de no permanecer en el cargo más de ocho años.

“No es una ley que va a beneficiar a los madrileños, es una ley que va a beneficiar a una única madrileña”, denunció este lunes la nueva portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. “Hay quienes llegan a la política para hacerle la vida más fácil a la gente y hay quienes llegan para bajarle los impuestos a los ricos y para ponerse pagas vitalicias”, añadía Bergerot.

La interpretación de Más Madrid no surge de la nada. En 2015, el PP de Cristina Cifuentes trató ya de llevar una reforma legislativa del estatuto de los expresidentes a la Asamblea de Madrid que contemplaba que los expresidentes iban a percibir el 90% de su salario durante los dos o tres años siguientes a dejar el cargo, en función del tiempo de su mandato. En el caso de Ayuso, eso sería un salario de más de 90.000 euros al año. La realidad sin embargo es que con esta modificación legal podrá ponerse a sí misma el sueldo vitalicio que quiera. Pueden ser 8.500 euros, 5.000 o 20.000 al mes. Realmente será el que ella quiera.

La diferencia ahora, denuncia el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca, es que en la reforma que pretende el PP cualquier decisión de este tipo la tomará el propio Gobierno sin que pase por el parlamento regional. Eso hace que no se especifique ni limitación en el tiempo para recibir esa paga ni qué expresidentes podrían percibirla. De esta forma, sus predecesores Pedro Rollán, Ángel Garrido, Cristina Cifuentes, Ignacio González, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón y Joaquín Leguina, podrían verse beneficiados.

El diputado de Más Madrid asegura que desde su formación van a presentar enmiendas para limitar qué expresidentes pueden percibir esa paga, excluyendo por ejemplo a los que estén imputados en procesos judiciales.