Al igual que ocurrió en otros países del sur de Europa durante la crisis, muchos portugueses se vieron obligados a hacer las maletas y buscar trabajo en el extranjero. Ahora los reclaman de vuelta. Tras el rescate de 2012 que obligó al país a pedir un rescate internacional de 78.000 millones de euros, Portugal se ha recuperado de la crisis económica con una tasa de paro del 10% al finalizar junio.

Con este panorama, la Asociación Empresarial de Portugal decidió lanzar hace unos meses un plan de fomento del apoyo financiero a los emigrados durante la crisis al que ha decidido sumarse el Gobierno. En su mayoría, jóvenes cualificados que se aventuraron a buscar fortuna en otros países para esquivar las altas tasas de paro y falta de oportunidades laborales durante los años de crisis. Se llama Empreender 2020 y ya cuenta con 1.500 interesados.

Tras la llegada a finales de 2015 del socialista Antònio Costa al gobierno, la política económica portuguesa actuó a la inversa de lo que estaban haciendo los demás países europeos tras la crisis, con una modulación de la austeridad y más fomento de la demanda interna. Creían que si el gobierno gastaba más, la economía se reactivaría, aumentaría la recaudación de impuestos y, como resultado, el déficit fiscal caería. El Banco de Portugal estima que para 2019, el desempleo habrá bajado al 7% y las exportaciones subirán un 6%. La inversión extranjera directa alcanzó en 2016 los 900 millones de euros, lo que ha atraído a grandes empresas internacionales a instalarse en territorio luso y demanda personal cualificado.

Paulo Nunes de Almeida, presidente de la patronal impulsora, aseguró en declaraciones a la prensa local que no esperan un regreso masivo de emigrados, lo que saturaría el mercado por un exceso de demanda, pero sí cree que generará a largo plazo un afianzamiento de las nuevas generaciones gracias a políticas favorecedoras tanto para asalariados como para emprendedores.

El presidente de la fundación explicó a la prensa lusa que “cualquier joven que resida en el extranjero y quiera constituir una empresa en Portugal en el sector de la alta innovación y conocimiento recibirá apoyo y también recibirán información sobre parques industriales, nidos de empresas, incubadoras, beneficios fiscales y apoyos a la contratación”.

Según un estudio de la Asociación presentado en mayo en Oporto en colaboración con la Universidad de Coimbra, el 70% de los jóvenes cualificados portugueses que han emigrado quieren regresar al país, principalmente por ‘morriña’ hacia familiares y amigos y deseo de echar raíces y emprender en su lugar de origen. Solo el 30% dice ver inestabilidad y falta de oportunidades.

Según este mismo estudio, el perfil de emigrados es de un 59,9% con contrato indefinido, 20,6% temporal, 7,2% estudiantes, 5,8% son trabajadores por cuenta propia, 2,8% empresarios y solo un 1,3% están en paro. En cuanto a la cualificación académica de los emigrados, el 38,1% tienen máster, el 31,1% una licenciatura, un 15,1% doctorado, 9,6% bachillerato y el 6,1% solo educación secundaria.

Pasaporte de vuelta manchego

En España, Castilla-La Mancha pretende hacer algo similar. El Consejo de Gobierno en colaboración con la presidencia autonómica ha lanzado el Programa de Retorno de Talento Juvenil, con tres líneas de ayudas económicas enfocadas a los manchegos emigrados: la primera se enfoca a empresas, con ayudas de 10.000 euros, ampliables a 5.000 más para proyectos de I+D+i, para fomentar la contratación de menores de 35 años. La segunda pretende ayudar al emprendimiento de jóvenes, con hasta 6.000 euros y la tercera, el pasaporte de vuelta, unos 3.000 euros para subsanar los gastos del retorno. Para 2017, el presupuesto general es de 335.000 euros.

Desde el inicio de la crisis, la región ha perdido 33.000 jóvenes, según la Consejería de Economía, y en 2013, peor año en cifras de salida, Castilla perdió a 5.197 manchegos con edades comprendidas entre los 16 y 30 años.

Los requisitos para solicitar las ayudas son haber residido o trabajado en el extranjero al menos seis meses en los últimos doce y haber nacido o estar empadronado en Castilla-La Mancha.

El decreto aprobado en el Consejo de Gobierno se publicó el pasado 26 de septiembre y hasta el 15 de diciembre los interesados podrán solicitar su participación a través de una página web, plataforma para facilitar el contacto directo entre las empresas y los jóvenes emigrados.

“Yo estuve haciendo prácticas en publicidad para una pequeña firma. La plantilla está exclusivamente formada por becarios que no cobran. El jefe se dedicaba a despedir a becarios continuamente, el que no le gustaba lo despedía del tirón. A mí me hicieron hablar con proveedores, que eso no está para nada dentro de mi trabajo. Si el pedido estaba mal hecho, la bronca me la comía yo, cuando a mí nadie me explicó cómo hacer un pedido”, cuenta una estudiante en prácticas.

Las becas de formación comprenden prácticas destinadas al refuerzo académico del estudiante y nunca un refuerzo de la productividad de la empresa contratante. Lo mismo se aplica para los derechos de propiedad intelectual en las universidades: Trabajos de fin de grado (TFGs), proyectos de colaboración y trabajos académicos en general son parte del proceso de formación y no deberían ser propiedad de las universidades o empresas para su beneficio.

“El rasgo diferencial de la beca como percepción es su finalidad primaria de facilitar el estudio y la formación del becario y no la de apropiarse de los resultados o frutos de su esfuerzo o estudio, obteniendo de ellas una utilidad en beneficio propio”, explica Eduardo Rojo, catedrático de Derecho Laboral y Seguridad Social.

“En tal caso, los tribunales han afirmado la existencia de una relación laboral aunque formalmente se tratara de un convenio o beca de prácticas”, añade Rojo sobre previas denuncias ante tribunales laborales.

Según el informe The experience of traineeships in the EU, de la Comisión Europea, el 61% de los estudiantes en prácticas en España no recibe ninguna retribución por sus horas.

“Me hizo escribir en una nota de prensa que la empresa llevaba abierta nueve meses, pero realmente era mentira. En el sótano en el que trabajábamos, había unidades con el logo detrás que ponía otro nombre. La marca, por lo visto, antes se llamaba de esta otra forma y ahora cambió a su nombre actual, con lo cual la empresa llevaba mucho más de nueve meses, simplemente hace nueve meses cambió el nombre”, explica la alumna.

“Yo tenía que hacer los vinilos (pegatinas que se pegan en los escaparates) y a mí luego me llamaban a las cinco de la tarde, cuando ya no era mi horario de prácticas, porque no entendían cómo imprimirlo y tenía que estar yo saliéndome de clase para explicárselo a esta persona”.

“Llegó un punto en el que yo ya no podía más, tenía un estrés alucinante, ni siquiera podía centrarme en hacer bien las cosas de la universidad y decidí dejarlas. Cuando decidí dejarlas, este hombre no me quería dar los papeles. Tuve que hacerle una especie de encerrona delante de otra chica de prácticas porque cuando yo estaba a solas con él, no me daba los papeles”, concluye.

Son muchos los estudiantes que en una búsqueda desesperada de prácticas de formación para convalidar con su centro de formación, acceden a condiciones poco éticas y que en la mayoría de los casos infringen la ley: más horas de las establecidas por el convenio, realización de tareas que no pertenecen a su ámbito de formación y en algunos casos, incluso, ausencia de documentación para el convenio.

“Trabajaba ocho o nueve horas al día mínimo, además de la universidad, y a veces me tenía que quedar hasta altas horas de la noche para acabar alguna cosa. Hacía tareas muy variadas, lo que tocase en ese momento. Mi jefe pospuso firmar el contrato de convenio con la universidad durante los seis meses que estuve trabajando allí y nunca llegó a firmarlo, así que es como si no contase para nada”, explica otra alumna sobre sus prácticas en una pequeña empresa.

Una persona con una titulación que va a realizar las tareas normales de un empleado debe ser contratada. Una persona en prácticas y con un convenio con su centro de estudios debe ser exclusivamente formada. El incumplimiento de las condiciones de ambos tipos de beca puede y debe ser denunciada ante la Inspección de Trabajo.

“El becario no cuenta con una normativa específica que regule la figura, así que han sido los tribunales los que se han tenido que encargar de establecer la distinción entre estos y los trabajadores ordinarios”, explica Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados, especializada en derecho laboral.

En el caso de personas con una titulación y con contratos de becario que favorecen su inserción laboral, el Real Decreto 1493/2011, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación llama a la obligatoriedad de la empresa a dar de alta en la Seguridad Social al becario y a su derecho a la cotización por las prácticas.

Colaboración con la universidad

Las becas de colaboración con departamentos de las universidades son programas para la inclusión de los alumnos en proyectos de investigación, en la que deberán desarrollar un proyecto que versará sobre alguna de las materias troncales. Las bases del régimen de convocatoria establecen una colaboración mínima de 450 horas, pero no estipula un máximo. La retribución es de 2.000 euros en total, 4,4 euros por hora.

“Este tipo de becas lo que hacen es favorecer la precariedad laboral desde la universidad, cuando deberían fomentar el estudio y la investigación de los jóvenes universitarios a partir de ayudas más justas y ecuánimes en función del número de horas y el trabajo”, según un alumno de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. “La problemática de esto es evidente, ya que ese número de horas resta tiempo de estudio personal y se cuantifican con un importe vergonzoso”.

La precariedad ataca también a las becas que ofertan las universidades para la prestación de servicios a la comunidad universitaria. Tanto los sueldos netos de los becarios como la oferta de plazas han sufrido reducciones en los últimos años. En el curso 2014/2015 se empezó a aplicar la reducción del IRPF por primera vez, lo que restaba en torno a los 100 euros.

La oferta de plazas pasó de catorce a solamente cuatro por curso. Solían ser unas 160 horas por 1.200 euros y ahora son 360 por 1.750 euros. “Parece genial porque dan más dinero, pero si se mira a cuánto sale la hora acaban de crear un sistema de explotación increíble”, cuenta una becada de la Universidad Politécnica. “En mi escuela se ofrecían becas llevaderas, por así decirlo. Las cuatro de este año digamos que son tochas, sitios en los que hay mucho trabajo y estrés”.

¿A quién pertenece mi TFG?

Según el Real Decreto 1791/2010 por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, el estudiante tiene derecho “al reconocimiento de la autoría de los trabajos elaborados durante sus estudios y a la protección de la propiedad intelectual de los mismos”. Establece también que “la publicación o reproducción total o parcial de los trabajos a que se refiere el párrafo anterior o la utilización para cualquier otra finalidad distinta de la estrictamente académica, requerirá la autorización expresa del autor o autores, de acuerdo con la legislación de propiedad intelectual”.

Cada universidad cuenta con acuerdos internos de términos y condiciones relacionados con el Trabajo de Fin de Grado. Actualmente no existe una normativa específica, aunque según la mayoría de los acuerdos firmados entre alumno y universidad, al no ceder el alumno los derechos, todo el material del proyecto le pertenece íntegramente. De hecho, el autor o autores del TFG pueden denegar permiso de depósito en el repositorio online de la universidad. Si da su autorización, no pierde los derechos de autor pero sí expone el trabajo a una licencia de Creative Commons (derecho de dominio público). Todo esto sin recibir ninguna remuneración a cambio.

“La realidad es que los TFG pertenecen a la universidad, para empezar porque el archivo pasa a la biblioteca de la universidad. A empresas interesadas, depende. Si tú realizas el TFG fuera de la universidad, el TFG pertenece a la empresa donde lo realices y a veces, hasta la propia defensa del mismo es a puerta cerrada si hay acuerdos de confidencialidad con la empresa. Yo podré ser el autor, pero si tengo un acuerdo de confidencialidad con la empresa, no lo puedo divulgar ni vender ni hacer nada con él”, explica un alumno de Ingeniería de Materiales. “Pero yo diría que todo depende de lo que firmes, y que tú puedes tener los derechos de autor por defecto y sin querer, cederlos. Porque ten por seguro que nadie nos ha explicado nada de esto”.

“Las kellys en plantilla porque el gobierno dice que todo va de maravilla” ha sido el lema de la concentración de las kellys en Plaza de España este martes en Madrid. Detrás de las altas cifras de turismo en España, se esconde la otra cara de este negocio: las camareras de piso llevan meses denunciando su precaria situación y piden reformas integrales en la organización de su sector. Mañana es el Día Mundial del Turismo y por ese motivo deciden concentrarse en plaza de España, al que califican de “triángulo de las bermudas” al estar rodeada por hoteles que externalizan la contratación de sus empleadas. “Habitaciones que cuestan desde 135 euros y que se limpian por entre 2 y 3 euros”, cuentan algunas de las participantes en la concentración.

Las consecuencias de la reforma laboral de 2012 son especialmente palpables en las condiciones de las camareras de piso. La precariedad de las trabajadoras tiene doble vertiente: la reforma hizo posible la creación de convenios propios por parte de las empresas multiservicios subcontratadas, con condiciones que pueden llegar a ahorrar hasta 500 euros en sueldos a la empresa; el cobro por habitaciones en lugar de por horas obliga a muchas trabajadoras en régimen de jornada parcial a trabajar más horas para alcanzar una cifra digna.

“Cuando nos quejamos por estar trabajando semanas durante jornadas extendidas, nos responden que nos quejamos de vicio”, explica Ángela Muñoz, vicepresidenta de la Asociación de Kellys de Madrid.

Ellas quieren reconocimiento de enfermedades profesionales, jubilación anticipada y prohibición de la externalización. Quieren un blindaje de los convenios de hostelería, sin dar opción a las empresas subcontratadas a organizar el suyo propio; inspecciones regulares y aleatorias y un control de la bolsa de trabajo por el mismo INEM. Quieren un cumplimiento fiel del capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Coordinación de Actividades Empresariales. Más conciliación de la vida familiar y laboral, incluyendo todo lo relativo a embarazos y maternidad.

La conciliación de vida laboral y familiar es “nula”: no se respetan las 12 horas ininterrumpidas de descanso, obligando a las limpiadoras a trabajar tarde y mañana seguidas.

“No hay calendario laboral, te avisan por Whatsapp la noche anterior si tienes que trabajar a la mañana siguiente. Te tienen trabajando hasta que no puedes más para que firmes una baja voluntaria”, añade.

Creen que un primer gran paso sería la calificación explícita de las cadenas hoteleras que efectúan contratos de externalización y las que no y una modificación del artículo 42 del Estatuto de Trabajadores que prohíba explícitamente la subcontratación de obras y servicios.

Según las trabajadoras, la externalización genera una desigualdad laboral “gravísima”, con reducciones en salario, condiciones, derechos y representación colectiva. La empresa multiservicios con un precio más competitivo para el hotel es contratada y es esta la que decide bajo qué condiciones trabajarán las empleadas, sin posibilidad de reclamar al hotel. Aumenta la carga de trabajo y con ello, los riesgos laborales y aumenta la infracotización a la Seguridad Social. Se cobra por habitación y no por horas, con una media de entre 1,5 y 2 euros por habitación.

Creen que no hay compensación económica que cubra los daños físicos y psicológicos fruto de la precariedad de su sector. Enfermedades y dolencias propias del sobresfuerzo continuo y malas posturas obligan a estas trabajadoras a pedir, al menos, el derecho a la prejubilación a los 55 años. En este ámbito, piden un informe de riesgos ergonómicos que evalúe las cargas máximas permitidas y una colaboración eficiente por parte de las administraciones, con inspecciones de trabajo que detecten irregularidades en las condiciones laborales.

La solución, dicen pasa por un replanteamiento de la propuesta de PSOE, que actualmente solo contempla igualdad en las tablas salariales, dejando de lado todo lo relativo a riesgos laborales, el derecho de libre asociación, el calendario laboral o la jubilación anticipada. Han recogido todos estos aspectos en la “Ley Kelly”, que piden que se apoye por parte de todos los partidos. A la concentración han asistido también CCOO, CSE, Juventud Combativa y varios grupos feministas.

La tecnología no es la única razón para el cambio en los hábitos de consumo. Los hogares son más pequeños, las compras son parte del ocio, el comercio digital está en pleno auge y el perfil de comprador es más diverso que nunca. Con esta tendencia de adquirir productos con un solo click en internet, los supermercados e hipermercados luchan por adaptarse pero las tendencias no dejan de cambiar y son incluso contradictorias.

Carrefour sufrió un shock el 31 de agosto cuando cayó casi un 14% en bolsa y anunció que con casi toda seguridad acabará el año en pérdidas. La multinacional francesa anunció un plan de choque para cambiar la entidad. La sacudida de Carrefour vino de la mano del anuncio de la compra este verano de la cadena de alimentación ecológica Whole Foods por parte de Amazon. La operación abrió el debate sobre el cambio en el modelo de comercio de supermercados y la necesidad de adaptar las superficies comerciales tradicionales a los nuevos patrones de consumo. Pero no hay una receta mágica ni una explicación que se sustente solo en la dureza de la competencia online.

Amazon empezó su oferta de alimentación con productos no perecederos en 2015 y ha dado el salto por completo con la inclusión del servicio Prime Now, para facilitar los tiempos de entrega y así poder cumplir con el compromiso de calidad de los productos perecederos. En Madrid, cerró acuerdos con más de 20 proveedores de Mercamadrid, entre ellos los supermercados Dia.

Su estrategia principal es la reducción de precios, dejando de lado temporalmente la generación de beneficios con el fin de ganar cuota de mercado a largo plazo. Los principales afectados por esta estrategia son las superficies comerciales tradicionales, que se desgastan en esta guerra por lo digital. Una de las grandes ventajas de una venta completamente digital es la posibilidad de vender más productos de los que físicamente cabrían en cualquier tienda.

En poco menos de dos meses desde la adquisición por la empresa de Jeff Bezos, las superficies tradicionales han experimentado pérdidas superiores al 8% de su valor.

En España, el supermercado con mejores datos no tiene aún una página web con una usabilidad decente. Se trata de Mercadona, el supermercado donde el 88% de los españoles han hecho la compra alguna vez, según Kantar. En España acapara casi el 25% del mercado de distribución, seguido de Carrefour con un 8,7%.

Mercadona se subió al carro tecnológico en 2016 con el lanzamiento de Mercadona Tech, después de que su presidente, Juan Roig, declarase que su web “era una mierda” en la presentación de resultados de 2016 y la necesidad de mejorar su canal online. El Corte Inglés, DIA y Carrefour ya cuentan con una app para hacer la compra desde el móvil, pero Mercadona continúa con una web en la que es difícil moverse. Sin embargo, su monopolio es innegable.

El otro rey español de la distribución, El Corte Inglés, sí lleva apostando desde hace varios ejercicios por la venta online en clara competencia con Amazon. En la reciente presentación de resultados, la compañía sacó pecho con que puede poner en dos horas un pedido en prácticamente todas las capitales de provincia de España. Pero estos grandes almacenes no se quedan solo en mejorar la experiencia online. Han iniciado una reforma de sus supermercados para apostar por los productos ecológicos y de proximidad, otra de las patas en la que se está basando la transformación del sector.

Esta es la apuesta de Carrefour, que quiere centrarse más en la alimentación y la tienda pequeña dada la decadencia del formato de hipermercado. En Francia este año, Amazon ya vende más tecnología que Carrefour y Casino juntos, las superficies comerciales punteras en Francia. Dejará más espacio para la restauración y otros negocios en los espacios de sus hipermercados. Comprar se convertirá en una experiencia integral.

Contradicción

Estas dos tendencias –comercio de proximidad y la comodidad de la venta online– luchan en los pasillos del supermercado. Los consumidores se dividen entre acercarse a la tienda física como parte de una forma de vida, y la compra por internet donde el factor precio suele ser determinante. En esta batalla, las grandes superficies han decidido plantar una pica en el centro de las ciudades, para conquistar a los clientes que optan por tocar los productos antes de comprar.

Mediamarkt, Ikea, Decathlon o Leroy Merlin son algunas de las que están experimentando el negocio urbano. Para Juan Sevillano, director de Desarrollo de Leroy Merlin en España, esta tendencia responde al deseo de “acercamiento a un sector de clientes que no tiene fácil acceso a las zonas más periféricas”. Asegura que se seguirán abriendo establecimientos a las afueras, pero el centro posibilita una mayor cobertura de clientes que no suelen tener oportunidad de acceder a las tiendas periféricas por su estilo de vida o condiciones. Su mayor reto ahora mismo es mantener unos precios competentes con la oferta de plataforma online.

En España, las reticencias de los consumidores con la venta online aún son muy grandes. Sara, que sale de un Carrefour en el centro de Madrid, nos cuenta que nunca hace compra online, ya que tiene supermercados cerca de su casa y no ve la necesidad de pedir por internet.

Eva, otra cliente, dice que prefiere “comprar en persona” y que “solo compraría por internet si viviese muy alejada de los supermercados”. El envío a domicilio en supermercados sin pedido mínimo puede oscilar entre 3,99 y 9,90 euros, un factor que puede motivar la reticencia de algunos consumidores.

Jorge Fernández, consumidor habitual de Amazon, lo ve muy diferente. “No tengo que desplazarme a la tienda, tengo más posibilidades donde elegir y con precios más bajos. Además, ahora con lo que han mejorado tardan un día (la gran mayoría de veces con Premium) en enviarte las cosas y puedes devolver lo que quieras sin problema porque te lo recogen en casa”.

Otra ventaja es la posibilidad de leer el ‘feedback’ que dejan otros compradores, que aportan “confianza a la hora de adquirir un producto”, apunta Juan, otro cliente habitual de Amazon.

En este sentido, es muy frecuente el efecto ROPO (siglas en inglés para búsqueda online y compra offline) la tendencia por la que los consumidores comparan productos online para después comprarlos en la tienda física. Es algo que “obliga a los supermercados a tener su versión digital aunque los consumidores no compren directamente ahí”, explican desde Anged, la Asociación Española de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), que agrupa a gigantes como El Corte Inglés, Ikea o Carrefour. El 61% de los consumidores utiliza la versión digital para obtener información de los productos, pero solo el 9% realiza la compra por internet.

Para Gonzalo Ibáñez, CEO de Kanlli, el motivo principal por el que los grandes supermercados todavía no se han lanzado completamente a la venta online es que “tienen montado su modelo logístico basado en el sistema de venta tradicional”. Para que fuera rentable para la compañía, “los costes del servicio para el cliente tendrían que ser muy elevados”, añade el experto.

El canal online representa todavía en España una cuota muy baja en relación con otros países, con en torno al 2% de las ventas minoristas. Xavi Cros, responsable de ShopperView de la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC), indica que “estos valores son muy inferiores a los registrados en otros países europeos como Reino Unido y Francia. En concreto, para los millenials, aunque a primera vista pudiera parecer que es un grupo más abierto a probar nuevos canales de compra, vemos que prefieren la inmediatez del supermercado de barrio a tener que esperar en casa a recibir la compra”.

Desde Anged reconocen que “hoy competimos con gigantes globales, que sin una sola tienda física, envían millones de referencias a todo el mundo las 24 horas del día. De hecho, el comercio online es solo una parte de la gran transformación digital que afronta el sector y que afecta a todos los procesos, operaciones, logística, formación de equipos, reorganización de las tiendas, medios de pago y experiencia de compra del cliente. Nuestras empresas son conscientes de ese desafío y están trabajando para adaptarse a este nuevo entorno. Desde 2008 han aportado cuatro de cada 10 euros de inversión comercial total en España”.

El Ministerio de Defensa es una de las administraciones que ha adjudicado contratos “low-cost” con la empresa de seguridad privada Marsegur, que según denuncian los sindicatos ofrece sueldos muy por debajo de lo indicado en el convenio estatal. Para denunciar su situación, la Unión Independiente de Trabajadores convocó hoy miércoles una concentración frente a la sede del Ministerio en Madrid a la que asistieron alrededor de medio centenar de trabajadores de la empresa.

Los miembros del sindicato denuncian el constante estrés y daño psicológico por la precariedad laboral de su sector. “No se puede tener a vigilantes trabajando con armas y en estado de alerta 4 durante 12 horas seguidas”, reclama Jorge Aranda, presidente de la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad. “El Ministerio no va a hacer nada hasta que ocurra una desgracia”.

Los trabajadores reclaman una reducción del peso que tiene el precio en la contratación pública, una reivindicación que germinó con las huelgas de los empleados de Eulen en el Aeropuerto de El Prat y se ha extendido por otros centros de trabajo que han contratado con este tipo de empresas low-cost. Esta misma semana, se reunió una mesa de trabajo para abordar los problemas de los vigilantes de seguridad privada que trabajan en la administración pública. El ministro de Fomento auspició esta convocatoria en la que se ha involucrado también la titular de Empleo Fátima Báñez y que quiere frenar el descontento en el sector. Hacienda e Interior también se sentará en la mesa de trabajo.

Marsegur presta servicio a numerosas instituciones del sector público: Interior, Correos o la sede de competencia figuran entre sus clientes.

La Audiencia Nacional anuló los convenios de 2014 y 2015 de Marsegur por no respetar el Estatuto de Trabajadores. En el primero, el Tribunal Supremo declaró insuficiente la presencia sindical y decidió a favor de los trabajadores, sentencia que fue recurrida por la empresa. El segundo, todavía está pendiente de resolución.

Desde la reforma laboral de 2012, los trabajadores han experimentado recortes en sus sueldos de entre un 40 y un 50%, según denuncian los trabajadores. “Hay trabajadores que llevan más de 30 años en la empresa y han visto su sueldo reducido de 1.100 euros a 700 euros y esto no solo afecta a Madrid, sino que es un problema de extensión nacional”, explica Carmen Valido, portavoz de Unidos Podemos que se había acercado a la concentración para expresar su apoyo a los trabajadores.

El plus de peligrosidad que ofrece Marsegur es de 18 euros al mes. El trabajo nocturno se paga a diez céntimos extra la hora, la misma cifra que se aplica en el trabajo de fines de semana y festivos, denuncia el sindicato. En los dos últimos meses, se ha producido un retraso en los pagos y este último mes los trabajadores todavía no han cobrado. Según el sindicato, el Ministerio dice que “esto es un problema laboral entre la empresa y los empleados” y niega cualquier intervención por su parte.

El director de Marsegur asegura que no tienen problema con el Ministerio, ya que cumplen con la licitación. Las empresas “low-cost” se acogen a la reforma laboral de 2012 que protege estas prácticas al dar más peso a los convenios de la empresa que al convenio estatal, que tiene mayor libertad para establecer sueldos y condiciones laborales: el convenio estatal de seguridad privada establece que las nuevas contrataciones deben ajustarse a las condiciones laborales anteriores, pero el convenio de la empresa no ampara esta propuesta.

La ayuda humanitaria se vendía como “la mejor marca España” en la época de la bonanza bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pero con la crisis el sector ha sufrido recortes de un 90% y se centra en el beneficio de “unos pocos”, según uno de los responsables de gestionar proyectos de cooperación de dinero español en el exterior.

El colectivo de cooperantes en el exterior nació en 2008 y contaba con un presupuesto anual de 3.000 millones de euros, que se redujo en 2012 a poco más de 200 millones de euros. Las consecuencias de estos recortes motivan la huelga de los cooperantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) de este 8 de septiembre, de ámbito internacional y apoyada por el PSOE.

La mala gestión de recursos humanos dentro del colectivo de Responsables de Programas de los proyectos de la Agencia el extranjero ha llevado a sus trabajadores a una situación extrema. Desde la Asociación denuncian la débil política de cooperación para el desarrollo en España, que tras 26 años desde su incorporación al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, continúa sin ser capaz de aplicar los principios internacionales de eficacia, eficiencia y transparencia, aseguran.

“El gran mal empezó con la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado de 2014, que hizo un barrido de los funcionarios de categoría C –los de nivel inferior– y se enfocó en el beneficio de directivos. Una ley extremadamente sesgada y xenófoba que sí concede beneficios a directivos en materia de incentivos a la conciliación, sanidad y opción a la nacionalidad de sus cónyuges”, explica Javier Sastre, coordinador de cooperantes en el exterior de CSIF.

Desde 2009, “los salarios permanecen congelados y los empleados no perciben las indemnizaciones que corresponden a cualquier trabajador en el exterior por la pérdida de calidad de vida y poder adquisitivo. La fluctuación de divisas al euro genera, en algunos casos, mermas de hasta el 60% respecto a su valor en 2008”, denuncia la Asociación.

Mientras tanto, “se duplican y hasta triplican los sueldos de diplomáticos, embajadores y cancilleres”, explica Julián Egea, responsable de programas de cooperación. “A nosotros nos pagan una serie de complementos de ayuda económica por las condiciones de vida que son de risa. Me ceden 500 euros para el alquiler de vivienda, cuando una casa en Honduras cuesta 1.500. Los directivos, embajadores o cancilleres van con vivienda, escuela y seguridad pagadas, sumado a sus más que holgados sueldos”.

El colectivo demanda una aplicación fiel del Real Decreto 6/1995 de regulación de retribuciones de funcionarios destinados en el extranjero.

El artículo 4 del Real Decreto provee el módulo de equiparación del poder adquisitivo, que “paliará los efectos de los tipos de cambio y las diferencias de los niveles de precios entre los países de destino y España” y de compensación de la disminución de la calidad de vida. Además, el artículo 6 concede indemnizaciones para la conciliación familiar, especialmente enfocadas en los daños en la vida escolar de hijos de empleados en el exterior.

Hace unos años, se encargó a una empresa privada que realizase un estudio del nivel de vida de los cooperantes exteriores que determinó la urgencia de un incremento de sus sueldos para poder hacer frente a sus condiciones. “Al Estado no le pareció conveniente darnos viviendas e indemnizaciones y despidió a la empresa”, según Egea. “Es imposible que con un sueldo de 1.300 euros pague vivienda en países con semejante inflación”.

Otro aspecto que afecta a la vulnerabilidad de este colectivo es el tipo de contratación. “Los cooperantes solo pueden optar a contratos temporales de los uno o dos años que dure el proyecto. Después, su estabilidad económica depende de poder acceder a otro proyecto que renueve esta precaria situación”, algo que no pasa con los funcionarios administrativos destinados en territorio español.

A esto se suma la retirada de billetes de avión anuales a España, con la que “muchos cooperantes se han visto desterrados y han roto lazos con España por no poder visitar frecuentemente su país”, añade Sastre. Hasta 2012, cualquier empleado de la Administración General del Estado en el exterior recibía pagos anuales para la compra de billetes de avión a España para visitas a familiares y amigos. El recorte de estos incentivos “ha impactado más crudamente en el colectivo, por la misma precariedad económica”, aseguran desde la Asociación.

Por otra parte, a los cooperantes no se les aplica ninguna de las exenciones fiscales previstas en la ley del IRPF a los residentes en el extranjero. Ellos pagan impuestos en España, pero no disfrutan de los beneficios del resto de contribuyentes.

A los daños económicos, se suman daños colaterales a los miembros familiares de estos trabajadores. El constante desplazamiento geográfico dificulta el desarrollo profesional de cónyuges y la vida escolar de los hijos, lo que afecta a la conciliación de la vida familiar y laboral.

La situación se agrava cuando las parejas de los cooperantes no tienen nacionalidad española; a pesar de trabajar para el Estado Español, sus parejas no pueden acceder a la nacionalidad. “Los cónyuges de los cooperantes no pueden obtener la nacionalidad española por no residir en España, por lo que cualquier tratamiento médico que en otras circunstancias cubriría la Seguridad Social, ha de salir de sus bolsillos. Algo que no ocurre con diplomáticos y demás personal directivo”.

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha presentado este miércoles su nueva web, Trabajar en lo público. Esta iniciativa recopila todas las convocatorias para empleo público, actualizadas a diario y con toda la información necesaria para potenciales opositores. Incluye bases de la convocatoria, bolsas de empleo, legislación, becas y ayudas, acuerdos y convenios y temarios pertenecientes a cada administración, tanto la local como la autonómica y la estatal.

La página organiza las ofertas por sectores y administraciones y su suscripción es completamente gratuita. Los abonados pueden hacer un seguimiento de las publicaciones de un determinado sector mediante el envío de boletines informativos a su correo electrónico, incluyendo fecha y lugar de las pruebas de acceso, listas de admisión o periodos de reclamación.

Además, se trata de una red social, ya que pretende impulsar la interacción entre sus afiliados en los foros correspondientes a cada grupo, donde se puede debatir y analizar aspectos relativos a un determinado sector.

Actualmente la web ha conseguido 1.080 suscripciones en su primer mes de prueba. “Suelen suscribirse unas 60 o 70 personas a diario”, comenta Gonzalo Poveda, coordinador de la red. “Al ritmo que vamos, estimamos alcanzar los 100.000 en un periodo relativamente breve de tiempo”, añade Frederic Monell, secretario de organización de la FeSP. El Gobierno prevé que en 2017 salgan a concurso 67.000 plazas. Además, hasta 2019 se ha pactado convertir en fijos unos 300.000 puestos que ahora ocupan interinos.

Una refrescante Coca-Cola en la serie Velvet, consejos de belleza de María Teresa Campos en ¡Qué tiempo tan feliz!, o Marina D'or en Yo soy Bea. Estas son algunas de las multas por publicidad encubierta que recogen en Vertele y que hacen que las televisiones se lo piensen dos veces antes de plantar un producto publicitario en uno de sus programas. El espectador tiene que tener claro lo que es publicidad, y así tiene que venir señalada, según la ley.

Pero las leyes que rigen en la televisión no son las mismas que se aplican para regular la publicidad encubierta en los nuevos canales en los que se informan los jóvenes. Si la tele es el principal medio para informarse de la gente mayor (datos de Digital News Report de Reuters), los jóvenes lo hacen en las redes sociales. El crecimiento de estas plataformas ha ido más rápido que las normas, lo que ha dado margen a una industria publicitaria fuera de control.

Por eso las fotos de Paula Echevarría (1,9 millones de seguidores), mostrando su último limpiador facial o de Dulceida (otros 1,9 millones) con su nueva máscara de pestañas, no avisan de que son publicidad, pese a que las marcas les abonarán cifras desorbitadas por mostrar estos productos en una simple imagen de Instagram.

La línea que divide la publicidad de las recomendaciones desinteresadas en la red social está completamente difuminada, y así seguirá en España hasta que se le pongan puertas a este campo.

La publicidad y el marketing digital han convertido en auténticos “hombres anuncio” a los denominados ‘influencers’, usuarios que, por su auge tras la pantalla, ejercen prescripción en las masas que les siguen. Las marcas se dirigen a ellos y acuerdan precios por mostrar sus productos en redes sociales. A veces, los ‘influencers’ deciden especificar cuándo su contenido es patrocinado, pero la mayoría de los casos menciona la marca de la forma más disimulada posible.

El fenómeno es mundial y el pasado abril la Comisión Federal para el Comercio de EEUU envió una carta a 90 influencers advirtiéndoles de que estaban infringiendo la normativa de publicidad encubierta con sus publicaciones. La Agencia les advirtió de que seguiría de cerca los posts de estos prescriptores para garantizar que aclaraban su relación comercial con las marcas. “No es suficiente con mencionar un # o agradecer a una marca el producto”, aseveraba la agencia en un comunicado.

La acción supuso una fuente de preocupación entre las celebrities y empujó a la red social (que pertenece a Facebook) a actuar. El 14 de junio Instagram anunció que incluiría una nueva herramienta para que sus usuarios pudiesen indicar si un contenido está patrocinado por una marca. La compañía aseguró que próximamente se podría ver el texto ‘Colaboración remunerada con’ en posts y stories, con el fin de fomentar relaciones comerciales más transparentes entre empresas y usuarios, una iniciativa que ya se está haciendo en Estados Unidos y probablemente se extienda a otros países de habla inglesa.

Por el momento a España no ha llegado y el organismo competente para vigilar la materia, la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones, reconoce que nunca han actuado para advertir de una de estas prácticas.

Desde el ministerio indican que no actúan de oficio y que tienen que recibir una queja de un usuario, algo que nunca se ha producido hasta el momento. La razón por la que es Industria y no la CNMC la que debe vigilar esta publicidad encubierta en redes sociales es porque se considera publicidad “en internet” y se le aplica la ley de la Sociedad de la información. Desde Industria y Agenda Digital apuntan a que hay una directiva europea en curso que aclarará exactamente cómo funciona la publicidad encubierta en redes sociales.

La agencia Okiko Talents, que agrupa a varios de los dueños de las cuentas más influyentes en España (como Gala González, 810.000 seguidores), afirma que las condiciones sobre cómo se debe hacer la publicidad es un acuerdo mutuo entre empresa e ‘influencer’ y que la agencia no interviene en absoluto. Comenta también, que “en España no hay regulación expresa que aborde este aspecto del marketing de influencia”, refiriéndose a si es obligatorio o no que se especifique cuándo un contenido es remunerado, aunque se recomienda que se utilicen etiquetas como #ad o #colaboración para una mayor transparencia. En definitiva, se amparan en un hipotético vacío legal.

Sin embargo, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI) establece como obligación general sobre cualquier tipo de publicidad que “debe presentarse como tal, de manera que no pueda confundirse con otra clase de contenido e identificarse de forma clara al anunciante”

Los ‘likes’ y el número de seguidores son los indicadores de popularidad de un usuario y este índice determina el precio de cada publicación. Cuanta más popularidad, más paga una marca por su promoción. Esta web ofrece estimaciones del precio por post que puede cobrar un usuario de Instagram teniendo en cuenta su número de seguidores, de ‘likes’ y su ‘engagement’ (fidelización de la audiencia) en la red social.

Diversos medios han publicado las cuantiosas cifras que están pagando las marcas porque los famosos den al botón de “compartir”. Según Sálvame, Pelayo Díaz podría llegar a los 20.000 euros; Dulceida, a los 3.500 euros y así hasta la escalofriante cifra de 50.000 euros anuales por marca. Y sin la presión de una legislación como la tele pero con audiencias ávidas por imitar a estas nuevas 'celebrities'.

Leandro García Fernández trabajaba como operario de logística en una cadena de franquicias de pizzas. Levantaba manualmente entre 5.000 y 6.000 kilos al día, a veces durante 20 horas seguidas. El 1 de julio de 2015, se le diagnosticó una hernia discal entre las vértebras L4 y L5 como consecuencia del sobresfuerzo continuo. Se sometió a inyecciones, una resonancia magnética e infiltraciones, hasta que finalmente se le cedió el grado de discapacidad, inicialmente del 36% y que subió a un 47% en la última revisión médica.

Denunció a la empresa y tramitó la petición de “recargo de prestaciones”, para que se le proporcionase el 45% restante del cobro de la baja, ya que los menores de 55 años solo reciben el 55% de la base reguladora de la Seguridad Social.

La empresa no contaba con el Informe de Prevención de Riesgos Ergonómicos, que debería regular las cargas máximas de los trabajadores y demás aspectos relativos a la protección de la seguridad y salud laboral. Inspección de Trabajo resolvió la denuncia a favor de Leandro García y multó a la empresa con 9.000 euros, la cual recurrió la denuncia con la finalidad de retrasar los trámites lo máximo posible. A día de hoy, el trabajador sigue pendiente de juicio y cobrando el 55% de la baja correspondiente.

Este es uno de los múltiples casos que reflejan que la poca atención de las empresas a los riesgos laborales puede acabar afectando de por vida a un trabajador, sin llegar a los desenlaces más trágicos que acaban en fallecimiento.

Los últimos datos del Ministerio de Empleo del primer semestre de 2017 hablan de un total de 300 muertes por trabajo, 245 durante la jornada laboral y 55 in itinere. Los accidentes suman ya un total de 657.169, con un incremento de 17.765, un 2,7%, respecto al primer semestre de 2016, con una tendencia al crecimiento desde 2012.

La postura de CCOO y UGT establece una clara relación de la reforma laboral de febrero de 2012 con este aumento. Los síntomas se manifiestan en el auge de contratos por días y hasta por horas, las extensas jornadas de trabajo y los recortes en inspectores y medidas de prevención de riesgos laborales. La mayoría de incidentes ocurren con trabajadores con contratos muy breves, que carecen de formación sobre seguridad.

Pierden extremidades, son golpeados o aplastados por objetos o maquinaria, se precipitan al vacío, trabajan horas excesivas, padecen de estrés, dolores musculares o sufren infartos: algunos casos son más sonados que otros, como el accidente del trapecista del festival Mad Cool, el fallecido por un golpe de calor mientras asfaltaba en plena canícula o las protestas por la pésima situación laboral de “las kellys” o camareras de piso, pero la precariedad laboral es una realidad cotidiana para muchos trabajadores.

Estrés y ansiedad

“Crecemos mal”, explica Javier Torres, coordinador de Salud Laboral de CCOO, ya que el aumento de la precariedad tiene como consecuencia directa la falta de inversión. “Tenemos que volver a hacer las cosas como antes. Es de sentido común volver a las medidas que se tomaban en la época de mayor inversión. Ha habido una reducción del 60% en inversión desde la aplicación de la reforma”. Además, asegura que la negociación de convenios actual es extremadamente lenta e inefectiva para abordar este área.

“Debemos incidir en la organización y condiciones del trabajo”, explica Ana García de la Torre, secretaria de Salud Laboral de UGT. La deplorable situación de muchos trabajadores conlleva estrés y ansiedad, patologías directamente relacionadas con infartos y enfermedades cardiológicas, principal causa de accidentes y fallecimientos en el trabajo pero cuyo diagnóstico se desvía con demasiada frecuencia.

Araceli Mateo Barreno lleva trabajando para una gran superficie comercial desde 1983, inicialmente como personal administrativo. En 2012, con motivo de la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial de la Comunidad de Madrid que permitió libertad de horarios, se obligó a todos los empleados a trabajar domingos y festivos, lo que desencadenó en una huelga por parte de los empleados. Como respuesta, la empresa recolocó a Mateo en la sección de pescadería, aún sabiendo que tenía una protrusión discal.

El supermercado no contaba tampoco con el Informe de Prevención de Riesgos Ergonómicos y Mateo debía levantar pesos excesivos a diario. Como consecuencia, los dolores aumentaron y la protrusión derivó en una hernia discal.

En 2012, empezaron los juicios. Se le denegó la razón a la trabajadora y se calificaron las dolencias como “enfermedad común” y no relacionada con su puesto de trabajo. “Es la propia Seguridad Social, que supuestamente debe velar por la salud de los trabajadores, la que evita establecer filtros que asocien dolencias y accidentes a las condiciones laborales”, explica Araceli.

Finalmente, el Tribunal Superior de Madrid aprobó la demanda y está pendiente la resolución del Tribunal Supremo. “Una cosa es la ley y otra muy distinta, la realidad práctica”, añade en referencia a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Precisamente en el comercio y en la industria manufacturera donde se concentra un mayor número de accidentes laborales. Pero los mayores incrementos en este año se han dado en la construcción y la agricultura.

El caso de Nati Carmona Hernández escenifica lo difícil que es convencer a una empresa de que debe adaptar el puesto de trabajo a las limitaciones físicas del trabajador. Carmona llevaba 13 años siendo oficial de jardinería en Móstoles. Hace tres años, empezó con quejas por escrito y petición de una adaptación de su puesto a su condición física: lesión en las cervicales y en el hombro derecho a causa del sobresfuerzo constante. A esto se suma el daño psicológico causado por su situación laboral.

Tras una evaluación de la Inspección de Trabajo, se certificó la necesidad de una adaptación para la trabajadora, que establezca limitaciones respecto al peso máximo que puede levantar o las maniobras que puede realizar. La empresa debe redactar un informe específico dirigido a Nati, todavía pendiente y sin fecha exacta de tramitación. “Las empresas son bastante reticentes a conceder adaptaciones y la falta de personal incentiva el aumento de accidentes laborales”, explica la trabajadora.

Fuera de control

Estos casos ocurren en sectores con presencia sindical y con un cierto control. Pero aún es más complicado sortear los riesgos laborales en sectores donde se trabaja en la economía sumergida. En el sector de los cuidados, con las empleadas en un hogar, es casi imposible vigilar que se cumplen unas condiciones básicas de seguridad.

Muy pocos de estos casos salen a la luz. El 18 de agosto una trabajadora doméstica falleció en el domicilio donde trabajaba al caer dentro de un pozo. Con la ley de inviolabilidad de domicilios particulares, resulta muy difícil determinar los riesgos en el trabajo en hogares. Además, la falta de regulación y el carácter generalmente forzoso de estas actividades incentivan la precariedad. No hay convenios, no hay negociación ni hay información sobre seguridad. Mucho menos, opción a reclamaciones.

Como las personas que trabajan en las casas, la mayor parte de los accidentes laborales de trabajadores “en negro” se oculta, como se tapa su relación laboral y que de darse a conocer en su totalidad, hincharían bastante las cifras oficiales.

Casos trágicos como el del hombre que perdió un brazo al manejar maquinaria para la que no tenía formación en la panadería dónde trabajaba sin contrato, o el del trabajador sin papeles al que ofrecieron darse de alta en la Seguridad Social tras una amputación por un atrapamiento con una máquina de ignifugación son la punta del iceberg. La contratación ilegal afecta especialmente a mujeres e inmigrantes sin papeles, sectores más vulnerables en los que la mayoría de accidentes y fallecimientos quedan en el anonimato.

La convicción de que el neoliberalismo no funciona, al arrastrar a millones de personas a la pobreza y a la precariedad, y de que la izquierda no está siendo capaz de ofrecer respuestas válidas a semejante escenario, ha llevado a los pensadores británicos Alex Williams y Nick Srnicek a explorar opciones filosóficas para un mundo “libre de trabajo” gracias a la evolución de la tecnología.

Creadores del “Manifiesto aceleracionista”, en el que ya imaginaron un futuro postcapitalista, Williams, profesor de sociología en la Universidad de Londres, y Srnicek, filósofo y profesor en la Universidad de Westminster, han publicado este año el libro Inventar el futuro: poscapitalismo y un mundo sin trabajo (Editorial Malpaso). En él afirman que “el fin del trabajo no sería el fin de la historia” y abogan por “construir una plataforma para una sociedad postrabajo”. 

La evolución tecnológica es vista a veces como enemiga por sustituir la mano de obra, pero su modelo propone una alianza con la era tecnológica para reestructurar el mercado laboral. ¿Qué es lo que proponéis exactamente?

Nick Srnicek: Uno de los problemas principales del modelo capitalista es lo que se conoce como población excluida, que son las personas que quedan fuera del mercado laboral y se ven obligadas a realizar trabajos menos atractivos para poder obtener un salario que les permita vivir. Lo que pretendemos es eliminar la concepción de trabajo como un medio necesario para la supervivencia y delegar en la tecnología para sustituir la fuerza de trabajo. El trabajo se concibe como parte de la identidad de una persona y aún cuando no le hace sentirse realizado, lo ve como una necesidad fundamental para la subsistencia. Creemos que deshacernos de esa cultura es uno de los mayores retos.

¿Qué medidas específicas se podrían tomar para alcanzar ese objetivo tan rupturista?

Alex Williams: Es fundamental construir una nueva economía. Para eso, creemos en establecer un salario básico universal con el que la gente pueda satisfacer sus necesidades sin tener que delegar en actividad laboral para cubrirlas. Por otra parte, hay que acabar con la idea de que la tecnología es la enemiga que genera más desempleo por la utilización de robots que sustituyen la mano de obra. Es una idea impuesta por la prensa y las instituciones académicas principalmente y cambiar este discurso es el primer paso hacia un proceso reformista.

Delegar en la tecnología supondría una reducción del desempleo, una mejora en la salud mental de las personas por la depresión y ansiedad ligadas al trabajo y un beneficio para el medio ambiente, por reducir el CO2 generado por el transporte o los procesos de producción tradicionales.

Dadas las diferencias en las economías nacionales entre países y de los niveles de vida de cada territorio, ¿cómo es posible establecer un salario universal? 

AW: Hay una respuesta simple y una complicada. La simple es que, inicialmente, habría que establecer ese salario universal. Pero, evidentemente, trasladando la pregunta a una visión global y más realista, cada país cuenta con unos salarios mínimos y con un coste de los bienes y productos distinto; por ejemplo el salario y el coste de vida en India es inferior al del Reino Unido, e incluso hay poblaciones que ni siquiera cuentan con un salario mínimo. Reconocemos que este es un problema complejo y difícil de solventar en la práctica.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, entre el 47% y el 80% de los trabajos son potencialmente realizables por robots. ¿Qué pasaría con el resto? 

NS: Creemos que siempre habrá trabajo que deberían hacer las personas por tener un carácter más humano, como podría ser la atención médica o el cuidado de personas, y no sería necesario sustituir completamente estos puestos. Creemos que se debe atacar al trabajo manual o administrativo que en la mayoría de los casos no es motivador para los trabajadores y es fácilmente realizable por robots. La pregunta que queremos plasmar es si es posible reformar el concepto de trabajo actual.

Una medida que se podría aplicar actualmente es la reducción de las jornadas; hay personas que trabajan horas excesivas para alcanzar un nivel económico digno en trabajos que no desean hacer, lo cual genera en muchos casos deterioro en la salud mental de las personas. Esta situación es totalmente solventable eliminando trabajos y procesos que no tenemos por qué realizar nosotros.

Mencionan movimientos como Occupy o el 15M, que defienden que el 99% de la población se enfrenta al 1% que controla más del 50% de la riqueza mundial. Aunque su modelo promete beneficiar a muchos trabajadores, ¿cómo o por qué iban a renunciar las élites a su posición actual?

AW: Hay dos opciones: un proyecto para sustituir a la élite política o el aumento de personas dentro de las élites que creen que el modelo actual no es sostenible. Ahí juegan un papel importante los medios y las uniones de trabajadores en la creación de un discurso afín a esta ideología. De todos modos, creemos que las élites están cada vez más convencidas de la crisis del capitalismo.

Se supone que su modelo apuesta por una una estructura social que no hemos experimentado hasta el momento, pero parece compartir muchas similitudes con la concepción del modelo comunista. ¿Es cierto?

AW: Bueno, sí, guarda algunos puntos en común quizás en los aspectos más abstractos de la ideología como la liberación colectiva, pero en la práctica presenta medidas que se alejan del concepto tradicional socialista. Hay parecidos con el pensamiento de autores socialistas históricos, pero nuestra idea es abandonar el aspecto utópico y trasladar el modelo a una realidad que tenga en cuenta las condiciones del panorama global.

¿Hay alguna medida que los ciudadanos puedan tomar si quieren favorecer la conversión a este modelo o es una cuestión que depende exclusivamente de las altas esferas?

NS: Involucrarse más en grupos políticos para organizar un movimiento hegemónico y dar fuerza a las ideas. Todavía creemos erróneamente que debemos luchar contra el desempleo y preguntarnos a dónde va la economía nacional. El debate entre estos círculos de ciudadanos hará que poco a poco se cree un cambio en la conciencia social. 

El libro critica a la izquierda y a su tradicional manera de actuar: una actividad basada en la resistencia ideológica en lugar de modelos alternativos ha llevado al fracaso contra el neoliberalismo. ¿Podrían explicar un poco más este planteamiento?

AW: Gran parte de las críticas vienen por la respuesta que se generó en las protestas a la crisis de 2008. Movimientos de protesta como Occupy en Estados Unidos o el 15M en España, movimientos que apelaban a lo que no querían, pero no promovían medidas para conseguir lo que sí querían. Lo importante es poder combinar esas ideas rompedoras dentro de partidos más tradicionales para ejercer la presión suficiente para un potencial cambio.

El libro hace referencia a cómo el neoliberalismo se ha impuesto a través de la educación y los medios de comunicación, creando un pensamiento hegemónico difícil de romper. ¿Qué acciones se proponen para generar un cambio en el discurso?

AW: Es importante precisar que el neoliberalismo se ha ido introduciendo en nuestra sociedad de una manera muy sutil hasta afianzarse como está a día de hoy. Sin embargo, creemos que esta mentalidad está en proceso de desintegración. Tomando a la sociedad británica como ejemplo, se puede ya apreciar un cambio, en las políticas parlamentarias o en cómo tratan la información los medios de comunicación; las élites están buscando una nueva fórmula. El problema es, que como hablamos de una hegemonía global, este proceso de desaparición se irá produciendo de forma gradual y a distinto ritmo entre territorios.

Entre los principales problemas a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas españolas se encuentra el coste de financiación. A excepción de Alemania (2,47%), España es el país europeo con un tipo de interés mayor a la hora de pedir un préstamo (2,36%), por encima de la media de la zona euro (2,20%) y de países como Francia (1,71%), según el último Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial de la patronal Cepyme.

Aunque acudir a una entidad bancaria suele ser la primera opción para financiar cualquier proyecto, existe una variedad de formas menos usuales y en ocasiones más flexibles para obtener crédito para este tipo de empresas, ya que la falta de garantías suele ser el principal motivo de rechazo a la financiación en entidades tradicionales. En su mayoría se trata de entidades y organismos públicos, aunque también hay sistemas en auge como el crowdfunding, o financiación colectiva.

CESGAR

CESGAR (Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca) es una asociación sin ánimo de lucro que coordina y representa los intereses de las sociedades de este tipo existentes en España. Su función es aglutinar a empresas que se se prestan garantías mutuamente y financiarlas. En 2016, estas sociedades financiaron 18.223 proyectos de pymes y autónomos por valor de 1.097 millones de euros, un 13% más respecto al año anterior.

Para obtener financiación de CESGAR, la empresa debe ser socio partícipe y suscribir capital proporcional al aval que pide, una cuota reembolsable al finalizar la operación.

CRÉDITOS FIEM

CRÉDITOS FIEMEl Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) es un instrumento gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio y creado en 2010 con el objetivo de ofrecer apoyo financiero a la internacionalización de las empresas españolas.

El ICEX (Instituto de Comercio Exterior) cuenta con una nueva línea del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), “más ágil y menos burocrática”, con financiación de hasta tres millones de euros por proyecto. La nueva línea actuará como herramienta de apoyo a la empresa española en exportaciones e inversiones directas en el exterior y financiará proyectos a medio y largo plazo a través del ICO.

Los potenciales adjudicatarios son empresas españolas, clasificadas según su lugar de residencia y registro fiscal. Los países donde se pueden desarrollar los proyectos se deben consultar caso por caso. Quedan excluidos países con embargo de la ONU, aquellos en listas de blanqueo internacional, con financiación al terrorismo o con un endeudamiento nacional elevado.

CRÉDITOS ICO

CRÉDITOS ICOEl Instituto de Comercio (ICO) oferta líneas de crédito orientadas a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas españolas y extranjeras que realizan inversiones productivas en territorio nacional. Estas operaciones se tramitan directamente a través de las entidades de crédito.

Quedan vetadas como beneficiarias de estas líneas las entidades financieras, partidos políticos y clientes que desarrollen actividad en la fabricación o distribución de armas o municiones.

El ICO concede los fondos con la mediación de entidades financieras. Este establece la dotación económica total y sus condiciones financieras; firma los contratos de financiación con las entidades de crédito para la comercialización de las líneas a través de sus oficinas, a las que se dirigen los clientes interesados.

ENISA

ENISALa empresa nacional de Innovación (ENISA) es una sociedad mercantil estatal dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Participa en la financiación de proyectos empresariales a través del préstamo participativo, una fórmula que se encuentra entre el préstamo tradicional y el capital riesgo. No exige avales, cuenta con un tipo de interés mixto (fijo y variable) y es compatible con otros préstamos. 

Los requisitos para beneficiarse de este crédito son figurar como pyme en la Unión Europea y llevar una actividad principal y domicilio social en España, tener personalidad jurídica independiente de la de sus socios o partícipes y tener una antigüedad superior a 24 meses desde que se inicia la solicitud. Quedan excluidas pymes que no estén enmarcadas en el sector financiero ni en el inmobiliario, excepto plataformas cuya actividad consista en ser agente de contacto entre personas o entidades. Por otra parte, los fondos propios han de ser iguales o superiores al préstamo solicitado a ENISA.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COMUNIDADES AUTÓNOMASEn el portal PYME, se encuentran las ayudas nacionales que cada comunidad autónoma otorga a las pymes, cuya cuantía varía dependiendo de la comunidad y del sector de la empresa.

Existe también un programa de ayudas para autónomos y pymes, Innoempresa, que busca potenciar la innovación de las pymes y aumentar su competitividad para un crecimiento sostenible. 

CROWDFUNDING

CROWDFUNDINGEl crowdfunding o financiación colectiva es un método relativamente reciente pero en pleno auge. Es la representación de la democracia en la financiación de proyectos empresariales. El emprendedor pide crédito, normalmente a través de Internet, a todo aquel que pueda estar interesado en su proyecto. A cambio, los colaboradores suelen recibir algún tipo de reconocimiento por parte de la empresa o con la entrega de productos o servicios proporcionados por esta. La principal desventaja: es imposible estimar el éxito que tendrá una propuesta y presenta una financiación discontinua.

FFF (Friends, family and fools)

FFF (Friends, family and fools)Las tres efes hacen referencia a amigos, familia y locos o tontos en inglés. Son personas del entorno del empresario y demás individuos que, aún sin tener un vínculo emocional con el emprendedor, deciden invertir en el proyecto. Generalmente, al no ser expertos en inversión, no suelen exigir grandes justificaciones y los contratos de devolución serán más flexibles. Por este mismo motivo, la financiación que se recibe suele ser sensiblemente menor que la que pueden ofertar otras entidades.

BUSINESS ANGELS

BUSINESS ANGELSAunque el perfil de business angel o ángel de negocios es bastante heterogéneo, en general son inversores privados que aportan su capital, experiencia y contactos en el sector, pero a cambio intervienen en la gestión de la empresa. Estas empresas de mayor tamaño suelen fijarse en la viabilidad del proyecto y ahí juega un papel importante la capacidad de marketing de la pyme: “¿Qué puedo aportar yo para que una gran empresa decida apadrinarme?”

CAPITAL RIESGO

CAPITAL RIESGOEl capital riesgo es la inversión de capital a largo plazo y de forma minoritaria y temporal por parte de compañías especializadas en este tipo de inversiones. Está orientado a empresas que pueden demostrar un negocio con trazas de crecimiento y capaces de generar beneficio a corto o medio plazo. 

Generalmente, estas empresas están acostumbradas a arriesgar y perder lo invertido, ya que en caso de que una apuesta salga bien, el beneficio sería cuantioso, por lo que no suelen exigir muchos requisitos a la hora de invertir.

PRIVATE EQUITY O CAPITAL PRIVADO

PRIVATE EQUITY O CAPITAL PRIVADOEl private equity o capital privado se basa en la creación de acciones de empresas no cotizadas en mercados oficiales, que aportan valor añadido en la gestión de la empresa por un periodo temporal. Este método cuenta con la ventaja de que la entidad de capital riesgo ofrece, además de la aportación monetaria, apoyo en la gestión diaria de la empresa participada, lo que añade experiencia y credibilidad frente a terceros.

Coca-Cola es el fabricante más vendido de refrescos, con una cuota de mercado mundial del 67,2%, según el informe anual de 2016 de la compañía. En España, se venden 25 millones de Coca-Colas al día, más de 9.000 millones al año. Cada minuto hay 18 personas que beben este refresco y la marca declara tener un alcance del 97% de la población española.

Ante este monopolio en el consumo, han surgido alternativas que intentan abrirse camino en el mercado practicando una producción más justa y comprometida con el medio ambiente. Es un fenómeno que se da en Alemania con Fritz Kola, en Francia con Mecca Cola, que nació como bebida contraria a los valores estadounidenses, y también en España, con marcas menos conocidas pero en crecimiento.

En el último análisis de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo de 2015, las ventas de productos con este sello ascendieron a 34,96 millones de euros, un incremento de dos millones respecto al año anterior. Los principales canales de comercialización han sido cafeterías, heladerías, bares y máquinas de vending.

Entre otros, en España surge como alternativa la marca Frixen. “Un día nos atrevimos a idear nuestro propio refresco de cola. Queríamos algo con muy buen sabor pero con más ética. Un atrevimiento”, es el mensaje que proyecta la empresa en su página web.

En 2013, los cooperativistas del bar Birosta de Zaragoza decidieron poner en marcha este proyecto que aboga por un mercado sin explotación laboral. La marca utiliza azúcar de caña ecológico y estevia para reducir el azúcar un 20%, más cafeína que Coca-Cola y agua del manantial de Jaraba para su elaboración. La marca cuenta con varios puntos de distribución en España que poco a poco pretenden ir ampliando.

Este año la cooperativa prevé fabricar 25.000 litros, comercializados en dos formatos, botellín de 20 cl. y botella de litro. Prevén que 2017 suponga un aumento de las ventas de entre el 40 y el 50%. Sin embargo, no se distribuye en supermercados ni grandes superficies comerciales, si no que es necesario acudir a tiendas o a determinados bares y restaurantes que se pueden consultar en su página web. La buena respuesta a este producto desde su fecha de lanzamiento, explican sus promotores, ha obligado a la marca a desarrollar un plan de empresa que será llevado a cabo por el proyecto Emprendes de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) en Aragón.

Birosta, el bar que llevó a cabo la iniciativa de Frixen, está encuadrado en El Esqueje, una cooperativa que apoya el mercado social y ecológico y el consumo responsable. Además de este tipo de producción, la cooperativa hace énfasis en potenciar la organización colectiva del trabajo, la equidad salarial y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores en conciliación de la vida familiar y personal.

Otras ONG y cooperativas comprometidas con el consumo responsable como Oxfam Intermón, SETEM, Alternativa 3 o IDEAS cuentan con una sección de tienda online en sus páginas web donde se pueden comprar productos de alimentación, artesanía o cosméticos acordes con los principios del comercio justo.

Desde ahí se puede adquirir Bio Cola, otra alternativa entre las bebidas de cola que pertenece a Manduvirá, una cooperativa paraguaya fundada en 1975 y certificada como sede de comercio justo en 1999, que produce el refresco con materia prima local y en fábricas locales. Gracias al apoyo de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo , la cooperativa estableció relaciones con clientes internacionales, entre ellos, España.

EHKA es otra de las marcas de cola que apuesta por una producción más ética. Aunque se produce en Francia y con azúcar costarricense, es de denominación vasca. Promueve, aparte de una causa social, una política de defensa de la producción en el País Vasco.

Según el último informe de la Organización Mundial de Turismo, España ocupa el tercer puesto en número de turistas anuales y el segundo en ingresos brutos por turismo. Sin embargo, no se sitúa entre los que tienen más vacaciones. En contra de la creencia generalizada de que en España se goza de más días libres que otros países, el ránking mundial de días de vacaciones nos sitúa en la media de Europa.

Francia, Finlandia, Baréin, Yibuti, Libia, Guinea, Kuwait, Maldivas, Nicaragua, Togo y Yemen comparten el primer puesto de la lista con 30 días hábiles y China ocupa el último puesto, con 6, según el Banco Mundial.

En Europa, España cuenta con 22, por detrás del Reino Unido, con 28, Italia con 26, Suecia con 25 o Alemania con 24. Los menos beneficiados son Bélgica, Grecia, Hungría, Chipre, Irlanda, Lituania y Macedonia, todos con una media de 20 días.

En América Latina, la media ronda los 15 días con la excepción de Brasil, que se sitúa en 26. Venezuela cuenta con 19, Argentina 18, Chile, Colombia y Guatemala 15, Perú 13, Ecuador 12 y El Salvador 11.

En Norteamérica, Canadá se sitúa en 10 y México en 15; Estados Unidos, por su parte, no cuenta con regulación sobre días libres remunerados, y se regula con acuerdos entre empresas y trabajadores. En Japón hay en torno a 15 días y en Corea del Sur 17.

Días de vacaciones por país

Fuente: Banco Mundial

Las vacaciones en España son obligatorias por ley. Sin embargo, no todo el mundo coge todos los días que les corresponden, en muchos casos por presiones de superiores o sentimiento de culpa. Según una encuesta mencionada por Expansión, el 14% de los trabajadores españoles renuncian a días de vacaciones, un 22% declara que lleva más de un año sin tomarlas y un 44% afirma que siente que su jefe no le apoya para tomar los días de descanso asignados. Además, según la última encuesta de condiciones de vida elaborada por el INE, el 40% de los españoles no se pueden ir de vacaciones al menos una semana al año debido a sus ingresos.

Estados Unidos es la única economía avanzada del mundo que no garantiza a sus trabajadores días de descanso remunerados y considera las vacaciones un lujo y no un derecho.

El país norteamericano regula las condiciones laborales con su Acta de las Normas del Trabajo Equitativo de 1938, que establece el máximo de horas semanales de trabajo, horas extra, salario mínimo y trabajo infantil, pero no hace referencia al tiempo libre remunerado, que depende de la negociación personal entre el empleador y el empleado.

Una encuesta sobre empleo de la página de información laboral estadounidense Glassdoor.com afirmaba que en ese país el 28% de los trabajadores encuestados temía perder posiciones en su empresa si cogía vacaciones, un 17% tenía miedo de perder su trabajo. Otro 19% expresó que no había cogido vacaciones para tener “ventaja” sobre sus compañeros en eventuales promociones.

En los países orientales, como Japón o Corea del Sur, no solo no cuentan con un número elevado de días libres, si no que además los trabajadores suelen hacer más horas de las 40 semanales reguladas (con un máximo de 14 horas extras) para intentar alcanzar una mayor productividad.

Existen entidades y agencias que promocionan su actividad a través de Internet y ofrecen prácticas u oportunidades laborales difíciles de rechazar, con un proceso de selección y tramitación aparentemente legítimo. Estas web suelen contar con supuestos testimonios de anteriores participantes y también con imágenes y vídeos de todos los proyectos que gestionan. Al menos esto es lo que me encontré hace apenas unos meses cuando decidí lanzarme a probar suerte con una organización que ofrecía prácticas periodísticas en Nepal.

Al contactar con ellos, me pidieron el currículum e inmediatamente premiaron mis aptitudes y experiencia. Me ofrecieron la posibilidad de entrar en el programa que me interesaba. El trato fue extremadamente amable y la comunicación fluida y rápida.

Fue a finales de 2016, durante mi tercer año de carrera de Periodismo, cuando decidí averiguar que tipo de prácticas podía hacer en el extranjero durante el verano. Quería alejarme del mundo occidental y corporativo y experimentar en el continente asiático, en primera persona, cómo funcionan los medios de comunicación y qué podía aportar yo en un país totalmente desconocido para mí.

Decidí irme a Katmandú, en Nepal, a través de una agencia que había ojeado en internet y que prometía programas de voluntariado y, en mi caso, prácticas laborales orientadas a estudiantes. Debía pagar una tasa inicial para reservar mi plaza y ya más adelante, según se acercase la fecha de mi llegada, abonaría lo referente al alojamiento y comidas que ellos me proporcionarían. 

Los pagos se hacían a través del servicio de transferencias de Western Union, indicando simplemente el nombre del destinatario. Este sistema dificulta la localización del beneficiario ya que no proporciona su cuenta bancaria. Pero en ese momento no sospeché. Poco después de pagar la tasa de reserva, ya me pidieron, amablemente, que ingresara lo restante a la mayor brevedad posible, a pesar de que todavía faltaban meses para mi llegada. Varios cientos de euros no reembolsables en caso de cancelación.

Pregunté varias veces acerca de las condiciones del programa: ¿en qué consistiría mi trabajo? ¿dónde y cuánto tiempo iba a trabajar? ¿habría remuneración por las prácticas? Las respuestas siempre fueron difusas y escurridizas. Sí sabía que mi jornada sería de 8 horas diarias de lunes a viernes, con fines de semana libres para hacer turismo. Se me daba total libertad sobre qué hacer durante esas horas de trabajo y recibiría un certificado oficial al completar el programa. Por otra parte, esta misma agencia, ofertaba 'packs' de viajes de fin de semana durante la estancia, siempre previo pago.

Podría haber sospechado de la facilidad de los trámites, podría haber sospechado por la exigencia rápida de pagos, sin una fecha exacta por escrito pero “cuanto antes” y podría haber sospechado al obtener siempre respuesta de una misma persona, con su firma personal, y no en representación de una entidad.

Pero cogí el vuelo de ida, con la intención de estar tres semanas allí. Nada más llegar a Katmandú, tras casi 24 horas de viaje, la mentira se cayó por su propio peso. 

El mismo hombre que contestaba mis correos, me recogió en el aeropuerto y me acogió en su casa, en un barrio en el que todavía eran visibles las consecuencias del devastador terremoto de 2015 que sufrió Nepal. Insistió en que me tomase un par de días de descanso para recuperarme del jet lag, en que no había prisa en que me incorporase a mi puesto de trabajo. Tras los dos días de cortesía, insistí en empezar con las prácticas prometidas, pero cada vez era más evidente que esas prácticas no existían.

“Indra Foundation”, a través de su web Placement Asia (http://www.placementasia.com/), ahora cerrada, no existía. No existía ninguna oficina, sede, ni colaboración con empresas o medios locales.

“Yo te voy a llevar de viaje por Nepal para que puedas producir un documental sobre nuestra cultura”, me explicó esta persona, que cada vez me suscitaba menos confianza, ya que la dirección del domicilio en el que me alojé ni siquiera aparecía en Google Maps. Esas eran mis prácticas. Una vez que vi la situación real, hice mi debido turismo durante 5 días y compré un vuelo de vuelta a Madrid.

En mi tercer día en Nepal, tuve la suerte -infortunio para ella- de que apareció en la casa otra chica, en esta caso turca, en la misma situación que yo. Ella había contratado unas prácticas en el campo de las microfinanzas con la misma empresa durante seis semanas. Al darse cuenta de la realidad, tomó la misma decisión que yo y volvió a su país.

Cuando una contratación laboral no depende de una institución de educación o no tiene sede en tu país de origen o en uno de la Unión Europea, aumenta el riesgo de estafa y la dificultad para denunciar si esta se produce. El hecho de que todo el episodio ocurriese en Nepal hizo imposible que entidades de consumo o la Policía Nacional pudiesen hacer algo respecto a mi caso.

Las asociaciones de consumidores alertan del auge de los fraudes en prácticas laborales

Es muy fácil proyectar una imagen por Internet con intención de engañar si los potenciales consumidores no tienen forma de comprobar en persona la veracidad de la información que se refleja.

La mejor medida de protección es investigar lo máximo posible de la empresa ofertante y asegurarse de recibir una respuesta clara en cualquier petición de información. En caso de tener que tramitar pagos, es recomendable tener los datos bancarios del beneficiario y nunca está de más buscar enlaces externos a la propia empresa que valoren la actividad de esta. Son algunas de las recomendaciones de FACUA para evitar fraudes en la oferta de empleo o de prácticas laborales.

Además, esta asociación de consumidores alerta del auge de empresas y academias que obligan a pagar cursos con la promesa de un empleo fijo, y la importancia de tomar medidas de precaución y denunciar en caso de fraude. Uno de los ejemplos más habituales es el de jóvenes au-pairs que se se van al extranjero con la promesa de manutención y de aprender inglés u otro idioma a cambio de cuidar a unos niños y que acaban denunciando que su trabajo es mucho más duro y excede  lo acordado.

Sobre mi experiencia en Nepal, mi naturaleza aventurera me dice que esto ha sido una experiencia más que cargar en la mochila, pero me ha quedado claro que a veces es necesario actuar con cautela para evitar riesgos innecesarios.

El Ayuntamiento de Madrid sigue apostando por un plan de energía 100% renovable para la mejora de la eficiencia económica a partir del año que viene. El nuevo contrato de energía, con un coste aproximado de 115 millones de euros, entrará en vigor en 2018 y tendrá una duración de 24 meses. Se espera que suponga un ahorro de 5,7 millones de euros anuales.

Siguiendo la iniciativa de otros ayuntamientos españoles, como el de Barcelona, el plan energético del consistorio que dirige Manuela Carmena facilitará el acceso a pequeñas empresas frente a los gigantes del sector. Para ello, por primera vez se dividirán los contratos en lotes, accesibles a cualquier empresa. Se primará a aquellas empresas que demuestren su apuesta por acabar con la pobreza energética y que solo comercialicen renovables.

Asimismo, se favorecerá una contratación a un “precio justo”, y se limitará la adquisición a un máximo de tres lotes de suministro por compañía para evitar monopolios. Los lotes se dividirán en suministros eléctricos titularidad de organismos autónomos; de alta y baja tensión titularidad del Ayuntamiento de Madrid; edificios municipales donde se trata a personas en situación de vulnerabilidad y suministros de gas natural.

El contrato afectará a los aproximadamente 1.100 edificios municipales del Ayuntamiento, incluyendo oficinas, centros culturales, deportivos, de día, de servicios sociales y de mayores, museos, escuelas infantiles, bibliotecas, sedes de Policía, SAMUR y Bomberos. Quedan excluidos los contratos integrales de limpieza y conservación de zonas públicas, dada su vigencia hasta 2024.

El Ayuntamiento pretende licitar conjuntamente el suministro eléctrico y el de gas natural para simplificar la tramitación de expedientes y la presentación de ofertas.

También se eliminarán intermediarios en la compra de energía, con un ahorro estimado del 7% en la facturación anual.

Con la intención de reducir la dependencia de fuentes de energía contaminantes, que generan gases de efecto invernadero y residuos, ya se han llevado a cabo una serie de actuaciones para la mejora de la eficiencia energética en el ayuntamiento de Madrid, como una modificación de la climatización de los edificios municipales o un mayor control de la potencia contratada y de los puntos de suministro.

Eran conocidas las quejas sobre cómo Qatar Airways ha exigido a sus azafatas estar solteras por contrato o cómo la compañía rusa Aeroflot ejerce discriminación por el peso de sus trabajadoras, pero el sexismo en las aerolíneas sigue presente, a veces de una forma más sutil.

Cada compañía cuenta con una normativa de uniformidad, que establece pautas estéticas para la tripulación de vuelo que no refleja un trato igualitario entre hombres y mujeres. En el compendio de normas de Iberia, a ambos sexos se les requiere mantener un aspecto limpio y aseado. Sin embargo, las azafatas, además, deberán llevar maquillaje y retocarse a lo largo del vuelo y utilizar tacones con una altura determinada. Aunque la responsable de prensa de Iberia afirma que “no existe una obligatoriedad de que las TCPs vayan maquilladas”, una de sus azafatas cuenta que “nos dicen que tenemos que llevar los labios pintados, las uñas de rojo y hasta cuántos botones de la camisa debemos llevar desabrochados”.

El documento cita por escrito: “Rostro maquillado de acuerdo con la fisionomía individual y en armonía con la imagen y tonos del uniforme. El maquillaje deberá retocarse a lo largo de la jornada laboral, con el fin de mantener una imagen cuidada”, sin declarar que se trate de una recomendación.

Por otra parte, tras el anuncio de Iberia de que dejará de incluir la prueba de embarazo en el proceso de selección de personal, después de que la Inspección de Trabajo balear haya multado a Iberia con 25.000 euros, CCOO vuelve a exigir al Grupo Iberia que negocie el plan de igualdad al que le obliga la Ley desde 2007 al tener una plantilla de más de 250 personas.

La negociación se paralizó en 2010 y en 2011 Iberia firmó un plan de igualdad para los TCPs con el comité de empresa, publicado en el BOE y que continúa vigente hasta el momento, según el sindicato. CCOO, por su parte, insta a la compañía aérea a aprobar con urgencia un plan colectivo para toda la empresa, para evitar discriminaciones que afecten a la conciliación de la vida laboral y la maternidad.

“Te hacemos el contrato, pero tú renuncias a la lactancia de tu hija”, fueron las palabras de Iberia a una de sus trabajadoras respecto a la posibilidad de volar en cabina tras acabarse su baja por maternidad, relata la azafata de esta compañía bajo condición de anonimato.

El plan hace referencia a la discriminación por embarazo o maternidad: “constituye una discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad”, dice literalmente. Pero la precariedad de los contratos no deja espacio para quejas, continúa la azafata.

Ella cuenta que se entra a trabajar como TCP con un contrato de 6 meses, renovable hasta cumplir la estancia mínima en la compañía para conseguir un contrato indefinido, que son tres años. Cada vez que se renueva el contrato, Iberia exige pasar un control médico que incluye tests de embarazo a las TCP femeninas, con la finalidad de descartar embarazadas en el proceso de selección. Sin embargo, Aviación Española exige controles médicos solo cada cinco años si la aspirante es menor de 40 años.

El plan recoge también los principios de igualdad de trato entre hombres y mujeres, destinado a proteger a los trabajadores frente a discriminación laboral por sexo. Entre ellos se cita que “se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a otras personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados”. Una cláusula que no se correspondería con la realidad a tenor de las situaciones descritas por algunas de sus trabajadoras.