Todo empezó con un profesor de instituto activista LGBTI, que animó al centro madriñelo Duque de Rivas a trabajar por el respeto de las minorías sexuales. Ya en 2003,  el Colectivo de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales de Madrid (COGAM) impartió en este instituto de Rivas unos talleres de orientación sexual.

Este profesor inició un programa de acción tutorial, en el que se implica a tutores y estudiantes “en actividades de fomento de la tolerancia, el respeto y la empatía”, asegura a eldiario.es la directora del centro, Yolanda Calvo.

Desde el centro destacan un “elevado” interés en este tema, que “les preocupa y al que se sienten vinculados”. Entre las actividades que realizaron, Calvo destaca el videoclip de Al mismo son, canción contra el bullying lgtbfóbico, compuesta por dos antiguos alumnos (Distrito Aparte) y grabado en el instituto con el resto de alumnos. 

Para la directora de este centro, la mejor “vacuna” contra la homofobia es proporcionar “una información rigurosa, fidedigna y puntual”. También destaca el comportamiento del alumnado, que “no deja de sorprender por la naturalidad con la que acogen las propuestas”. Otra iniciativa tuvo como protagonista al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el juez Fernando Grande-Marlaska y su último libro Ni pena ni miedo.

Por su labor, el instituto ha recibido el premio Tiza Arcoíris que otorga la asociación Arcópoli. “Realizan tutorías todos los martes, una especie de desayunos para fomentar la diversidad a los que acuden activistas, alumnos y profesores”, explica a este diario la encargada del departamento de Educación de la asociación, Delia Merchán. Este fue el principal motivo, según asegura, por el que les dieron el premio.

También hay otros tres centros premiados: los institutos Juan Carlos I de Ciempozuelos y Manuel de Falla de Móstoles, y el colegio Arcángel Rafael de Aluche. “Lo decidimos en función del apoyo recibido y el interés puesto en las charlas y actividades”, cuentan desde Arcópoli.

O los colegios e institutos contactan con la asociación o los propios ayuntamientos firman convenios con Acrópoli, ese es su modus operandi. Con los más pequeños, de 5º y 6º de primaria, hablan de homofobia y diversidad y les leen cuentos. En los institutos repasan términos como 'pluma', 'sexo' y 'género' para desmontar estereotipos y algunas dinámicas más divertidas.

“En todas las charlas se nos acercan un par de alumnos que piden consejo para hablar con sus padres, que no saben qué hacer”, cuenta Merchán. Aunque en algún caso los padres no dan permiso al estudiante para acudir a la charla, lo cierto es que “cada vez hay más alumnos que saben del tema”, recalca la responsable de Educación de Arcópoli.

La directora del IES Duque de Rivas asegura que ahora están colaborando con el Embajador de Italia en Madird, Stefano Sannino, para implementar actividades similares en el Liceo Italiano de Madrid, particularmente el taller Amar no puede costar la libertad ni la vida y Los desayunos por la Diversidad, en los que se reúnen varios estudiantes durante los recreos para hablar de sus experiencias.

Mientras tanto, Acrópoli, que colabora directamente con el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, empezará a formar a sus nuevos voluntarios en noviembre. Serán ellos los encargados de llevar a las aulas el respeto al colectivo y promover, como ya se hace en muchos centros escolares, que los pequeños naturalicen la diversidad sexual de todas las personas.

Los pueblos que conforman la Alta Sanabria, zona turística dentro del Parque Natural del Lago de Sanabria en la provincia de Zamora, llevan más de veinte años reclamando una “carretera digna”.

La carretera es la autonómica ZA-102, que afecta a Villanueva de la Sierra, Barjacoba, Pías y Porto de Sanabria. En esta última localidad donde finaliza la carretera, los vecinos llevan años organizados en la Plataforma 102 y se manifiestan continuamente para pedir su arreglo íntegro. “Es una carretera de primer nivel y no cumple la normativa”, asegura Ramiro, uno de los vecinos activos en la protesta.

La peculiaridad de esta carretera es que, por un lado, comunica a estos pueblos con la red de carreteras estatal N-525 y el resto de carreteras de Zamora. Por otro, la carretera atraviesa Galicia en algunos tramos y sirve de nexo de unión entre ambas comunidades. De hecho, los habitantes de los pueblos que la conforman hablan un dialecto del gallego.

La Junta de Castilla y León aprobó en 2011 un proyecto para su arreglo que todavía no se ha puesto en marcha. El convenio se firmó conjuntamente con la Xunta de Galicia, y contaba con un presupuesto de 11 millones de euros para ensanchar la carretera y poner solución a las demandas de los usuarios que aseguran que “se encuentra en estado de semiabandono y llena de baches y curvas”.

En 2016, la Junta de Castilla y León volvió a presupuestar 50.000 euros “para realizar un estudio”. Estos estudios son recurrentes cuando hay elecciones, explica Ramiro: “Cada vez que llegan elecciones utilizan la carretera para hacer campaña”.

Pero la primera petición de acondicionar y mejorar la carretera se hizo en 1996, en la Comisión de Transportes de Castilla y León. Entonces se aprobó una Proposición No de Ley. Veinte años después, no sólo no se ha cumplido el acuerdo, sino que la carretera se ha ido deteriorando.

Difícil acceso de los servicios de emergencia y hielo

La Plataforma 102 entrega las firmas recogidas en cada concentración al Procurador de lo Común de Castilla y León. “La Junta nos ha ninguneado toda la vida”, asegura Ramiro, y cuenta que dos de cada tres quejas al Procurador son por la carretera.

En Porto, el pueblo más afectado, la alcaldesa de Ciudadanos, Guadalupe Carracedo, no ha aportado su firma a la petición. “Hemos recibido el apoyo del sindicato agrario (UPA-COAG), del grupo socialista del Ayuntamiento de Porto, del senador de Puebla José Fernández Blanco y del Alcalde de Lubián”, explican los vecinos, que insisten en que la lucha no es política.

Lo que más preocupa a los usuarios de la carretera es “el tema sanitario y la inviabilidad invernal”. Las ambulancias que entran y salen del pueblo tienen que hacerlo despacio por las malas condiciones del asfalto. “Se ha muerto tanta gente en el camino que no sé cómo el pueblo no se ha revelado”, lamenta Ramiro.

En invierno, la carretera “es una de las que más recursos consume de la provincia”, reivindican desde la Consejería de Fomento. Los vecinos confirman el “buen servicio de quitanieves que pasa dos veces al día”, pero los baches y surcos que llenan la calzada se cubren de hielo que las máquinas no logra quitar.

¿Qué fue del presupuesto aprobado en 2011?

Desde la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León confirman que se aprobó el proyecto en 2011 con: un presupuesto base de 11 millones de euros y el Convenio Específico de Colaboración entre las comunidades autónomas de Galicia y Castilla y León. Pero “la grave situación económica del país” no ha permitido la modernización, alegan desde la Comisión.

El gobierno regional asegura que por este motivo “se paralizaron todas las nuevas inversiones en infraestructuras viarias por mínimas que fueran”. Pero desde la Plataforma denuncian que ese dinero “ha tenido que ir a algún sitio”.

Ahora, el organismo de la Junta, confirma que se ha aprobado un nuevo proyecto para “mejorar sustancialmente la comodidad de la circulación” al que se van a destinar 2,2 millones de euros, casi 9 millones menos que en el plan de 2011. Las obras iniciarán en 2018 y previsiblemente para 2019 habrán finalizado, según fuentes de la Consejería de Fomento.

Para los vecinos involucrados en las movilizaciones esta no es la solución: “No pretendemos una autopista, pero queremos que se paralice el presupuesto de los 2,2 millones de euros porque son para un simple arreglo”, explica Fina, portavoz de la plataforma.

Este tipo de medidas que toma la Junta de Castilla y León suponen “echar más capas” a la carretera para tapar los baches, lo que provoca, según Fina, “que cada vez sea más estrecha, concentrándose hacia el centro”. Por ello, pedirán de nuevo al Ejecutivo regional que suspenda el presupuesto previsto y que “retomen, en serio, el tema de la carretera”, para no tener que seguir jugándose “la vida cada vez que pasamos”.

“Puta”, “chochito” y “chacha” son algunos de los calificativos que las mujeres dedicadas a la política soportan de manera constante en las redes sociales. Sin importar su signo político, las políticas reciben desde amenazas en la puerta de sus casas o en Internet hasta vejaciones de sus propios compañeros de profesión y artículos degradantes en los medios de comunicación.

Entre las tensiones políticas y sociales que rodean al referéndum independentista, los diputados de la CUP han recibido pintadas amenazantes. La portavoz de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel, además de recibir amenazas de muerte, ha sido el blanco de insultos machistas.

Para una usuaria en Facebook, la participación de Inés Arrimadas en un debate televisivo a principios de septiembre merecía la “violación en grupo”. Esta muestra de odio en las redes sociales costó el despido a la mujer. La concejala del Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos, Begoña Villacís, se encontró con un grafiti machista al salir de su casa.

Pero a veces, estos insultos llegan directamente de otros políticos. El concejal del PP en Galapagar (Madrid), Ángel Camacho Lázaro, tildó a Villacís de “fondona”. Extendió una disculpa a la concejala ante la respuesta colectiva de numerosos tuiteros bajo el hastag #YoTambiénEstoyFondona, .

En la biografía La Vicepresidenta de Soraya Sáenz de Santamaría, su compañero de partido Alfonso Alonso, actual presidente del Partido Popular vasco y exministro de Igualdad, escribía: “No va de mujer en su trabajo... Está bien casada”.

Esta no es la primera vez que un político se refiere a la vicepresidenta del Gobierno de manera sexista. El entonces concejal del Bloque Nacionalista Galego en Cambados (Pontevedra), Xaquín Charlín González, la llamaba “chochito de oro” por una factura de 40.000 euros en el ginecólogo. El edil presentó su dimisión tras la revuelta que causó su comentario.

A María Dolores de Cospedal, ahora ministra de Defensa, tampoco le han faltado los comentarios machistas de sus compañeros de profesión: “No tengo claro que Cospedal sepa pasar la aspiradora sin la chacha”, dijo el socialista Emiliano García–Page, presidente de Castilla–La Mancha.“No es malota sexualmente”, escribió en Twitter un edil de Izquierda Unida malagueño, Diego Díaz Jiménez.

Este no es el único caso en el que se ha asociado a una política con las labores del hogar, como si ambos estuvieran obligatoriamente vinculados. El concejal del PP en Palafolls (Barcelona), Óscar Bermán, aseguró el año pasado que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, debería estar “limpiando suelos y no de alcaldesa. Con todo mis respetos a las dignísimas limpiadoras”. También la calificó de “descerebrada llena de odio y fobias salvajes”.

En alguna ocasión se ha dado más importancia a la relación sentimental de una política que a su trabajo. Rafael Hernando, portavoz del grupo Popular en el Congreso, se dirigió a Pablo Iglesias durante la moción de censura de Podemos contra Rajoy para jactarse de que “hay quien dice que estuvo mejor Montero que usted, pero no diré yo esto porque no sé qué voy a provocar en esa relación”.

La indignación entre los diputados de Podemos, incluida la propia Irene Montero, que había sido la encargada de presentar la moción, se hizo notar en el Congreso.

Respecto a la misma pareja, Irene Montero y Pablo Iglesias, también se pronunció en sus redes sociales Ana Vázquez, diputada del PP por Ourense: “Hoy es un día importante para los novios de Podemos. Novia, Irene Montero, con zapatos de tacón; y novio, Pablo Iglesias, con chaqueta”.

La “importancia” de la ropa y el cuerpo de las políticas

En 2010 encontramos otro caso más para sumar a la lista. Javier León de la Riva, que en aquel momento era alcalde de Valladolid por el Partido Popular, dijo: “Cada vez que le veo la cara y esos morritos pienso lo mismo”, sobre la entonces ministra de Sanidad Leire Pajín. Cospedal, llegó a tachar de “lamentable” el comentario del alcalde, aunque agradeció las posteriores disculpas de León de la Riva.

Los periodistas pueden ser también responsables de estas actitudes machistas. Susana Díaz ha aparecido este martes en La Razón y ABC con motivo de su dieta y su cuerpo. “Tras la maternidad, Susana Díaz había ganado algunos kilos. Eso y la intensa agenda política de la presidenta de la Junta le habían obligado a usar ropa más holgada. Ayer, en su visita al puerto de Sevilla dejó sorprendidos a los asistentes con una figura esbelta que dejaba mostrar un favorecedor traje veraniego color blanco y amarillo, a juego con unos zapatos de tacón que combinaban el blanco, el amarillo y el negro”, suscribía el ABC.

El machismo no entiende de fronteras, y en varias ocasiones otras políticas han tenido que hacer frente a menosprecios. En 2012, la que fue ministra francesa de Igualdad de los Territorios y Vivienda, Cecile Duflot, acudió a la Asamblea con un vestido de flores. Cuando comenzó su intervención, varios diputados franceses comenzaron a silbar hasta que el presidente de la Cámara les llamó la atención.

Un escote fue, en el caso de la canciller de Alemania, Angela Merkel, motivo de burlas y chismorreos para la prensa alemana, que titulaba sus artículos: “Merkel saca pecho”, “Merkel enseña escote” y “¿Puede pavonearse de esto Alemania?”.

Además, su propio partido político, la CDU, utilizó esta imagen en la campaña electoral en Berlín. La canciller y la candidata aparecen en el cartel, que reza: “Tenemos más que ofrecer”.

La primera ministra británica, Theresa May, se reunió el pasado marzo con la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, para hablar de la futura situación de Escocia con respecto al Brexit. El Daily Mail titulaba con un juego de palabras: “Qué más da el Brexit, ¿quién gana al concurso de piernas?

La alta demanda de pisos de alquiler en la capital no se corresponde con la insuficiente oferta, lo que ha provocado en el último año, además de la subida de los precios, la necesidad de ser rápido y aceptar la mayoría de condiciones sin apenas negociar. Lo explica Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista, una de las webs más recurridas por los estudiantes a la hora de buscar piso: “Los inquilinos ya no lanzan una contraoferta a pesar de que el precio sea elevado por miedo a que otra persona firme antes que ellos”.

Esto se corresponde con los datos del informe de marzo de la agencia, que sostienen que el 19% de los pisos alquilados en Madrid estuvo menos de 48 horas en el mercado. Después de unas 19 llamadas de media, los propietarios suelen dejar de contestar y pasan a la acción permitiendo entre dos y cinco visitas. Pasada esa cifra, poder visitar el piso ya resulta complicado. El anuncio desaparecerá en pocos días.

Lo que hace que un propietario se decante por un inquilino u otro son principalmente la “fiabilidad económica” y las “buenas sensaciones personales”, según un estudio de la misma entidad de agosto de este año. El hecho de ser el primero en decidirse, pagar un adelanto o contar con referencias personales son también cuestiones claves para ser el inquilino elegido.

Requisitos imposibles y anuncios surrealistas

Para encontrar un piso entre agosto y septiembre, los meses con mayor demanda, es necesario dedicarse casi exclusivamente a ello. Aplicaciones como las del idealista o fotocasa son ahora imprescindibles para los estudiantes que estén inmersos en la búsqueda: las alertas y avisos inmediatos facilitan el contacto con los propietarios pocos minutos después de que se haya publicado el anuncio.

A través de estas aplicaciones, Ana y sus dos compañeras han encontrado el piso en el que han empezado a vivir. Con unos filtros de búsqueda respecto al precio, a la zona, y buscando pisos amueblados “porque venden muchos pisos sin amueblar y cuando llegas te encuentras con la sorpresa”. Hizo falta que visitasen seis pisos, “en alguno de ellos, el salón era un pasillo”, antes de dar con el elegido: 433 por persona con calefacción y agua incluidas, mientras que el resto de gastos van a parte. Las habitaciones, “bastante pequeñas”.

Óscar es otro de esos estudiantes que durante el curso habita en Madrid. Junto con dos compañeros y a través de las webs de el idealista y milanuncios, han conseguido encontrar casa también después de visitar seis pisos. “Lo más complicado es ponerse, sobre todo si no eres de Madrid y te tienes que desplazar hasta allí para verlos”. Sostiene que la media en zona universitaria (Arguelles, Moncloa, Guzman el Bueno) ronda los 1.400-2.200 euros para un piso con tres habitaciones. Algunos incluyen los gastos, otros no, algo que podría encarecer incluso 400 euros el precio final.

La experiencia de estos chicos no ha sido del todo satisfactoria: “Estábamos a punto de firmar un piso de una persona que era el propietario de todo el edificio, pero nada más entrar en el portal vimos fotos de Franco, la bandera con el águila, cabezas de ciervo…”, cuentan. Decidieron echarse atrás. Además, el propietario les dijo que les haría pagar todos los desperfectos que pudiesen causar: “Él ya tenía nuestra fianza y no nos la quería devolver, pero 20 minutos después de marcharnos nos llamó para recular”.

Cristina y Rodrigo también tuvieron una mala experiencia buscando a través de las agencias ya citadas. Comenzaron la búsqueda de piso desde Moncloa hasta Sainz de Baranda en junio para entrar a vivir en agosto: “Nos dimos cuenta de que era imposible porque los pisos volaban y decidimos esperar justo a la semana de antes”. Primero querían un piso por un máximo de 800 euros con dos habitaciones, pero les resultó imposible, así que decidieron empezar a visitar apartamentos de una sola habitación.

Por 700 euros encontraron dos de unos 30 metros cuadrados, pero al ir a verlos en persona se llevaron la sorpresa.“La altura en su zona más alta era de 1,75 metros”, se daban con la cabeza en el techo, cuenta Cristina a eldiario.es. Por el último piso que fueron a ver, el definitivo, tuvieron que pelear un poco con la agencia: “Nos pedían una nómina propia, que no tenemos porque ambos somos estudiantes, y no les servían las de nuestros padres que son los que pagan el piso”. También les exigieron un aval bancario por el precio total del piso durante un año, unos 100.000 euros. Al final consiguieron alquilarlo pagando dos meses de fianza.

“He visto dos anuncios de gente que te alquila un sofá cama para dormir en el salón”, cuenta Carlos. Yendo a visitar los pisos en persona tampoco ha tenido mucha suerte. “En una ocasión me dijeron que no podía utilizar el salón porque era una estancia de la propietaria, sólo para ella”, relata. Además, en algunos procesos de selección le han pedido un contrato, un aval o “hasta tres nóminas”.

Los relatos de experiencias un tanto surrealistas se multiplican en las redes sociales: desde poner límites a la altura de los inquilinos hasta ofertar pisos completos pero avisando de que el propietario pasa las tardes trabajando en él.

Compartir piso, la decisión más repetida

Dentro del mercado del alquiler, lo que se refiere a la demanda de habitaciones ha aumentado un 80% durante este año. Madrid tiene el 34,9% de las habitaciones que se anuncian en España, y el precio medio oscila los casi 400 euros.

Muchos estudiantes universitarios comparten piso con amigos o compañeros de la residencia en la que han vivido durante el primer año de carrera, por lo que buscan un piso completo. Otros se lanzan a la aventura, no sólo de encontrar una habitación, sino también compañeros.

Para ello, aplicaciones como Badi, con una serie de filtros, tanto para el piso como para el compañero, permiten chatear directamente con el propietario del piso que te haya gustado, facilitando así la búsqueda.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, informó el 18 de julio de que este año tampoco se iría de vacaciones, como ya hizo los dos últimos años. Cifuentes aseguró entonces que las vacaciones no tenían que ser “una obligación”, sino “una opción voluntaria”, lo que provocó revuelo en el seno político y sindical.

Entre otras críticas, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, aseguró que cuestionar, “aunque sea de esta forma indirecta”, un derecho laboral como este “contribuye a deteriorarlo”. El secretario general de Comisiones Obreras criticó también que Cifuentes hiciera “apología” del “no disfrute” de las vacaciones, “un derecho conquistado por los trabajadores”. 

Desde el gabinete de comunicación no han querido concretar cuántas personas han trabajado este verano con Cristina Cifuentes, aunque han asegurado que la gente “se las coge –las vacaciones– cuando estima oportuno”. “Aquí entran 1.500 cartas al día, no se puede cerrar un gobierno por vacaciones”, han asegurado desde la oficina de la presidenta regional.

Cifuentes ha informado a través de Twitter de prácticamente todas las actividades que recoge su agenda de Gobierno: la entrega de llaves de 140 viviendas públicas en Alcorcón o las reuniones con la cúpula del Colegio Oficial de Farmacéuticos y con seis alcaldes de la Comunidad.

También acudió a la manifestación en contra del miedo y del terrorismo convocada en Barcelona por el Ayuntamiento y la Generalitat después de recular, puesto que había asegurado que no iría al no haber sido “invitada”.

El Ejecutivo regional ha celebrado tres consejos de Gobierno durante el mes de agosto, dos menos de las que se deberían haber realizado si se tratara de cualquier otro mes, puesto que el martes es el día en el que se celebran estos consejos.

En la segunda quincena de agosto, normalmente la menos ajetreada para la presidenta, Cifuentes se ha reunido con varios alcaldes de la Comunidad y ha acudido a fiestas como las de El Escorial, la Virgen de la Paloma y Leganés. También ha ofrecido múltiples entrevistas en medios de comunicación radiofónicos, televisivos y digitales.

Así mismo, mostró su apoyo y firmó la petición de los vecinos que pedían la marcha atrás del plan propuesto por el Ayuntamiento para peatonalizar la Calle Galileo, ubicada en el distrito de Chamberí. Allí, Cifuentes criticó el “experimento ideológico” del Consistorio madrileño que “decide de manera aleatoria cortar calles y aquí está causando un perjuicio bastante grande”.

La presidenta también visitó las obras del nuevo estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, y aseguró que la construcción supondrá “grandes activos turísticos y deportivos”, pese a las dudas de que las obras estén terminadas para el primer partido del Atleti en casa, el 16 de septiembre.

La presidenta de Madrid también ha dedicado estos días para rechazar, por segunda vez, el proyecto Cordish. Se trata de un complejo hotelero y de ocio que una empresa estadounidense quiere construir en Torres de Alameda al este de la provincia. El gobierno autonómico ha vuelto a tumbarlo porque piensa que podría “generar cargas y riesgos importantes en la región”. A pesar de ello, el grupo Cordish ha anunciado que acudirá a los tribunales para defender sus intereses.

La Comunidad también aprobó la eliminación del papel para la firma de los contratos públicos. Se impulsa así el uso de las tecnologías informáticas y digitales.

Su verano sin vacaciones y los ataques contra Manuela Carmena y Ahora Madrid han provocado numerosas críticas hacia la presidenta del Ejecutivo regional. Cifuentes iniciará el nuevo curso político con la mesa de negociaciones de la Operación Chamartín, que pretende prolongar La Castellana, remodelar la estación de Chamartín  y crear un nuevo barrio financiero.

El turismo y las consecuencias para la ciudad son ya la primera preocupación de los barceloneses por encima del paro o la corrupción. La masificación de los centros turísticos propiciada por plataformas como Airbnb o Homestay amenaza con transformar los barrios y el comercio tradicional y expulsar a los vecinos de manzanas dedicadas por entero al alquiler de pisos por días.

El problema es global, porque el turismo mueve el 10% del PIB mundial. En Europa las autoridades de Amsterdam, Brujas o Venecia –cuyo centro, colapsado por la llegada de visitantes y el desembarco de cruceros, se ha convertido en un hormiguero– intentan regular el sector para evitar el colapso de esas ciudades.

En España, donde el Ayuntamiento de Barcelona ha logrado que Airbnb retire de su oferta más de 1.000 pisos en la ciudad, distintas instituciones ensayan fórmulas para hacer compatible la llegada de visitantes y la vida cotidiana de los principales destinos.

El Govern de las Baleares ha sido una de las primeras administraciones públicas en poner límites al turismo tras recibir a más de 15 millones de visitantes en 2016, según el Anuario de Turismo. Allí el Colegio de Enfermería de Balears se vio obligado a crear el pasado junio una plataforma gratuita para ayudar a encontrar alojamiento a los enfermeros que van a las islas a trabajar en verano. Encontrar un techo para estos profesionales se había convertido en misión imposible, dado el precio que habían alcanzado habitaciones y apartamentos.

El Govern balear se ha centrado en los alquileres turísticos, cuya normativa actualizó a principios de agosto en el Decreto Ley 6/2017. Su objetivo es luchar contra la oferta de alojamientos ilegales y limitar el alquiler vacacional, aunque los grupos ecologistas creen que no se va lo bastante lejos ni se actúa sobre las viviendas ya existentes.

Las comunidades de vecinos podrán prohibir la presencia de pisos del alquiler turísticos en sus estatutos. Si no están prohibidos o permitidos, la Junta de Propietarios deberá autorizarlos en votación.

Los consejos insulares podrán fijar el límite máximo de plazas turísticas y el de viviendas que se comercialicen para el turismo. También delimitarán las zonas para este negocio y tienen un año para hacerlo. Pero las viviendas en alquiler turístico que ya ejerzan su actividad de manera legal a la entrada en vigor de la ley no se verán afectadas por las restricciones por zonas.

Para que no se construyan edificios con el objetivo de utilizarlos como alquiler turístico, se establece que las viviendas deberán tener una antigüedad mínima de cinco años y tendrán que haber sido habitadas por particulares en ese periodo.

El objetivo es frenar el crecimiento exponencial de la oferta de viviendas. En Palma el Gobierno local ha suspendido durante un año las aperturas de nuevos establecimientos tras haber recibido peticiones para abrir 63 nuevos hoteles y duplicar las plazas existentes en el casco histórico.

No es la primera vez que Baleares plantea medidas para controlar el turismo. Entre 2001 y 2003 se estableció un impuesto para los turistas por cada noche que dormían en el archipiélago. La oposición del PP a este impuesto provocó su derogación cuando ese partido volvió al poder.

En 2016 se retomó esta tasa, que oscila entre 0,50 euros diarios para los turistas que duerman en hostales, albergues y refugios, y dos euros para aquellos que reserven establecimientos de cinco estrellas. En Catalunya se implantó en 2012 el Impuesto de Estancias en Establecimientos Turísticos, que va de 0,45 a 2,25 euros, en función del tipo de alojamiento y su localización.

La medida provocó un fuerte rechazo de la patronal hotelera que auguraba una caída de los reservas, que luego nunca se produjo.

Pases para ir a una playa o “descentrificar” el turismo

En Galicia, que recibió el año pasado 4,7 millones de turistas, muy lejos de las cifras de Baleares, algunos ayuntamientos también empiezan a implementar medidas para regular el turismo. El Gobierno municipal de Santiago de Compostela, que preside Martiño Noriega (Compostela Aberta, una de las candidaturas ciudadanas) impuso una moratoria para levantar nuevos hoteles en una ciudad a la que llegan cada año solo a través de las diferentes rutas del Camino de Santiago 234.000 peregrinos. El Gobierno municipal ha reclamado a la Xunta que estudie implantar una tasa verde similar a la de Barcelona, Baleares y otras ciudades europeas que grave cada pernoctación.

Y esta misma semana el Gobierno gallego de Alberto Núñez Feijóo ha lanzado un aviso a las navieras que trasladan viajeros a las islas Cíes, dentro del parque Nacional Illas Atlánticas. Se trata de un paraje natural protegido que tiene limitadas las visitas a 2.200 personas por día. La sospecha de la Xunta es que las empresas han falsificado los listados de pasajeros para superar ese aforo.

La conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato ha amenazado a las concesionarias de las rutas con multas de hasta 200.000 euros, además de tener que responder ante los tribunales por falsedad documental. Todo después de que se produjesen varios motines a bordo, después de que se impidiese desembarcar en las islas a turistas que habían pagado sus billetes.

Los ecologistas llevan años denunciando la llegada masiva de visitantes que amenazan la sostenibilidad del archipiélago. En la playa de As Catedrais, en la Mariña lucense, una de las más visitadas de la comunidad, se reguló el acceso ya en 2015. El turista necesita desde entonces solicitar un pase gratuito que se consigue por Internet para bajar a la arena.

En la Costa del Sol, Málaga es otra de las ciudades que ha limitado las concesiones de licencias hoteleras. El Ayuntamiento ha decidido incentivar el turismo cultural y “descentrificar” a los turistas. Consiste en la organización de actividades fuera del centro de la ciudad, lo que dispersa a los grupos de visitantes, una iniciativa que también se ha propuesto en Baleares con la intención de alejar a los cruceristas del centro de las ciudades.

Las políticas de otras ciudades europeas

Las ciudades españolas no son las únicas afectadas por las grandes afluencias de turistas. Amsterdam, una ciudad de 800.000 habitantes, acogió a más de 5,2 millones de turistas en 2015, y el Ayuntamiento holandés busca soluciones. En 2015, prohibió la construcción de más hoteles. Y en 2016, llegó a un acuerdo con la plataforma Airbnb para que no permitiera que los alojamientos se alquilen durante más de 60 días al año.

En Roma o en Brujas han puesto coto a las aglomeraciones de personas. La Policía italiana multa a los turistas que se sientan o se bañan en la Fontana de Trevi, por ejemplo. Las autoridades han llegado incluso a mojar las escalinatas y ciertas partes de las plazas para que los visitantes no se sienten a comer y beber. En Brujas se han prohibido las fiestas callejeras y los autobuses turísticos no pueden acceder al centro histórico de la ciudad.

El día en que Mariano Rajoy fue citado en la Audiencia Nacional para declarar como testigo por la trama Gürtel, mientras todos los medios abrían con la noticia, el Telediario de TVE rebajó la información hasta colocarla detrás del tramo de Internacional después de la convocatoria de elecciones de Reino Unido.

La cadena pública también suspendió un avance informativo previsto para el día de las primarias del PSOE al conocer que el vencedor era Pedro Sánchez. La cobertura de la imputación y posterior procesamiento del expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se confundía con los argumentarios del PP. 

Son solo algunos ejemplos de las 130 vulneraciones del código deontológico que recoge el Consejo de Informativos de TVE, un órgano profesional que vela por las buenas prácticas de la cadena, durante el último año en sus informes trimestrales. El panorama que describen es el de una tele rendida a los intereses partidistas de sus gestores nombrados directamente por el Gobierno. 

El Consejo de Informativos repasa en 400 páginas estas malas prácticas y analiza 35 casos de censura, 46 de manipulación y seis de propaganda. El comité profesional señala otras malas praxis como el “doble rasero” a la hora de tratar a los diferentes partidos, “la desinformación y la falta de pluralidad”.

Diferencias al informar del PP y de la oposición

La situación, según el diagnóstico de sus propios profesionales, supone una continuidad de los primeros cuatro años de Mariano Rajoy al frente del Gobierno, la legislatura 2011-2015 en la que el PP tenía mayoría absoluta.  

Los esfuerzos por “ocultar o minimizar” las desavenencias del Partido Popular con la Justicia se han repetido en los últimos meses, señalan los informes trimestrales del Consejo de Informativos.

El caso de la comparecencia de Rajoy en la Audiencia Nacional es paradigmático. La mayor parte de la prensa nacional abrió los informativos, boletines de radio y portadas de Internet con esa información. En el Telediario fue por detrás de la convocatoria de elecciones en Gran Bretaña. En el canal 24 Horas la cosa fue todavía peor: la noticia fue la séptima en importancia de ese día.

Por ese mismo caso de corrupción que fiscaliza la supuesta financiación irregular del Gobierno comparecían el pasado junio en la Audiencia Nacional los exdirigentes del PP Javier Arenas, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, y Jaime Mayor Oreja. En los informativos no apareció la noticia hasta el minuto 21, con unas noticias “descontextualizadas”, según determinó el Consejo de Informativos.

Similar tratamiento han recibido en el ente público otros escándalos que afectaron al Partido Popular. Las explicaciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a propósito de las presiones a los fiscales que instruyen esta causa también fueron relegadas en los telediarios. El Canal 24 horas cortó la emisión en directo de su comparecencia en el Congreso justo antes de que tomase la palabra la oposición.

La oposición ha sido censurada en numerosas ocasiones. Desde el Consejo de Informativos lamentan que se ignorasen las reacciones de la oposición ante la imputación del expresidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Tras la petición del juez Eloy Velasco de imputar a Sánchez, se excluyeron las declaraciones del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, del portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando y del secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique.

“Los tres estaban disponibles y hubiesen permitido facilitar el debate democrático, sobre la presunta implicación del presidente de Murcia [que acabó dimitiendo por sus escándalos judiciales] en el caso Púnica y sus consecuencias en la Región”, explica el informe.

Las primarias socialistas también han sido motivo de queja. El Consejo de Informativos revela que TVE tenía previsto programar un avance informativo especial después del telediario para dar cuenta de los resultados. Sin embargo, el avance se suprimió poco después de conocerse que el ganador de las primarias era Pedro Sánchez. “La dirección de Informativos de TVE decidió que no había razones para cortar la programación de la 1 y remitió a los espectadores al Canal 24 horas”. En su lugar, la 1 emitió un programa de Master Chef. “

Cuando Podemos presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy el programa nocturno La Noche 24h no invitó a ningún representante de la formación de Pablo Iglesias en toda la semana.

Los eufemismos: propaganda en vez de información 

El comité profesional también dedica tiempo a analizar los eufemismos utilizados en los Informativos. No es lo mismo llamar a Franco “caudillo”, término utilizado por la propaganda del régimen, que referirse a él como un dictador. A menudo las noticias recurren a la terminología del PP que llama “contabilidad extracontable” a la “caja B” o “contabilidad no oficial” para referirse a su financiación con dinero negro. La finalidad, para el Consejo, es convertir información en propaganda.

Otro ejemplo sucedió el Día de la Comunidad de Madrid, el pasado 2 de mayo, con Cristina Cifuentes. El rótulo de la información señalaba que la presidenta madrileña “reafirma su compromiso con la honestidad y marca distancias con la corrupción”. La noticia estaba plagada de mensajes valorativos, según el órgano profesional.

Falta de atención hacia colectivos vulnerables

A principios de año el programa de Las Mañanas programó una de sus entrevistas más polémicas. Decidió dar voz al violador de Pirámides que había salido en libertad tras 20 años en prisión por 35 violaciones. “Es extraordinario”, aplaudieron los tertulianos sus palabras: “salir dando la cara y pedir perdón”. Tan sólo un día antes se explicaba que en el vecindario “el sentimiento más extendido es de temor, de miedo a que vuelva a delinquir”.

Tras la denuncia de un periodista que alertó al Consejo de que la entrevista atentaba “absolutamente contra la integridad de todas sus víctimas”, se consultó con una experta en Comunicación y Violencia de Género. La conclusión: se había dado al violador audiencia y la oportunidad de ofrecer una imagen positiva y normalizada, en detrimento de las víctimas.

En el mismo programa meses más tarde, el entrevistado era “El Romeo de Murcia”, un chico que había empapelado la ciudad en busca de una joven que le había llamado la atención en el tranvía. Trataron como una historia romántica un caso que podría ser de acoso.

Después de saber que la chica se había negado a conocer al chico, la reportera insistió, entrometiéndose en la intimidad de ella: “Lo único que pretende es hacer la vida más alegre y feliz a las personas, no te cuesta nada tomar un café con él y conoceros”.  Según el informe del Consejo, la entrevista “presenta a la mujer como desvalida, incapaz de decidir por sí misma”.

Entrevista al violador de Pirámides: “Pido perdón a las víct

Las denuncias internas también se paran en el tratamiento que el servicio público ofrece a los colectivos minoritarios. Con motivo de la celebración del año nuevo chino, se emitió un reportaje sobre cómo había cambiado el madrileño barrio de Usera en los últimos años en el que no se preguntó a ninguna persona china. Asociaciones como SOS Racismo aseguraron que el tratamiento fue “xenófobo”, y el Defensor del Espectador afirmó que no debió emitirse por su contenido racista. 

Usera, el barrio al que muchos llaman Chinatown

Otro caso similar se produjo con la comunidad gitana. La Fundación Secretariado Gitano remitió una queja al Consejo de Informativos por que se destacase “la etnia gitana” de algunos de los implicados en una pieza sobre el desmantelamiento de una red de falsificación de billetes de euro. Especificar la etnia, dice en su escrito, “contribuye a consolidar estereotipos negativos y prejuicios que pesan desde hace mucho tiempo sobre la comunidad gitana”.

La omisión también supone una mala práctica

Son numerosos los acontecimientos relevantes que destacan el resto de medios de comunicación y que son relegados o que no aparecen en TVE. Algunos ejemplos aluden a episodios que dieron lugar a debates éticos en la sociedad.

La cadena pública silenció el suicidio grabado por José Antonio Arrabal, enfermo de ELA, y omitió la petición de Luis de Marcos, enfermo de esclerosis múltiple en estado terminal, para que le dejaran morir “con dignidad”. 

Tampoco han aparecido noticias sobre el informe de Unicef que decía que España era el tercer país de la UE con mayor pobreza infantil, ni los resultados de la autopsia de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, que indican que murió por una cirrosis, sin que la causa tuviera una relación directa con la presión mediática, como habían denunciado importantes dirigentes del PP a finales de 2016.

El “crecimiento paulatino” de las malas prácticas 

Los profesionales de la cadena sostienen que con la llegada del actual director de los servicios informativos de Televisión Española, José Antonio Álvarez Gundín, ha habido un “crecimiento paulatino” de estas malas prácticas.

“Antes estos informes internos no eran sistemáticos, ni siquiera con Somoano”, explica Alejandro Caballero a eldiario.es aludiendo a la etapa del anterior director, con quien el consejo fue también muy crítico. Julio Somoano fue destituido en 2014 tras la dimisión del presidente de RTVE que lo puso en el cargo, Leopoldo González-Echenique, nombrado a propuesta del PP. Quien fue hasta 2014 presidente de la Corporación defendió entonces que el modelo económico de RTVE no era viable y dimitió ante la negativa del Gobierno a inyectar 130 millones de euros.

En octubre de ese año, Álvarez Gundín, subdirector de Opinión de La Razón, tomó el mando de los servicios informativos de TVE. Caballero asegura que esta dirección es “claramente no independiente del Gobierno”. Algo que según él demuestra el tratamiento de la Operación Lezo: “Al principio hubo una cobertura muy buena, pero hay un día en el que desaparecen los testimonios de la oposición”.

El posicionamiento partidista de TVE emana de la forma en que se elige a su dirección. Con la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa se cambia el sistema de elección que exigía una mayoría de dos tercios de diputados en el Congreso de los Diputados para dejar los nombramientos en manos del Gobierno. El cambio de la ley, impulsado por el PP, devuelve el partidismo a la televisión pública, tras el período de premios y reconocimientos que el ente vivió antes bajo la presencia de Fran Llorente al frente de los informativos y de Luis Fernández en la presidencia de la empresa tras la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Después de todas las presiones recibidas, el Congreso se comprometió en junio a renovar la cúpula de RTVE a través de un concurso público a pesar de que su mandato todavía no ha finalizado. El nuevo juego de mayorías en la Cámara Baja, donde el PP se ha quedado en minoría, ha fijado septiembre como plazo para retomar la dinámica anterior y volver a la época de los consensos a la hora de nombrar a la dirección de TVE.

La mayoría política que sustenta el Gobierno municipal de Madrid pide ignorar los requerimientos de la Delegación del Gobierno a Manuela Carmena para que paralice 577 obras públicas en la capital. Tanto Ahora Madrid, el partido de gobierno, como el PSOE, que propició la investidura de Carmena pero ejerce de oposición, han criticado los planteamientos del Ejecutivo central, al que han acusado de pretender paralizar la capital.

“No hay razón ni motivo alguno para detener las actuaciones de mejora de la ciudad de Madrid”, ha señalado el concejal de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato. Tal y como adelanta este miércoles eldiario.es, Sánchez Mato ya ha mostrado su negativa oficialmente a la Delegación de Gobierno.

Ahora Madrid ha lanzado una campaña en redes sociales que, bajo el slogan #MadridNoSePara, pretende mostrar qué obras están en riesgo si se obedece a la Delegación del Gobierno.

El PSOE ha denunciado que el Gobierno de Mariano Rajoy no busca la estabilidad presupuestaria sino provocar recortes sociales. Erika Rodríguez, portavoz socialista de Economía y Hacienda en el Consistorio, ha señalado en un comunicado la “incoherencia” del Gobierno central al reclamar eficiencia en el gasto público y, al mismo tiempo, poner obstáculos para aprovechar los recursos: “¿Qué pretende el PP con estas maniobras? ¿La parálisis del Ayuntamiento de Madrid? ”.

El PSOE apunta que el “comportamiento en materia de estabilidad presupuestaria” del Ayuntamiento “es mejor” que el del propio Gobierno Central o la Comunidad de Madrid, gobernados ambos por el Partido Popular.

Entre esas obras hay labores de asfaltado de vías públicas, cuidado de parques, compra de autobuses, acondicionamiento de colegios, centros deportivos y residencias de mayores. Son “actuaciones prioritarias” para el Gobierno municipal: 577 proyectos que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha con el remanente del año anterior.

Entre junio y julio en el Pleno municipal se dio luz verde a destinar 320 millones, procedentes del superávit que el Ayuntamiento acumuló en el ejercicio del año anterior, para acometer pequeñas obras públicas. El 43% de estas ya han sido tramitadas, incluso algunas ya han finalizado.

Pero ahora la Delegación del Gobierno exige paralizar esos acuerdos y el Ministerio de Hacienda reclama al Ayuntamiento la inmovilización presupuestaria de 238 millones de euros.

“Son actuaciones prioritarias que en muchos casos han sido pedidas y exigidas por el propio Partido Popular en el Pleno”, el mismo que ahora plantea su anulación, asegura el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. Desde el Ayuntamiento insisten: “La actuación se ajusta a la normal legal, se financia no con los presupuestos de este año sino con el excedente del ejercicio anterior”, a pesar de que el Gobierno exige la paralización por incumplimiento de la regla de gasto.

Órdenes del Ministerio de Hacienda

La Delegación del Gobierno ha confirmado a eldiario.es que fue el Ministerio de Hacienda el organismo que solicitó el requerimiento de anular los acuerdos plenarios adoptados en los plenos de junio y julio. Lo hizo, “al entender el Ministerio que estaba infringiendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.

La decisión del Ayuntamiento de Madrid de continuar con sus proyectos será de nuevo remitida a el Ministerio de Hacienda, “encargado de determinar si se ajusta a la ley o no”, informan desde la Delegación.

El organismo que preside Concepción Daucasa asegura que no es la primera vez que se lleva a cabo un procedimiento similar con otros ayuntamientos, pero se niega a dar nombres y alega que “son procedimientos administrativos que no pueden ser públicos”. Tampoco confirma si este año además de al Ayuntamiento de Madrid se ha advertido a otras instituciones.

El grupo popular respalda la paralización

El grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid confirma su apoyo a la decisión del Ministerio de Hacienda de paralizar los proyectos, algunos de los cuales había solicitado el propio partido.

“Esto trasciende el tema político, ellos saben que están incumpliendo la ley”, aseguran fuentes del PP, “han hecho trampas con la legislación”. Insisten en que lo que debería de hacer el Ayuntamiento es invertir y piden a Manuela Carmena que “saque tarjeta roja y expulsión” a Sánchez Mato.

Las “viviendas intergeneracionales” que reducen el precio del alquiler para los jóvenes en función del tiempo que pasen ayudando a personas mayores llegarán a Madrid como iniciativa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). El organismo público ha presentado este modelo de vivienda para arrancar las obras y volver a dar vida al ecobarrio.

Situado en las antiguas colonias de infraviviendas San Francisco Javier y Nuestra Señora de los Ángeles ubicadas en Vallecas, el proyecto del ecobarrio, que ideó Alberto Ruiz-Gallardón cuando era alcalde de Madrid, sigue siendo a día de hoy un gran solar.

El concepto de “viviendas intergeneracionales” ya fue implantado en el 2008 en Alicante, ciudad pionera en España en la que existen 72 pisos de este estilo. Se basa en la convivencia entre personas mayores y jóvenes para mejorar las condiciones de vida de los primeros y hacer más fácil el acceso a la vivienda en los segundos.

Mediante el sistema de “banco de tiempo”, los jóvenes cuidarán de los mayores: conversarán con ellos, les acompañarán al médico, darán paseos o les prestarán ayuda con algunas labores del hogar. El objetivo, lograr la integración social. A cambio, a través de un “contrato social”, el coste de los alquileres de los más jóvenes se verá reducido en función de las horas que dediquen a los mayores.

La elección de los participantes corre a cargo de la empresa del Ayuntamiento, así como el seguimiento constante para asegurar que se cumple el contrato social que firman, junto con personal de los servicios sociales. El edificio contará con una biblioteca, un gimnasio, una cafetería, una lavandería y espacios multiusos y jardines, para los residentes y también para el disfrute de los vecinos del barrio.

El proyecto, tal y como explica Carmen Blázquez, de la EMVS, sale ahora a concurso para que los arquitectos puedan presentar sus propuestas y para que después se elija a la empresa que vaya a ejecutar la obra. Todo ello llevará a que, previsiblemente, el próximo verano comiencen las labores de construcción.

¿Qué fue del ecobarrio?, el “ecofiasco” de Gallardón

Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde de Madrid ideó el “ecobarrio”. Un proyecto que pretendía construir 2.069 viviendas protegidas y ecológicas en el distrito Puente de Vallecas.

La construcción de la totalidad de los pisos no llegó a finalizar nunca. Pero sí se edificó una central termoeléctrica, como corazón de este barrio ecológico y con el objetivo de que generase agua caliente para todos los vecinos que prescindirían de calderas en sus casas. El coste fue de 11 millones de euros, asumido en su totalidad por el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009.

También se creó un sistema de recogida neumática de basuras: un entramado subterráneo que permite trasladar los residuos desde las viviendas hasta un contenedor central que después sería transportado a Valdemingómez (Rivas-Vaciamadrid), donde se encuentra el vertedero que trata todos los residuos urbanos procedentes de Madrid, para transformar los residuos en biogás.

La idea era acabar con los planes en 2014, pero se paralizaron por la deuda del Ayuntamiento de la capital, que alcanzaba los 7.000 millones de euros. Se planteó entonces la posibilidad de subastar las parcelas a entidades privadas para que siguieran con su desarrollo.

En 2016, con Manuela Carmena al frente del Gobierno regional, se anunció que se invertirían 100 millones de euros para la construcción de 1.150 casas que aún no se han puesto en marcha. Sin embargo, este año se han diferenciado 13 promociones a construir en el ecobarrio, según informa Carmen Blázquez: “Cada una tendrá un proyecto y un proceso particular”. Algunos de ellos darán comienzos en breve.

Encontrar los datos exactos sobre el número de víctimas de accidentes de quad, como el que causó la muerte al motociclista Ángel Nieto, resulta imposible. La Dirección General de Tráfico no lleva la cuenta, porque, según explican desde el organismo público, el vehículo conocido como quad puede ser una motocicleta o un cuadriciclo ligero, dependiendo de la potencia, y además, la mayoría de estos accidentes ocurren en fincas privadas o en el campo, no en la vía pública, por lo que llevar una contabilización es muy complicado.

Por el mismo motivo tampoco la DGT tiene un registro de los quads que circulan hoy en día, “entran en la categoría de 'otros vehículos'” explican, lo que hace difícil obtener la cifra exacta. Sin embargo, Anesdor, la Asociación Nacional de empresas del sector de las dos ruedas, sí ofrece datos sobre el mercado de los quads.

En 2008 fue el 'boom' de ventas en nuestro país, alcanzando los 8.000 quads. Desde entonces el mercado ha ido decayendo, y durante este año, Anesdor ha registrado 1.113, más de un 85% menos desde que comenzó la crisis.

A pesar de la imposibilidad de encontrar datos concretos sobre los accidentes, sólo es necesaria una breve búsqueda para percatarse de que durante el pasado julio 3 personas fallecieron a causa de un accidente de este tipo de vehículos. En Aranda del Duero, un hombre de 38 años se estampó contra una farola. En Ourense, una chica de 17 perdía la vía mientras montaba en quad, y aunque está por determinar, la causa pudo haber sido el vuelco del vehículo. En Oviedo, otro menor (con sólo 13 años) moría al engancharse la toalla que llevaba al cuello mientras conducía el quad.

Los quads “no son un juguete”

Lo que sí se sabe seguro sobre los quad es que son peligrosos para gente sin experiencia, según cuenta a eldiario.es Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Advierten de que “no son un juguete”, requieren de una habilidad de conducción.

Pesan desde 45 kilos hasta 275. Llegan a alcanzar velocidades superiores a 100 km/h, aunque la velocidad máxima permitida son los 45 km/h, y su principal característica son las 3 o 4 ruedas (siendo estos últimos los más comercializados hoy en día) que generan una gran inestabilidad: “el centro de gravedad está en un punto distinto al de una moto” explica Arnaldo. 

Tienen una manera de conducción diferente, “en las curvas el movimiento ha de ser contraintuitivo, contrario al de la curva”. Esto, puede llevar a “levantarse y quedar sobre dos ruedas, y lo que es peor, volcar si la velocidad es excesiva o el giro del manillar demasiado brusco”, avisan en una especie de decálogo elaborado por la DGT sobre el uso de los quads. Además, al tener asientos de gran tamaño, durante la aceleración y el frenado se producen fuertes desplazamientos del cuerpo.

El presidente de la asociación de automovilistas explica que en otros países como Bélgica además del casco, las botas y pantalones de seguridad son obligatorios para conducir este tipo de vehículos. En España es tan sólo una recomendación: “contar con protectores para las piernas y brazos, que impidan las rozaduras en caso de caída” informan en la DGT. Conducir con chanclas, tampoco está prohibido.

Los accidentados: hombres con lesiones en el cráneo

Aproximadamente, el 75% de los accidentes ocurren en verano y en el ámbito rural, donde el pavimento no es uniforme. Las cifras, referentes a un estudio sobre el “Patrón lesional por accidentes de quad” elaborado por médicos del Hospital 12 de Octubre, ponen a los hombres de entre 21 y 32 años entre las principales víctimas.

Los datos recogidos pertenecen al año 2008, cuando los quads estaban en auge y el vehículo se usaba principalmente como diversión. Muestran que las lesiones más frecuentes se producen en el cráneo y la cara, a pesar de que el casco es obligatorio desde el año 2006.

El pasado 24 mayo, durante el Pleno no jurisdiccional de la sala segunda del Tribunal Supremo, se evidenciaba una realidad que lleva tiempo denunciando el personal de los juzgados: algunos de los sistemas de grabación utilizados durante los juicios fallan, obligando a anular la sentencia y repetir en muchos casos el proceso, que en ocasiones han durado incluso varios días. “El actual sistema de grabación de los juicios orales es altamente insatisfactorio ”, concluían.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal acometida en 2015, establecía que “las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse”. Este cambio legal fue consecuencia del afán del Ministerio de Justicia por digitalizar los procesos. Por ello, los juicios no se pueden transcribir, y si fallan las grabaciones no hay otra manera de recrear por ejemplo, los testimonios.

Cuando eso ocurre, la sentencia puede ser cancelada. Ese es precisamente el caso de un juicio por abuso sexual que ha sido anulado por el Tribunal Supremo al no haberse grabado correctamente las sesiones de la vista. El juicio por el que se condenó a un hombre a nueve años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales a un menor tendrá que repetirse, ahora con un tribunal diferente.

Lo que no se escuchaba era la declaración de la víctima ni la ratificación de los dos peritos que intervinieron en el juicio. La sentencia basaba su condena en estas pruebas. El abogado del acusado alegaba indefensión.

En Twitter, hace unos días un letrado denunciaba lo que su amiga jueza le había contado. En esta ocasión, un juicio en el que participaron 24 personas, que había durado dos días, y en el que el acusado estaba en prisión provisional, sólo se había registrado durante los 10 primeros minutos. ¿El desenlace?, el acusado volvía a estar libre en la calle a la espera de la celebración de un nuevo juicio.

La solución, explica Ignacio González como portavoz de Jueces para la Democracia, “está en dotar a los órganos judiciales de medios audiovisuales adecuados, equipos técnicos que funcionen bien para evitar nulidades”. “Cuando el vídeo no funciona yo no celebro juicios. No voy a celebrar un juicio para que se suspenda”, cuenta González. Pero hay momentos en los que esto no se puede predecir, y no es hasta el final que el juez se da cuenta de que la grabación sólo ha durado cinco minutos.

Ignacio insiste: “Yo creo que no es generalizado”. Sin embargo, reconoce el portavoz de JpD, cuando esto ocurre genera bastantes incomodidades y enfado. Enfados y protestas entre la personas implicadas en un juicio que se tiene que repetir, algo que dependiendo de la carga de trabajo que tenga el juzgado puede llegar a dilatarse un par de meses o incluso años.

También los costes se duplican. Pero quizás la peor parte se la lleven el acusado y la víctima: para el primero, “en el caso de estar absuelto tiene que volver a pasar todo el proceso, y si fuese condenado puede tener otra esperanza”, cuenta el juez; para la víctima, “tiene que volver a pasar el mal trago de declarar”.

Algo con lo que coincide el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez: “Los principales damnificados son los ciudadanos: las víctimas y los acusados, con los perjuicios y los costes personales que supone la repetición de un nuevo juicio”. Además, el magistrado repara en el hecho de que las partes en la nueva reproducción del juicio pueden modificar su actitud y sus versiones, “pueden llegar a crear una grave distorsión de manera interesada, porque ya saben lo que el jurado dijo a su anterior testimonio”.

“Las grabaciones de los juicios son imprescindibles y lo que encontramos en la práctica diaria son grabaciones de escasa calidad”, apunta Rodríguez que asegura que es algo que “nos pasa a todos”.

La solución para el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, de nuevo, se encuentra en “solicitar mejoras en la calidad de los medios audiovisuales”. Pero Rodríguez se confiesa: “La realidad no nos permite ser optimistas”, respecto a la escasez de medios que sufre la Administración de Justicia.

El empresario Arturo Fernández puede perder su casa si sigue sin hacer frente a los préstamos por valor de 1,6 millones de euros que le concedió Avalmadrid: la vivienda de San Sebastián de los Reyes es la garantía de los préstamos

Avalmadrid, entidad para Pymes y autónomos adscrita a la Comunidad de Madrid, fue el organismo del que se benefició Fernández, entonces presidente de la Cámara de Comercio y de la patronal madrileña.

Al no haber cumplido con los plazos, la Comunidad ha reclamado la vivienda que posee en San Sebastián de los Reyes, cuyas dos hipotecas dejó como garantía.

A consecuencia de ello, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha organizado, junto con la Asamblea de Viviendas madrileñas y la Coordinadora de la Vivienda, una campaña este jueves: “La Coordinadora de Vivienda de Madrid se moviliza para parar el desahucio de #ArturoSeQueda, conocido por sus siestas en el sofá del Pequeño Nicolás, la condena por la corrupción de las Tarjetas Black. Y ahora, Cristina Cifuentes quiere quitarle la casa”.

La Comunidad, de la que depende Avalmadrid, está reclamando la deuda a Fernández. “El préstamo de Avalmadrid ya ha supuesto 900.000€ de pago de dinero público a los bancos”, explica la PAH: “Sabemos que Arturo ha vivido por encima de sus posibilidades, incluso ha vivido a costa de las nuestras, a costa de nuestros impuestos, de nuestros salarios de mierda, de nuestras vidas, pero no nos importa. ¡Este desahucio lo vamos a parar!”

Con esta acción la PAH “cierra el curso” durante el verano. Tras haberse presenciado en el piso del empresario, acuden en comandilla al número 3 de la Calle Jorge Juan, donde AvalMadrid tiene su sede. Aquí se disponen a recrear un desahucio: no faltan los carteles y chalecos que utilizan para cada protesta, las camisetas reivindicativas, los “no nos moverán”, y hasta un supuesto Samur y comisión judicial.

Hoy, entre los cánticos de protesta se suceden las risas que se convierten en carcajadas cuando pasa una furgoneta de Samur Social de verdad. Pero la realidad es que los que hoy se concentran son personas que forman parte de estas asociaciones casi de manera forzosa. “Todos los que están aquí son okupas, han pasado o están pasando por procesos de desahucio”, explica Mercedes Revuelta, portavoz de la plataforma.

Reparten octavillas informativas entre los viandantes y les explican que “muchos niños se quedan en la calle sin que a nadie le importe”. “Hemos sufrido y resistido a una presión brutal”, cuenta la PAH, pero confirman que seguirán a partir de septiembre tratando de impedir que más familias se queden en la calle. Porque “sí se puede”, gritan.

Bajo el lema “Fiestas libres de violencias machistas”, el gobierno de Ahora Madrid inicia una campaña destinada a las mujeres que acudan a las fiestas de verano de los diferentes barrios madrileños.

La delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, ha presentado la campaña este martes con el eslogan que ya es común en proyectos similares llevados a cabo en otras ciudades: “No es no”. Así, se ha puesto en marcha la web noesno.madrid.es en la que se facilitan teléfonos de organizaciones especializadas en atención a víctimas e información para atender las posibles agresiones que puedan darse durante las fiestas este verano. Además: pegatinas, chapas y servilletas para informar, y puntos violetas para ayudar a las víctimas.

Con el balance de ocho denuncias por agresiones sexuales, tres de ellas por violaciones, durante los Sanfermines, Mayer ha señalado la importancia de atajar en las fiestas de los barrios de Madrid “las agresiones que son más recurrentes e invisibles como lo son las agresiones verbales y los tocamientos indeseados”.

Celia Mayer ha querido resaltar también la necesidad de trabajar en las “comunidades” y con la gente de los distritos para que, junto con el apoyo institucional, se diga “alto y claro que no lo vamos a consentir”, y se creen así “espacios de convivencia que excluyan la violencia sexual”. Una idea en la que incidía Nacho Murgui, delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, durante su intervención: “Es importantísimo que a la hora de erradicar la violencia machista contemos con toda la comunidad”.

Formación para los voluntarios de los “puntos violetas”

Junto con las labores de sensibilización e información, que irán acompañadas de la habilitación de un teléfono específico, el 628186076, que funcionará de diez de la noche a siete de la mañana, y la distribución de pegatinas, chapas y servilletas que rezan “No es no. Cuando sea, como sea, donde sea. Madrid libre de violencias machistas”, el Ayuntamiento plantea ofrecer cursos de formación para que voluntarios y voluntarias aprendan a prevenir y atender las agresiones sexuales en las fiestas.

Estos cursos tendrán una duración de 4 horas y su objetivo es dar a conocer el qué es la violencia machista, qué tipos hay y qué se debe hacer en caso de sufrirla, para que los propios vecinos voluntarios puedan “acompañar” y ayudar a las víctimas desde los puntos violetas.

Como ha señalado María Naredo, directora general de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género, los “puntos violetas” ya existen y funcionan en diferentes distritos, pero ahora, con esta campaña se ha querido apostar por la “cualificación de estos puntos” desde el área de Políticas de Género y Diversidad del gobierno, a fin de recoger, apoyar y formalizar las iniciativas ya impulsadas por los vecinos.

Una campaña centrada en jóvenes y adolescentes

Para llegar a las más jóvenes, la campaña contará con una fuerte presencia en las redes sociales con la distribución de unos 10 o 12 vídeos que se irán subiendo semanalmente.

En ellos han participado diferentes personajes del mundo de la cultura que no han dudado en sumarse a la iniciativa: actrices y actores como Javier Pereira o Natalia Rodríguez, periodistas como Quique Peinado y Marta Flich, y grupos de música entre los que están Vetusta Morla y las Hinds. Una manera, ha explicado Mayer, de llegar de forma directa y cercana a los más jóvenes y hacer saber a las mujeres que no están solas.

La dirección general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid ha rechazado la proposición, formulada por una veintena de organizaciones nacionales e internacionales, de declarar un edificio del madrileño barrio de Vallecas que fue fotografiado por Robert Capa como Bien de Interés Patrimonial.

Era otoño de 1936 y el fotoperiodista Robert Capa retrataba el devastador paso de la aviación alemana durante la Guerra Civil Española por el combativo barrio de Vallecas, en Madrid. Lo hacía desde el bando republicano, logrando que la imagen en la que unos niños juegan sentados frente a un edificio del distrito en la calle Peironcely, 10, acribillado por las balas diese la vuelta al mundo y sirviese, junto con otras muchas fotografías, para que la situación por la que pasaba España se conociese a nivel internacional.

Ahora, agrupados en la plataforma #Salvapeironcely10, asociaciones del barrio, aún combativo, y diferentes organizaciones de España, Francia, Alemania y Estados Unidos, encabezadas por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL (AGFITEL) y arropadas por personajes de la cultura como Almudena Grandes o Ismael Serrano piden proteger el edificio. El inmueble es uno de los más significativos de los reportajeados por Capa, ya que junto a él aparecían por primera vez unos niños de una gran ciudad como víctimas de una guerra. Un acto propagandístico que conmovió al mundo entero.

Pero no solo han lanzado esta petición para salvaguardar la memoria histórica, sino también con el objetivo de realojar en viviendas dignas a las 14 familias que habitan el edificio en condiciones de insalubridad y riesgo de exclusión social.

Para el aspecto cultural, el conjunto de las 20 asociaciones ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que se incluya dentro del Catálogo de Bienes y Espacios protegidos con el nivel 2 de protección, y a la Comunidad de Madrid que se declare el edificio como Bien de Interés Patrimonial.

“El Peironcely 10 nos habla de los orígenes de la vivienda de protección oficial y del concepto que se tenía del hogar obrero, de una arquitectura de dimensiones humanas”, recalcan desde AGFITEL para apoyar la protección del inmueble.

Tras presentar la iniciativa el pasado miércoles día 5 ante el pleno de la Junta Municipal del distrito Puente de Vallecas, donde se aprobó declarar la vivienda como Patrimonio protegido de la capital con los votos a favor de PSOE, PP y Ahora Madrid, y la abstención de Ciudadanos, el día 6 se reunieron con la directora general de Patrimonio Cultural en la Comunidad de Madrid, Paloma Sobrini. La respuesta fue negativa.

El Peironcely 10 no será declarado Bien de Interés Patrimonial al tratarse de una “infravivienda” que “incumple todos los parámetros de habitabilidad”, según fuentes de la Consejería de Cultura.

Órdenes de desahucio y viviendas con humedad

Mikaela vive en el edificio desde hace tres años. Su casera es diferente a la de las otras 13 viviendas, y sus condiciones, parece, son un poco mejores. Aún así, cuenta que el edificio alberga una gran cantidad de ratas y cucarachas, pero sobre todo humedad: “Los niños se ponen enfermos continuamente”. Tras reconocer que “es un honor vivir en un edificio con tanta historia como este”, señala que tienen que mirar por ellos mismos. “Todos somos gente con pocos recursos y lo que más miedo nos da es la incertidumbre de no saber si nos van a dejar en la calle”, explica la vecina a eldiario.es.

Y eso es lo que ha ocurrido ya con dos familias: la primera, una joven que tuvo que abandonar una de las viviendas al recibir la orden de desahucio con su hija recién nacida en brazos. La segunda familia, con tres niñas pequeñas, espera tener una solución antes del día 26, cuando están obligados a dejar la casa por impago.

“El propietario pide un aval mínimo, firmamos un convenio por el que cuando dejamos de pagar tenemos que marcharnos rápido”, cuenta el padre, que asegura que la “falta de espacio vital y de seguridad” causa estragos físicos y mentales. “Las paredes no están aisladas y mis hijas enferman de neumonía y bronquitis durante todo el año”, explica la madre, haciendo hincapié en que la Consejería de Sanidad ha declarado el lugar como una “infravivienda” que no reúne las condiciones dignas.

Sonia, otra de las vecinas que lleva cinco años en el edificio, valora la iniciativa de protegerlo como “algo bonito para el barrio y con lo nosotros saldríamos ganando con una vivienda digna”. Su marido se acaba de quedar en paro y su familia puede ser la próxima desahuciada.

José María Uría, el responsable de la campaña #SalvaPeironcely10, se conoce ya todas las historias y “parece uno más de la familia” encabezando su lucha. Cuenta que, “ahora que la sociedad se ha hecho eco”, la Parroquia de San Carlos Borromeo, también conocida como la del “cura rojo”, se va a hacer cargo del seguimiento del proceso por el que vayan pasando estas familias, es decir, del aspecto social del proyecto.

Los vecinos del distrito madrileño de Retiro no sabían que cuando en el año 2010 se cerraron las instalaciones del Centro Deportivo M86 para aumentar la capacidad e impulsar el centro, una parte de él no volvería a abrirse más. O por lo menos hasta el momento.

Han pasado ya siete años desde el primer verano en el que las piscinas al aire libre del complejo deportivo dejaron de estar abiertas al público. Algo, que lleva tiempo denunciando María Reyes Maroto, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, junto con los partidos que conforman también la oposición, Ciudadanos y Podemos.

Hace seis meses consiguieron aprobar una iniciativa para instar al Gobierno a realizar las gestiones necesarias para reabrir las piscinas descubiertas. Sin embargo, no ha sido hasta este mes en el que a través de una enmienda en los presupuestos, se ha acordado destinar 250.000 euros en el proyecto, un dinero que no llega a tiempo para que los vecinos puedan sofocar el calor en la única piscina pública del distrito.

Al principio, la Comunidad de Madrid echaba balones fuera y animaba al Ayuntamiento a gestionar él mismo el problema, según cuenta María Reyes. Pero las instalaciones son propiedad de la Comunidad de Madrid, siendo por lo tanto la única responsable. Ahora, se escudan en que no son piscinas de uso lúdico, aunque en la Comisión de Educación y Deporte del pasado miércoles en la Asamblea de Madrid, los portavoces del gobierno confirmaron que las piscinas estarían arregladas para fin de año.

Los vecinos que desconocen los motivos del cierre, acuden a las fuentes del barrio a refrescarse, según denuncia María Reyes, que no cesa en su insistencia porque se acondicionen las duchas, la pradera y alguno de los vasos menos deteriorados con una inversión mínima para que en estos meses de mucho calor, aunque las piscinas no funcionen a pleno rendimiento, los vecinos tengan un lugar público al que poder ir “y estar en bañador, mojándose” cuenta Reyes.

En el barrio, los vecinos recuerdan que las instalaciones situadas en una zona privilegiada en el distrito del Retiro “eran estupendas: con mucha sombra, buena seguridad, y toboganes para los niños que no paraban quietos”. La Elipa, Pavones, Parque Sindical, son algunos de los lugares a los que se tienen que desplazar para ir a una piscina pública, o “pagar por una privada”, se quejan.

Gestión

Después de las reformas acometidas en 2010, parte de la gestión del centro pasó a ser responsabilidad de la Federación Madrileña de Natación que junto con la Federación Española de Natación y el Centro de Medicina Deportiva de la Comunidad de Madrid establecen su sede en el recinto.

Las cuentas, desde entonces son opacas, según denuncian desde la oposición. “Realmente no se sabe cuánto personal es de la Comunidad de Madrid y cuánto de la Federación”, ni qué tipo de convenio existe, asegura Reyes Maroto.

Por ello, piden transparencia en la administración, “que se paguen a la Comunidad por los servicios” ya que la Federación de Natación se está “apropiando” de una infraestructura de 30.000 m² que recibe más de un millón de usuarios.

La primera Asamblea Activista organizada por Izquierda Unida coincidirá con la segunda edición del Precarifest, eventos que se celebrarán el próximo 15 de julio en las instalaciones del Matadero Madrid y Madrid Río.

La iniciativa de Izquierda Unida de organizar una Asamblea de Activistas, durará desde las 11:00 de la mañana hasta media tarde, y la segunda edición del Precarifest, un festival que une la música en directo y la política empezará a partir de las 19:30. En total, todo un día de actividades en el que se espera recibir a gente de toda España. Por el momento, hay unas 150 personas inscritas en lo que a la Asamblea se refiere.

La entrada para ambos actos es libre y gratuita, y no es necesario ser militante del partido para acudir, tan solo ser un “ciudadano convencido de que se debe organizar para hacer frente a los conflictos”, animan desde la sede de Izquierda Unida.

El principal objetivo de la novedad: la Primera Asamblea Activista, es que la gente pueda “intercambiar experiencias y aprender de todos los participantes para acabar estando mucho mejor organizados”, ha explicado Alberto Garzón en rueda de prensa. En definitiva, organización entre activistas de diferentes entornos: juventud, educación, feminismo, apoyo en los barrios; y lucha frente a los conflictos que se plantean.

Convencidos de que la política se hace desde los barrios, centros de trabajo y centros de estudio como espacios de poder, lugares en los que la ciudadanía se empodera, desde Izquierda Unida buscan conseguir ser un movimiento político social más horizontal y con menos forma de partido clásico. Algo que esperan arrancar con esta primera edición de la Asamblea que confían poder repetir el próximo año.

Además, como contó ante la prensa Cristina González, activista de IU, desean que las redes que se crearán en este acontecimiento público puedan “permanecer y continuar organizadas en el tiempo”.

Por su parte, el cartel del Precarifest contará en esta segunda edición con los ritmos reggaes de Asian Dub Foundation Soundsystem, los catalanes de Strombers y el grupo Starr Pauline and the big kahunas.

Conciertos en directo y comida a precios populares contra la precariedad, bajo el lema, otro año más, “que no nos jodan la vida”. Un evento que busca de nuevo la movilización ciudadana y la organización de la  sociedad contra este problema y seguir ayudando a quienes lo sufren.