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Dinero público para auditores privados: el caso de los proyectos de investigación

Una alta proporción de los proyectos de investigación son auditados por empresas privadas años después de su justificación.

La mayoría de los reintegros exigidos son finalmente desestimados, pero los trámites requeridos para tramitar las alegaciones suponen un gran coste para universidades y centros de investigación.

Muchos proyectos deben reintegrar cantidades importantes como consecuencia de reformas fiscales que se realizaron tras su finalización y justificación, pero estos reintegros son rutinarios y podrían realizarse sin involucrar empresas privadas ni auditorías.

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Ilustración Marcos Méndez

Ilustración Marcos Méndez

Las dobles auditorías a los proyectos de investigación ya han sido discutidas en otras ocasiones. En este post visitamos dos vertientes del problema. Repasemos la situación: desde hace unos años, una alta proporción de proyectos de investigación son auditados varios años después de su finalización por empresas privadas. El problema no está en que los proyectos sean auditados – estamos trabajando con fondos públicos y todos aceptamos que debemos rendir cuentas – sino en la forma en que se llevan a cabo las auditorías y el desconocimiento que los auditores muestran sobre el funcionamiento de la investigación. Este desconocimiento hace que muchos de los reintegros exigidos por los auditores sean finalmente desestimados – tras largos y laboriosos trámites.

En un artículo de opinión, cuatro vicerrectores argumentan que el dinero que Hacienda está recuperando a través de las auditorías sólo paga una pequeña proporción de las horas invertidas por investigadores y gerentes en tramitar las auditorías. Cada euro recuperado por Hacienda le cuesta muchos euros a las universidades y centros de investigación, con lo que el único que sale ganando es una empresa privada que va a comisión del dinero que “rescata”. Es decir, se pierde a fecha de hoy mucho dinero público en rescatar un dinero publico presuntamente perdido o mal gastado hace unos años para que una empresa haga caja y se dé la falsa impresión de que Hacienda está haciendo un buen trabajo de saneamiento y seguimiento del gasto público.

Discutimos a continuación dos auditorías a las que nos hemos visto sometidos. La primera es un caso típico de teatro del absurdo. En un proyecto de cien mil euros los auditores exigieron inicialmente la devolución de más de sesenta mil. Un equipo de científicos, becarios, administrativos y gerentes tuvimos que invertir semanas en revisar documentos y comprobantes antiguos para mostrar que el gasto estuvo bien hecho: al final, hubo que devolver cuatro mil ochocientos euros – sobre los que volveremos enseguida. Un cálculo rápido del gasto en términos de horas de trabajo generado por ese requerimiento dio lugar a una cifra comparable a la requerida en la devolución. Se gastó tanto dinero en justificar el gasto como el que se pedía devolver por un gasto presuntamente mal ejecutado. Y eso sin incluir la pérdida de oportunidad medida en tareas que tuvieron que quedar sin hacer, desde experimentos arruinados hasta preparación de proyectos europeos que se tuvieron que cancelar.

En el segundo proyecto, la justificación resultó muy rápida: cerca del 90% de los reintegros que solicitaban fueron aceptados de inmediato, al tratarse básicamente de un problema formal. En el 2010, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas accedió a una antigua reivindicación del CSIC, concediéndole una exención parcial del IVA similar a la que desde hacía años disfrutaban las universidades. Además, implementó la medida con carácter retroactivo, devolviendo una parte del IVA cobrado a partir del 2008. Obviamente, los proyectos justificados en el 2010 no habían tenido en cuenta la medida (que todavía no se conocía), y en  las justificaciones se había asumido que durante los años 2008 y 2009 el CISC pagaría el 100% del IVA. Los auditores exigían el reintegro de la fracción del IVA que Hacienda había devuelto al CSIC. (De los cuatro mil ochocientos euros devueltos en el proyecto anterior, tres mil correspondían a la devolución del IVA.)

El 10% restante correspondía a un viaje a Singapur cuya vinculación con el proyecto, aparentemente, no quedaba clara. En la solicitud original habíamos proyectado  realizar parte del trabajo en Australia, y Singapur no aparecía en la solicitud. Pero en la primera memoria anual del proyecto (cada año debe enviarse una memoria explicando tanto los gastos realizados como los resultados conseguidos y los problemas que hayan surgido) ya explicábamos que el trabajo no se realizaría en Australia, sino en Singapur, y exponíamos los motivos del cambio. Además, de ese viaje salieron dos publicaciones íntegras, y otros datos tomados durante la estancia en la Universidad Nacional de Singapur aparecieron en una tercera publicación (todas ellas centrales para el proyecto). Cualquiera que hubiera leído las memorias del proyecto (cuyo fin no es otro que justificar los gastos) habría sabido que el viaje era una parte esencial del proyecto.

Nuestra conclusión es que, en cierto sentido, las auditorías de los proyectos antiguos están sobradamente justificadas por la reforma del IVA. Cualquier proyecto de investigación de las convocatorias 2007-2009 en que participase el CSIC está necesariamente mal justificado. Dicho esto, si el objetivo fuera recuperar el dinero del IVA bastaría con ceñirse a revisar este aspecto, sin entrar a juzgar si un viaje está relacionado con el trabajo (recordemos que ya se han auditado una primera vez los proyectos para justificar los gastos – nadie pretende no rendir cuentas) o si la inscripción de un doctorando  a un curso se trata de un gasto “personalísimo”, como nos cuentan Fernando Orejas y colaboradores. Además, para realizar este tipo de correcciones (la devolución del IVA en sí, teniendo en cuenta que los proyectos estaban justificados antes de que cambiara la normativa, no constituye exactamente una auditoría) no parece necesario contratar agencias externas y, sobre todo, no debería afectar a proyectos de investigación ejecutados íntegramente por universidades – ya que la normativa no cambió para estas instituciones.

Una vez más, el objetivo real y último de estas auditorías encargadas a empresas privadas no queda claro en absoluto. Y debería estarlo, ya que están generando pérdidas económicas, pérdidas de oportunidad, y un profundo malestar por la desconfianza asociada a una nueva auditoría y por el esfuerzo administrativo que suponen. Dicho esfuerzo y pérdida de capital que se exige a las administraciones e investigadores de los institutos puede ser incluso peor si tenemos en cuenta que algunos de estos centros están sobrellevando la crisis como buenamente pueden, ante una situación de escasez presupuestaria sin precedentes. Se trataría de que la administración del Estado contribuyese a no decelerar todavía más el tren de la investigación y que la prioridad sea la I+D – no el falso saneamiento de cuentas que aquí se plantea.

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