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Miguel Angel Rodriguez-Gironés

Miguel Rodríguez-Gironés es doctor en Biología por la Universidad de Oxford. Actualmente es científico titular en la Estación Experimental de Zonas Áridas, del CSIC.

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Titulitis o la mercantilización de la formación superior

Hemos visto en las últimas semanas un gran trasiego de títulos universitarios en los medios de comunicación, con el máster irregular de Cristina Cifuentes, que ha terminado empujando a la dimisión de todos sus cargos políticos, ocupando una gran atención. Hemos asistido a la perplejidad de la expresidenta de la Comunidad de Madrid por el mero hecho de hacerse público que hubiera comprado un título de máster. La perplejidad ha sido probablemente genuina ya que nadie se escandaliza si compra una lubina o un solomillo. Cierto que la compra del título involucró en este caso la falsificación de documentos públicos y esas cosillas, pero al fin y al cabo eso es como cuando le quitan la grasa sobrante al solomillo en la carnicería o las escamas y tripas a la lubina en la pescadería, ¿sabe usted?

Para entender la sorpresa de Cifuentes es necesario comprender el contexto político y social en el que se desarrolla la obtención fraudulenta de su título. Y ese contexto incluye, en primera página, la mercantilización de la “formación”. Hace unos días, El País publicaba un artículo explicando que la empresa privada cada vez se fija menos en los títulos universitarios a la hora de contratar personal. Si en los años 70 del pasado siglo un título universitario poco menos que garantizaba un buen empleo de por vida (sobre todo en determinadas profesiones), hoy en día miles de jóvenes en paro acumulan títulos universitarios como el que colecciona cromos y con similares efectos sobre su futuro laboral.

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La Constitución española no está totalmente ratificada por el pueblo español

Algún lector se preguntará a qué viene un post sobre la Constitución en estas fechas y publicado en un blog de ciencia (crítica, de acuerdo, pero ciencia al fin y al cabo). La ciencia nos enseña a ser rigurosos y precisos y nos instruye en una mirada exhaustiva de los detalles. Y con esta mirada hemos revisado un documento clave para nuestro país y hemos encontrado un descuido en apariencia ‘pequeño’ – pero con posibles implicaciones que deberían invitarnos a reflexionar.

En la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado cuelga el siguiente archivo. En la primera página del PDF nos informan de que el archivo contiene el texto de la Constitución Española, “aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978”, “ ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978” y “sancionada por S.M. el Rey ante Las Cortes el 27 de diciembre de 1978”. Pero detengámonos un momento y vayamos a las páginas 38 y 39 del documento PDF y leamos el artículo 135. Comienza así:

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La política del maquillaje no funciona con la ciencia

Complicando la ejecución del gasto y maquillando las cifras, el Gobierno juega con el mensaje de “España va bien”. Pero los datos son tozudos. Y los investigadores lo somos aún más. Si en un post anterior nos preguntábamos retóricamente por qué el Gobierno dificulta la ejecución del gasto en investigación y ciencia, ahora nos preguntamos “¿A quién quiere engañar con la manipulación de los datos?”. La estrategia de apoyar la investigación con préstamos y créditos, sabiendo que una gran parte no llega ni a solicitarse, y de poner cada vez más trabas a la ejecución de los menguantes presupuestos de subvención directa, lleva años dando los resultados esperables: cada vez se invierte menos en el presupuesto de I+D+i. No hablamos de una reducción pequeña ya que la combinación de recortes y trabas a la ejecución del presupuesto lleva a una inversión actual que es la sexta parte de la que se realizaba hace ocho años.

La estrategia seguida permite enmascarar la brutal reducción de la ‘inversión’ en investigación y desarrollo. Se mantiene aparentemente estable el nivel de recortes de los presupuestos desde 2011 pero en realidad entre uno y dos tercios de ese presupuesto se queda sin gastar. Claro que la estrategia sí que es buena si el objetivo no es impulsar la investigación científica sino sólo aparentar que se impulsa, guardando ese dinero para otros asuntos. La cuestión llega a levantar ampollas cuando parece que se quiere transmitir la idea de que la falta de gasto en I+D no responde a una falta de voluntad política por invertir en ciencia, sino a la incapacidad de los investigadores para gestionar bien los recursos de los que disponen. Además de levantar ampollas, por ofensiva y humillante, esta situación allana el camino para futuros recortes, ya que es práctica común en la Administración ajustar a la baja los presupuestos de un año cuando en el anterior no se ejecuta todo lo que se había asignado.

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Agricultura familiar y desarrollo sostenible

Cada alimento que nos metemos en la boca tiene una historia por detrás. Aparte de su sabor, el alimento trae consigo el lugar donde lo hemos comprado, su zona de producción, su productor y las prácticas que éste ha utilizado para producirlo. Por eso, con cada bocado estamos ingiriendo toda una historia y toda una cultura. Noción esta última muy bien encapsulada en la cita del geógrafo Jean Brunhes “Comer es incorporar un territorio” (" Manger, c'est incorporer un territoire ").

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La política científica entra en la era de la post-verdad

Junio de 2012. Después de una década prodigiosa, que combinó un moderado incremento en el gasto, la estabilidad en las fechas y plazos de las convocatorias, y una mayor predictibilidad de la carrera investigadora, se multiplica la producción y calidad del sistema español de I+D, demostrando que el principal limitante no era el talento ni la capacidad de trabajo, sino la baja inversión y pésimo funcionamiento de sus políticas e instituciones.

Llega la crisis financiera. Otros países europeos reconocen que la I+D es imprescindible para salir de la crisis y hacen denodados esfuerzos por mantener el nivel de inversión. Pero en España el nuevo gobierno, que promete enderezar la economía, recorta drásticamente los presupuestos de I+D y degrada a su antiguo ministerio a una mera secretaría de estado del ministerio de economía. Su máxima responsable, Carmen Vela, escribe un  artículo en la revista Nature justificando su estrategia política con dos argumentos. Uno: la I+D española está sobrefinanciada. Se eliminarán gastos superfluos, reduciendo el número de investigadores. En el futuro, “solo los investigadores que demuestren que están contribuyendo a ampliar los límites del conocimiento” tendrán cabida en el sistema. Dos: el recorte en la financiación pública de la I+D se acompañará de un aumento de la financiación privada. Según la nueva Estrategia Nacional de I+D+i, la contribución privada debe pasar del 0.60% del PIB en 2012 al 0.73% en 2016.

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¡Traed madera! La Unión Europea la puede liar con las renovables

En “Los Hermanos Marx en el Oeste” (1940), Groucho insta a los pasajeros a aportar madera para hacer avanzar un tren al mismo tiempo que éste se desintegra. El uso de madera como combustible ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, y ha sido responsable de la deforestación de grandes extensiones del territorio a lo largo y ancho del planeta. Una deforestación que todavía hoy continúa, favoreciendo la degradación y pérdida de diversidad biológica precisamente en áreas rurales donde la demanda por madera para calentarse y cocinar es más acuciante – aunque a día de hoy el uso de madera como combustible sea sólo una de las muchas causas de la deforestación.  

 

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Rumbo de colisión: segundo aviso de los científicos a la humanidad

En 1992 más de 1.700 científicos de todo el mundo, incluyendo todos los premios Nobel vivos en aquel momento, firmaron un escrito en el que resumían las preocupantes cifras de nuestro impacto sobre el planeta. Avisaban a la humanidad de que nuestras actividades llevaban rumbo de colisión con el mundo natural. Hace ahora veinticinco años de aquella Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, reunión histórica en la que se definió el concepto de desarrollo sostenible y se dieron 2.500 recomendaciones para alcanzarlo. Ahora, en el 25 aniversario de una cumbre tan emblemática, más de 15.000 científicos de 184 países del mundo hemos firmado un segundo aviso a la humanidad. El aviso se ha plasmado en el artículo con más apoyos científicos de la historia y que ha resultado de una rápida y eficiente coordinación global del mundo académico. En este aviso se repasa la evolución de los principales indicadores ambientales en el último cuarto de siglo. Y la evolución no es precisamente la que se esperaba después de la cumbre en Río. 

El análisis de los indicadores ambientales y de su evolución evidencian que la humanidad no ha hecho bien los deberes programados en 1992. Estos incluían, entre otros, conseguir una reducción del crecimiento poblacional, revisar una economía basada en el crecimiento ilimitado, reducir la emisión de gases con efecto invernadero, incentivar las energías renovables, proteger hábitats naturales, restaurar ecosistemas, y frenar los niveles de contaminación, defaunación e introducción de especies exóticas invasoras. 

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Quo vadis Homo sapiens?

La única especie humana que ha llegado al siglo XXI, de las varias del género Homo que coexistieron durante miles de años, ha dejado de regirse solamente por las estrictas leyes de la biología. Esta especie no solo es capaz de cambiar y adaptar su comportamiento con suma rapidez, sino que colabora a gran escala para lograr efectos globales sobre la base de una gran novedad: confiar en extraños. Estas ideas que desarrolla de manera muy atractiva y provocadora Yuval Harari en su best seller  Sapiens, de animales a dioses, nos llevan a una pregunta:  ¿ Es realmente tan sabio el hombre sabio - Homo sapiens- o su nombre sólo alude a su incontestable capacidad tecnológica? 

En agosto de este año se cumplían 72 años de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, algo que nos prometimos no volver a repetir.  Sin embargo, Trump y Kim Jong-un nos hacen volver a respirar esa amenaza nuclear. Tal como decía Ana Merino, “nuestra extinción no necesita de un asteroide que golpee la tierra y desencadene un invierno global. Para eso ya estamos nosotros…” Ahora que tenemos un elevado grado de control sobre nuestro planeta ¿vamos a ser o no capaces de frenar, pensar globalmente y reconducir nuestras acciones más insostenibles?

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¿A quién ponemos la multa?

Cabría pensar –o al menos es de desear– que la cultura científica aumente a la par que los desarrollos tecnológicos que mejoran nuestra calidad de vida. No parece, sin embargo, ser el caso. Además, con demasiada frecuencia el abordaje que se hace en los medios sobre la tecnología no hace sino aumentar la confusión. Para muestra un reciente artículo sobre el uso de radares por la DGT que puede llevar a más de uno a encontrarse con una desagradable sorpresa en forma de multa.

El artículo nos dice que la DGT aplica la regla del 7 para determinar qué conductores son sancionados por exceso de velocidad. Según esta regla, el conductor será sancionado cuando un “radar” (un cinemómetro – en realidad no tiene que ser un radar) detecte un vehículo  circulando a más de 7 km/h por encima de la velocidad permitida (o a más de un 7% por encima de la velocidad permitida si ésta es superior a 100 km/h). De esto se desprende, según el artículo, que “cuando la velocidad máxima es de 40 km/h, el radar salta al superar los 47 km/h. En un tramo señalizado a 50 km/h, ese margen de error  permite circular hasta 57 km/h, y así sucesivamente: 67 km/h, 87 km/h…”

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El flujo de conocimiento de lo público a lo privado: ¿No hay canon?

La generación de conocimiento no es sólo una característica fundamental para el desarrollo del ser humano, sino una de las mejores herramientas de evolución social que tenemos. Una gestión adecuada del conocimiento que permita el acceso igualitario a avances y nuevas tecnologías es, sin duda, una fuente de progreso y bienestar social. Sin embargo, vivimos en una era en la que debido al altísimo flujo de información, el conocimiento se traduce en fuentes de ingreso económicos de una manera que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Y es que los beneficios económicos del conocimiento son diversos, tal y como se argumenta en  esta publicación centrada en el conocimiento generado con fondos públicos. Pero, ¿hasta qué punto esta inversión pública beneficia a la sociedad?

Entre estos beneficios destaca la percolación del conocimiento generado con dinero público al sector privado. Esta puede ser una percolación geográfica, cuando las empresas circundantes al entorno académico local se benefician directamente de los descubrimientos llevados a cabo por los investigadores trabajando para instituciones públicas de la zona,  o sectorial, en el que son los sectores privados afines son los que se benefician de dicho conocimiento. De hecho en el mismo artículo mencionado anteriormente se citan fuentes que apuntan a que el crecimiento económico está asociado a este tipo de trasvase de conocimiento público-privado.

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