El pasado domingo 21 de mayo, el jugador de fútbol Vinícius Junior recibió insultos racistas  durante un partido. A partir de ahí, pudimos observar una serie de reacciones diplomáticas, jurídicas, políticas y, especialmente, sociales. Todo el mundo se apresuraba a no parecer racista, a exponer su receta, a exigir respuestas inmediatas. Las notificaciones en los teléfonos y las parrillas televisivas debatían con más o menos acierto sobre si España (no se sabe bien si a nivel identitario, geopolítico, romántico o todo a la vez) es racista. Muchas personas se preguntaban si eran suficientes las medidas implementadas como sanción, si era adecuada la actuación de la Fiscalía, si el racismo se circunscribe al fútbol. Incluso se han llegado a escuchar voces que han planteado los posibles obstáculos para erradicar los delitos de odio racistas en el fútbol, como, por ejemplo, los supuestos límites de la vía penal o la falta de protocolos claros. 

Todos los argumentos presentados en este debate público parten de una premisa implícita que pareciera darse por sentada: “Ya se sabe lo que es el racismo, los españoles no lo son y es una cosa de niños malos característica sólo de la extrema derecha”. Sin embargo, justamente son la falta de coherencia y  claridad del debate, así como su desorden, los principales síntomas sobre la falta de conocimiento acerca de su naturaleza, fuentes, relaciones causales, espacios de expresión y tipologías. Entonces, si no tenemos claro qué es exactamente el racismo, cuáles son sus dimensiones y cómo opera, ¿cómo vamos a remangarnos para erradicarlo, más allá de la guerra de tuits y las fotos con color?

Lo primero que hace falta, por tanto, es la formación antirracista de todas las personas que sostienen las instituciones públicas en puestos de responsabilidad. De ellas emanan las leyes, los estereotipos a la hora de archivar denuncias, los protocolos e, incluso, la idea de decirle a la víctima: “Este espacio es demasiado racista para ti, ¿desearías abandonar el juego?”. En tono salvador, para más chiste.

El racismo es un proceso psicosocial cimentado en estereotipos y prejuicios generados desde las instituciones públicas. No es una cuestión individual sino política, estructural y anclada en la historia identitaria y económica de las relaciones intergrupales, donde la etnia, el fenotipo, el origen nacional e incluso la religión se entremezclan en una amalgama difícil de separar. Tan anclada a veces en la historia que cabe preguntarse sobre la posibilidad de resolver estos conflictos. Las causas pueden ser diferentes. Por ejemplo, podemos situarnos en el origen de las relaciones coloniales con países africanos y latinoamericanos o podemos enfocarnos en aquellos elementos que han permitido desde la Europa medieval construir las bases de La Gran Redada en España o, incluso, el genocidio nazi contra la propia población europea. Efectivamente, las causas van a determinar los efectos. No es igual que te equiparen a un mono a que sólo se reconozca tu derecho a servir o que el 99% de la juventud no pueda acceder estudios superiores por motivos étnicos. Como no es igual que esto pase en un estadio de fútbol con miles de personas a que ocurra en la privacidad de un hogar ajeno, en los pasillos de un laberinto burocrático o en el aula de un instituto. 

En adición a todo ello, los insultos racistas que ha soportado Vinícius, los que ha soportado cualquier personas gitana en el autobús o los que se lanzan ¡desde una tribuna política son formas de racismo hostil y manifiesto en boca de personas a quienes consideramos malas moralmente o de extrema derecha (si estamos en campaña electoral). Sin embargo, esas formas de racismo no existirían sin las formas sutiles y benevolentes del mismo que además, suelen provenir de personas que se consideran igualitarias y buenas y que incluso llegan a autodenominarse feministas, progitanas, anticoloniales, veganas, animalistas… todo lo bueno que termine en -ista, definitivamente. Pueden referirse sutilmente al antirracismo como un cuento innecesario ya que sólo el grupo dominante debe tomar las decisiones para salvar a personas subalternas, o pueden reconocer públicamente la existencia del racismo los días señaladitos, eligiendo notas de color en sus fotos. También pueden compartir los elementos negativos entre subalternidades bajo la etiqueta de la participación igualitaria, por ejemplo, mientras el reparto de privilegios se mantiene exclusivo dentro de los miembros del grupo dominante. Esto es lo realmente peligroso del racismo porque borra sus huellas, lo hace indetectable, puede que incluso llegue a ser aceptado por las propias personas subalternas como única forma de participación disponible y destroza la dignidad de las personas que sufren sus efectos. Mención aparte, este tipo de actitudes silenciosas sostienen el racismo hostil, abierto y manifiesto que supone un dolor colectivo comparable al físico.

No obstante, ¿por qué, si tantas personas ejercen conductas racistas al unísono, se resisten a ser identificadas como tal? Lo que sí podemos afirmar es que la ciencia histórica ya ha demostrado que la creación de la identidad española nace en la exclusión de musulmanes y judíos, así como el intento de exterminio y sojuzgamiento del pueblo gitano, pasando por el expolio de los recursos naturales y la fuerza de trabajo en otros países. Quizás por ello, la Igualdad en España, cuando se mira al espejo, encuentra un reflejo de Racismo, y sufre entonces un brote psicótico. Puede que en ello se base en parte la fragilidad identitaria de nuestro estado nación. Una fragilidad que necesita silenciar las subalternidades creadas por ella misma. A veces te dicen que es agresivo denunciar el racismo y que habría que buscar una manera más complaciente, a poder ser reconociendo el poder salvador del grupo dominante y sin explicitar su culpa colectiva. A veces te dicen que es imposible ser racista si eres buena persona o si tienes buenas intenciones. Otras veces, directamente te piden que no señales el racismo, especialmente su perspectiva de género. Pero, siempre, lo que se busca es no mirar de frente esa fragilidad paya y blanca que castiga para disciplinar subalternidades, que busca sólo que les entretengas o añadas color a su visión monótona para fortalecer su autopercepción igualitaria al mínimo coste.

Decía Vinícius Junior en un tuit que efectivamente, España es racista mucho antes de que él llegara y se apoyaba en el amor espiritual para mantener esta lucha al lado de personas comprometidas. Quizás quiera decir que sólo un milagro erradicará el racismo, pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que sólo con amor, propósito, escucha y empatía podremos al menos situarnos en la senda que nos permita encontrarnos en esos brazos abiertos y acogedores que Vinícius representaba.

El pasado 30 de mayo se aprobó en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación que recoge exclusivamente la inclusión del antigitanismo en el Código Penal. Dicha proposición contó con los votos a favor de todo el arco parlamentario, a excepción de las 50 abstenciones del Grupo Parlamentario Vox. 

La cronología parlamentaria de este hito nace durante el debate para la toma en consideración de la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación el pasado 16 de febrero de 2021. En dicho debate, varios grupos expresaron las debilidades del texto e incluso el diputado Ismael Cortés alertó sobre la pérdida de oportunidad que suponía no dotar a nuestro país de una vacuna potente contra el odio que situara el antigitanismo al mismo nivel que el antisemitismo, ausente en el articulado. Tres meses más tarde tanto el diputado Ismael Cortés como Sara Giménez registraron sendas enmiendas para la inclusión del antigitanismo como agravante y como delito de odio en el Código Penal.

En este contexto, los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, Republicano, Ciudadanos y Socialista registraron conjuntamente en marzo de 2021 la creación de una Subcomisión para el estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano, que finalmente quedó aprobada en el Pleno a finales de mayo de 2021, aunque las comparecencias no comenzaron hasta el 16 de febrero de 2022. Durante las 28 comparecencias celebradas hasta el momento, la práctica totalidad de las personas expertas han  acordado la necesidad de incluir el antigitanismo en el Código Penal como primer paso legislativo para reparar la situación del Pueblo Gitano en España. Es este consenso en torno a la medida lo que impregnó irremediablemente la negociación de la Ley de Igualdad de Trato en palabras de la diputada Pilar Calvo, hasta que el Grupo Socialista accedió finalmente a su aceptación el mismo día de la votación en la Comisión de igualdad. 

La aprobación del antigitanismo en el Código Penal ha generado un cambio en el espíritu de la ley de Igualdad de Trato, que ha pasado de ser nombrada por el grupo socialista como “Ley Zerolo” a ser nombrada popularmente como la “Ley del Antigitanismo”. Este cambio no es baladí, puesto que dicha modificación ha derivado en el debate y votación por separado de la enmienda a través de la proposición de Ley Orgánica complementaria que tuvo lugar recientemente. En dicho debate, pudimos ver a las tres personas diputadas miembros de la comunidad gitana mostrar su profunda satisfacción ante la aprobación de esta medida, bajo la mirada petrificada de las esculturas de los Reyes Católicos que custodian la tribuna del Congreso de los Diputados. Entendamos que fueron esos mismos reyes quienes firmaron la primera pragmática antigitana en 1499 estableciendo la prohibición de trabajar a la población gitana a excepción del trabajo esclavo a las órdenes de un señor, la prohibición de la itinerancia, así como el uso de las señas identitarias y lingüísticas bajo pena de castigo físico, mutilación corporal, expulsión y cadena perpetua, infundiendo este trasfondo antigitano durante más de 250 leyes posteriores hasta la derogación de la ley de peligrosidad y rehabilitación social en 1995. 

Son los cuerpos de las mujeres gitanas que sufrieron el castigo de latigazos y la reclusión en Casas de Misericordia, son los brazos de los varones gitanos condenados a galeras o trabajo esclavo en las minas y arsenales de marina, son las lágrimas de esos niños y niñas gitanas arrancados de sus familias las que flotaron el pasado jueves sobre la atmósfera del Congreso de los Diputados. Son anhelos de libertad guardados durante más de cinco siglos los que guiaron este primer paso de reconciliación legislativa. 

Las paredes del Congreso de los Diputados escucharon la historia antigitana de España en la propia voz de las señorías gitanas, oyeron el lamento antiguo por los intentos de exterminio y se impregnaron de lengua romaní. Es justo, además, hacer especial mención a la diputada María Dantas, que inundó con lágrimas de alegría su intervención en el Pleno, porque ha sentido y luchado durante todo este proceso como si fuera una gitana más. Solo el grupo parlamentario Vox intentó romper aquel momento histórico y emotivo, sin conseguirlo, exponiendo su disconformidad ante la lucha contra un antigitanismo sostenido durante 600 años. 

Con esta medida, se pretende iniciar la reconstrucción de la confianza mutua entre las instituciones y el pueblo gitano. Confianza que debe seguir avanzando a través de la formación en los operadores jurídicos y el acceso a la justicia, el acceso a una educación libre de prejuicios antigitanos, la libertad de vivir fuera de los guettos, el florecimiento de científicas y científicos gitanos, el impulso de artistas, el ejercicio libre de las profesiones, el fin de la criminalización de la juventud gitana, etc. 

El parlamentarismo gitano ha dado una lección histórica poniendo los intereses comunes por encima de los colores políticos. Gracias a esta lección, la penalización del odio, la hostilidad, la discriminación, la lesión de nuestra dignidad y la violencia por motivos antigitanos abre una puerta en la historia de España que siempre estuvo bien cerrada. Ahora que la puerta se ha abierto, toca recorrer este nuevo camino que ya no tiene marcha atrás. 

Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, Pablo Vega presenta en Barcelona su emotiva pieza audiovisual Proud Roma (Orgullo Gitano), en la que apela al reconocimiento de una historia común de resistencia y resiliencia frente al odio, la esclavitud y el genocidio del pueblo romaní.

Vega –artista visual, director de cine, productor y editor– fundó en 2003 su propia productora, Dika-Audiovisual, y su trabajo incluye documentales, piezas de videoarte, montajes teatrales, videoclips musicales y spots publicitarios. Muchos de sus trabajos han sido galardonados –premio a mejor documental en el African Film Festival (Berlín, 2012), la mención especial del jurado en el Pan African Film Festival (Los Ángeles, 2012), el premio de Joven Creador del Instituto de Cultura Gitana (Madrid, 2012), el premio Enrique Maya a las Artes (Madrid, 2013), premio a mejor contenido en los Luxury Advertising Awards (Madrid, 2019), entre otros– y giran alrededor de la idea de conseguir sociedades más abiertas y plurales, que garanticen la igualdad de todos y todas “tanto en el presente como en el futuro”.

En el caso de su último trabajo, realizado con el apoyo del European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC), Vega entra de lleno en el tema del pueblo gitano –él es miembro de la International Romani Film Commission y forma parte del jurado en el Ake Dikhea? Festival of Romani Film– a través del famoso monólogo de Charles Chaplin en El gran dictador, que se actualiza en el cuerpo y la voz de una mujer romaní, Alina Servan, y un joven gitano, Toni Gabarri.

¿Qué conexión cree que existe entre el discurso de Chaplin en 1940 y el de Proud Roma en 2022?

Cuando supe que Chaplin era romaní empecé a entender toda su obra y las historias que creaba con las personas más estigmatizadas de la sociedad, pero en el caso de El Gran Dictador me marcó como un antes y un después. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que este gran maestro gitano se atreviera valientemente a plantarle cara a Hitler desde el amor y desde la humanidad me llegó al corazón.

En el contexto de la guerra de Ucrania, muchas personas romaníes no solo llevan tiempo arrastrando el peso de sufrir delitos de odio por parte de grupos paramilitares neonazis, sino que además se les sigue discriminando como personas refugiadas cuando intentan cruzar la frontera huyendo de la guerra.

Quiero decirle al mundo amablemente que la cultura pierde cuando miramos desde los estereotipos y los prejuicios antigitanos

En Europa y en España, la situación de las comunidades romaníes hace necesaria la denuncia de las esterilizaciones forzosas, de la segregación de la infancia gitana en las escuelas, de las barreras en el acceso a los derechos fundamentales. Por todo esto, creo que el llamado que Chaplin nos hacía en 1940 sigue más vigente que nunca.

Dices que Chaplin plantó cara a Hitler cuando ningún gobernante europeo tuvo valentía para hacerlo. ¿A quién quiere plantarle cara con esta pieza?

Quiero decirle al mundo amablemente que la cultura pierde cuando miramos desde los estereotipos y los prejuicios antigitanos. Creo necesario reflexionar sobre ello de manera sincera para movilizarnos contra la discriminación antigitana que sufrimos de manera estructural. Es un canto a la unión de las personas payas y gitanas para que cambiemos esta situación porque paraliza el desarrollo social y cultural de todos y todas.

Ismael Cortés en su libro Sueños y Sombras sobre los Gitanos analiza la representación gitana en el cine desde la Guerra Civil al cine quinqui: afirma que el estereotipo gitano siempre está situado fuera de la ley y moviliza reacciones afectivas entre la fascinación y el miedo. ¿Cuál es su opinión sobre la representación gitana en el cine y la que aporta su trabajo?

La representación gitana siempre se hace desde una mirada externa, rígida y pobre porque se basa en estereotipos y prejuicios antigitanos. En mi opinión, no representa la verdad y la cultura de nuestro pueblo. La perspectiva interna es mucho más rica y tiene más matices porque tiene en cuenta los orígenes, los trayectos y los procesos de las personas. Tenemos muchas historias interesantes que contar y estoy seguro de que tendrían un gran impacto en la sociedad.

El cine es una gran herramienta pedagógica para crear, ponerte en la piel del otro y llegar a millones de personas. Quiero romper los estereotipos y dar una imagen estética más humanizada, elegante y sofisticada. Mi mirada tiene una pizca de realismo mágico y drama, pero desde un prisma de sensibilidad que todas las personas gitanas tenemos por nuestra alta capacidad para amar. Cuando tenemos la oportunidad y el espacio para transmitir esto, llega a todo el mundo porque cuentas desde el corazón y desde el amor. Eso es lo que hace Chaplin.

Ahora mismo están sobre la mesa el anteproyecto de Ley del Cine y el proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo cree que estas leyes podrían mejorar la representación gitana en los productos audiovisuales?

Hay que impulsar medidas de acción positiva, como las cuotas, para que las productoras tomen conciencia y permitan que las personas gitanas puedan contar historias en igualdad de condiciones con las personas que no lo son. En las plataformas de emisión en streaming existe conciencia para incluir estos contenidos; sin embargo, las productoras desaprovechan la oportunidad de apoyar este tipo de historias. Necesitamos impulsar contenidos culturales que reflejen la realidad de las sociedades en las que vivimos y nos permitan soñar con el mundo que queremos. Para ello, es fundamental que se reconozca nuestro derecho a mostrar el arte y la verdad de la vanguardia gitana.

Este 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, se cumplen 50 años del I Congreso Mundial Romaní que adoptó la bandera, la efeméride y el himno que utiliza la diáspora romaní en todo el mundo. Tras estos 50 años, la población gitana española seguimos reclamando nuestros derechos como el primer día, poco o nada han avanzado las instituciones desde entonces. El acceso a la justicia que hace valer nuestros derechos sigue siendo una carrera de obstáculos. La libertad, la vida y la integridad física y moral de las personas (también gitanas) son derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución. Por tanto, en teoría ninguna persona (aunque sea gitana) puede recibir tortura ni penas o tratos inhumanos o degradantes. Sin embargo, tras esos 50 años de institucionalización del Día Internacional del Pueblo Gitano, en España los tribunales afirman que asesinar a un joven gitano de una paliza entre 10 guardias es legal sobre todo si es discapacitado y te hace sentir un cobarde.

El antigitanismo es una forma de discriminación contra las personas romaníes basada en estereotipos y prejuicios. Ancla sus raíces en la seriación legislativa de la historia de España, se propaga a través de los productos culturales, infecta las mentes de todas las personas independientemente de su rol social, político o económico y su consecuencia más directa es impedir que parte importante de la sociedad española (esa que es gitana) acceda a sus derechos en igualdad de condiciones. Los estereotipos y prejuicios antigitanos se instalan tan profundo en las mentes que son indetectables por la conciencia. Se activan de forma automática independientemente de las intenciones, lo que quiere decir que por mucho que una persona se comprometa con la igualdad del 8 de Marzo o ponga un tweet #BlackLivesMatter, puede también activar automáticamente sus estereotipos antigitanos y desplegar todo un repertorio de conductas prejuiciosas mientras se sigue autopercibiendo como persona igualitaria. ¿Disonante, cierto? Simplemente, cuando perciben a una persona gitana en su radio de acción, “una intuición extraña” les avisa al oído que las personas romaníes son unas discapacitadas sociales que dan miedo y hay que protegerse de ellas. Además, estos estereotipos antigitanos tienen género, lo que quiere decir que los estereotipos antigitanos sobre las mujeres son diferentes de los estereotipos sobre los varones. De esta forma, mientras las mujeres gitanas son estereotipadas y prejuzgadas como discapacitadas sociales sumisas, embaucadoras y mentirosas, los varones gitanos son estereotipados y prejuzgados como discapacitados sociales, vagos y violentos, entre otras perlas.

La realidad es que un chaval gitano llamado Eleazar con un 75% de discapacidad visible (reconocida por las instituciones pertinentes y por los propios testigos de la agresión) tiene el miedo normal de cualquier chico con su edad mental que se ha perdido en un estadio de fútbol, sobre todo si es agredido cruel e injustamente por no encontrar a su familia. Sin embargo, los guardias no reconocen en Eleazar a un ser humano con derecho a su libertad, su vida y su integridad física y moral sólo porque es un varón gitano discapacitado. Eleazar encajó como un guante en los estereotipos y prejuicios de los guardias que lo agredieron hasta morir. Donde había un chico con una discapacidad mental asustado y perdido, ellos vieron un varón gitano que les pareció un inadaptado social agresivo. No le miraron a los ojos para comprender su edad mental ni su desorientación, sentir empatía y ayudarle a encontrar a su familia. Sino que se murieron de miedo por encontrarse con un gitano y por eso lo patearon hasta que dejó de respirar.

Podemos pensar que este tipo de situaciones pueden acercarse a la justicia y la reparación si se accede a los tribunales para hacer valer los derechos vulnerados ¿No es así como dicen que se construye cualquier democracia? Pero no, en el caso de Eleazar la Fiscalía afirmó que no ve delito en su asesinato desatendiendo las evidencias en contra. ¿Será que la Fiscalía está presa de los mismos estereotipos y prejuicios que los guardias? ¿Querrá mantener ese status quo en el que matar gitanos al estilo Ku Klux Klan es legal? Es como si un niño de seis años se pierde, lo asesinas porque te aterrorizan los niños desde que un amigo te contó una película donde los niños eran los malos y la Fiscalía para arreglarlo, dice que dicha conducta es deseable y sobre todo legal.

La realidad es que diferentes tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España, y por tanto vinculantes, afirman que los estereotipos y prejuicios son un obstáculo de acceso a la justicia. La justicia, ese otro derecho fundamental responsabilidad del Estado que se escapa como el agua entre los dedos cuando se trata de proteger a las personas gitanas. En este sentido, el Estado está en la obligación no sólo de erradicar estos prejuicios y estereotipos antigitanos, sino que además debe prevenir su aparición, reparar a las personas que los sufren y garantizar que no se van a volver a repetir.

Por eso este año, en el Día Internacional del Pueblo Gitano, las comunidades gitanas españolas queremos denunciar este asesinato y dejar claro que no nos vamos a rendir hasta conseguir un sistema de Justicia más justo para todas las personas independientemente de la cultura a la que pertenecen, de si son varones o son mujeres, si tienen discapacidad o no la tienen. Vamos a recorrer este camino junto a la familia en pos de #JusticiaparaEleazar, igual que hemos recorrido otros caminos juntos antes y no nos hemos rendido a lo largo de toda nuestra historia. Se recurrirá a todas las instancias pertinentes, se hablará con quien se tenga que hablar y el  8 de abril nos vemos para denunciar esta atrocidad en diferentes localidades españolas, como A Coruña, Santander, Madrid, Gijón, Oviedo, Siero o Valencia.

Resistiremos por Eleazar, nuestro hermano, a quien no olvidamos.

 El 8 de septiembre de 2019, Eleazar, un chico gitano con una discapacidad mental visible del 75%, se perdió en el estadio de El Molinón (Gijón). Los agentes de seguridad lo agredieron de manera monstruosa hasta dejarlo sin aliento en vez de ayudarle a encontrar a su familia. Murió como consecuencia del estrés y la ansiedad que le generó la paliza. La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Gijón acordó en un auto el 10 de diciembre de 2020 la posibilidad de que exista un “homicidio imprudente, o un delito leve de lesiones y un delito contra la integridad moral con respecto a los vigilantes de Seguridad Privada, y por delito de detención ilegal y a título de comisión por omisión, por posibles delito de homicidio imprudente, o un delito leve de lesiones y torturas, a los Policías Locales actuantes”. Sin embargo, la Fiscalía acaba de decir que no cree que exista tal delito ni responsabilidad. 

La Fiscalía forma parte del Ministerio Público y se supone que vela por los intereses de la sociedad, así que es importante pensar cuál es el mensaje que nos envía con esta decisión. Si según la Fiscalía la muerte de Eleazar no se deriva de una intervención violenta, ¿qué hacían más de 10 agentes de seguridad entre personal de vigilancia y policía local encima de un discapacitado mental? Desde luego, los testigos y pruebas periciales tienen clara la paliza. ¿Quiere decir entonces que Eleazar habría muerto el mismo día, a la misma hora, independientemente de la paliza que recibió a pesar de acreditar la inexistencia de problemas cardíacos o epilépticos? ¿Quiere decir que a la sociedad no le interesa que una persona discapacitada pueda recibir una paliza de muerte sólo porque es gitano y por tanto el delito debe quedar impune? 

La detención de Eleazar fue ilegal y  desproporcionada. Lo golpearon reiteradamente causándole erosiones y contusiones en muñecas, rodillas, nariz, pómulos, cuello, cara, brazos, piernas y la cara superior del tórax. Todo está acreditado y hay testigos. Si cualquier persona se pierde (máxime si tiene una discapacidad) la obligación del personal de seguridad, y de cualquier ser humano con corazón, es acompañarlo con cariño al lugar donde se encuentran sus familiares en vez de darle una paliza de muerte. Está claro que esta actuación fue absolutamente denigrante y se basa en el supremacismo. Ni actuaron con debida diligencia ni garantizaron su seguridad sólo por una razón: ser  gitano. Varios vigilantes de seguridad contra un discapacitado mental del 75% visiblemente identificable, metan ustedes la mano en su pecho y juzguen si este hecho debe quedar impune. Sientan por un momento cómo le faltaba el aire a Eleazar mientras lo golpeaban y cómo se siente su familia. Sientan la tristeza y la angustia de perder a un ser querido tan especial como él, pero sientan sobre todo la injusticia que supone esta pérdida de una manera tan inmerecida, violenta y absurda.

Sin embargo, las responsabilidades no terminan aquí. La seguridad es un valor jurídico, político y social que sustentan la libertad y la igualdad en nuestra democracia, y en este caso la empresa donde trabajaban estos vigilantes era la encargada de velar por esa seguridad. Sin embargo, parece que el tribunal olvida dicha responsabilidad empresarial. Así mismo, el ayuntamiento de Gijón es responsable de ejercer incorrectamente sus funciones legales, políticas y sociales. Desgraciadamente, ni siquiera se han puesto en contacto con la familia. Parece ser que a la alcaldesa le da igual que una persona discapacitada reciba una paliza de muerte en un estadio de su titularidad y que los propios policías locales (también bajo su mando) ni siquiera le lean sus derechos, ¿será porque es gitano? 

Además de este sinsentido de consecuencias fatales, es necesario también pensar cómo el antigitanismo rompe la cohesión dentro de la población española estableciendo puentes y muros de desconfianza, enfermándonos como sociedad y como democracia. El 7 de junio de 2020, más de 6.000 personas se movilizaron en España en repulsa al asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis. Todo el mundo que tuviera un mínimo de corazón tiñó de negro sus redes sociales bajo el hashtag #ICantbreathe (#NoPuedoRespirar) y  #BlackLivesMatter (#LasVidasNegrasImportan). En Estados Unidos, además de la movilización y el apoyo  masivo, el ayuntamiento de Minneapolis aprobó desmantelar el departamento de policía y hubo gestos políticos como el de los congresistas demócratas que se arrodillaron durante nueve minutos para homenajear la vida de George Floyd. De momento, los cuatro policías implicados fueron despedidos e imputados en el caso y el policía acusado del asesinato ha quedado en libertad bajo fianza de 1 millón de dólares. 

¿Qué ocurriría si George Floyd fuera un gitano español con discapacidad mental del 75% y el delito hubiera ocurrido en España? Pues ocurre que la institución judicial encargada de velar por los intereses de la sociedad española quiere que este delito quede impune, no hay un tratamiento justo del caso en los tribunales, los vigilantes de seguridad ni siquiera entran en prisión, las personas que se conmovieron por la pérdida de la vida de George Floyd no se conmueven de la misma manera cuando su compatriota gitano y discapacitado es asesinado. No hay rodillas en tierra en honor a la vida de Eleazar, ni el ayuntamiento se ha puesto en contacto con la familia. ¿Querrá decir esto que hay más antigitanismo en España que racismo en Estados Unidos? 

La injusticia que sustenta las argumentaciones de la Fiscalía en este caso nos retrotrae a una sociedad tribal de cientos y cientos de años atrás en la historia de nuestro país. Depende de todas y todos conseguir que los tribunales impartan #JusticiaParaEleazar. Necesitamos instituciones que impulsen el progreso del siglo XXI representando los intereses de todas y todos independientemente de su cultura o su género. Nuestra sociedad y nuestra democracia necesita un juicio justo para Eleazar. Decía Coretta Scott King que la libertad y la justicia no pueden ser troceadas en partes para ajustarse a la conveniencia y, por tanto, no se puede defender la libertad para un grupo de personas y negarla a otros. Tras 60 años de esta afirmación tan fundamental, ¿estarán ya las instituciones y la sociedad preparadas para realidades más justas?

Joe Biden, varón blanco de ojos azules y 77 años, ha ganado las elecciones estadounidenses y por ello EEUU tendrá a la primera vicepresidenta afro-asiático-americana de la historia, Kamala Harris.  Por ello también, en muchas de las naciones del resto del mundo hemos respirado con alivio y celebrado la salida de Donald Trump, como figura de apoyo, inspiración y gurú compartido para los de partidos de extrema derecha en toda Europa y América Latina. 

Lo primero que todos los medios del mundo resaltaron en el discurso de victoria de Kamala Harris, es su traje blanco y sus palabras apelando tanto a la unidad como la empatía mientras Beyoncé sonaba de fondo. Un traje blanco como el color de las sufragistas, dicen. Las sufragistas, esas mujeres blancas de clase media y alta que impulsaron la “Declaración de Sentimientos” en Seneca Falls (Nueva York, 1848). Documento que impulsó la 19ª enmienda de la Constitución estadounidense garantizando el derechos de las mujeres a votar, pero sólo si eran blancas. Algo que hizo que Sojourney Truth, esclava emancipada, afirmara su género, denunciara la esclavitud e imprecara contra la desigualdad en su maravilloso discurso “¿Acaso no soy yo una mujer?”. No fue hasta 1965 que las personas afroamericanas vieron protegido su derecho al voto libre de discriminación a través de la conocida ley Voting Rights Act. Quizás por ello, en 1984, Bell Hooks pensara que “el feminismo no surge de las mujeres que sufren la opresión directamente”. Sino que “esas mujeres violentadas a diario mental, física y espiritualmente son una mayoría silenciosa y una señal de su victimización  es la aceptación de su suerte sin mostrar públicamente su ira y su rabia colectivas”.

Muchas expertas y expertos coinciden en situar la causa de la pasada victoria de Trump en una especie de rebelión de votantes ante el “austericidio carismático” afirmado por el progresismo americano. Austericidio que empobrecía las neveras de la ciudadanía mientras pequeñas muestras de élites multiculturales, glamurosas y carismáticas simulaban romper el techo de cristal desde sus puestos de visibilidad. Espejismo incapaz de traducir esta presencia en cambios estructurales.

Cuando la derecha o la extrema derecha sufre el castigo de la masa de votantes, el progresismo toma el escenario. Sin embargo, cuando es el progresismo quien sufre el castigo, toca sufrir un Donald Trump. Por tanto, EEUU tiene ahora por delante la tarea fundamental de no repetir los errores que impulsaron a Trump, porque el que venga después puede ser mucho más dañino.

Es hora de responder a toda la masa de votantes que, al menos públicamente, no se declara racista, ni sexista, ni ecologicida, pero son víctimas del desmantelamiento de los servicios públicos y la pobreza. Es la hora de la cultura política que abraza al feminismo del 99%. Esa praxis política que rompe las topografías de la dominación a cambio de incluir a todas y todos en todas las esferas independientemente de su género, pertenencia étnica, color de piel, creencia religiosa, identidad y orientación sexual, estatus migratorio o lugar de residencia. Ese feminismo que acepta la derrota de su ala liberal obsesionada con romper el techo de cristal dentro de las empresas como única tabla de salvación emancipatoria para algunas. Esa cultura política que comprende por qué el lugar de trabajo y la vida privada son la misma cosa. Praxis de la igualdad salarial que no equipara en la pobreza y sabe que es  la dignificación de los cuidados lo que subvierte nuestra idea del  trabajo. Un feminismo del 99% que no se centra en el mercado, el expolio de los recursos naturales y el racismo sexista, sino en la vida, la justicia y la libertad. Políticas feministas que defienden la sanidad pública y la educación de calidad, las pensiones y las viviendas dignas no segregadas para desarticular las jerarquías de dominación estructurales. Es la falta de justicia racial, ecológica y de género lo que mantiene esas jerarquías. Son los servicios públicos lo que permite a las mujeres abandonar las situaciones de violencia machista en todas sus formas. El movimiento feminista representado por mujeres blancas, nativas, afro, asiáticas, migrantes, ecologistas y LGTBIQ+, lo tiene claro. Por eso han señalado directamente qué líder no quieren. Se han movilizado de una manera histórica sin precedentes por todo el país. Han puesto sus cuerpos para apoyar a Biden y Harris, así que les toca no defraudar.

Kimberlé Creenshaw, teórica fundamental de la interseccionalidad y lideresa del proyecto #SayHerName, decía al respecto del resultado electoral: “Hoy celebramos, felicitamos y apreciamos. Mañana, debemos luchar. No contra la división, sino contra el supremacismo blanco. No contra el patriotismo, sino contra el fascismo. No contra la diferencia, sino contra la dominancia. Nunca podremos hacer las paces con nada del trumpismo, ni abandonar a los más perjudicados por él”. Por tanto, celebremos, pero no olvidemos y, sobre todo no repitamos. Esta vez no se puede fallar. De lo contrario, después de Trump puede llegar el héroe de ultraderecha que pretenda resolver todos los males a golpe de propaganda y limpieza étnica. 

Ojalá las próximas elecciones veamos a una Deb Haaland, Alexandria Ocasio, Ilham Omar, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib y Sarah McBride liderando el país. Larga vida pues, al progresismo feminista del 99%.

El 8 de abril se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano. Desde hace casi 50 años diferentes instituciones y organizaciones del mundo realizan durante estos días declaraciones y jornadas además de una ceremonia en la que se depositan sobre el río pétalos de flores que recuerden el devenir de nuestra historia y la necesidad de reparación. Este año, debido a la incidencia del Covid-19 todas las celebraciones han sido suspendidas y es que además del confinamiento no es día para celebraciones lúdicas sino para reflexiones profundas.

La comunidad romaní española es una de las más grandes en toda Europa. Pero en su última visita a España, el relator de la ONU para la extrema pobreza Philip Alston reconoció que la población romaní es una de las que enfrentan peores situaciones en España. En este sentido, el relator hizo hincapié en la brecha interseccional soportada por las mujeres, las altas tasas de pobreza infantil, el abandono institucional de los barrios guetto y la actitud de “falta de urgencia y resignación” por parte del funcionariado (in)competente que “no tiene entre sus prioridades conseguir resultados tangibles”. Por otra parte, Fernand de Varenne, relator de minorías, declaró que la situación de las comunidades romaníes en España está entre las más vulnerables del país, debido al antigitanismo extendido y arraigado tanto en los comportamientos sociales y culturales, como en las prácticas institucionales.

A pesar de estas condiciones de vulnerabilidad, antigitanismo y discriminación interseccional, durante estas semanas varias familias romaníes dedicadas a la venta ambulante fueron las primeras en parar su actividad laboral y centrarse en organizar el reparto de sus propias existencias de frutas y verduras entre las personas más necesitadas del barrio poniendo especial atención sobre las personas más mayores (payas y gitanas). Otras familias han donado a la sanidad pública cualquier tipo de material que usaban para la venta susceptible de proteger al personal sanitario. En muchas ciudades y pueblos, justo las organizaciones romaníes que menos fondos reciben de las instituciones públicas son las que más se han movilizado para repartir de alimentos a quienes más lo necesitan a la vez que reclamaban a las instituciones su responsabilidad en la garantía de recursos básicos en los barrios más vulnerables. En otras familias, sus miembros han contribuido al sostenimiento del país con servicios considerados esenciales como el cuidado de las personas mayores en residencias, los servicios telefónicos de las empresas o la seguridad de infraestructuras, por poner algunos ejemplos. Y por supuesto, es imposible relatar las aportaciones de las comunidades romaníes al común de la sociedad sin nombrar a todo el personal sanitario y farmacéutico, remunerado y voluntario, que estas semanas se encuentran en primera fila de cuidados, con sus dudas y certezas, para contribuir a la erradicación de este virus.

La realidad es que la mayoría de individuos, artistas y organizaciones romaníes además de las labores solidarias y sanitarias, se han involucrado activamente en la concienciación sobre el confinamiento de la misma forma que el resto de habitantes y añadiendo su mirada propia. Desde el primer momento del confinamiento, nuestras redes sociales se inundaron de contenidos que van desde vídeos musicales y vocativos, pasando por niños y niñas indicando las conductas necesarias que protejan la salud de sus mayores, mensajes de autoridades espirituales o la difusión de carteles en caló y romanés por poner algunos ejemplos.

Desgraciadamente, muchas veces estas actitudes prosociales de ayuda, solidaridad y cooperación son respondidas con la mala práctica de editoriales antigitanos. Estos utilizan una mezcla entre fakenews y excepciones para criminalizar a todo un barrio, a toda una cultura, a todas las mujeres romaníes e incluso a toda una minoría religiosa en el mismo pack. Además de estos editoriales, la diseminación de discursos de odio a través de bulos antigitanos difundidos en diferentes redes sociales han sido la tónica general en lugar de la difusión de nuestra contribución para proteger la salud de todas y todos. Como guinda del pastel, no podía faltar el alcalde antigitano de turno cuyas prácticas de la Edad Media le obligaron a retractarse públicamente gracias a la mediación sabia de las personas ancianas de la comunidad romaní.

¿Será que tiene más encaje en los esquemas sociales el Antigitanismo que las evidencias palpables? Ya Helena Dalli ( Comisionada de la UE para la Igualdad) dio la voz de alarma en torno a los discursos de odio racistas en el contexto del Covid-19 denunciando el uso de la pandemia para culpar a cualquier grupo étnico de su diseminación y estableciendo la necesidad de desafiar estos mensajes. En esta línea, la declaración conjunta de Vera Jourová (Vicepresidenta de Valores y Transparencia en la Comisión Europea) y Helena Dalli con motivo del Día internacional del Pueblo Gitano reconoce que los discursos de odio en línea y las historias falsas contra las comunidades romaníes vuelven a aumentar. Por ello, reconocen la necesidad de realizar mayores esfuerzos para garantizar que estas comunidades tengan el mismo acceso a los derechos fundamentales.

Las desigualdades económicas y el antigitanismo desde una mirada interseccional son fuentes de comorbilidad en la pandemia del Covid-19 porque determinan las condiciones de salud según los propios datos oficiales. Nuestro país necesita distancia física para superar el coronavirus, pero en ningún caso necesita distancia social. Más bien necesita la erradicación total de la brecha social, y el distanciamiento resultante, que hiere la supervivencia cohesionada de todas y todos. En este sentido, un Estado que cierra la brecha antigitana desde una mirada interseccional indica que otras brechas como la económica, la social o la de género quedan selladas de manera segura. Sólo podemos avanzar firmes en este nuevo camino si contamos con un cuerpo social sano y libre de fracturas.

Finalmente, quiero recordar algo a todas las familias romaníes. Aquellas cuyos familiares han partido, aquellas que están pasando la enfermedad y aquellas que con sus miedos y certezas guardan pacientemente el confinamiento. Recordad las fatigas de quienes nos precedieron y la capacidad que tuvieron para sobreponerse a las circunstancias que siempre nos relataron. Nuestra unidad y determinación para superar las adversidades está inscrita en nuestro ADN desde que existimos, esa es nuestra mayor virtud. No hagamos caso a los ignorantes de espíritu que lanzan su odio. Agarrémonos a nuestra fortaleza y no la soltemos. Pronto habrá pasado todo y juntos podremos compartir el duelo por los que partieron y la alegría del reencuentro.

El 8 de septiembre Eleazar G.H., un chico romaní de 30 años con un 75% de discapacidad, acudía con su familia a ver un partido de fútbol entre España y las Islas Feroe en el estadio El Molinón (Gijón), como hace cualquier hijo de vecino. Salió un momento de las gradas, y sus familiares se quedaron dentro con su entrada, como también le puede pasar a cualquier hijo de vecino. Cuando intentó volver a entrar, el personal de seguridad se lo impidió. Eleazar estaba nervioso, como cualquier niño, hijo de vecino, perdido en un recinto grande. Sin embargo, en lugar de ayudarlo a encontrar a su familia decidieron que la mejor solución pasaba por la violencia. Según relatan dos testigos, 15 personas lo inmovilizaron y le dieron patadas mientras él balbuceaba hasta que se desvaneció. Los testigos creen que este trato fue injusto, sin motivo alguno y abusador hasta tal punto que incluso pensaron en avisar al personal de seguridad. Finalmente, la víctima sufrió un infarto y partió de este mundo. Cuando su familia consiguió llegar al centro de salud donde lo tenían, seguían sin saber nada.

Eleazar era muy conocido en Gijón porque su carácter afable, sensible y cariñoso era palpable, igual que su diversidad funcional, igual que su piel morena y sus ojos oscuros, igual que la entrada aportada para entrar al recinto y que le regalaron en el colegio especial al que acudía para ver el partido que tanto le ilusionaba. La familia entró en el estadio llena de emoción, pero lo abandonaron sin Eleazar, sin saber dónde estaba ni qué le había ocurrido exactamente. Ni siquiera dejaron que su padre entrara a verlo una vez que ya había fallecido en el Centro de Salud. No puedo dejar de preguntarme si esto le habría pasado esto a cualquier hijo de vecino. ¿Por qué los “profesionales de seguridad” fueron incapaces de garantizar la seguridad de Eleazar? ¿Era necesaria la violencia? ¿De verdad pensaron que un chico con una diversidad funcional visible del 75% puede amenazar él solo, tan peligrosamente, la seguridad de un estadio como para llevarlo hasta el infarto? ¿Tan complejo era decirle “tranquilo, no te preocupes, vamos a encontrar a tu familia”? A este calvario hay que sumar el tratamiento inicial que dieron los medios de comunicación sobre este trágico suceso. Se dijo que Eleazar no tenía entrada, pero sí la tenía. Dijeron que provocó un altercado, pero lo que ocurrió es que un chico con un 75% de discapacidad se angustió por no poder reencontrarse con su familia. ¿Habría recibido este trato cualquier hijo de vecino clarito de piel, con mejillas rosadas y con la edad mental de Eleazar?

La Resolución aprobada en el Parlamento Europeo “Sobre los aspectos de la integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales: combatir el antigitanismo” (2017) reconoce claramente la alarmante debilidad que caracteriza los procedimientos destinados a rendir justicia a las víctimas romaníes, especialmente cuando los delitos han sido cometidos por las fuerzas de seguridad. Así mismo, denuncia el uso excesivo de la fuerza contra las personas romaníes durante las detenciones donde las amenazas, humillaciones y abusos físicos están a la orden del día. Todo esto revierte en una criminalización desproporcionada de las personas romaníes, que las convierte en objeto de un excesivo control por parte de las fuerzas de seguridad, así como el uso de perfiles basados en el origen étnico. Además, el informe establece que las actuaciones policiales suelen ser insuficientes en los delitos cometidos contra las personas romaníes, ofreciendo una asistencia, protección e investigación insuficientes en la mayoría de los casos.

El principio de Igualdad de Trato como un pilar fundamental de nuestra democracia, también debe aplicarse cuando hablamos de las personas romaníes. España estará un poco más cerca de garantizar la igualdad de acceso a la justicia y la igualdad ante la ley de la población general, si se hace Justicia con Eleazar. Una Justicia que nazca de la verdad en los tribunales respecto a su caso, pero que impregne también a otros que están en proceso e impregne todos los poderes del Estado. Estaremos más cerca de alcanzar la seguridad para las personas romaníes cuando se garantice una actuación de las fuerzas de seguridad que sea adecuada y, en los caso de abusos, se apliquen las sanciones oportunas. Cuando reciban de manera obligatoria formación de calidad en materia de derechos fundamentales y antigitanismo, para que esto no vuelva a ocurrirle a nadie jamás.

La familia de Eleazar reclama Justicia y Verdad con una firmeza tan sosegada como dolorosa. Por ello convocaron una manifestación frente al estadio y una marcha silenciosa por toda la ciudad a la que acudió más de medio millar de personas. Todas las comunidades romaníes en España nos hemos unido instantáneamente en una sola voz para compartir el dolor de esta familia y sumar fuerzas para que se haga justicia. Sin embargo, la familia no ha tenido noticias de la Selección Española, ni de los responsables de estadio, ni siquiera de quienes gobiernan en el Ayuntamiento. Nosotras y nosotros estamos a la altura de este reto, no vamos a parar hasta conseguir justicia para Eleazar ¿Lo estarán también los tribunales y la democracia española?

No serán reconocidas como víctimas de violencia machista, ni tampoco como víctimas de violencia de género porque nos gobierna un Estado retrasado respecto a las demandas de las mujeres en las calles

La igualdad entre mujeres y hombres es el componente estructural que nos vacuna frente a las violencias machistas

La hermana de una mujer romaní que no quería continuar una relación de pareja ha sido asesinada este lunes. Su otra hermana murió este martes y su madre está en el hospital. Sin embargo, no serán reconocidas como víctimas de violencia machista, ni tampoco como víctimas de violencia de género porque nos gobierna un Estado retrasado respecto a las demandas de las mujeres en las calles. Por tanto en este caso igualmente que en el resto, lo personal es político también cuando hablamos de las mujeres romaníes.

La igualdad entre mujeres y hombres es el componente estructural que nos vacuna frente a las violencias machistas, entre las que se encuentra la violencia de género. Sin embargo, el Antigitanismo de Género en nuestro país excluye a las mujeres romaníes sistemáticamente tanto de las políticas “feministas” (de Estado) como de las políticas antirracistas (que no existen en realidad). Lo único que el Estado contempla a estos efectos es una asignación presupuestaria de 125.000 euros a cargo de los Presupuestos Generales del Estado para un programa de igualdad en el empleo. ¿Va este dinero directamente a las mujeres romaníes? Por supuesto que no, es otorgado sin criterio ninguno a una organización presidida por un sacerdote varón y payo cuya máxima reflexión sobre la mal llamada “integración” se basa en establecer como indicador el número de matrimonio mixtos. Actualmente, ninguna mujer romaní con formación en igualdad entre mujeres y hombres o la erradicación de violencias machistas está siendo contemplada oficialmente para tomar decisiones en este sentido en las diferentes administraciones. No será porque no haya mujeres formadas entre nuestras filas.

La traducción de este absurdo esquizofrénico se traduce directamente en índices de discriminación en su derecho a la educación, la vivienda, el empleo o el acceso a la justicia. Índices de discriminación que estructuran, promueven y justifican desde el Estado las violencias machistas sobre nuestros cuerpos morenos. A esto hay que añadir que, oficialmente las mujeres romaníes en España no existimos porque la minoría étnica a la que pertenecemos no está reconocida por nuestra Constitución. Así que tenemos una Constitución que nos excluye ¿Creen ustedes que se puede legislar e implementar políticas públicas sobre alguien que oficialmente no existe?

Las políticas que no desarticulan la violencia machista en todo su espectro para todas las mujeres justifican la violencia porque son sesgadas. Esta situación nos afecta a todas, sobre todo a las mujeres romaníes y muy hostilmente a las jóvenes que viven en guettos, porque son el grupo más discriminado. En España no existe ninguna legislación de ámbito estatal ni ninguna política pública central que reconozca la violencia machista como tal. Además, la ley contra la violencia de género excluye toda la violencia machista que queda por fuera del ámbito de la pareja o expareja heterosexual. Por ello, oficialmente estas mujeres romaníes no son víctimas de violencia de género ni machista porque no son ni la pareja ni la expareja del asesino y dudo que se contemple la violencia contra ellas como forma de violencia de género contra su expareja. Además, dicha ley excluye a las mujeres romaníes sin pudor y esta es otra de las razones por las que somos excluidas de todas las estadísticas oficiales en materia de violencia de género. Por tanto, no puede diseñarse ninguna política pública con dos dedos de frente para abordar la violencia que enfrentamos.

Por todo ello, oficialmente ni hay violencia machista, ni de género, ni hay mujeres romaníes. Parece que a este gobierno le importa más mantener intacta su ley contra la violencia de género que aceptar los cambios profundos que necesita. Quien gobierne necesita aceptar que esta ley no responde a la obligación democrática de nuestro Estado en materia de protección de las víctimas de violencias machistas, sin importar si es tu pareja o expareja, tu género, tu cultura, tu procedencia, tu edad, tu nivel socioeconómico, tu religión, tu orientación sexual o tu identidad de género. Tenemos una ley diseñada por y para mujeres blancas y payas heterosexuales de alta clase social. Dirigida a proteger a las que se parecen a ellas, esas que creen que la violencia de género no les afecta porque eso es de pobres e incultas y en los casos en los que ocurre se debe a delitos individuales a castigar con mano dura en el mejor de los casos. Este enfoque brillante, nos deja por fuera a todas las demás y exime a las propias instituciones donde se engendran las políticas.

Cada vez que una mujer muere asesinada por cualquier forma de violencia machista, la máxima responsabilidad es del Estado. Es su responsabilidad garantizar la prevención de estos asesinatos y de cualquier forma de violencia machista en definitiva. Para eso tenemos una Constitución, no para ponerla al servicio de los bancos o de las élites empresariales. Como miembros de una democracia necesitamos asumir esto. Necesitamos leyes que erradiquen las violencias machistas y que sean implementadas de tal forma que todas podamos ser protegidas.

Queremos una sociedad más justa, por eso no vamos a dejar de trabajar y resistir hasta que seamos ciudadanas libres de primera. Un Estado que no nos reconoce a todas las mujeres juntas y que garantiza la protección malamente de unas pocas, no puede llamarse democrático o constitucionalista y muchísimo menos feminista. 

Le deseo a estas mujeres y su gente cercana todo el bálsamo del mundo para afrontar esta familia que queda rota por la tragedia. Mientras, la lucha sigue compañeras. Cueste lo que cueste.

En menos de una semana se han sucedido tres ataques a centros de menores de jóvenes que han migrado solos a España. Uno en Casteldefells, otro en Canet de Mar y el último en la Zona Franca de Barcelona. La violencia hacia estos chicos no es nueva. Dos murieron en Melilla cuando estaban bajo la tutela de centros de menores el año pasado. Soufiane había perdido un pie haciendo “risky”, intentando cruzar a la Península. Mamadou sufrió varias paradas cardiorespiratorias aparentemente después de que le redujera la seguridad privada del centro. Ninguna institución pública informó a su familia y la cruel respuesta del consejero del PP cuando se le reprochó esto fue “que los padres hubieran venido antes y no a por su cadáver”.

Todo esto está pasando mientras nuestro país sigue rozando un 30% de pobreza infantil, mantenemos una ley educativa que expulsa a los alumnos y alumnas fuera del sistema educativo, ya sea a centros de educación especial o a FPs básicas, y no conseguimos que ningún Gobierno se comprometa de verdad con el Buen Trato hacia la infancia y articule una ley estatal que proteja a los niños y las niñas de todas las formas de violencia. Ahí está el quid de la cuestión. El trato que reciben los niños y niñas que migran solos, con pruebas que incluyen desnudos integrales para decidir cuál es su edad nada más llegar, incluso aunque tengan documentación, es el espejo en el que se mira España cuando hablamos de derechos de la infancia. Un sistema de protección que abandona institucionalmente a la infancia que se encuentra en la situación más límite, la de afrontar un proyecto migratorio en solitario, es un sistema fallido.

Nuestro país incumple de manera sistemática no solo la propia legislación española, sino también los tratados internacionales que ha firmado, como la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia. Este tratado recoge que los niños y niñas migrantes sean siempre tratados antes como niños y niñas que como migrantes porque es lo que son. Justo lo contario de lo que está haciendo el Partido Popular cuando pretende repatriarlos como si fueran adultos en situación irregular. No digamos ya la confusión que parece tener Pablo Casado entre protección de derechos y conculcación de los mismos, como hemos visto con su estrambótica propuesta sobre las mujeres migrantes que den a luz en España. El racismo junto con el sexismo y la situación socioeconómica cosifica a las personas migrantes, se extiende como una mancha de odio por los discursos políticos de la derecha y no se detiene en los niños y niñas.

Sus propuestas políticas con respecto a la infancia migrante están imbuidas de xenofobia, de racismo, sexismo y clasismo. Las declaraciones de Pablo Casado en este sentido ejemplifican perfectamente hasta dónde puede llegar un político irresponsable, que quiere pescar votos en cualquier caladero, sin importarle qué consecuencias futuras tengan sus declaraciones de hoy, ni qué derechos se conculquen, aunque sean niños y niñas de quienes estamos hablando. Migrar es ante todo un derecho humano, como recoge la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, y, en ese sentido, pensamos que la propia Ley de Extranjería es racista e injusta con todas las personas migrantes, pero lo es más aún si hablamos de niños y niñas. Las firmantes de esta reflexión hemos podido comprobar cómo se somete a los niños migrantes a condiciones inhumanas en pleno Madrid. En el centro de Hortaleza, por ejemplo, hemos visto cómo los niños duermen hacinados en el suelo, sin atención educativa, jurídica o material mínima. Somos un país que no respeta los derechos de la infancia.

Y cuando hablamos de niños y de niñas no hablamos solo de los más vulnerables, de los que migran solos, de los que viven en la pobreza. Nos referimos a toda la infancia, a los que son abusados sexualmente y se enfrentan a un proceso judicial, a los que son víctimas de procesos de divorcio o son víctimas de malos tratos dentro de la familia.

Además, cuando conocemos el horror que viven muchos de estos niños, solo por migrar, solo por ser niños, solo por ser pobres, entonces es irremediable preguntarse: ¿dónde están las niñas? Y de las niñas sabemos únicamente que, o bien son captadas por las redes de trata de seres humanos, con toda la integralidad que implica esta vulneración de derechos, o bien son violadas y/o acosadas sexualmente, o bien son víctimas de diferentes vulneraciones de sus derechos sexuales y reproductivos. Por migrar, por ser pobres, por ser niñas. Sus relatos no suelen ser creídos en los tribunales o ante los profesionales que deberían protegerlas, por ser niñas. Pareciera que no es importante hacerse esta pregunta, porque son niñas. Pareciera que su inclinación natural debe ser satisfacer las necesidades de esos mismos hombres blancos de alta clase social que legislan los silencios que van a soportar sobre sus propios cuerpos. Porque son niñas. En el mejor de los casos, todo el sistema recaerá sobre sus cuerpos y su sexo para ser socializadas como seres complacientes con los intereses masculinos. Sin deseos propios. Porque solo son niñas.

Ponerles en el centro significa protegerles de la violencia institucional, de la necesidad material, de los malos tratos. Significa que necesitamos una cultura política feminista que entiende la importancia de preservar una vida digna para la infancia de forma integral. Proponemos que se les garantice una atención jurídica adecuada, que se les escuche y, sobre todo, que se reconozca su derecho a participar en las decisiones que les afectan. Estamos hablando de cambiar nuestras prioridades con respecto a la infancia; de reconocer, en definitiva, que niños y niñas son sujeto de derechos y no objetos a proteger desde una postura paternalista y adultocéntrica. Necesitamos, pues, avanzar hacia un mundo en el que la infancia deje de ser considerada simple objeto de protección y pase a ser sujeto de derechos, pues esta errónea consideración es la que provoca la vulneración de todos sus derechos. Parece obvio, casi sencillo, pero las instituciones ni siquiera se lo plantean. Si conseguimos construir una sociedad en la que la infancia esté en el centro, entonces habremos conseguido una sociedad mucho mejor y más justa para todas y todos sí, también para los que somos adultas y adultos y para nuestros mayores. Significará que habremos entendido que una sociedad hostil hacia la infancia está más cerca de serlo para las mujeres y nuestros mayores. Sabremos que una sociedad en la que cabemos todos y todas es una sociedad que protege, además, su propio futuro.

Hace unos días leí la entrevista que eldiario.es realizaba a María Esther López Rodríguez en referencia a su tesis doctoral. En ella, utilizaba un vasto repertorio de metáforas colonialistas y excluyentes para hablar de las mujeres gitanas. Por ejemplo, usaba “arcaico, tradicional o en vías de desarrollo” para referirse a la cultura kalí, mientras usaba la palabra “moderna” para referirse a las mujeres payas. Hablaba de “cruzar la línea” para ilustrar cómo debemos abandonar nuestra cultura y nuestras familias si deseamos acceder a nuestros derechos. Argumentos perfectamente alineados con la propaganda que promueve la Fundación para la que trabaja (Fundación Secretariado Gitano), de claro liderazgo masculino, payo y católico, dicho sea de paso.

Afirmaba la señora, que el “apayamiento” es la causa que mayor carga ejerce sobre las gitanas a la hora de disfrutar nuestro derecho a la educación. Para ella, este fenómeno es un estigma que nuestras “familias patriarcales” colocan sobre nosotras con una “violencia soterrada, velada” para construir nuestra identidad de género y convertirnos en esclavas del hogar. Ante esta situación, afirma que lo mejor es desarrollar un “egoísmo racional” que nos libere de nuestra cultura y nos permita convertirnos en mujeres “modernas”.

Según su criterio, una mujer “moderna”, es una mujer preparada para trabajar exclusivamente por cuenta ajena (es decir, dependiendo de un jefe que en la práctica suele ser varón payo y con prejuicios antigitanos de género), que tiene una carrera profesional (para acceder a ese trabajo por cuenta ajena dirigido por un varón payo con prejuicios antigitanos de género) y que lleva a su prole a la guardería desde los primeros meses (así se somete sin obstáculos a las necesidades del empleador por cuenta ajena, varón payo y con prejuicios antigitanos de género). Es decir, su propuesta feminista se basa en cambiar a nuestra familia por el sometimiento a un jefe, varón payo, con prejuicios antigitanos de género.

Por paradójico que parezca, además de fiel reproductora del capitalismo neoliberal y un feminismo más característico de Inés Arrimadas que de Kimberlé Creenshaw, esta mujer también se cree apasionada del trabajo de Mary Wollstonecraft y Celia Amorós. Sin embargo, sus afirmaciones sobre el paradigma de mujer “moderna” deja claro que su feminismo pseudoilustrado desconoce los motivos de la histórica huelga del 8M, del #JuanaEstáEnMiCasa, o el #YoSíTeCreo. De hecho, ni si quiera ha entendido que lo personal es político también cuando hablamos de las kalís. ¿Sabrá ella que la primera mujer doctorada y profesora de universidad en toda Europa fue Sofía Kovalevskaya? Si ella ha podido ir a la universidad y doctorarse, es en gran parte debido a la lucha de esta gran mujer romaní, que se enfrentó a los varones payos por impedir a todas las mujeres acceder a la universidad. Debería rendirle un homenaje.

En referencia al “apayamiento” tampoco ha entendido que, durante la construcción de la identidad de género, cada mujer desarrolla un sentido personal de sí misma en función de sus experiencias, su historia, sus características y sus percepciones a la luz de las relaciones intergrupales. Pero desgraciadamente, esta señora ignora lo es el Antigitanismo de Género. No sabe que fue el Estado, en manos de la Iglesia Católica, quien castigó a las kalís bajo penas de prisión, trabajo doméstico esclavo y azotes por trabajar como autónomas, ser independientes económicamente y declararse en rebeldía contra el patrón de “mujeres de buen hacer” que los gobernantes esperaban de las mujeres. Finalmente, desconoce nuestra historia, experiencias y relaciones. Desconoce cómo las familias más represaliadas y exterminadas en España fueron justo las que más cumplieron las leyes, las más integradas, las más “apayadas”.

Por tanto, el “apayamiento” no es un estigma intragrupal, es un estigma intergrupal, antigitano y tiene género. Se ha normativizado históricamente desde las instituciones del Estado en connivencia con la Iglesia Católica. Ha procurado nuestro sometimiento colectivo durante casi 600 años bajo estrategias que van desde el exterminio a la asimilación, pasando por el trabajo esclavo. Actualmente, trata la diferencia cultural como una deficiencia excluyente del reconocimiento, acceso y disfrute de los derechos humanos para las personas romaníes. Hoy, el apayamiento es sufrir la violencia antigitana con perspectiva de género a pesar de cumplir normas asimilatorias. Es una relación intergrupal antigitana y patriarcal bajo la dictadura del capitalismo neoliberal.

Otro argumento que utiliza para explicar la brecha educativa kalí, es que son las familias y el “patriarcado gitano” quien impide nuestro disfrute del derecho a la educación. Sin embargo, según reza un informe publicado en la misma Fundación donde trabaja “el 95% de la población gitana considera la educación muy o bastante importante como vehículo para obtener el éxito y la mayor parte de las personas gitanas piensan que los estudios son igual de importantes para los chicos que para las chicas”. Por otra parte, sólo entre el 1% y el 2% de las personas kalís acceden a estudios universitarios, de las cuales el 80% son mujeres. Entonces, si hay más mujeres kalís que hombres cursando estudios universitarios y el 95% de las familias creen en la importancia de la educación ¿Dónde está el efecto de la supuesta carga que los hombres y las familias gitanas ejercen sobre nosotras para que no estudiemos?

El Estado es quien tiene la obligación de garantizar el reconocimiento, acceso y disfrute del Derecho a la Educación. Es una obligación recogida en nuestra Constitución y en diferentes estándares internacionales de Derechos Humanos, como por ejemplo la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), quien además emitió un dictamen en 2015 llamando la atención a España por la brecha educativa kalí. Exactamente igual ocurre con el derecho a pertenecer a nuestra cultura. Hasta tal punto, que promover el abandono de nuestra identidad o insinuar que es nuestra pertenencia familiar y cultural lo que impide nuestro acceso a la educación es una vulneración de derechos humanos que aumenta los prejuicios y el odio contra nosotras y nuestra cultura de pertenencia.

Si un 99% de mujeres payas no llegaran a la universidad ¿nos atreveríamos a decir que es por culpa de su identidad de género, sus familias y sus parejas o saldríamos a gritar que son las instituciones del Estado quienes discriminan a las mujeres? Bien, pues esta mujer no sólo se ha atrevido a decirlo en referencia a las kalís, sino que además le han dado un doctorado por ello.

¿Cómo puede ser que una mujer que lleva años en contacto con kalís tenga unos prejuicios de ese tamaño? Las personas no soportan mantener al mismo tiempo dos creencias contradictorias y lo que muchas hacen es justificar automáticamente dicha contradicción recurriendo a argumentaciones absurdas (Festinguer, 1962). En el caso de la doctorada, creencias contradictorias como “las gitanas son luchadoras” y “tanto la familia gitana, como los hombres gitanos impiden el acceso a la educación de las mujeres gitanas”, dan lugar a su argumentación absurda: “las gitanas son luchadoras, pero no pueden acceder a la educación por culpa de su pertenencia cultural patriarcal, arcaica y subdesarrollada”.

Hablando de ciencia y academia, esta mujer ha entrevistado a menos de 20 mujeres kalís en 14 años aprovechando su puesto de trabajo “moderno” como orientadora laboral y agente de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Fundación Secretariado Gitano. Sin embargo, no explica cómo ha controlado la influencia de la relación de poder entre ella y las entrevistadas sobre el contenido de las respuestas (efecto de deseabilidad social), ha inferido alegremente esas pocas entrevistas a más de un millón de kalís en España, ha interpretado conclusiones causales con un diseño científico que sólo sirve para el estudio piloto de un análisis exploratorio y además no ha demostrado científicamente la relación causal entre las variables que hipotetiza.

¿Cómo es posible que el tribunal de su tesis haya otorgado un doctorado ante semejante falacia llena de prejuicios y que metodológicamente constituye un ataque a los criterios básicos de ética científica? Esto sólo demuestra la gran crisis de credibilidad y excelencia científica por la que atraviesan las instituciones académicas en España. Y sino, que le pregunten a Cifuentes o a Casado...

La violencia antigitana organizada y los desalojos dirigidos por autoridades públicas afiliadas a la extrema derecha azotan las comunidades romaníes en Ucrania. La inacción de las autoridades justifica la impunidad de los perpetradores y niega los derechos humanos más fundamentales a las familias romaníes sólo por una razón: su pertenencia cultural.

El 15 de julio un jardín de infancia y una iglesia romaní fueron quemadas en  Zakarpattia. El 2 de julio, una mujer romaní fue apuñalada en la misma región. El 23 de junio, una comunidad romaní a las afueras de Lviv fue atacada por un grupo de jóvenes enmascarados, mataron a un hombre de 24 años e hirieron a otros cuatro, incluido un niño de 10 años. El 7 de junio, otra comunidad romaní asentada en Kiev fue amenazada. La comunidad, compuesta por 60 personas, solicitó protección a la policía y se les denegó. Finalmente, tuvieron que salir huyendo. El 24 de mayo, el abogado que defendía el caso de un hombre romaní asesinado por un funcionario público en Jarkov, fue agredido en su oficina. Tres personas lo instaron a dejar de defender a los “gitanos”. Uno de los atacantes era un empleado de Járkov en la Fiscalía Regional. El 22 de mayo, un grupo de 15 hombres armados incendiaron otro campamento de romaníes en la región de Ternopil. El 9 de mayo, 30 personas enmascaradas incendiaron otro asentamiento en Rudne y las familias también se vieron obligadas a huir ante la desprotección policial. El 23 de abril, otro grupo incendió el hogar de una familia romaní en Kiev. El 21 de abril, un asentamiento romaní en Kiev fue desmantelado con violencia  por 30 hombres y terminaron por incendiarlo. Después de llegar a la escena, la policía no protegió a las familias y en cambio, les aconsejó que se fueran de Kiev. Estos ataques son  perpetrados por  grupos de extrema derecha, como 'Sobrio y Angry Youth', 'Nemezida'  o el grupo paramiliar de derecha radical C-14, que buscan reparar la corrupción del presidente ucraniano a través de la externalización del odio sobre las comunidades romaníes.

La sociedad civil ucraniana reclama la necesidad de garantizar un contexto de seguridad para la población romaní ucraniana y recuerda que la investigación efectiva de todos los ataques es de gran importancia para el país. Zola Kondur (Fondo de Mujeres Romaníes “Chiriklí”) concluye que “las autoridades deben comprender el peligro que supone la impunidad de las acciones de estos  grupos radicales”. Organizaciones como Minority Rights recuerdan que “el silencio de la policía nacional y el hostigamiento que involucra a funcionarios públicos, fomenta una cultura de impunidad”. El Consejo de Europa ha condenado los ataques a campamentos romaníes y el Centro Europeo de Derechos Romaníes junto con el Centro Nacional Romaní llevarán a la Policía Nacional ucraniana ante los tribunales.

Es urgente que las autoridades ucranianas prioricen con urgencia la creación de las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y protección de la población romaní junto con el cumplimiento de los derechos humanos. Además de ello, es fundamental implementar mecanismos garantes de la prontitud y transparencia en la investigación  de estos ataques, para que los perpetradores sean enjuiciados y la reparación sea inmediata.

En este contexto, la política internacional como relación sociocultural y diplomática cuyo fin es garantizar un contexto de paz que descanse sobre el cumplimiento de los derechos humanos, tiene una gran  oportunidad para demostrar el liderazgo español como promotor de culturas democráticas. Sin embargo, a pesar de que Sánchez recibió en Moncloa a Poroshenko en su primer acto como presidente, no ha trascendido ni una sola palabra sobre estos ataques antigitanos, lo que confirma el carácter neoliberal del progresismo socialista. Sálvese quien pueda. 

Los derechos humanos son inseparables de la seguridad  en cualquier contexto, especialmente cuando  son los Estados antigitanos quienes vulnerabilizan a las comunidades romaníes para luego  usarlas como diana del odio neofascista. Una cultura democrática, es una cultura de paz, una cultura feminista.  Sin embargo,  una cultura política que niega la importancia de erradicar las vulneraciones de derechos sobre las comunidades romaníes dentro de las agendas políticas internacionales, es una cultura política payocéntrica y patriarcal. Confirma la debilidad democrática de los estados en la sociedad globalizada del siglo XXI. Es una cultura de guerra.

La cultura política patriarcal aglutina un conjunto de instituciones, conocimientos y prácticas que mantienen a una élite dominante masculina, paya, adulta, heterosexual, de alta clase social, nacional-católica, irrespetuosa con el medioambiente y sin diversidad funcional aparente. Para evitar cualquier riesgo que ponga en peligro el statu quo del grupo dominante, esta cultura garantiza la estratificación social a través del establecimiento de estereotipos y prejuicios. Con este fin, despliega ideologías que justifican la desigualdad y expolia los recursos aportados por las mujeres, las diferentes culturas, el medioambiente e incluso de aquellos hombres que no pertenecen a su élite. Por ello, una cultura política patriarcal necesita establecerse sobre la dominancia social para llevar a cabo políticas conservadoras que fomenten el racismo, el sexismo o la falta de respeto al medioambiente.

En este contexto, Mateo Salvini es buen representante de este paradigma cultural: varón payo, heterosexual, adulto, sin diversidad funcional aparente y nacional-católico. Es dirigente de la Liga Norte, vicepresidente de la República italiana y Ministro de Interior. Recientemente ha anunciado públicamente su propósito de censar a toda la comunidad romaní con la intención de expulsar a aquellas personas que no tengan la nacionalidad (aunque para su desgracia la mayoría provienen de estados comunitarios, lo que debería imposibilitar su expulsión). Para intentar “suavizar” la hostilidad, Salvini ha matizado que tendría que quedarse a las personas italianas e impediría que las familias romaníes continuaran destinando a sus hijas e hijos a la delincuencia.

Es decir, un ejercicio de ultra conservadurismo y antigitanismo de género paradigmático. Ultraconservador por mantener las mismas prácticas antigitanas que han dado lugar a genocidios y violaciones de derechos humanos durante siglos. Antigitanismo de género por nacer de un hombre payo con poder político patriarcal, aplicarlo sobre un grupo que considera inferior y tener un impacto de género diferencial sobre las mujeres y hombres romaníes.

¿Cuánto daño puede hacer un censo étnico? Los datos desagregados aportan información sobre la situación de diferentes sectores poblacionales en torno a una misma categoría de análisis y sirven para mejorar las condiciones de vida a través de las políticas públicas. Incluir datos desagregados por edad, etnia o género dentro de un estudio general sobre el acceso a la vivienda, la violencia de género o la brecha educativa, influye sobre las políticas públicas positivamente. Sin embargo, un censo étnico es una lista de personas pertenecientes a un grupo étnico que incluye datos como su nombre completo o huellas dactilares. En este caso, nuestra historia ha demostrado que sólo sirven para gestionar la discriminación burocráticamente en una gama que va desde la exclusión hasta el genocidio. España, Alemania o Suecia rinden cuenta de ello.

¿Qué podemos esperar cuando unos datos tan sensibles están en manos de un gobierno ultraderechista? Teniendo en cuenta que cualquier medida dirigida a las personas romaníes surge de la Unión Europea ¿Qué representación tienen allí las ideologías antigitanas?

Si echamos un vistazo a la composición actual del parlamento europeo encontramos que la cultura política patriarcal es la tendencia dominante. De los 751 escaños (incluyendo la presidencia) sólo uno representa a un partido feminista, representado por una mujer romaní. La presidencia del Parlamento está ocupada por Antonio Tajani, fundador de Forza Italia, un partido de la derecha italiana dirigido por Silvio Berlusconi. Silvio es un Donald Trump italiano famoso por ser putero de Estado con predilección por las adolescentes y dueño de Mediaset (esa cadena que antes se dedicaba a enseñar los pechos de las mujeres para subir la audiencia y ahora se enfrenta a las quejas de la sociedad civil por fomentar los estereotipos y prejuicios contra la cultura romaní). Si miramos el resto de asientos, 101 están ocupados por grupos de extrema derecha provenientes de 14 países y 287 escaños están asignados a grupos de derecha, entre los que se encuentra el Partido Popular o Fidesz. Por tanto, tenemos un Parlamento Europeo donde un total de 388 escaños están ocupados por grupos parlamentarios de ideología (ultra)conservadora inclinada abiertamente hacia la cultura política patriarcal y con un marcado carácter antigitano.

En este contexto ¿Cómo vamos a extrañarnos cuando los estados proponen censos con fines antigitanos, permiten que se quemen viviendas, asesinen niñas, esterilicen a mujeres, confinen a la infancia en escuelas segregadas o la policía detenga a las niñas delante de toda la clase para ser deportadas?

Europa necesita una izquierda fuerte que promueva la alianza entre la emancipación efectiva de los grupos oprimidos y la garantía de sus derechos desde una óptica que incluya a todas las mujeres y el respeto a la naturaleza. Necesitamos que esta izquierda demuestre al socialismo que urge abandonar los brazos del neoliberalismo progresista. Ya sabemos que sus tácticas de externalización de los derechos humanos a través de las ONG´s, las políticas austericidas y su protección de los sectores financieros han asfixiado a las clases medias y sepultados a las más pobres. Sabemos que esto traslada el voto a la ultraderecha. Sabemos que ya ha ocurrido en EEUU con Donald Trump, en Inglaterra con el Brexit y en Francia con el Frente Nacional.

De esta manera, los representantes la cultura política patriarcal podrán liberarse de la pesada carga que supone el paternalismo sexista, racista e irrespetuoso con el medio ambiente. Podremos desarrollarnos como seres humanos capaces de convivir en las sociedades del  siglo XXI . Europa podrá ser ejemplo sobre cómo desarrollarse democráticamente en tiempos donde los flashbacks de la barbarie están más presentes que nunca.

Tres chicas romaníes de 4, 8 y 20 años han sido asesinadas voluntariamente (que no muertas) en la madrugada de su caravana. Elisabeth, Francesca y Angelica soñaban con un nuevo amanecer junto a su familia desde un guetto a las afueras de Roma. Asesinadas voluntariamente. La familia había sido amenazada previamente, sentían miedo y la semana anterior hubo otro ataque en otra caravana. El Estado no hizo nada.

Su familia huyó del antigitanismo en otro país, y ellas habían nacido en Italia. Lo mismo que se repite desde hace mil años. Las políticas migratorias criminalizadoras de personas son mucho más visibles cuando hay una valla, pero, ¿qué pasa cuando el viaje sucede dentro de nuestro continente sin vallas internas? Ese que alardea de garantizar derechos humanos y condiciones de vida digna. ¿Y cuando las personas nacen y viven en territorio europeo? Ocurre que incluso los consulados y embajadas de los países emisores ejercen una violencia tremendamente racista que vuelve invisibles a las comunidades romaníes migrantes incluyendo la perspectiva de género y generación. Ocurre que no se reconoce la ciudadanía efectiva para las personas romaníes ni aun naciendo en el país donde viven.

El director de la Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE ha condenado el asesinato subrayando la necesidad de una investigación y pidiendo una reacción robusta a la posible motivación racista. La Representación Especial de la Secretaría General de Asuntos Romaníes en el Consejo de Europa ha llamado la atención de las autoridades locales sobre la situación en los campamentos cercanos a Roma y en toda Italia, explicando que exacerba la inseguridad, pobreza, marginación y racismo sobre las comunidades romaníes siendo la infancia (a lo que yo añado también el género) quienes enfrentan el riesgo más alto de ver vulnerados sus derechos. Allá en Italia, la vecindad del barrio ha realizado una marcha en repulsa al asesinato y diferentes organizaciones dentro y fuera del país han convocado concentraciones.

Sin embargo, el presidente de la República italiana, así como los medios de comunicación, se empeñan en negar la influencia del racismo, lo que traslada la responsabilidad sobre las propias comunidades romaníes. ¿Qué produce esto? Pintadas en las calles de Roma alegrándose de que haya tres romaníes menos en este mundo, profanación de las muestras simbólicas de condolencia en el aparcamiento donde ocurrió el asesinato y comentarios antigitanos en las redes sociales.

En respuesta a ello, un familiar de las víctimas ha pedido respeto públicamente. Argumenta que aún la Fiscalía no se ha pronunciado sobre la autoría de los hechos y que todo el tratamiento racista de los medios de comunicación sobre la noticia y los comentarios no hacen más que duplicar el dolor de la familia. Por un lado soportan el sufrimiento de haber perdido a tres personas de su familia, y por otro el dolor de la violencia antigitana que aún después de la pérdida sigue vivo y se amplifica a todas las comunidades romaníes.

El 16 de Mayo se celebró el Día Internacional de la Resistencia Romaní para conmemorar el mayor alzamiento contra los guardias del campo de concentración de Auschwitz- Birkenau. A día de hoy, las pocas personas supervivientes de aquel horror nos alertan del paralelismo inminente entre la situación de las comunidades romaníes hoy en comparación con el período preparatorio del Holocausto. El asesinato de estas tres hermanas no es sólo responsabilidad de la persona individual que incendió su caravana con un cóctel molotov, sea del origen que sea.

Es también de las mentes europeas que diseñaron un plan de integración antigitana vigente y normativo hoy día para todos los Estados miembro, obligando a las comunidades romaníes a soportar violencia y marginalidad de forma inescapable. Es del lobby político masculino gadgó (no romaní) que presiona para que dicho plan no sea diseñado, gestionado, ni consultado con las personas romaníes a quienes afecta directamente.

Es de las políticas migratorias que criminalizan a quienes huyen de la barbarie incluso cuando las generaciones siguientes nacen en los países de “acogida”. Es responsabilidad de todo el negocio de la marginalidad que destina cada año miles de millones de euros al enriquecimiento del establishment masculino gadgó (no gitano) para instrumentalizar y dinamitar la mirada crítica en la sociedad civil romaní.

Es responsabilidad de la connivencia del poder político y judicial que mira con ojos recelosos los derechos de las personas romaníes sin atender sus propios estereotipos y prejuicios. Todo vale si se responden las necesidades de este establishment y se generan bolsas de pobreza con perspectiva de género y generación que sostengan su sistema neoliberal, patriarcal y racista. Esto no es un caso aislado, caracteriza nuestra historia y pasa hoy en República Checa, Francia, Italia, Rumania, Hungría, España…

Ni ayer ni hoy hay justicia para las comunidades romaníes, no hay humanidad, no hay vida digna en este mundo. Pero todavía hay esperanza, todavía hay solución. Necesitamos recuperar el espíritu que nos levantó contra los SS nazis en los campos de concentración, creer con todas nuestras fuerzas que tenemos el poder de evadirnos de las expectativas construidas sobre nuestra pertenencia cultural y fortalecernos en la lucha por nuestro derecho a Ser en este mundo. Validemos nuestro enfado, expresémoslo y usemos la inteligencia que nos ha hecho superar siglos de genocidios para exigir que caiga todo el peso de la ley sobre el culpable, pero también sobre el aparato ideológico, político y judicial que lo justifica.

Latchó Drom (buen viaje) para las tres rosas que hoy nos faltan y bálsamo divino para la familia que se queda. Basta de violencia antigitana.