Eleazar tampoco podía respirar

 El 8 de septiembre de 2019, Eleazar, un chico gitano con una discapacidad mental visible del 75%, se perdió en el estadio de El Molinón (Gijón). Los agentes de seguridad lo agredieron de manera monstruosa hasta dejarlo sin aliento en vez de ayudarle a encontrar a su familia. Murió como consecuencia del estrés y la ansiedad que le generó la paliza. La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Gijón acordó en un auto el 10 de diciembre de 2020 la posibilidad de que exista un “homicidio imprudente, o un delito leve de lesiones y un delito contra la integridad moral con respecto a los vigilantes de Seguridad Privada, y por delito de detención ilegal y a título de comisión por omisión, por posibles delito de homicidio imprudente, o un delito leve de lesiones y torturas, a los Policías Locales actuantes”. Sin embargo, la Fiscalía acaba de decir que no cree que exista tal delito ni responsabilidad. 

La Fiscalía forma parte del Ministerio Público y se supone que vela por los intereses de la sociedad, así que es importante pensar cuál es el mensaje que nos envía con esta decisión. Si según la Fiscalía la muerte de Eleazar no se deriva de una intervención violenta, ¿qué hacían más de 10 agentes de seguridad entre personal de vigilancia y policía local encima de un discapacitado mental? Desde luego, los testigos y pruebas periciales tienen clara la paliza. ¿Quiere decir entonces que Eleazar habría muerto el mismo día, a la misma hora, independientemente de la paliza que recibió a pesar de acreditar la inexistencia de problemas cardíacos o epilépticos? ¿Quiere decir que a la sociedad no le interesa que una persona discapacitada pueda recibir una paliza de muerte sólo porque es gitano y por tanto el delito debe quedar impune? 

La detención de Eleazar fue ilegal y  desproporcionada. Lo golpearon reiteradamente causándole erosiones y contusiones en muñecas, rodillas, nariz, pómulos, cuello, cara, brazos, piernas y la cara superior del tórax. Todo está acreditado y hay testigos. Si cualquier persona se pierde (máxime si tiene una discapacidad) la obligación del personal de seguridad, y de cualquier ser humano con corazón, es acompañarlo con cariño al lugar donde se encuentran sus familiares en vez de darle una paliza de muerte. Está claro que esta actuación fue absolutamente denigrante y se basa en el supremacismo. Ni actuaron con debida diligencia ni garantizaron su seguridad sólo por una razón: ser  gitano. Varios vigilantes de seguridad contra un discapacitado mental del 75% visiblemente identificable, metan ustedes la mano en su pecho y juzguen si este hecho debe quedar impune. Sientan por un momento cómo le faltaba el aire a Eleazar mientras lo golpeaban y cómo se siente su familia. Sientan la tristeza y la angustia de perder a un ser querido tan especial como él, pero sientan sobre todo la injusticia que supone esta pérdida de una manera tan inmerecida, violenta y absurda.

Sin embargo, las responsabilidades no terminan aquí. La seguridad es un valor jurídico, político y social que sustentan la libertad y la igualdad en nuestra democracia, y en este caso la empresa donde trabajaban estos vigilantes era la encargada de velar por esa seguridad. Sin embargo, parece que el tribunal olvida dicha responsabilidad empresarial. Así mismo, el ayuntamiento de Gijón es responsable de ejercer incorrectamente sus funciones legales, políticas y sociales. Desgraciadamente, ni siquiera se han puesto en contacto con la familia. Parece ser que a la alcaldesa le da igual que una persona discapacitada reciba una paliza de muerte en un estadio de su titularidad y que los propios policías locales (también bajo su mando) ni siquiera le lean sus derechos, ¿será porque es gitano? 

Además de este sinsentido de consecuencias fatales, es necesario también pensar cómo el antigitanismo rompe la cohesión dentro de la población española estableciendo puentes y muros de desconfianza, enfermándonos como sociedad y como democracia. El 7 de junio de 2020, más de 6.000 personas se movilizaron en España en repulsa al asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis. Todo el mundo que tuviera un mínimo de corazón tiñó de negro sus redes sociales bajo el hashtag #ICantbreathe (#NoPuedoRespirar) y  #BlackLivesMatter (#LasVidasNegrasImportan). En Estados Unidos, además de la movilización y el apoyo  masivo, el ayuntamiento de Minneapolis aprobó desmantelar el departamento de policía y hubo gestos políticos como el de los congresistas demócratas que se arrodillaron durante nueve minutos para homenajear la vida de George Floyd. De momento, los cuatro policías implicados fueron despedidos e imputados en el caso y el policía acusado del asesinato ha quedado en libertad bajo fianza de 1 millón de dólares. 

¿Qué ocurriría si George Floyd fuera un gitano español con discapacidad mental del 75% y el delito hubiera ocurrido en España? Pues ocurre que la institución judicial encargada de velar por los intereses de la sociedad española quiere que este delito quede impune, no hay un tratamiento justo del caso en los tribunales, los vigilantes de seguridad ni siquiera entran en prisión, las personas que se conmovieron por la pérdida de la vida de George Floyd no se conmueven de la misma manera cuando su compatriota gitano y discapacitado es asesinado. No hay rodillas en tierra en honor a la vida de Eleazar, ni el ayuntamiento se ha puesto en contacto con la familia. ¿Querrá decir esto que hay más antigitanismo en España que racismo en Estados Unidos? 

La injusticia que sustenta las argumentaciones de la Fiscalía en este caso nos retrotrae a una sociedad tribal de cientos y cientos de años atrás en la historia de nuestro país. Depende de todas y todos conseguir que los tribunales impartan #JusticiaParaEleazar. Necesitamos instituciones que impulsen el progreso del siglo XXI representando los intereses de todas y todos independientemente de su cultura o su género. Nuestra sociedad y nuestra democracia necesita un juicio justo para Eleazar. Decía Coretta Scott King que la libertad y la justicia no pueden ser troceadas en partes para ajustarse a la conveniencia y, por tanto, no se puede defender la libertad para un grupo de personas y negarla a otros. Tras 60 años de esta afirmación tan fundamental, ¿estarán ya las instituciones y la sociedad preparadas para realidades más justas?