DIONISIO: y sucederá. Es una necedad pensar que la última gran guerra ha sido precisamente la última gran guerra. Vendrá otra, y será el fin. Han puesto la riqueza mundial al servicio de los armamentos; linda tarea que cuesta un millón de dólares ¡por minuto! ¿Imaginas lo que se podría hacer con ese dinero? Pleno empleo en el mundo entero, educación, ocio suficiente, creatividad, bienestar para todos…

Y no queremos. Somos una especie sin porvenir. Lo notas en cualquier detalle: hasta en el imbécil que toca la bocina lleno de una petulancia insultante porque el coche que va delante ha tenido que parar unos segundos.

Buero Vallejo

Acto I, Caimán (1981)

Estamos inmersos en una crisis climática y ambiental sin precedentes en la historia de la humanidad, que incluye la sexta extinción planetaria de especies. Esta vez no ha sido la explosión de un supervolcán, ni tampoco un meteorito como el que aniquiló a los grandes dinosaurios, sino la actividad irresponsable de la especie que se ha coronado a sí misma como “rey de la creación”. Que nuestras capacidades cognitivas son superiores a las del resto de los animales es algo que parece demostrado, pero si nos mostramos incapaces de actuar de forma inteligente, con un mínimo de unidad, utilizando todo el conocimiento y tecnología acumulados para parar y reparar el desaguisado medioambiental en el que nos hemos metido, de poco nos habrá servido ser tan “superiores”. 

Tanto desde una perspectiva biológica como en términos socioculturales podemos distinguir entre dos polos humanos, dos facetas diferenciadas cada una con sus propias características, que se balancean y complementan. El polo masculino es competitivo, ambicioso, necesita plantearse retos y atesorar triunfos; probarse a sí mismo su fortaleza y su poder, lo que a menudo hace por comparación con los otros hombres. Al otro extremo, encontramos el polo femenino, más discreto y empático, más inclinado a la cooperación y al cuidado, a trabajar en equipo y poner el foco en el más débil. Tratando de simplificar - y sin querer entrar en debates estériles, porque no es el asunto de este artículo - podemos asumir que en la mayoría de los hombres predomina lo “masculino” mientras que en la mayoría de las mujeres lo hace lo “femenino”, pudiendo ser el cuidado de la familia la clave en esta distribución de características, aunque ambas facetas están presentes en todas las personas. Es más que evidente que una sociedad sana necesita desarrollar una cultura y una relación con el resto de diversidad del planeta en la que ambas facetas se encuentren equilibradas. Por desgracia, esto está muy lejos de la realidad. Nuestra sociedad está absolutamente dominada por las características del polo masculino, y no va a dejar de estarlo porque el porcentaje de mujeres en puestos de responsabilidad aumente si, para desenvolverse con solvencia en ambientes donde lo femenino es símbolo de debilidad, se sigue forzando a las mujeres a desarrollar la faceta masculina. ¡Y está bastante claro que no hay nada más lejos de la realidad que esa asociación entre lo femenino y la debilidad! Durante la pandemia, particularmente durante aquellos primeros meses repletos de incertidumbre, de miedo y de muerte, hemos visto la enorme fortaleza del polo femenino. Todo el sector sanitario, médicas, enfermeras, celadoras, personal auxiliar, servicios de limpieza, y en tantos otros oficios… las mujeres han mostrado con rotundidad la enorme fortaleza y valentía de lo femenino, aunque los hombres también desarrollaran esas labores. Y lo han hecho no porque las mujeres sean mayoría en esos sectores, sino por la forma en la que ellas y ellos se han enfrentado al virus; volcándose de manera heroica para ayudar a los enfermos y a los vulnerables, para cuidar y proteger, poniendo sus propias vidas en riesgo desde el trabajo en equipo y el anonimato. Sin buscar focos ni medallas. Desde la empatía y la sensibilidad. Desde la valentía de lo femenino. 

Cuando aún no nos hemos recuperado de una pandemia que no puede darse por finalizada, la visión hipermasculinizada del mundo nos lleva al borde de la tercera guerra mundial, entre dos grandes potencias que presumen de tener cada una más de 2.000 cabezas nucleares dispuestas para usarse. Ante la mirada vigilante de la OTAN, Rusia ha decidido que es un momento idóneo para iniciar un conflicto bélico en Ucrania, un crimen contra la humanidad perpetrado a sangre fría; las víctimas mortales ya se cuentan por miles, y los desplazados por millones. Pese a encontrarnos frente a una alarma ecológica de un calibre incalculable, cuando aún no nos hemos recuperado de una pandemia que nos ha golpeado sin piedad, en lugar de sacar nuestra parte más comunal, más sociable, más humana, más cooperativa y constructiva, en fin, más femenina, para resolver los problemas entre todos, las grandes potencias actúan como si no hubieran aprendido nada en el último siglo: siguen con sus juegos de guerra, disputándose el oro y el gas para aumentar aún más las ya exorbitantes fortunas de sus magnates. Quizá esta crisis pueda ser útil para distraer de otros asuntos, como la escalada sátrapa de Putin en Rusia. Pero sobre todo será la excusa perfecta para no realizar cambios contundentes que permitan frenar el avance del desastre ambiental que tenemos en ciernes.

A los grandes líderes mundiales se les está yendo el mundo de las manos. No les importa la emergencia climática, ni el bienestar de los ciudadanos. Cuando los grandes emporios miden sus fuerzas, las vidas humanas y todo lo que recuerde a lo femenino, a los cuidados de la infancia o la vejez, pasa a un plano invisible. Se trata de competir por recursos de alto valor económico, por posiciones geoestratégicas, por un puesto preferencial en el pódium del nuevo mundo multipolar. Y cuando se trata de competir, el macho de nuestra especie se hace dominante y puede volverse completamente ciego, con el apoyo cómplice de la cultura hipermasculinizada del heteropatriarcado. Lo que vemos en los despachos donde se planean las batallas son fundamentalmente hombres, afrontando las realidades en términos de datos, sistemas y cifras, desnudados de toda humanidad. Cuando la empatía es empujada fuera de la escena por el ego masculino, la psicopatía afectiva se abre paso y el polo femenino desaparece casi por completo. Y los que padecen sus decisiones son civiles: ancianos, mujeres, enfermos, niños, que sufren los horrores de la guerra, el hambre, la muerte, la tortura y la violación, como hemos visto una y otra vez a lo largo del curso de la historia. 

¿Realmente somos una especie sin porvenir, como se temía Dionisio en el Caimán de Buero Vallejo? Esperemos que no. Sería un auténtico fracaso, especialmente si tenemos en cuenta que la solución es mucho más fácil de lo que podría parecer; tan sencillo como reequilibrar nuestra sociedad, aumentando la presencia de lo asociado al polo femenino en detrimento de lo asociado al polo masculino, hasta que exista un verdadero balance que cure a esta sociedad enferma.  Bien estaría hacer una profunda revisión cultural que nos conduzca a una auténtica revolución, a este cambio de paradigma que reivindican la ética del cuidado y el ecofeminismo, que proclama que tanto la opresión de la mujer como la destrucción del medio ambiente son consecuencia del patriarcado. El heteropatriarcado, amparado por tantos hombres que permanecen impertérritos frente a tal injusticia social, tiene que empezar a trabajar en la autocrítica, porque las mujeres llevamos décadas revisándonos, aprendiendo y adaptándonos con mucha dificultad al mundo de hombres, a la forma laboral de los hombres, a la agresividad masculina. Y no está funcionando. Estas actitudes - el enfrentamiento, la agresión, la violencia, la jerarquía, la competitividad - se oponen no solo a los ambientes en los que las mujeres nos sentimos cómodas, sino a lo que todos necesitamos para que el mundo sane sus heridas antes de que sea demasiado tarde. Las mujeres estamos cansadas de que el hombre haga el mundo a su manera, entre otras buenas razones porque lo está conduciendo al desastre. Ha llegado el momento de que lo masculino dé paso a lo femenino, de que el hombre dé un paso al lado (que no atrás), y adquiera una visión femenina para el mundo y para su propia vida; una faceta que también le es natural, pero que su ego masculino, hipertrofiado, tiene amordazada. Necesitamos una profunda revalorización de lo femenino en toda la sociedad. Esperemos que cada vez más hombres comprendan y asuman que las cualidades tradicionalmente femeninas son indispensables para afrontar los grandes retos para la humanidad, los ya presentes y los venideros. Y que esas cualidades, si les permiten desarrollarse y expresarse, pueden formar parte de una versión más sana y completa de su propia personalidad. El cuidado es un deber, señala Victoria Camps, del que tenemos que responsabilizarnos individual y colectivamente, mujeres y hombres. Como indica Carol Gilligan en La Ética del Cuidado: “En un contexto patriarcal, el cuidado es una ética femenina; en un contexto democrático, el cuidado es una ética humana.”    

Si fuéramos una humanidad consciente y responsable, no estaríamos invirtiendo nuestros recursos en guerras, sino reorganizando nuestros hábitos de consumo, construyendo instalaciones de energía renovable y sistemas de supervivencia sostenible, limpiando los océanos de porquería y tantas otras cosas que tenemos pendientes en la tarea de cuidar de nuestro planeta y revertir el destrozo ambiental y las injusticias sociales de los que somos responsables. Asistimos a la agonía, el ocaso, de un sistema patriarcal que ha construido sin respeto por la vida, que ha invertido enormes energías en tecnología para la destrucción, en inteligencia para mantener el poder a toda costa. Para salvar el planeta, no nos bastará sólo con aplicar la ciencia, el conocimiento y la tecnología. Hace falta un cambio tajante de actitud. 

Hoy 8 de Marzo, día de la mujer, hay que volver a reivindicar que falta espíritu femenino en el mundo. Es el tiempo de las mujeres, y nosotras decimos rotundamente NO a la guerra. A cualquier guerra. El futuro tiene que ser feminista, o no será. Ha llegado el momento de la empatía, de cuidar, de conservar, de cooperar. Hay que aislar al chimpancé agresivo que algunos llevan dentro. El día en que una frase como “eres muy sensible” sea entendida por el conjunto de los hombres como un halago, y no como una ofensa a su hombría, podremos empezar a pensar que realmente las cosas están empezando a moverse en la buena dirección.

Aturdidos por las medidas que trae consigo el estado de alarma y buscando un hueco para poder hacer ejercicio (más imprescindible que nunca para mantener un cierto equilibrio existencial) mientras apoyamos la escolarización en casa, teletrabajamos y tratamos de mantenernos informados, no podemos dejar de alucinar con un escenario nuevo e increíble. En general, estas semanas las decisiones políticas de nuestro Gobierno se están basando en información científica. Nos frotamos los ojos. ¿Qué pasa? Certificar que algo así está ocurriendo nos asusta: ¡cómo será el monstruo al que nos enfrentamos, si han tenido que llamar a la ciencia!

La llamada ha sido respondida por cientos de científicas y científicos, dispuestos (cómo siempre) a dar lo que saben donde se les necesita. Aun sin alcanzar los niveles de riesgo, cansancio y heroicidad de nuestro personal sanitario y de seguridad, se puede visualizar a los investigadores trabajando en esta crisis como el profesor chiflado: desarrapados, greñas despeinadas, barba de muchos días, sorbiendo un café mientras empujan un carrito con sus PCRs y sus últimos kits de extracción de RNAs, ajustando modelos predictivos de contagio, buscando financiación para contratar nuevos cerebros y manos que completen sus grupos de trabjo, tratando de acabar una investigación de alto impacto social y económico en tiempo récord, y estando atentos a divulgarla en tiempo casi real.

Hablamos de virólogas, microbiólogos e inmunólogas, esos personajes entre misteriosos y cinematográficos, con sus trajes de astronauta y aparatosas escafandras, que trabajan con esos “bichos” invisibles que dan tos y fiebre. También de epidemiólogos, que exploran la dinámica de poblaciones que resulta de las interacciones entre los patógenos y sus hospedantes. De especialistas en modelización, que estudian la evolución de estas relaciones para hacer predicciones de futuro. De bioquímicos, que desarrollan fármacos para mitigar su impacto. Y de muchos otros especialistas, que aportan su grano de arena a algo tan complejo como la propagación de un virus que está poniendo en jaque a los servicios de salud de todo el planeta.

Esta pequeña legión de investigadores prepara el contraataque mientras centenares de miles de sanitarios luchan contra los estragos del virus, y las fuerzas de seguridad y los trabajadores de los supermercados hacen su trabajo clave limitando el avance del contagio. Los rapidísimos progresos científicos reciben toda la atención de una ciudadanía involucrada, que ahora comparte en WhatsApp y redes sociales modelos de crecimiento logístico y diferentes escenarios de contagio, y debate sobre la mejor manera de ganar inmunidad de grupo, el riesgo de que mute el virus o la probabilidad de conseguir una vacuna lo antes posible. Proliferan los expertos que tienen claro cuándo se tendrían que haber iniciado las medidas de confinamiento, cómo hay que organizar y distribuir el material médico, qué tratamientos son más efectivos contra el virus y cuántos tests habría que estar haciendo. Si no fuera tan grave la situación, sería para que tuviéramos una mascletà de concurso, ciencia de la mano de los que toman las decisiones.

Sin embargo, mientras la sociedad afronta esta lucha titánica, es importante recordar que no lo hace con todas las herramientas de las que podría disponer un estado como el nuestro. Ni para la defensa, debido a los recortes en sanidad, ni para el contraataque. No hace mucho, podíamos ver a esos mismos investigadores aburridos de protestar, de pedir un nivel de financiación digno y constante, de rogar que la diáspora científica junior tan competitiva y cuya formación hemos financiado entre todos pueda retornar; de repetir que un país serio no puede maltratar a la ciencia, a los profesionales que la hacen, a la gente que forman. Desde esta columna de Ciencia Crítica nos hemos desgañitado en cada artículo pidiendo recursos, mejora de condiciones, reconocimiento de esa gente. Pero las prioridades eran otras.

El declive de la inversión en investigación en Españaha sido constante durante más de una década. Tras unos años de crecimiento insuficiente pero más o menos continuo, la crisis del 2008 nos abrió una vía de agua que no se ha querido cerrar, cuando pensábamos que por fin algo estaba cambiando y se estaba estimulando el tejido científico del país. Nuestra productividad se ha mantenido como una particular versión de la 'deuda de extinción'que permite producir con una eficiencia que deja perplejos a nuestros colegas de fuera, sabedores de la escasez de fondos y las paupérrimas condiciones de trabajo – pero que durará solo hasta que terminemos de exprimir datos antiguos, apaguemos el ordenador y el juego acabe. Game over.

Estamos cerca de ese final. En el sistema nacional de investigación español casi no entran jóvenes investigadoras, ni técnicos, ni gestoras, ni administrativos. Los centros decaen, languidecen, y desaparecen. La escasez e hiperburocratización que se impusieron (y no se retiraron) al amparo de una inadecuada e inoportuna austeridad siguen haciendo imposible la gestión de los pocos proyectos de investigación competitivos que las investigadoras e investigadores aún consiguen. Muchos y muchas, hastiados de una situación que parece nunca levantar cabeza, abandonan la investigación. Grupos enteros de altísimo nivel, agotados de lidiar con un sistema científico precario y obsoleto, se acaban trasladando en bloque a otros países (por ejemplo el deOscar Marín al King’s College de Londres en 2014 y tantos otros)

Los políticos, esos que pilotan la nave, y la sociedad en general, nos miran ahora a los científicos con urgencia y nos piden soluciones. Pero las investigadoras no tenemos medios para asumir la responsabilidad de evitar el colapso del sistema sanitario y garantizar el bienestar de la ciudadanía. Luchamos por apoyar los esfuerzos de los que están en primera línea aportando lo que sabemos hacer: generar conocimiento y buscar soluciones a partir de él. Pero no nos engañemos: la solución que la ciencia podría aportar no se puede conseguir con esta urgencia. Tendremos soluciones y propuestas, pero ni estarán disponibles tan rápido como sería posible, ni serán tan robustas como podrían serlo si tuviéramos un sistema de I+D+i realmente consolidado. El tejido científico se construye, se entrena y madura a largo plazo, con esos recursos que entonces parecen un lujo y ahora, en mitad de la emergencia, se están liberando con urgencia y precipitación.

Quizás nos preguntamos por qué Corea del Sur ha abordado con éxito la crisis del coronavirus, cómo han desarrollado un plan radicalmente innovador y eficiente. No es baladí recordar que su inversión en ciencia supera el 4 % de su PIB, mientras que la nuestra aspira a llegar a menos de la tercera parte y se apunta a un difuso 'futuro próximo'. Aún más cercano es el caso de Alemania, con una inversión en investigación a la cabeza de Europa (cerca del 3%) y cuya inversión aumentó, en lugar de disminuir, durante la 'austeridad' post-2008. No nos sorprendamos de que estos dos países hayan podido asumir el peso del diagnóstico precoz del coronavirus con pruebas masivas, poniendo todo su tejido técnico y científico en acción. En este país, que carecemos de un tejido así, nos ha costado semanas desarrollar tanto la infraestructura como los protocolos analíticos para hacer los test rápidos de manera masiva.

Dejadnos acabar esta vez con un grito. La única forma de enfrentarnos con éxito a esta crisis y a otros cisnes negros que, con frecuencia creciente, vendrán en el futuro es Con Más Ciencia, y eso sólo puede suceder si se incrementa y se reestructura radicalmente su financiación y gestión. Es simple. Es crudo. No hay milagros gratis y urgentes para este tipo de crisis. Ni siquiera para una personal sanitario, de seguridad y científico comprometido y austero, curtido en la infinita trinchera en que se ha convertido el servicio público en nuestro país.

España, como todos los países de su entorno y prácticamente el mundo entero, se afana en contener la transmisión del coronavirus. El motivo ha sido explicado tanto que es difícil que no lo conozcan ya todos. Investigadores, divulgadores, redes sociales y medios de comunicación detallan de forma lo más accesible posible por qué, aunque no se consiga contener la pandemia, es esencial retrasar la ola de infecciones para que el (moderado) porcentaje de casos que necesitan atención hospitalaria no desborde la capacidad de los sistemas de salud, disparando la mortalidad.

Es esta una crisis llena de incertidumbres, en la que resulta difícil tomar decisiones a pesar de contar con el apoyo de expertos epidemiólogos. Sin embargo, hay una serie de precedentes que indican claramente qué elementos fueron esenciales para que la tasa de mortalidad de epidemias similares se disparara o fuera controlada. El primero: asegurarse de que autoridades y medios sean honestos, trasparentes y se apoyen en la evidencia científica – tanto la preexistente como la que se va generando en tiempo real. Y el segundo: aplicar el principio de precaución, evitando arriesgarse a tomar medidas que, de basarse en las premisas equivocadas, puedan tener efectos devastadores o irreversibles.

La gran mayoría de los gobiernos europeos y asiáticos están implementando medidas de distanciamiento social que van desde la suspensión de eventos públicos al cierre de colegios, parques y locales de ocio, así como el confinamiento en los hogares. Los modelos de transmisión del coronavirus indican que las restricciones del tráfico de personas entre regiones, imprescindibles para limitar la expansión geográfica del virus, necesitan combinarse con una reducción drástica del contagio intracomunitario para ralentizar el avance del virus a la vez que la población se inmuniza. Esta estrategia ha sido particularmente exitosa en los países que han adoptado medidas drásticas de forma muy temprana, como Singapur, Hong Kong y Corea del Sur. Todo ello, claro está, con un elevado coste económico y social que hace que la decisión de cuándo iniciarlas y finalizarlas sea particularmente compleja.

Hay, sin embargo, un gobierno que ha decidido tomar un enfoque muy diferente. El gobierno del Reino Unido, presidido por Boris Johnson, ha defendido durante semanas que es mejor no actuar para contener la infección y permitir que esta se extienda a la mayor parte de la población. Para justificar esa decisión ante sus conciudadanos, ha aplicado una racionalización más cercana a la propaganda política que a la evidencia científica: argumenta que, una vez esté infectado el 60% de la población, el resto estará protegido por la llamada “inmunidad de grupo” (herd inmunity en inglés). Un concepto que se aplica a las vacunas (que, mediante fragmentos inactivos de virus, permiten ganar inmunidad a la población) pero que resulta temerario extrapolar al avance de un virus activo y aún muy desconocido. Apoyándose en este concepto y en simulaciones epidemiológicas que no han sido hechas públicas (a pesar de haberlo reclamado reiteradamente la comunidad científica), tanto el primer ministro como los comunicadores de su gobierno empezaron a preparar a la población para que asumieran parte del coste que se avecina: la pérdida de seres queridos, principalmente aquellos que pertenecen a grupos de riesgo (personas mayores, inmunodeprimidas, con afecciones respiratorias o cardíacas – y aquellos con menos recursos).

Las implicaciones de esta estrategia pueden ser devastadoras. Como han explicado expertos y medios de comunicación británicos, alcanzar un 60% de infectados de forma incontrolada tendrá, probablemente, un coste desproporcionado en vidas humanas. Según la epidemióloga Seema Jasmin, el Reino Unido podría llegar a tener 39.6 millones de infectados que, guiándonos por los datos disponibles hasta la fecha, resultaría en un 13.8% (alrededor de 5.5 millones) de hospitalizados con complicaciones severas, de los que 1.86 millones (un 4.7%) serán enfermos críticos y más de 270.000 (un 0.7%) morirán. Una mortalidad claramente inaceptable, incluso ignorando los efectos a largo plazo sobre los enfermos críticos que sobrevivan y el efecto que la sobresaturación del sistema sanitario tendrá sobre la supervivencia de quienes tienen otras dolencias graves.

Estos cálculos, aunque brutales, pueden considerarse optimistas si nos guiamos por las tasas de letalidad (case fatality rates) obtenidas en los países en los que ya ha habido varios miles de infectados, que son muy superiores al 0.7%. Esa tasa coincide con la observada en China fuera de la región de Wuhan, epicentro de la epidemia, donde la mortalidad fue ocho veces superior (5.8%); y con la observada en los momentos más tardíos de la epidemia (posteriores al 1 de febrero), que llegó a alcanzar una mortalidad 25 veces superior (17.3%) en los momentos iniciales (1-10 de enero). De ser aplicable la tasa de mortalidad global (estimada en un 2.3% por el mismo estudio del CCDC del que Seema Jasmin tomó las proporciones de infecciones graves y críticas anteriores), la mortalidad en el Reino Unido podría acercarse al millón de personas. Una estima más razonable para un sistema de salud europeo podría ser la mortalidad actual en Italia y España. Si es así, las noticias son igualmente preocupantes: debido a factores como la elevada edad de su población (el 23% de sus habitantes tienen 65 años o más) y la elevada concentración geográfica de los casos (con la consiguiente sobrecarga del sistema de salud), la tasa de mortalidad en Italia es sensiblementesuperior a la media global (estimada por la WHO en un 3.4%). Con todas estas cifras, la mortalidad esperable en el Reino Unido podría estar más cerca del millón largo que de los cientos de miles de personas.

Todo esto, sin tener en cuenta el efecto que podría tener el colapso del sistema de salud causado por las elevadas tasas de trasmisión del virus asociadas a una estrategia de “dejar hacer” hasta que se establezca inmunidad de grupo. Tras años de recortes por los gobiernos conservadores previos y el actual, el sistema de salud británico, que cuenta con aprox. “78.000 médicos de cabecera, 111.000 doctores (HCHS doctors) y 300.000 enfermeras/matronas, reconoce hace tiempo que carece de personal suficiente y se satura anualmente cuando tiene que atender a los casos habituales de gripe estacional – cuyo número es, debido a la resistencia ya presente en la población y a la vacunación, muy inferior a los casos esperables de coronavirus, y tan solo resulta en decenas de miles de hospitalizaciones y una media de 600 muertos por año (aunque puede llegar a superar los 10.000, como ocurrió en la pandemia de 2008-2009). La perspectiva de atender varios millones de hospitalizaciones por complicaciones severas del coronavirus, que incluirían entre uno y dos millones de enfermos críticos, resultará de forma muy probable en el filtrado y rechazo de muchos de esos casos. Ante esa atención deficiente no es difícil imaginar que las personas mayores, los pacientes más graves y aquellos con condiciones previas mostrarán tasas de mortalidad superiores a los de Corea del Sur o incluso al promedio global, para acercarse e incluso superar los de Italia o Wuhan. De hecho, los médicos del NHS reconocen que, preparándose para la posibilidad de que el número de pacientes sobrepase a sus capacidades, están estableciendo procedimientos para determinar qué pacientes tendrán acceso a sus infraestructuras críticas (como camas o respiradores) y quienes lo verán denegado, priorizando a aquellos con mayor probabilidad de sobrevivir, tal y como está ocurriendo ya en Italia debido al retraso en la toma de medidas drásticas de contención. Y esto sin tener en cuenta el impacto en la salud de los trabajadores del sistema sanitario, cuya infección progresiva mermará aún más la capacidad de acción del sistema sanitario.

Los defensores de la estrategia del gobierno de Boris Johnson argumentan que ésta se basa en una visión a largo plazo, y acusan a las estrategias de distanciamiento social de cortoplacistas. Su argumento se basa en tres factores. En primer lugar, en la posibilidad de que la tasa de mortalidad sea mucho menor a las estimas actuales, al haber una proporción muy elevada de infecciones que no llegan a detectarse. Esta es una posibilidad real, porque tanto en China como en los países donde ya hay un número elevado de casos detectados (como Irán, Italia o España), el precio y disponibilidad de los tests hacen que no lleguen a comprobarse mediante análisis la gran mayoría de los casos con síntomas compatibles con coronavirus – sino tan solo aquellos con síntomas graves que precisan de hospitalización o los pertenecientes a grupos de riesgo. Sin embargo, los datos de Corea del Sur, donde la disponibilidad de un sistema de salud público y gratuito y la experiencia de epidemias anteriores ha permitido que se realice un esfuerzo analítico sin parangón en otros países (casi 250.000 individuos), sugieren que la tasa real de fatalidad difícilmente será muy inferior al 0.6%.

En segundo lugar, la estrategia se basa en la premisa de que todos los afectados desarrollarán inmunidad duradera al virus y no sufrirán, por tanto, reinfecciones. Esta premisa puede parecer razonable basándose en la experiencia con virus similares, pero no hay evidencia clara de que se vaya a cumplir (otros coronavirus que circulan regularmente en humanos causando resfirados comunes, OC43 and HKU1, provocan inmunidad de duración inferior a un año). De hecho, se han detectado varios casos de reinfecciones de pacientes tras ser dados de alta, aunque no se ha podido descartar que se tratara de remanentes de la infección anterior (pequeños núcleos durmientes de infección) que se reactivaron tras el alta. La ausencia de inmunidad a medio-largo plazo en la totalidad o parte de la población sería problemática en los países que apuestan por contener temporalmente la infección, pero resultaría desastrosa con el enfoque británico – ya que, además de asumir los brutales costes de una infección rápida, no se alcanzaría la inmunidad de grupo.

En tercer lugar, la estrategia de tolerar tasas altas de infección para construir inmunidad de grupo tiene como objetivo principal prevenir un repunte estacional del virus, cuando pase el verano y las condiciones vuelvan a adecuadas para proliferación. Como en las premisas anteriores, no hay ninguna evidencia de que esto vaya a ser así. Aunque otros coronavirus muestran picos estacionales en invierno, cuando el descenso en temperatura y humedad favorece su transmisión, también hay estudios que predicen que podrá proliferar en cualquier momento del año.

Todo esto quiere decir que la estrategia británica es una arriesgada apuesta que, de salir mal, tendrá un coste desproporcionado. Es posible que las incertidumbres mencionadas jueguen a favor del pueblo británico, y una improbable pero no imposible combinación de moderada tasa de infección, baja mortalidad y una inmunidad adquirida generalizada resulten en un número de hospitalizaciones abarcable por el sistema de salud, y en niveles de mortalidad aceptables para una epidemia de este tipo. Pero no dejan de ser premisas extremadamente optimistas cuyo uso no parece prudente. El riesgo, en caso contrario, es tan elevado que el principio de precaución más elemental debería hacerlo inasumible. De fallar su apuesta, el Reino Unido no solo se enfrentará a un número elevadísimo de enfermos graves, a los que un sistema de salud inhumano aplicará protocolos que elegirán quien recibe tratamiento y quien es enviado a casa a morir. También se convertirá en un foco ingente de la pandemia global, que pondrá en peligro las estrategias de contención y tratamiento extendido en el tiempo de los países circundantes, lo que les obligará a someter al Reino Unido a un bloqueo completo a la circulación de bienes y personas. El impacto de todo esto en la economía, que representaba el interés prioritario de quienes han diseñado esta estrategia, será sin duda mucho mayor que el de las medidas de contención que se resisten a aplicar.

El enfoque del gobierno británico busca también anticiparse a una posible mutación del virus que, como ocurrió con la gripe española, lo haga mucho más letal, con efectos potencialmente devastadores. Si se alcanzara inmunidad de grupo antes de que la mutación ocurra, estaríamos ya protegidos frente a esa posibilidad. Pero este planteamiento ignora el hecho de que la probabilidad de dicha mutación aumenta rápidamente con el número de infectados por el virus. Una vez más, resulta más sensato ralentizar la expansión del virus, dando tiempo al desarrollo de potenciales vacunas, nuevos medicamentos y terapias, y al refuerzo de nuestro sistema de salud. El hecho de que la extensión sin control de la primera oleada de gripe española no sirviera para proteger a la población de la nueva y letal variedad que apareció después proporciona un ejemplo ilustrativo de los riesgos de esta apuesta.

Para apuntalar esta estrategia, han utilizado otro concepto tomado de la literatura científica pero de validez muy dudosa para esta situación – argumentando que iniciar de forma temprana las medidas de distanciamiento social reduciría su eficacia al causar “fatiga cognitiva” de la población. Este controvertido concepto, cuya carga de evidencia tampoco ha sido hecha pública, es la aportación de Behavioural Insights Team, una compañía privada de científicos del comportamiento que asesora al gobierno, y ha sido cuestionada ampliamente en una carta abierta escrita por 229 científicos de universidades británicas.

Algunos analistas han señalado ya que la estrategia del gobierno británico no es “dejar hacer”, como han defendido sus máximos representantes, y que la tormenta desatada debe achacarse a una pésima estrategia de comunicación. Argumentan, de hecho, que el plan de acción contra el coronavirus no incluye ninguna referencia a la inmunidad de grupo. Haya sido la “inmunidad de grupo” una estrategia de acción o solo de comunicación, parece claro que ha sido diseñada y aceptada por unos políticos que no solo carecen de educación científica, sino que desconfían del consenso científico y prefieren seleccionar aquellos expertos cuya opinión coincide con sus prejuicios. Algo que, por cierto, también han defendido algunos en España, reclamando “liderazgo político” frente al “parapeto” de la ciencia. Preocupado exclusivamente por el efecto que las medidas de contención puedan tener sobre la economía, el gobierno de Johnson no ha tenido problemas en pedir a sus ciudadanos que asuman un nivel de sufrimiento que podría resultar desproporcionado. Para ello, han apelado a evidencia científica que no han hecho pública y han secuestrado conceptos inaplicables a esta situación actual, convirtiéndolos en un mero eslogan político. El apoyo de unos tabloides que ya han demostrado no tener escrúpulos en mentir a sus lectores y el recurso al sentimiento de superioridad frente a los países del sur han formado, por desgracia, parte esencial de esta campaña negacionista. Como ocurrió en los momentos iniciales de la crisis en otros países, hay muchos ciudadanos que están dispuestos a aceptar cualquier mentira que coincida con sus deseos.

Por suerte, Boris Johnson ha empezado ya a reconsiderar esta estrategia. Como ya le ha ocurrido a Donald Trump, en cuanto ha empezado a revelarse la escala del problema la presión del establishment económico y la amenaza de un más que probable aislamiento impuesto desde el exteriorhan acabado obligándole a rectificar e introducir las tan necesarias medidas de distanciamiento social. Como evidencia del desgobierno que caracteriza las acciones de Boris Johnson, este lunes 16 de Marzo estaba dando un giro de 180 grados a su estrategia, introduciendo medidas moderadas de distanciamiento social (recomendando el teletrabajo, no ir a los pubs y abandonar los planes de viaje). Los problemas de comunicación revelan ahora sus consecuencias: después de semanas de defender lo contrario, la introducción de esta medidas está siendo “atacada brutalmente” por la industria hostelera y del ocio.

Por desgracia, para cuando este golpe de timón haya surtido efecto se habrá perdido un tiempo precioso, que involucrará un coste innecesario en vidas humanas, dinero y sufrimiento a la población más allá de las fronteras del Reino Unido. Como si no bastara con el Brexit…

La carrera científica es una carrera de obstáculos para cualquiera, pero especialmente para las mujeres. La cuestión no es cómo tan pocas mujeres consiguen encontrar un lugar profesional en la ciencia, sino cómo esas pocas lo han conseguido pese a las enormes dificultades que han tenido que afrontar. Las mujeres que lo consiguen lo hacen porque son con frecuencia mejores que sus equivalentes masculinos, y, probablemente, porque han trabajado más horas y han hecho más sacrificios que ellos al tener que combinar lo profesional con lo personal. Pero nadie tendría que verse obligado a elegir entre la vida personal y el trabajo, y las mujeres investigadoras son sometidas a esta disyuntiva todo el tiempo. De hecho, la principal queja de las mujeres en ciencia es una y otra vez la absoluta falta de conciliación entre la vida laboral y familiar. Todo parece hecho a medida para dejarlas atrás.

Las cifras muestran que hay pocas mujeres en ciencia y hay varias circunstancias que lo explican y comienzan desde la más tierna infancia. Las niñas con sólo 6 años se sienten menos brillantes y más incapaces de destacar en los campos de la ciencia y la tecnología. Según apunta el informe PISA, los padres tienen menos expectativas puestas en ellas e incluso se ha demostrado que los docentes las evalúan peor en las asignaturas científicas y técnicas. A esto se suma el llamado efecto Matilda, que no es más que la invisibilización de la labor de las mujeres científicas a lo largo de la historia, y que hace que las niñas carezcan de referentes relevantes en los que buscar inspiración.

Los gobiernos se obsesionan con alimentar las vocaciones de las niñas: dar charlas en los institutos, ir a los colegios a hablar de ciencia, mostrar la labor de científicas ignoradas por la historia, etc… El presidente Sánchez anunció el pasado año una medida para favorecer que las jóvenes accedieran a los STEM (estudios universitarios científico-tecnológicos): ofrecer el primer año de carrera gratuito. Pero ¿para qué? Las estadísticas demuestran que las chicas que quieren estudiar ciencias no tienen grandes problemas para acceder a estudios superiores, y más desde que existen becas; no es una cuestión monetaria. El problema es encontrar salidas laborales a las carreras científicas, no entradas. ¿De qué sirve que haya más jóvenes que estudian carreras técnicas si una vez terminada una licenciatura o un doctorado ya no hay trabajo para ellas? Las chicas jóvenes miran con lupa qué trabajo les va a permitir hacer una carrera profesional compatible con la vida, ninguna quiere una que les robe su juventud, sus energías y sus ilusiones para no llegar finalmente a nada. Y lo que ven las jóvenes y no tan jóvenes es que aunque se licencien con nota y se doctoren cum laude, nunca es suficiente. Los trabajos estables y de calidad son para sus compañeros varones.

¿Pero es solamente por su menor presencia en las carreras más técnicas que las mujeres están infrarrepresentadas en el sistema científico? ¿Cambiaría la situación en caso de que hubiera más mujeres que estudiaran dichas carreras? El hecho es que ya hay otras carreras científicas en las que las mujeres son mayoría de licenciadas y tienen mejores expedientes académicos. Sin embargo estadísticas del CSIC demuestran, año tras año, que llegado un cierto nivel profesional, concretamente a partir del período postdoctoral, las mujeres van desapareciendo (y abandonando) y los hombres copan la mayoría de puestos de responsabilidad. Se genera lo que las especialistas llaman un gráfico de tijera, que el resto de mortales conocemos como techo de cristal: no acceden por ser mujeres, sin más. Y no es una exageración; un conocido estudio realizado en Princeton y publicado en la prestigiosa revista PNAS demostró que el mismo currículo es evaluado muy inferiormente por el simple hecho de llevar nombre de mujer; es conocido como el caso Jennifer y John. Otros estudios similares concluyeron exactamente lo mismo. Desafortunadamente, las mujeres que evalúan se comportan igual que sus compañeros varones y no parecen muy dispuestas a dar oportunidades.

Alimentar vocaciones en las niñas es, por tanto, puro postureo: si luego les vamos a negar un trabajo y a la hora de la verdad las mujeres se quedan fuera de la carrera científica u ocupan lugares secundarios dentro de ella, no vamos a convencerlas de que la ciencia es un campo profesional con futuro, más aún si los referentes de éxito continúan siendo figuras masculinas. Estas políticas resultarían alentadoras si se hiciera un esfuerzo paralelo en promover políticas de empleo que no discriminen mujeres, en particular su acceso a altos cargos. Si las niñas ven que, con idénticos estudios, papá es científico y mamá es técnico de laboratorio, tendrán la sensación de que como científicas no van a llegar muy lejos.

Hay campos técnicos especialmente adversos para las mujeres. Comentaba una estudiante de ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid que su profesor les espetó directamente en sus narices que esa carrera no es para mujeres y que ella no iba a aprobar su asignatura. Esos exabruptos machistas son el día a día de las mujeres en la universidad. Algunas lo aguantarán todo por su vocación y seguirán adelante; a otras les parecerá que claramente no merece la pena el triple esfuerzo y la humillación. Pero además de esas situaciones claramente discriminatorias, hay todo un rango de situaciones difíciles de clasificar que van tejiendo una red casi invisible a las cual las niñas y las mujeres se van enfrentando al largo de su vida. No hay más que comprobar cómo las mujeres se ven abocadas a menudo a cubrir los roles más administrativos o relacionados con la enseñanza porque se considera que son buenas secretarias, organizadoras o maestras. Por ejemplo, en las reuniones es mucho más común que una mujer (no importa el cargo) sea la que toma notas.

Este tipo de situaciones de desigualdad sistémica son probablemente las que alimentan el síndrome del impostor que, aunque no es exclusivo de ellas, se comporta como una plaga entre las mujeres: frente a la aparente seguridad, la frecuente soberbia y la competitividad masculina (los hombres, al contrario que las mujeres, tienden a exagerar sus capacidades, e incluso a ocultar sus inseguridades) la mujer se siente inferior, siente que no merece el lugar que ocupa. Este es un punto central: ¿no sería la ciencia de mejor calidad si todos los científicos tuvieran mayor capacidad de auto-crítica?, ¿si fueran capaces de revisar sus datos una y otra vez, para llegar a conclusiones con parsimonia y contemplando todas las posibilidades? Aparentemente estas son características más femeninas que masculinas. Entonces, no estaría de más que adaptáramos las formas de evaluación de la ciencia para que estas actitudes, y las personas que las incorporan, fueran bien evaluadas.

¿Por qué no dejamos de echarle la culpa a las niñas de que no se interesen por la ciencia? ¿Por qué no se deja de acusar a las mujeres científicas de que no se esfuerzan lo suficiente, o de que no tienen bastante vocación? ¿Por qué no empezamos a preguntarles a los responsables de las instituciones cómo es que las mujeres presentan mejores expedientes académicos que sus compañeros masculinos y sin embargo no acceden con igualdad a los puestos relevantes? ¿Por qué no empezamos a pedir explicaciones de por qué tener familia destruye la carrera profesional de las mujeres mientras que impulsa la de los hombres? Los científicos somos muy sensibles a las evidencias; pero a veces estas evidencias no se quieren ver. Si no, ya habría una política de cuotas y de conciliación eficiente para la carrera científica.

No parece que en general los hombres en la academia, y siempre hay excepciones para todo, estén haciendo grandes esfuerzos por cambiar todo esto. Francamente, están imbuidos en su dinámica de alta competición, y una dinámica así no da para pensar en nada más que en “sálvese quien pueda”. Quieran o no, los identifiquen o no, los hombres gozan de ciertos privilegios por el simple hecho de ser hombres. A las mujeres les resulta difícil acceder a la competición académica y además cuando compiten sus esfuerzos no se reconocen fácilmente. Las instituciones no se han dignado todavía a reconocer el mérito de tantas científicas olvidadas. Entre losNobel ignorados hay flagrantes olvidos de mujeres. La academia sueca no le va a conceder a Rosalind Franklin, por ejemplo, el Nobel que merece, ni siquiera a título póstumo.

Es de una gran hipocresía insistir en crear vocaciones en las niñas y animar a las jóvenes a estudiar carreras de ciencias. Es un engaño estimular a las jóvenes licenciadas a iniciar una carrera profesional en la ciencia, o a las doctoras a viajar por el mundo para completar su formación, cuando al final no van a entrar en los mejores puestos. A pesar de todo, muchas mujeres harán el esfuerzo, esa es la enorme dimensión de su vocación.

Que haya algunas mujeres que consigan un puesto relevante en el mundo académico, bien sea comportándose igual que los hombres, o por su enorme sacrificio, o por un afortunado golpe de suerte, o por su extraordinario talento… solo demuestra que las mujeres tienen que poner mucho más de sí mismas que sus compañeros para llegar al mismo sitio. Son tantas las barreras y tan grueso el techo de cristal que una gran parte de las mujeres que entran en ciencia se rinde y el sistema se perpetúa. El sistema es patriarcal y tóxico, no nos sorprendamos entonces de sus resultados. Tendremos que aplicar fórmulas distintas si queremos que el producto cambie; no podemos ni debemos perder la esperanza. Como decía Einstein: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”.

La Biología Molecular se nos ha quedado huérfana. Hemos despedido a Margarita Salas, una de nuestras científicas más ilustres, una investigadora incansable, un icono inspirador para toda una generación de científicas y científicos españoles. Nos deja un legado sobre el que podemos, todas y todos, auparnos 'en hombros de gigantas', y supone un ejemplo que ayuda a dar seguridad y confianza a todas las jóvenes que planean, inician o desarrollan ahora su carrera científica. 

Gracias al estudio de un virus que infecta bacterias, phi29, Margarita contribuyó de forma crucial a entender el mecanismo de copia del ADN. Consiguió un enorme éxito, reconocimiento mundial y una considerable contribución a la caja común; de hecho, es creadora de una de las patentes más rentables de la historia de España. Se granjeó el prestigio y el reconocimiento de la comunidad científica internacional a base de tesón y de trabajo duro.

Ningún techo de cristal (y, en su país y en su época, había muchos) consiguió detener su arrollador talento y sus ganas de descubrir, porque, además, Margarita fue una persona afortunada: pudo estudiar una carrera universitaria en unos años oscuros para España, y tuvo una familia que comprendió perfectamente su pasión por la investigación y la apoyó en todo momento. Este hecho, que hoy parece nimio, era bastante inusual en aquella época. Y en el momento más adecuado de su carrera se cruzó en su camino el genial Severo Ochoa, lo que cambió irremediablemente su destino; he aquí otro golpe de suerte. 

Nosotros, por nuestra parte, hemos tenido la enorme fortuna de contar con ella y de que pudiera cumplir su deseo de seguir investigando hasta el final de sus días. Su espíritu inquieto nos ha dejado un vasto legado científico, motivo de orgullo para todos, como una huella imborrable. De su trayectoria extraemos además una valiosa lección: cuando las dificultades no se interponen (o más bien, en cuanto dejan el más mínimo resquicio), el talento femenino también alcanza las más altas cumbres. El camino que abrieron con valentía las que combinaron fortuna y buen hacer como Margarita debe servir para ver el potencial que existe si quitamos la fortuna de la ecuación y garantizamos un acceso a la carrera científica y a un ambiente de trabajo igualitario. 

Como casi cada año, este verano hemos vuelto a ser testigos de un nuevo coro de críticas a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el organismo encargado de mejorar la gestión de la calidad en las Universidades españolas. Durante varias semanas, la ANECA ha acaparado titulares y noticias. Todos tirando piedras contra ella porque una serie de buenos investigadores no han recibido la acreditación para catedráticos. Tono de escándalo y desesperanza en afectados y periodistas. Propuestas de revisión de los procedimientos, o incluso de cierre, de la Agencia y estupor en los que están fuera de nuestras universidades públicas. Sí, es cierto, no parece razonable lo que ha ocurrido, y podemos concluir que hay que revisar y mejorar los procedimientos de evaluación. Pero tampoco se puede dejar de reconocer lo que las acreditaciones han supuesto para un tejido universitario que, tras cuarenta años de franquismo, estaba profundamente afectado por los tan ibéricos vicios del nepotismo, la endogamia y el provincianismo académico. ¡Memoria, por favor!

Debe ser como el mito del escorpión, va en nuestra naturaleza picar y, en este caso, olvidar de dónde venimos y lo que el sistema de acreditación ha supuesto. El sistema actual de evaluación está plagado de problemas, sin duda. Pero debemos recordar por qué se lanzó y cuál era el desierto que exigió a gritos algo similar a lo que tenemos con la ANECA. Y debemos también reconocer que la mayoría de esos problemas no proviene sino de la inercia del sistema anterior, el mismo que trataba de corregir, y que se puso rápidamente en movimiento para descafeinar cada incremento de exigencia que iba tratando de incorporar la Agencia. Y que reformar la ANECA o suprimirla no va a solucionar los tres principales problemas del sistema español de contratación del profesorado universitario: la burocratización, la incoherencia legislativa y la endogamia.

El sistema de acreditación simplemente proponía dar una etiqueta de reconocimiento a aquellos trabajadores del ámbito universitario que presentasen hechos objetivos para que se les reconociera su desempeño, superando unos mínimos bien definidos. De esta manera se trataba de evitar lo que había sido la norma hasta entonces, y el camino para desarrollar una carrera en la universidad española de mediados del siglo XX: la pleitesía, la lealtad, el respeto irracional al maestro (lo sentimos, pero casi siempre eran hombres) y su resultado más fácil de detectar y que sigue poniendo en pie de guerra a toda la sociedad: la endogamia casi absoluta. Un sistema que tejía una red de dependencias que garantizaba el futuro profesional de los que aceptaban las reglas del juego y que convertía (y aun convierte) a nuestra universidad en una de las peores del llamado mundo desarrollado.

Visto en perspectiva, la propuesta de acreditación era muy sencilla. Para poder presentarte a cualquier plaza tanto de contratado como de funcionario, había primero que superar unos mínimos que evaluaba una agencia externa con unas métricas bien definidas y que otorgaba una especie de “certificado de calidad” que había que presentar a la hora de concursar. Esto supuso un cambio revolucionario. Algunas áreas de conocimiento, especialmente las científicas, estaban bien preparadas para abordar el reto porque en su dinámica ya se comenzaban a reconocer de forma generalizada los méritos que se tenían en cuenta ahí fuera; pero en muchas áreas, la mayoría diríamos, esas métricas estaban muy alejadas de esos mínimos básicos.

El sistema obligó a que la gente tuviera que estar acreditada. Simple y contundente. El contrato sólo podría ir a gente acreditada, no podría ser tan exasperante como antes. Al menos tendría que tener unos mínimos y alguien externo lo evaluaría. Se olvida ahora que este tipo de pequeños logros fue lo que ayudó a que nuestra universidad cambiase de forma muy positiva y que comenzasen a moverse cosas en algunas áreas extremadamente recalcitrantes en su quehacer.

Y, si, claro que hubo disfunciones. Las métricas no eran todo lo explícitas que a uno le hubiera gustado y en la evaluación había espacio para la interpretación, lo que produjo algunos errores flagrantes, que llevaron a buenos profesionales de la universidad a verse excluidos del sistema. En buena parte, se debió a que el sistema se apoyó en la estructura burocrática disponible en ese momento: la posesión por parte del candidato de los denominados tramos de investigación (sexenios en la jerga), un sistema para obtener un complemento económico de productividad científica, diseñado para identificar un umbral mínimo de desempeño pero que no diferencia con precisión a quienes superan apenas ese umbral de quienes lo superan con creces. Esto hizo que, en algunos casos, la acreditación fuera una simple cuestión de antigüedad. Y conforme la ruptura del dique impuesto por la endogamia iba haciendo el acceso a la universidad cada vez más competitivo, más insuficiente se reveló este criterio.

Por supuesto que el sistema necesita ser modificado y hay mucho espacio en ese sentido que no ha sido completado por los últimos responsables de la agencia. Para ser catedrático es necesario tener experiencia en los tres pilares básicos de la actividad académica: investigación, claro que sí, pero también gestión y, sobre todo, docencia. Pero no parece justo exigir un desempeño excelente en los tres a la vez. No cabe duda de que somos finitos y que dedicar tiempo a uno de estos pilares, limita el alcance y desarrollo de los otros. Es posible que un excelente investigador deba de ser reconocido con la acreditación, aunque no tenga mérito en los otros pilares; pero también, un docente sin investigación o un gestor universitario de buen hacer. Difícil de resolver, con el sistema actual. Pero no tanto si vamos incorporando los criterios que usan las universidades de los países de nuestro entorno: una evaluación más detallada, progresiva y objetiva de la calidad científica; una evaluación objetiva de la calidad docente, que no se base exclusivamente en la acumulación de años sino en una combinación de evaluaciones por alumnos, peers y evaluadores especializados; y una evaluación más equilibrada de la actividad de gestión (que, por cierto, se incluye ya en los méritos reconocibles para los sexenios).

Si nuestras universidades y nuestro tejido académico estuvieran bien engrasados, lo lógico sería ceder esa responsabilidad a instituciones como la ANECA. Pero, no nos engañemos, buena parte de nuestros docentes e investigadores a duras penas pasarían un examen externo de calidad y muchos departamentos son auténticos desiertos científicos. Y son precisamente esos departamentos los que tienden a perpetuar un funcionamiento inaceptable mediante el amaño de contratos y oposiciones y, en suma, la endogamia. En esas condiciones parece necesario mantener un sistema de acreditación externo. Aunque se produzcan errores como los puestos sobre la palestra por la prensa.

Los pactos que han suscrito los tres partidos de la derecha española para sacar de su puesto a la última alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, van completamente en contra de las directrices y acuerdos internacionales que ha firmado España en general y Madrid en particular en materia de medio ambiente y salud. Estos pactos, que pueden verse resumidos aquí y  aquí, van más allá de saltarse acuerdos internacionales como el de París sobre cambio climático, o las directivas europeas en esta materia que Bruselas nos recuerda constantemente. Se saltan la evidencia científica sobre los problemas para la salud tanto de las personas como del planeta que se generan con el tráfico anterior a Madrid Central. Eliminar Madrid Central, soterrar la Gran Vía, construir infraestructuras en Madrid Norte o en la A-5 que pretenden incrementar el tráfico en el centro de esta gran ciudad son propuestas insostenibles en pleno siglo XXI, por mucho que hayan sido promesas electorales.

Estas propuestas, negando la contribución de Madrid al cambio climático y el impacto de una atmósfera sucia sobre la salud, van exactamente en contra de todos los acuerdos entre los alcaldes de las principales ciudades del mundo y en contra de todas las iniciativas que aglutinan ciudades de distintas regiones del planeta. Porque no hay ni una sola red o consorcio o agrupación de ciudades que se hayan reunido para emitir más carbono a la atmósfera, para exponer más a las personas a las partículas y gases resultantes de la quema de combustibles fósiles, ni para facilitar el tráfico de un número creciente de vehículos a expensas de contaminar localmente y activar el calentamiento de la atmósfera a nivel global. Ni una. Y existen muchas para todo lo contrario, como el pacto global de los alcaldes del mundo o la red C40 y el CDP-Cities a nivel internacional y la Red Española de Ciudades por el Clima a nivel nacional. Redes estas últimas en las que, como es lógico, está Madrid. ¿Pensará el nuevo equipo municipal dar de baja a Madrid en todas estas alianzas, redes y pactos nacionales e internacionales por la salud de las personas y del planeta?

El 1 de julio es la fecha anunciada para suspender Madrid Central. Eso a pesar de que la medida ha servido para reducir los niveles de óxidos de nitrógeno en 14 de las 24 estaciones y de que, en promedio, las concentraciones de este peligroso contaminante atmosférico se han reducido una quinta parte. De hecho, los valores de dióxido de nitrógeno y de partículas sólidas en Madrid Central durante los meses de abril y mayo de 2019 han registrado los mínimos históricos en tan sólo seis meses de funcionamiento y el temido efecto borde o frontera, por el cual las zonas aledañas a Madrid Central verían incrementada la contaminación, no sólo no se ha registrado sino que más bien al contrario, las zonas próximas a Madrid Central han mejorado también su salud atmosférica.  Recordemos además que Madrid Central es, con diferencia, una de las Zonas de Bajas Emisiones más pequeñas de las establecidas en las principales capitales europeas. Como mostraba un artículo reciente de Ballena Blanca, es más de cuatro veces menor que la de Ámsterdam –que tiene la cuarta parte de habitantes que Madrid-, casi 19 veces menor que la de Berlín –que sólo es un 10% mayor que Madrid-, y ¡1,580 veces menor! que la de Londres, una ciudad que triplica la población de la capital de España. Todo este disparate generado por el anuncio del nuevo equipo municipal ha generado una rápida e intensa reacción social, con diversas iniciativas populares en marcha para detener la reversión de Madrid Central, entre las que se encuentra la de change.org  

Las ciudades tienen una responsabilidad mayúscula sobre el cambio climático que ya estamos experimentando y que evoluciona a alarmante velocidad. En las ciudades se reúne ya a la mayor parte de la población humana y la ONU prevé que el 68% de las personas vivirán en ciudades para el 2050. Las ciudades consumen más del 66% de la energía global y emiten más del 70% de los gases con efecto invernadero.  La idea de cerrar Madrid Central no sólo subordina el derecho de los madrileños a respirar aire limpio ante el derecho de los propietarios de coches de circular por la ciudad, sino que anula en gran medida los esfuerzos por atenuar la huella ambiental de Madrid y su profundo impacto en relación al cambio climático. ¿Qué criterios han podido mover al tripartito de la derecha a hacer promesas electorales primero, y a intentar materializarlas después, en dirección contraria al conocimiento científico y a todos los acuerdos y directivas internacionales?

Las propuestas firmadas por el nuevo equipo al mando del ayuntamiento parecen ideadas para un sistema fuera de nuestro planeta, en el que una ciudad como Madrid se regiría por unas extrañas leyes físicas, completamente diferentes a las que se verifican en todo el universo conocido desde la cuenca del río Manzanares hasta la Vía Láctea, incluyendo, sin ninguna duda, a la mismísima Gran Vía. ¿Quién podrá ayudar a detener estas propuestas? ¿Quién podrá recordarle al flamante alcalde de Madrid que antes de atenerse a la normativa vigente o a la que decidan hacer vigente, Madrid se rige y se regirá por las leyes de la termodinámica, la química y la biología? En Madrid al menos 14 personas mueren cada día debido a la contaminación, y otras muchas ven mermada significativamente su calidad de vida debido a enfermedades coronarias y respiratorias, y a multitud de otros problemas que afectan especialmente a niños y mujeres embarazadas (ver aquí y aquí). ¿Quién podrá hacer ver a los ediles del tripartito de derechas que preocuparse por las madrileñas y los madrileños pasa por solucionar los episodios cada vez más intensos de contaminación y por atenuar la huella ambiental de Madrid?

Pasada la fiebre electoral, convendría seguir el asesoramiento de expertos en química y dinámica atmosférica, en salud y en cambio climático. Hay demasiado en juego para dejarse llevar por oportunidades económicas efímeras o por impulsos partidistas.

La mitología asociada a la ciencia y a los profesionales de la ciencia es gigantesca. Para hacernos una idea basta recordar ese estereotipo de científico que aparece en las películas: un señor, hombre por supuesto, canoso y de pelo revuelto, con un matraz humeante en la mano, una pizarra detrás llena de ecuaciones, extraordinariamente distraído y vestido con una bata blanca. En realidad, los científicos somos tan diversos como ocurre en el resto de actividades humanas y nuestro único denominador común es que generamos conocimiento que, normalmente, sintetizamos en publicaciones científicas. 

Así resumido es muy desmotivador y probablemente muy poco romántico, pero es la verdad. Lo que hacemos es publicar lo que somos capaces de ir resolviendo para que el resto de nuestros colegas puedan ir subiendo el listón de lo conocido con nuestra contribución. Poco glamuroso, pero es una visión realista y profesional. No somos superhéroes, sólo artesanos de la ciencia que en vez de levantar botijos en un torno y luego venderlos como haría un alfarero, planificamos y llevamos a cabo experimentos y observaciones del mundo que nos rodea, analizamos los datos que generamos y producimos publicaciones científicas. 

La ultra competitividad que caracteriza nuestro sistema académico descansa en la evaluación de nuestro desempeño como base del mantenimiento de una carrera científica. En realidad hablamos de la evaluación de nuestra productividad individual; es decir, de un cómputo detallado del número de publicaciones que hemos podido realizar, así como todas las derivadas correspondientes: el número de citas de cada artículo, el índice de impacto de la revista en la que publicamos nuestro trabajo, el índice H, etc. Así contado, nuestra actividad pierde buena parte del valor y casi todo el encanto con que la sociedad nos imagina, pero nos enfrenta a uno de los problemas más extendidos, y de hecho a una de las malas prácticas profesionales más habituales en la profesión: ser autor sin merecerlo. Si la clave en nuestra carrera son las publicaciones científicas, ser autor de una o muchas de ellas es realmente crítico como profesionales de la ciencia por su impacto directo en nuestra evaluación. 

A pesar de su importancia, quién merece ser autor de una publicación y en qué posición debe de firmar es algo que no está siempre bien claro en el día a día. La teoría es relativamente simple, un autor debe de ser alguien que haya hecho una contribución relevante y que sea capaz de defender en su conjunto el trabajo que se publica. Por ello, las ayudas puntuales no deberían considerarse como méritos suficientes para ser coautor de un trabajo. El lugar adecuado para poner en valor estas contribuciones son los agradecimientos de los trabajos científicos, donde deben figurar aquellas personas que ayudaron, aportaron datos, o cuyo único papel ha sido liderar el grupo de investigación o conseguir parte de la financiación. De hecho cada vez más revistas exigen que se explique por escrito la contribución al artículo de cada uno de los autores y hay recomendaciones muy expresas de no considerar como autor aquel que no ha contribuido significativamente a la gestación, desarrollo y escritura del artículo, y que no sea capaz de poder presentarlo en una reunión científica. Organizaciones internacionales como por ejemplo el ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) establece estos criterios para ser autor: 1) haber contribuido substancialmente a la concepción o diseño del trabajo o a la toma, análisis o interpretación de los datos; 2) preparar o revisar críticamente el contenido intelectual; 3) aprobar explícitamente la versión a publicar; 4) consentir expresamente ser responsable de todos los aspectos del trabajo para asegurar la exactitud o integridad de cualquier parte del trabajo. 

La posición entre los firmantes o coautores de un trabajo tampoco es algo trivial. El valor curricular alcanza su máximo en el caso del primer autor, quien se supone que ha liderado el trabajo y ha hecho buena parte del trabajo más duro relacionado con la toma de datos, análisis y escritura del documento. Este valor curricular va disminuyendo de forma gradual según nos alejamos de esa primera posición. La última posición tiene un valor de nuevo elevado porque es allí donde se suele situar al autor senior, el que pilota el grupo, el que dibuja buena parte del marco de trabajo del equipo de investigación y, con frecuencia, el que consigue la financiación. Este esquema básico puede modificarse dentro de un marco ético, cuando los autores consideran que dos o más autores han liderado el trabajo con una contribución idéntica, pudiéndose indicar explícitamente en el artículo que se su contribución ha sido similar y que la posición es fruto del azar o del orden alfabético. 

Desafortunadamente, estas premisas básicas no se cumplen siempre. Por ejemplo, cuando la posición en la lista de coautores está determinada por la jerarquía de cada uno en el grupo y no por el trabajo desarrollado en ese artículo en concreto. Es habitual en algunas áreas científicas que el primer firmante sea el jefe del grupo, generalmente un catedrático “espalda plateada”, hombre en la mayor parte de los casos, que es capaz de mantener una productividad científica elevada incluso sin apenas visitar el laboratorio más de una vez al mes porque tiene cargos políticos o dirige un buen montón de otras cosas. En esos grupos se firma por antigüedad, como si de una estructura militar se tratara; primero el jefe, luego el ayuda de cámara, luego el meritorio emergente-leal, luego el estudiante que hace su tesis y en última posición algún otro meritorio a quien ir apoyando. ¿Cómo evaluar el desempeño individual a partir de unas autorías y unas posiciones determinadas de esta manera? 

No es raro encontrar perfiles curriculares en los que una persona aparece con una productividad muy elevada, llamativamente elevada podríamos decir, sobre todo en momentos críticos concretos ligados a la consecución de un puesto laboral permanente. Una decisión del grupo hace que alguien aparezca en un número de trabajos colectivos muy por encima de lo que ha venido sucediendo a lo largo de su carrera. Aunque es difícil de averiguar y mucho más de probar, nos enfrentamos a una decisión torticera y a una mala práctica evidente que debería ser sancionada y desaparecer en los círculos científicos. 

Con frecuencia los autores de un trabajo son todos los miembros del grupo, pero debemos preguntarnos ¿han participado todos ellos en el trabajo? ¿Es suficiente con haber echado una mano un par de días en el laboratorio o haber ido al campo y participar en las medidas o en la toma de datos un par de veces? No es fácil responder a esto ya que parte del trabajo realizado puede ser fundamental para ese estudio. Muchos investigadores de prestigio sugieren que es una forma de cohesionar el grupo, de mantener el “buen ambiente interno” a la vez que se favorecen las interacciones y sinergias entre los miembros del grupo. Pero, además, esto permite aumentar la proyección del grupo al hacer más competitivos a los miembros más jóvenes del mismo, que publican a tasas más elevadas que los miembros de equipos más pequeños. Algo parecido podemos decir de los trabajos colectivos que suelen verse en revistas de alto impacto, donde lo que ocurre es que buena parte de los autores se limitan a suministrar datos. Se podría argumentar que sin esos datos no se podría haber hecho el trabajo, claro. Con frecuencia algunas de estas personas difícilmente podrían superar el listón de defender el trabajo globalmente. 

En este contexto de autores supernumerarios surge una nueva duda: ¿el personal técnico debe firmar también el trabajo? Si pensamos en técnicos de un servicio externalizado (un laboratorio externo al que se mandan las muestras a analizar y se paga por ello, por ejemplo), parece claro que la respuesta es no. Pero si el personal técnico es parte integrante del grupo de investigación, si están cada día con el resto de los investigadores y toman cervezas juntos al salir del laboratorio, ¿cuál es la respuesta? Se trata de una situación delicada que hay que valorar con cuidado. 

¿Cómo avanzar en la resolución de este problema tan extendido? Para algunas cuestiones, cómo la relativa a la posición de los autores, el camino desde un punto de vista ético es evidente, pero exige en muchas áreas reconocer que lo que se está haciendo está mal. Y este primer paso no es fácil.  Hay cuestiones para las que el camino es particularmente difuso. Para empezar la más obvia, quien es autor y quién no.  Todos podemos estar de acuerdo en que los firmantes de un trabajo deben de ser aquellos que hayan hecho un esfuerzo significativo en el trabajo, pero la noción de “significativo” no es algo universalmente establecido. De poco vale emplear algoritmos complejos para evaluar el currículo de los candidatos en oposiciones y contratos para acabar con un número muy exacto a partir del número de artículos que firma y la posición en cada uno de ellos si la autoría y el orden de los autores no se establecen con criterios estándares y se infringen con demasiada frecuencia principios éticos básicos. 

El concepto de autor de un trabajo conlleva además de méritos curriculares la responsabilidad de validar con tu nombre la autenticidad de los resultados y la solvencia del protocolo experimental y del origen de los datos. No debería tomarse a la ligera una invitación a firmar un artículo ni deberíamos extender invitaciones a colaboradores y colegas simplemente por amabilidad, gratitud o para reforzar vínculos, sean personales o laborales.

Nadie hubiera pensado que dejar sin edificar las hectáreas de bosque y jardín que ahora conforman Central Park en el corazón de Manhattan traería tanta riqueza. La ocasión perdida de construir más rascacielos se convirtió en algo que no sólo mejoró la calidad de vida de miles de neoyorquinos, sino que aumentó desproporcionadamente el valor de las viviendas construidas en sus alrededores y acabó confiriendo un estilo irrepetible a la Gran Manzana.

Si a los miles de urbanistas e ingenieros que hoy están haciendo planes para edificar y artificializar millones de hectáreas del planeta pudiéramos mostrarles el valor que esas hectáreas podrían tener si al menos una parte se dejan como están estaríamos contribuyendo decididamente a aumentar la sostenibilidad global de nuestro desarrollo. Pero para lograr detener algunas de estas actuaciones necesitamos bastante más que la difusión del conocimiento ecológico y socioeconómico moderno. Necesitamos que alguien nos haga un préstamo. Un préstamo para hacer frente a la tentación del dinero fácil. Y hablamos de mucho dinero y a un plazo muy largo.

En los albores del siglo XX, grandes empresarios y eminentes políticos expresaron por activa y por pasiva que era un disparate dejar la gran pradera de lo que hoy es la inmensa plaza de Höhematte, en Interlaken (Suiza), sin construir. Esta plaza descomunal tiene una densa cubierta de hierba seminatural que aprovechan algunas vacas para comer, muchos habitantes y visitantes para pasear o tumbarse a descansar y cientos de parapentes para aterrizar en pleno centro de la ciudad alpina. Hoy, lo que en su día fue una obstinación de unos pocos por conservar un espacio verde, es algo original, refrescante y apreciado. Seguro que las edificaciones que se podrían haber construido en esa pradera habrían dejado pingües beneficios a los inversores de la época, pero Interlaken no sería Interlaken sin este inmenso espacio desde el que se aprecian glaciares y bosques, y desde el que se ve sin más que elevar la mirada el magnífico macizo con los picos Jungfrau, Eiger y Mönch a más de 4000 metros de altitud.

El caso de África es un desafío gigante para el planeta. Por muchos motivos. Es el continente que está sufriendo la mayor tasa de urbanización: en 1960 el 15% de la población africana vivía en ciudades mientras que se calcula que más de la mitad lo hará en 2030. Para finales de siglo podríamos tener la primera ciudad con más de cien millones de habitantes y la candidata más probable es Lagos, en Nigeria. ¿El crecimiento de esta urbe gigante tendrá una planificación estratégica? ¿Será ambientalmente sostenible? La urbanización descontrolada y el caos urbanístico son la pauta habitual en la África de hoy lo cual conlleva grandes problemas ecológicos, económicos y sociopolíticos. Sin embargo, para los autores del libro Africa's Urban Revolution hay margen para la esperanza si se tiene en cuenta el ingenio, la creatividad y la enorme resiliencia características de las ciudades africanas.

La realidad es, no obstante, dura, con casi la mitad de la población que actualmente vive en ciudades africanas hacinadas en infraviviendas y en barrios inseguros e insalubres. ¿Alguien está pensando en aprovechar lo que hay en los entornos de las ciudades de este gran continente y evitar la acumulación de grandes infraestructuras que luego son casi imposibles de mantener a largo plazo? Con el reciente colapso del viaducto en Génova hemos visto que ni en la desarrollada Europa es fácil mantener correctamente grandes infraestructuras urbanas. Requieren una financiación grande y una planificación a largo plazo para su mantenimiento, y por ello son muy sensibles a las fluctuaciones de la economía y a los avatares sociales.

Nuestra relación con el medio ambiente ha sido y aún es la de sojuzgarlo, encorsetarlo y organizarlo. Ligamos construcción y urbanismo al concepto de desarrollo y pensamos que eso siempre traerá riqueza. Sin embargo, cada vez con más frecuencia estamos viendo que no hacer nada, o construir de forma minimalista, es a la larga y en muchos casos la solución más rentable, y no sólo la más amigable con la naturaleza.

En el actual escenario de cambio climático y de grandes impactos de la actividad humana en los procesos naturales, las “soluciones basadas en la naturaleza” empiezan a mostrarse como las más resilientes ante nuevos y más intensos cambios, tal y como apuntábamos en un post previo. La necesidad de espacios verdes como Central Park no sólo resulta de un capricho para que unas personas acomodadas puedan sacar a pasear su perro por un lugar agradable. Estos espacios verdes urbanos amortiguan olas de calor, capturan parte del CO2 que emitimos, previenen avenidas e inundaciones regulando el ciclo hidrológico, corrigen los niveles excesivos de contaminantes atmosféricos, y previenen numerosas enfermedades tanto físicas como psíquicas propias de las personas que viven en grandes ciudades.

El no construir, o el no urbanizar al modo habitual tiene, sin embargo, un coste en el momento presente. Supone invertir diferente o dejar de invertir y se pierde una oportunidad de negocio instantáneo o se incrementan los gastos de actuaciones o proyectos ya iniciados. Alguien debería poder hacer ese préstamo, un préstamo que permita comprar terrenos para librarlos de la especulación o hacer iniciativas modestas que a corto plazo dan poca rentabilidad, para evitar que se aplique el rodillo de la infraestructura de turno, la infraestructura que sabemos planificar al detalle y sobre la que se asienta a tiempo presente la economía local. Evitar esa infraestructura estándar, que es la que los políticos entienden y que es según ellos la que la sociedad y la economía requieren con urgencia, es muy posiblemente lo que nos traerá una riqueza y una estabilidad auténticas.

Tampoco estamos descubriendo algo nuevo. Muchos arquitectos y urbanistas trabajan ya con esta opción. Es, en el fondo, el punto de partida más sencillo. Pero la situación de cada país, su legislación y su idiosincrasia, marca el resultado final. Es crucial tener en cuenta el marco del urbanismo y de la ordenación del territorio en cada país. Por ejemplo, cómo hacer para que sitios bien conservados puedan ser integrados en entornos urbanos o periurbanos es siempre un gran desafío, pero lo es aún mucho más en países como España. En España, buena parte de la corrupción está ligada precisamente a este punto simplemente porque las plusvalías generadas se las queda el propietario, lo cual no ocurre en otros países, donde los terrenos son “expropiados” (en sentido amplio) y el desarrollo urbano está real y eficazmente coordinado por la administración general del estado o de la región. Sin presión especulativa es más fácil ordenar de forma sabia, y es más sencillo aislar del plan de desarrollo urbano amplias zonas para dejarlas tal cual.

Para salir de las espirales de especulación y corrupción que acaban con una terrible “desordenación del territorio” hacen falta varias cosas. Por un lado, voluntad política. Por otro, presión popular basada en información objetiva de carácter científico-técnico. Y muy posiblemente, también hará falta dinero. Si un millonario filántropo, una entidad gubernamental o un fondo de inversiones pudieran aportar el dinero que representa no hacer nada hoy (o hacer algo bien diferente a las construcciones e infraestructuras habituales) podríamos devolverle con facilidad el dinero en unas décadas por muchos intereses que quisieran cobrarnos. ¿Por qué no lo hacemos?

Algún lector se preguntará a qué viene un post sobre la Constitución en estas fechas y publicado en un blog de ciencia (crítica, de acuerdo, pero ciencia al fin y al cabo). La ciencia nos enseña a ser rigurosos y precisos y nos instruye en una mirada exhaustiva de los detalles. Y con esta mirada hemos revisado un documento clave para nuestro país y hemos encontrado un descuido en apariencia ‘pequeño’ – pero con posibles implicaciones que deberían invitarnos a reflexionar.

En la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado cuelga el siguiente archivo. En la primera página del PDF nos informan de que el archivo contiene el texto de la Constitución Española, “aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978”, “ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978” y “sancionada por S.M. el Rey ante Las Cortes el 27 de diciembre de 1978”. Pero detengámonos un momento y vayamos a las páginas 38 y 39 del documento PDF y leamos el artículo 135. Comienza así:

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

¿Lo recuerdan? Ese artículo, ¿estaba en la Constitución de 1978? ¿Fue ratificado por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978? Porque nosotros creemos que no, que se introdujo tras una reforma exprés de la Constitución (ese texto casi sagrado, inapelable, inamovible, que nuestros políticos invocan a cada rato para explicar por qué no se puede hacer tal o cual cosa, pero que cambian sin despeinarse cuando les parece) y que no ratificó nadie. A nosotros, desde luego, nadie nos preguntó. En la Constitución “ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978” el artículo 135 decía simplemente:

1. El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.

2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

Nuestra primera reacción, claro, es asumir – ¿qué menos? – que en algún lugar del documento, aunque sea medio escondido y en letra pequeña, habría una explicación indicando que el texto que aparece en el documento incluye una modificación de 2011. Pero parece que no: la aclaración, si está, está en una letra tan pequeña que no la hemos conseguido encontrar.

La Constitución se menciona siempre como un texto que no se puede ni se debe modificar. No obstante, y a pesar de que existe ya una fuerte demanda social por actualizar el texto constitucional, los partidos no acaban de dar el paso a pesar de haberlo prometido no solo ante los medios de comunicación sino en su propios programas electorales. Pero la Constitución no se toca. Sin embargo, la Constitución ha sufrido ya dos modificaciones (en 1992 para ajustarla al tratado de Maastrich e incorporar el sufragio pasivo y en 2011 con el controvertido tema de la estabilidad presupuestaria). Para dolor de mas de un demócrata, y a pesar de lo que se lee en el BOE, en ninguno de los dos casos fue en absoluto refrendada la modificación por el pueblo español.

Podemos entender que el texto publicado por el BOE deba decir, en la página 7, eso de “Sabed: Que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución”. Tal vez hasta sea necesario, siempre por motivos legales, que en la primera página del documento aparezca el “Ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978” – aunque esto nos parece más dudoso, ya que parece simplemente el título del documento. Pero sin duda, en la página 2, dedicada a información bibliográfica (© Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado; NIPO: 007-14-093) se podría haber añadido una nota informando de la no ratificación de parte de la constitución. Parece poco probable que la ley impida añadir esa nota aclaratoria.

¿Importa esto? ¿Por qué? Puede ser, claro, una cuestión de deformación profesional. Como científicos estamos acostumbrados a ser meticulosos hasta la obsesión con referencias, notas, apéndices y citas bibliográficas. El rigor en los textos al que estamos acostumbrados desde el primer día de nuestras tesis doctorales es imprescindible para publicar un artículo o un documento científico y aspirar a que sea referencia pública y universal de un descubrimiento, una comprobación de una hipótesis o una base de datos. Nos choca, por tanto, encontrar un desajuste como este en un texto tan importante como es la Constitución Española, y nos sorprende especialmente al tratarse de una publicación de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, que debería saber mejor que nadie lo que está publicando. De hecho, si en lugar de descargar directamente el PDF buscamos el texto de la Constitución en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, encontramos que se trata de un “texto consolidado”, cuya última actualización fue publicada el 27 de septiembre de 2011 – pero también aquí nos dicen “QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN”, y aunque advierten que el artículo 135 que aparece es una modificación de 2011 (igual que el artículo 13 contiene una modificación de 1992), nunca se explica que las modificaciones no han sido ratificadas en referéndum.

Entonces, ¿lo dejamos así? Un descuido sin importancia por parte de la Agencia, una manía nuestra y asunto concluido. ¿O no? La presentación del texto como “ratificado por el pueblo español” confiere al contenido una legitimidad que en realidad no tiene. La modificación del artículo 135 fue impuesta por presiones y gobiernos extranjeros, y no ha sido ratificada por ningún pueblo – podemos incluso sospechar que no se convocó un referéndum para ratificarla, a pesar de su calado, porque el gobierno asumía que el pueblo español no la ratificaría. Su legitimidad es, por tanto, cuestionable.

Otra deformación profesional de los científicos es formular hipótesis que podemos contrastar y, eventualmente, rechazar. Viendo la importancia que algunos políticos y dirigentes dan a la honestidad en la obtención de los títulos de licenciatura, Master e incluso doctorado (que, desafortunadamente, no se limita a Cristina Cifuentes o Pablo Casado: incluso limitándonos a los casos de plagio, que son aún más graves que aprobar de forma fraudulenta o mentir en el CV, aparecen nombres tan relevantes como el rector de la URJC Fernando Suárez, el presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, el presidente del Comité Olímpico Español Alejandro Blanco, el conseller de la Generalitat Valenciana Manuel Cervera, o el director del Instituto de Estudios Fiscales José Antonio Martínez Álvarez), es casi inevitable formular la hipótesis de que el “descuido” a la hora de referenciar adecuadamente el origen del texto podría ser en realidad debido a una falta de escrúpulos.

Sin embargo, es muy ilustrativo tener en cuenta al menos estos tres tipos de circunstancias. En primer lugar, durante el proceso de modificación del artículo 135 (que tuvo lugar en septiembre de 2011, con el único apoyo del PP y PSOE), el presidente José Luis Rodríguez Zapatero negó cualquier presión procedente del Banco Central o la Unión Europea para, a los pocos meses de retirarse del cargo, incluir en su libro El Dilema: 600 días de vértigo la carta “estrictamente confidencial” que el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, envió a La Moncloa conminándola a aprobar como fuera esa reforma (algo que ocurrió tan solo 20 días después). Sumó así la comercialización privada de este documento público confidencial a la mentira previa en sede parlamentaria. En segundo lugar, hemos tenido de director de informativos de TVE a Julio Somoano, autor de la tesis “Estrategia de comunicación para el triunfo del Partido Popular en las próximas elecciones generales” y que preconizaba que el PP debería politizar el entretenimiento en TVE con fines electorales. En tercer lugar, la página web del Congreso de los Diputados se dedica a blanquear la memoria de la dictadura, evitando referirse a los 40 años de franquismo con ese término (que sí emplea para la de Primo de Rivera). Por todo ello no sería sorprendente que la omisión del “detalle” de la falta de ratificación en referéndum de las modificaciones de la Constitución sea intencionada.

Pequeñas omisiones como ésta van reescribiendo la historia. Otro granito insignificante en la creciente montaña de la postverdad. Del desprecio de los hechos y de “la verdad”. Por eso consideramos importante insistir en llamar a las cosas por su nombre, en puntualizar y en atenernos a los hechos.

Complicando la ejecución del gasto y maquillando las cifras, el Gobierno juega con el mensaje de “España va bien”. Pero los datos son tozudos. Y los investigadores lo somos aún más. Si en un post anterior nos preguntábamos retóricamente por qué el Gobierno dificulta la ejecución del gasto en investigación y ciencia, ahora nos preguntamos “¿A quién quiere engañar con la manipulación de los datos?”. La estrategia de apoyar la investigación con préstamos y créditos, sabiendo que una gran parte no llega ni a solicitarse, y de poner cada vez más trabas a la ejecución de los menguantes presupuestos de subvención directa, lleva años dando los resultados esperables: cada vez se invierte menos en el presupuesto de I+D+i. No hablamos de una reducción pequeña ya que la combinación de recortes y trabas a la ejecución del presupuesto lleva a una inversión actual que es la sexta parte de la que se realizaba hace ocho años.

La estrategia seguida permite enmascarar la brutal reducción de la ‘inversión’ en investigación y desarrollo. Se mantiene aparentemente estable el nivel de recortes de los presupuestos desde 2011 pero en realidad entre uno y dos tercios de ese presupuesto se queda sin gastar. Claro que la estrategia sí que es buena si el objetivo no es impulsar la investigación científica sino sólo aparentar que se impulsa, guardando ese dinero para otros asuntos. La cuestión llega a levantar ampollas cuando parece que se quiere transmitir la idea de que la falta de gasto en I+D no responde a una falta de voluntad política por invertir en ciencia, sino a la incapacidad de los investigadores para gestionar bien los recursos de los que disponen. Además de levantar ampollas, por ofensiva y humillante, esta situación allana el camino para futuros recortes, ya que es práctica común en la Administración ajustar a la baja los presupuestos de un año cuando en el anterior no se ejecuta todo lo que se había asignado.

La estrategia de presupuestar cada vez más créditos, sabiendo que no se iban a ejecutar, para enmascarar los recortes fue ideada por el gobierno de Zapatero, pero ha crecido desmesuradamente con el de Rajoy. Hasta 2006, se ejecutaba más del 90% del presupuesto de I+D. Mientras el presupuesto para I+D en 2010 superaba los 10.000 millones de euros y se ejecutaba casi el 80% de este presupuesto (8.469M€), en 2017 el presupuesto se redujo a casi la mitad (4.635 millones €) y, lo que resulta más doloroso, su ejecución bajó a apenas un 29,7% (3.963 M€). Es tan espectacular y escandaloso el recorte unido a la dificultad de ejecución real del gasto que hasta el presidente del Confederación Española de Organizaciones Empresariales lo critica. Para colmo, las perspectivas para 2018 no son nada halagüeñas. ¡Como si pudiéramos permitirnos una ejecución aún más pobre cuando la inversión teórica del I+D apenas ronda el 1% del PIB! La Fundación Cotec para la Innovacion augura una pésima ejecución del gasto en 2018 debido a una sucesión de prórrogas y cierres, fallos en los sistemas informáticos y falta de personal en puestos de gestión, que se suma al incremento de requerimientos y exigencias de control impuestos por el Ministerio de Hacienda.

Después de casi una década de recortes generales, España vuelve a crecer, especialmente su actividad industrial que se sitúa en niveles previos a la crisis. El gasto público, sin embargo, se sigue reduciendo porcentualmente, demostrando que no fue la crisis la principal razón de las políticas de recorte, sino que la ideología dirigió la gestión de la crisis.

Desde hace años se viene planteando que la reforma necesaria para el mayor organismo público de investigación (OPI) de nuestro país (el CSIC) pasa por una mejora de la gestión y una simplificación de los trámites administrativos que han ido dificultando la actividad científica de la institución. Esta propuesta de reforma se incluyó hace más de tres años en un decálogo que hoy tiene más actualidad que nunca. Pero ni en el peor de los escenarios se planteó entonces que viviríamos las cotas de bloqueo y parálisis a las que nos enfrentamos hoy en día. Con el ánimo de ver el vaso medio lleno, se nos recuerda que el CSIC no tiene trámite de fiscalización previa por parte de Intervención, lo cual constituye una pequeña ventaja en cuanto a la ejecución del gasto y una diferencia fundamental del CSIC frente al resto de OPIs. El hecho de que otros OPIs estén aun peor que el CSIC no resulta tranquilizador ni soluciona ningún problema. Aun así, este sutil consuelo solo supone, en la situación actual, un frágil y quizá temporal muro de contención ante el disparate administrativo global que se está cebando sobre la investigación científica en nuestro país. Los medios hablan de “ciencia asfixiada” y ya está en la mente de todos que “nunca antes ningún Gobierno había tenido tan poco interés por la ciencia”. Resulta evidente que hay que cambiar con rapidez y decisión varias cosas, en concreto el marco legislativo. Se propone cambiar de urgencia al menos dos aspectos legales: que la ciencia sea considerada actividad económica por ley y que se cambie la ley de contratos. Para hacer esto realidad hace falta visión y voluntad. Y una mayoría en el congreso a favor de maximizar la eficiencia del gasto en ciencia, una eficiencia que ya es muy elevada a pesar de todos los obstáculos que se han puesto y de las críticas infundadas que se han publicado.

“Matar de hambre a la bestia” es una estrategia que se emplea cuando se quiere forzar, mediante la caída de la recaudación, la reducción del gasto público, justificando así la desaparición o privatización de determinados servicios públicos. El Gobierno ha seguido esta idea con la ciencia. Por desgracia, su aplicación en otros países (notablemente, por los gobiernos de Reagan, Thatcher y Bush) demostró claramente que no solo no cumple este cometido, sino que tiene un triple efecto indeseado: reducir la calidad de dichos servicios, aumentar a la larga el gasto público y disparar el déficit público. ¿Para qué puede un gobierno, sabiendo todo esto, querer aplicar esta política tan cuestionable hoy en día? El único motivo posible es una vez mas el ideológico y se propone su aplicación hasta que privatizar los servicios públicos compense el aumento en el gasto y el déficit que esta estrategia política conlleva.

El problema es que, como señala este artículo de The Economist, “una vez la bestia se queda sin comida, siempre puede empezar a comerse a los aldeanos”.

El Gobierno español ha pretendido matar de hambre a la bestia sin reparar, o al menos sin explicar, que haciéndolo, no sólo ha tirado por la borda un valor estratégico de nuestro país, sino que ha tenido que manipular y falsear los datos para justificar su implementación. Por desgracia, esto es una historia recurrente que ya hemos contado más de una vez. La combinación de recortes con falsedades lleva no sólo a perpetuar la degradación del sistema de I+D en nuestro país sino a generar la dañina sensación de que no debe preocuparnos porque parecería que ya vamos por la buena senda.

Han corrido ríos de tinta sobre la incomprensible y repetida decisión del Gobierno español de ir disminuyendo la inversión en ciencia, alejándonos cada vez mas de los países de nuestro entorno. Con la excusa de la crisis, se han aplicado recortes tan exagerados que han quebrado líneas y centros de investigación enteras y han forzado a emigrar a miles de los mejores científicos de nuestro país. Sin embargo, en los últimos años se ha añadido una tortura incomprensible: cada vez cuesta más tiempo y esfuerzo ejecutar los gastos, por lo que una parte mayoritaria de los presupuestos de investigación (mas del 70% en 2017) no llega a gastarse. Esto, que parecía algo temporal, producto quizá de los reajustes burocráticos de nuestras administraciones, se ha convertido en un mal endémico que está cobrando dimensiones dantescas. El paroxismo se alcanza con la entrada en vigor el pasado 9 de marzo de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Hasta hace poco manteníamos la duda sobre denunciar o no este maltrato y el languidecimiento correspondiente de nuestra labor científica, pero ahora no cabe duda. Prácticamente todos los centros e instituciones se desesperan ante esta situación realmente kafkiana de no poder emplear unos fondos conseguidos en convocatorias abiertas y competitivas o provenientes de sus presupuestos básicos. En suma, tienen disponible un dinero para investigar que no se puede llegar a gastar. La situación en nuestro país es tan preocupante como patética y ya ha sido reseñada en las más prestigiosas revistas científicas internacionales. Es cierto que la ley es una trascripción de una directiva europea, pero no es menos cierto que en los países de nuestro entorno europeo se ha sido capaz de aislar la actividad investigadora de estos requerimientos, conscientes de su importancia y de las características excepcionales de ejecución presupuestaria a la que debe estar sometida el I+D+i.

El 18 de marzo de 2018, más de 300 trabajadores del Instituto Español de Oceanografía (científicos, técnicos y personal de administración) hacen público un manifiesto en defensa de esta institución centenaria que, con nueve centros oceanográficos repartidos a lo largo de todo el litoral español y las mejores instalaciones e infraestructuras para la investigación marina, agoniza por la dificultad para ejecutar sus presupuestos. La incapacidad de los responsables de la institución para adecuarla a su creciente actividad investigadora junto con la incorporación, en 2014, de un nuevo sistema de control del gasto por parte de Hacienda, se ha traducido en una dramática disminución en la ejecución presupuestaria que pasó del 90% en 2013 a apenas el 50% en 2017. Esta incapacidad para ejecutar el gasto comprometido en 2017 ha llevado a un ajuste adicional en gasto corriente en bienes y servicios, que sólo permite disponer para 2018 de un 30% de lo presupuestado en el año 2017. Estos problemas de gestión y presupuesto hacen que los compromisos que tiene el IEO no se puedan llevar a cabo.

Pero el caso del IEO no es, ni mucho menos, un caso aislado. Tan sólo diez días antes se publicaba un nuevo capítulo de la agonía del mayor centro español de energías renovables. La Plataforma Solar de Almería dispone de millones de euros en financiación, pero no los puede gastar debido a las restricciones impuestas por el Gobierno desde 2016. Esta situación desesperante y trágica está dejando al límite del colapso a un centro considerado estratégico por la Unión Europea. En este caso no se puede ni si quiera aducir aquello tan utilizado de forma torticera por el actual Gobierno de que hay que establecer prioridades basadas en el inmediato retorno económico de la inversión, ya que de las instalaciones de esta plataforma solar ha salido buena parte de la tecnología que se usa actualmente en las centrales comerciales, en las cuales hay una importante presencia de empresas españolas.

Y tres días después del manifiesto del IEO, otro centro de gran envergadura, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) presentó una carta abierta suscrita por 260 investigadores y técnicos en la que relatan el bloqueo al que están sometidos y la imposibilidad practica de realizar las actividades habituales de investigación por las mismas razones expresadas por los colegas del IEO. El CIEMAT es la institución de referencia en su ámbito de actividad en España y ha sido capaz de generar empleo y tecnología útil y de vanguardia en un campo cada vez en mayor demanda. Los investigadores de este centro reclaman atención política ante una situación alarmante.

Pero lo que es peor es que la situación no es sólo común a todos los centros e instituciones dedicadas a la investigación en nuestro País, sino que, lejos de irse solventando, se está complicando y el futuro inmediato pinta aún más tenebroso. El corsé impuesto por la nueva ley deja inermes a los investigadores en nuestros centros y universidades. Hasta ahora, los límites de gasto se aplicaban por investigador, proyecto y año. Eso quiere decir que hasta hace unos días, los límites que obligaban a sacar concursos públicos o a tener que presentar varios presupuestos se articulaban alrededor de ese principio. Complicado en algunos casos, pero abordable gracias a la plasticidad y al esfuerzo de los investigadores. Ya no. Ahora todo se computa a nivel de institución. Este “simple” cambio hace que se impida, en la práctica, ejecutar los presupuestos, dado que una vez superada la frontera de 15000 euros por empresa es necesario ir a concurso. Esta cantidad, que se alcanzaba esporádicamente cuando el computo era por investigador, se rebasa enseguida cuando se computa conjuntamente para todos los investigadores de una institución. Tan sólo los procedimientos de un concurso pueden llevar meses, por lo que para adquirir casi cualquier producto o hacer casi cualquier tipo de gasto ordinario se cierne sobre el investigador una forma perversa de parálisis administrativa. El principio básico de búsqueda de la mejor relación calidad precio se pervierte cuando, por ejemplo, debemos de confiar en una agencia de viajes la compra de nuestros billetes de avión, lo cual de manera casi rutinaria supone un incremento de casi un 30 % sobre el costo que podemos conseguir si lo hacemos directamente utilizando alguna de los cientos de plataformas disponibles.

Esta medida, que puede tener algún sentido para laboratorios hospitalarios que realizan análisis rutinarios de manera estandarizada, carece de sentido cuando hablamos de grupos de investigación independientes que trabajan en áreas muy diversas dentro del mismo centro, y que carecen del personal administrativo necesario para gestionar esta nueva forma de licitación. Además, algunas rutinas se vuelven imposibles, por ejemplo, la ejecución de gastos en otros países, algo tan común como el pago a un laboratorio de Norteamérica por la realización de unos análisis químicos o genéticos: según esta ley el laboratorio extranjero tendría que presentarse a concurso. Las cantidades habituales de facturación de este tipo de servicios son ínfimas como para que un laboratorio internacional, que está sumamente ocupado con el procesado de sus muestras y el calibrado y mantenimiento de sus equipos, se moleste en iniciar el largo y complejo camino de optar a un concurso público para que un investigador español pueda pagarle los análisis de sus muestras.

Recortar los presupuestos destinados a la ciencia refleja miopía política e incultura socioeconómica. Dificultar ad libitum la ejecución del gasto representa una forma sutil de tortura que enloquece no sólo a los científicos sino a los gerentes, gestores y directores de centros y unidades de investigación, y que nos avergüenza en los foros internacionales mientras continúa minando a marchas forzadas la credibilidad de nuestro país. El post está encabezado por una pregunta retórica ¿Por qué?... En realidad se nos ocurren otras muchas preguntas más, en general no tan retóricas, como ¿Hasta cuándo? Y la verdad es que el ministro Montoro nos contestó el año pasado a la pregunta que encabeza el post, “¿Por qué?” “Por filosofía” dijo él hace un año refiriéndose a los recortes…

Tristemente no hay ninguna razón objetiva, numérica o técnica para dificultar la ejecución del gasto en los centros de investigación, es pura “filosofía” en palabras del ministro, o, mejor dicho, ideología. Solo nos queda lamentar que Montoro haya manchado a la madre de todas las ciencias relacionándola espuriamente con sus nocivas decisiones.

El porcentaje de mujeres docentes e investigadoras en la Enseñanza Superior pública en nuestro país ha oscilado alrededor del 41% en los últimos diez años. Sin embargo, la representación femenina en los cargos unipersonales de gobierno de dichas universidades está muy por debajo de este porcentaje. De las 50 universidades públicas españolas, únicamente cuatro (Autónoma de Barcelona, Granada, Huelva y País Vasco) están lideradas por una mujer, apenas el 8% del total.

La presencia de mujeres en la carrera universitaria sufre una drástica disminución cuando se pasa a situaciones laborales más estables y de mayor responsabilidad. Según los datos recabados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 54% de los alumnos de grado, el 58% de los estudiantes de máster y el 50% de los nuevos doctores son mujeres. A partir de este momento, la situación se invierte. Frente al 41% de mujeres docentes e investigadoras en la Enseñanza Superior en nuestro país, sólo el 21% de las cátedras pertenecen a mujeres, condición indispensable para ocupar el cargo de rector/a de una universidad.

Esta situación es similar a la que encontramos en Europa y peor que la de Estados Unidos. Según el informe She Figures 2015 de la Comisión Europea en 2013, la proporción de estudiantes y graduadas excedía al de varones (> 50%), pero en el doctorado las mujeres ya representaban menos del 50%, y sólo pertenecían a mujeres un 21 % de las cátedras universitarias (o nivel profesional equivalente en Organismos Públicos de Investigación). Sólo un 17% de las 200 Universidades mejor posicionadas en los ranking internacionales están dirigidas por mujeres (una de cada seis), de acuerdo con un análisis de datos de Times Higher Education  (The World University Rankings, 2016). De las universidades estadounidenses incluidas en este ranking, un 36% están lideradas por mujeres, mientras que dicho porcentaje en Reino Unido es del 15%. Suecia es el país con la mayor proporción de mujeres liderando universidades incluidas en el ranking de las 200 mejores (4 de sus 6 universidades incluidas en dicha clasificación).

La representatividad de las mujeres en otros puestos de liderazgo de las universidades públicas en España, como decanatos y direcciones de departamento, tampoco mejora la situación que estamos señalando. Los decanatos y las direcciones de departamento recaen mayoritariamente en hombres. Solo un 27% de las Facultades/Escuelas o un 21% de los Departamentos Universitarios tienen a una mujer a la cabeza, tal como se puede ver en la Serie de Informes “Científicas en Cifras 2007-2015” del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Se observa una excepción a esta realidad en posiciones de liderazgo intermedias como Vicerrectorados o Vicedecanatos/Subdirecciones de Escuela. En estos cargos, el porcentaje sí alcanza un 40% como cabría esperar para todos los cargos.

¿Indican estos porcentajes en posiciones de liderazgo intermedias que la representación de las mujeres en los órganos de gobierno está mejorando?

Si analizamos qué hay detrás de este porcentaje, veremos que las responsabilidades asignadas a mujeres se limitan a ámbitos muy concretos. En el caso de los vicerrectorados (según se puede observar en las páginas webs de las universidades correspondientes), solo presentan un porcentaje mayor de mujeres vicerrectoras los dedicados a Estudiantes (68%), Relaciones Institucionales/Cultura (55%) y Estudios (50%) (Fig. 1).

¿Cuáles son las responsabilidades de los Vicerrectorados liderados mayoritariamente por mujeres?

En el caso del Vicerrectorado de Estudiantes, sus objetivos están relacionados con la admisión y matriculación de estudiantes, becas, movilidad, convalidaciones, etc. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria se ocupa de la promoción de la cultura y el deporte, biblioteca, universidad de mayores, asociaciones culturales, cooperación al desarrollo y oficina verde. El Vicerrectorado de Estudios es responsable de la planificación de las enseñanzas, horarios, y calendario académico entre otros temas. Sin embargo, el porcentaje de mujeres vicerrectoras cae en picado si nos referimos a Vicerrectorados relacionados con la Investigación (26%), la contratación del profesorado (26,6%) o aspectos económicos generales de las universidades (17%).

¿A qué se debe la baja y sesgada representación de la mujer en puestos de liderazgo en la Universidad pública?

La baja representación de la mujer en los órganos de gobierno de las Universidades no es anecdótica, ya que también se produce en las empresas privadas o en el ámbito político. Además de baja, la representación de la mujer en los órganos de gobierno de la Universidad pública aparece claramente sesgada y dirigida a cumplir el estereotipo tradicionalmente atribuido a la mujer (e.g. educación, cultura, cooperación), como se refleja en los datos aportados. Este marcado desequilibro resulta aún más chocante teniendo en cuenta el supuesto compromiso con la igualdad de género que dicen asumir las instituciones públicas desde hace años. Lo que los datos revelan es que las mujeres estamos suficientemente bien preparadas para asumir las responsabilidades y el exceso de trabajo que suponen cargos de vice-dirección, pero no somos consideradas suficientemente buenas para representar la ‘cara’ de la institución, lo que implicaría mayor presencia en puestos de dirección.

Las mujeres hemos demostrado sobradamente nuestra formación, independencia y capacidad de liderazgo, pero la discriminación de sexo continuará patente mientras se siga planteando una igualdad basada únicamente en aumentar los porcentajes de participación de las mujeres en los órganos de gobierno de las universidades, pero sin que recaigan en ellas los puestos de máximo liderazgo. Hoy en día, podemos asegurar que tenemos por primera vez en nuestra historia una sociedad en la que los hombres y mujeres están igualmente preparados para gestionar, investigar, coordinar y liderar. Este cambio solo puede proporcionar ganancia en diversidad de ideas, de estilos y de puntos de vista. Las instituciones públicas tienen que liderar este camino y mandar un mensaje nítido que sirva de contrapeso a todo lo que actualmente aún contribuye a la solidez de los techos de cristal.

Dentro de los planes para estabilizar los puestos de científicos y tecnólogos que el Gobierno supuestamente pretende incluir en los presupuestos generales de 2018, el todavía ministro de Guindos ha incluido la creación de una nueva “comisión evaluadora del desempeño de la actividad científico-tecnológica”. Esta comisión determinaría cuándo o qué científicos deben ser estabilizados, así como su nivel salarial. Sorprende un poco la necesidad de crear una nueva comisión para evaluar a los científicos, cuando sus funciones ya existen dentro de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Científica y Acreditación). Más aún dado que España carece de sistemas consistentes de evaluación para departamentos, universidades y centros de investigación similares a los de otros países de nuestro área (como el Research Evaluation Framework del Reino Unido).

La supuesta necesidad de crear una comisión de evaluación como prioridad parece más bien ahondar en uno de los “hechos alternativos” preferidos de la Secretaría de Estado de I+D+i: la falta de evaluación y el bajo desempeño de los científicos en España. Los investigadores somos constantemente evaluados en todos los aspectos de nuestra actividad. Y mientras que los salarios de algunos puestos considerados extremadamente competitivos no parecen estar directamente relacionados con su desempeño profesional, como por ejemplo los consejeros del Ibex, la progresión en todos los estadios de la carrera científica (e incluso la posibilidad de tener una carrera, ya que la posiciones académicas son menos cada año) depende de la cantidad y calidad del desempeño del investigador. La productividad es también decisiva para obtener proyectos de investigación, porque se da la paradoja de que la mayoría de la Universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPIs) pagan el sueldo de los investigadores, pero dejan en sus manos el obtener recursos con los que hacer su trabajo. Sin olvidar que hasta las propias revistas científicas donde se publican los resultados de la investigación son evaluadas y clasificadas en función del impacto de los artículos que publican.

Por desgracia, muchos gestores perciben el ejercicio de una evaluación detallada como un gasto excesivo e innecesario, y recurren cada vez con más frecuencia a indicadores simples (a menudo elaborados por empresas que provienen del mundo de la información financiera, como la famosa Thomson Reuters) que permiten comparar rápidamente un gran número de investigadores o grupos de investigación. Estas métricas del impacto de la investigación abarcan desde el número de artículos publicados y patentes desarrolladas, hasta la rapidez y profusión con que se han citado los primeros (o las revistas en que están publicados), o el rendimiento económico de las segundas.

No cabe duda de que estas métricas pueden ser útiles para hacerse una idea general del desempeño de un investigador, pero no sirven ni para cuantificar sus cualidades académicas (como la originalidad o la profundidad de sus razonamientos), ni para identificar el impacto a largo plazo de su investigación, ni para conocer su relevancia como mentor de investigadores más jóvenes (de hecho, a menudo las peores prácticas en supervisión de investigadores jóvenes se dan en los grupos “de élite”). En ausencia de una evaluación más profunda, las métricas de impacto se han convertido en un recurso fácil y práctico para paliar las deficiencias de los sistemas de selección, con comités cada vez más saturados por el número de candidatos a evaluar y abarcando áreas temáticas cada vez mayores. Esto además disminuye la eficacia de las métricas, ya que sus valores promedio varían de un tema de investigación a otro en función de determinadas modas (los denominados hot topics) y del nivel de inversión que reciben.

Paradójicamente, el uso indiscriminado de indicadores puede desvirtuar la riqueza y pluralidad de la investigación. Es posible que la lógica capitalista de disminuir los recursos por debajo del umbral en el que los científicos pueden trabajar sin presiones y aumentar la competitividad entre ellos aumente el rendimiento a corto plazo. Sin embargo, también altera la percepción de la actividad científica como una labor esencialmente colaborativa, en la que todos contribuyen de forma solidaria a construir un conocimiento cada vez mayor y mejor – del que, a su vez, se beneficia la iniciativa privada para desarrollar aplicaciones económica y socialmente beneficiosas a medio y largo plazo.

El uso generalizado de métricas simples ha propiciado que se asiente el cambio de ciencia colaborativa a ciencia competitiva. El ambiente competitivo es tal que entre los investigadores la producción científica ha llegado a convertirse en un espectáculo similar a la clasificación de la liga de fútbol o al ranking de tenistas en la ATP, al centrar la importancia de su labor más en el continente (dónde se publica y cuánto se cita) que en el contenido (cuánto ha avanzado el conocimiento). Según modelos matemáticos basados en procesos de selección natural, este tipo de ambiente competitivo genera ciencia de mala calidad incluso en colectivos de investigadores que siguen un código ético intachable. Y de hecho, los niveles elevados de competición son suficientes para reducir la calidad de las publicaciones científicas , menoscabar el potencial de hacer descubrimientos transformadores, incentivar la publicación de resultados poco fiables o difícilmente repetibles (como los llamados “falsos positivos”), y desincentivar la crítica al conocimiento ya establecido.

Y lo que es peor, un ambiente tan competitivo incentiva las prácticas fraudulentas. Más de la mitad de los investigadores del Reino Unido encuestados por el Nuffield Council on Bioethics reconocen que o bien ellos, o bien colegas directos, se sienten presionados para bajar los estándares de calidad de su investigación, obligados como están a obtener altas métricas de impacto y captar grandes cantidades de dinero (acabe gastado de forma eficiente o no). Aunque la mayoría de los investigadores resistan a la tentación, un ambiente así fomenta primero malas prácticas, más tarde el desarrollo de una cultura académica poco ética, y finalmente la aparición de tramposos que inventan o falsean datos, plagian a otros autores, trafican con las autorías de los artículos, duplican sus trabajos y/o evalúan de manera maliciosa para asfixiar a sus competidores o robarles las ideas.

La propia estructura de la ciencia como un sistema de conocimiento en revisión y discusión continua permite detectar muchos de estos casos: gracias a ello, sabemos que esta nueva cultura de la hipercompetitividad científica ha multiplicado el número de retracciones (artículos ya publicados que se retiran al detectarse irregularidades en sus procedimientos o datos) en los últimos años. Estos incluyen casos de fraudes reiterados en numerosos artículos, como el de Jesús Ángel Lemus o Susana González, por citar los dos más recientes y famosos del sistema científico español.

Está claro que el exceso de competitividad entre los científicos se nos está yendo de las manos. La combinación de recursos escasos y el foco de la evaluación del desempeño en indicadores no sólo provocan la desmoralización y el abandono de la carrera científica, sino que fomenta las malas prácticas. Las soluciones a este problema pasan no solo por promover una cultura crítica que detecte y castigue a los tramposos, sino por incentivar a los investigadores que promueven una aproximación cooperativa y comunitaria al trabajo científico. Para ello hace falta utilizar cuidadosamente las métricas de evaluación, que sí son útiles para separar el grano de la paja en procesos de selección competitivos que permitan atraer y estabilizar a los científicos más brillantes, incluyendo muchos españoles expatriados. Pero es necesario combinarlas con otras formas de evaluar el conocimiento y desempeño, promover el desarrollo de “métricas responsables” y, sobre todo, ir más allá de la obsesión por el impacto rápido de las publicaciones individuales. En este sentido, iniciativas de sistemas de publicación abierta como ArXiv o biorRxiv, y sistemas de evaluación transparente y abierta como Peer Community, permiten escapar de la tiranía de las revistas científicas y abren un espacio de esperanza para el renacimiento de la ciencia como una empresa solidaria y cooperativa.

Junio de 2012. Después de una década prodigiosa, que combinó un moderado incremento en el gasto, la estabilidad en las fechas y plazos de las convocatorias, y una mayor predictibilidad de la carrera investigadora, se multiplica la producción y calidad del sistema español de I+D, demostrando que el principal limitante no era el talento ni la capacidad de trabajo, sino la baja inversión y pésimo funcionamiento de sus políticas e instituciones.

Llega la crisis financiera. Otros países europeos reconocen que la I+D es imprescindible para salir de la crisis y hacen denodados esfuerzos por mantener el nivel de inversión. Pero en España el nuevo gobierno, que promete enderezar la economía, recorta drásticamente los presupuestos de I+D y degrada a su antiguo ministerio a una mera secretaría de estado del ministerio de economía. Su máxima responsable, Carmen Vela, escribe un artículo en la revista Nature justificando su estrategia política con dos argumentos. Uno: la I+D española está sobrefinanciada. Se eliminarán gastos superfluos, reduciendo el número de investigadores. En el futuro, “solo los investigadores que demuestren que están contribuyendo a ampliar los límites del conocimiento” tendrán cabida en el sistema. Dos: el recorte en la financiación pública de la I+D se acompañará de un aumento de la financiación privada. Según la nueva Estrategia Nacional de I+D+i, la contribución privada debe pasar del 0.60% del PIB en 2012 al 0.73% en 2016.

En artículos anteriores hemos explicado por qué el análisis de Carmen Vela era erróneo o premeditadamente falso. Incluso en su punto más alto, la inversión española en I+D seguía siendo muy inferior a la media europea. El número de investigadores per cápita llegó a igualar la media de la UE28 en 2009, para volver a alejarse a partir de 2011. Y, a pesar de todo, los investigadores españoles mostraron una productividad científica, calidad científica y generación de patentes por euro invertido comparable o superior a la de países de referencia como EEUU, Francia o Alemania. España era uno de los mejores países del mundo para seguir apostando por invertir en I+D pública. Mostraba, eso sí, una crónica falta de compromiso de sus empresas con dicha inversión.

Con todo, es factible interpretar que, sabiéndose incapaz de escapar a los recortes y la intrascendencia política a la que estaba relegada la I+D, lo que Carmen Vela proponía en ese artículo era hacer de la necesidad virtud y aprovechar para introducir varias mejoras en el sistema. Algunas de ellas eran ciertamente necesarias. Un poco más abajo veremos cuántas llegaron a cumplirse.

2 de enero de 2018. Casi seis años después, Carmen Vela escribe una tribuna titulada “La ciencia española en positivo” donde explica en tono laudatorio los logros de su gestión. El contraste con su artículo de 2012 es patente. Según el artículo, lo que no consiguieron ocho años de mejora de la inversión lo han conseguido seis años de brutales recortes y reducciones de plantilla: la ciencia española ha pasado de ser un sistema con centros redundantes e investigadores de baja calidad que no son capaces de “avanzar las fronteras del conocimiento actual” a tener “investigadores con impacto mundial en diversas áreas, numerosos centros de primer nivel, infraestructuras científicas y tecnológicas punteras y una participación importante en muchas de las mayores instalaciones europeas e internacionales”.

Aunque los últimos seis años se han caracterizado por los continuos recortes en la financiación de la investigación y las trampas de trilero en la ejecución del gasto, en 2012 la Secretaria de Estado prometió compensar estos recortes con el aumento en la eficiencia del gasto. El análisis detallado de las cifras permite evaluar si ha cumplido esa promesa.

¿Ha mejorado la estructura del sistema de I+D, eliminando redundancias entre centros y parques científicos?

No. El adelgazamiento de la I+D pública se ha hecho sin llevar a cabo una reestructuración priorizada y racionalizada de la red de centros y parques científicos. Los pocos centros que se han cerrado lo han hecho por problemas graves de gestión, no por su calidad o desempeño. Entre el centenar largo de centros del CSIC, ni siquiera los centros ya señalados en los años previos a la crisis como poco viables han llegado a cerrar. Sencillamente, se ha cortado el grifo y se ha dejado que los elementos más sensibles del sistema, a menudo los grupos e investigadores más productivos, adelgazaran o dejaran el país.

¿Se ha “introducido la competitividad en el proceso de obtención de financiación pública”, para “apoyar solo los proyectos realmente competitivos que estén dando frutos”?

Pues tampoco. Convocatorias erráticas, que aparecen en periodos vacacionales (cuando muchas administraciones están cerradas) y con plazos mínimos, excluyen a potenciales solicitantes, impidiendo una selección en base a méritos. Además, no se ha introducido ninguna mejora en los sistemas de evaluación por pares, que sigue adoleciendo de falta de transparencia, ausencia de criterios objetivos y pésima comunicación con los evaluados.

¿Ha mejorado a evaluación del desempeño de los investigadores, de forma que solo reciban recursos “aquellos científicos que puedan demostrar que están ampliando las fronteras de nuestro conocimiento”?

Todo lo contrario. La disminución del número de investigadores no se ha hecho en base a méritos, sino en base a tipo de contrato. Los recortes no han afectado en absoluto a la fracción personal de plantilla que presenta un desempeño realmente bajo. Los recortes han primado la salida del personal temporal, al que era más fácil dejar de contratar, y nos han hecho perder al más brillante y productivo, que tenía más fácil conseguir empleo en el extranjero.

¿Ha acompañado la mejora de la calidad de los contratos de los investigadores a la reducción en su cantidad –en particular, para los investigadores RyC?

Rotundamente no. La brutal reducción en la plantilla de investigadores (estimada en casi 11.500 puestos a jornada completa) se ha visto acompañada en un deterioro continuo de sus salarios, condiciones laborales y autonomía. Por poner solo un par de ejemplos: los investigadores de plantilla han perdido en promedio, como el resto de los funcionarios, un 14% de su poder adquisitivo desde 2010; los investigadores predoctorales sufrieron un intento de privarles de su derecho al desempleo y la tarjeta sanitaria europea de forma irregular; organismos como el CSIC siguen aplicando listas negras que bloquean la contratación de investigadores y técnicos que han llevado a juicio sus reivindicaciones laborales; y las OPIs siguen careciendo de un mecanismo para contratar como personal fijo a quienes en la práctica tienen un contrato de larga duración, recurriendo a fórmulas que vulneran el espíritu, cuando no la letra, de la legislación laboral.

En cuanto a los RyC, la mejora en la financiación complementaria se ha producido a coste de una fuerte reducción en el número de ayudas. El número de ayudas RyC pasó de 480-780 al año en los años previos a la crisis a 250 en 2011, llegó a ser cero en 2012 y a partir de entonces se ha mantenido estable en 175. Estos contratos tenían una financiación complementaria, que ayudaba a los investigadores a lanzar su línea de investigación en el nuevo centro, de 15 k€ en 2011, que pasó a ser de 40 k€ en 2012-7.

Además, se ha introducido una ayuda de 100 k€ para incentivar su contratación fija al acabar el periodo de 5 años. Esta ayuda trata de paliar la principal deficiencia del programa RyC: su incapacidad para funcionar en la práctica como el sistema de tenure-track para el que fue concebido. La introducción de figuras de contratación indefinida está empezando a aliviar ese cuello de botella, pero a costa de drenar los RyC existentes desde los OPIs (que por ley no pueden utilizarlas) hacia la Universidad.

¿Se ha creado una agencia gubernamental para evaluar y financiar la I+D?

Esta promesa vegetó en el limbo durante toda la legislatura anterior, pero fue revitalizada in extremis al acabar ésta. La AEI fue finalmente creada en noviembre de 2015, aunque el Real Decreto que establecía su estatuto fue modificado en enero de 2017 y el que articula la organización y gestión compartida de servicios generales y comunes entre el MINECO y la AEI se aprobó en octubre de 2017. Es decir, la AEI se acaba de crear y por ahora ha hecho poco más que incluir su logo en las convocatorias de fondos públicos de I+D+i que dependen del MINECO. Su falta de independencia con respecto al gobierno de turno, tanto en lo económico como en su dirección, perpetúa el problema histórico más grave de la I+D española.

¿Ha mejorado la eficiencia en la gestión de la financiación pública y la gestión de contratos?

Rotundamente no. En este lustro, el incremento de la burocracia y la falta de seguridad jurídica en la gestión de la financiación pública de la I+D española se han convertido en un problema igual o mayor que la falta de financiación; o, más bien, en la otra cara de ese problema, ya que muchas de la reglas y trampas introducidos en las convocatorias, evaluaciones, resoluciones y auditorías de las subvenciones y créditos a proyectos de investigación buscan reducir, bloquear o recuperar el gasto para seguir paliando el fuerte déficit de las arcas públicas. Gracias a esta estrategia, el gobierno ha ido aumentando la proporción de los presupuestos de I+D que no llegan a gastarse desde el 46% en 2013 hasta el 62% en 2016.

¿Ha aumentado el papel del sector privado en la financiación de la I+D, a través de medidas como optimizar el marco fiscal para I+D o introducir esquemas de crowd-funding?

Menos aún. La Estrategia Nacional de I+D+i de 2012 preveía que el gasto total en I+D ascendiera del 1.39 al 1.48% del PIB entre 2010 y 2016; y que la contribución del gasto privado pasara del 43% al 49%. La contribución relativa del sector privado ha llegado al 47.6% en 2016, pero este dato no refleja un aumento de la financiación privada, sino un desplome de la pública (ver figura). Como indican los datos del propio MINECO, el gasto total descendió al 1.19% del PIB en 2016 y la contribución privada a su financiación pasó de 6690 M€ en 2008 a 6036 M€ en 2014, remontando a 6311 M€ en 2015-6.

Visto todo esto, ¿cómo es posible que un drástico recorte de la financiación combinado con una serie de políticas incompletas y promesas incumplidas hayan hecho de la I+D española el “sistema capaz y eficaz” que no era en 2012? Spoiler: no lo es.

Tenemos “investigadores con impacto mundial…, numerosos centros de primer nivel, infraestructuras científicas y tecnológicas punteras, y una participación importante en muchas [más bien algunas] instalaciones europeas e internacionales”. Pero teníamos muchos más investigadores y mucho mejores centros hace seis años; muchas de nuestras infraestructuras científicas han sido cerradas, y el resto se están echando a perder por falta de inversión y mantenimiento; y nuestra participación en infraestructuras y redes internacionales durante estos años ha oscilado entre la vergüenza de no pagar y el ridículo de no poder asistir a las reuniones por falta de fondos.

Seguimos teniendo muchos “investigadores y tecnólogos” que trabajan con “talento y esfuerzo”, a pesar de las pésimas condiciones de salario, estabilidad, financiación, gestión y burocracia. Pero teníamos muchos más hace seis años. Y en lugar de apoyar a los mejores y dejar ir a los menos productivos, a menudo se ha hecho lo contrario, simplemente porque era lo más fácil.

Seguimos teniendo un nivel internacional “de importancia” en términos de “número de publicaciones y la calidad de las mismas”. Pero conforme indica el último informe de FECYT-MINECO (que solo llega hasta 2014) el número de publicaciones, que no hizo sino ascender entre 2005 y 2012, ha dejado de crecer a partir de este año. Nuestra cuota global de publicaciones descendió ya en 2014. El crecimiento en el impacto normalizado de las citas (FWCI) se ralentizó a partir de 2012, y hemos descendido ya un puesto en el ranking mundial (pasando al 18º, al ser adelantados por Grecia).

Seguimos pudiendo alegrarnos de que “el impacto de la producción científica española es superior en un 30% a la media mundial, el 51% de nuestras publicaciones se pueden leer en las principales revistas [el Top 25% de revistas más influyentes] y el 13% de éstas se encuentra entre las más citadas del mundo [el Top 10% de artículos más citados]”. Pero esos números en sí no dicen mucho. Dice más indicar que en ambos indicadores seguimos a la cola de los países de nuestro entorno competitivo (EEUU, Canadá y la UE15). Que, a pesar de ser la 12º economía mundial, estamos en los puesto 16º y 17º, prácticamente empatados con Francia (Top25 revistas) y con Grecia y Portugal (Top10 citas). Y, lo que es más importante, que la velocidad a la que ambos indicadores han estado aumentando desde 2005 ha disminuido a la mitad a partir de 2012.

Si hay un aspecto en el que la I+D ha mejorado: la captura de fondos europeos. Como no olvida destacar Carmen Vela, “en el programa de investigación e innovación de la UE, Horizonte 2020, España es, hasta el momento, el tercer país que más proyectos consigue, el cuarto por retornos (2.400 millones de euros, casi el 10% del total) y el que más proyectos lidera (15%).” Un desempeño sustancialmente superior al del programa previo (FP7). Aunque una buena parte de estas cifras son una consecuencia directa del tamaño de España (el 5º país de la UE por población y por PIB), un análisis detallado muestra que España capta del programa H2020 1.18 euros por cada euro invertido en financiarlo, lo que supone una ganancia neta de 121 M€. Parte de este secreto es la benevolencia con que la UE ha calculado la contribución de España a la financiación de H2020: España paga la menor contribución de todos los países de la UE15, equivalente tan solo al 87% de la contribución media per cápita. Por desgracia, un superávit de 121 M€ apenas basta para paliar una mínima parte de los 3.155 M€ de gasto de I+D+i que se quedó sin ejecutar solo en 2016.

En resumen: España sigue produciendo mucha y buena ciencia a pesar de su pésima financiación, la asfixiante burocracia y el desinterés de las empresas. Pero el sistema de I+D, que apenas estaba empezando a remontar todos esos lastres históricos, está herido de muerte por la intensidad y arbitrariedad de los recortes, los cambios erráticos de dirección y la lucha partidista contra una actividad potenciada por un gobierno previo de otro signo. En esa situación, retorcer y descontextualizar los indicadores disponibles para defender la idea de que todo va bien es mucho más que un ejercicio de cinismo: es un anuncio de que este gobierno no piensa llevar a cabo la campaña de choque que hace falta si no queremos que nuestra I+D se hunda definitivamente, y que piensa luchar desde la oposición cuando un gobierno de otro signo lo intente.

Debemos, en efecto, “dar un paso al frente y apostar decididamente por la ciencia y la tecnología española”. El primer paso sería dejar de engañarnos sobre el efecto de nuestras políticas y empezar la urgente labor de rehacer lo destruido.

En “Los Hermanos Marx en el Oeste” (1940), Groucho insta a los pasajeros a aportar madera para hacer avanzar un tren al mismo tiempo que éste se desintegra. El uso de madera como combustible ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, y ha sido responsable de la deforestación de grandes extensiones del territorio a lo largo y ancho del planeta. Una deforestación que todavía hoy continúa, favoreciendo la degradación y pérdida de diversidad biológica precisamente en áreas rurales donde la demanda por madera para calentarse y cocinar es más acuciante – aunque a día de hoy el uso de madera como combustible sea sólo una de las muchas causas de la deforestación.  

El Parlamento Europeo está a punto de aprobar la propuesta de directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, destinada a combatir las emisiones de CO2, que, paradójicamente, podría tener un efecto opuesto al deseado. A día de hoy, un 17% de la energía consumida en la UE proviene de fuentes renovables. La nueva directiva, que probablemente se vote durante la tercera semana de enero, pretende imponer un aumento del uso de energías renovables que llegue al 27-35% para el 2030. Hasta aquí todo muy razonable, ya que todos estamos de acuerdo en que fomentar el uso de energías renovables resulta beneficioso para el medio ambiente y para los servicios que los ecosistemas naturales nos proveen. El problema está en la definición de energía renovable que la nueva directiva pretende adoptar.

Según un artículo publicado en el diario The Guardian, la directiva vigente (2009/28/CE) considera como energía renovable la obtenida quemando residuos madereros. Esta inclusión puede resultar problemática y debería ser considerada con cuidado. Pero mucho peor es el cambio que la UE pretende incluir, ya que la nueva directiva considera energía renovable la obtenida a partir de la quema directa de madera – no sólo de residuos.

Las industrias madereras y del papel generan gran cantidad de residuos. Si estos residuos se abandonan se descomponen lentamente, liberando CO2 al ambiente. Dado que este CO2 va a terminar en la atmósfera de todas formas, es preferible (desde el punto de vista de balance de carbono, aunque la quema puede liberar otros productos tóxicos) quemar los residuos para generar energía en lugar de dejar que los residuos se descompongan. Ahora bien, cortar árboles para quemarlos libera un CO2 que no estaba destinado a llegar a la atmósfera tan rápidamente: si los árboles no se cortan, el carbono permanece durante décadas o siglos en los árboles (en forma de celulosa y otros compuestos como la lignina). La lógica de la directiva es que, si los bosques se replantan después de talarlos para su quema, el crecimiento de los nuevos árboles absorberá el CO2 liberado, con lo que, a largo plazo, no hay producción/liberación neta de CO2. Sin embargo, aunque a largo plazo no se liberase CO2, a corto y medio plazo (50-100 años), precisamente en el período más crítico de transición de las fuentes fósiles a las renovables, la corta de bosques ya existentes causará una liberación neta de CO2. La quema de madera, por otro lado, no sólo libera CO2 al ambiente. Por ejemplo, según la agencia para la protección del medio ambiente de EEUU, la quema de madera también genera micropartículas sólidas y compuestos contaminantes como benceno, formaldehído, acroleína e hidrocarburos aromáticos policíclicos – todos ellos perjudiciales para la salud. Además, tanto en el proceso de tala como en el de plantación se liberan cantidades ingentes de CO2 al remover el suelo y oxigenarlo. Y a esto hay que sumar todo el CO2 que se libera en las propias actividades forestales, en el movimiento de maquinaria y en general en el transporte de mercancías y personas. El balance sale claramente negativo, no sólo a corto plazo.

¿Cómo de grave es el uso de madera como combustible para generar energía? Incluso si ignoramos el tema de la contaminación, a corto y medio plazo la cantidad de carbono liberado a la atmósfera quemando madera es muy superior a la que se liberaría usando carbón o gas natural para producir la misma energía. Esto se debe a que la quema de madera es menos eficiente que la quema de gas o carbón. Además, la cantidad de madera que habría que quemar para alcanzar la meta propuesta por la nueva directiva es desorbitada. Duplicando la cosecha anual de madera en Europa no se podría aumentar el uso de energías “renovables” ni en un tercio del aumento previsto por la directiva. Obviamente, el objetivo de la directiva europea no es pasar del 17% al 27-35% de consumo de energías renovables a base de quemar madera (la directiva pretende impulsar también el uso de energía eólica, solar, geotérmica…), pero la necesidad de duplicar la cuota de energías renovables fomentará la deforestación a nivel global (en la UE y en terceros países).

En una carta dirigida al parlamento de la UE, un grupo de científicos de diferentes países dentro y fuera de la UE instan a modificar la nueva directiva, de modo que sólo se considere energía renovable aquella obtenida de la quema de residuos madereros, y no la obtenida de madera cortada para producir energía. A nuestro entender, esto es lo mínimo que debería exigirse de la nueva normativa. Ahora bien, si los países miembros de la UE están obligados a aumentar su cuota de producción de energía renovable en los próximos 12 años y los residuos madereros se contabilizan como fuente renovable de energía, la demanda por dichos recursos aumentará, y con ella su precio. Mientras se consideren residuos la fracción cuyo coste de explotación (para producir papel, muebles…) no justifique en términos económicos su uso, la proporción de madera considerada como residuo crecerá al aumentar el precio de mercado de los residuos madereros. Por este motivo habría que considerar la posibilidad de excluir de la directiva también la energía obtenida de la quema de residuos madereros – o al menos definir de forma rigurosa lo que se considera “residuos”. 

En resumen, si no queremos que el tren de los hermanos Marx se convierta en una metáfora de nuestro planeta, la directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables no debería considerar la madera como una fuente renovable de energía, y debería definir de forma precisa lo que se considera residuos madereros.

En 1992 más de 1.700 científicos de todo el mundo, incluyendo todos los premios Nobel vivos en aquel momento, firmaron un escrito en el que resumían las preocupantes cifras de nuestro impacto sobre el planeta. Avisaban a la humanidad de que nuestras actividades llevaban rumbo de colisión con el mundo natural. Hace ahora veinticinco años de aquella Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, reunión histórica en la que se definió el concepto de desarrollo sostenible y se dieron 2.500 recomendaciones para alcanzarlo. Ahora, en el 25 aniversario de una cumbre tan emblemática, más de 15.000 científicos de 184 países del mundo hemos firmado un segundo aviso a la humanidad. El aviso se ha plasmado en el artículo con más apoyos científicos de la historia y que ha resultado de una rápida y eficiente coordinación global del mundo académico. En este aviso se repasa la evolución de los principales indicadores ambientales en el último cuarto de siglo. Y la evolución no es precisamente la que se esperaba después de la cumbre en Río. 

El análisis de los indicadores ambientales y de su evolución evidencian que la humanidad no ha hecho bien los deberes programados en 1992. Estos incluían, entre otros, conseguir una reducción del crecimiento poblacional, revisar una economía basada en el crecimiento ilimitado, reducir la emisión de gases con efecto invernadero, incentivar las energías renovables, proteger hábitats naturales, restaurar ecosistemas, y frenar los niveles de contaminación, defaunación e introducción de especies exóticas invasoras. 

Sin embargo, no todo son malas noticias y es importante resaltar los aspectos positivos de nuestras actuaciones en materia medioambiental para alentar el progreso. El Protocolo de Montreal para la Protección de la Capa de Ozono sirvió para reducir el problema que generamos en la capa de ozono liberando hidrocarburos halogenados a la atmósfera. Proyectos de educación a mujeres y niñas en las regiones más desfavorecidas están teniendo un impacto positivo en reducir la tasa total de natalidad. La deforestación en grandes zonas templadas del planeta se está reduciendo gracias a acertadas políticas de gestión y conservación. El sector de las energías renovables está creciendo globalmente y pronto serán más baratas que los combustibles fósiles a pesar de recibir cinco veces menos subvenciones que éstos últimos. Estas mejoras, aunque esperanzadoras, son, no obstante, insuficientes para contrarrestar el impacto creciente y nada sostenible que tenemos sobre los recursos naturales y el funcionamiento de la Tierra en la que vivimos. Y por eso este segundo aviso. 

¿Qué podemos hacer para cambiar el rumbo de colisión con el mundo natural? La lista de posibilidades es larga e incluye mejorar la red de espacios protegidos, detener la pérdida de hábitat forestal (sobre todo, en zonas tropicales y áridas), revertir la pérdida de fauna, reducir el consumismo, aumentar el reciclado y la reutilización, potenciar las tecnologías verdes y energías renovables, educar a la sociedad sobre los bienes y servicios que se obtienen de los ecosistemas cuando funcionan bien, reducir la desigualdad social y económica, e incluso promover una dieta más rica en productos vegetales. Y, muy especialmente, fomentar el empoderamiento de la mujer y su capacidad para decidir sobre su reproducción, algo que se ha demostrado como el mejor método para reducir el desmesurado crecimiento poblacional. 

El desafío ahora es combinar esta Alianza Mundial de Científicos con la sociedad en su conjunto para seguir documentando amenazas, cambios, progresos y soluciones, y transferir esta información y esta urgencia a los líderes políticos. 

Resulta triste y preocupante aterrizar el escenario global a nuestro marco más próximo. Nuestro presidente, Mariano Rajoy, y su equipo de gobierno se ponen una vez más de perfil ante un problema complejo: ni estaban ni, lo que es peor, se les esperaban en Bonn, en la última Cumbre de las Naciones Unidas por el clima (COP23). De hecho, el partido en el Gobierno de España ha contribuido a multiplicar las principales causas de degradación planetaria, impulsando el uso de combustibles fósiles boicoteando las energías renovables, favoreciendo la degradación de los ecosistemas reduciendo la protección de nuestras costas, fomentando la caza deportiva en espacios protegidos, eliminando la exigencia de controlar ciertas especies invasoras, y contribuyendo al agotamiento de los recursos hídricos desenterrando un modelo obsoleto de gestión del agua, en franca colisión con la Directiva Marco. Y eso que España está sufriendo una de las mayores sequias de su historia. 

Post data: el breve artículo que acaba de publicarse contiene versiones en varios idiomas incluyendo el español y se puede consultar íntegramente aquíaquí.

Hace tiempo (por no decir “cuando éramos jóvenes”, que queda cutre y derrotista), salíamos a veces por la noche con un grupo de ‘ibéricos’. Los españoles del grupo solían decir que “estaba la movida madrileña y la parada portuguesa”, porque cada vez que los portugueses salíamos de un bar y teníamos que decidir adonde ir a continuación, tardábamos horas (literalmente) y no se hacía nada. Bueno, pues así están las políticas científicas en Portugal.

Hace más de un año, en agosto del 2016, salió un decreto-ley (el 57/2016) que proponía terminar con la precariedad endémica del sistema científico portugués. La idea era pasar todas las becas postdoctorales de Portugal (con un salario de 1495 euros al mes) a contratos. Idea loable. Pero en la práctica, estamos desde entonces en “la parada portuguesa”. O sea, no se está aplicando ninguna medida más para luchar contra esta arraigada precariedad, y de paso no se abren ni concursos para becas post-doctorales, ni concursos para contratos de investigador (del programa “Investigador FCT”, o “IF”, equivalentes a los Ramón y Cajal españoles). O sea, prometen que la situación de los postdocs va a cambiar porque van a tener contratos, en lugar de becas, pero se olvidan de decir que esos contratos son sencillamente la substitución de los IFs… Esta situación ha dejado mucha gente en un compás de espera que está resultando largo, muy largo… y mientras tanto no se invierte dinero público en personal investigador abriendo nuevos concursos.

A pesar de ser países hermanos y de estar en la misma balsa de piedra, hay algunas diferencias importantes entre el tejido científico portugués y el español. La principal y más nefasta es que no existe una verdadera carrera investigadora en Portugal. Vamos a ver… ¡Sí la hay! pero en ese caso no es ya “la parada portuguesa”, sino el total congelamiento: hace varios años que no hay posibilidad de conseguir una posición estable debido al ínfimo número de puestos que se abren en las categorías superiores de dicha carrera. La renovación de los equipos docentes de las universidades es mínima, y los puestos en institutos de investigación son virtualmente inexistentes. Esta situación es aún más grave que en España, donde toda la plantilla investigadora está envejecida. En Portugal, la gran mayoría de los investigadores que aún están “haciendo carrera” ya tienen canas (o llevan el pelo teñido).

Es decir, para un investigador que quiera quedarse en Portugal después de su ‘pubertad’ científica sólo hay dos opciones: o incorporarse con un puesto docente en la universidad o conseguir un contrato de investigador de cinco años de duración. Estos contratos de investigador fueron inicialmente creados en 2007 por José Mariano Gago, ministro de José Socrates, probablemente siguiendo el éxito de los contratos Ramón y Cajal en España. Estos contratos se llamaban Contrato Ciência, y su aplicación y nivel de excelencia fue desigual debido a que la evaluación se hacía de manera directa por los centros de investigación. El gobierno sucesor mantuvo estos contratos, aunque los reestructuró y les dio un nombre diferente – contratos de investigador FCT (evidentemente, no se puede otorgar demasiado reconocimiento a los gobiernos anteriores de diferente signo político…). Los IFs tienen la ventaja de ser contratos de “larga duración”, pero no son renovables. Después de 5 años, y de haber pasado por un concurso supercompetitivo, con un 8% de tasa de éxito, los investigadores tienen que presentar de nuevo su candidatura, como si fuera la primera vez. Desgraciadamente nos encontramos en “parada portuguesa” también para estos contratos desde 2015. ¿Podrían, entonces, incorporarse esos investigadores como personal docente a las universidades? En teoría sí, pero claramente, los pocos puestos que las universidades abren no son suficientes para acoger a los investigadores ‘huérfanos’, y no es fácil seguir haciendo investigación de calidad impartiendo 200 horas de clases al año.

Para entender el actual aumento del malestar, hay que destacar que Portugal ha formado en los últimos años una gran cantidad de científicos de alta calidad. Ese momentum en investigación fue también iniciado por Mariano Gago en los años 90, cuando era ministro del gobierno de Antonio Guterres (1995-2002). Durante ese período se crearon muchas becas de doctorado y becas postdoctorales para que los jóvenes científicos portugueses se formaran en Portugal y en el extranjero (programa PRAXIS XXI). En cierta manera, la creación de Contratos Ciência en la década siguiente, fue una respuesta a esa generación que estaba esperando una oportunidad para volver a Portugal. Evidentemente, esa situación contrasta con la situación actual de dos años en “parada portuguesa”.

Portugal (como España, aunque bajo distintas circunstancias) está perdiendo un momento histórico para ponerse al nivel de la comunidad europea en materia de investigación científica. Ambos países tienen a su disposición la materia prima más preciada y más difícil de conseguir para ello: recursos humanos plenamente formados y con la experiencia, y el “know how” necesario para alcanzar posiciones de liderazgo en multitud de áreas de conocimiento. Aquellos investigadores formados durante años de inversión en temas científicos ya han dado buenas pruebas de su gran calidad investigadora. Si continúa la ‘parada portuguesa’ durante mucho más tiempo, esos años de inversión serán muy provechosos para otros países, que acogerán (y que ya están acogiendo) a estos científicos que fueron formados con dinero público portugués. ¿Es eso lo que queremos?

El actual gobierno portugués le ha plantado la cara con éxito al austericidio que la Unión Europea ha impuesto a los países mediterráneos. A diferencia del gobierno español, Portugal está basando su recuperación en mejorar la economía de las personas, invirtiendo en sacar primero de la pobreza a la población en riesgo, y luego haciendo inversiones estratégicas que puedan dar lugar a un crecimiento adecuado con las capacidades del país a medio plazo. Los efectos a medio plazo de esta apuesta son que las empresas traen en gran parte a sus propios empleados. Pero, si la situación actual de inversión de esas empresas no se prolonga en el tiempo, crearán poca escuela y por tanto dejarán un magro tejido de innovación en el país cuando aparezcan nuevas oportunidades en otros lugares y estas empresas abandonen Portugal. Hay otras maneras de mejorar la situación, que pasan por aprovechar al máximo el esfuerzo en formación de estas décadas.

Desgraciadamente, sin embargo, Portugal está cometiendo uno de los grandes errores del gobierno de su vecino español, y no está apostando decididamente por la gran capacidad de investigación de vanguardia que tienen los países mediterráneos. De hecho, está confiando su apuesta por la innovación a la mejora de la fiscalidad para que pequeñas y medianas empresas tecnológicas se instalen en el país, olvidando de esta manera el potencial acumulado de un sector público que, al igual que en España, podría fácilmente duplicar o triplicar su capacidad actual.

La única especie humana que ha llegado al siglo XXI, de las varias del género Homo que coexistieron durante miles de años, ha dejado de regirse solamente por las estrictas leyes de la biología. Esta especie no solo es capaz de cambiar y adaptar su comportamiento con suma rapidez, sino que colabora a gran escala para lograr efectos globales sobre la base de una gran novedad: confiar en extraños. Estas ideas que desarrolla de manera muy atractiva y provocadora Yuval Harari en su best seller Sapiens, de animales a dioses, nos llevan a una pregunta: ¿Es realmente tan sabio el hombre sabio -Homo sapiens- o su nombre sólo alude a su incontestable capacidad tecnológica?

En agosto de este año se cumplían 72 años de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, algo que nos prometimos no volver a repetir. Sin embargo, Trump y Kim Jong-un nos hacen volver a respirar esa amenaza nuclear. Tal como decía Ana Merino, “nuestra extinción no necesita de un asteroide que golpee la tierra y desencadene un invierno global. Para eso ya estamos nosotros…” Ahora que tenemos un elevado grado de control sobre nuestro planeta ¿vamos a ser o no capaces de frenar, pensar globalmente y reconducir nuestras acciones más insostenibles?

Nuestra especie ha rondado muchas veces contribuir a su propia extinción, como ilustra perfectamente el “reloj del apocalipsis”, un concepto propuesto hace 70 años por una veintena de premios Nobel para ilustrar cuán cerca estamos de una catástrofe global. En este reloj, el fin del mundo tiene lugar a las 12 de la noche y el tiempo que nos separa de esa hora es el que nos separa de dicho “apocalipsis”, y en estos momentos, el reloj estima que faltan dos minutos y medio para esa medianoche. Solo estuvo más cerca una vez: en 1953, con los ensayos termonucleares de EE.UU. y la Unión Soviética. Además de la amenaza nuclear, esta predicción se basa en cinco riesgos globales más. Dos de ellos son geopolíticos (terrorismo internacional y ciberdelincuencia), pero los otros tres con factores socio-ecológicos globales: el cambio climático (acontecimientos extremos del clima y desastres naturales), el incremento en la desigualdad y los movimientos migratorios involuntarios a gran escala. Tal como concluye Javier Ayuso en su reciente artículo, mientras no haya conciencia de la gravedad de estas amenazas no habrá una solución global a los riesgos a los que exponemos a nuestra propia especie.

Estos mensajes apocalípticos contrastan con la visión optimista de los “indicadores de progreso”. Según estos indicadores, la especie humana ha avanzado hacia lo que consideramos mejoras y relacionamos con un mundo mejor. Estos datos nos indican que “la gente a lo largo y ancho del mundo es más rica, goza de mayor salud, es más libre, tiene mayor educación, es más pacífica y goza de mayor igualdad que nunca antes”, como señala Pinker a EL PAÍS. Por desgracia, los aumentos en población y consumo de recursos asociados a este progreso nos acercan a los límites planetarios descritos por Röckstrom, puntos de difícil retorno que derivan en un funcionamiento inestable y peligroso para todas las poblaciones humanas del planeta. Por ello, estos análisis deben llevarnos al optimismo sobre el potencial de la acción humana, pero no a la complacencia y la inacción. Ajustar el rumbo de nuestras sociedades, introduciendo políticas que mejoren al tiempo la igualdad, el bienestar y la sostenibilidad requiere grandes dosis de inteligencia, convicción y esfuerzo.

Aunque ajustar el rumbo parezca tan sencillo como hacer virar un barco para alejarse de la trayectoria que lo dirige directamente hacia unos acantilados, la realidad es mucho más compleja. Debemos luchar contra un bagaje cultural que refuerza la desigualdad, la dominación y la lucha por los recursos, apoyado por discursos y mitos que niegan la realidad cuando esta nos disgusta. Debemos reemplazar este bagaje por uno que potencie la acción colectiva basada en la evidencia. Una lucha que, especialmente en estos días, parece más difícil que nunca.

Cuando le preguntaron a la autora de la aterradoramente plausible novela El cuento de la criada si era una predicción, ella contestó que lo veía más bien como una antipredicción: “si este futuro se puede describir de manera detallada, tal vez no llegue a ocurrir”. Quizá si los científicos fuéramos capaces de describir los escenarios de cambio global a los que nos dirigimos con mayor precisión, no llegarían a ocurrir.

Mirado desde la distancia que dan los datos, la gran capacidad para cambiar el planeta que tiene Homo sapiens no se ve orquestada, coordinada o planificada para alcanzar metas relacionadas con el bienestar de la especie a largo plazo. El impacto que la humanidad tiene sobre el clima del planeta no es intencionado, sino un efecto colateral de actividades mundanas relacionadas con el ir de un sitio a otro con rapidez o con tener a su disposición y poder despilfarrar grandes cantidades de energía. Igual de colaterales y faltos de programación y finalidad son los miles de temblores, pequeños terremotos y volcanes de lodo provocados cada año por actividades hidráulicas y mineras, o la intensa erosión y pérdida de suelo fértil derivada de intensas (y extensas) actividades agrícolas e industriales. Esta capacidad para alterar el planeta rápida y globalmente, que ha terminado de convencer a la comunidad científica para reconocer la existencia de una nueva era geológica llamada Antropoceno, se argumenta como imprescindible para a satisfacer los anhelos de bienestar de la humanidad. Pero se hace sin prestar atención a su cortoplacismo ni a la relación directa que hay entre desigualdad y sobre-explotación de los recursos. Esto resulta particularmente visible en EE.UU., donde un gobierno elitista y divisivo está desmantelando todo el sistema de protección ambiental y salud pública en aras del bienestar de una parte muy pequeña de la humanidad. Mientras la comunidad científica realiza estimas y proyecciones del efecto de estas actividades humanas y aporta numerosas evidencias sobre su escasa sostenibilidad, estamos viviendo una explosión de políticas populistas en las que los colectivos privilegiados de cada país pelean para monopolizar el consumo todos los recursos que puedan, como si éstos fueran infinitos o su agotamiento careciera de consecuencias.

Cada vez tenemos una mayor capacidad de cambiar el planeta, pero también de medir cada uno de nuestros impactos y estimar las consecuencias de los diferentes escenarios socioeconómicos y geopolíticos a los que nos llevarán nuestras decisiones. Paradójicamente, ahora que estas medidas y proyecciones son más fiables y precisas que nunca, hay una explosión de líderes y movimientos políticos que proponen ignorarlas. Decía Lucio Seneca que ningún viento sopla a favor de quien no tiene rumbo. ¿De qué le sirve a Homo sapiens todo su arsenal tecnológico cuando se enfrenta, sin ningún plan, a las graves crisis ambientales y sociales que él mismo genera? Ahora que Homo sapiens es capaz de controlar en buena medida su propio destino quizá sería buen momento para pensar a donde va, a donde vamos y, lo que es más importante, a donde queremos ir.

Cabría pensar –o al menos es de desear– que la cultura científica aumente a la par que los desarrollos tecnológicos que mejoran nuestra calidad de vida. No parece, sin embargo, ser el caso. Además, con demasiada frecuencia el abordaje que se hace en los medios sobre la tecnología no hace sino aumentar la confusión. Para muestra un reciente artículo sobre el uso de radares por la DGT que puede llevar a más de uno a encontrarse con una desagradable sorpresa en forma de multa.

El artículo nos dice que la DGT aplica la regla del 7 para determinar qué conductores son sancionados por exceso de velocidad. Según esta regla, el conductor será sancionado cuando un “radar” (un cinemómetro – en realidad no tiene que ser un radar) detecte un vehículo circulando a más de 7 km/h por encima de la velocidad permitida (o a más de un 7% por encima de la velocidad permitida si ésta es superior a 100 km/h). De esto se desprende, según el artículo, que “cuando la velocidad máxima es de 40 km/h, el radar salta al superar los 47 km/h. En un tramo señalizado a 50 km/h, ese margen de error permite circular hasta 57 km/h, y así sucesivamente: 67 km/h, 87 km/h…”

¿Es esta afirmación correcta? No, por supuesto que no. Si lo fuera no habríamos escrito esta entrada. Para entender por qué, hay que recordar las definiciones de precisión y exactitud de una medida – que, en la jerga técnico-científica, son conceptos muy distintos. Supongamos que, al repetir una medida muchas veces con un mismo instrumento o con una cinta métrica que utilizan operarios diferentes, obtenemos siempre valores muy parecidos unos a otros. Decimos entonces que la medida es muy precisa. Pero eso no significa que la medida sea exacta… Si mi báscula indica sistemáticamente un peso 5 kg por debajo del real es precisa, pero inexacta. Peso mi equipaje mil veces para asegurarme de que no me van a cobrar sobrepeso al facturar. La báscula me repite siempre que mi maleta pesa 21 kg. Y en el aeropuerto me cobran sobrepeso porque dicen que pesa 26 kg… La medida es precisa pero inexacta. Una medida es exacta si, en promedio, el valor medido está cerca del valor real, independientemente de la repetitividad de la medida.

¿Qué tienen que ver la precisión y la exactitud con las multas por exceso de velocidad? La DGT no tiene forma de saber a qué velocidad circulaba un vehículo: sólo sabe la velocidad indicada por el radar. Como todo instrumento de medida, el radar tiene un error de medición – es decir, la velocidad medida no coincide, en general, con la velocidad del vehículo. Si un vehículo circula a 100 km/h, el radar puede medir una velocidad superior, por ejemplo 103 km/h. Así, si la DGT sancionase a los conductores cada vez que el radar midiera una velocidad superior a los 100 km/h, sancionaría a muchos conductores que no estaban cometiendo ninguna infracción. La “regla del 7” está diseñada para minimizar la probabilidad de que un conductor que no comete infracción alguna sea multado.

No pretendemos remplazar la regla del 7 por una nueva receta que permita al conductor saber a qué velocidad puede ir sin ser multado. Sólo pretendemos explicar la lógica de dicha regla, y por qué no implica que se pueda circular sin miedo a sanciones a 7 km/h (o a un 7%) por encima del límite establecido. Con toda seguridad, no todos los cinemómetros tienen la misma precisión y exactitud, pero parece razonable asumir que si un vehículo circula a 100 km/h, la probabilidad de que el radar mida una velocidad superior a los 107 km/h es despreciable. Ahora bien, si un vehículo circula a 107 km/h, la probabilidad de que el radar mida una velocidad superior, y por tanto que el conductor sea sancionado, es alta: si el radar está bien calibrado (si la medida es “exacta”), la probabilidad de que el conductor sea sancionado es del orden del 50% (sería exactamente del 50% si la distribución del error fuera simétrica, pero no tiene que ser el caso). Si suponemos que la distribución del error es la típica campana de Gauss (que probablemente sea una buena primera aproximación), si un vehículo circula a 106 km/h es igualmente probable que el radar mida 104 km/h o 108 km/h – y en el segundo caso el conductor puede ser sancionado a pesar de aplicarse la regla del 7.

¿En la práctica? La “regla del 7” no permite circular a velocidades superiores a las permitidas sin exponerse a recibir multas. Y eso sin contar con el error asociado al velocímetro del coche…