Aunque cueste creerlo, el cáncer infantil no se ha investigado en Aragón hasta el 2019 pese a que cada año se detectan entre 35 y 45 nuevos casos y entre 8 y 12 niños mueren debido a esta enfermedad en la Comunidad.

Una tasa de supervivencia elevada, en torno a un 80 %, podría explicar esa falta de investigación, aunque el porcentaje restante es todavía alto para una población que tiene toda la vida por delante. Ahora un grupo de investigación aragonés se ha propuesto reducirlo de la mano de la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (Aspanoa) y busca financiación para adquirir un equipamiento necesario para los ensayos clínicos previstos para el 2023.

Esta investigación biomédica y pionera se centra en la leucemia y el neuroblastoma, ya que estos tumores concentran el 40% de los casos en la población infantil, y, en sus variantes más letales, llegan a un 75% de mortalidad.

Julián Pardo, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (ISS Aragón), lidera este proyecto con una duración de cinco años, en colaboración con Aspanoa. Participan también la unidad de Oncopediatría del hospital Miguel Servet de Zaragoza, el hospital infantil de La Paz de Madrid y los servicios de microbiología del Hospital Miguel Servet y del Ramón y Cajal de Madrid.

El objetivo es buscar tratamientos exitosos mediante la investigación de las células asesinas naturales (NK), capaces de reconocer y atacar a las células tumorales.

Pero estas células NK (“natural killer”, en inglés) pueden dejar de funcionar bien porque el tumor aprende a “esconderse” de ellas, bien por el efecto del tratamiento con quimioterapia.

Detectar las causas de ese fallo para después corregirlo en el laboratorio es lo que busca la primera fase de este trabajo de investigación. El siguiente paso será introducir en el organismo las células alteradas como parte de un tratamiento contra la enfermedad.

“Lo que estamos haciendo es buscar en estos niños si sus células naturales asesinas funcionan bien o mal para intentar ver qué falla y repararlo”, señala Pardo.

Por ahora han analizado el estado de las células de 23 niños ingresados en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, en el momento del diagnóstico y después del primer ciclo de quimoterapia. En total, el estudio incluirá el análisis de cien casos a lo largo de cinco años.

Las primeras investigaciones de este tratamiento en adultos están dando resultados prometedores, pero apenas hay estudios sobre el éxito de esta terapia en niños.

El proyecto contempla realizar los ensayos clínicos en pacientes a partir de 2023. Pero para ello el grupo de investigación necesitará adquirir antes un equipamiento específico, para el que ya ha conseguido el 50 % de la financiación mediante una convocatoria de ayudas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad. Ahora falta la otra mitad, y por ello, desde el ISS han llamado a la puerta de distintos organismos, entre ellos el Gobierno de Aragón, para conseguir ese montante, que alcanza los 125.000 euros.

Diagnóstico precoz contra la aspergilosis

Al mismo tiempo, este grupo de investigación trabaja también en la prevención y en el diagnóstico precoz contra la aspergilosis, una infección relacionada con el cáncer infantil. El aspiergillus es un hongo común que en una persona sana es eliminado por el propio sistema inmune, pero que en el caso de los pacientes inmunodeprimidos puede provocar la muerte. Es una infección con una tasa de mortalidad del 80 % si está avanzada y muy difícil de diagnosticar. En el Hospital Miguel Servet de Zaragoza suele haber unos cinco casos al año, y se registran brotes sobre todo cuando hay obras o remodelaciones en el interior del centro.

El biomarcador que ha desarrollado este grupo de investigación ha ayudado este año a salvar la vida de dos niños afectados por aspergilosis, a los que no se les había detectado la infección con los marcadores habituales.

“Hasta ahora sólo había una prueba bioquímica y muchas veces falla”, resalta Pardo.

Tras comprobar que funciona, el Hospital Miguel Servet de Zaragoza lo ha incorporado al diagnóstico, y podría extenderse también a otros hospitales del país.

Todo esto ha sido posible gracias a la aportación de 200.000 euros de Aspanoa, una cantidad que incluso supera a las partidas que los grupos reciben mediante las convocatorias del Gobierno de España.

Sobre esta falta de financiación reflexiona Julián Pardo, quien explica que la inversión en ciencia debería ser una cuestión de Estado liderada por la Administración. Las asociaciones deberían acompañar o aportar pequeñas cantidades, indica. Sin embargo, ahora mismo en Aragón sucede lo contrario.

Principal causa de muerte por enfermedad en menores

En España se detectan al año 1.400 nuevos casos de cáncer infantil en edades comprendidas entre los 0 y 18 años. La incidencia en Aragón está dentro de la media, con 35 y 45 nuevos casos al año. Aunque tiene una prevelancia baja (un caso por cada 7.500 niños) sigue siendo la principal causa de muerte por enfermedad en menores de edad.

Cuando la científica Pilar Mateo llamó hace más de un año a las puertas del Ayuntamiento de Villel (Teruel), prometiendo una inversión millonaria de alta tecnología, el asombro se extendió entre los vecinos. Con apenas 300 habitantes, este municipio, y todos los que se sitúan en la ribera del Turia, carece de una industria potente y de infraestructuras que puedan atraer la instalación de nuevas empresas.

La idea de esta premiada investigadora y emprendedora parecía excede los límites de Villel. Su dimensión internacional y la creación de empleo cualificado en la zona fue recibido como un golpe de suerte y un salvonducto a la supervivencia. El pueblo garantiza así su futuro con una fábrica de producción de virutas de madera ecológicas para camas de caballo de lujo, pero el retraso en el inicio de las obras, que fueron anunciadas para noviembre del 2018 y que todavía no han comenzado, ha provocado cierta inquietud en el municipio.

El proyecto en el que trabaja la empresa Samag Bedding, de la que Pilar Mateo es presidenta, es la primera planta española de alta tecnología en la producción de virutas de madera ecológica para camas de animales a partir de materia prima procedente de explotaciones forestales sostenibles. La incorporación de esta tecnología evita la proliferación de insectos. La inversión de este proyecto es de ocho millones de euros y supondrá la creación de entre 20 y 25 empleos altamente cualificados y otros 60 indirectos relacionados con la gestión forestal.

Ha pasado un año y medio desde que el Gobierno de Aragón lo declarara de Interés Autonómico. El alcalde del municipio, Juan José Gómez afirma a El Diario Aragon.es que el Ayuntamiento ha hecho todo lo que estaba a su alcance para facilitar la instalación de la empresa con el alquiler de dos naves de propiedad municipal. “Llevamos tiempo esperando a que se ponga en marcha”, sostiene y recuerda el taller de formación en gestión forestal que organizaron para la futura mano de obra.

Control biológico sin usar insecticidas

Pilar Mateo reconoce que el proyecto lleva un un año de retraso como consecuencia de la publicación de las patentes y la búsqueda de financiación, pero asegura que está en marcha. Las obras en el interior de las naves comenzarán finalmente en enero para que la planta inicie su actividad a finales de 2020, adelanta. “Las patentes tienen sus plazos y estamos hablando de una fábrica de alta tecnología que forma parte de un proyecto internacional”, afirma a este diario. Pilar Mateo ha invertido en esta planta 750.000 euros de los 8 millones previstos y ya tiene la patente de su tecnología en España y Europa. Está pendiente de conseguir la de Estados Unidos, que espera en las próximas semanas, para poder comenzar las obras en las naves a principios de año.

La de Villel será la primera de una serie de fábricas que se abrirán en más de veinte países del mundo para atender a a un mercado con una gran demanda, sobre todo en Estados Unidos y Oriente Medio. En este pequeño municipio aragonés se fabricarán al año 5.000 camas para caballos de lujo con virutas de madera que evitarán la presencia de microorganismos, una tecnología hasta ahora “única” en el mundo porque permite el control biológico en el lecho de estos animales sin usar insecticidas.

Un proyecto social y personal

Este proyecto ecológico tiene una doble dimensión, ya que además contempla la ordenación sostenible de los montes teniendo en cuenta la regeneración de la masa forestal. Villel ofrece lo que necesitaba la compañía Samag Bedding para instalarse: 20.000 hectáreas de pino, de las cuales se aprovecharán 1.000.

El proyecto ha generado muchas expectativas y el interés en varios países, especialmente en aquellos donde se concentra el mayor número de explotaciones equinas: Estados Unidos y Emiratos Árabes. En España se estima que hay alrededor de 700.000 caballos, de los cuales 80.000 son de lujo.

Portugal, Canadá, Australia, Francia y Estados Unidos son algunos de los países a los que se extenderá este proyecto que, eso sí, comenzará en Villel por el empeño personal de su promotora. “Para mí lo fácil habría sido hacerlo en Estados Unidos y en Francia, en países con más riqueza, pero ya dije que hasta que no consiguiera abrir la planta en Villel no iba a hacer ninguna más”, resalta. La iniciativa tiene también una dimensión social y personal. El padre de Pilar Mateo era de este pequeño pueblo de Teruel y su hija ha querido contribuir a su futuro.

Pero Mateo, quien tiene siete familias de patentes en 150 países del mundo, no se queda ahí y quiere que su inversión sirva de ejemplo para jóvenes emprendedores del territorio. “Ya que me meto en un proyecto tan grande con tanta inversión quiero ayudar también a que otros jóvenes emprendan en el territorio. Hay mucha gente buena en la zona y quiero ayudarles con buenas ideas en proyectos relacionados con el medio ambiente, la agricultura y la ganadería, que es donde yo me muevo”, precisa.

“Las mujeres empresarias también jugamos en Champions”

Mateo vivió siete años con la población guaraní en la selva de Bolivia, donde creó el movimiento de mujeres indígenas. Con muchas dificultades, pudo introducir su tecnología patentada hace veinte años, una pintura para combatir el ‘mal de Chagas’, una enfermedad que se cobraba cientos de vidas entre la población más pobre. Instaló una fábrica y un centro de investigación en Ghana (África) y acaba de inaugurar en Paraguay una planta de alta tecnología.

Ahora con este proyecto quiere demostrar dos cosas que para ella son importantes. Que es posible cambiar las cosas y revitalizar las zonas más deprimidas con tecnología puntera y, por otro lado, que las mujeres empresarias también juegan en Champions. “Ya no nos ven como microempresarias sino que somos capaces de arriesgarnos todo”.

A pesar de que las obras no han comenzado, Pilar Mateo afirma que el proyecto sigue su curso después de que comenzara a rodar hace más de un año. Un tiempo en el que se ha conseguido financiación de fondos internacionales, se han publicado las patentes en España y Europea y se ha ensayado la tecnología en laboratorios de Londres.

Ahora solo falta que la actividad comience en Villel. El pueblo acogerá un acto simbólico de “colocación de primera piedra” en enero cuando arranquen las obras dentro de las naves.

Mariam ha empezado este curso el grado de Economía en la Universidad de Zaragoza. Lo que para muchos chicos y chicas de su edad es algo habitual, para ella es un auténtico reto. En realidad, toda su vida ha sido un esfuerzo constante por salir adelante. Esta joven procede de los campos de refugiados saharauis en Tinduf de donde salió con catorce años para estudiar en España. Actualmente hay más de 300 alumnos del Sáhara que cursan sus estudios en nuestro país y 44 pendientes de tramitación, según datos de la federación española de asociaciones de estudios en paz.

La Universidad de Zaragoza también suscribió un acuerdo similar y, desde hace una década, la matrícula para los refugiados saharauis es gratuita. Este año ha decidido dar un paso más en materia de justicia social y, desde este curso 2019-2020, ofrece también la exención de pago en las titulaciones de grado y máster a todas las personas que necesitan protección internacional y refugio sin la necesidad de que exista un convenio previo de colaboración.

Desde la Universidad de Zaragoza argumentan que la institución académica no puede permanecer “ajena” a los problemas sociales y civiles que ocurren más allá de sus fronteras. Por ello, con esta medida el campus público aragonés ha reforzado el compromiso que ya tenía como agente de acogida y de igualdad de oportunidades.

En este curso académico hay siete universitarios con condición de refugiados, la mayoría son saharauis. En los campos de refugiados la escuela termina en Primaria y solo algunos salen a otros países, como España o Cuba, para continuar su formación. Ahora mismo en Aragón hay 22 estudiantes saharuis gracias al proyecto Madrassa que el Ministerio de Educación saharaui coordina con la Asociación Estudios en Paz de acuerdo con la legislación española.

Una vez que la familia biológica da su consentimiento, el primer trámite es solicitar un pasaporte a las autoridades de Argel. Este país les hace un pasaporte argelino pero con nacionalidad saharaui. Con ese documento. las familias de acogida ya pueden tramitar todo el procedimiento de acuerdo a la ley de extranjería y a la ley de protección del menor.

“Llegan con 13 años y normalmente comienzan en sexto de primaria; repiten algún curso en Secundaria y terminan haciendo un grado medio o superior, o yendo a la Universidad. Cuando llegan a España no saben leer ni escribir en español por lo que hacen un esfuerzo muy grande”, comenta Adolfo Lorente, presidente de la Asociación de Estudios en Paz de Aragón.

En la asociación, además, reciben una hora de cultura saharina impartida por un profesor árabe.

Adolfo Lorente fue uno de los precursores de esta iniciativa. En 2007 su familia acogió a Mohamed para que pudiera estudiar Educación Secundaria en España. Han pasado once años desde entonces y este joven, tras estudiar, primero, en el colegio Buen Pastor y, después, un grado medio de Electricidad y otro de Mantenimiento Electromecánica en el IES Virgen del Pilar, trabaja ahora en la empresa en la que hizo las prácticas donde le ofrecieron un contrato. Ha sido una experiencia “muy intensa”, recalca.

“A las familias que están interesadas en acoger, siempre les decimos que la vida te cambia. Hay que dedicarles muchísimo tiempo a leer, escribir, hacer las tareas, acompañarlos en los deberes, en su socialización, en que hagan un deporte... Es apasionante pero a la vez duro y complejo, pero muy satisfactorio también porque ves cómo salen adelante”, reflexiona.

Algunos llegan también a la Universidad de Zaragoza, como Mariam o Kentawi. Este joven de 21 años pasó varios veranos en la capital aragonesa con el programa 'Vacaciones en paz' antes de quedarse en una familia de acogida. Gracias a eso, pudo recibir asistencia médica para tratar un soplo de corazón y continuar sus estudios en un instituto hasta llegar a la Universidad. Este curso ha comenzado Magisterio de Educación Primaria en el campus de Huesca, donde además juega a fútbol en el equipo B de la ciudad. El dinero que gana con este deporte lo envía a su familia biológica en Tinduf.

Mohamed ha comenzado también este año Finanzas y Contabilidad en la Facultad de Economía de la Universidad de Zaragoza después de cinco años en Aragón. Tenía claro que quería estudiar una carrera universitaria, por lo que se muestra enormemente agradecido con su familia de acogida. Sabe que en el Sáhara no habría podido: “allí no hay futuro”.

Los tres tienen previsto quedarse en España cuando terminen su carrera, aunque como matiza Adolfo Lorente, los saharauis son muy familiares por cultura y vuelven a los campamentos de origen donde permanecen largas temporadas.

“Todos queremos ayudar a la causa saharaui, si puedo ayudar a mi familia trabajando desde aquí, lo haré, pero si tengo que volver porque soy más útil allí, volveré”, defiende Mariam.

La prórroga de los presupuestos en Aragón ha dejado a la Biblioteca de Aragón sin un céntimo para comprar nuevos libros este curso. Los usuarios no encuentran algunas de las novedades publicadas o los títulos de los libros más vendidos este año.

Llevarte prestado Lluvia fina de Luis Landero, La vida a ratos de Juan José Millás, Malaherba de Manuel Jabois, Serotonina de Michel Houellebecq o El árbol de las cerezas de Paola Peretti, todos ellos publicados en 2019, es tarea imposible, pues no están en el catálogo de esta biblioteca, la más grande de la comunidad con cerca de 90.000 socios.

Tampoco la nueva sección del cómic, ubicada en la segunda planta, tiene mejor pinta. No hay novedades habida cuenta que gran parte de los títulos son antiguos y han sido extraídos de un almacén para crear esta zona, lo que ha motivado quejas formales de algunos usuarios.

Que en las estanterías de la Biblioteca no haya libros del 2019 obedece a la falta de presupuestos. En año electoral, el Gobierno del socialista Javier Lambán no consiguió acordar las cuentas para este año con su socio preferente, Podemos, lo que llevó directamente a la prórroga de los presupuestos de 2018.

Esto ha provocado que la partida destinada a la Biblioteca de Aragón prevista para el 2019 que ascendía a 100.000 euros se haya quedado sin ejecutar. “Si se rompe el Quijote no tenemos ni para comprar otro”, apunta una trabajadora de la biblioteca, mientras que otro anima a presentar quejas en el portal de transparencia para ver si así les hacen caso. “Hemos tenido problemas de dinero este año y no hemos podido comprar”, explica.

No obstante, pese al freno que ha supuesto la falta de presupuestos este año, el Gobierno de Aragón ha incrementado considerablemente la partida destinada a la biblioteca en los últimos cuatro años. En total, en la pasada legislatura, se invirtieron 300.000 euros, doblando a la cantidad invertida por el anterior Ejecutivo del Partido Popular (PP).

En 2014, la Administración autonómica aportó 23.000 euros para la compra de nuevos volúmenes, una cifra que en 2015 ascendió a 50.000 euros, según datos de la Consejería de Educación. Desde 2016, con el gobierno socialista, la Biblioteca ha contado con una inversión de 100.000 euros al año, aunque la última partida se ha quedado sin ejecutar.

En cualquier caso, gracias al aumento presupuestario en la pasada legislatura, se han integrado 7.000 libros nuevos a la colección de la biblioteca.

Susana Laguna, junto a sus hijas, es una de las socias asiduas a la zona juvenil e infantil de biblioteca, donde no siempre encuentran lo que buscan. “A mi hija le gusta mucho los libros de Laura Gállego, pero los nuevos de la colección no los hemos visto, esos los tenemos que comprar porque aquí no están”, indica.

A Ana Alcalde le ocurre algo parecido, pero en la sección de cine. “Las películas que hay son antiguas y las nuevas infantiles, como Coco o Toy Story, siempre están cogidas, hay pocas unidades”.

No tiene la misma opinión Ramón Minguell, quien afirma que cuando el libro que busca no está en esta biblioteca, se lo traen de otras. “Me han traído libros de la biblitoeca de Daroca, Jaca, Huesca y Caspe”, precisa. También Marta Vilella apunta que siempre sale de la biblioteca con un libro. “Pero porque no vengo buscando uno concreto y porque voy directa a la sección de poesía, allí hay menos problemas”, concluye.

Indignación y mucha impotencia es lo que sienten las jugadoras del Zaragoza Club de Fútbol Femenino (ZCFF) tras quedarse sin el campo de la Federación Aragonesa de Fútbol donde llevaban diez años jugando. El Pedro Sancho, que ha sido su “fortín” durante este tiempo, estará ocupado esta temporada por un club masculino, el Club Deportivo Ebro, que deja el campo municipal La Almozara-El Carmen por motivos de espacio.

Este equipo masculino comienza ahora su quinta temporada en Segunda División B, la tercera categoría del fútbol nacional, un escalón por debajo del que ocupa el Zaragoza CFF en el fútbol femenino.

Esta situación ha provocado que a pocos días de que comience la liga, el Zaragoza, que ha llegado a militar trece años en Primera División y que tiene otros nueve equipos de fútbol base, no sepa dónde va a entrenar y jugar esta temporada. De momento ha llegado a un acuerdo con el campo municipal de Villanueva de Gállego, a diez kilómetros de la capital aragonesa, donde jugarán este domingo a las 12:00 horas su primer partido contra el Racing de Santander.

La polémica ha surgido después que la Federación Aragonesa de Fútbol haya aumentado la tarifa para disponer del Pedro Sancho ubicado en el Centro Deportivo Puente de Santiago de Zaragoza. Si el año pasado el Zaragoza pagaba 25.000 euros por utilizar estas instalaciones, este año deberá pagar un 20% más, es decir 30.000 euros. A esta cantidad se suma un canon publicitario de 12.000 euros que hasta ahora no pagaban. En total, 42.000 euros por los 25.000 euros que pagaban antes, explica el presidente del club -y presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, Rubén Alcaine.

“Llevamos la tesorería del club como podemos y no podemos pagar esa cantidad; los recursos con los que contamos los utilizamos para fichar jugadoras, pagar al cuerpo técnico e intentar subir a Primera”, afirma.

Alcaine considera que este aumento de la tarifa es una “discriminación de género” y un “obstáculo” para que el club siga en el Pedro Sancho. “Para nosotros es muy decepcionante ver que ahora que el fútbol femenino estaba despegando, la federación en lugar de poner facilidades, pone palos en la rueda ahora en favor de un club masculino”.

Desde la Federación Aragonesa de Fútbol, su presidente, Óscar Flé, niega que haya un trato discriminatorio y argumenta que el ZCFF puede seguir utilizando el Pedro Sancho y compartirlo con el club masculino ajustando los horarios siempre que pague la tarifa. Apunta que se dio prioridad al Ebro porque fue el único que presentó la solicitud en tiempo y forma en el periodo establecido, algo que el ZCFF no pudo hacer porque en ese momento debía el último pago, ahora ya liquidado.

Sobre el aumento de la tarifa, explica que se debe sobre todo a las mejoras y nuevas prestaciones que las instalaciones estrenarán esta temporada, como la red wifi, la sala de prensa o el nuevo botiquín, algo que también ha provocado cierta indignación en el femenino, pues aseguran que llevan años pidiendo estas mejoras sin que la federación las haya atendido: “Llevamos diez años reivindicando que pongan wifi y mejoren la cobertura y tapen el perímetro, y no nos han hecho ni caso y ahora que viene el Ebro les ponen todas las facilidades y encima les dan los almacenes, que habíamos utilizado nosotros para guardar el material y de lugar de oficina”, indica Alcaine.

Sin embargo, Fle insiste que la federación ha apoyado en todo momento al club femenino y le ha ayudado en los “momentos más delicados”. “Pero ellos han recibido una cantidad de dinero como no ha recibido otro club masculino a través de la Liga Iberdrola”. Recuerda además que la base del deporte femenino no paga las licencias ni la mutualidad.

Desde el ZCFF sostienen, en cambio, que al descender a segunda su presupuesto se ha reducido a la mitad y que ya desde la temporada pasada cuentan con 300.000 euros, frente a los 600.000 de la temporada 17-18. “Hemos perdido prácticamente todas las ayudas que recibíamos del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza porque ya no somos élite”, comenta.

Así las cosas, entre reproches de la Federación Aragonesa de Fútbol y la directiva del club, las jugadoras han tenido que abandonar su “fortín”, así es como lo llaman, y trasladarse a Villanueva de Gállego cuatro días a la semana. “Tenemos que organizar nosotras los viajes porque no todas tenemos coche para desplazarnos y, por supuesto, asumir el coste de la gasolina”, afirma Lucía Fuertes, una de las tres capitanas del equipo. Junto a sus compañeras se siente “desplazada” por la federación y espera que este problema se solucione pronto. “Nosotras llevábamos diez años jugando allí”. De momento, este domingo jugarán contra el Racing de Santander en el campo municipal de esta localidad, mientras desde la federación apuntan que mantendrán la subida del precio y que no van a tomar ninguna medida para que vuelvan.

Las denominaciones de origen de vino aragonesas se preparan para comenzar la vendimia de las miles de hectáreas de viñedos que bañan la comunidad. La más temprana de todas, la del Somontano, empezó en torno al 20 de agosto abriendo una temporada que continuará la D.O. de Cariñena y el Campo de Borja, en la primera semana de septiembre. La última será Calatayud, pues hasta principios de octubre no tiene previsto empezar.

En general, las previsiones de cosecha son buenas y tienden a igualar la cantidad recogida el año anterior, a excepción de Cariñena, que prevé recoger un 23 % menos que la media de la última década o el Campo de Borja, que también espera un descenso. Pero, más allá de la cantidad, si algo caracteriza a los vinos aragoneses es la variedad de uvas, que hace muy difícil que el consumidor caiga en el aburrimiento.

La extensión del terreno permite cultivar en Aragón uvas autóctonas, como la garnacha vieja procedente de viñedos de más de 65 años de antigüedad, cuya demanda aumenta en el mercado internacional, y otras extranjeras como el gewürztraminer, una variedad de origen francés que ha arraigado muy bien en el Somontano y que gusta mucho al cliente nacional.

Precisamente la D.O. Somontano prevé cosechar 19 millones de kilos de uva, una cantidad ligeramente superior a la del año anterior (18,7), pese a la sequía que ha imperado en parte de la temporada. Unas 4.000 hectáreas de viñedo, 15 variedades de uva y 32 bodegas son los números que definen a esta denominación situada en la provincia de Huesca, cuyo mercado principal es el nacional. De hecho, es la que menos exporta de todas. Solo un 30 % de la producción va a otros países, mientras que el 70 % se queda en España principalmente en Cataluña, País Vasco, Madrid y la zona de Levante.

El enoturismo explica en gran medida esta penetración en el mercado nacional como apunta la presidenta del Consejo Regulador de la D.O Somontano, Raquel Latre. “Hace diez años que se constituyó la ruta del vino y la mitad de nuestras bodegas tienen sus puertas abiertas con actividades y propuestas para los visitantes”, manifiesta.

Pero lo que diferencia y caracteriza al Somontano es la diversidad de variedades y esto es posible gracias a la orografía del terreno, de tal forma que se pueden encontrar viñedos a tan solo 350 metros de altitud y otros a más de mil. A las variedades autóctonas de la zona, como la Garnacha o el Tempranillo, se suman otras que, aunque de origen francés, son ya tradicionales, como el Chardonnay o el Cabernet. El Somontano es de esos territorios nacionales donde mejor comportamiento tienen estas variedades que muchos llaman foráneas, aunque en el territorio las sienten ya como propias, indica Latre.“Hay gente que dice que viene al Somontano y nunca se aburre porque siempre catar y probar cosas nuevas”, añade.

Pese a esa variedad, los vinos de esta zona tienen también una seña de identidad: son expresivos; buscan una concentración aromática y tienen una acidez muy marcada.

Exportan a 56 países

Por su parte, la D.O. de Cariñena, con 14.300 hectáreas de superficie, espera cosechar esta temporada 66 millones de kilos de uva, un 23 % menos que la media de los últimos años, una cantidad que se aleja también de la cifra del 2018 cuando se batió récord con 109 millones de kilos. “Pero aquello fue una excepción y no es comparable”, matiza el presidente del Consejo Regulador, Ignacio Casamitjana. La escasez de precipitaciones en otoño y las altas temperaturas registradas en verano han afectado al proceso de la viña, pero pese a ello, las expectativas no son malas, sobre todo si se compara con otras denominaciones a nivel nacional. “No nos podemos quejar, el campo es así nos tenemos que adaptar a lo que viene”, reflexiona.

Esta denominación de origen, la más extensa de Aragón, comercializó en 2018 53 millones de botellas, de las cuales el 68 % se exportó a otros países, mientras que el 32 % se destinó al mercado nacional. Las bodegas trabajan con 56 países en total de todos los continentes, pero especialmente exportan a Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y China.

La garnacha sigue siendo la variedad estrella, pero entre los objetivos del consejo regulador está promocionar todavía más la variedad autóctona Cariñena conocida en la zona como “tinta” aunque en otros lugares de España se la denomina mazuela.

Casamitjana explica que, aunque esta variedad siempre se ha cultivado en la zona, hasta ahora no se había apostado por ella debido a las complicaciones que entrañaba su cosecha. De momento, tienen 600 hectáreas y no tienen previsto ampliar hasta que no aumente la demanda, algo que, sin embargo, podría producirse pronto motivado por los premios que recientemente han recibido. “Posicionar estos vinos de alta gama en el mercado y que se vaya conociendo es nuestro objetivo a corto plazo”, puntualiza.

Viñedos con 100 años de antigüedad

Cuando estas dos denominaciones de origen terminen la vendimia, a principios de octubre, comenzarán a hacerlo las 16 bodegas que componen la D.O. de Calatayud en una superficie de 3.500 hectáreas. La previsión que manejan es cosechar 13 millones de kilos, una cifra similar a la del año anterior y con una calidad excelente.

El patrimonio de esta región, que cuenta con viñedos a más de mil metros de altura, es la garnacha, y en concreto la garnacha vieja, siendo la denominación con más hectáreas de esta variedad. En esta zona es fácil encontrar viñedos que tienen 70, 80, incluso 100 años de antigüedad que, aunque no tienen tanto vigor como las viñas más jóvenes, ofrecen un vino de mucha calidad, por eso los viticultores las siguen manteniendo, explica el presidente del Consejo Regulador de la denominación, Miguel Arenas.

“La garnacha es una uva que una vez que alguien la prueba, comienza a tenerla como referencia. En Aragón es un producto de referencia, pero no está demasiado extendida a nivel mundial, aunque en el extranjero empiezan a conocerla ya”, subraya.

Prácticamente toda la producción de esta denominación, el 82 %, se exporta a otros países, especialmente a Estados Unidos, su principal cliente, si bien se han comenzado a abrir también otras vías de comercialización con países asiáticos o del este. En Rusia, por ejemplo, son grandes consumidores y tienen un poder adquisitivo alto. “Han descubierto la garnacha y están muy interesados en ella”, concluye Arenas.

Por otro lado, la D.O Campo de Borja, también en la provincia de Zaragoza, tiene previsto cosechar entre 24 y 28 millones de kilos frente a los 44 del pasado año, cuando batieron su cifra récord.

¿Puede un estudiante de Marketing e Investigación de mercados trabajar de lo suyo en un pueblo de menos de 500 habitantes? Eso es lo que se preguntó Jennifer Lafuente cuando desde la Universidad de Zaragoza le ofrecieron prácticas en el Ayuntamiento de Herrera de los Navarros. Esta joven universitaria reconoce que, aunque al principio no le convenció la idea, aceptó la propuesta por una sencilla razón: este empleo, a diferencia de otras propuestas que había recibido, se ajustaba a su formación.

“Empecé el lunes de la semana pasada y estoy muy contenta, la verdad es que no me esperaba que fuera tan bien. La gente del pueblo es majísima y nos han acogido de maravilla, y el trabajo que hago me gusta”, señala esta joven, quien vivirá este verano en el albergue del pueblo junto a dos compañeros de Derecho.

Como ella hay otros alumnos que participan en este programa diseñado por la Diputación Provincial de Zaragoza, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, para que jóvenes universitarios puedan formarse en municipios de menos de 3.000 habitantes, al tiempo que se dinamiza el medio rural.

Hay estudiantes de Arquitectura que se han ido a Azuara a diseñar el futuro museo de patrimonio industrial en la antigua harinera de la localidad; alumnos de fisioterapia y terapia ocupacional que realizan sus prácticas en la residencia de mayores en Romanos; graduados en Bellas Artes que se encargarán este verano de la ruta turística y mudéjar en Tobed o historiadores que trabajarán en la organización del festival cultural de Torralba de Ribota promovido por la asociación ‘Pueblos en Arte’.

Este Erasmus no ofrece destinos europeos como Bruselas, Roma, París, sino otros muchos más próximos y pequeños, como Belchite, Mequinenza, Leciñena, Cubel, Aladrén... donde a pesar de su tamaño también existen ofertas de empleo. Todos estos municipios tienen algo en común: no superan los 3.000 habitantes, están situados en comarcas asoladas por la despoblación y su población está envejecida. Quedan excluidos los núcleos del área metropolitana de la capital aragonesa.

Pero a pesar de ello, este programa, denominado 'Desafío', ha tenido una gran acogida entre las empresas y los estudiantes, y tras el éxito de una primera prueba piloto realizada el año pasado, la Diputación Provincial de Zaragoza ha lanzado una segunda edición con un aumento de presupuesto que alcanza los 30.000 euros.

Así alumnos de Periodismo, Trabajo Social, Arquitectura, Historia del Arte, Terapia Ocupacional, Economía o Derecho, entre otros, harán sus prácticas en empresas privadas del sector industrial, instituciones públicas, fundaciones, oenegés o asociaciones culturales vinculadas al territorio.

“Operaciones de microcirugía” contra la despoblación

Sara Peralta es una de estas estudiantes que, por segundo año consecutivo, trabajará este verano en la residencia de mayores de Romanos, un pequeño municipio de apenas cien habitantes situado en la Comarca de Daroca.

Peralta valora que la Universidad haya incorporado a su bolsa de prácticas empleos en localidades tan pequeñas. “A mí me gustaría quedarme a vivir por aquí y veo opciones de que en esta residencia donde hago las prácticas me contraten cuando acabe la carrera”, manifiesta.

De eso se trata, asegura Luis Alfonso Castellano, de la Diputación Provincial de Zaragoza. Estas acciones son “operaciones de microcirugía” contra la despoblación, que no requieren mucha inversión y que favorecen que estos alumnos se planteen la vida en los pueblos.

De hecho, desde la Cátedra sobre Despoblación de la DPZ, dirigida por el profesor Luis Antonio Sáez, se han mantenido contactos con el departamento de Educación del Gobierno de Aragón para ampliar este programa a nivel autonómico y a otros niveles educativos.

“Puede haber un herrero en un pueblo a punto de jubilarse y a quien le falte relevo generacional. Lo suyo sería que alguien que esté haciendo un Grado medio o superior pudiera hacer prácticas allí y quizá después quedarse”, propone Castellano.

Lo que está claro es que esta iniciativa se ha quedado corta para la demanda que existe. Nieves García, directora de Universa, el área de la Universidad de Zaragoza que gestiona las prácticas, comenta que el programa ha tenido tanto éxito que hay lista de espera y que hay empresas que se han quedado sin participar porque se ha agotado el presupuesto previsto.

Con esta inversión, los estudiantes reciben una remuneración por estas prácticas y se cubren los gastos de alojamiento y desplazamiento, así como la Seguridad Social tanto del universitario como de la empresa o institución.

El deterioro del pueblo viejo de Belchite es evidente para los miles de turistas que recorren sus calles en ruinas. Lo es desde hace tiempo por el abandono de las instituciones que siguen sin invertir lo necesario para consolidar este lugar de memoria histórica: un pueblo arrasado durante la Guerra Civil española y que quedó sin reconstruir para que las generaciones futuras conocieran los desastres de la guerra.

Mientras esa inversión no llega, el Ayuntamiento del Belchite nuevo (construido junto al antiguo en los años 50) se ve obligado a aumentar las medidas de seguridad ante la situación en la que se encuentran algunos edificios y, entre las opciones que barajan, está que las visitas guiadas se realicen con casco.

Afortunadamente, hasta ahora no ha ocurrido ningún incidente grave, pero el aumento de las visitas y el deterioro constante obliga a garantizar la seguridad. El año pasado unas 40.000 personas visitaron el pueblo viejo de Belchite, y en lo que va de año, ya son 18.000 los que han pasado por allí. Una cifra que aumenta cada año.

Este mismo año un grupo de visitantes estuvo cerca de lamentar una desgracia, aunque por suerte todo quedó en un susto. Parte de un alero, una tabla de dos metros de longitud, se desprendió de una de las casas de la calle Mayor desde diez metros de altura, justo cuando un grupo de personas estaba atendiendo las explicaciones de la guía turística en ese mismo lugar. “Fue un susto grande, pero por suerte no pasó nada; aparté la tabla que había caído a nuestro lado y seguimos”, comenta la guía Sara Alfaro a eldiario.es.

A pesar de este incidente y pese al viento que soplaba ese día, continuaron con la visita porque, asegura, nadie le había dado ninguna instrucción sobre cómo actuar ante un suceso así. “No tenía un protocolo para estos casos, después lo notifiqué para que se tomaran las medidas oportunas”, precisa

Para el Ayuntamiento de Belchite, garantizar la seguridad ha sido siempre una “prioridad”. Así lo dice su alcalde, el popular Carmelo Pérez, quien destaca que la primera medida que tomó cuando llegó al Consistorio fue contratar un seguro para las visitas. “Hasta entonces no había ningún tipo de seguro”, subraya. Ahora están barajando distintas opciones, entre ellas que las visitas entren con casco o suspenderlas cuando las condiciones meteorológicas no acompañan. Desde la Fundación Belchite, su coordinadora María José Andrés, asegura que los visitantes no corren “peligro”, puesto que se han reducido los grupos y han limitado el recorrido, evitando algunas de los edificios que presentan un mayor riesgo de derrumbe.

“Puede caerse en cualquier momento”

Hace tiempo que la visita no pasa por uno de sus monumentos más emblemáticos, el convento de San Rafael. Los visitantes se tienen que conformar con ver esta construcción barroca de finales de 1781 desde lejos. Desde la Acción Pública para Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) y la Asociación Cultural El Allondero aseguran que la fachada, de gran altura, está completamente separada del edificio, por lo que “puede caerse en cualquier momento”. Durante muchos años estuvo apuntalada con vigas metálicas que atravesaban la calle Enrique Naval hasta la pared lateral de la iglesia de San Martín. Pero a día de hoy un pequeño talud de ladrillo, en el lado izquierdo, y un dintel de madera soportado por dos maderos en el acceso principal son los únicos apoyos de la fachada, que además presenta un ligero pandeo hacia su cara exterior y dos grietas a cada lado de la misma, según figura en un informe que ha sido remitido al consistorio.

El alcalde reconoce que tienen “miedo” de que finalmente este convento, que tiene un valor emocional para los vecinos del pueblo, acabe derrumbándose más pronto que tarde y vuelve a hacer un llamamiento a las instituciones para recibir fondos. “Nos sentimos abandonados con lo que realmente significa y representa el pueblo viejo”, lamenta.

Ni el Gobierno de Aragón ni la Diputación Provincial de Zaragoza han destinado fondos al pueblo viejo de Belchite en los dos últimos años (2018 y 2019). “Hemos recibido cero euros”, critica el alcalde, quien reconoce que en 2016 y 2017 Patrimonio de la DGA sí que invirtió 60.000 y 40.000 euros cada año, lo que supuso una ayuda importante.

Con esta cuantía se consolidó la fachada de la Iglesia de San Martín y las bóvedas del templo, una actuación que permitió que las visitas pudieran acercarse de nuevo a este punto; eso sí, sin entrar en el interior. Este tipo de inversiones son las que como mínimo reclama el regidor cada año para consolidar poco a poco todo el pueblo viejo, una inversión que en total supondría 800.000 euros.

Por su parte, el Ayuntamiento de Belchite hace todo lo posible por mantenerlo, pero solo pueden intervenir en la trama urbana, fijando muros de pequeña altura para garantizar la seguridad del visitante. En 2018, invirtieron 20.000 euros. En este punto, el alcalde recuerda la estrechez de las arcas de los consistorios más pequeños, que difícilmente llegan a cubrir los servicios más básicos. En este caso, además, el problema es doble: “Tenemos dos pueblos que atender con el mismo presupuesto”, concluye.

Lécera, un pequeño municipio de apenas 600 habitantes situado en la provincia de Zaragoza, está a punto de estrenar su proyecto estrella: un servicio de catering y lavandería a domicilio para los más mayores. El Ayuntamiento de esta localidad lleva trabajando más de cuatro años en un equipamiento que verá la luz en los próximos días y que ha despertado interés en los pueblos de alrededor, en la Comarca de Campo de Belchite.

La iniciativa fue propuesta en Pleno por la anterior alcaldesa, Francisca López (PAR), y contó con el apoyo de todos los grupos municipales. Tras las elecciones locales del 26 de mayo ahora será Teodoro Marco, alcalde socialista, quien continuará impulsando este centro social con el objetivo de ampliarlo más adelante. ¿Cuándo? No se sabe, responde, porque las inversiones en los pueblos pequeños se hacen “muy poco a poco” al contar con un presupuesto ajustado y, casi siempre, insuficiente para garantizar los servicios públicos o hacer nuevos equipamientos. Eso sí, “cuando es algo bueno para el pueblo, todos sin excepción lo apoyamos, en eso no hay diferencias políticas”, remarca.

De momento ya tienen el servicio de catering y lavandería, que ha sido adjudicado a Antonio Pechuán. Esta empresa, que contratará a trabajadores de la comarca, se encargará de servir un menú diario a aquellas personas mayores que por distintos motivos no pueden, o no saben, cocinar. Son vecinos que necesitan ayuda a domicilio para hacer las labores más básicas, como comprar o cocinar, y que quieren seguir viviendo en sus casas.

Por ahora, se han apuntado 15 usuarios, que recibirán en sus domicilios un menú diario por el que pagarán un precio reducido de 4, 90 euros. La lavandería tendrá un funcionamiento similar. Este centro se encargará de recoger la colada en la vivienda y entregarla unos días después limpia y planchada. Su precio es de 4 euros por 12 kilos de ropa.

Son pequeñas cosas, pero para ellos supone un ayuda decisiva, explica el alcalde. Sobre todo, porque de momento les permite continuar viviendo en sus casas y eso para ellos es lo más valioso. Las expectativas son buenas, porque, además de las 15 personas ya apuntadas, han llamado también otras de localidades vecinas.

“Hay señoras que ya no pueden valerse por sí mismas o ancianos, que se han quedado viudos, y no saben cocinar, ni hacerse una tortilla, porque no lo han hecho en su vida”, comenta el regidor. Con esta ayuda, solucionan esa necesidad y lo hacen además de una forma económica.

Un servicio para toda la comarca

Aunque es un servicio pensado para atender las necesidades de los mayores, está abierto también al resto de la población, pero con un coste mayor. García precisa que poner en marcha un equipamiento así en un pueblo de 600 habitantes no es fácil, supone mucho esfuerzo y, por ello, deben aprovecharlo al máximo para que sea rentable. De esta forma, y sobre todo pensando en los meses de verano, cuando muchas familias vuelven a sus pueblos a disfrutar de las vacaciones, este servicio está abierto también a todo el que quiera utilizarlo.

Este edificio de dos plantas, situado junto al parque de Lécera, ha supuesto una inversión de 300.000 euros para el Ayuntamiento del municipio, que ha contado con subvenciones de la comarca del Campo de Belchite, una de las más despobladas de Aragón, para sacarlo adelante. Por ahora, ofrecerá ese servicio de catering y lavandería, pero el proyecto es más ambicioso. Desde el Ayuntamiento plantean ampliarlo más adelante con una residencia de mayores o un centro de acogida de menores. Pero, como dice su alcalde, en los pueblos se hacen las cosas “poco a poco” o no se hacen. “No nos queda más remedio”, concluye.

Se sienten como “islas diminutas en el océano”, a pesar de la enorme labor que realizan en los pueblos, algunos minúsculos de apenas 100 habitantes. Esta es la situación de las pequeñas bibliotecas municipales o, al menos, así la describen las bibliotecarias que están al frente de ellas. La mayoría son mujeres. Ahora estas profesionales se han unido y han creado la asociación de bibliotecarios/as municipales de Aragón para sumar fuerzas y para que sus reivindicaciones sean atendidas, o al menos escuchadas.

En total, son 95 bibliotecarias que trabajan en localidades de las tres provincias aragonesas. Aunque las separan kilómetros de distancia, comparten los mismos problemas. Dependen del presupuesto de los ayuntamientos, en ocasiones limitado para atender este tipo de servicio, y de las subvenciones de las diputaciones provinciales o las comarcas, aunque estas no siempre están aseguradas.

Además, hay diferencias por provincias. Mientras la Diputación Provincial de Huesca destinó 160.000 euros para renovar los fondos de estos centros; la de Teruel distribuyó menos de la mitad: 50.000 euros. En la diputación de Zaragoza estas subvenciones han quedado diluidas en las ayudas PLUS, que no son finalistas y que, según señalan desde la asociación, han perjudicado mucho a las bibliotecas.

Tampoco las comarcas tienen una política de bibliotecas a pesar de que tienen las competencias en esta materia. “Depende de la comarca, hay algunas que sí que dan ayudas y otras que dan cero euros”. La bibliotecaria de Alcorisa (Teruel), Maite Pérez, pone un ejemplo de esta incertidumbre a la hora de contar con un presupuesto. “Ahora con el cambio de Gobierno tendremos que ir a la comarca de nuevo a explicar nuestra labor y a pedir que nos ayuden, cuando debería ser algo asegurado”, comenta a eldiario.es.

Sobre todo, porque las bibliotecas se convierten en el centro social y cultural del municipio. Su labor no se limita al préstamo de libros, sino que actúan como auténticos dinamizadores culturales. Realizan actividades dirigidas a todas las edades, desde los más mayores hasta los más pequeños. Todos tienen cabida en la biblioteca. Pero además son un apoyo para los vecinos.

Lo cuenta así la bibliotecaria de Nuez de Ebro (Zaragoza), Ana Arjol, quien lleva más de 30 años al frente de este espacio. Ha ayudado a redactar currículums a quienes buscan trabajo; a hacer los deberes del colegio o incluso a buscar hoteles o alojamientos para las vacaciones. “Hacemos de todo porque no tienen otro sitio a donde ir, vienen incluso a fichar el paro por Internet o incluso cuando hay una avería de agua y el Ayuntamiento está cerrado, porque aquí tenemos los teléfonos del alguacil o del alcalde”, relata.

Arjol lamenta que estas pequeñas bibliotecas municipales no tengan opción de pertenecer a la red de bibliotecas de Aragón al no cumplir unos requisitos porque eso facilitaría mucho su labor. En primer lugar, podrían acceder al mismo programa informático e intercambiar libros entre los centros sin coste. Ahora lo hacen, pero tienen que asumir con sus escasos fondos los gastos de envío que supone enviar un ejemplar de un lugar a otro.

Para acceder a esta red de bibliotecas se exige un número de horas de apertura, que en los pequeños municipios es muy difícil cumplir. “El mínimo son 15 horas semanales y eso las bibliotecas de pueblos de 500 o menos habitantes no lo pueden cumplir”, sostiene. Esta biblioteca, que tiene 5.200 ejemplares, abre tan solo dos tardes a la semana.

La asociación que han creado les ayuda a optimizar recursos. Comparten el planteamiento y el material de las actividades más exitosas. La biblioteca de Biescas (Huesca), que abre todas las tardes de lunes a viernes, es también un ejemplo de “centro neurálgico” del pueblo. Hay días que la clase del Instituto se traslada a la biblioteca. Allí los alumnos aprenden a buscar información en fuentes fiables y a contrastar lo que muchas veces encuentran en internet. La biblioteca abre también sus puertas a los más pequeños de Infantil y, por supuesto, a los más mayores con iniciativas como 'Lectura entre costuras'.

“Me enteré de que había un grupo de mujeres que se reunían a coser en una casa durante los meses de invierno y les propuse transportar eso a la biblioteca y abrirlo a todo el mundo que quisiera venir aunque no supieran enhebrar un aguja. Ellas les enseñan. Leemos poesía, relato corto..., y es un gusto estar con ella porque se aprende muchísimo, de cómo se vivía antes aquí, compartimos recetas...”, comenta.

La costura da paso a la música en los miércoles musicales gracias a una colección de discos de vinilo que una vecina donó a la biblioteca. “Es un material tan delicado que no se puede prestar, la única forma que se me ocurrió para que todo el mundo pudiera aprovecharla es poner música un día a la semana”, explica.

En resumen, estas bibliotecarias, que no sienten suficientemente reconocido su trabajo por parte de la Administración y que se han unido en una asociación para alzar la voz, trabajan “mucho”, aseguran, por mantener vivo el pueblo a través de la cultura.

PSOE y CHA conformaron, el 3 de julio de 2015, otro gobierno de coalición en Aragón (tierra de pactos desde antes de que estos fueran tan preciados). Para ello, contaron con el apoyo (solo el apoyo) de Podemos (los morados reconocen que deberían haber explorado la opción de entrar en el Gobierno) e IU. Con 18 diputados/as y un decálogo por cumplir, los socialistas recuperaban el sillón de mando tras cuatro años reclamándolo y postulándose como el perfecto encargado de revertir los recortes de la derecha.

Con altibajos, pero la legislatura en las Cortes de Aragón ha sido relativamente plácida (quizás asalte esa sensación por pura comparación con lo acontecido en el Ayuntamiento de Zaragoza). La izquierda ha sacado adelante leyes de calado y contenido (material e ideológico) como la de memoria democrática, la LGTBI o la de igualdad entre mujeres y hombres. El PSOE se enorgullece de hacerlo con ellos al frente del Ejecutivo, y recuerda otros hitos como la inversión en servicios sociales, el descenso del paro o la contención del déficit. Los morados destacan su cuota de culpa (que consideran muy alta) para que estas y otras medidas hayan visto la luz.

Las relaciones entre PSOE y Podemos, algo más fluidas tras la marcha de Pablo Echenique a Madrid, vivió uno de sus momentos más bajos con la reforma del impuesto de sucesiones, que los socialistas sacaron adelante con la derecha, en lo que fue, para Podemos, un claro síntoma (no el único) de acercamiento a la zona naranja con la mente puesta en las elecciones (desde aquello, el escenario ha cambiado mucho, sobre todo en lo nacional).

Así es Aragón hoy. Y así puede ser mañana.

¿Seguirá siendo la despoblación el tema estrella cuando se vacíen las urnas?

La población actual de Aragón, según los datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), es de 1.308.728 personas. En 2008 era de 1.326.918. Hay 663.230 mujeres y 645.498 hombres. Por edades, la franja mayoritaria es entre los 40 y los 44 años, con 107.718 representantes. Hace 10 años, eran más los y las que tenían entre 30 y 34 años. Actualmente, hay 136.692 extranjeros en Aragón. Eran 154.892 en 2008 y 173.653 en 2013.

La despoblación, tema estrella en campaña (queda por ver si lo sigue siendo tras vaciar las urnas), es uno de los principales problemas que atañen a la comunidad autónoma. Es la cuarta comunidad española con menos densidad de población, con 27,42 habitantes por kilómetros cuadrado, solo superior a las cifras de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. La gravedad del problema se muestra de manera más palmaria haciendo una precisión: si de la ecuación sobre la densidad de población se elimina Zaragoza, baja a 13,85 habitantes por kilómetro cuadrado.

En la comunidad hay 731 municipios, el 26,5 % (194) tienen menos de 100 habitantes, y solo 191 (26,12 %) ganaron (o no perdieron) población entre 2001 y 2016. Huesca, por ejemplo, es la provincia española con más pueblos abandonados: 320. Y en Teruel, exponente máximo de la España vaciada, la densidad de población es de 9,2 habitantes por kilómetro cuadrado.

Cuando se pierden treinta empleadores por semana

Aragón cierra una legislatura en la que el empleo ha avanzado de manera notable, con 36.000 ocupados más tras pasar de los 540.800 de mediados de 2015 a los 577.200 con los que terminaba el último invierno. Más de ocho de cada diez de esos ocupados (488.800) son asalariados, trabajadores por cuenta ajena, cuyo volumen ha avanzado en 45.000 desde junio de 2015. Sin embargo, pese a ese avance, la comunidad sigue a 47.000 puestos de trabajo de los 614.100 con los que entró en la crisis a finales de 2008.

El avance de ese dato no es capaz de enmascarar otros dos registros que deberían encender las luces de alarma entre los responsables económicos de la comunidad: un desplome del autoempleo, con la pérdida en menos de cuatro años de 18.600 de las 166.100 personas que se ganaban la vida como autónomos o empresarios sin trabajadores, y un ilusorio aumento de los empleadores en el que el incremento de un millar en relación con el 2015 llega tras una merma de 5.900 en seis meses. Eso significa que se bajan más de 200 persianas cada semana, más de treinta al día.

Hay menos paro que hace cuatro años, aunque la evolución de ese indicador pone sobre la mesa la cada vez mayor irrelevancia de ese dato en términos únicamente cuantitativos. ¿Cómo se pueden perder 43.000 parados ganando 36.000 ocupaciones? Es sencillo: teniendo 6.000 activos menos y otros tantos inactivos más.

A alguien debería llamarle la atención que dentro de este último grupo, y con una pirámide demográfica que va tomando forma de letra “V”, el número de estudiantes haya crecido en cuatro años casi tanto como el de jubilados (7.700 por 9.000). ¿Tendrá algo que ver con la falta de oportunidades laborales para la juventud que haya 58.300 estudiantes más de entre veinte y 35 años? ¿Y que tres de cada cuatro de esos nuevos alumnos tengan más de 25?

En ese escenario, la economía aragonesa inicia un proceso de transformación de resultado incierto en el que el desmantelamiento de iconos que tributan fuera de la comunidad, como ocurre con el cierre de la térmica de Andorra, convive con la transición hacia el coche eléctrico de una empresa extranjera como Opel, que generará fuertes recortes en el empleo, mientras el discurso oficial, con una logística saneada a base de rescates públicos y del pago de empresas salpicadas por la corrupción como Acciona, presenta la desmesurada y contaminante expansión de las macrogranjas y los mataderos de porcino y el alambicado (financieramente) despliegue de las energías renovables como los focos de futuro. A menudo, con un ruido mediático que, por mucho que actúe como sordina, no llega a tapar el sonido de las persianas que caen para no volver a subir.

Reducción del abandono escolar y apuesta por la escuela rural

El presupuesto para educación ha aumentado, en los últimos cuatro años, algo menos de 200 millones de euros, revirtiendo, en cierto modo, los recortes de la legislatura anterior. El abandono escolar, según los datos del Ministerio de Educación, se ha reducido en 4 puntos (del 19,5 % de 2005 al 15,6 % actual). Se ha hecho una importante apuesta por la FP, con la creación de 50 nuevos ciclos, y se han salvado del cierre 100 escuelas rurales con 6 o menos alumnos.

Además, se ha establecido un porcentaje máximo del 15 % de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). Este fue uno de los asuntos que más polvareda levantó durante la legislatura, tras descubrirse que varios centros privados concertados habían cometido irregularidades a la hora de diagnosticar a este tipo de alumnado. Anomalía que ha quedado sin sanción.

La educación concertada fue otro de los caballos de batalla, no solo entre el PSOE y la oposición, sino también de los socialistas con quienes les auparon al poder, Podemos. La controversia llegó incluso a la calle con una manifestación en Zaragoza, que PP, Ciudadanos y PAR sacan a colación cada vez que tienen oportunidad como una suerte de grito unánime en pos de lo que califican “libertad de elección”.

¿Cuáles son los problemas de Aragón según los agentes sociales, políticos y económicos?

Los agentes sociales, políticos y económicos no coinciden cuando hablan de los problemas más acuciantes de esta tierra, lo que indica que las carencias son muchas. Cada uno fija sus prioridades, aunque hay una que sobrevuela a todos: la lucha contra la despoblación. Más allá de eso, los sindicatos hablan de precariedad laboral y pérdida de poder adquisitivo, y las entidades sociales de la desigualdad y la pobreza.

El Gobierno de Aragón en funciones califica de “urgente” la financiación autonómica o la transición ecológica justa en las cuencas Mineras, en una lista de reivindicaciones larga. Mientras que el principal partido de la oposición, el PP, habla de la desigualdad fiscal que sufren los aragoneses frente al resto de españoles.

El portavoz de la Red Aragonesa de entidades sociales para la Inclusión, Daniel Gimeno, afirma que un 15,8 % de los aragonesas está en riesgo de pobreza, según los datos del informe AROPE. Es un porcentaje que se sitúa muy por debajo de la media española (26 %) pero que sigue siendo “preocupante” porque son 200.000 personas en esta situación, de las cuales 31.000 están en riesgo de pobreza extrema.

Por ello, exigen la aprobación de la ley de la renta básica, la medida estrella del PSOE y Podemos, que se ha quedado en el tintero en esta legislatura por falta de acuerdo.

“Llevamos trabajando en este tema más de siete años, fuimos pioneros en redactar la ley y hemos visto que, mientras se aprobaba en otras comunidades, aquí se ha dejado escapar esa oportunidad. Confiamos en que se retome el tema en la próxima legislatura, aunque dependerá del resultado electoral”, recalca.

Para CCOO y UGT los problemas que asolan a Aragón desde su área de acción se deducen de una realidad: el 75 % de la actividad económica de la comunidad se genera en Zaragoza, que está teniendo un “fuerte” y “potente” desarrollo. Por el contrario, el resto del territorio se vacía por falta de inversiones.

Los servicios públicos son también más costosos en el medio rural, por ello, el secretario general de CCOO en Aragón, Manuel Pina, reclama un cambio de financiación autonómica que tenga en cuenta la dispersión y el envejecimiento de la población. Zaragoza, y su entorno, concentra el 50 % de la población aragonesa, “eso no se da en otras comunidades despobladas”, indica.

Y esto tiene un coste económico: “En Zaragoza una plaza escolar cuesta 3.000 euros y en el Pirineo, 9.000”, apunta.

Desde el Gobierno de Aragón, además de la financiación autonómica y la despoblación, establecen como prioridades para la próxima legislatura la firma del convenio de transición justa, con el que se comprometió la ministra Teresa Ribera; los proyectos del corredor Cantábrico-Mediterráneo; los desdoblamientos de la N-II y la N-232; concluir el eje Huesca-Jaca-Pamplona y culminar las obras del pacto del agua.

El Partido Popular pone el foco en las listas de espera en la sanidad; la falta de médicos en el medio rural o en el hecho de que colegios y hospitales, como el de Teruel, se hayan quedado sin construir, “cuando este Ejecutivo ha tenido 1.300 millones de euros más que la pasada legislatura”, apunta la secretaria general de los populares en Aragón, Mar Vaquero.

La “elevada” carga fiscal ha sido también otro de los problema más señalados y repetidos por parte de los populares en estos cuatro años. “Los aragoneses son los españoles a los que más se les han subido los impuestos”, concluye.

Tras el 26M

La euforia socialista (en Aragón) después de la machada de Pedro Sánchez en las elecciones generales, se tornó preocupación cuando la extrapolación de los datos de estos comicios al ámbito autonómico presentó que la derecha iba en cabeza. Según esta traslación, el PSOE pasaría de 18 a 23 diputados (y sería la fuerza más votada), le seguiría Ciudadanos (de 5 a 15), el PP (de 21 a 14), Podemos + IU (de 15 a 8) y Vox, que entraría con 7.

Después llegó el CIS –del, ahora sí, fiable Tezanos– y devolvió parte del optimismo. Con los dato de esta macroencuesta, el PSOE revalidaría el Gobierno de Aragón: los socialistas serían la fuerza más votada con entre 20 y 22 escaños; seguidos del PP, con 18-19; Podemos, que obtendría entre 10 y 12, Ciudadanos quedaría relegado a la cuarta posición y conseguiría entre 9 y 10 escaños; el PAR sumaría 6; entre 3 y 4 CHA, y 3 IU. Vox se quedaría sin representación.

Cogiendo la cifra más alta de la horquilla, PSOE, Podemos, CHA e IU sumarían 41 diputados (superando con holgura los 34 que marcan la mayoría absoluta). Con el dato más bajo, la adición sería de 36 asientos.

Todos se han afanado en dejar claro que no se pueden extrapolar los datos de las generales. El presidente cree que se valorará su gestión y que el voto será, mayoritariamente, en clave autonómica. En Podemos se muestran optimistas y creen que se atemperará la caída. Confían en la suma de izquierdas y, esta vez sí, pedirán consejerías si están en disposición de hacerlo.

Esta vez han decidido dar el paso. Vecinos de distintas ideologías se han unido y han formado una agrupación para gobernar sus ayuntamientos en varios municipios aragoneses. Su único propósito no entiende de partidismo. Quieren salvar su pueblo, y ahí están todos de acuerdo.

La movilización de la España vaciada se ha dejado notar también en estas elecciones locales, a las que concurren por primera vez agrupaciones que buscan un futuro para su pueblo. Así, en Loporzano (Huesca) se presenta 'Loporvenir', cuyo nombre ya aporta pistas sobre su intención política; en Bailo (Huesca), 'Por la ilusión, la imaginación y el impulso del medio rural', y en Aísa (Huesca), 'Por el Valle de Aísa'.

Llama la atención la diversidad en Asín (Zaragoza), donde se presentan cinco listas, entre ellas la Agrupación Independiente de Asín y la Agrupación de Electores Partido Asinense.

“Nos han dejado de la mano de dios”

Son municipios pequeños, de no más de 500 habitantes, ubicados en zonas alejadas de la capital aragonesa, donde se concentra el 50,8 % de la población de esta comunidad. Están en territorio despoblado, o, lo que es lo mismo, en territorio olvidado.

Así lo percibe al menos la representante de la agrupación 'Por la ilusión, la imaginación y el impulso por el medio rural', Rossana D'Angeli. Bailo es un pueblo de 279 habitantes, cuya población va en descenso. La escuela cerró hace seis años y recientemente lo han hecho las dos oficinas bancarias y la única tienda que todavía levantaba la persiana.

D'Angeli se queja de que todas las inversiones se hagan en Jaca y lamenta que los servicios básicos no lleguen al resto de municipios de la comarca.

“Nos han dejado de la mano de dios, porque no hay turismo, a pesar de ser una zona tan bonita como es el valle del Aragón”, asegura, y afirma que esta candidatura nació al calor de la manifestación de la España vaciada, a la que acudieron para hacerse oír.

“Hemos visto durante años que a los políticos, de cualquier color –porque aquí se han turnado PP y PSOE–, no les preocupaba el tema de la despoblación”, lamenta.

Por ello, han decido “tomar cartas en el asunto”, decir “alto y fuerte” que este pueblo “no se va a morir” y concurrir a las elecciones locales con una lista compuesta por personas con “gran formación” y de “distinta ideología”, entre las que se encuentran médicos, profesores o geólogos

Creen que desde el Ayuntamiento pueden presionar a la Administración, especialmente a la comarca y a la diputación, y promocionar el patrimonio natural de su territorio como atractivo turístico.

Plantean también hacer una consulta mensual a los ciudadanos para conocer sus necesidades, incluidas a las personas mayores que muchas veces no tienen forma de trasladarse a Jaca para ir al médico o, simplemente, a la peluquería.

Ahora lo hacen con un grupo de “blablacar Bailo”, donde los vecinos preguntan si alguno de los que se trasladan a diario a Jaca puede llevar en su coche a otro vecino. Pero no es justo, porque “pagamos los  mismos impuestos y no tenemos nada”, recalca.

“La fibra óptica solo llega al centro del pueblo, no a las casas”

En Loporzano, los integrantes de la agrupación 'Loporvenir' también confían en las oportunidades del territorio. De este municipio dependen hasta 15 núcleos, algunos deshabitados.

Están convencidos de que se pueden hacer muchas cosas por “el bien del pueblo” y que hacerlas depende de la “voluntad política”. Quieren romper la “inercia” y cierta resignación que, opinan, se ha instalado durante décadas en estas localidades, y hacer las cosas de otra manera.

Loporvenir está integrado por personas jóvenes, algunas del pueblo, “de toda la vida”, y otras que han decidido iniciar su proyecto de vida allí.

“Hay gente que como yo venimos de fuera y que tenemos aquí unas expectativas para nuestro proyecto de vida que vamos a pelear”, apunta Jorge Luis Bail, quien fue diputado de Unidos Podemos por Huesca en el Congreso de los Diputados la pasada legislatura.

Pone un ejemplo. La fibra óptica solo llega hasta el centro del pueblo, no a las casas. “Esto fue por falta de comunicación y de iniciativa del Ayuntamiento”, explica. Ahora les interesa solucionar ese “desaguisado” para garantizar ese “porvenir” del que hablan. Su apuesta es hacer una alianza entre los sectores tradicionales de la zona y otros más novedosos, que requieren de estas nuevas tecnologías.

“No vale con decir 'no me gusta' lo que dicen o hacen”

Por su parte, la Agrupación de Electores del Valle de Aísa busca descentralizar la actuación del Ayuntamiento para que llegue a los núcleos más pequeños. De Aísa dependen Esposa, Sinués y Candanchú.

Hace años que tenían en mente formar una agrupación porque los partidos políticos que han gobernado hasta ahora no han conseguido “nada”, pero ha sido esta vez cuando han decidido dar el paso.

Para Fernando Lozano, el cabeza de lista de esta agrupación y arquitecto, que vive a caballo entre Esposa y Zaragoza, los vecinos comienzan ahora a concienciarse y, sobre todo, a “tomar parte activa”. “No vale con decir 'no me gusta' lo que dicen o hacen, pero yo me quedo en mi casa; hay que participar”, anima. Saben que son ellos los “únicos interesados” en que sus pueblos no mueran.

“Estoy estudiando para tener un futuro, pero no voy a tener un planeta en el que trabajar”. Parece que lo dice Greta Thunberg, la joven activista contra el cambio climático que ha logrado movilizar a miles de estudiantes en Europa. Pero esta vez sale de la boca de Sara Rodrigo, una estudiante de la Universidad de Zaragoza, quien, como muchos otros en todo el mundo, ha asumido el mensaje de la adolescente sueca que esta misma semana llevaba su discurso a la Eurocámara. Allí pedía un voto para el futuro en las próximas elecciones europeas. Un voto para la tierra o para el planeta.

Esta ola verde ha llegado también a Zaragoza y ha contagiado a muchos jóvenes universitarios que votarán por primera vez en las elecciones generales del 28 de abril. El cambio climático ocupa un lugar destacado en todos los programas electorales de los partidos políticos, aunque en los actos de campaña no está teniendo la atención que estos jóvenes reclaman.

Sara Rodrigo está detrás del grupo “Fridays for Future” de Zaragoza. El pasado 15 de marzo tuvo lugar la primera concentración, cuyo éxito de participación sorprendió a la propia organización. “Vino mucha gente y eso que era San Pepe” (la fiesta que más reclamo tiene entre los universitarios). Llegaron a estar sobrepasados, afirma. “No sabíamos que íbamos a tener tanto tirón”, tanto que algunos partidos políticos quisieron sumarse. “Les dijimos que no vinieran a la manifestación con banderas propias”. Este viernes han vuelto a manifestarse, en lo que es la segunda movilización de “Fridays for Future” en la ciudad.

Rodrigo cuenta que su preocupación por el medioambiente le viene de pequeña. Sus padres son agricultores, y ella “de pueblo de toda la vida”, por tanto, ha estado en contacto con la naturaleza desde que nació. Pero reconoce que nunca se había planteado participar en una organización ecologista. El activismo de Greta Thunberg le dio el empujón que necesitaba para involucrarse más en esta causa. Lo vio, además, como una oportunidad para atraer a más jóvenes a la lucha por la “justicia climática”. Porque cuanta más gente alce la voz, mejor.

Ella votará por primera vez este 28 de abril y la ecología pesará mucho en su decisión, aunque no será la única cuestión que valore. “También creo que debemos centrarnos en las condiciones laborales”. De hecho, reconoce que está leyendo los programas electorales de los partidos. “Hasta el de Vox”, puntualiza, aunque cuando este diario habló con ella, ni PSOE ni Ciudadanos lo habían publicado.

“Me parece algo importante, no se trata solo de cambiar los hábitos de vida, sino cambiar el sistema y presionar a los políticos, porque son los que realmente pueden hacer algo”, resalta.

En esta idea insiste también José Mastral, un joven de 19 años, estudiante de un ciclo de Paisajismo y Jardinería en el Instituto de Formación Profesional de Movera, un barrio rural de Zaragoza.

“Todos los partidos siguen el mimo sistema, y es el sistema el que queremos cambiar”, abunda. Por eso se muestra bastante desconfiado de que realmente los partidos políticos aprueben y ejecuten medidas reales, porque, asegura, “llevamos mucho tiempo hablando de cambio climático y no se ha hecho nada”.

Mastral es un ejemplo de cómo la conciencia ecologista está calando en los jóvenes, y a edades más tempranas. “Con trece años ya estaba preocupado por el cambio climático, veía en las noticias las catástrofes naturales, en el colegio nos enseñaron a reciclar, lo notas en la calle con los cambios de temperatura...”, precisa. Por eso, cuando vio el movimiento de Greta, buscó a través de Instagram contactos de personas que estuvieran organizando algo similar en la ciudad para sumarse. Instagram, Twitter, Facebook... las redes sociales han sido su principal canal para organizarse y difundir el mensaje.

“Nuestro objetivo es que los políticos nos escuchen”, destaca. Este último mensaje es precisamente el que lanzaba Greta Thunberg esta semana en Bruselas, donde pidió el voto para el futuro en las próximas elecciones europeas del 26 de mayo. Unos comicios que ante la triple cita electoral están pasando desapercibidos al ojo del votante, pese a que en la Unión Europea se toman decisiones que afectan a todos los Estados miembro. Y la lucha contra el cambio climático es una lucha global, que requiere del compromiso de muchos, como demuestra también este movimiento estudiantil.

“Necesitamos un voto para el clima o para el planeta”

María Pardillos, una joven de 20 años, estudiante de Filosofía en la Universidad de Zaragoza, viajó recientemente a Estrasburgo (Francia) para asistir a un encuentro internacional con universitarios de otros países. “Necesitamos un voto para el clima o para el planeta”, recalca, al tiempo que reflexiona sobre lo “silenciadas” que están las elecciones europeas cuando allí se toman decisiones relevantes. Aunque todavía no se ha decantado por ningún partido, apunta que su decisión estará condicionada por este asunto. “Pero es que el voto de todo el mundo debería estarlo, porque la mitad del planeta se está cargando la vida en la otra mitad”, comenta.

También el voto de Paula Duerto, otra joven de 20 años que se acercará por primera vez a las urnas, será “verde” y “justo”, porque, a su juicio, los factores ecológicos y sociales están íntimamente ligados. Pero hace un llamamiento a continuar con el movimiento todos los días del año, no solo ante la proximidad de las elecciones. De hecho, el objetivo más inmediato de “Fridays for Future” en Zaragoza es asentar y consolidar el movimiento, para mantener la reivindicación en el tiempo.

Qué dicen los programas electorales del cambio climático

Pero, ¿están hablando los partidos políticos de cambio climático? De momento, todos lo llevan en su programa electoral. El PSOE habla de la transición ecológica de la economía y de un contrato social, un “new green deal”, dice textualmente, que garantice la “máxima eficiencia” en el uso de los recursos naturales, en particular las “energías renovables y la creación de empleo verde”. Plantean también una reforma de la Constitución para incorporar los principios de sostenibilidad y de desarrollar la Ley sobre Cambio climático, cuyo anteproyecto fue aprobado en esta legislatura.

Podemos habla de un horizonte verde y un nuevo modelo industrial con una primera meta: alcanzar el 100 % de la producción de fuentes renovables en 2040 y crear una empresa pública de energía. Proponen también el cierre de las centrales de carbón en 2025 y el de las centrales nucleares en 2024; inversión para implantar el coche eléctrico; y la rehabilitación de 550.000 viviendas a año para promover la eficiencia energética.

El Partido Popular también reserva en su programa un apartado para Energía y Cambio Climático, donde defienden un mix energético que permita cumplir los objetivos de seguridad del suministro, cambio climático y precio de la energía. Prometen, además, impulsar una reducción de emisiones que cumpla los objetivos de España para 2030, pero rechazan las prohibiciones a los vehículos de combustión. “Debe ser la evolución tecnológica y las decisiones de los consumidores los marquen el ritmo de sustitución de unas tecnologías por otras”, indica.

Y Ciudadanos plantea dos recetas para hacer frente al cambio climático: innovación y competitividad. Prometen una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que garantice la seguridad jurídica y la no dependencia de combustibles fósiles; la rehabilitación de 300.000 viviendas al año; “despolitizar” el consejo de Seguridad Nuclear; un plan nacional de reforestación; una ley de economía circular y actualizar el Plan Hidrológico Nacional adaptándolo al reto del cambio climático.

¿Y en Aragón?

El Gobierno de Aragón ha aprobado en esta legislatura una Estrategia Aragonesa contra el Cambio Climático Horizonte 2030, un documento que recoge 152 acciones concretas que permiten abordar estrategias para mejorar la calidad de vida de los aragoneses y promover el desarrollo sostenible. Lo presentó el presidente aragonés, Javier Lambán, el pasado mes de febrero en un acto, donde lamentó que este debate pase “desapercibido” por la crisis económica y política.

La estrategia plantea varios retos, como la reducción del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990 o aumentar la contribución mínima de las energías renovables hasta el 32 % sobre el total del consumo energético, integrar políticas de cambio climático a todos los niveles de gobernanza y desarrollar una economía baja en carbono. Para impulsar estas políticas, se plantea la creación de dos organismos, el Consejo Aragonés del Clima y la Oficinal del Clima.

No obstante, esta estrategia tampoco ha estado exenta de críticas. Los grupos parlamentarios de PP, Podemos, PAR y Grupo Mixto cargaron contra la “inconcreción” y el “retraso” en aprobarla, a tan solo tres meses del final de la legislatura.

Aragón fue línea de frente durante la Guerra Civil española y, como tal, quedó profundamente marcado. A lo ancho y largo del territorio, pasando por sus tres provincias, todavía quedan marcas de la contienda, vestigios que, en muchos casos, pasan desapercibidos y que ahora se quieren poner en valor.

Recorrer el territorio y rememorar su historia es lo que busca una iniciativa impulsada por Turismo de Aragón, en colaboración con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMHA), que propone rutas de senderismo por algunos de estos puntos. Y son muchos, porque Aragón quedó dividido y fue territorio de batalla como evidencia también la cantidad de fosas repartidas por la Comunidad, la segunda en número después de Andalucía.

Para ello se preguntó a los 731 municipios aragoneses sobre la presencia de vestigios de la Guerra Civil y el franquismo en sus términos municipales. Con esa información, más toda la documentación recopilada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMHA) procedente de otros estudios hechos hasta la fecha, se han señalizado cerca de 200 puntos distribuidos por las 33 comarcas aragonesas. Enlazando todos ellos, Turismo de Aragón ha configurado rutas para ponerlas al servicio del ciudadano y del conocimiento de la historia.

Parte de estos vestigios son conocidos, como el pueblo viejo de Belchite; la ruta Orwell en la sierra de Alcubierre, que recuerda los pasos del escritor británico en la guerra española e incluye representaciones en trincheras o la visita teatralizada al Centro de Interpretación de la Guerra Civil en Robres (Huesca).

Pero hay vestigios, algunos bien conservados, otros no tanto, que son más desconocidos. Hoy todavía puede vislumbrarse lo que fue la línea fortificada del Cinca, menos popular pese a ser la principal resistencia construida por el bando republicano en Aragón durante el conflicto y que tuvo un alto valor militar. Se extendía desde las inmediaciones del Pirineo hasta Gandesa a lo largo de 120 kilómetros repletos de numerosos nidos de ametralladoras y refugios para las tropas, trincheras, caminos cubiertos, polvorines o pistas militares.

Además, en Fonz se ubicó un emplazamiento artillero para cuatro cañones y Monzón fue uno de los puntos fuertes de esta línea con 66 emplazamientos para ametralladoras y atrincheramientos para 4.000 soldados en una línea que seguía hasta Selgua, y que, en cambio, apenas fue obstáculo para el ejército nacional.

La Línea P fue construida tras la II Guerra Mundial

También en Huesca se encuentra otra de las construcciones defensivas que mejor se han conservado en la frontera con los Pirineos. La Línea P fue construida por orden del dictador Francisco Franco entre 1944 y 1948 para defender la frontera desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo ante el miedo a una invasión tras la II Guerra Mundial.

De todas las regiones por las que atraviesa esta línea, Aragón es la que menos núcleos fortificados tiene, probablemente porque las altas montañas del Pirineo aragonés ya hacían de muro de contención, asegura Mercedes Sánchez, de ARMHA, quien ha coordinado este proyecto. Aun así hay muchos asentamientos, uno de ellos en la conocida estación de Canfranc, donde hay más de 12 búnkeres en el interior del bosque.

En Zaragoza, una de sus rutas lleva hasta Caspe, donde se trasladó el Consejo de Aragón. Allí, en el Teatro Goya, se celebraron las sesiones de debate del Estatuto de Autonomía que la guerra acabó frustrando. Estos itinerarios históricos llevan también al campamento maqui de La Codoñera y a Alcañiz, donde cada 3 de marzo tiene lugar una recreación histórica en memoria del bombardeo de la aviación italiana en 1938. En menos de dos minutos, murieron entre 300 y 1.000 alcañizanos.

Y, en Teruel, prácticamente todos los municipios tienen vestigios de la Guerra Civil. “Aragón estuvo dividido y tuvo muchos frentes, en prácticamente todos los lugares hubo trincheras y batallas”, explica Sánchez.

Un producto turístico similar a otros en Europa

Con estas huellas de lo que fue España desde 1936 hasta 1975 se ha creado un “producto turístico” similar al que existe en otros países de Europa para conocer la historia más reciente con una inversión por parte del Gobierno de Aragón que ronda los 6.000 euros.

“La historiografía entiende que la guerra española es el preludio de la II Guerra Mundial, porque aquí estuvieron los nazis y los fascistas italianos. Por eso, queríamos hacer un producto similar a lo que ya existe en Europa, y que aquí lamentablemente no hay porque no existe una memoria democrática afianzada, para alimentar nuestro conocimiento histórico” indica el director gerente de Turismo de Aragón, Jorge Marqueta.

Es, además, un proyecto pionero en España por la cantidad de rutas turísticas que incluye y por presentarlas de forma ordenada distribuidas en comarcas y provincias. Y es, además, una iniciativa que se actualizará progresivamente conforme los municipios detecten y señalicen sus vestigios.

Este es el caso de El Pueyo de Araguás en la comarca del Sobrarbe, donde se están recuperando tres cuevas en las que se alojaban los maquis, y una trinchera en zig-zag. Esta zona del Bajo Peñas fue también muy castigada durante la Guerra Civil porque aquí hubo una línea de frente importante entre los nacionales y los republicanos, que hace que todavía hoy sea fácil encontrar restos de trincheras en el monte de Santa Engracia y en la sierra de Araguás. Ahora se trata de sacarlas del olvido.

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, ha reflexionado sobre el papel de los medios de comunicación en una conversación con la periodista Ana Pastor en el XX Congreso de Periodismo Digital de Huesca, el evento de estas características con “más solera” y “más veterano” de España.

Allí han hablado de la importancia de verificar las noticias falsas y del respeto a la verdad, más allá de los principios editoriales del propio medio. Escolar ha señalado que eldiario.es tiene unos principios editoriales claros que lleva a una cierta jerarquía en la información. La memoria histórica, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción o el feminismo son algunos de ellos. Pero, esos principios editoriales tienen un límite: el respeto al a verdad, ha señalado.

Durante la conversación, Escolar y Pastor han reflexionado también sobre la difusión del discurso del odio y su propagación por redes sociales “opacas”, como Whatsapp. Para Escolar, los medios de comunicación no pueden ser solo “correas de transmisión de las barbaridades”, sino que hay “maneras de titular y maneras de informar” ante ciertas informaciones. “No es lo mismo abrir comillas y poner la declaración que explicar que está mintiendo” en el caso de que así sea, ha precisado.

No obstante, ha comentado que hay un sector de la sociedad que quiere “creer la mentira”. “Cuando tenemos un sesgo ideológico o una creencia muy fuerte, nos cuesta mucho más creernos aquellas cosas que nos contradicen”, ha recalcado.

Este asunto ha generado preguntas por parte del público, en concreto sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de estos discursos del odio. Aquí, Ana pastor ha señalado que los medios tienden a exigir a los políticos “cosas que nosotros no practicamos”. “Es poco habitual decir que nos hemos equivocado”, ha reconocido.

Por otro lado, Escolar ha indicado que el futuro de los medios escritos pasa por la suscripción. Pero este modelo, ha añadido, requiere más exigencia. “Si quieres cobrar a los lectores, no les puedes dar basura”, ha indicado Escolar, quien ha hecho un paralelismo con los contenidos televisivos. “Tú no pagas por Gran Hermano, pagas por HBO”, ha señalado.

Y con el periodismo ocurre lo mismo: “Si pretendes cobrar por la información tienes que hacer periodismo de investigación y ser tremendamente riguroso”. Porque, ha añadido, “el que paga es más exigente que un lector que pasa por ahí”.

“Creo que mi mayor talento es rodearme de talento”

Ana Pastor ha hablado también sobre su empresa Newtral, un proyecto que puso en marcha porque, según ha reconocido, le apetecía emprender y “crecer hacia lo digital”. Ahora son 59 personas, el 60 % mujeres, entre los que se encuentran documentalistas, ingenieros e ingenieras y periodistas. “Creo que mi mayor talento es rodearme de talento”, ha destacado.

El Congreso de Periodismo Digital de Huesca, que celebra este año su vigésimo edición, reúne estos días a profesionales y expertos del sector, como la directora de El País, Soledad Gallego-Díaz, el director de Infolibre, Jesús Maraña, o María Sánchez, de The Washington Post.

Durante la primera jornada se han abordado cuestiones como la futbolización del periodismo; la mensajería móvil o la presentación de nuevos proyectos.

Resulta complicado discernir si el aumento de los delitos contra las mujeres obedece a que estos hechos se denuncian más que antes o a un repunte de las agresiones. Pero lo cierto es que en Aragón han aumentado, y además de una forma significativa.

Según los datos del Ministerio de Interior, los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 25,5 % en 2018, al pasar de 247 a 344. Este incremento se repite también en las agresiones con penetración, que subieron un 22,2 %. El informe, que registra las infracciones penales en las localidades con más de 30.000 habitantes, habla también del resto de hechos delictivos de tipo sexual y, del mismo modo, se da un ascenso importante: un 25,9 % más que al año anterior.

Por provincias, los aumentos más significativos se concentran en la capital aragonesa, donde las agresiones con penetración ascendieron un 44 %. En 2018 se registraron 23 delitos de esta naturaleza en Zaragoza, frente a los 16 del año anterior. En la provincia de Huesca, se produjeron dos agresiones de este tipo, mientras que en Teruel no se denunció ninguna.

Tanto en la provincia de Huesca como en Teruel, los delitos contra la libertad sexual aumentaron en un 21 % y un 15 %, respectivamente.

Ante estos datos, la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Natalia Salvo, asegura que, en este tipo de delitos, resulta complicado discernir si las denuncias obedecen a un aumento de la violencia hacia la mujer o a una mayor concienciación sobre este asunto que lleva a las víctimas a interponer una denuncia.

“Yo me inclino por lo segundo, porque ha habido un movimiento potente a nivel internacional, como el #MeToo y otros, para animar a denunciar este tipo de violencias. Es un tema que ha estado muy presente en el movimiento feminista y en la sociedad en su conjunto, y creo que hay más sensibilización”, comenta.

“El agresor es una persona conocida en el 90 % de los casos”

No obstante, añade que el porcentaje de casos de violencia contra la mujer que se denuncian en España todavía sigue siendo “bajo”, ya que se sitúa en torno a un 25 %, según los datos de Delegación de Gobierno en Aragón. “Solo tres de cada diez casos de violencia se denuncian”.

Este porcentaje se explica en parte con otro dato: el agresor, en el 90 % de los casos de violencia sexual, es una persona del entorno de la víctima, indica Salvo y ahí, indica, es “más complicado” romper la “barrera del silencio”.

“Cuando hablamos de violencia sexual muchas veces no dibujamos bien la radiografía. La imagen que tenemos es la de un desconocido que agrede sexualmente, porque quizá desde las instituciones hemos lanzado ese mensaje con las campañas en las fiestas, pero la realidad es que ese porcentaje es minoritario”. En la mayoría de los casos el agresor es una persona conocida y cercana, puntualiza.

Al igual que aumentan las denuncias, asciende también el número de mujeres víctimas de maltrato atendidas en el Instituto Aragonés de la Mujer. Entre enero y septiembre de 2018 (último periodo con datos aportado por el organismo), el IAM atendió a 1.946 mujeres, lo que supone 232 más que en el mismo periodo del año anterior. En enero de 2019, el teléfono de atención a las víctimas 900 504 405 atendió 344 llamadas telefónicas.

Salvo sostiene que en estos últimos cuatro años sí que han aumentado las mujeres que llegan al centro en busca de ayuda. Destaca, además, que no acuden solas, sino acompañadas por otras mujeres, lo que indica que el mensaje contra el maltrato está penetrando en la sociedad.

“Vienen en red, es decir con amigas, con sus madres o tías, con otras chicas…, que han interiorizado que esa situación no es normal y se debe denunciar”, señala Salvo, quien añade que entre las mujeres atendidas hay muchas chicas jóvenes, algunas adolescentes.

A punto de terminar su mandato en el IAM, Salvo resalta como avance de esta legislatura la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres el pasado mes de junio con el respaldo de todos los grupos parlamentarios y la activación de los protocolos en materia de violencia contra las mujeres para mejorar la coordinación desde el ámbito jurídico, sanitario, servicios sociales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El último protocolo que se ha elaborado es para la violencia sexual y la trata, que está pendiente de la aprobación del Ministerio de Interior. Desde el IAM no manejan los plazos del ministerio, pero confían en que se apruebe antes de que finalice la legislatura, concluye Salvo.

“Existe mayor conciencia de lo que es un delito contra la indemnidad sexual”

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón aseguran que, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, les transmiten que “existe una mayor conciencia de lo que constituye delito contra la indemnidad sexual”, y eso se refleja en el número de denuncias.

Tanto Policía como Guardia Civil, señalan, “están haciendo un trabajo de información y sensibilización para garantizar los derechos de las personas, insistiendo en explicar a unos y a otras lo que es delito y la importancia de denunciarlo”.

La carrera científica está llena de obstáculos, pero se complica todavía más para las mujeres que deciden ser madres antes de tener una plaza fija. Lo sabe bien una investigadora que quiere optar al contrato de investigación Ramón y Cajal con la que ha hablado este diario. Pese a tener una acreditada carrera profesional, con los requisitos de la convocatoria en la mano, no pasaría el primer corte administrativo por una razón: ha tenido una baja de maternidad en el último año.

Las bases de este contrato Ramón y Cajal, uno de los más prestigiosos y competitivos de España, establece una limitación para los solicitantes que están disfrutando de un contrato financiado por convocatorias anteriores. En estos casos solo se puede acceder a la ayuda si desde la fecha de incorporación efectiva al centro de investigación ha transcurrido un año hasta el 1 de junio de 2019, excluyendo las suspensiones de contrato. Esto supone que las mujeres investigadoras que hayan disfrutado de su baja de maternidad ese mismo año no puedan acceder a este contrato.

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España confirman que no se ha contemplado esa casuística en la convocatoria de 2018, pero aseguran que se incluirá en la de este año, porque hasta ahora, indican, no se había planteado “ningún problema de posible discriminación”. No obstante, aseguran que el Ejecutivo está mejorando las convocatorias de ayudas de I+D+i con especial atención a la maternidad y a la paternidad, así como a la adopción o a la custodia permanente. Se hizo con la ayuda Ramón y Cajal, que incluye la ampliación de un año por cada hijo el periodo máximo para optar a ella.

Pero no es suficiente para las investigadoras que han disfrutado de una baja de maternidad y que quieren optar a esta ayuda ese mismo año. Aunque podrán presentarse en los próximos años, lo harán con desventaja respecto a otros compañeros. “La competición ha comenzado ya y yo este año no puedo jugar”, indica una de ellas.

Esto supone un retraso importante en su carrera. En su especialidad solo se oferta una plaza Ramón y Cajal al año y, casualmente, en la Universidad donde trabaja hay una línea de investigación abierta que le permite continuar con su trabajo mediante este contrato de investigación. Pero si esa plaza se cubre en la convocatoria de 2018, a la que ella no puede acceder en igualdad de condiciones por haber tenido un hijo, verá reducidas sus opciones de continuar en la misma Universidad y en la misma ciudad cuando se presente en la siguiente convocatoria.

Son obstáculos que le llevan a plantearse una alternativa profesional después de una década dedicada a la investigación, en la que ha encadenado prestigiosos contratos, aunque todos temporales, que le han llevado por distintas universidades europeas.

Desde la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) instan al Gobierno a corregir en las convocatorias los requisitos que solo afecten a las mujeres “por el hecho de ser mujer” y que suponga un “agravio comparativo”, así como a incluir cláusulas con perspectiva de género. Su presidenta, Joaquina Álvarez, considera “injusto” que los profesionales tengan un “retraso” en su carrera científica por haber tenido hijos.

No obstante, recalcan también la “voluntad” del Gobierno, tanto del anterior Ejecutivo como del actual, por modificar estas cuestiones, que hasta hace apenas unos años no se tenían en cuenta. “Se están haciendo modificaciones, pero conforme aparecen casos, se dan cuenta de que no es suficiente, porque hay muchas casuísticas”, indica.

Fuentes del Ministerio insisten también en esta idea: intentan anticiparse y prevenir estos problemas, pero muchas veces solo se hacen visibles cuando surgen nuevos casos. “A partir de ahí se busca una solución”, apuntan, aunque para muchas investigadoras llega tarde.

La soledad es el problema de exclusión “más grave” de la sociedad de este siglo, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Los hábitos de vida imperantes, con núcleos familiares más pequeños y una mayor movilidad, favorecen esta realidad, que, aunque también afecta a los jóvenes, se agudiza en las personas de más edad.

Atender sus necesidades figura entre las prioridades de los ayuntamientos, que se enfrentan a dos tendencias al alza: el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida. Un dato: en Zaragoza, el 20 % de los habitantes tiene ya más de 65 años, según el Instituto Nacional de Estadística.

Por ello, son muchos los programas prestados por los municipios para atender a sus vecinos. El servicio de teleasistencia es uno de los más extendidos. En Zaragoza, 10.129 domicilios cuentan con este dispositivo; en Huesca, 359 y, en Teruel, 500. A este servicio, se suman otros orientados a los cuidados y a la seguridad de las personas mayores, como la ayuda a domicilio, la colocación de dispositivos antiincendios, el protocolo de caídas con Policía Local o la Red de centros para personas mayores.

Medidas absolutamente necesarias, pero insuficientes para atender lo que desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales consideran el problema de exclusión más grave de la sociedad del siglo XXI: la soledad.

El comercio de proximidad y las asociaciones vecinales

“Los servicios sociales estamos preocupados y ocupados por la prestación de servicios que se pueden poner en un catálogo, pero nos olvidamos de esta otra dimensión más humana que es la compañía”, indica el responsable en Aragón de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, Gustavo García.

Los elementos que favorecen una vida en soledad son fáciles de detectar. Familias con menos hijos; padres desbordados por la dificultad de conciliar la vida laboral y familiar y sin tiempo, por tanto, para atender a sus mayores; hijos que viven en ciudades o incluso países diferentes al de sus progenitores y, en general, una vida más individual y aislada del entorno más cercano.

Componentes a los que hay sumar el progresivo envejecimiento de la población y el descenso de la natalidad para comprender el cambio sustancial de la sociedad a corto plazo.

Ante esta realidad, García hace un llamamiento para crear redes de relaciones sociales. Para él, es primordial que la sociedad civil en su conjunto reaccione y que los ayuntamientos favorezcan ese acompañamiento de los mayores desde una posición más activa. Y ahí el comercio de proximidad se presenta como un “aliado fundamental” y el “sensor perfecto” para detectar a los vecinos que viven solos.

“El comercio es el lugar de encuentro entre vecinos y donde se conoce todo, saben quién vive solo, echan en falta si alguien lleva tres días sin aparecer a comprar el pan o sin ir a la farmacia a recoger la medicación el día que le toca…”, reflexiona.

Además del comercio, las asociaciones vecinales juegan también un papel determinante para tejer esas redes de colaboración dentro de los barrios. Si desaparecen las relaciones vecinales, se evapora también la vida local, que es la que, según García, sostiene a los mayores que viven solos. Además, “son planteamientos que benefician a todos, no solo a ellos, porque creamos sociedades más humanas e inclusivas”, comenta.

¿Qué hacen los Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel?

En Zaragoza, una de las ciudades que más gasto social dedica por ciudadano, se han puesto en marcha programas que van en esta dirección. Uno de ellos es el proyecto piloto ‘Nos gusta hablar’, iniciado en 2018 en el Centro de Convivencia de Santa Isabel para favorecer la comunicación entre mayores. Ha tenido tan buena acogida que se ha extendido a los centros de Salvador Allende y Terminillo, y se prevé llevar a otros barrios de la ciudad.

Los programas de envejecimiento activo; la red de comercios amigables de las personas mayores; los paseos cardiosaludables en colaboración con los centros de salud o el protocolo de caídas con la Policía Local son algunos de los proyectos dirigidos a este colectivo.

Pero son medidas centradas en los cuidados y en la seguridad de los vecinos, y no tanto en el acompañamiento. “Eso debe partir de la sociedad civil”, asegura la consejera de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto. No obstante, reconoce que los ayuntamientos pueden favorecer este tipo de iniciativas, sin dejar esa responsabilidad municipal de financiar medidas como el servicio de teleasistencia, el apoyo a domicilio o el protocolo anticaída. “A parte de todas estas medidas, está también el hecho de favorecer las relaciones vecinales bajo una política de dinamización de barrios”, recalca.

En Huesca, las políticas pensadas para personas mayores están también enfocadas a los cuidados materiales y personales. Cuentan con un servicio de teleasistencia, que prestan a 359 viviendas y otro de apoyo a domicilio para 308 domicilios. Además, se han colocado 96 detectores de humos y tienen previsto recuperar un programa que fue suspendido en 2011 por falta de recursos, que permitirá hacer un seguimiento más exhaustivo de las personas que viven solas, en coordinación con bomberos y policía local.

Y la capital oscense presume de una novedosa iniciativa para paliar la soledad, que, sin embargo, no ha tenido mucha acogida. Se trata del programa ‘Vive y convive’ que pone en contacto a los jóvenes que buscan una vivienda de alquiler con una persona mayor que reside sola. En la capital oscense, hay actualmente un joven universitario que convive con una persona mayor, explica la concejal municipal de Servicios Sociales, Ana Loriente.

En Teruel, estas medidas se centran en el servicio de teleasistencia (500) y ayuda a domicilio (403), y en las actividades de los centros de las personas mayores.

No obstante, desde el Consistorio aseguran que están estudiando, junto a las entidades sociales, la opción de crear una bolsa de voluntarios para acompañar a las personas que viven solas. Pero es todavía una idea pendiente de desarrollar.

De todas formas, este debate está abierto en el seno del Ayuntamiento y se intensificará cuando se conozcan las conclusiones del informe realizado por una consultora externa para adherirse a la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“De ahí saldrán también medias interesantes para poner en marcha”, concluye el concejal municipal Joaquín Tomás.

La décima edición de los premios Aragón Investiga, que reconocen el trabajo de los investigadores, fue amenizada por el grupo teatral Las titánicas. El nombre de esta compañía define la realidad de muchos de los investigadores que acudieron al evento que tuvo lugar el pasado 15 de enero en Zaragoza. Ellos, especialmente los más jóvenes, tienen que hacer gala de una fuerza titánica para continuar con su carrera profesional hasta lograr cierta estabilidad; y eso en el caso de que la alcancen.

La trayectoria profesional de María José Estarán, galardonada con el Premio Joven Investigador, evidencia las dificultades de la vocación científica. Con un expediente académico brillante, Estarán ha encadenado durante una década contratos temporales desde que se licenció en Historia en la Universidad de Zaragoza. Eso sí, contratos temporales de las becas más prestigiosas. Ha publicado en revistas internacionales; ha asistido a congresos especializados; ha escrito libros, ha colaborado en las Universidades de Roma, en la École Normale de París y Bruselas, e incluso ha trabajado en un proyecto para la Universidad de Oxford.

A pesar de su experiencia como investigadora y de varios contratos temporales, Estarán continúa sin tener estabilidad. La suya es una profesión, explica, en la que el “fantasma del paro” se hace presente cada dos años por la temporalidad de los contratos.

Por eso, esta joven investigadora cree que la palabra pasión, por su significado, define la carrera científica. A los investigadores les mueve su vocación, la pasión por lo que más les gusta hacer, pero esta palabra es doblemente adecuada en este caso porque “en su sentido etimológico significa padecer”. “Y padecemos muchas vicisitudes, muchas penas”, resalta. Desde la inestabilidad económica y laboral hasta la precariedad de los medios de los que disponen.

Estarán trabaja con su propio ordenador. Recientemente ha conseguido que le pongan un flexo, pero en algunas de las universidades donde ha estado ni siquiera ha contado con un espacio adecuado donde trabajar.

“Hasta que nos han cambiado de edificio por las obras, otra compañera de la beca Juan de la Cierva y yo hemos estado trabajando en una mesa en el pasillo en la Facultad de Filosofía y Letras”, sostiene.

Por todo ello, esta joven investigadora aprovechó el micrófono y el tiempo que tuvo al recoger su premio para reivindicar su profesión ante las autoridades aragonesas. “Quería decir bien alto que por mucho que digan que la investigación es muy importante, nadie se para a pensar en los casos concretos y problemas que tenemos los investigadores”, precisa.

Ahora tiene un contrato temporal de dos años, llamado Juan de la Cierva Incorporación, que otorga el Ministerio de Economía. Es un contrato con fecha de finalización, que le llevará una vez terminado a solicitar otros contratos postdoctorales para continuar con su carrera como investigadora. Pero el embudo se va cerrando, y esas becas son cada vez más competitivas porque apenas se ofertan plazas. De hecho, el contrato Juan de la Cierva Incorporación se otorgó en la pasada edición a solo tres personas en su especialidad. Y, según cuenta, el próximo contrato postdoctoral al que aspira (la beca Ramón y Cajal) solo ofrece una plaza de su área. “Es muy complicado, te exige estar al máximo nivel”.

Estarán explica que, si hubiera fondos para ofrecer más plazas, la producción investigadora sería también “más relajada”, pero para ello, se necesita que desde los poderes públicos se invierta más en investigación. Esta profesión requiere investigar, pero también asistir a congresos, estancias en el extranjero en otras universidades y publicar artículos en revistas especializadas. Por este contenido los investigadores no obtienen ningún tipo de remuneración, más bien al contrario: “en algunas revistas científicas cobran por publicar ese contenido”, cuenta.

“Las editoriales se están lucrando y haciendo un negocio fuerte, se entiende que ya nos beneficiamos si lo publicamos porque es una manera de justificar que estamos trabajando”, sostiene.

María José Estarán ha centrado su investigación en Historia Antigua. Realizó su tesis doctoral sobre Epigrafía Bilingüe con la Beca predoctoral Formación del Profesorado Universitario, por la que cobraba 1.000 euros netos al mes. Era un contrato de cuatro años, pero ella dedicó a su tesis un año más, un tiempo que tuvo que financiar con la prestación por desempleo. Además, recuerda, los dos primeros años de esta beca no cotizaban.

Una vez terminada la beca, y tras dar clases en varios institutos y colegios aragoneses, además de en la Universidad de la Experiencia, le concedieron la beca Marie Curie de la Unión Europea y se trasladó a la Universidad libre de Bruselas. La primera diferencia con el contrato del Gobierno de España fue el sueldo: se multiplicó por tres, indica. Después trabajó para la Universidad de Oxford en un prestigioso proyecto sobre la latinización de las provincias de occidente, hasta que consiguió un contrato de dos años ‘Juan de la Cierva Incorporación’, con el que trabaja actualmente en la Universidad de Zaragoza.

Con casi 35 años, y a pesar de una brillante carrera, María José Estarán todavía no ha alcanzado esa estabilidad profesional. ¿Ha merecido la pena? Pese a todos estos obstáculos, responde afirmativamente porque ha podido dedicarse a lo que más le gusta y trabajar en diferentes países. Pero, añade, “siempre tienes que tener un plan bBpor si las cosas no salen”.

La Asociación Aragonesa de Altas Capacidades ha presentado un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra la orden del 7 de junio, dictada por la consejería de Educación del Gobierno de Aragón, por la que se regula la intervención educativa inclusiva.

Consideran que esta orden “infringe gravemente” la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y supone un “grave retroceso” en la identificación y atención hacia el alumnado con necesidades educativas específicas, además de una “discriminación” frente a otras comunidades.

Este malestar es compartido también por otras asociaciones de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (acneaes). El pasado 16 de diciembre, la Asociación de Dislexia de Aragón, la Asociación TEL de Familias de Aragón, la Asociación Regional Aragoneas de TDA-H, la Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón y la Asociación de Familias Adoptivas, se reunieron para concretar una “serie de actuaciones conjuntas” orientadas a lograr una mejora atención a la diversidad en el ámbito escolar.

Consideran que la orden de la consejería de Educación impone unas “condiciones” que dificultan el diagnóstico y la intervención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativa (acneae). “Para la mayoría del alumnado se toman actuaciones generales sin realizar una evaluación previa, ya que esta solo se considera necesaria para llevar a cabo actuaciones específicas”, indican.

Además, señalan que esta norma establece el diagnóstico solo en alumnos de Primaria, lo que retrasa la intervención temprana en Educación Infantil.

A partir de este curso, muchos alumnos en Aragón van a perder la condición de acneaes, según indican estas asociaciones. Sostienen que la orden solo reconoce esta condición a los niños y niñas que requieran actuaciones específicas, a diferencia de lo que define el Decreto de Educación Inclusiva, de 28 de noviembre de 2017, que incluye también a los que necesitan actuaciones generales.

La presidenta de la asociación de Altas Capacidades Sin Límites, Teresa Millán, explica que prácticamente todos los alumnos superdotados van a dejar de ser acneae, porque son pocos los estudiantes a los que se les aplica estas medidas específicas, que en este caso son la aceleración parcial del currículo o la incorporación a un nivel superior. “De los 180 alumnos con altas capacidades registrados en la última estadística, solamente unos diez las tienen”, manifiesta.

Además, la orden obliga a la revisión o regularización forzosa de las resoluciones de alumnos con necesidades especiales en el curso 2018/2019. Esto supone, según se indica en el escrito del recurso, que los alumnos que actualmente tienen reconocida la condición de acneae por altas capacidades y no requieran de actuaciones específicas (aceleración o flexibilización) “perderán la condición y, por tanto, la posibilidad de ocupar las plazas reservadas para acneae en los centros educativos”.

Tampoco podrán acceder a las becas y ayudas que para este colectivo convoca el Ministerio de Educación y Formación Profesional, mientras que los alumnos del resto de comunidades en su misma condición sí podrán hacerlo.

Sin embargo, fuentes del Gobierno de Aragón aseguran que la nueva regularización no lleva aparejado la pérdida de la condición de acneae para algunos alumnos, ya que se respetarán los dictámenes hechos en los últimos años. Recalcan también que se han publicado varias instrucciones para aplicar la orden de junio de 2019; homogeneizar el diagnóstico y establecer la obligatoriedad de realizar una evaluación psicopedagógica y de aportar la información de todo el proceso a los padres.

“Llevo reclamando la evaluación psicosocial para mi hijo nueve años”

Beatriz Urriés describe la “odisea” que han tenido que pasar para conseguir que el colegio público de Zaragoza donde estudia su hijo Alejandro le realice las pruebas de evaluación psicopedagógicas y le otorgue la condición de acneae. No ha sido hasta este curso, cuando el alumno ya está en 6º de Educación Primaria, cuando el colegio ha accedido, por mandato de Inspección educativa, a evaluarlo.

“La orientadora estaba saturada y priorizaba otros casos que, según ella, eran más problemáticos. Tuvimos suerte de que algunos profesores por su cuenta le planteaban ejercicios más complicados o ampliaciones de la materia”, comenta.

Pero no ha sido así en todos los cursos, lo que ha afectado también al estado emocional y físico del menor con subidas fuertes de tensión. “Es un niño contenido, pero salía del colegio y necesitaba manifestar su frustración y, cuando lo recogía, me decía vámonos de aquí ya”, explica Urriés. Finalmente, después de presentar varios escritos a Inspección educativa, el centro ha accedido a realizar las pruebas y los resultados, conocidos esta semana, no pueden ser más claros: es un niño con altas capacidades que necesita una atención especial, sostiene su madre. “Algo que nosotros ya sabíamos porque cuando empezó el colegio con tres años ya sabía leer y escribir”. Sin embargo, ahora con esta resolución, la familia teme perder esta condición, si no necesita medidas específicas.

En la misma situación se ve Juana, madre de un niño acneae con medidas generales. “Estos chicos son los grandes olvidados porque como académicamente funcionan bien, se atiende antes a otros casos”, precisa. Pero eso tiene un efecto negativo en su bienestar emocional, asegura, que acaba manifestándose en forma de depresión o trastorno de conducta. “No pueden satisfacer su curiosidad y, al final, acaban perdiendo la motivación y la capacidad de esfuerzo, lo que se traduce en un fracaso escolar en Secundaria”, indica. “Mi hijo (ahora en 3º de Primaria en un colegio público) me decía que el colegio era una cárcel con tan solo seis años”. También esta madre teme que su hijo pierda la condición de acneae con la aplicación de esta orden, ya que no tiene medidas específicas.

Desde la Asociación de Altas Capacidades Sin Límites, su presidenta, Teresa Millán, destaca que falta formación en el profesorado y recursos para atender a estos niños, pese a que estas medidas no requieren una gran inversión sino más creatividad.

“Son cosas sencillas que pasan por proponerles que investiguen sobre un tema que les interese, huir de los ejercicios repetitivos, aumentarles la dificultad…”, plantea.

Reunión de la Asociación de Dislexia de Aragón con Educación

También desde la Asociación de Dislexia de Aragón, cuyos representantes han tenido esta semana un encuentro con el director general de Innovación, Equidad y Participación del Gobierno de Aragón, Antonio Martínez, para aclarar este asunto, reclaman una modificación o revisión de algunos puntos la orden.

Su portavoz, Alicia Uixera, propuso, en este encuentro, la necesidad de que los centros educativos realicen la evaluación psicopedagógica a estos niños antes de plantearles una repetición de curso.  

“Una repetición en un niño con capacidad cognitiva normal, pero con una base de dislexia no tratada es abocarlo al fracaso”, recalca.

Por otro lado, recuerda que este año, por primera vez, las becas del Ministerio de Educación para este apoyo educativo incluyen también la dislexia. “Pero no vamos a poder pedirlas si perdemos la condición de acneae”, lo que supone, a su juicio, un agravio comparativo con otras comunidades.