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ARAGÓN

¿Se acabó la emergencia? Tres años de legislatura y sin acuerdo entre PSOE y Podemos para crear una Renta Básica

A 10 meses para unas nuevas elecciones, el acuerdo entre socialistas y morados para crear una Renta Social Básica –antaño de máxima urgencia para ambos– parece cada vez más lejano

No hay reuniones desde julio de 2017, Podemos pidió la retirada del proyecto y, en mayo de 2018 –tras rubricar PSOE y Ciudadanos la reforma del impuesto de sucesiones–, anunció que abandonaba la ponencia en la que se debate la ley

Las posturas están muy alejadas: en Podemos señalan que el PSOE rechazó su propuesta para aumentar las cuantías y que son ellos los que han de reactivar la negociación aceptando sus proposiciones

En el PSOE esperan que los morados muevan ficha: “Negociar no es imponer, pero estamos a tiempo, solo quiero que me digan qué quieren cambiar”, apunta la portavoz socialista en la ponencia, Pilimar Zamora

Se antoja muy complicado que haya una Renta Social Básica en Aragón en esta legislatura

Se antoja muy complicado que haya una Renta Social Básica en Aragón en esta legislatura EFE

Era imperiosa, absolutamente ineludible. Pero tres años después, Aragón sigue sin tener una Ley de Renta Social Básica. A 10 meses de unas nuevas elecciones autonómicas, PSOE y Podemos no se han puesto de acuerdo y será muy difícil que lo hagan en el corto futuro. Más complicado aún será explicárselo a la ciudadanía.

Socialistas y morados asumen –en privado más que en público– que las perspectivas no son halagüeñas, pero aún sostienen (unos más que otros) un leve hilo de esperanza. Incluso el presidente, Javier Lambán, en su balance de la legislatura, dejó la puerta entreabierta: “Es la única de las grandes líneas maestras que falta”, dijo.

Pero, ¿por qué no ha salido adelante una ley que antaño exigía extrema premura? Que fue bandera y argumento de unos y otros para convencer a los votantes: desde el PSOE aseguran estar esperando una propuesta de Podemos, que les digan cómo quieren mejorarla. “Estamos a tiempo”, repite la portavoz de los socialistas en la ponencia que debate el proyecto de ley, Pilimar Zamora.

La lejanía de las posturas se advierte a simple vista, antagónica es la visión de Amparo Bella, diputada de Podemos en la ponencia: “Nosotros ya propusimos un aumento de las cuantías, para que se asemejaran a lo que marca la Carta Social Europea, y el PSOE no lo aceptó, son ellos quienes deben mover ficha. Esta ley tendría que acercarse mucho más a la de Castilla-La Mancha”.

28 meses desde el proyecto de ley

¿Qué ha pasado hasta llegar hasta aquí? ¿En qué momento se separaron los caminos hasta límites cuasi irrecuperables? Empezando por el final, desde el pasado 21 de mayo, cuando Podemos dijo públicamente que abandonaba la ponencia, no ha habido encuentros oficiales, tampoco acercamientos más allá de los pasillos de las Cortes. “Pero me niego a decir que las negociaciones están rotas”, reitera Zamora.

Echando la vista muy atrás se llega al 9 de marzo de 2016, día en el que el proyecto de Ley de Renta Social Básica de Aragón se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón. El texto estipulaba tres tipos de renta: una renta complementaria de los ingresos del trabajo para aquellas unidades familiares que, aun teniendo trabajo, no dispongan de ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas; otra modalidad para las que acceden a un proceso de inclusión social –merced a un acuerdo voluntario de inserción–; y una tercera para las que no acceden a este proceso.

No tardaron en surgir las primeras divergencias, soslayadas, en parte, gracias a las enmiendas. Para Podemos "no era una ley adaptada al Siglo XXI”. No compartían ese modelo, recuerda Bella, “porque significaba clasificar la pobreza, sobre todo la modalidad de la renta complementaria al trabajo era sostener el empleo precario”.

Para el PSOE, todo lo contrario: “Una ley avanzada, pionera y transitoria, que serviría para que las personas salgan de la vulnerabilidad”.

Enmiendas, reuniones, ¿avances?

Entre el 29 de marzo y el 9 de junio de 2016 se presentaron enmiendas: 294 en total (53 el PP, 36 Ciudadanos, 74 el PAR, 39 Podemos, 89 el Grupo Mixto –CHA e IU– y 3 el Grupo Socialista y el Grupo Mixto). En diciembre de 2016 se constituyó la ponencia, pero no fue hasta abril de 2017 cuanto tuvo lugar la primera reunión (retraso condicionado por aquella eterna negociación de presupuestos).

Amparo Bella precisa que su formación actuó “de manera generosa y con una gran responsabilidad, porque no estábamos en absoluto de acuerdo con el modelo y, aun así, seguimos adelante para tratar de cambiarlo”.

Nueve reuniones tuvieron lugar en 2017, la última en julio. De ellas salieron modificaciones en el proyecto que supusieron, entre otras cosas, un aumento de las cuantías y la conversión de la renta complementaria de los ingresos del trabajo en un incremento de la prestación. Variaciones –algunas más terminológicas que efectivas– que satisfacían a unos y a otros, aunque, como es palmario, no todo lo suficiente.

"Se aceptaron el 82 % de las enmiendas que presentó Podemos", defiende Pilimar Zamora, “siempre se les ha escuchado”. Hasta en esto difieren: “No se puede decir que han aceptado el 82 %, ya que muchas han sido transaccionadas”. Réplica de Zamora: “Si se aceptan transaccionadas, es porque estás de acuerdo”.

Los avances en el acercamiento de pareceres, que podían presumir un desenlace feliz, no fueron tales, al menos no en su medida necesaria. En junio de 2017, Podemos ofrece una rueda de prensa en la que pone sobre la mesa que no comparte el proyecto. ¿Por qué?

Principalmente, explican, porque tiene cuatro carencias específicas. "Las familias monomarentales": para que estén cubiertas, estiman en Podemos, “se debería llegar a un máximo de renta del 150 % del Salario Mínimo Interprofesional” –al que el PSOE no está dispuesto a llegar–. No obstante, tras las negociaciones, ya se pasó del 115 % primigenio al 125 %. También se quedarían fuera, dicen los morados, los pensionistas, “ya que no pueden cobrar la prestación los mayores de 65 años”; la infancia, porque “elimina las ayudas de integración familiar”, y los jóvenes, "que no necesitan un plan de inclusión social, sino laboral”.

Afirma, además, Amparo Bella, que solicitaron un informe comparando lo que sería la Renta Social Básica con el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) “y no lo mejoraba sustancialmente”.

Podemos abandona la ponencia

Desde julio de 2017 no se volvió a convocar la ponencia, aunque sí hubo reuniones bilaterales y trilaterales (con la suma de IU). El proyecto encalló y, en diciembre de ese mismo año, el secretario general de los morados, Nacho Escartín, pidió al presidente de Aragón que lo retirara.

La puntilla llegó, tras varios meses de nada prometedora parálisis, el 21 de mayo de 2018, cuando Podemos anunció que abandonaba la ponencia. Sucedió solo unos días después de que los socialistas rubricaran con Ciudadanos la reforma del impuesto de sucesiones que llevaban meses madurando. Ese no fue, apunta Bella, el motivo como tal, “pero sí afecto en tanto que suponía un viraje a la derecha del Gobierno de Lambán”. A partir de ahí, nada de nada.

“Negociar no es imponer”

¿Y qué puede pasar de ahora en adelante? ¿Realmente hay esperanza? La ley ideal para Podemos se acerca más a una renta garantizada que el proyecto que maneja el PSOE. El punto medio no ha llegado –aunque por momentos las líneas se acercaron– y en la actualidad las posturas están sumamente alejadas.

En Podemos mantienen que ellos hicieron una propuesta y no fue aceptada. Insisten en que han trabajado, “por responsabilidad”, en una ley que no creen. El siguiente paso, dicen, “no debe ser nuestro, sino del PSOE aceptando nuestras propuestas, no vamos a contribuir a sacar adelante una ley insuficiente”.

Para el PSOE, tienen la “responsabilidad moral y política de sacarla adelante y dejar la Renta Social Básica como un derecho subjetivo en Aragón”, de lo contrario, afirman, “3.500 familias no serían atendidas”. “Estamos a tiempo”, reitera Zamora, “pero son ellos los que tienen que dar el siguiente paso y negociar no es imponer”.

En las Cortes de Aragón se ha de alcanzar la, ahora casi utópica, entente. Mientras tanto, la emergencia sigue afuera.

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