Argentina, una de las grandes esperanza del movimiento por la despenalización del aborto en América Latina, vio a principios de marzo cómo se quedaba bloqueada la presentación del proyecto de ley prometido por el presidente de la nación, Alberto Fernández. Con la situación actual, las mujeres argentinas que desean interrumpir la gestación continúan poniendo en juego su vida.

La última que la perdió fue B. Tenía 41 años y ya era madre. La hospitalizaron el 19 de mayo con una fuerte hemorragia y fiebre alta en el Hospital Materno Infantil Teresa Germani, en Gregorio de Laferrere (La Matanza, provincia de Buenos Aires). Había entrado ya en paro cardíaco cuando fue derivada a otra unidad médica, en la localidad de González Catán. Durante el periodo de cuarentena por la Covid-19 en Argentina han fallecido al menos dos mujeres por realizarse abortos en condiciones inseguras y precarias. Otras tres han sido arrestadas en virtud del estricto Código Penal del país –legislación que el movimiento del pañuelo verde quiere doblegar–.

“Desde que llegó el cambio de signo político a Argentina y asumió la presidencia de la República Alberto Fernández, presionamos para que la despenalización del aborto fuera tratada como una emergencia nacional más, igual que el hambre”, explica para elDiario Laura Salomé, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

La entidad no ha tenido todavía acceso al texto que propondrá el Ejecutivo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner (vicepresidenta y presidenta del Senado), reconoce Salomé, pero confían en que sea similar al proyecto de ley de la Campaña, que ya incluye las modificaciones que se aplicaron en la Cámara de Diputados en 2018. Si se aprueban los cambios que se solicitan, el país se acercaría, al menos en parte, a Cuba, a Uruguay y a Europa, y se alejaría de la clandestinidad.

Oaxaca, resultado del feminismo argentino

Las jóvenes argentinas continúan en la actualidad el legado de sus antecesoras, que estuvieron en la vanguardia del feminismo desde hace décadas. Tanto es así, que su ejemplo ha cruzado las fronteras de la zona de norte a sur. Julia Escalante de Haro, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), cuenta desde México que antes “se trataba de incidir en las legislaturas de manera sigilosa”. “Como tratando que la derecha no se diera cuenta de lo que estábamos haciendo para que no hubiera reacciones en contra”. Ahora la lucha está a otro nivel: “Lo que demostró el movimiento argentino es que también con la rabia se transforma”.

Aunque quedan otras muchas cuentas pendientes en América Latina –comenzando por la amenaza a los derechos de la mujer que supone la rigidez en El Salvador, República Dominicana, Honduras, Guatemala y Nicaragua, entre otros– el movimiento feminista se agarra a los éxitos mas recientes, como el caso del estado mexicano de Oaxaca en septiembre de 2019, que despenalizó el aborto hasta las doce semanas. 12 años antes ya había alcanzado ese estatus la Ciudad de México, otra de las 32 unidades federativas del país.

En ambos casos se desplegó una “estrategia velada”, indica la coordinadora de CLADEM, “porque no se despenalizó como tal, no se sacó del código penal, sino que se redactó para que la interrupción del embarazo solo se sancionara después de las 12 semanas”. Esquivaban, de ese modo, la reacción de la derecha. “Se mantiene el delito de aborto, pero se disminuyeron las penas”. Existe una diferencia entre el resultado de Ciudad de México y el de Oaxaca: en Ciudad de México se incluyó como una obligación del Estado proveer esos servicios de manera gratuita, mientras que en Oaxaca solamente quedó en el ámbito del derecho penal.

El caso colombiano es otro ejemplo de la utilización de dobles vías para alcanzar la flexibilización de los códigos penales. “El aborto en Colombia existe como un delito, pero también como un derecho”, señala para este reportaje Aura Cuasapud Arteaga, de Católicas por el Derecho a Decidir. Una demanda de inconstitucionalidad desembocó en la sentencia C355 de 2006 de la Corte Constitucional que introdujo unas serie de excepciones a la ley penal. Se Incluyeron tres causales para la interrupción del aborto: cuando el embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, violencia sexual y malformación fetal.

“A lo largo de estos 14 años la Corte Constitucional ha creado otra serie de sentencias que refuerzan este derecho y se va a haciendo cada vez más robusto”, comenta Cuasapud. La consistente actividad del poder judicial equilibra la omisión del Ejecutivo y el Legislativo, algo tradicional también en la región: “El Congreso Nacional nunca se ha pronunciado al respecto. Han existido algunos proyectos de ley, pero nunca llegan al final”.

Brasil no consigue avanzar en el Supremo

Unas audiencias públicas en el Tribunal Supremo brasileño hace dos años dejaron patente que el camino elegido en Brasil para conseguir ampliar la literatura legislativa de la interrupción del embarazo pasaba por esquivar el conservadurismo del Congreso Nacional, con alta influencia de la extrema derecha y, sobre todo, del evangelismo. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha tratado el tema recientemente sin dar señales de conexión con el movimiento feminista.

La oportunidad llegó a finales de abril, cuando la más alta corte juzgó la Acción Directa de Inconstitucionalidad 5581, presentada en agosto de 2016 por la Asociación Nacional de Defensores Públicos (ANADEP). Teniendo en cuenta el poco apoyo institucional a las madres cuyos fetos nacen con secuelas neurológicas relacionadas con el virus del zika, la acción solicitaba que la interrupción de la gestación en estos casos no se encuadrara en el delito de aborto que marca el artículo 124 del Código Penal. El Tribunal Supremo lo rechazó por mayoría.

Solo uno de lo magistrados, a pesar de no manifestar divergencia con sus compañeros de Corte, intercaló en su voto unas reflexiones esperanzadoras para el feminismo brasileño. Fue Luís Roberto Barroso, que recordó que “el tratamiento del aborto como delito no ha producido el resultado de elevar la protección a la vida del feto. Al contrario, en países en que fue despenalizada la interrupción de la gestación hasta la decimosegunda semana se han logrado mejores resultados, proporcionando una red de apoyo a la gestante y a su familia”.

Consciente de la dilatada tradición judeocristiana yacente en Brasil, el juez Barroso se preguntaba en su voto: “¿Tratar al prójimo como desearías que te trataran a ti se cumple enviando a la cárcel a la mujer que pasa por este drama? Personalmente, creo que no. Por lo tanto, sin dejar de lado cualquier convicción, es perfectamente posible estar en contra del aborto y a la vez en contra de su criminalización”.

Un trágico ritmo de más de 22.000 nuevos casos diarios ha lanzado a Brasil hasta la cifra del millón de contagiados por COVID-19. El ritmo de víctimas mortales durante la última semana de otoño ha sido de 1.200 fallecidos al día. Desde que el Gobierno Federal amagó con ocultar datos y modificó la forma de registrar las víctimas mortales que se iban originando durante la pandemia, un consorcio formado por los grandes grupos de comunicación brasileños lanza dos informes al día sumando las referencias publicadas por cada uno de los 26 estados (más el Distrito Federal de Brasilia). Las proyecciones de ese consorcio ya anuncian la cifra simbólica del millón, que este sábado será confirmada por los centros estadísticos de referencia en la pandemia.

Los pocos intentos de semicuarentenas que se han ido experimentado en algunos núcleos urbanos brasileños se han desarbolado antes de llegar al pico de la pandemia y nunca se ha conseguido rebajar la actividad en las calles a los niveles aconsejables ni popularizar el distanciamiento social.

El transporte público ha sido el escenario de las mayores aglomeraciones durante los últimos tres meses en las grandes capitales. La clase trabajadora más vulnerable, la que no está en condiciones de teletrabajar ni de desplazarse en vehículos privados, se ha visto abocada a seguir pasando el día en autobuses, trenes y vagones de metros repletos, en largos trayectos desde las periferias. Las decisiones de algunos ayuntamientos y gobiernos estatales complicaron más todavía el reto: disminuyeron la flota de servicio, por lo cual las aglomeraciones empeoraron.

Los efectos, presentes y futuros, de la pandemia en Brasil han de ser analizados comprendiendo la asimetría de un país de dimensiones continentales, con estados más grandes que países europeos. En el estado de Maranhão –más superficie que Italia–, uno de los que poco a poco ha ido ganando su lugar entre los más afectados del país, el 90% de los nuevos casos positivos provienen del interior de la región, lejos de las aglomeraciones de São Luís, la capital.

Ahora son los municipios conectados por las carreteras federales los que verán disparadas sus cifras, tal y como ha ido sucediendo paulatinamente en la zona más pobre del país, el sertón del semiárido. La diferencia es que estos municipios no suelen disponer de camas de cuidados intensivos y el servicio de ambulancias hasta las ciudades no está consiguiendo gestionar la la demanda.

Esta asimetría del país ha ido impidiendo semana tras semana una coordinación entre Gobierno federal, gobiernos estatales y ayuntamientos. Además, se apilan en las tres esferas de poder irregularidades constantes. El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, –más preocupado por el proceso de impeachment que le acaban de abrir en la Asamblea Legislativa que de la propia pandemia–, prometió siete hospitales de campaña. Sin embargo, este fin de semana, con 87.317 casos confirmados y 8.412 fallecidos en su estado, se ha inaugurado el segundo de ellos, en el municipio de São Gonçalo. El único en funcionamiento hasta el momento era el hospital de campaña de Maracanã, levantado en los aledaños del estadio donde el jueves por la noche, un Bangu-Flamengo servía de apresurado retorno del Campeonato Carioca de fútbol.

En Río hay equipos que no están ni entrenando y hay equipos que ya están compitiendo, todo forma parte del desconcierto. A la misma hora que echaba a rodar la pelota se confirmaba que ese día se habían registrado 274 nuevas víctimas mortales en el estado de Río.

El ministro de Sanidad, el general Eduardo Pazuello, sigue siendo interino y no tiene experiencia ni en política ni en el área de la salud. El presidente de la República, Jair Bolsonaro, interviene sobre el tema cada equis tiempo para sembrar dudas y crispación. En su tradicional comparecencia de cada noche de jueves a través de las redes sociales, volvió a criticar a la Organización Mundial de la Salud: “Están todo el tiempo yendo y viniendo, y volviendo atrás”. Según Bolsonaro, la OMS “no acierta en nada”, y “está dejando mucho que desear”.

Una brecha social cada vez más grande

La pandemia, que en todos los países por los que ha pasado dejará una huella profunda en términos económicos, en Brasil agigantará una brecha social ya suficientemente profunda y enquistada. 60 millones de brasileños han necesitado la renta básica de emergencia aprobada por el Congreso Nacional (600 reales –100 euros– al mes durante tres meses), sobre todo autónomos, trabajadores informales –sin contrato ni alta en la seguridad social– y desempleados. La medida beneficia a 130 millones de habitantes, si se tienen en cuenta los núcleos familiares que la perciben.

Pero ni esa cuantía ni ese periodo son suficientes: la ayuda ya está prácticamente acabando. La presión de la sociedad civil para la creación de la renta básica de emergencia se ejerce ahora para su extensión. El presidente Bolsonaro y el ministro de Economía, Paulo Guedes, están dispuestos a prorrogarla dos meses más, pero con la mitad del valor, para después fusionar la cuantía con otra serie de programas sociales en vigor. Las dos Cámaras que forman el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y el Senado Federal, intentarán que se mantengan los valores durante los dos próximos meses –su idea inicial era llegar hasta diciembre–, a sabiendas de que seguirá sin ser suficiente.

Innumerables campañas de entrega de cestas básicas de alimentos a la población más necesitada se están articulando por toda la geografía brasileña, desde las instituciones públicas o desde organizaciones no gubernamentales y asociaciones. Pueden verse estos tremendos esfuerzos tanto en las favelas de las grandes ciudades, con las organizaciones vecinales al frente, como en pequeños asentamientos en las orillas de los ríos de la cuenca amazónica, donde interviene la Marina de Brasil.

Y no solo el hambre, el desempleo y el acceso a sanidad pública ampliarán la brecha; también las dificultades de acceso a la educación marcarán un antes y un después tras esta pandemia. La educación a distancia es, en Brasil, un privilegio de las familias de clase media y alta. El resto de alumnos camina al margen –debate encarnizado el que está habiendo por el aplazamiento del examen de acceso a la universidad para que los alumnos de la población más desfavorecida se lo puedan preparar bien y no quedarse atrás–.

La iniciativa “4G para estudiar” gira precisamente en torno a esta problemática, dado que la educación es uno de los motores para paliar la desigualdad en Brasil. Lanzada por la organización Nossas, el proyecto está recaudando donaciones para suministrar tarjetas prepago a estudiantes de las periferias que no dispongan de conexión a internet en casa y que de este modo puedan disponer al menos de conexión 4G en el teléfono móvil. La cuantía recolectada hasta la fecha suma 465.700 reales, lo cual ayuda, según los cálculos de los organizadores, a más de 9.000 estudiantes.

Con la llegada de la pandemia a Brasil Jair Bolsonaro tuvo que elegir y no optó por la estabilidad. El presidente ultraderechista prefiere la confusión, se desenvuelve bien en ella, y tiene las de ganar sobre el terreno embarrado. Su descoordinación con los gobernadores ha desembocado en 27 estrategias diferentes, y dado que Dios no ha demostrado ser brasileño ni el sol ha quemado el virus –opciones que, en tono jocoso, reivindicaba el ministro Mandetta en marzo–, la conclusión es un país desorientado en el peor de los momentos.

A fuerza de apoyar y alentar concentraciones de sus seguidores contra el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo, el presidente ha obligado a sus detractores a echarse a la calle para responder protegiendo la Constitución, desentendiéndose unos y otros de las recomendaciones de distanciamiento social cuando el país entra en la etapa más dura de la crisis, con la curva verticalizándose sin freno. Por la presión económica y empresarial capitaneada por el propio Bolsonaro para retomar las actividades, gobernadores y alcaldes están decretando desescaladas precipitadas e improvisadas.

Pero además, los datos oficiales sufren modificaciones, desinformación y apagones constantes, teledirigidos desde el Gobierno Federal para que la percepción de la tragedia no sea tan dramática como realmente es, según critican diversos sectores de la sociedad brasileña. La polémica sobre las cifras ha aumentado este fin de semana, tras el retraso y la omisión de datos consolidados. 

“Intervención militar con Bolsonaro al frente”, piden algunas de las pancartas de las concentraciones de los más fieles seguidores de Jair Bolsonaro, contrariados por la forma en que los otros dos poderes del Estado han logrado frenar al Ejecutivo en numerosas ocasiones ya a lo largo de los 18 meses que suma la legislatura. Lemas anticonstitucionales que el presidente ha respaldado en los últimos tiempos. Ha sido un asiduo a este tipo de convocatorias. El domingo 31 de mayo las sobrevoló en helicóptero, junto al ministro de defensa, el general Fernando Azevedo, y luego las saludó a caballo. Este domingo fue el general Augusto Heleno, ministro jefe del gabinete de seguridad institucional, el que se dejó ver en el acto pro-Bolsonaro en Brasilia.

Desde el otro ángulo, en las mismas capitales –las mayores aglomeraciones surgieron en São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia–, las protestas de los detractores de Jair Bolsonaro se presentaban a favor de la democracia, y contra el racismo y la violencia policial. Se desarrollaron sin mayores incidentes, a pesar de la tensión acumulada, movidas por la pretensión de que un frente común, enarbolado en torno a las premisas de las protestas, pueda articular una respuesta política al actual desgobierno.

Mientras tanto, a pesar de que los récords negativos se van acumulando en el calendario, gobernadores y alcaldes de toda la geografía brasileña –en estos últimos han derivado la responsabilidad algunos gobernadores– han publicado decretos en sus respectivos diarios oficiales para la reapertura gradual de la actividad. La desescalada de un confinamiento que nunca ha sido obligatorio, y que ha tenido como principal bandera el cierre de los centros comerciales –buena parte del comercio de barrio ha continuado abierto, clandestinamente en la mayoría de casos– y centros educativos. Las decisiones chocan de frente con la objetividad de los daños causados y los golpes que aún tendrán que venir, a tres o cuatro semanas, según los expertos, del pico de la pandemia.

La omisión de datos, investigada por la Fiscalía 

El Ministerio de Sanidad es uno de los órganos que, en Brasil, navega a la deriva en las últimas semanas. Aún sin concretarse el nuevo titular de la cartera, sigue en funciones de interino el general Eduardo Pazuello, con nula experiencia tanto en ámbito político como en campo sanitario.

Pazuello, tercer ministro en gestionar la pandemia en Brasil, ha recibido un oficio firmado por la Fiscalía: tendrá que proporcionar información detallada sobre la desaparición de los datos acumulados de decesos registrados por la COVID-19 en el país, de los datos de las muertes bajo investigación y sobre la desconexión de la web ministerial cerca de 20 horas este pasado sábado.

El proceso extrajudicial abierto por la Fiscalía remite directamente a la Ley de Acceso a la Información: “Constituyen conductas ilícitas que requieren responsabilidad del agente público o militar: negarse a ofrecer información solicitada en los términos de esta ley, atrasar deliberadamente su entrega o entregarla intencionadamente de forma incorrecta, incompleta o imprecisa”.

Desde que Bolsonaro destituyó a su primer ministro de sanidad, Luis Henrique Mandetta, no se ha sabido nunca con seguridad a qué hora iba a ser la comparecencia de prensa diaria para consolidación de los datos de los 26 estados y el Distrito Federal, ni quiénes iban a estar presentes en la comparecencia.

Médicos y epidemiólogos del Ministerio están viéndose obligados a salir a defender el uso de hidroxicloroquina -sin eficacia comprobada de momento contra la COVID-19-, del mismo modo que hace nueve meses el ministro de Ciencia y Tecnología, el teniente coronel Marcos Pontes, astronauta, se vio obligado a negar a la ciencia y a la tecnología. Pontes declaraba entonces que “compartía la extrañeza” de Bolsonaro por los datos de deforestación amazónica publicados por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), que los calcula en tiempo real con un avanzado sistema satelital. Tanto en la pandemia como en la selva, para Bolsonaro, revelar la verdad de las estadísticas es un desvío antipatriótico.

Brasil no ha encontrado la fórmula para contener la COVID-19 y el tiempo se le ha echado encima. Ya es el tercer país del mundo con más casos confirmados (supera las 310.000) y registra 20.047 fallecidos, según datos oficiales. Mientras tanto, el presidente Jair Bolsonaro no se ha desplazado ni un milímetro de su posición inicial: la economía del país no puede parar. Sin embargo, se da por segura ya una recesión superior al 5% para 2020.

Además, dado que el número de test realizados es insuficiente –3,5 por cada mil personas–, diversos especialistas advierten de que para averiguar el número de casos positivos más cercano a la realidad habría que multiplicar por 15 la cifra actual. Por eso es probable que aumente también el número de fallecidos. Como en otros países, muchos certificados de defunción se han sellado indicando “síndrome respiratorio agudo grave” o dolencias similares.

A pesar del inmovilismo frente al virus del presidente, el Tribunal Supremo ha sentenciado que los gobernadores y alcaldes tienen una gran capacidad a la hora de tomar medidas. Los focos más dañinos se sitúan en los estados de São Paulo, Ceará, Río de Janeiro, Amazonas y Pernambuco. Cada estado huye hacia adelante. Sobre la marcha.

En São Paulo, por ejemplo, el último movimiento ha consistido en anticipar y unir un ramillete de días festivos confeccionando un megapuente de casi una semana completa, con la idea de disminuir la actividad en las calles y avenidas de São Paulo. El gobernador, João Doria, ha avisado de que prefiere “evitar la medida extrema”, pero si la población no demuestra responsabilidad, se verán “obligados a decretar el confinamiento”.

En los barrios humildes y las favelas de las grandes ciudades la gente es más vulnerable a la epidemia y se teme que no haya llegado lo peor. De estas zonas proviene la gran mayoría de los trabajadores informales –sin contratos ni alta en la seguridad social– que necesitan la calle como medio de supervivencia.

El Congreso Nacional aprobó una renta básica de emergencia para la población con menos recursos. Tras arduas negociaciones y con la presión de la sociedad civil, se lograron 600 reales al mes –aproximadamente 100 euros–, pero solo durante tres meses, que ya casi han pasado. Según datos oficiales, aproximadamente 60 millones de brasileños dependen directamente de este auxilio: más de 38 millones de trabajadores informales y 21 millones que no figuran en ningún registro, apodados los “invisibles” por el ministro de Ciudadanía. Teniendo en cuenta todo el núcleo familiar, 130 millones –del total de 210– dependen indirectamente de la ayuda. Si la norma no se prolonga, no tendrán más remedio que volver a la calle a trabajar.

Tres ministros de Sanidad desde el inicio de la crisis

El Ministerio de Sanidad también se ha visto sumido en el caos. Tres ministros han pasado por allí desde el inicio de la pandemia. El actual –ministro en funciones– es el general Eduardo Pazuello, sin conocimientos ni en el área de salud ni en el campo político. Si llegara un ministro civil en las próximas semanas se encontraría en las oficinas algo parecido a un regimiento: Pazuello ha incorporado al equipo a otros nueve militares. Si además de civil, el ministro entrante fuera médico, tendría que hacer suyas las nuevas directrices gubernamentales que recomiendan el uso de cloroquina e hidroxicloroquina, un medicamento para la malaria que aún no ha demostrado ser seguro y efectivo para pacientes de COVID-19.

En los estados más afectados ha colapsado el sistema público de salud. Las horas y los días a la espera de cama libre en una unidad de cuidados intensivos van en aumento y los hospitales de campaña levantados para paliar el déficit no consiguen ponerse en marcha por falta de respiradores.

El Gobierno Federal solo ha conseguido comprar una cuarta parte de los que prometió, y los estados se han lanzado al mercado internacional por su cuenta y riesgo. Altos cargos de la Secretaría de Sanidad del estado de Río de Janeiro han sido destituidos por supuestos fraudes en la compra de respiradores. El nombre de la operación policial sintetiza el ambiente: 'Mercaderes del caos'.

El Gobierno de São Paulo ha decidido contratar 1.500 camas de UCI a hospitales privados, utilizando la opción autorizada por el decreto de calamidad pública aprobado por el Congreso Nacional, el cual contempla el “pago posterior de una indemnización justa” a la red privada. Otros estados como Maranhão y Ceará están siguiendo el ejemplo.

A los obstáculos propios de la pandemia, en Brasil se suman las dificultades logísticas. Manaus –acontece también en otras capitales– es la única ciudad de su estado (Amazonas) con unidades de cuidados intensivos. Avionetas medicalizadas trasladan hasta allí a los indígenas que se contagian del virus en las comunidades de la selva.

Estas particularidades están influyendo también en la imposibilidad de decretar confinamientos obligatorios a nivel estatal. Los intentos acaban reduciéndose en ocasiones a la esfera municipal, como indicaba hace un par de semanas el gobernador del estado de Pará, Helder Barbalho. Hay que comprender la dimensión territorial de Pará, superior a más de dos Españas. No disponen de medios para controlar un confinamiento obligatorio en toda su superficie. Lo han terminado acotando a la capital, Belem, y diez localidades de su región metropolitana. Pará es el sexto estado más afectado de Brasil. A pesar de que aún no se ha alcanzado el pico de la pandemia, varios mandatarios están estudiando acabar con el semiconfinamiento en cuestión de días.

Grupos ultracristianos brasileños han tratado de prohibir durante las últimas semanas el desfile de la Estação Primeira de Mangueira en Río de Janeiro, acusándoles de blasfemia, y eso que lo único que se conocía –hasta la pasada madrugada– era la letra del samba-enredo creado para la ocasión. Mangueira, la escuela de samba campeona en 2019, venía anunciando un Jesucristo con “rostro negro, sangre de indio y cuerpo de mujer”; un Jesucristo que se preguntaba si el pueblo habría entendido “el mensaje” pues los “profetas de la intolerancia” le tienen otra vez crucificado; un Jesucristo que alertaba de los “mesías con armas en la mano”, en referencia al nombre completo del presidente, Jair Messias Bolsonaro. En el Sambódromo de la avenida Marquês de Sapucaí, a la hora de la verdad, la puesta en escena de la agrupación irritó más si cabe a aquellos que les venían increpando.

La estampa, explican los organizadores, es la versión de lo que podría haber significado Jesucristo en otro tiempo, nuestro tiempo. Le representan en la fragilidad de la favela y le crucifican en cuerpo de mujer, ensalzando la causa feminista, y también como joven negro marginalizado, recordando quién lidera los datos de exterminio en las periferias de las grandes ciudades brasileñas.

La reacción ultracristianas ha sido enérgica, articuladas principalmente en torno al Instituto Plinio Corrêa de Oliveira, que organizó una recogida de firmas para que la Justicia detuviera el proyecto. Comprenden la necesidad de la libertad de expresión, pero opinan que, “como todo derecho, tiene ciertos límites, y aquí entra la cuestión de la blasfemia”. Son palabras para eldiario.es del abogado y politólogo Frederico Viotti, representante del Instituto Plinio Corrêa de Oliveira. “Han decidido llevar al Carnaval, que es una fiesta en la que se mezcla todo tipo de inmoralidades y de nudismo, imágenes de Nuestro Señor”.

Protestaba Viotti, al mismo tiempo, de la presencia de “ideología de género” en la samba-enredo de Carnaval. “En determinado momento, el samba dice que es preciso un amor sin fronteras y que Nuestro Señor tiene cuerpo de mujer”, se queja el abogado y politólogo. “El samba es usado de una forma muy clara para propagar una visión de Nuestro Señor contraria a la fe católica, y en el fondo burlándose de la veneración y adoración que los cristianos en Brasil, más del 90% de la población, sienten por Nuestro Señor”.

No había visto este portavoz todavía a la reina de la batería de la Estação Primeira de Mangueira. Evelyn Bastos, nacida y criada en la favela de Mangueira, era la encargada de desfilar sambando frente al ejército percusionista de la escuela. Desfiló portando una corona de espinas, luciendo llagas en las manos, e interpretando su papel de Jesucristo mujer negra desde el principio hasta el final. Su mensaje ponía el foco en los feminicidios en Brasil, y también iba dirigido a concienciar sobre el 'no es no' en celebraciones multitudinarias como el Carnaval: “Desgraciadamente, nuestra danza todavía es vista como sexual. Para nosotras es cultural. La lucha aún es grande”.

El apoyo de las religiones minoritarias

Desde el momento del anuncio de su desfile, hace meses, hasta el próximo sábado –día en que volverán a desfilar en el Sambódromo de Río las seis escuelas mejor clasificadas en este Carnaval 2020–, una de las ocupaciones rutinarias de la directoría de la Estação Primeira de Mangueira es defenderse de los ataques ultracristianos. “La gran mayoría de religiosos, de varios pensamientos religiosos, opinan que no se trata de blasfemia, sino que estamos tomando las enseñanzas que Cristo dejó”, cuenta a este periódico Moacyr Barreto, vicepresidente de proyectos especiales de la agrupación. “Cristo estuvo siempre al lado de los pobres, de los oprimidos”.

En la favela del Morro da Mangueira, y por supuesto formando parte de la agrupación, hay cristianos de diversas direcciones, pero Barreto señala que “toda la escuela ha abrazado este samba”. Entienden los vecinos y seguidores que están “hablando de un Jesucristo que renace en el Morro da Mangueira, y que va a convivir con los excluidos, con los más humildes. Tal vez no hayamos comprendido bien su legado y sus enseñanzas, porque si no no estaríamos viviendo situaciones como las que vivimos hoy”.

La buena noticia para Mangueira es que por cada ataque que han recibido por parte de los ultracristianos –al final no lograron su objetivo de censura– también han aparecido apoyos de líderes religiosos de los más diferentes credos. Estos líderes, unidos contra la intolerancia y el racismo religioso, contaron con una comitiva en el desfile en el cual Mangueira repensaba al lado de quién estaría Jesucristo si viviera hoy.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, ha anunciado un nuevo plan urbanístico para Rocinha, considerada la mayor favela de toda América Latina. Se trata del último anuncio en una sucesión de programas de urbanismo durante más de dos décadas que no han dado resultados: el abandono institucional y la falta de atención y de mantenimiento devuelven cualquier estructura al punto de partida. 

El programa Comunidade Cidade fue inaugurado en presencia de Sérgio Magalhães, presidente del Comité Ejecutivo del 27º Congreso Mundial de Arquitectos, que se celebrará en julio en la ciudad, y que encumbrará a Río como la primera capital mundial de la arquitectura.

Entre los que escuchaban el discurso estaba el arquitecto Luiz Carlos Toledo, autor del Plano Director Socioespacial de Rocinha, firmado hace 14 años. Estos planes se guardaron en un cajón y nunca se llevaron a cabo. Ahora, el Gobierno estatal ha apañado un remiendo con el que trata de recuperarlos.

Pero hace más de diez años que se diseñó aquel programa y “Rocinha ha cambiado mucho”, explica a eldiario.es la arquitecta y urbanista Tainá de Paula. Tampoco parece tener sentido, a su juicio, actuar “solo en una favela” en una ciudad que tiene alrededor de 800 esparcidas por toda su geografía.

Las favelas de Río de Janeiro, creadas hace más de un siglo, están acostumbradas a la autogestión y sobreviven equilibrando la complejidad de su tejido social. Los intentos más consistentes de soluciones urbanísticas para estos barrios de viviendas informales arrancaron en 1995, pero se han visto abocados al fracaso por la desatención institucional. 

Aquel año clave nació el programa Favela Barrio. Los fondos venían avalados por el Banco Interamericano de Desarrollo, era una ocasión única. Tainá de Paula admite algunas mejoras sobre todo en la zona norte de la ciudad. Los mejores ejemplos son la favela Fernão Cardin –que “recuperó el cauce del río”– y la favela del Morro do Campinho, donde las diferentes cotas de nivel se convirtieron en áreas de recreo, plazas, puntos de encuentro, parques o mercadillos, explica la experta. La intervención ayudó, al mismo tiempo, “al freno de la expansión y sus problemas socioambientales a largo plazo”. Sin embargo, con el paso de los meses, la mayor parte de las actuaciones se paralizan.

Pablo Benetti, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), ha sido testigo del quiero y no puedo del desarrollo urbanístico en las favelas de Río. Uno de los proyectos premiados en el concurso Morar Carioca (2010) –la continuación del programa Favela Barrio– llevaba su firma junto con las de João Carlos Laufer Calafate, José Augusto Pina, Ana Prado y Ana Gabriella Steinhauser.

El proyecto estaba destinado a acondicionar los severos desniveles del Morro de São João, pero nunca llegó a ser ejecutado. El ayuntamiento acabó desviando casi todos los recursos para las obras relacionadas con los Juegos Olímpicos de 2016.

A pesar de todo, Benetti puede señalar grandes ejemplos de correcto urbanismo en la época anterior, la del programa que firmó. “El problema es que después hubo una falta de continuidad de los Gobiernos”, sostiene. Entre muchas otras, recuerda las labores desempeñadas en la favela Parque Royal. Se instalaron redes de distribución de agua y energía eléctrica; se estrenó iluminación pública y red de alcantarillado; se construyó un centro de salud, una guardería, un centro social, un polideportivo y una plaza, además de ofrecer una solución habitacional a cientos de vecinos que vivían en frágiles palafitos sobre la contaminada bahía de Guanabara.

“Un buen proyecto, un buen trabajo que recuperó un área importante. Si vas hoy te dan ganas de llorar”, dice Benetti sobre su programa.

Las buenas ideas se van al traste por la falta de planificación y control del Poder Público en las zonas más reprimidas de Río. “La favela va creciendo, y eso acaba deteriorando principalmente las redes de saneamiento”, analiza la arquitecta y urbanista Solange Carvalho. “Parque Royal contaba con alrededor de 1.500 familias al principio. Ahora ya están en 2.800 familias. La infraestructura no soporta toda esa carga”.

Entre los programas Favela Barrio y Morar Carioca apareció la rotundidad de uno de los programas de aceleración del crecimiento del Gobierno Lula da Silva, el PAC Favelas, de 2008. Era la época del viento a favor, cuando la crisis económica mundial, que en Estados Unidos era “un tsunami”, según Lula, si llegaba a Brasil sería “una olita que no se serviría ni para surfear”. Una nueva oportunidad perdida.

“El mejor legado, si es que hay alguno”, describe Pablo Benetti, “es la valoración positiva de la Colonia Juliano Moreira”. Este rincón de la zona oeste de Río de Janeiro fue inaugurado hace un siglo ya con la instrucción de mantenerse aislado. Era una colonia psiquiátrica.

El proyecto urbanístico incluyó vías de integración con la ciudad, y también vías secundarias entre los diferentes barrios de la colonia. Muy pocos años después de esta intervención, ante la ausencia del Poder Público, la favela está en manos de las milicias paramilitares, que cuentan con una de sus principales fuentes de ingreso la falsificación de títulos de propiedad de terrenos y la edificación y venta de construcciones ilegales.

Entre el pesimismo y la esperanza se mueve la arquitecta Solange Carvalho. “Hay varias cosas que han salido muy bien”, asegura. “Donde hubo inversión en saneamiento y en apertura de vías, una reestructuración del tejido urbano, se ha demostrado que salió bien”. Los defectos recurrentes, bajo su punto de vista, son que “los programas son montados generalmente sin consultar a los vecinos” y que los proyectos, como sucedió con el PAC Favelas, “acaban siendo desmantelados para desarrollar solo los que interesaban a las constructoras y a los políticos”.

Las demandas de los vecinos de las favelas

Pero, ¿qué piden los principales afectados, los vecinos? La experiencia de Benetti tras años de conversaciones con ellos es que sus demandas se centran en “servicios básicos, fundamentalmente la cuestión ambiental, recolección de basuras –una de las opciones es abrir calles–, y el saneamiento. A nadie le gusta vivir en medio de la basura”. El desafío de los terraplenes de algunas de las favelas que nacieron en los innumerables cerros de la ciudad hace que se ensayen esquemas como en Santa Marta, con funiculares asignados para la recolección selectiva de residuos. Allí los camiones de la basura no llegan, y es habitual ver cúmulos de bolsas de basura arrojadas por el barranco.

Con el paso del tiempo, ha ido surgiendo entre los vecinos otra reivindicación, un mayor acceso a la cultura. “En Manguinhos ven que hay exposiciones en el Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)”, relata Tainá de Paula, “pero lo que ellos quieren es poder verlas en su favela”. Persiguiendo esta demanda cultural, en la Vila Operária –municipio de Duque de Caxias– decidieron que si nadie les había ofrecido la oportunidad de contar con una galería de arte en la favela, ellos mismos convertirían sus calles en una galería de arte urbano a cielo abierto. El evento Meeting of Favela (MOF) ya va por la XIV edición, reuniendo a algunos de los mejores artistas urbanos del mundo.

El acondicionamiento de zonas comerciales es fundamental para desarrollar, a su vez, iniciativas de emprendimiento en las favelas de Río. Solange Carvalho se fija en el potencial del mercado de la calle Teixeira Ribeiro, en el Complexo da Maré. El Fórum de Desarrollo Local de la Maré está trabajando en un proyecto de peatonalización para dar un paso más en la configuración de uno de los mercados más populares de la periferia de Río. Intentan lograr que la favela se convierta, poco a poco, en un punto de encuentros urbanos.

La agresividad de una parte de la Iglesia evangélica en Brasil tomó forma en los años 70, se endureció a principios de este siglo y está alcanzando la cima ahora, en paralelo a su proyecto de poder. “Los tres poderes están en manos de los evangélicos”, asegura Mãe Fátima Damas a eldiario.es. Damas lleva 47 años al frente de un templo umbandista en uno de los barrios más populares del centro de Río de Janeiro y es una de las líderes de la Comisión de Combate a la Intolerancia Religiosa.

En 2019, más de 200 espacios sagrados de las religiones del candomblé y la umbanda (cultos afrobrasileños) fueron atacados por extremistas neopentecostales, según se confirmó hace unos días en el III Seminario de libertad religiosa, democracia y derechos humanos organizado por el Centro de Articulação de Populações Marginalizadas y la Campaña Nacional de Combate a la Intolerancia Religiosa.

En casi medio siglo de actividad, Damas ha aprendido a luchar contra una violencia creciente, pero nunca se hubiera imaginado una bancada evangélica tan voluminosa y decisiva en el Congreso; un Ejecutivo tan radical; y jueces federales dictando sentencias en las que niegan el estatus de religión a las creencias que profesan tanto en la umbanda –creada en Brasil, con influencias del espiritismo, el candomblé y el catolicismo– como en el candomblé –difundida por los africanos esclavizados en Brasil–.

Cuando fue creada la Comisión de Combate a la Intolerancia Religiosa, en 2008, Mãe Fátima Damas y su equipo consiguieron que la Policía Civil designara a un comisario, Henrique Pessoa, para formar parte del grupo de trabajo. “Nos llamaban desde los espacios sagrados –conocidos como terreiros– que estaban siendo invadidos y nosotros se lo dirigíamos a Henrique porque nadie más en las comisarías sabía nada de intolerancia religiosa, no conocían el artículo 20 de la ley Caó.

Dicha ley es la que define “los delitos resultantes de prejuicio de raza o de color”, y el mencionado artículo es el dedicado a la práctica, inducción o incitación de la “discriminación de raza, color, etnia, religión o procedencia nacional”. El desenlace fue que el propio comisario, pionero entre los policías especializados en intolerancia religiosa, acabó sufriendo también la persecución y las agresiones de los extremistas evangélicos. Fue destinado a otra comisaría, con otros quehaceres.

La Iglesia evangélica llega a todos los rincones de Brasil

La comunidad evangélica en Brasil es tan inmensa como el propio país y crece sin parar. Existen rincones aislados en los que no falta una iglesia neopentecostal. O varias. Algunas de ellas promueven la intolerancia religiosa.

“Basta con ver las concesiones de radio y televisión y escuchar y ver sus programas. Hay racismo religioso. Odio diseminado”, opina Doné Conceição de Lissá, sacerdotisa candomblé. “Nos llaman malignos, nuestros orishas, nuestras divinidades, son tratadas como demonios, como enemigos”, añade.

Al frente de todo el conglomerado mediático neopentecostal está Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, dueño del Grupo Record, que incluye canales de televisión, emisoras de radio y periódicos impresos y digitales. El terreiro de Doné Conceição de Lissá, en el municipio de Duque de Caxias, ha sido atacado ocho veces en los diez últimos años.

Al margen del poder y la influencia en los medios de comunicación, el extremismo religioso se nutre de una estrategia singular. “Entraron en bloque en las cárceles de Brasi, y así han logrado captar a una legión de traficantes para sus iglesias”, señala Doné Conceição de Lissá.

“Una vez que estos presidiarios pasan a formar parte de estas iglesias, comienzan a perseguirnos”, añade. Para ello, la red de iglesias evangélicas ofrecen comodidades en las prisiones masificadas del país, ciertos privilegios e incluso determinadas rebajas de las condenas. Muchos de los ataques a espacios sagrados de la umbanda y el candomblé han sido articulados desde dentro de los centros penitenciarios.

“No es intolerancia religiosa, sino racismo religioso”

Otro peligro para la umbanda y el candomblé son los autodenominados “gladiadores del altar”, el ejército fundamentalista creado precisamente por la Iglesia Universal del Reino de Dios. Miles de jóvenes uniformados que, desde su eclosión en enero de 2015, dicen estar “listos para la batalla”.

Todas y cada una de las pericias de las iglesias neopentecostales van dando resultado, denuncia Conceição de Lissá. “El lavado de cerebro funciona”, asume la sacerdotisa. “No es intolerancia religiosa, sino racismo religioso. El Estado está dominado por el neofascismo, que quiere aniquilar al pobre, al negro, al 'favelado' y al homosexual”, añade.

No hay razones tampoco para el optimismo y la esperanza en las palabras de Mãe Fátima Damas. No se le va de la cabeza la tragedia de una de las compañeras, asaltada por los extremistas, que fue además obligada a ir rompiendo por sí misma todas las imágenes e iconos que presidían sus cultos. Su trayectoria es memoria viva de la historia de la intolerancia religiosa en Brasil durante el siglo XX.

“Antes de Macedo, la intolerancia venía de la policía. Invadía nuestros templos, seguían el sonido de la percusión del atabaque. Se llevaban a todo el mundo detenido”, rememora. En esas invasiones, los templos quedaban completamente vacíos. Los almacenes del Museo de la Policía Civil son testigos mudos. “Llevo más de treinta años luchando por el Museo de la Umbanda y pelearé para sacar todo lo que tienen en el Museo de la Policía”.

Surgió como un pequeño desafío de ingeniería y ha terminado ascendiendo posiciones siempre a la sombra del poder, tejiendo una peligrosa red de contactos, y conservándolos. Todo es turbio alrededor de Emissão, la empresa brasileña de aguas que compró el Canal de Isabel II en 2013 en una operación que ha llevado al banquillo al expresidente madrileño Ignacio González, al que la Fiscalía pide ocho años de cárcel.

Junto a él está acusado Sebastião Cristovam, el fundador de Emissão, cuyas relaciones han sido claves en la consecución de contratos públicos de gestión de abastecimiento de agua y de alcantarillado por todo Brasil. Él se enfrenta a una petición de seis años de cárcel.

Su amistad con el diputado estatal Iranildo Campos fue lo primero que le comenzó a abrir puertas. Campos se estrenó en el mundo de la política en el municipio de São João de Meriti, en 1988, tan solo dos años antes de que Sebastião Cristovam –que por aquel entonces trabajaba como coordinador general del contrato de la empresa COMSIP con la compañía estatal de aguas, CEDAE– colocara los cimientos de Emissão, su proyecto personal (1990). Este diputado es el gran valedor de Cristovam en los pasillos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (ALERJ), engangrenada por las milicias paramilitares, y mantiene relación cercana –apoyándoles en varios momentos claves– con el ramillete de diputados más temidos de toda la Cámara: Domingos Brazão, Jorge Picciani, Paulo Melo y Edson Albertassi.

El primero de ellos, Brazão, es, para la Fiscalía General del Estado, el principal sospechoso de ordenar los asesinatos de la concejala carioca Marielle Franco y su chófer, Anderson Gomes. Los otros tres (Picciani –expresidente de la ALERJ–, Melo y Albertassi) fueron condenados y encarcelados por corrupción pasiva, lavado de dinero y organización criminal en torno a los contratos que regían el transporte público intermunicipal en Río de Janeiro. El propio Campos es uno de los diputados que está siendo investigados por el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) por movimientos bancarios sospechosos.

La conexión entre la empresa Emissão y el ala más dura de la Asamblea Legislativa de Río es tan clara y consistente que ya en 2011, a través de la resolución nº 504/2011, a Sebastião Cristovam le fue concedida la Medalla Tiradentes, el máximo reconocimiento que puede otorgar esta Cámara a un ciudadano. Un honor al alcance de muy pocos.

En el estado de Río de Janeiro no es fácil sacar adelante un proyecto empresarial al margen de la habitual manera de conseguir adjudicaciones de contratos públicos. Ese acceso a las grandes licitaciones incluye habitualmente los sobornos que recoge el documento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de los informes entregados al juez del caso Lezo. El texto hacía referencia a un informe preliminar de la consultora KPMG, que intervino en la compra de Emissão. Una de las directoras de la empresa brasileña, Alexandra Rana, ha reconocido comisiones ilegales a políticos que oscilan entre el 6 y el 15% del valor de cada contrato.

Ignacio González y el Canal de Isabel II se interesaron por Emissão justo cuando se elevaba el tono del debate del monopolio de la Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) en el estado de Río de Janeiro, actualmente en vías de privatización. Sucede lo mismo en el resto de estados brasileños, comenzando por los otros dos más importantes la región sudeste, los que más interesan a Emissão: São Paulo y Minas Gerais. 84 millones de habitantes –más del 40% de la población del país– se concentran entre estos tres territorios.

Eran los años previos a la Copa del Mundo 2014 y a los Juegos Olímpicos de 2016. Semanas antes del encendido de la antorcha olímpica, una crisis económica que no sorprendía a nadie obligaba al gobernador a decretar el estado de calamidad pública. Cuando los deportistas abandonaron la “ciudad maravillosa” y las instalaciones quedaron vacías, el flujo de caja de la compañía estatal de aguas no permitía ni comprar contadores para algunos de los municipios. Una oportunidad inmejorable para invertir en una empresa privada destinada a competir con la CEDAE.

Un negocio al amparo de las concesiones públicas

Emissão, debido al monopolio de las compañías públicas regionales, estaba destinada a funcionar con perfil bajo. Antes de pugnar mano a mano con las empresas públicas en la gestión del agua y alcantarillado de los municipios, ya trabajaba para ellas, como prestadora de servicios. También elabora proyectos de ingeniería civil e infraestructuras, habitualmente orientados a la construcción y tratamientos de la red de alcantarillado, como por ejemplo en los municipios de Nilópolis, Magé, Vassouras, Angra dos Reis y São João de Meriti, todos ellos en el estado de Río de Janeiro.

Sin embargo, el principal negocio de Emissão es la administración de concesiones públicas y privadas de aguas y alcantarillados. En el último lustro han conseguido acceder a concesiones más interesantes económicamente, por tratarse de municipios más poblados. Participa o ha participado directa e indirectamente en las gestiones del suministro de agua y del alcantarillado en Sabinópolis (Minas Gerais, 15.000 habitantes), Jardinópolis (São Paulo, 43.000 habitantes), Manhuaçu (Minas Gerais, 90.000 habitantes) y, sobre todo –por la repercusión que ha tenido– Guapimirim (Río de Janeiro, 60.000 habitantes).

La preparación política del camino hacia los contratos públicos no han derivado, tal y como ha quedado demostrado, en la mejora de los servicios de la empresa brasileña del Canal de Isabel II. Allí, en Guapimirim, en pleno Parque Nacional de la Serra dos Orgãos, se fueron apilando las controversias.

Emissão funciona en Guapimirim con una de sus filiales: Fontes da Serra. A través de ella gestionaba –en lugar de la CEDAE– el sistema y servicio de abastecimiento de agua en la localidad. Los últimos años han sido especialmente convulsos en cuanto a averías y cortes de suministro. Desde 2015, los vecinos de Guapimirim venían alzando la voz por el bajo rendimiento de la gestión de la filial de Emissão. El agua era captada en el río Soberbo, pero, según los vecinos, faltaba suministro incluso cuando llovía.

En septiembre de 2017 el Ayuntamiento de Guapimirim les dio un ultimátum de cinco días para presentar soluciones de urgencia a los problemas de falta de suministro, así como un “cronograma de inversiones a corto y medio plazo”. De nada sirvió. El mal funcionamiento de la red de agua continuó, hasta que en los primeros días de 2019 los grifos secos de la población de Guapimirim en pleno verano tropical saltaron a la televisión.

Una de las primeras apariciones públicas de Wilson Witzel, recién elegido gobernador, fue precisamente desde esa localidad, señalando con vehemencia a Emissão y su filial, Fontes da Serra, por estar “incumpliendo el contrato”. El gobernador les acusó también de falta de mantenimiento: “Deberían mantener los filtros limpios, deberían invertir en mejoras en las condiciones del abastecimiento de agua”.

La energía con la que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ha abandonado la celda en la que quedó recluido el 7 de abril de 2018 está a la altura de su currículum. El cóctel de mensajes en sus primeras palabras, repartiendo amor y esperanza, pero mirando directamente a los ojos de la Fiscalía y del exjuez federal Sérgio Moro, augura temporada de lucha para uno de los más veteranos símbolos de la izquierda latinoamericana.

La política brasileña ha visto ya muchas cosas, pero nunca ha presenciado un verdadero cuerpo a cuerpo entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Ni siquiera entre Bolsonaro y el Partido de los Trabajadores. Lula ya estaba preso cuando arrancó la precampaña electoral de 2018, y en los primeros debates entre candidatos no permitieron que acudiera en su nombre Fernando Haddad –que luego le sustituiría–. Cuando el reemplazo se confirmó, Bolsonaro había sido apuñalado, y se negó a participar en los últimos debates –las encuestas le daban ventaja por aquel entonces–, en los que sí estaba presente el nuevo candidato del PT. El desafío, por lo tanto, arranca ahora, y Lula está dispuesto a propagarlo por cada rincón del país, rumbo a las elecciones municipales de 2020, como punto de partida. La izquierda brasileña, incapaz de responder ante el ímpetu de Bolsonaro, le necesita.

En el último discurso antes de entregarse a la Policía Federal, hace 580 días, Lula levantó los brazos victoriosos y optimistas de dos jóvenes valores de la izquierda brasileña, Manuela D´Ávila (Partido Comunista do Brasil) y Guilherme Boulos (Partido Socialismo y Libertad, PSOL). Ayer salió de prisión y lanzó los primeros mensajes rodeado de la plana mayor de su agrupación, el Partido de los Trabajadores. Le custodiaban, entre otros, el mencionado Fernando Haddad –candidato presidencial, exministro de educación y exalcalde de São Paulo–, Gleisi Hoffmann –diputada federal y presidenta del PT–, Wadih Damous –exdiputado y miembro del equipo de defensa del expresidente–, y su actual pareja, la socióloga Rosângela da Silva.

Apoyando y recibiendo a Lula también estaban, como siempre han estado, buena parte de los sindicatos y los principales movimientos sociales. Uno de los primeros agradecimientos, haciendo un guiño a estos fieles escuderos, fue para el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y para el sindicato CUT (Central Única de los Trabajadores). Se entregó el expresidente al cariño que le ha otorgado durante todo este tiempo la vigilia que le esperaba en un campamento, bajo su ventana, marcándole puntualmente las horas de luz con un buenos días, un buenas tardes y un buenas noches. “Me habéis hecho más valiente”, les aseguró, emocionado.

Salida desde el kilómetro cero: el sector metalúrgico

Insistió Lula, nada más sujetar el micrófono tras su liberación, en un mensaje que dejó también hace un año y siete meses: “No detuvieron a un hombre, intentaron matar una idea. Y una idea no se puede matar”. Ahora, la idea, casi con la misma potencia que antaño, necesita volver al kilómetro cero. Y hasta ese punto se ha dirigido Lula da Silva en su primer amanecer tras abandonar Curitiba. El origen político de su personaje se sitúa en el Sindicato de Metalúrgicos del ABC paulista (área industrial de la región metropolitana de São Paulo), en São Bernardo do Campo. Las asambleas y las huelgas en la época de la dictadura militar fueron su cuna, su escuela y su familia. “Con vosotros aprendí a luchar por un país mejor”, escribía a sus excompañeros, desde la celda, el pasado mes de julio, con motivo del noveno congreso del sindicato.

En la misma misiva les animaba a seguir haciendo frente a las nuevas medidas del Ejecutivo de Bolsonaro: “Es realmente delictivo lo que están haciendo con nuestro país, entregando nuestras riquezas, atacando nuestros derechos y las conquistas históricas de los trabajadores”. Fue desde ese trampolín, como secretario general de la organización sindical, desde el que Lula saltó al Partido de los Trabajadores, y de allí a la primera línea política, ganando fama a nivel nacional a base de perder y perder elecciones. Hasta que se colgó la franja de presidente en 2003. Por eso Lula pasó su última noche en libertad allí, en la sede del sindicato, y por eso desde allí, desde el origen, comenzará a combatir a Bolsonaro. Los ojos de todos los brasileños, defensores y detractores, se han clavado este sábado en São Bernardo do Campo.

En su primer pronunciamiento a la nación, el expresidente se ha reafirmado en su idea de reconstruir el país, con valentía: “El único miedo que tengo es el de mentir al pueblo trabajador”. Eran esperadas sus referencias a Bolsonaro: “Fue electo democráticamente, aceptamos el resultado, tiene mandato para cuatro años, pero fue elegido para gobernar para el pueblo brasileño, y no para los milicianos [paramilitares] de Río. No podemos permitir que los milicianos acaben con este país que hemos construido”.

Los detractores, al mismo tiempo que siguen las primeras horas en libertad de Lula, no se han quedado de brazos cruzados. Han reaccionado desde las calles y también desde los escaños de la Cámara de Diputados y del Senado. Hay concentraciones también convocadas para este sábado en repulsa del veredicto del Tribunal Supremo, anulando la ejecución de penas en condenas en segunda instancia. En el Congreso, aprovechando que el presidente del Supremo recordó que los parlamentarios podrían redefinir el texto constitucional que rige cuándo han de cumplirse las penas, ya se están articulando iniciativas para tramitar propuestas de enmienda a la Constitución. Se trata de un largo camino, pero desde este lunes los movimientos en ambas Cámaras se agudizarán.

Lula da Silva, por su parte, tendrá que afrontar dentro de unas semanas otro juicio en otro de los procesos judiciales en los que está imputado: el de la finca de Atibaia –un supuesto soborno en forma de remodelación de un espacio que el expresidente frecuentaba, propiedad de unos amigos–. Ya ha sido condenado en primera instancia, pero su defensa alega que el proceso está igual de viciado y contaminado por la parcialidad del exjuez Sérgio Moro y la Fiscalía que el caso del apartamento de Guarujá –Moro nunca consiguió probar que fuera propiedad de Lula, pero le condenó por corrupción pasiva y lavado de dinero–.

Los abogados de Lula necesitan la inocencia de su cliente, la absolución, o la anulación de los procesos, para que el exmandatario pueda volver a presentarse como candidato a un cargo público, en base a la Ley de la Ficha Limpia –que impide, en condiciones normales, presentar la candidatura a un acusado condenado ya en segunda instancia–.

Se aproxima un terremoto en Brasil tras la puesta en libertad del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. “Necesitaba resistir para luchar contra el lado podrido del Estado, de la Policía Federal, del Ministerio Público, de la Justicia. Trabajaron para criminalizar a la izquierda, a Lula y al Partido de los Trabajadores”, ha dicho a las puertas de la cárcel, rodeado de cientos de seguidores.

Su pena de prisión, según el Tribunal Supremo, era inconstitucional, ya que aún contaba con posibilidades de recurso y que debe prevalecer hasta el final la presunción de inocencia. La respuesta a las tres cuestiones de constitucionalidad que analizaba la Corte ha volteado el panorama político brasileño, removiendo pasado, presente y futuro.

Los avisos más clarividentes de cambio de paradigma aparecieron hace 11 meses, en los últimos días de 2018. Varios miembros del Supremo, entre ellos Marco Aurélio Mello, comenzaron a tener dudas sobre la ejecución de la pena de prisión en segunda instancia, puesta en práctica hasta ahora en Brasil. Otros, como Celso de Mello, siempre han opinado que el acusado debería tener derecho a completar todo el ciclo de defensa.

Desde entonces, la discusión se ha ido posponiendo, los pareceres han ido variando, reajustándose, hasta que anoche, por seis votos a cinco, nació una nueva jurisprudencia que marcó el camino.

Lula da Silva, según los seis jueces que formaron mayoría, no debía estar en una celda –lo estaba desde abril de 2018–, al igual que aproximadamente otros 5.000 reclusos por todo Brasil. La sentencia originada tras el afilado debate posee efecto vinculante para todos los tribunales de todos los estados. Por eso, este viernes el expresidente brasileño ha salido en libertad.

Se frena la prisión automática tras las condenas en segunda instancia –sigue existiendo la figura de prisión provisional para los casos específicos que dicta la ley–. Para la pena de prisión habrá que esperar hasta que se agoten los recursos y la condena sea firme.

En cuanto a las consecuencias retroactivas, las liberaciones no tendrán carácter inmediato, ya que ha de mediar primero una solicitud ante el tribunal de segunda instancia que firmó cada condena. Cada juez tendrá que tramitar la documentación correspondiente. Pocas dudas hay en el episodio que envuelve a Lula da Silva. Tan solo la fecha exacta del momento histórico de su liberación.

El Partido de los Trabajadores y el equipo de defensa del expresidente no han perdido ni un solo segundo: este mismo viernes, según han afirmado los abogados Cristiano Zanin y Valeska Martins, ya han presentado la petición para su inmediata puesta en libertad ante el Tribunal Federal Regional que le condenó.

El equipo de Lula insistía, además, en la petición de habeas corpus que solicita la declaración de nulidad de todo el proceso que le llevó a prisión, en virtud de la supuesta parcialidad del exjuez Sérgio Moro y los fiscales de la Operación Lava Jato. Moro es hoy ministro de Justicia del ejecutivo de Jair Bolsonaro.

Lula da Silva permanecía preso en la superintendencia de la Policía Federal de Curitiba desde hacía 579 días, “injustamente y de forma incompatible con la ley y con la Constitución de la República, como siempre dijimos”, finalizaba una nota de su defensa.

El movimiento Lula Libre, extendido por todo Brasil y con apoyos internacionales, ha llegado a la meta, aunque su gran victoria llegaría con esa nulidad del proceso, algo vital para buena parte de la izquierda brasileña. Lula retomaría de ese modo la elegibilidad como cargo público.

El exmandatario fue apartado de las últimas elecciones en base a la Ley de la Ficha Limpia –y la imposibilidad de presentarse como candidatos a aquellos que han sido condenados en segunda instancia–. El Partido de los Trabajadores, que fue precisamente el que en su día redactó la normativa, alegó una y otra vez que la imposibilidad tenía excepciones siempre y cuando, al igual que en la actual sentencia del Supremo, restaran recursos por delante.

La Justicia, con una maquinaria tan pesada en la mayoría de las ocasiones, actuó de forma vertiginosa para apartarle de la carrera presidencial. Eso también le extrañó, y mucho, al Partido de los Trabajadores.

Nada que celebrar tenía el grupo de trabajo que articula la Operación Lava-Jato anticorrupción (encabezado por Deltan Dallagnol) tras el cambio de rumbo del Supremo. Los representantes de la Fiscalía de la ciudad de Curitiba, centro neurálgico de las investigaciones, han lamentado el veredicto a través de un comunicado: “La existencia de cuatro instancias en el proceso judicial, caso peculiar de Brasil, asociada al número excesivo de recursos, que llegan a superar la centena en algunos casos delictivos, resulta en demora y prescripción, acarreando impunidad”.

Que esta sentencia signifique riesgo de impunidad es lo que se empeñó en descartar en su voto definitivo –desniveló el empate a cinco– el presidente del Supremo, Dias Toffoli, quien recordó la eficacia, por ejemplo, del Caso Mensalão. Una veintena de altos cargos fueron condenados por la Corte Suprema en 2013 por corrupción activa, corrupción pasiva, blanqueo de capitales y evasión de divisas, entre otros delitos.

También declaró Dias Toffoli en una comparecencia posterior ante los medios de comunicación que el Congreso tiene en su mano redefinir este nuevo paradigma, mediante una propuesta de enmienda a la Constitución. Se baraja la posibilidad de fijar las ejecuciones de pena de prisión tras condena en tercera instancia, como término medio.

Los seguidores de Lula da Silva –centenares de ellos ya salieron a festejar anoche esta nueva era que se estrena– sueñan con verle recorrer el país, con 74 años, retomando el apoyo que le otorgaban todas las encuestas de intención de voto en las elecciones presidenciales de 2018 y reactivando una oposición a la deriva.

Jair Bolsonaro, que llegó al poder con el candidato favorito encarcelado, aguarda en el otro lado del tablero, realizando movimientos de manual en cuanto se le presenta la ocasión. El penúltimo fue la semana pasada, cuando el líder ultraderechista envió al ministro Moro y al fiscal Dallagnol a las dependencias policiales donde está preso Lula, con motivo de la inauguración de una nueva unidad de investigación.

El Partido de los Trabajadores lo consideró “una provocación indecente”. El último movimiento fue tres días antes de este veredicto del Supremo: agentes de la Policía Federal, dirigida por Moro, accedieron a la celda de Lula a las seis de la mañana para convocarle a declarar como testigo en un caso de posible corrupción que implica a miembros del Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Lula calificó la acción policial de “payasada”.

El escándalo del año explotó en Brasil diez minutos antes de que comenzara la telenovela de máxima audiencia, la que Globo siempre programa después del “Jornal Nacional”, su principal informativo. Para ese último tramo del programa, cuando ya se han congregado millones de telespectadores ante la pantalla, suelen reservar noticias de alcance.

Poco después de las cinco y diez de la tarde del 14 de marzo de 2018, cinco horas antes del asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, y su chófer, Anderson Gomes, los presuntos autores materiales de la ejecución, los milicianos paramilitares Ronnie Lessa y Élcio de Queiroz, se reunieron en el domicilio del primero, vecino de urbanización de Jair Bolsonaro y de su hijo Carlos. En doble declaración a los equipos de investigación del caso –Globo ha tenido acceso a los archivos–, el portero de la urbanización aseguró que, cuando Élcio de Queiroz llegó en su vehículo y se registró en el control de acceso de la urbanización Vivendas da Barra, en el barrio de Barra da Tijuca, Río de Janeiro, informó que se dirigía a la casa 58. La casa 58 es propiedad y primera residencia de Jair Bolsonaro.

El portero relata en su declaración que, siguiendo el protocolo habitual, llamó por el interfono a la casa 58 para confirmar si esa visita tenía permiso de entrada. Una voz que él reconoció como la del “señor Jair” dio el visto bueno. El paramilitar accedió a la urbanización, pero no se dirigió a la casa 58, sino a la 66, la de Ronnie Lessa. El portero narra que contactó de nuevo con la casa 58, la de Jair Bolsonaro, advirtiendo de este desvío. La misma voz le respondió que ya sabía a dónde iba ese visitante.

Ronnie Lessa y Élcio de Queiroz están en prisión por, según las investigaciones, acribillar a tiros a la concejala Marielle Franco y su chófer esa misma noche, al término de un evento en el que la concejala participó en el centro de Río.

No todo cuadra, sin embargo, en la declaración del portero de la urbanización. Es improbable –y esta información formó parte del mismo reportaje que emitió Globo– que Jair Bolsonaro contestara al interfono de su residencia porque ese 14 de marzo de 2018 estaba presente en la Cámara de Diputados, en Brasilia. A partir de ahí se han abierto un gran número de conjeturas, empezando por quién estaba en la casa 58, y quién habló con el portero –si es que el portero realmente llamó a la casa de Bolsonaro–, y por qué ese interlocutor que habló desde la casa 58 conocía el verdadero destino y plan de los paramilitares.

La cólera del presidente contra el Grupo Globo

El presidente conocía las informaciones que ha divulgado Globo desde hace, al menos, veinte días. Fue el gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, el que se lo adelantó en un encuentro casual en el Club Naval de Río. “El proceso está en el Supremo”, le comentó el gobernador. “El portero ha citado tu nombre”. Aún así, manifestando sorpresa e incredulidad, Bolsonaro apareció pasadas las tres de la madrugada del martes al miércoles –hora de Arabia Saudí, donde se encontraba de viaje oficial– para, en una de sus habituales comparecencias a través de sus perfiles de redes sociales, insultar, atacar y amenazar a Globo.

El máximo mandatario brasileño dedicó más de veinte minutos a gritar calificativos como “canallas”, “infames” y “deshonestos”, intimidando al principal grupo brasileño de comunicación con la no renovación de su licencia de actividad, que caduca en 2022.

Bolsonaro arremetió también contra su exaliado, el gobernador del estado de Río, Wilson Witzel, al cual acusó de conocer los detalles de un proceso en secreto de sumario, y de coordinar contra su persona la actuación de la Policía Civil: “Quiere destruir mi familia para llegar a la presidencia de la República”.

La delicada situación en la que ha sido situado el presidente brasileño le ha llevado a tomar una decisión controvertida: articular la intermediación de su ministro de Justicia, el exjuez federal Sérgio Moro, en el proceso judicial. Tras su acalorada intervención, Bolsonaro declaró ante los medios que quiere que Moro, a través de la Policía Federal, consiga una nueva declaración del portero de la urbanización, “para aclarar totalmente este hecho, para enterrar ese fantasma que quieren colocarme de posible mentor de la muerte de Marielle”. Moro se ha puesto manos a la obra inmediatamente y el nuevo fiscal general ya ha recibido una solicitud ministerial.

Domingos Brazão, el principal sospechoso

El pasado mes de enero, eldiario resumía en un reportaje 15 años de defensa y legitimación de las milicias paramilitares por parte del ahora presidente brasileño. El artículo explica también que Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente, fue de los pocos diputados estatales en criticar la implantación de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre milicias paramilitares (2008), que coordinó el diputado Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Marielle Franco trabajó en los informes de aquella pesquisa como asesora de Freixo en la época. Otro de los diputados que se oponía era Domingos Brazão.

Una de las últimas acciones que llevó a cabo la exfiscal general de la República, Raquel Dodge –su mandato concluyó en septiembre– fue precisamente la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia implicando en el Caso Marielle a Brazão, que también era consejero del Tribunal Regional de Cuentas de Río de Janeiro –Flávio Bolsonaro fue uno de los que le votó para el cargo en 2015, cuando ya se conocían las acusaciones sobre sus relaciones con las milicias paramilitares–.

Según Dodge, Brazão fue quien “planificó el homicidio” e, intentando mantenerse impune, “planeó la difusión de noticias falsas sobre los responsables”. Entre otras cosas, el exdiputado estatal compró supuestamente los servicios de un falso testigo para implicar en el asesinato a un rival político, Marcelo Siciliano.

Brazão era uno de los políticos citados en el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación de las milicias paramilitares de Río de Janeiro. Su nombre aparecía como uno de los candidatos que hacía campaña en el barrio de Rio das Pedras –zona bajo control absoluto de las milicias paramilitares, que deciden los políticos pueden entrar a hacer campaña y los que no–, y también las comunidades de Fubá y Pedra Rachada. En la actualidad, Flávio Bolsonaro –que acogía en su gabinete a milicianos y familiares de milicianos, como asesores y personal de plantilla– es de los cargos públicos que más votos recauda en aquellas zonas.

El entorno de Marielle Franco siempre sospechó que la ejecución tenía que contar con alguien “muy influyente al mando”, y nunca ha descartado la línea de investigación que abrió el propio diputado Freixo: el asesinato de su exasesora era, en realidad, una manera de destruirle a él. Las políticas sociales y pro derechos humanos de Freixo y su equipo siempre han sido motivo de ataque del ala conservadora –y también ultraderechista– de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, donde las milicias paramilitares hacen y deshacen a su antojo.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, articula varias formas de censura cultural al mismo tiempo, pero de momento sus tentativas están siendo bloqueadas por la Justicia. El caso más reciente es el relacionado con el Programa de apoyo al desarrollo audiovisual brasileño, de la Agencia Nacional de Cine (Ancine) en colaboración con el Banco Regional de Desarrollo del Extremo Sur (BRDE). Cuando Bolsonaro llegó al poder, se encontró con que este mecanismo de subvenciones ya estaba en marcha. Y las producciones LGTBI eran parte fundamental en él.

A Bolsonaro no le gustó la lista de beneficiarios, publicada el 19 de marzo, y el presidente brasileño no tuvo reparos en criticar y ridiculizar, en una de sus habituales apariciones en redes sociales, algunos de los proyectos presentados a esta convocatoria. Sobre todo se centró en series que se habían inscrito en el apartado de diversidad de género. “No vamos a perseguir a nadie, pero Brasil ha cambiado. Con dinero público no volveremos a ver cierto tipo de obras por ahí”, avisó, repitiendo sus viejas proclamas contra el colectivo LGTBI. “Eso no es censura. Eso es preservar los valores cristianos, y tratar con respeto a nuestra juventud, reconocer la familia”.

Con la Agencia Nacional de Cine (Ancine) absolutamente en entredicho, Bolsonaro anunció el nuevo modelo de funcionamiento del sector cultural en Brasil. “Va a haber filtros, ya que es algo federal. Si no puede haber filtros, extinguiremos la Ancine. La privatizaremos o la extinguiremos. No se puede usar dinero público para películas pornográficas”.

El ministro de la ciudadanía –cartera en la que está incluida la secretaría de Cultura–, Osmar Terra, obedeció la voluntad del presidente publicando en el Diario Oficial de la Unión la ordenanza 1.576, de 20 de agosto de 2019, mediante la cual quedaban “suspendidos por un plazo de 180 días prorrogables por igual periodo los términos de las bases de la convocatoria en razón de la necesidad de recomponer los miembros del Comité Gestor del Fondo Sectorial Audiovisual (CGFSA)”. La ordenanza, que acababa con todo el concurso público, añadía que tras la recomposición del comité se revisarían los criterios del programa.

Automáticamente, el Ministerio Público Federal redactó una acción civil relacionando esta decisión del ministro con las críticas y mofas de Bolsonaro a las producciones LGTBI.

eldiario.es ha conversado con Allan Deberton, productor de 'Transversais', una de las series que Bolsonaro ridiculizó en público, en medio del proceso de selección de trabajos para asignar estas ayudas. “En mis 37 años nunca sufrí ni noté censura, hasta ahora”, comenta. “Es surrealista e inmoral. Y todavía más triste cuando viene de un jefe de Estado que representa al pueblo y su pluralidad”. El productor cearense, lejos de amilanarse, le recuerda al presidente que su trabajo como cineasta se centra, en buena parte, en personajes marginados: “Es un deber social que quiero continuar desarrollando y nunca imaginé que necesitaría la aprobación del Gobierno para eso”.

Esta semana la acción civil de la Fiscalía ha llegado a buen puerto en la Justicia Federal. La excusa de la recomposición del Comité de Gestión del Fondo Sectorial Audiovisual no le ha servido a la jueza Laura Bastos Carvalho, que ha suspendido los efectos de la ordenanza censora basándose en tres preceptos. En el primero sostiene: “El referido comité no tendría participación en la etapa final del certamen, que cuenta con comisión evaluadora propia y cuya composición fue definida por las reglas de la convocatoria publicada”.

“Los derechos fundamentales de libertad de expresión, igualdad y no discriminación merecen la tutela del Poder Judicial, incluso con medidas cautelares”, asegura la jueza en el segundo punto. Por último, recuerda que la ordenanza carece de sentido ya que la transferencia de recursos económicos entre el Banco Regional de Desarrollo del Extremo Sur (BRDE) y el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) ya está en marcha, lo cual significa que suspender este proceso significaría daños al erario.

A pesar de todo, Bolsonaro no cede en su empeño y las tentativas de censura continúan –afectan, con igual presión, a espectáculos teatrales centrados en temáticas de diversidad de género, patrocinados por la Caixa Econômica Federal–. “Este caso de la suspensión de la convocatoria de Ancine es censura”, denuncia Marcelo Trotta, actual presidente de la Associação Brasileira de Cinematografia. “Y repudiamos cualquier tipo de censura. El propio Ministerio Público Federal así lo ha comprendido”.

Trotta, director de fotografía, asume que puedan existir cambios de rumbo ideológico, pero no acepta la línea de acción de Bolsonaro: “Una cosa es tener una dirección de su política en relación a la cultura y otra cosa es acabar entrando en el terreno de la ilegalidad, de la discriminación y de los prejuicios. Esa línea ya fue definida por la Constitución”. Al igual que Deberton, no recuerda nada similar. “En la historia reciente hemos tenido alguna dificultad con la burocracia, problemas para recibir el dinero, pero nunca cancelaciones ni suspensiones de una convocatoria debido a la temática. Esto hay que combatirlo para que no se convierta en una regla”.

La Agencia Nacional de Cine (Ancine), en una situación casi terminal, no ha querido realizar declaraciones para este reportaje. “La Ancine no se manifiesta sobre el posicionamiento del Gobierno”, han comunicado a través de un correo electrónico. En la misma comunicación han confirmado que “sí, el Comité Gestor del Fondo Sectorial Audiovisual está aguardando el nombramiento de sus nuevos miembros”.

Todos los escándalos que va acumulando Bolsonaro ayudan, en parte, a esconder ante la opinión pública las acusaciones de corrupción contra su organización, el Partido Social Liberal (PSL) –acusado de presentar una serie de candidatos fantasmas a las pasadas elecciones para blanquear dinero procedente del fondo electoral–, y las dificultades para sacar adelante la principal de sus reformas, la de la seguridad social. La falta de capacidad para llegar a acuerdos con diputados y senadores enflaquece el rigor de sus medidas, por ahora.

El último gesto de Lula da Silva ha pillado por sorpresa a los adversarios que trataban de tenderle una trampa: rechaza con rotundidad abandonar la celda a no ser que se anule la condena. Aceptar ese progreso a régimen semiabierto sería, en cierta forma, someterse a una resolución que nunca ha reconocido. En una carta de su puño y letra que leyó ante los medios, en la puerta de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, el abogado Cristiano Zanin Martins, el expresidente ha anunciado sus intenciones: “No cambio mi dignidad por mi libertad”. No tolera “regatear” sus derechos, y advierte que tiene “plena consciencia” de las decisiones que está tomando. “Ya he demostrado que las acusaciones son falsas. Son ellos, y no yo, los que están presos a las mentiras que contaron a Brasil y al mundo”.

Cargar con una tobillera electrónica, o pasar a estar recluido en su domicilio, no está entre los planes de Lula. Su movimiento ha descolocado incluso a los juristas brasileños, que pocas veces se habían planteado que un preso no quisiera dejar de estar preso. Las leyes federales dictaminan que la progresión de régimen es obligatoria. Solo un desvío en ese buen comportamiento registrado durante estos quinientos cuarenta días le podría hacer retroceder al régimen anterior. El mismo

desacato a la decisión judicial podría considerarse un acto suficientemente grave,

lo cual quiere decir que el guion todavía puede tener reservada alguna excentricidad.

La anulación de la condena se ve ahora mismo como la única posiblidad para que Lula volviera a la política institucional, ya que por una reforma legal impulsada precisamente por él en 2010, los presidentes condenados en segunda instancia quedan inhabilitados para ocho años una vez se cumpla la condena.

Lula da Silva y su equipo de abogados continuarán aguardando pacientemente al Tribunal Supremo. En su carta, de hecho, exige a la Corte “corregir lo que está errado”. Con la evolución de la agenda de trabajo de los once magistrados aludidos quedará patente si los métodos de Moro y la Fiscalía de Curitiba siguen sufriendo derrotas. Si se anulan, por ejemplo, todas las condenas en las que el delator y el delatado hayan presentado las alegaciones finales al mismo tiempo; si se suspenden los encarcelamientos con sentencias en segunda instancia –por consiguiente, con

posibilidad aún de recurso–, o si los mensajes privados publicados por The Intercept son considerados pruebas consumadas de la manipulación del proceso.

En caso de que la estrategia de Lula da Silva diera resultado, estaría en la calle listo para ir dando forma a las campañas electorales de las próximas elecciones municipales de 2020. El control de las grandes ciudades se antoja fundamental para la izquierda brasileña en su intento por frenar a Bolsonaro.

Cada parte en conflicto en un Brasil dividido maniobra para obtener el máximo rendimiento posible de una situación que se enreda por momentos. El mismo día en que Lula cumplía una sexta parte de su condena, los mismos fiscales que trabajaron mano a mano con el juez para apartarle de la carrera presidencial lanzaron una solicitud para que el expresidente accediera a régimen semiabierto. Con la sexta parte de la pena cumplida, un informe de buen comportamiento, y el pago de una multa equivalente a la cuantía supuestamente defraudada, los detenidos pueden cumplir el resto de la pena en libertad, aunque limitados y controlados por una tobillera electrónica.

Entre los quince fiscales firmantes de la petición dirigida a la jueza Carolina Lebbos figuran Deltan Dallagnol, coordinador de la operación anticorrupción Lava Jato,

Januário Paludo, Laura Tessler, Orlando Martello, Jerusa Viecili y Roberson Pozzobon, todos ellos ya famosos en Brasil por los mensajes privados de una conspiración contra Lula da Silva publicados por The Intercept. Aparte de manipular el proceso junto al actual ministro de justicia, llegaban a ironizar o a hacer sátira con los fallecimientos de la esposa, el hermano o el nieto del expresidente.

Ahora han intentado incluso que su condenado más famoso pudiera renegociar su situación para facilitar su vuelta a las calles. Con el escándalo que se les ha venido encima, y la presión de las decisiones del Tribunal Supremo, prefieren que el expresidente abandone su posición de “preso político”. Así definen a Lula un buen número de organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Asociación Americana de Juristas, la Confederación Sindical Internacional o la Asociación de Jueces para la Democracia, y personalidades como Noam Chomsky, Baltasar Garzón, Adolfo Pérez Esquivel o Ignacio Ramonet –entre los apoyos más recientes–. La Fiscalía de Curitiba, en el estado de Paraná, cuartel general de los procesos de esta operación, quiere quitarse de encima el peso de Lula. A fin de cuentas, el principal propósito, sacarle de la circulación en año electoral, fue alcanzado y amortizado con creces.

Nadie había preparado a la sociedad brasileña para lidiar con la mezcla de sensaciones al ver al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en prisión desde hace un año y medio. Y más aún si cada día que pasa todo hace indicar que impedir su candidatura presidencial era la culminación de la maniobra iniciada con el juicio político a Dilma Rousseff en 2016. Al menos eso evidencian los centenares de mensajes privados entre el exjuez federal Sérgio Moro y la Fiscalía que viene publicando desde junio The Intercept Brasil.

Para analizar la actualidad de la situación de Lula da Silva, eldiario.es ha conversado con el abogado y exdiputado federal Wadih Damous, uno de los miembros del equipo de defensa del expresidente. “No tengo la menor duda de que cualquier persona que tenga conocimientos jurídicos mínimos sabe que Moro es parcial. De hecho, lo sabe ya hace mucho tiempo”, afirma el letrado. “Ahora estas revelaciones demuestran aquello que ya sabíamos”.

Las conversaciones del ahora ministro de Justicia de Bolsonaro siguen sacado a la luz una manipulación perfectamente orquestada, con una delicada lista de anormalidades e irregularidades que van desde la asunción de Moro de los papeles de juez y acusación al mismo tiempo, organizando incluso operaciones policiales; la filtración a los medios de una selección de audios descontextualizados de pinchazos telefónicos; burlas de los fiscales ante el funeral de la esposa de Lula; hasta el apodo con el que se referían al expresidente: 'nueve' –perdió un dedo en un accidente laboral–.

Gilmar Mendes, uno de los magistrados que forma el Tribunal Supremo, ha llegado a admitir que el descaro de las filtraciones publicadas “es una gran vergüenza” y que el tribunal había sido “cómplice de esa gente ordinaria”. La defensa de Lula presiona al Tribunal Supremo para que, aprovechándose este estado de ánimo de Mendes, anule la condena y ponga fin a la reclusión del expresidente en una celda de la superintendencia de la Policía Federal de Curitiba.

“Si el Supremo juzga el habeas corpus solo fijándose en el derecho, en el código de proceso penal y en la Constitución, va a anular todos los procesos contra el presidente Lula cuya investigación haya partido de Curitiba”, reflexiona Damous. “Porque ya está más que demostrado que los procuradores no eran objetivos, no eran imparciales, y el entonces juez Sérgio Moro, tampoco: nunca ha tenido objetividad ni imparcialidad en los procesos del presidente Lula”. Los varapalos de los últimos tiempos, sin embargo, nublan el escenario. “Tenemos que ver lo que va a decidir, si es el derecho o la política. Si decide el derecho, Lula será liberado. Si decide la política, solo Dios sabe”.

Otra de las novedades a las que se agarra la defensa de Lula da Silva es una reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado la condena de Sérgio Moro a Aldemir Bendine, expresidente de Petrobras, debido a que las alegaciones finales del delator que le implicó en la trama corrupta coincidieron temporalmente con las propias alegaciones finales de la defensa de Bendine. Se trata de la primera gran derrota de una sentencia de Moro en la máxima instancia. “El Tribunal Supremo, en este caso concreto, ha entendido que la defensa tiene la última palabra. Eso emana directamente de la Constitución”, explica Damous. “¿Por qué parece ser algo extraordinario? Porque el proceso penal que implica a políticos aquí en Brasil está politizado”.

Un centenar de sentencias similares, entre ellas la de Lula da Silva, están a partir de ahora en el ojo del huracán por este agravio al derecho de defensa. Los abogados del expresidente explorarán también esta vía. “Tratándose del actual sistema de Justicia brasileño, uno no puede decir que es optimista en ninguna cuestión”, confiesa Wadih Damous. “Si viviéramos aquí en Brasil en un Estado democrático y de derecho con un mínimo de normalidad, yo diría que esa decisión suspendería las sentencias de otros imputados que estuvieran en la misma situación. Pero como el proceso está politizado, temo que las próximas decisiones estén contaminadas por la política”. Asumiendo que todo lo que respecta al expresidente Lula es interpretado “de manera sesgada”, Damous define su estado de ánimo como de “discreto optimismo”. La experiencia le hace escapar de la euforia.

El domingo que pudo cambiar la historia de Brasil

Damous está siendo uno de los lugartenientes más fieles de Lula da Silva desde que los conflictos judiciales del exmandatario comenzaron a escribirse con mayúsculas. El abogado fue una de las piezas clave de la acción que estuvo a punto de cambiar el destino de Brasil. Sucedió un domingo de agosto de 2018, en plena precampaña electoral, cuando el juez de segunda instancia Rogério Favreto decretó la liberación del expresidente en dos ocasiones y, sin embargo, esta no se cumplió.

“Podría haber cambiado la historia si, una vez más, hubiera prevalecido el derecho”, se lamenta Damous, uno de los emisarios que presentó la petición de habeas corpus que lo revolucionó todo. “Aquel día sucedió lo que viene sucediendo desde el nacimiento de la llamada Operación Lava Jato: solo es posible, por lo menos en relación al presidente Lula, una decisión, la decisión condenatoria. La absolución está prohibida”. Las interferencias, en opinión del abogado y exdiputado federal, son numerosas: “Los militares se manifiestan, los jueces se manifiestan desde fuera del estrado, la red Globo se manifiesta”.

Lo que ocurrió aquel día Damous lo define sencillamente como “el incumplimiento de una orden judicial”. Y con la participación decisiva del entonces juez Sérgio Moro, que estaba de vacaciones, “y orientaba al delegado de guardia de la Policía Federal de Curitiba a no cumplir la decisión, hasta que finalmente el presidente del Tribunal Regional Federal la anulara”. Este conjunto de ilegalidades “no permitió que Brasil tuviera otro rumbo diferente al que lleva ahora, con un psicópata en el Gobierno”.

Siguiendo el patrón de los últimos meses, cada vez que el grupo operativo de la operación Lava Jato sufre derrotas judiciales o se ve demasiado expuesto en los medios de comunicación, la reacción no se hace esperar. Esta vez ha llegado en forma de nueva acusación contra Lula, mediante un supuesto vínculo irregular de uno de sus hermanos, José Ferreira da Silva (Frei Chico), con la empresa Oderbrecht.

El abogado Cristiano Zanin Martins es otra de las fichas fundamentales en la defensa de Lula da Silva. Consultado también por este medio, Zanin Martins reconoce que tienen muchas expectativas en relación a los dos habeas corpus accionados en el Supremo ahora mismo. Destaca el abogado las ansias políticas de Moro, “tanto que asumió uno de los principales cargos del actual gobierno, que fue electo solo porque a Lula le impidieron participar”. El actual ministro de Justicia practicó, en su opinión, “lawfare contra Lula”, a través del “uso perverso de las leyes y los procedimientos jurídicos con fines de persecución política”. Además, la Fiscalía, completa Zanin Martins, actuó “orientada por el odio y por criterios políticos, infringiendo las leyes y las garantías fundamentales”.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, ha activado un decreto de Garantía de la Ley y el Orden para enviar a las Fuerzas Armadas a todos los estados amazónicos afectados por las llamas. Evo Morales, presidente de Bolivia, agarró una manguera para dejarse filmar y fotografiar humedeciendo unas ascuas. Los mandatarios de los dos países sudamericanos más afectados por el fuego de la Amazonia están centrando gran parte de las miradas, y respondiendo cada uno a su modo. A vueltas con la cooperación internacional, con desafíos saltando el océano Atlántico en ambos sentidos, los equipos de extinción de incendios siguen trabajando para controlar la devastación de las cientos de miles de hectáreas afectadas.

El debate sobre si la cooperación internacional en la Amazonia es solidaridad o interés económico lo abrió el propio presidente brasileño, y todo su Gobierno le siguió en bloque. Denuncian injerencia en la soberanía nacional. Su ola de seguidores les secundan, pero no es esa la mentalidad que hay en el resto de la región amazónica. La diputada colombiana María José Pizarro (Colombia Humana) no ve con malos ojos que haya donaciones: “Lo que veo con malos ojos es que Bolsonaro o Evo Morales, dos posiciones radicalmente opuestas en ideologías políticas, frenen la ayuda. Han actuado con una enorme irresponsabilidad”, ha comentado a eldiario.es, haciendo referencia a la negativa inicial de ambos —los dos acabaron dando un paso atrás–.

Según Pizarro, dado que los ecosistemas están interrelacionados, el drama del Amazonia es global, agudizado por “una forma de vida que claramente nos está llevando al descalabro ecológico”. No falta la autocrítica dirigida a la propia sociedad sudamericana: “Hemos enfocado el progreso solo desde la óptica de Occidente”.

Desde Perú, la congresista Marisa Glave (Tierra y Libertad) sigue la misma línea. “No tiene ningún sentido decir que no se aceptan ayudas de la Unión Europea y de otros países porque sería un mecanismo de injerencia. Si hay libertad de los países en la ejecución de las ayudas, no hay que negarse a la cooperación”, afirmó. Respecto a la cuestión sobre de quién es la responsabilidad de proteger la Amazonia, Glave, en conversación con este medio, mira en primer lugar a los países de la región, dejando claro que “en el fondo es una esperanza para la humanidad. Es como si me dijeran que la Antártida se está descongelando y los países que no estamos cerca no tenemos que preocuparnos”.

“Las ayudas deben ser bienvenidas”, opina Carmen Josse, directora científica de la ONG EcoCiencia (Ecuador), que certifica que los ambientalistas no están para nada de acuerdo con ese discurso nacionalista de Bolsonaro. Josse hace hincapié, además, en algo que muchas veces pasa desapercibido: la población que vive en la región amazónica. Parte de la cooperación internacional debería ir destinada al extracto más vulnerable de esa población: “Los que van a quedar particularmente afectados, con sus recursos y sus modos de vida disminuidos: las poblaciones indígenas”.

El presidente brasileño se ha reunido esta semana con los nueve gobernadores de los estados amazónicos —Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso y Maranhão—. Uno de los gobernadores presentes eraFlávio Dino (Maranhão). En conversación con eldiario.es, Dino también ha rechazado la postura del Ejecutivo. “La soberanía brasileña está garantizada por la Constitución y por las leyes internacionales, de modo que no es un tema debatible”, aseveró. Brasil ha participado tradicionalmente en diversos proyectos de cooperación internacional, “y eso nunca ha sido visto como una amenaza a nuestra soberanía”, recuerda.

“Este debate es puramente ideológico”, aclara el gobernador de Maranhão. “Busca encubrir una visión por la cual la Amazonia debe ser destruida”. En la época seca están acostumbrados a miles de focos de incendios, pero este año hay un componente nuevo: “Esto ha sido aparentemente estimulado, con actitudes de sectores económicos y políticos. Hay luz verde, hay un estímulo”.

La propia estructura del Fondo Amazonia —creado en 2008 para captación de donaciones, y hoy en riesgo por la congelación de fondos de Noruega y Alemania—, desmiente a Bolsonaro. La soberanía brasileña no está en peligro con las donaciones internacionales sencillamente porque es Brasil quien controla el Fondo desde el principio hasta el final. Es administrado por el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), y gestionado por un Comité Orientador y un Comité Técnico, marcando la pauta en ambos el Ministerio de Medio Ambiente.

Este Fondo Amazonia, según su normativa, “puede utilizar hasta un 20% de sus recursos para apoyar el desarrollo de sistemas de vigilancia y control de la deforestación en otros biomas [ecosistemas que comparten clima, flora y fauna] brasileños y en otros países tropicales”. Solo existe en la actualidad un proyecto en clave regional: el de “vigilancia de la cobertura forestal”, que tiene puntos de control en cada país amazónico y está dotado con 23 millones de reales (5 millones de euros).

La percepción general en la región amazónica es que el autoritarismo de Bolsonaro ha terminando dejando huella también en el ámbito ecológico. Hace años que sumó a su lista de enemigos a los activistas medioambientales, o a cualquiera que siga una línea política medianamente verde. “Creo que manejar ese discurso nacionalista que tiene Bolsonaro es una forma de, básicamente, seguir haciendo lo que quiere hacer”, sugiere la científica Carmen Josse.

Venezuela excluida de la reunión de países amazónicos

Uno de los puntos débiles de la región amazónica es la falta de conexión entre sus miembros, la incapacidad de creación de políticas comunes verdaderamente efectivas. Existe desde mediados de los noventa la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) —el tratado data de 1978— pero no son pocas voces las que se desgañitan reclamando, en vano, decisiones o simples gestos. El intento más reciente ha sido el del canciller venezolano, Jorge Arreaza. Su petición fue arrinconada. Los países amazónicos se reunirán, al margen de la OTCA, el 6 de septiembre en Leticia (Colombia), dejando al margen a Venezuela.

Una perfecta definición de cinismo, según Glave, la congresista peruana: “Varios de los países que hoy se niegan a sentarse en el marco de la OTCA no tienen ningún problema de estar en reuniones con países árabes, incluyendo Marruecos”, señala, “que tiene una política de violación sistemática de los derechos humanos del pueblo saharaui. El mensaje es que la democracia importa en algunos países pero en otros no”. El diálogo entre quienes piensan diferente no se plantea ni frente a “intereses y responsabilidades comunes”, protesta Pizarro, la diputada colombiana.

También desde el lado científico esta desunión es una muy mala noticia, porque “lo que sucede aguas arriba, afecta aguas abajo”, explica, lamentándose, la ecuatoriana Carmen Josse. Y si hay algo que ha quedado claro en las últimas décadas es que la selva no entiende de doctrinas ni de ministerios. Todos los Parlamentos conocen los planes de mineración, explotación agropecuaria o negocio maderero que existen en sus bosques. Todos, tanto a izquierda como a derecha, han ido ayudando con sus medidas a que hoy sea más fácil que ayer ir despedazando la Amazonia.

Muy poco ha faltado para que el Parlamento paraguayo invocase el artículo 225 de la Constitución Federal, ese que describe los procedimientos de juicio político a los dirigentes del Estado. El delito: traición a la patria. Los acusados: el presidente Mario Abdo Benítez y su vicepresidente, Hugo Velázquez. Todo por un acta bilateral secreta entre Paraguay y Brasil relacionada con la contratación de potencia de la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo, Itaipú, de soberanía compartida.

Una comisión bicameral de investigación está interrogando a todos los implicados. Este martes 27 de agosto ha pasado por allí Hugo Saguier Caballero, hasta hace unos días embajador de Paraguay en Brasil, y una de las primeras bajas colaterales del tumulto, cuando lo secreto se hizo público. Saguier fue el que firmó el acta en representación de Paraguay. El acuerdo obligaba a Paraguay a comprar más potencia de la energía más cara y así generar un excedente de la más barata del que se podrían aprovechar las empresas brasileñas.

Antecedentes históricos de un tratado desigual 

Itaipú, en el río Paraná, frontera natural entre Brasil y Paraguay, supuso, en los años sesenta y setenta, la materialización de un proyecto mastodóntico nacido de la necesidad brasileña y de una invasión militar previa. Paraguay arrastraba todavía las heridas de las guerras del pasado, fatídicas para ellos, y el fantasma del dominio brasileño amenazaba con regresar y perpetuarse, sobre todo con el golpe de Estado de 1964 y el inicio del régimen militar. El general Stroessner ya gobernaba Paraguay.

La creciente demanda energética de Brasil requería medidas drásticas. Puerto Renato fue el origen de la actual contienda. Con el objetivo estratégico de controlar los denominados Saltos del Guairá, en el río Paraná, las Fuerzas Armadas brasileñas enviaron un destacamento a un territorio aún en disputa diplomática, no definido, o definido ambiguamente, por los tratados internacionales. Allí construiría Brasil la solución a su necesidad energética. La intervención de Estados Unidos, en cambio, propició el acuerdo de 1973 para que la hidroeléctrica, finalmente ubicada en la zona de Itaipú, en el mismo río Paraná, naciera como un proyecto compartido.

Las evidentes diferencias entre ambos países y la forma violenta de encajar la solución originaria generaron un documento desigual. Por decreto ambas naciones son dueñas del 50% de la potencia garantizada –energía más cara, pero cuya cantidad puede conocerse de antemano y es fija– y del 50% de la no garantizada –más barata porque depende de incrementos que provocan factores externos–. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de la energía (más del 90%) viaja rumbo a Brasil, debido a la mayor demanda. Paraguay –mediante la Administración Nacional de Electricidad paraguaya, ANDE– le vende su excedente a la estatal brasileña Electrobras, pero no a precio de mercado, sino a uno mucho menor, con las consiguientes pérdidas para Paraguay.

Por otra parte, Brasil señala que Paraguay, aprovechándose de la preferencia que le otorga un acta firmada en 2007, divide sus compras entre potencia garantizada y potencia no garantizada para ahorrarse gastos. Brasil, en el acta secreta que ha desatado la polémica, presiona para que Paraguay aumente los niveles de compra de potencia garantizada hasta 2022, fijando previamente los valores (y reduzca los de la potencia no garantizada). Esto supondría, según ANDE, un gasto extra a Paraguay de 250 millones de dólares cada año por aprovechar su propia energía.

Presión, irresponsabilidades, dimisiones

Ante una modificación tan sustancial del Tratado de Itaipú todo ha apuntado hacia el presidente paraguayo y su vicepresidente. Acorralados, Abdo Benítez y Velázquez han desviado las culpas hacia su ministro de Exteriores, Luis Castiglioni –que ya no está en el cargo–, y este a su vez hacia el mencionado exembajador de Paraguay en Brasil. Los dirigentes de la ANDE fueron testigos también de la presencia en las reuniones de un consultor independiente que decía representar al vicepresidente. Irresponsabilidades en cadena que desembocaron en dimisiones grupales de altos cargos.

Pedro Ferreira, que dimitió como presidente de ANDE, no se cansa de repetir que avisó al presidente Abdo Benítez, al vicepresidente, al canciller y al embajador de Paraguay en Brasil, de que el documento del acuerdo era nocivo para los intereses paraguayos y no se debería firmar. El aumento de costes y de tarifas para Paraguay y el encorsetamiento eran notorios. Recomendaba además añadir un punto en el que Paraguay pudiera vender libremente la potencia sobrante a precios de mercado. El punto jamás fue incluido en el acta. Los empresarios brasileños estaban esperando los resultados, ansiosos de hacerse con esta energía sobrante, que además es más barata, para comercializarla en Brasil.

El equipo diplomático brasileño en las negociaciones estuvo capitaneado por el canciller Ernesto Araújo y por el embajador Pedro Miguel da Costa e Silva, secretario de negociaciones bilaterales y regionales en las Américas. Sus movimientos resultaron implacables. “Estaban presentes la delegación de Brasil y la delegación de Paraguay, y se me hace muy difícil entender que ahora se diga que hubo un déficit de información del lado paraguayo. Con todo el respeto, eso no es un problema de Brasil”, se puede escuchar desde la parte brasileña en una de las últimas conversaciones filtradas, ante las excusas de los técnicos paraguayos, que decían no haber visto nunca antes el acta definitiva.

El acta bilateral, por petición expresa del Ejecutivo paraguayo a Jair Bolsonaro, quedó anulada. Un favor impagable. Pero la lista de favores pendientes de Abdo Benítez no termina ahí. Su futuro político ha pendido de un hilo durante semanas debido a la falta de apoyo de una de las vertientes del Partido Colorado, precisamente la que controla el expresidente Horacio Cartes, el 'Honor Colorado'. Los votos de esa mitad de su propia agrupación le hubieran empujado sin freno hacia el juicio político, para satisfacción de la oposición. En el último momento, sin embargo, Cartes le ha levantado la condena. Ahora nadie duda que esa inestimable ayuda le pasará factura a Abdo Benítez, quedando los tres años que restan de legislatura a expensas del exmandatario, que maneja el poder entre bambalinas.

Las calles tardarán algo más en perdonar a Abdo Benítez. La población no admite lo que considera toda una cesión de soberanía, una muestra de entreguismo y un oscuro negocio a espaldas de la nación.

Las consecuencias de los graves incendios de la selva amazónica van más allá de los irreversibles daños ambientales y afectan directamente a las políticas nacionales en Brasil y Bolivia. Las llamas han vuelto a exponer las mentiras del presidente Jair Bolsonaro, que ha culpado del desastre a los intereses de las ONG, han dejado prácticamente solo ante el peligro a su ministro de Medioambiente en un evento internacional, y han puesto en graves aprietos al presidente Evo Morales en pleno año electoral.

Brasil ha tenido más de 72.000 incendios este año, lo que supone un aumento del 84% respecto respecto al mismo periodo de 2018. “Los indios, ¿quiere que culpe a los indios? ¿Quiere que culpe a los marcianos?... Todo el mundo es sospechoso, pero los mayores sospechosos son las ONG”, respondió Bolsonaro este jueves a un periodista.

“¿A quién se cree que engaña?”, se preguntaba el director de políticas públicas de WWF Brasil, Raul Valle, tras los ataques de Bolsonaro a las ONG. “Los diez municipios con mayor foco de incendios este año en la Amazonia son los diez mismos municipios que tienen mayor nivel de deforestación. Solo no lo ve el que no quiere verlo”, señalaba. Esta lista atroz está formada por las localidades de Apuí, Labrea y Novo Aripuanã (en el estado de Amazonas), Altamira, Itaituba, Novo Progresso y São Félix do Xingu (en el estado de Pará); Caracaraí y Porto Velho (en el estado de Roraima), y Colniza (en Mato Grosso). Las quemas ayudan a limpiar los terrenos que ya han sufrido la deforestación.

Informes como la 'Nota técnica: Amazônia em Chamas', del Instituto de Pesquisa Ambiental de la Amazonia (IPAM) impactan en la línea de flotación de Bolsonaro y desnudan sus falsedades. “La Amazonia se está quemando más en 2019 y el periodo seco, por sí solo, no explica este aumento. El número de focos de incendios, para la mayoría de los estados de esta región, ya se considera el mayor de los últimos cuatro años”, indica el documento firmado hace unos días por los investigadores Divino Silvério, Sonaira Silva, Ane Alencar y Paulo Moutinho.

“Es un índice impresionante, la temporada seca de este año está siendo más suave que en los años anteriores. Hasta el 14 de agosto se registraron 32.728 focos, cerca de un 60% más que la media de los tres años anteriores durante el mismo periodo”, continúa. Que se estén registrando más incendios pese a que la temporada seca no está siendo muy agresiva “indica que la deforestación puede ser un factor de propulsión de las llamas”, señala el informe. “La relación entre los focos de incendios y la deforestación registrada desde el inicio del año hasta el mes de julio se muestra especialmente fuerte”, concluye.

A Bolsonaro lo que más le afecta es que la situación se internacionalice. Todo el planeta es testigo de sus políticas contra el medio ambiente. Su definición de los activistas medioambientales como enemigos, sus medidas —intentó retirar de la Fundación Nacional del Indio la competencia para la demarcación de tierras indígenas— y sus decisiones —eligió como ministra de Agricultura a la líder del grupo parlamentario del agronegocio—, han colocado a Brasil en las antípodas del ecologismo del siglo XXI.

El presidente francés, Emmanuel Macron, tuiteó este jueves que los incendios suponen una grave crisis internacional que hay que discutir en la cumbre del G7 que se celebrará este fin de semana de Biarritz.

“Lamento que el presidente Macron busque sacar partido de los que es un asunto doméstico de Brasil y de otros países del Amazonas por su beneficio político”, respondió Bolsonaro. Poco después, el ministro de Exteriores brasileño, Ernesto Araújo denunció una campaña internacional “salvaje e injusta” contra Brasil. “La crisis medioambiental parece ser el último arma que queda en el arsenal de mentiras de la izquierda”, afirmó.

Miente su Ejecutivo también a través del Ministerio de Exteriores y las embajadas del país por todo el mundo cuando hace propaganda engañosa de las razones por las que Brasil será el salvador del Amazonas. Hablan de los datos de reservas indígenas, cuando Bolsonaro declaró que no quería “ni un milímetro más” y que debajo de cada reserva “hay riqueza”. Argumentan que en Brasil los dueños de las tierras están obligados, por ley, a preservar el 80% de la vegetación original de sus propiedades, cuando uno de los hijos del presidente, Flavio Bolsonaro, ha redactado un proyecto de ley para anular esa exigencia —lo tuvo que retirar, porque la medida estaba abocada al fracaso—.

En sus comunicados, las embajadas brasileñas hacen referencia a los innovadores sistemas de información satelital, los mismos que ha defenestrado el propio presidente molesto por la transparencia informativa.

Mientras tanto, al ministro de medio ambiente, Ricardo Salles, le ha coincidido la crisis con la Semana Latinoamericana y Caribeña sobre Cambio Climático organizada por la Organización de Naciones Unidas en Salvador (Bahía). Le correspondió la apertura de una de las jornadas, acto que aprovechó para no salirse de la línea marcada por el presidente, defendiendo al agronegocio brasileño, ejemplo de sostenibilidad y buenas prácticas, en su opinión. Volvió a llevar la contraria a los estudios científicos, esquivando los datos de deforestación y resumiendo las causas en el “clima seco, caliente y con más viento, propagando los focos”.

Los incendios en Bolivia también dañan a Evo Morales

En Bolivia las llamas también están causando estragos, con la dificultad añadida de la diferencia presupuestaria con respecto a Brasil. Dos helicópteros no fueron suficientes en un primer momento para controlar los incendios que han asolado el sur de la región amazónica, en la zona de la Chiquitania.

Evo Morales reaccionó mal y tarde, según sus críticos, y se ha visto obligado a realizar un obligatorio dispendio económico para el alquiler de un avión estadounidense que ayude al país en este momento dramático. El Supertanker, Boeing 747-400, pertenece a Evergreen International Aviation y tiene su base en Colorado. Las esperanzas bolivianas pasan por sus 70.000 litros de capacidad.

Es año electoral en Bolivia, lo que ha empantanado mucho más la crisis. Parte de las comunidades indígenas han cargado directamente contra Evo Morales señalándole como culpable de los incendios por el decreto 3973, firmado el 10 de Julio de este mismo año. En el texto se amplían los permisos para quemas controladas en los departamentos de Santa Cruz y Beni: “En ambos departamentos se permite las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan”.

Álex Villca, uno de los jóvenes líderes indígenas de la Amazonia boliviana, y portavoz de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), está seguro de la responsabilidad del Gobierno y cree que hay que pedirle “rendición de cuentas” a Evo Morales: “Un juicio de responsabilidades por esta cantidad de hechos que están ocurriendo en el país, esta cantidad de violaciones a los pueblos indígenas y también de los derechos de la madre naturaleza”.

Brasil, el gigante sudamericano, vive una época de nacionalismo hueco y patriotismo desmemoriado que no tiene en cuenta a los pobladores originarios de esta tierra, a los que pelearon contra los invasores y aún sobreviven, muy diezmados, milagrosamente. Este mes de agosto las mujeres indígenas del país han tomado durante días la capital del país para reivindicar sus derechos en el Brasil de Bolsonaro.

La Explanada de los Ministerios, en Brasilia, es el decorado de decenas de concentraciones y manifestaciones cada mes, pero había una que se esperaba desde hacía años: la primera marcha nacional de mujeres indígenas brasileñas. La idea de esta histórica llamada se venía fraguando desde 2014, pero se concretó en la acampada 'Tierra Libre 2019', celebrada a finales del pasado mes de abril. Allí mismo consensuaron el lema de la movilización, “Territorio- Nuestro cuerpo, nuestro espíritu”. Entre el 9 y 13 de agosto, las mujeres indígenas de Brasil tomaron la capital.

Los organizadores, la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), aguardaban la presencia de 2.000 mujeres, y el número final se quedó cerca de las 1.500, con más de 115 pueblos indígenas representados. En el marco del día internacional de los pueblos indígenas, recorrieron miles de kilómetros en autobús desde todos los estados del país, en traslados financiados por las propias comunidades, con recaudación de fondos a través de internet, o con donaciones de material básico para el desplazamiento y el mantenimiento. Resultado satisfactorio y esperanzador, teniendo en cuenta que los pueblos originarios brasileños no cuentan con grandes liderazgos nacionales, sino locales, y la gestión de las actividades no siempre resulta tan inmediata como les gustaría.

Las principales reivindicaciones las ha resumido en conversación con eldiario.es una de las líderes de esa convocatoria, Célia Xacriabá: “Demarcación territorial, educación indígena diferenciada y salud indígena”. No exigen nada disparatado: está todo escrito en el marco regulatorio de su nación, a todos los niveles. Para las comunidades indígenas, además, su territorio es su razón de existir, un cordón umbilical les une a su tierra. La educación diferenciada, por su parte, está refrendada en el artículo 210 de la Constitución Federal, aunque en la práctica “no está garantizada”, denuncia Célia Xacriabá. “Depende de la buena voluntad política”, añade. Demandan un acuerdo de Estado a la altura de la normativa y no una remunicipalización educativa: “Los municipios son enemigos históricos de nuestras comunidades”. Poder estudiar en su lengua materna, al margen del portugués, sería solo un primer paso.

La asistencia sanitaria diferenciada también emana de las leyes brasileñas. En base a ellas se creó en 2010 la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), para reconocer las costumbres de vida de cada comunidad, para comprenderlas, respetarlas y evitar que las zonas de difícil acceso estén absolutamente abandonadas por el sistema público de salud. Un alto índice de mortalidad infantil golpea a todos estos pueblos, que tienen que enterrar a niñas y niños por problemas fácilmente controlables en el resto del país. La salud mental de los pueblos indígenas es otro vacío doloroso. El nuevo Gobierno Federal prefiere, de nuevo, la remunicipalización de estas competencias, reduciendo el compromiso prácticamente a cero.

“Los guardianes del conocimiento”

En el origen de las tres grandes reivindicaciones se encuentra la creciente agresividad del Brasil actual. Las comunidades indígenas, que sí tienen memoria, intentan presentar nuevas vías de entendimiento. Se autodeclaran “los guardianes del conocimiento”, de la reflexión, del diálogo. Consideran que Brasil ha perdido su magia, las características que lo definían como un rincón amable del planeta. “Hay que reconectar con la cultura, con la identidad del país”, señala Célia Xacriabá. “Brasil necesita recuperar el encanto”. Ellas están convencidas de que pueden ayudar en esta tarea, incluso en estos tiempos tan voraces, con tanto odio diseminado en discursos políticos, en las calles y en las redes sociales. “Creemos que nuestra capacidad de reconexión con la ancestralidad va a curar a esta sociedad. Hay que curar a esta sociedad”.

Otra de las lideres de la marcha, Nyg Kaingang, resalta que las mujeres indígenas no están luchando solo por ellas, “sino por el planeta como un todo, por la vida como un todo”. Ese es el mensaje ecológico y social que quieren inculcar a la población: igual que sufren ataques sus pueblos y sus hijos, “la madre tierra también esta sufriendo”. Sus comunidades podrían impartir un posgrado de cómo convivir de manera sostenible con la biodiversidad brasileña, la más rica del mundo.

La agenda de las 1.500 mujeres indígenas en la capital del país estuvo bastante cargada durante los días que duró el encuentro. Llevaron sus proclamas a la Cámara de Diputados, al Senado Federal y al Tribunal Supremo, donde estuvieron reunidas con la magistrada Carmen Lúcia. Las representantes indígenas mostraron, ante la jueza, su preocupación sobre todo con los casos de demarcación territorial. En manos de la corte está el denominado “Marco temporal”, una acción jurídica que intenta anular la validez de todas las reservas indígenas oficializadas antes de 1988, lo que supondría un ataque frontal sin precedentes.

La marcha no pudo cumplir, sin embargo, con uno de los objetivos primordiales que tenía planteados: ser recibida en la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI). En el momento más emocionante e intenso de estas jornadas, las mujeres indígenas accedieron en bloque al edificio que alberga dicho organismo, pero la secretaria gubernamental, la teniente Sílvia Nobre Waiãpi, indígena como las manifestantes, ni siquiera consideró la posibilidad de darles la bienvenida. La militar ha sido muy criticada debido a la defensa que siempre ha desplegado en torno a la figura de Jair Bolsonaro, que la nombró tras asumir la presidencia. El presidente sabía que esta nominación generaría crispación y división interna. Las manifestantes, una vez más, pidieron la dimisión de la secretaria. No se sienten representadas y exigen interlocutores válidos.

El autoritarismo del líder ultraderechista Jair Bolsonaro, presidente de la República Federativa de Brasil, ha alcanzado en los últimos días cotas difícilmente superables. Aun conociendo su admiración por el régimen militar instaurado desde 1964 hasta 1985, su última actuación al respecto ha dejado perpleja a buena parte de la población al denigrar en un discurso la memoria de uno de los asesinados por la dictadura.

Se encontraba Bolsonaro atacando a la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), en referencia al caso de su apuñalamiento cuando era candidato –la Policía Federal ha concluido que el autor de los hechos actuó solo y sufre trastornos mentales–, cuando traspasó de nuevo el límite, dirigiendo sus exabruptos directamente contra el presidente de la institución, Felipe Santa Cruz. “¿Cuál es la intención de la OAB? ¿Quién es la OAB? Si un día el presidente de la OAB quiere saber cómo desapareció su padre durante el periodo militar, yo se lo cuento. No va a querer escuchar la verdad”, espetó.

El presidente, que intentaba crear la pauta de una nueva falsedad, humillaba la memoria de Fernando Santa Cruz, miembro de la agrupación de izquierdas Ação Popular. Según sus suposiciones, Santa Cruz murió a manos de sus propios compañeros de organización. El rigor de las pruebas, las investigaciones y los expedientes le contradicen: Santa Cruz, con tan solo 26 años, fue detenido por el DOI-CODI –órgano más sanguinario del Ejército– durante el sábado de carnaval de 1974, junto a su amigo Eduardo Collier Filho.

Nunca más fueron vistos. La principal hipótesis, en base a testimonios e informes, es que formaran parte del proceso de tortura e incineración implantado por el general Geisel. El Gobierno Federal reconoció los hechos en la Comisión Nacional de la Verdad y su caso fue incluido como uno de las centenares de atrocidades oficialmente documentadas de la dictadura brasileña.

La Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, actualmente dentro de la estructura del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, recordó al presidente los datos concretos, y el movimiento de Bolsonaro no ha podido ser más descarnado: destituir a cuatro de los siete miembros de dicha comisión, sustituyéndoles por dos miembros de su partido y por un coronel y un teniente-coronel del Ejército, ambos en la reserva.

La máxima responsable de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, teniendo en cuenta los precedentes, esperaba los acontecimientos con resignación, y Bolsonaro tampoco ha dejado lugar a la duda. “El motivo es que se ha cambiado el presidente, ahora es Jair Bolsonaro, de derechas, punto final”, desafiaba frente a una nube de micrófonos. “Cuando ellos colocaban terroristas aquí nadie decía nada”, sentenció.

Ante el desconcierto general de esta nueva reacción desproporcionada, quien más quien menos recordaba que esta Comisión fue fundada allá por el año 1995, y ni siquiera por el Partido de los Trabajadores, sino durante la primera legislatura de Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña. Para Bolsonaro, cualquier defensor de los derechos humanos que ya en los sesenta o en los setenta luchara contra la dictadura merece el calificativo de “terrorista”. El presidente de la OAB ha tramitado un Pedido de Explicaciones ante el Tribunal Supremo.

Reacciones a las amenazas a periodistas

El escándalo de humillación a víctimas de la dictadura se posa sobre otro de dimensiones similares: los ataques a la libertad de prensa. Últimamente Bolsonaro se ha centrado en Glenn Gleenwald, de The Intercept, tras la publicación de los mensajes privados entre el exjuez y hoy ministro de Justicia Sérgio Moro y la Fiscalía, que prueban el ideario político oculto tras la detención del expresidente Lula da Silva.

Según Bolsonaro, Greenwald –estadounidense– no tenía que temer una deportación, “ya que está casado con otro hombre y tienen niños adoptados aquí en Brasil”, pero que bien podría ir a la cárcel. La Asociación Brasileña de la Prensa realizó la semana pasada un acto en apoyo a Greenwald en su sede del centro de Río de Janeiro. El premio Pullitzer ha conversado con eldiario.es: “Lo que Bolsonaro ha hecho ha unido a casi todos, porque si puede amenazarme o detenerme por mi periodismo, puede hacer lo mismo con cualquier otro”.

Greenwald, que está acostumbrado a la presión desde las publicaciones de los datos secretos de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos en posesión de Edward Snowden, vive en Brasil desde hace catorce años, y ha visto evolucionar a Bolsonaro. “Lleva treinta años denunciando la democracia y apoyando la dictadura, pero ahora es diferente porque es el presidente de la República”. Escucharle amenazar a un periodista específico usando su nombre y apellidos, un periodista que está revelando corrupción del Gobierno Federal, “es chocante para cualquiera, eso no puede existir en una democracia, podría ser el fin de la democracia brasileña”.

El ministro Moro es, para buena parte de la población, un héroe y, aunque su popularidad esté disminuyendo, “se tarda un poco en deconstruir esa imagen”, reconoce el periodista. “Soy optimista en que esta corrupción que estamos denunciado tenga consecuencias”, apunta.

Las dos últimas polémicas provocadas por el presidente, que sigue articulando su legislatura en torno al odio y a la revancha, han reactivado a la sociedad civil. El colectivo Povo Sem Medo (Pueblo sin miedo), que suele estar entre los más enérgicos bloques de protesta, ha vuelto a ser uno de los primeros en manifestarse, convocando a la movilización en São Paulo el lunes 5 de agosto bajo el lema “Dictadura nunca más”.