Este es un espacio de reflexión crítica de la actualidad, desde una perspectiva territorial y educativa, que son los dos ámbitos en que su autor es medianamente experto o al menos a los que se ocupa. Lo que viene a continuación forma parte de la rama educativa, pero la reflexión se vuelve homenaje y, la crítica, alabanza. Ha fallecido, sin duda antes de tiempo con solo 61 años, una persona excepcional, que ha sido maestra de escuela… y de vida. Se trata de una figura que contribuye desde un caso local a fortalecer un ideal universal de la profesión docente y el desarrollo vital. Y como algo muere en el alma cuando una buena maestra se va, es de ley dedicarle este espacio. Su nombre es Isabel Hernández García, o, simplemente, Isabel, la maestra de Las Palas.

Las Palas es una pedanía del municipio de Fuente Álamo de Murcia, de algo más de mil habitantes, con un único colegio, público, que alberga a aproximadamente centenar y medio de niños. Allí, ha habido una paisana, Isabel, ejerciendo su trabajo docente y su vida desde principios de los años 80, durante más de treinta años, habiendo sido alumna previamente tras su vuelta de una emigración a Francia. Y su trayectoria, con el desarrollo de una inconmensurable vocación docente, alcanzó una dignidad tal que no obedece únicamente a la larguísima permanencia temporal, sino sobre todo a un peso en la vida cultural y social de la localidad que ha excedido vaivenes políticos, generacionales y laborales.

Recientemente, el Ayuntamiento de Fuente Álamo, en Pleno del 7/04/2022 y a través del Expediente 1911/2022, ha decidido por unanimidad renombrar la calle de ubicación del colegio de esta pedanía como “Maestros de Las Palas”, en homenaje a los docentes del pueblo, y vincular esta acción al reconocimiento primario y explícito a los maestros que han inspirado este acto de honra: Isabel, de quien estamos hablando, y Carlos, su marido y con una trayectoria plenamente paralela a ella, incluso formando parte ambos del equipo directivo en varias legislaturas. Tal como se desprende de la Moción que propició la iniciativa, es innegable la impronta que han dejado en el devenir escolar y social de Las Palas, en prácticamente todas las generaciones vivas. Han canalizado todas las reformas educativas de la democracia en Las Palas, en cierto sentido han dinamizado la vida del pueblo con la implementación de un amplísimo abanico de actividades escolares y extraescolares, y han protagonizado un papel muy destacable en su transformación social, desde un pueblo de emigrantes a otro de inmigrantes, poniendo un esfuerzo especial en la inclusión de los estudiantes (y sus familias) de distinta etnia o condición y, más recientemente, de distinto país, idioma o religión. En definitiva, bien se puede afirmar que los maestros Carlos e Isabel han adquirido un gran peso en la identidad y en la historia de Las Palas.

Lamentablemente, Isabel se vio forzada a la jubilación en el año 2013 por un grave cáncer de pulmón, que pudo superar a pesar del mal pronóstico, y ganar casi una década de vida más, hasta que hace pocos meses le fue diagnosticada una recidiva muy agresiva. La enfrentó hasta el final, con esa fortaleza que siempre la ha caracterizado y dando a todos una última lección de vitalidad. El pasado 14 de abril de 2022 nos dejó, causando un vacío que será permanente, pero con el gran consuelo de que tuvo una vida feliz y plena, hasta el último día, pudiendo incluso conocer a su nieto recién nacido y regalarnos sus últimas sonrisas. Isabel ha sido una persona muy querida y valorada, en la abundancia de ambientes en que ha vivido, y se ha puesto de manifiesto en la despedida multitudinaria que ha tenido y en las innumerables muestras de cariño recibidas.

Defensora a ultranza del derecho a la educación, con una inmensa vocación de servicio público, y garante de una enorme honestidad y transparencia en el trato social, su legado sigue más vivo que nunca. Los que la conocimos, desde la amistad, la escuela, la ciudadanía y la familia, esperamos estar a su altura y afrontar su ausencia con al menos la mitad de su arrolladora fortaleza y su admirable entusiasmo vital. Isabel de Las Palas fue una queridísima maestra de escuela… y vida.

Dice la canción que algo muere en el alma cuando un amigo se va; lo que no dice es que el alma se resiente aún más cuando ese amigo es un maestro y, como hemos recalcado, no solo de escuela sino también de vida, y deja una ausencia tan marcada y compartida. Su hijo y su hija, que nos dedicamos a la docencia inspirados por ella y nuestro padre (su marido), deseamos, junto a él, transmitir el tremendo orgullo que sentimos por la maestra Isabel y dar las gracias por el aprecio tan masivo mostrado. Isabel nos sigue dando lecciones y así será siempre.

El pasado 20 de julio y tras cuatro años consecutivos participando en los play-off, el F.C. Cartagena logró un ansiado ascenso de categoría hacia el fútbol profesional. Un auténtico éxito deportivo, del que la prensa especializada a nivel local, regional y nacional ya se ha hecho eco con detalle. Ahora bien, ¿este éxito deportivo podría venir acompañado de un éxito urbano?

Equipamiento y servicios urbanos de Cartagena

El club es el equipo de referencia de Cartagena, una ciudad trimilenaria con una historia urbana reciente muy activa, que la ha llevado a reinventarse y constituirse en la actualidad en una ciudad con identidad propia, en armonía con su tradición militar y marinera, en diálogo con su puerto y su historia, con equipamientos culturales de máxima categoría y una prometedora rehabilitación física y social de su casco antiguo.

Cartagena está inmersa en un proceso de rehabilitación urbana del que aún quedan retos por resolver, como su capacidad de carga turística, la incipiente gentrificación, el fachadismo, el peso exterior de la ciudad, la contaminación… Pero el camino avanzado es muy extenso. Actualmente, la ciudad cuenta con infraestructuras privadas y públicas que favorecen su desarrollo y mejoran la calidad de vida de sus habitantes, en lo económico y lo social: puerto multifuncional (deportivo, pesquero, crucerista, naval, militar, industrial…), playa urbana, museos, restos arqueológicos, universidades, centros comerciales, restaurantes, zonas peatonalizadas, auditorio, instalaciones deportivas… Sin embargo, este equipamiento debe ir acompañado de un uso de determinado alcance.

Con el puerto, Cartagena se sitúa en la red de ciudades importantes del Mediterráneo, gracias a la industria química y la llegada de cruceros, posible esta última ante la importante oferta turístico-cultural de la ciudad. El auditorio y otras instalaciones similares han permitido la celebración de eventos de alcance internacional, como el festival de la Mar de Músicas o conciertos de estrellas musicales. Las Universidades han logrado atraer talento docente e investigador con presencia en la comunidad científica internacional y una reconocida transferencia social y empresarial.

¿Pero qué alcance han propiciado las instalaciones deportivas? La ciudad cuenta con un equipo de fútbol sala en la máxima categoría de la competición, lo cual es muy valioso, pero el deporte más importante del país y del mundo es el fútbol once profesional, el de los estadios de decenas de miles de espectadores y alcance televisivo de millones. Y Cartagena ha estado fuera del mismo muchos años… hasta ahora.

Beneficios urbanos del fútbol profesional

El fútbol profesional, al que da acceso la 2º División (Liga SmartBank) en la que acaba de ingresar el F.C. Cartagena, genera unos beneficios económicos directos e indirectos en las ciudades de los clubes participantes que no tiene parangón y que la Liga denomina “efectos tractores” sobre la actividad económica: consumo alrededor de los estadios, transporte y alojamiento de aficionados, participación en prensa escrita, publicidad, videojuegos, ingresos de televisión…

Hay mucho estudiado sobre esto, a través de la Economía del deporte. Pero no todos los beneficios son económicos, también los hay intangibles, como aquellos relacionados con la autoestima de la comunidad urbana, el orgullo de pertenencia a un club de élite, la oportunidad de presenciar fútbol de primer nivel… El fútbol, materializado en el club albinegro, adquiere un carácter público y pasa a formar parte del patrimonio urbano de Cartagena, del que sus habitantes se sienten partícipes. En la ciudad portuaria un claro reflejo de esta apropiación patrimonial del equipo es su denominación popular de “Efesé”, haciendo referencia a las siglas “F.C.”, pronunciadas con el seseo propio del habla tradicional cartagenera.

Las principales ciudades de Europa tienen equipos en el fútbol profesional, y esto adquiere mayor importancia en España donde las competiciones están muy bien valoradas y son seguidas internacionalmente. Cartagena es el 24º municipio más poblado del país; en el fútbol profesional participan 42 equipos. Para la ciudad, formar parte de este selecto grupo era una necesidad pública.

El equipo de fútbol es una Sociedad Anónima Deportiva (S.A.D.), es decir, un proyecto empresarial, pero su devenir es de interés público y esto convierte el fútbol en un sector estratégico, de ahí que los equipos reciban subvenciones de administraciones públicas. Eso sí, convendría procurar no caer en fondos perdidos y asegurar repartos equitativos entre los clubes del territorio bajo gestión de cada administración, lo cual no siempre ha sucedido.

Cartagena, además, asume una centralidad con un amplio radio de influencia, que va más allá de la localidad y su vasto municipio y alcanza a toda la comarca del Campo de Cartagena, con un sentimiento identitario muy marcado que el equipo de fútbol puede canalizar, sana e inclusivamente, en lo emocional y como motor económico comarcal, si no provincial, mientras otros clubes de la Región se mantienen en categorías inferiores.

Ascenso futbolístico… ¿y urbano?

El éxito del F.C. Cartagena es privado y público al mismo tiempo y afecta casi por igual a aficionados y no aficionados. Su ascenso va a permitir al estadio Cartagonova albergar eventos de primer nivel, a la altura de los museos de la ciudad, y sus auditorios, y sus puertos, y su universidad, y sus playas, y su centro histórico… La marca 'Cartagena' se va a ver muy reforzada, con consecuencias económicas y emocionales. No solo ha ascendido un equipo de fútbol; ha ascendido una ciudad entera. Ojalá el F.C. Cartagena tenga una permanencia duradera en el fútbol profesional, con proyectos sostenibles no solo para la S.A.D. sino para toda la sociedad.

Legislación sobre la nueva normalidad escolar

La 'nueva normalidad', mientras esté vigente la emergencia sanitaria, ha quedado regulada por el Real Decreto-Ley 21/2020. En su artículo 9, se establece que en los centros docentes se deben evitar las aglomeraciones y asegurar la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros o, en su defecto, otras medidas de higiene de prevención de riesgos de contagio. Pero ahora todos (docentes, estudiantes, padres y madres, políticos…) nos preguntamos: ¿Y esto cómo se consigue?

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha propuesto a la Conferencia Sectorial de Educación un documento de Acuerdos para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021. Son 14 preceptos que desarrollan el citado artículo 9: calendario habitual, presencialidad, adaptaciones docentes para recuperar el curso anterior, apoyos personalizados, planes de riesgos laborales, planes de contingencia, lucha contra la brecha digital, refuerzo de la competencia digital, colaboración entre docentes y administraciones… Pero en realidad esto es desglosar intenciones y todos nos seguimos preguntando: ¿Y esto cómo se consigue?

El Ministerio también ha elaborado un documento con recomendaciones para adaptarse a todos estos preceptos de la nueva normalidad educativa, justificadas en estudios de impacto de COVID-19 en la infancia y del cierre –en su momento necesario y ahora parece que desaconsejable– de los centros educativos en la salud y bienestar del alumnado. Aquí ya se concretan medidas que garanticen una “vuelta a la escuela en septiembre, segura, saludable y sostenible”.

En este sentido, se establecen 4 principios básicos de prevención: (I) limitación de contactos, (II) medidas de prevención personal, (III) limpieza y ventilación y (IV) gestión de casos, todos los principios con acciones transversales como reorganización del centro, coordinación, educación sanitaria y equidad. De todas las medidas, parece que las que más han llamado la atención son las relativas a evitar aglomeraciones dentro de cada aula, más allá de las 'aulas-burbuja' (grupos de convivencia estable) para los cursos inferiores a 5º de Primaria: 1,5 metros de distancia interpersonal en aulas saturadas significa que el aula debe alojar la mitad del alumnado habitual… ¿Y esto cómo se consigue?

El problema de las aulas saturadas

Las aulas saturadas son un problema con o sin pandemia. No debemos pasar esto por alto. Hacen disminuir la eficacia didáctica de las clases, sobre todo al dificultar la atención personalizada del docente hacia el alumnado y entorpecer ritmos de aprendizaje. El sistema educativo debe hacer un esfuerzo por disminuir las famosas 'ratios' de estudiantes por aula, en todas las etapas educativas, y esto se logra básicamente con una mayor financiación en infraestructuras y sobre todo en personal. La pandemia ha puesto de manifiesto el gravísimo problema de personal del sistema educativo español; si su número ya era escaso antes, ahora ya es totalmente insostenible. Los docentes, que a la sombra de sus ordenadores han sido unos héroes etéreos durante el confinamiento (cerraron los centros, no la educación), no dan abasto para atender dignamente a cada estudiante.

Recordado esto, y asumiendo que cada aula deberá albergar la mitad del alumnado habitual, ¿cómo se consigue gestionar el doble de aulas con el mismo horario y el mismo personal docente? Es humanamente imposible. Las administraciones educativas deben contratar más profesorado y otro personal escolar, ahora de forma urgente; después, de forma habitual.

Pero no parece que haya voluntad, porque inhumanamente es posible todo: adaptación de espacios complementarios (pabellones, patios, almacenes, comedores…) y presencialidad por turnos (la primera mitad de la clase asiste las semanas pares y, la segunda mitad, las impares; y el tiempo en casa, problemas de conciliación aparte, para consolidar y ampliar conocimientos de forma autónoma). El profesorado seguirá siendo el mismo; el horario de atención docente, también; y “tan solo” habrá disminuido el calendario académico de cada alumno, pero eso no se paga, ni altera impuestos.

¿Entonces cómo se consigue? Más personal escolar

Estas medidas de “desaturación” de las aulas pueden compensar académica y socialmente en momentos de extrema excepcionalidad, pero para un mínimo de un curso entero no hay más vuelta de hoja: hace falta más personal escolar.

Los principios básicos de prevención contra la COVID-19 que ha establecido el Ministerio de Educación y Formación Profesional estructuran medidas de actuación que, aunque quizá dan demasiada responsabilidad a los centros, son muy detalladas y de una alta sensatez, coherencia y viabilidad, así que se hacen de lectura obligatoria para comprender cómo se puede conseguir la adaptación de los centros a la nueva normalidad. Pero no olvidemos que todas ellas, ahora y cuando no haya pandemia, se resuelven con una única consigna: más profesorado.

Esto cuesta dinero a las administraciones públicas con competencias en educación; ahora bien, ¿cuáles deben ser las prioridades de un Estado social y de derecho como constitucionalmente es España? Parece que la pandemia nos ha demostrado que los servicios públicos lo son, como la sanidad… y la educación.

La Naturaleza se rige por unas dinámicas complejas, y para gestionarla hacen falta conocimientos y honradez. Para lo primero se requieren expertos en cuestiones medioambientales y, para lo segundo, gestores políticos responsables, que cuiden a los expertos y que se encuentren sensibilizados con la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, el gobierno regional no consolida una estructura administrativa con competencias en medio ambiente, y se limita en la mayoría de las legislaturas al establecimiento de una Dirección General o dos (a la postre con escaso personal y raquíticos recursos y atención).

Y eso cuando no nos sorprende con ocurrencias como la creación de una agencia con intervención del sector privado que sustituya a la estructura actual porque “la burocracia amarga la vida de muchas personas que solo quieren crear empleo”, según el propio presidente regional, que con desfachatez equipara burocracia con garantía ambiental.

Existe una disciplina académica con un contrastado recorrido en la investigación de los riesgos naturales y su gestión en la ordenación del territorio. Se trata de la Geografía. De hecho, estos días hemos podido ver en prensa diversos artículos con aportaciones de geógrafos, cuando no directamente notas institucionales de su Colegio profesional o de la Asociación Española de Geografía, explicando qué ha sucedido meteorológicamente, cómo la estructura urbanística de nuestro territorio agrava la situación, qué implicaciones tienen los efectos, qué se puede hacer para mitigar los daños y sobre todo prevenirlos…

Solo la prensa se ha acordado de la Geografía y únicamente a posteriori. Ni el Gobierno ni la sociedad recurre a los geógrafos de una manera constante y transversal como sí ocurre en otros lugares de Europa. Sirva esta llamada de atención también como reclamo para una mayor atribución profesional a los geógrafos y para recordar que existe en Murcia un grado universitario en Geografía y Ordenación del Territorio que, contrariamente a las demandas territoriales, va perdiendo matrículas curso a curso.

Y es que, antes de hacer política medioambiental e hídrica, hay que tener en cuenta a los científicos y técnicos del territorio, geógrafos y otros muchos, tomándolos en consideración y propiciando una buena logística investigadora y laboral. La ordenación del territorio en la Región de Murcia, en cambio, se ha desarrollado a base de pelotazos urbanísticos aislados, sin coherencia regional y sin respeto legal y medioambiental (me remito a los casos públicos de prevaricación y corrupción variada), y solo a posteriori se han establecido directrices desde el gobierno regional. Teniendo también en cuenta a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), ¿cómo es posible que se hayan urbanizado cauces de ramblas y lechos de inundación fluviales cuando la actual ley del suelo, en su artículo 15, obliga al cotejo con mapas de riesgos?

Prevención y concienciación antes que reparación

Podemos ver en la imagen adjunta a este artículo cómo las zonas anegadas en el entorno del Mar Menor tras las lluvias de la gota fría causada por la DANA del 12-13 de septiembre coinciden casi en su totalidad con las zonas inundables establecidas por la CHS en su plan 2016-2021, para un periodo de retorno (probabilidad de que suceda un fenómeno) no solo de 50 años (menos frecuencia) sino también de 10 años e incluso de tan solo 5.

La actuación de respuesta a la gota fría es casi irreprochable. La AEMET –y esto hay que destacarlo– tuvo la valentía de decretar el nivel rojo de alerta y las administraciones regionales y municipales enseguida tomaron medidas de atención ciudadana. Quienes probablemente no estuvimos a la altura fuimos nosotros como sociedad, al infravalorar estos avisos y recomendaciones, si bien luego hemos intentado enmendarnos con una encomiable solidaridad hacia los más afectados, amén de los cuerpos y fuerzas de seguridad pública. Pero, en cualquier caso, nuestra sociedad y nuestro gobierno sí que han fallado –estrepitosamente– en prevención estructural, a pesar del conocimiento previo, y esto es muy grave.

En un paradigma de gestión de riesgos naturales desde la prevención antes que desde la reparación, en la Cuenca del Segura (incluida obviamente la Vega Baja) el plan contra las avenidas del río no funciona y los desbordamientos de ramblas no solo apenas han sido gestionados sino que encima los enfrentamos con mayor vulnerabilidad por la urbanización desaforada de las últimas décadas. Los encauzamientos de cauces y los acortamientos de meandros puede que fueran necesarios en su momento, para la higienización urbana y la optimización agraria, pero parece que ya no podemos seguir en esa dirección y sobre todo no de la forma convencional (supremacía del hormigón, en altura y en base).

Ahora urgen obras, no de encaramiento con la Naturaleza, sino de diálogo, con encauzamientos de mayor permeabilidad, embalsamientos cuidados del aterramiento y, sobre todo, con un aumento de la disponibilidad espacial para los ríos y ramblas, que dispongan libremente de sus lechos de inundación (también beneficioso desde un punto de vista edáfico, como de hecho en la huerta de Murcia sabemos bien a lo largo de la historia), de forma que, cuando no sea posible por la ocupación urbana consolidada, se instalen grandes colectores pluviales, que tengan en cuenta precipitaciones y avenidas de periodos de retorno extensísimos, de al menos 500 años.

La culpa no es de la Naturaleza en sí misma

No nos engañemos: el cambio climático no causa estos desastres naturales (las inundaciones forman parte de nuestro clima desde que hay fuentes e incluso las ha habido mayores que esta última) pero sí que puede intensificar su peligrosidad, por un mayor calentamiento del Mar Mediterráneo, más distorsiones de la corriente en chorro y una conjunción numerosa de factores antrópicos, como una mayor vulnerabilidad por exposición urbana y mayor escorrentía por abandonos de cultivos tradicionales aterrazados, proliferación de vastos campos de agricultura súper intensiva y aumento de superficie asfaltada.

Los efectos que causan estos eventos naturales que no son bien gestionados por la humanidad los conocemos de sobra, especialmente los relacionados con daños materiales en bienes, infraestructuras y cultivos y, lamentablemente, con pérdidas humanas. Pero también los hay de desequilibrio ambiental (tal como explica magistralmente la Catedrática de Geografía Física Asunción Romero Díaz en la p. 9 de la edición impresa de La Verdad del 17/09/19), como la enorme pérdida de suelo, un recurso fundamental para el desarrollo natural y económico de la Región (por sus componentes bióticos y abióticos) y que es muy lento de recuperar, o el aterramiento de masas de agua, que colmata embalses y enturbia un Mar Menor que, entre la sobreexplotación agrícola de su entorno (no exenta de casos sospechosos de ilegalidad) y la recepción mal gestionada de casi toda la red hídrica del Campo de Cartagena, está abocado a un estrés ambiental que no lo saca nunca de la UCI, por usar la metáfora preferida del gobierno regional.

Esta gota (fría) ha colmado el vaso de un territorio al borde del colapso, no por eventos apocalípticos puntuales de un cambio climático expiatorio, sino por la mala gestión de un gobierno regional que nunca le ha dado importancia a la política ambiental e hídrica más allá del mantra irresponsable, ofensivo y reduccionista del 'Agua para todos'.

El agua, efectivamente, puede reclamarse, pero siempre desde una coherencia científica, técnica, sostenible y política que no ha existido aquí, ni con el agua de 'dentro' ni con la de 'fuera'. Esta gota fría ha sacado a la superficie toda esta mala y casi inexistente gestión regional del agua y el medioambiente, más allá de las competencias de la CHS. El gobierno de López Miras se ha emborrachado de agua, y ya no puede echar culpas ajenas. ¿Nos merecemos los murcianos un gobierno ebrio?

No es despreciable la cantidad de población que ve en la inmigración un grave problema. ¿Pero realmente es así? Y en función de esto, ¿qué política migratoria se puede apoyar desde el nivel local al europeo en las próximas elecciones?

¿Qué nos dice la estadística?

Los resultados de las últimas elecciones generales han dejado en la Región de Murcia un cuadrante de municipios de auténtico polvorín xenófobo. Podemos identificarlos como aquellos donde el porcentaje de voto a la ultraderecha (Vox) ha sido superior a la media regional (ya alto de por sí) a la vez que el porcentaje de inmigración sobre el total poblacional también lo es. Teniendo en cuenta que el ideario de la ultraderecha encuentra en el rechazo a la inmigración uno de sus grandes pilares, ¿se podría decir entonces que cuantos más inmigrantes haya en un municipio más potencial de voto tiene la ultraderecha?

Para comprobar si existe esta relación y, si es así, cuantificarla, hemos aplicado un modelo estadístico con los datos de los municipios de la Región de Murcia, y el resultado (ver Figura) parece evidente: existe una correlación alta y positiva entre ambas variables (r=0.54), con una recta de regresión capaz de explicar, con una sola variable independiente (porcentaje de población extranjera), casi un tercio de la varianza de la variable dependiente (porcentaje de voto a Vox), y que incluso mejora si la correlación se hace con la inmigración exclusivamente no comunitaria (r=0.58).

Esto no quiere decir que el alto porcentaje de voto a Vox se explique únicamente por la inmigración. Sobre las claves del éxito de la ultraderecha en determinados territorios se ha escrito ya mucho en los últimos días: percepción de inseguridad ciudadana asociada a la inmigración, contexto cultural de medio rural profundo, desafección por la política, patriotismo español de respuesta a desafíos soberanistas, confrontación hacia la ideología de género… Vox aglutina todas estas ideas.

Habría que hacer un estudio que incluyera muchas más variables (índice de ruralidad, edad media, índice de delincuencia, superficie de regadío dependiente de infraestructuras hídricas de sustento ideológico, población con formación académica…), quizá mediante una regresión múltiple, e incluyendo también municipios de otras provincias. También habría que hacer un buen diagnóstico del modelo y procurar no caer en una posible falacia ecológica o en correlaciones espurias por trabajar con datos porcentuales. En cualquier caso, aun con una aplicación estadística básica, no hay duda de que el modelo calculado arroja una realidad socialmente palpable: una muy buena parte del voto a Vox se explica estadísticamente por la presencia de población inmigrante, y esto es una contradicción racional que esconde un victimismo primitivo ante las frustraciones vitales e ideológicas de un sector desinformado de la población, que encuentra salida fácil en culpar de todo a “los otros”.

¿Es realmente la inmigración un problema?

La población inmigrante, por sí misma, no puede ser considerada un elemento hostil por diversos motivos: en primer lugar, porque la conforman personas, que como tal merecen el mismo respeto y dignidad que cualquier otro congénere; en segundo lugar, porque enriquecen a la sociedad de destino con una pluralidad cultural que alimenta intelectual y emocionalmente; en tercer lugar, porque es gente con tan altas inquietudes vitales y laborales que han sido capaces de superar un exilio muy duro y normalmente poco voluntario, lo que, lejos de frenar una economía de acogida demandante de mano de obra en condiciones cuestionables, lo que provoca es una inyección de dinamismo que, empíricamente, las regenera y las hace más sostenibles; en cuarto lugar –no acaban las razones– porque es una población joven, que no solo regenera el territorio económica sino también demográficamente, lo que, en combinación, es un alivio para el mantenimiento del estado del bienestar, contribuyendo a dinamizar la vida pública, fortalecer las cotizaciones a la Seguridad Social y asegurar nuestras pensiones; y, finalmente, en quinto lugar (paramos aquí para ofrecer un top-5 de principales razones), porque la española es una sociedad tradicionalmente emigrante (¿quién no conoce casos cercanos de emigración?) que cuenta con una sensibilidad histórica hacia la movilidad humana, capaz de hacerle empatizar fácilmente con quienes lo han dejado todo en busca de un futuro mejor y sin pretender que sea a costa de otros.

Es comprensible que, dejándose llevar por sentimientos viscerales y siendo bombardeados por campañas masivas de desinformación, mucha gente sitúe riesgos puntuales en el centro de la cuestión inmigratoria y los magnifique. Por supuesto que la inmigración puede causar problemas de convivencia, o incluso delincuencia, al igual que la presencia de un bosque puede desembocar en su incendio. ¿Pero talamos todos los árboles para que nunca más haya incendios? Es absurdo; los árboles son las víctimas, no las causas, así que lo que hacemos es prevenir los incendios atendiendo a qué los provoca, y con la inmigración debe ser igual. Debemos atender las dificultades de integración ante la diversidad cultural y los riesgos de exclusión social ante la pobreza. El inmigrante no es un delincuente; lo puede ser (no en exclusividad, claro) el pobre, o el marginado, o el adicto. La responsabilidad de una sociedad avanzada es evitar que sus miembros, hayan nacido aquí o allá, caigan en la pobreza, la marginalidad o la adicción, y esto nos hace poner el punto de mira en los inmigrantes extracomunitarios que por sus pésimas condiciones de llegada son los que más riesgo presentan de caer en estas situaciones.

Quizá una de las claves está en un cambio de mentalidad de pertenencia colectiva: ¿somos de nuestro barrio/pueblo/provincia/país… o somos de la humanidad? No estamos cayendo en consideraciones hippies; este sentimiento, emocional, es compatible con la existencia de fronteras administrativas, de distinta naturaleza según la escala territorial y el ámbito a administrar. Y, por último, una vez cambiada esa mentalidad, probablemente otra clave esté en la educación, integral y continua, en los centros educativos y en el ámbito público, con alcance universal, sin distinciones, y con una carga muy importante de enseñanza cívica, normativa y ética, una educación en el marco democrático y sus pilares garantistas de una población crítica, libre, formada e informada, lejos así del temido adoctrinamiento partidista. Para desactivar el polvorín xenófobo de un territorio no hay que hacer disminuir la población inmigrante, sino aumentar la formación democrática y humanitaria de toda la población.

¿En este contexto es aconsejable una ultraderecha fuerte? Vox va radicalmente en contra de estas consideraciones, viendo y generando un problema donde en realidad existe una oportunidad (y a veces ya un hecho) de progreso y prosperidad. El modelo estadístico que hemos calculado (ver Figura del modelo y la cartografía de apoyo) nos muestra, como adelantábamos antes, un cuadrante superior diestro con los municipios que conforman lo que podríamos llamar “polvorín xenófobo”, puesto que son los que, teniendo un porcentaje de inmigrantes superior a la media relativa regional, más porcentaje de votos a Vox han emitido. Se trata de 13 municipios: Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Pedro del Pinatar, Alguazas, Fortuna, San Javier, Totana, Mazarrón, Lorca, Beniel, Puerto Lumbreras, Alhama de Murcia y Los Alcázares. Pues bien, solo tres de ellos cuentan con una tasa de paro, por ejemplo, superior a la media regional, y nunca por encima de dos puntos. Los diez restantes se sitúan por debajo y algunos incluso encabezan la lista del empleo. Otro dato de dinamismo: la Región de Murcia es de las pocas comunidades españolas que, con gran influencia de la población inmigrante, no tiene una pirámide demográfica invertida y cuenta con una población activa superior a la población dependiente. Contradictorio, ¿verdad?

¿Hacia qué modelo de política migratoria queremos ir?

Próximamente podremos elegir nuevos plenos municipales (que decidirán, en lo que nos atañe en este artículo, medidas de integración local de la población con riesgo de marginalidad), parlamentos autonómicos (que decidirán, por ejemplo, qué prioridad presupuestaria otorgar a medidas contra la precariedad laboral) y, muy importante y demasiado olvidado, un nuevo parlamento europeo (que decidirá, entre otros postulados de importancia “glocal”, qué orientación dar a la ya iniciada Agenda Europa de Migración).

Las fuerzas democráticas españolas se movilizaron para frenar en las últimas elecciones generales el ascenso de la ultraderecha. ¿Perderán fuelle para frenarlo en nuestros pueblos, comunidades autónomas y en la Unión Europea? Esperemos que no, y que opiniones basadas en datos objetivos, como la derivada del modelo estadístico que mostramos aquí, contribuyan a generar conciencia de que un fenómeno global como la inmigración y el enriquecimiento cultural, demográfico, económico y social, con incidencia intensa en el ámbito local, autonómico, nacional e internacional, sitúa su mayor o menor viabilidad en la conformación de un marco institucional que comprenda bien el avance social global que está en juego, ahora mismo incierto entre un extremo de confrontación / conflicto/ nacionalismo/ bulos/ xenofobia… y otro de convivencia/ apertura/ humanidad/ veracidad… Nosotros decidimos hacia qué extremo queremos dirigirnos. Votemos el 26 de mayo, en todas las elecciones, y no seamos cómplices por pasividad del extremo bélico.

*(El autor desea expresar su agradecimiento a su compañero geógrafo Fulgencio Cánovas por las orientaciones estadísticas aportadas).

Lo ejemplificamos con la especialidad de Geografía e Historia de la última convocatoria en la Región de Murcia

Es raro que no lo sepas ya: se ha producido una “masacre”, “escabechina”, “estragos”, “dolor”… en las oposiciones a profesorado de Secundaria en casi toda España. Estas oposiciones las convocan las Comunidades Autónomas. En Murcia, como en tantas otras, los resultados han sido tan extraordinariamente bajos que incluso se van a quedar plazas sin cubrir. ¿Tan ineptos son los opositores?

Pongamos el ejemplo de Geografía e Historia en la Región de Murcia, ciertamente representativo y a cuyas evaluaciones hemos podido acceder: de 730 opositores presentados a la primera prueba (examen práctico + examen teórico), han aprobado 73, lo que supone un mísero 10% que accede a la segunda prueba (defensa oral de una programación didáctica). La nota media en el examen práctico (incluidos los aprobados) ha sido de 1’7±1’5 sobre 10; en el teórico, de 3’4±2’6. No ha sido la peor especialidad; en Física y Química, por ejemplo, incluso quedarán plazas desiertas.

Es muy difícil (se podría decir que hasta sospechoso) sacar menos de un 2 en un examen, sobre todo en gente previamente formada, con una licenciatura y un máster o curso habilitante para la docencia, que además lleva años preparando sistemáticamente estas pruebas, normalmente con guía profesionalizada e incluso en muchos casos con experiencia docente a sus espaldas por tratarse de interinos. Puede haber excepciones, pero resulta extraño que se trate precisamente de la media, que además presenta una desviación estándar muy baja.

Los errores de estas opacas oposiciones (de ahí que inventemos el concepto de “OPAsiciones”), repletas de aleatoriedades, se pueden apreciar desde el principio. Hagamos un repaso:

Sin duda, seamos o no opositores docentes, conozcamos o no a candidatos, no cabe duda de que el sistema actual es injusto y merece una revisión urgente, por parte de las Comunidades Autónomas y también del Estado, para fijar un criterio más homogeneizado. Confiemos en lo segundo; lo primero se complica cuando la responsable de Educación en nuestra Comunidad ni siquiera procede del ámbito educativo público. El Gobierno regional se ríe en nuestra cara con convocatorias tan opacas, injustas e ineficaces como esta, y me atrevería a decir que los sindicatos mayoritariamente también, que se les oye más a posteriori que a priori; incluso si nosotros seguimos callados y aceptando temerosos este sistema y cualquiera que se nos presente, también como sociedad nos estaríamos deshonrando.

Esta situación no debe dejar escapar la oportunidad de una reclamación o denuncia masiva y debería marcar un antes y un después. El nacimiento de la Plataforma 7J Oposiciones Justas ya es un primer paso; hacen falta más. Hace falta diseñar un sistema nuevo, que realmente valore la calidad conceptual y docente de los opositores, con justicia, objetividad, actualización, transparencia. Para ello necesitamos representantes políticos y sindicales comprometidos, que no antepongan intereses de cargos, profesionales en el ámbito educativo, y una presión social constante. Estas demandas se repiten tras cada oposición, pero esta última puede haber supuesto la gota que colma el vaso.

Quisiera terminar con la valentía de un mensaje para los opositores y otro para la Administración Pública. A los primeros: ánimo, la inmensa mayoría merecíais una nota más digna pero, pasados los primeros momentos de duelo inevitables, no caigáis en el desánimo; las injusticias no se tragan, se enfrentan. Por favor, clamad a los cuatro vientos lo que ha ocurrido, sin victimismo, acuñando razones objetivas. Llenad las redes sociales, convocad movilizaciones, asistid a reuniones, consensuad propuestas… A los representantes de la Administración: veláis por la organización social en el ámbito que os compete, no es vuestro papel manejar los designios de la humanidad; por favor, dejad en segundo plano criterios ideológicos, partidistas y vanidosos y apropiaos de criterios técnicos, éticos y realistas.

Ser docente es una actividad imprescindible en una sociedad democrática y avanzada, pero difícil, que exige una buena preparación sacrificadora y elevadas dosis de motivación. Un 91% de opositores suspensos, o, de ellos, la buena parte que iban bien preparados, aún siguen preguntándose frustrados e impotentes cuál es la razón de sus ridículas notas y cómo ha podido echarse a perder tanto tiempo de sus vidas, dedicado a una preparación inútil puesto que no han encontrado honestidad por parte de la Consejería de Educación. Han sido estafados, académica y personalmente. Es necesario emprender una revisión profunda del sistema de oposiciones, de su diseño e incluso de su propia razón de ser. Ahora mismo, y ahí están los datos y la percepción de la comunidad educativa, las “OPAsiciones” son un tremendo fraude.

Datos de las pruebas A (práctica) y B (teórica) de la Especialidad de Geografía e Historia de la convocatoria de oposiciones de 2018 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

¿Por qué no trasvasamos el agua que le sobraba a la Cuenca del Segura cuando el 28/09/2012 el embalse de Puentes recibió caudales que superaron los 2000 m3/s? ¿Y la que sobraba en las inundaciones de agosto (¡agosto!) de 2010? ¿Septiembre de 2009? ¿Octubre de 2003?

Un trasvase de cientos de kilómetros desde el Ebro es tan inviable que ni siquiera el PP, con sus mayorías absolutas y sus gobiernos nacional y autonómicos, lo ha desarrollado más allá del eslogan trasnochado e inquino del “Agua para todos”

Debemos apartar viejos dogmas y enfrentamientos regionalistas, pensando a escala nacional, desmitificando los pros y contras de las derivaciones kilométricas de agua y sin supeditación a las ideológicas y partidistas

En la última gran avenida en la Cuenca del Segura, se alcanzaron caudales por encima de los 2000 m3/s. Al Segura le sobra mucha agua. ¿Por qué no clamamos por un trasvase hacia el Valle del Ebro para evitar nuestras inundaciones y solucionar su sequía? Una locura. Pues hace un mes, el Ebro alcanzó caudales similares. En el Sureste no se hablaba de otra cosa, y no parecía tanta locura. Vamos a matizarlo.

El pasado 15 de abril, el río Ebro experimentó una avenida extraordinaria que provocó desbordamientos en numerosos tramos de su cauce, llegando a la ciudad de Zaragoza un caudal máximo de 2050-2200 m3/s. Las impactantes imágenes de la crecida dieron rápidamente la vuelta por todo el país y las reacciones viscerales por parte de la España más árida no se hicieron esperar. A los comentarios en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, totalmente infundados e impregnados de odio, en torno a la idea de que “esto es culpa de ZP y ojalá se ahoguen todos los aragoneses, por no querer darnos agua”, se unieron declaraciones y actos vergonzosamente demagógicos y populistas de autoridades políticas murcianas, como la visita “de solidaridad” de Garre a zonas afectadas o los datos aportados por el Consejero de Agricultura y el propio Presidente regional, que afirmaron, respectivamente, que el agua que le sobra al Ebro en cinco días llenaría todos los pantanos del Segura y que lo arrojado al mar en doce horas cubriría las necesidades murcianas de un año.

¿Pero realmente hay agua que sobra en unas zonas de España y que puede ser trasladada a otras donde falta y solucionar así de una sola tajada dos graves problemas ambientales (inundaciones y sequías)? Siento ser un aguafiestas, pero la respuesta no admite discusión, ni desde un punto de vista técnico, ni ambiental, ni económico, ni social, ni cultural, ni político, ni integral: no.

Sistema natural

Sistema natural Un río de primer orden vertebra toda una cuenca hidrográfica, recibiendo aportes de otros cursos secundarios, permanentes o no, hasta desaguar en el mar, sedimentos incluidos. Forma parte del ciclo del agua y en definitiva del complejo sistema natural: hay entradas, escorrentías, infiltración, erosión, transporte, sedimentación, percolación, geodinámica costera… a lo largo de un ciclo estacional que se autorregula. Cualquier intervención en este proceso más allá de regulaciones y derivaciones muy controladas, más en un contexto de cambio climático, puede provocar su desequilibrio y su devastación, causando problemas ambientales (ecosistemas), económicos (costes de infraestructuras y energía), culturales (etnografía de ribera), sociales (elitismo en el consumo hídrico), materiales (desgaste de infraestructuras)… Un trasvase de cientos de kilómetros desde el Ebro es tan inviable que ni siquiera el PP, con sus mayorías absolutas y sus gobiernos nacional y autonómicos, lo ha desarrollado más allá del eslogan trasnochado e inquino del “Agua para todos”.

El Ebro no tiene la culpa. Los ríos se desbordan por procesos naturales, dentro de una relativa normalidad; si estas crecidas causan daños es por la mala gestión territorial humana, con ocupaciones de suelo inadecuadas y sobreexplotación de recursos. Todos los ríos cuentan con un lecho de inundación técnicamente delimitado, en función de años de retorno. ¿Los tenemos en cuenta? Casi nunca, asumiendo, aunque sea inconscientemente, el coste de nuestra mala ordenación del territorio (urbanización de zonas inundables o intensificación del regadío ilegal, por poner dos ejemplos paradigmáticos).

El agua que en esta avenida “le sobra” al Ebro no es constante, sino producto de una situación excepcional, provocada por un fuerte episodio de lluvias equinocciales junto al deshielo en zonas altas, una combinación que ocurre una o pocas veces al año, y en ocasiones nunca. ¡Ojo!: también se dan caudales extraordinarios en el río Segura (a pesar de su extrema regulación), y en cualquier río mediterráneo. ¿Por qué no trasvasamos el agua que le sobraba a la Cuenca del Segura cuando el 28/09/2012 el embalse de Puentes recibió caudales que superaron los 2000 m3/s? ¿Y la que sobraba en las inundaciones de agosto (¡agosto!) de 2010? ¿Septiembre de 2009? ¿Octubre de 2003?... La Cuenca del Ebro también presenta una situación de sequía a pesar de estos episodios coyunturales de crecida.

Problema de falta de agua en España

Problema de falta de agua en EspañaPor supuesto que en la Región de Murcia (y todo el sureste peninsular) hay un grave problema de escasez hídrica; al fin y al cabo disfrutamos (y sufrimos) de un clima semiárido, con características estacionales mediterráneas. No es una preocupación local; el abastecimiento de agua para consumo, riego y cualquier actividad económica es un asunto de Estado, un servicio inalienable, un derecho básico, una cuestión de ciudadanía e igualdad. ¿La única solución es trasvasar agua de un lugar a otro? Obviamente no. Un trasvase, además del coste medioambiental mencionado, presenta un elevado coste energético, técnico, económico, además de social, cultural y político. ¿No existen alternativas de menor coste? Si el trasvase del Tajo sigue en funcionamiento es por haber asumido ya su coste, a lo largo de las últimas décadas, pero parece claro que requiere de una regulación más estricta, ajustada a una actualización permanente de las reservas hídricas de cada cuenca. Cada vez se construyen más desaladoras, y se optimizan las técnicas de almacenamiento y riego, y aunque el precio de esta agua sigue siendo elevado, es claramente menor que el que se derivaría de un nuevo gran trasvase intercuencas.

El desarrollo económico, equitativo y sostenible, también requiere de actuaciones, no creo que haya que caer en el mantra conservacionista de la cero intervención en la Naturaleza. Entonces, ¿trasvases nunca? No. El gran trasvase del Tajo, ya en funcionamiento y con su coste efectuado, debe ser mejor gestionado, con mentalidad de país, y se pueden seguir contemplando, junto a otras instalaciones e infraestructuras, trasvases entre cursos hídricos, a distancias salvables y con las suficientes garantías de equilibrio ambiental y sostenibilidad económica y natural, con informes técnicos pertinentes, totalmente apolíticos en su elaboración.

A por alternativas

A por alternativasEn definitiva, un trasvase desde el Ebro no soluciona ningún problema de inundaciones allí, ni de sequía aquí. Afirmar que al Ebro le sobra agua cuando sufre una crecida es equivalente (salvando las distancias proporcionales) a decirlo para el río Segura cuando se desborda en distintos puntos de la cuenca. Todos nos llevaríamos las manos a la cabeza con tal manifestación.

Creo que ahora, que ha pasado un mes desde la última avenida y están los ánimos más calmados, podemos reflexionar sobre ello y no olvidar exigir a la clase política regional y nacional que llegue a buen puerto con el Pacto Nacional del Agua que se está pergeñando. La propia ministra del ramo, en el Congreso Nacional de Comunidades de Regantes que se celebra estos días en Torrevieja, asegura la imposibilidad del trasvase del Ebro, frente a la obsesión trasvasista del grueso de agricultores, precisamente en la ciudad con una de las desaladoras más potentes del país. Debemos apartar viejos dogmas y enfrentamientos regionalistas, pensando a escala nacional, desmitificando los pros y contras de las derivaciones kilométricas de agua y, en definitiva, teniendo en cuenta todas las valoraciones técnicas comentadas, sin supeditación a las ideológicas y partidistas. Es la única forma, al amparo de una adecuada y global ordenación del territorio, de un verdadero “Agua para todos”, sostenible, ético, justo, viable, universal… y real.

El estudio, a cargo de Iván Gil Alonso bajo la dirección de los investigadores del Departamento de Geografía Alfredo Pérez Morales y Salvador Gil Guirado, tiene por objetivo principal determinar si la instalación de un muro mientras se construye el soterramiento va a suponer, como denuncia la Plataforma y como ya se había reflexionado con anterioridad, un retraso en los desplazamientos al sur de las vías y, en ese caso, cuantificar su intensidad.

De este modo, con el AVE en superficie y respecto a la situación anterior, el 100% de la población del área de estudio es afectada por algún incremento cuando se mueve peatonalmente, y al 87% le ocurre lo mismo cuando lo hace a través de vehículos. Solo la vía rápida de circulación que atraviesa la ciudad en eje norte-sur (A30) permite que un escaso porcentaje de la población no se vea influida por la supresión de pasos a nivel, puesto que la autovía está igual de operativa antes y después de las obras del AVE.

Sin embargo, los costes de desplazamiento para los peatones, respecto a la situación anterior a las obras, son menos significativos que para los vehículos, puesto que las pasarelas de la vía provisional apenas amplían el tiempo de cruce de los antiguos pasos a nivel peatonales. El coste medio máximo para un peatón es del 3,4% respecto al tiempo de desplazamiento necesitado antes de las obras [ver MAPA 1]. Para los vehículos, en cambio, este coste aumenta al 19,7%, puesto que el único canal de paso es la autovía [ver MAPA 2].

Los valores de coste más altos (más del 50% del tiempo máximo de retraso) los sufre el 32,1% de la población para la movilidad peatonal y el 8,8% para la automovilística. El incremento promedio para peatones el del 1,7% del tiempo previo a las obras y, en coches, del 9,8%. La población afectada aumenta si nos fijamos en los costes superiores al 1% de incremento respecto a la situación previa para peatones (el 48,6% de la población) y al 5% para automóviles (27,2% poblacional).

En definitiva, con mayor o menor incidencia, la presencia de una vía ferroviaria en superficie adaptada para el paso del AVE (sin pasos a nivel para vehículos y con pasarelas de más largo recorrido para los peatones) hace aumentar los costes de desplazamiento de la población ubicada al sur de la ciudad, cifrada en 113065 habitantes, un cuarto de la población municipal total.

Para el estudio se han establecido dos escenarios temporales: por un lado, instalaciones ferroviarias tradicionales (con pasos a nivel para vehículos y peatones) y, por otro lado, la vía jalonada por un muro (con pasarelas para peatones pero sin pasos para vehículos).

Para ambos escenarios, se ha hecho, mediante herramientas SIG (Sistemas de Información Geográfica), un análisis de redes para calcular cuál es el tiempo medio de desplazamiento entre cada unidad territorial del mapa (distritos al sur de las vías) y una selección de destinos que han sido considerados importantes por actuar de focos atrayentes de población masiva (centros educativos, hospitales, los distintos campus de la Universidad de Murcia y, también, la Plaza de la Catedral, como punto referente del centro urbano).

La diferencia de tiempos entre el escenario segundo (futuro) y el primero (pasado) es lo que genera la cartografía del incremento del coste de desplazamiento, que ha sido positivo, tanto para la modalidad del movimiento peatonal como para la movilidad con vehículos.

Diseñando modelos de desplazamiento que tienen en cuenta la velocidad máxima de cada carretera, el sentido del tráfico, la jerarquía de la vía, la frecuencia del tránsito de trenes, el tiempo de cierre de los pasos a nivel, el tiempo de recorrido de pasarelas peatonales, la coordenada Z del viario… se ha podido cuantificar con precisión la población afectada por incrementos de coste en sus desplazamientos, así como la significancia de los mismos.

El pasado 26 de enero, recogí en la UMU el Premio Extraordinario de Doctorado; previamente obtuve el de Licenciatura y el de Fin de Carrera a nivel nacional; en su día también gané el de Bachillerato. Ahora, en cambio, soy un pluriempleado mileurista. Esto, el día en que salen los resultados del segundo barómetro del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitario, me hace reflexionar sobre el nivel de pragmatismo de la formación superior, con mucho conocimiento de causa. resultados del segundo barómetro del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitario

Desde niños se nos conmina a estudiar mucho, en proporción directa al éxito personal, laboral y social que pretendemos conseguir. Pues bien, esto es claramente una de las primeras estafas que sufrimos en nuestras vidas, al menos parcialmente.

Es cierto que estudiar nos proporciona éxito personal, lo que tiene una importancia quizá demasiado desvalorada, cuando, sin embargo, obtener títulos académicos, en progresión al nivel, nos confiere una madurez intelectual muy sana, así como capacidad de esfuerzo, agilidad mental, sentido crítico, habilidades de análisis y sistematización, acervo cultural, diversidad de miras, amplitud de criterios, mayor rango de alternativas; en definitiva, más libertad y, con ella, una mayor predisposición a la felicidad interna.

La estafa entra en escena cuando aludimos al éxito social y laboral. Todo el éxito personal que generan los estudios no se encuentra suficientemente valorado a un nivel social, debido a la ausencia de manifestación material de este valor añadido personal, que deriva en una falta de concienciación sobre su sentido, su razón de ser, su utilidad, su valor. El beneficio queda exclusivamente en cada individuo y no consigue transmisión social. Si en otras épocas, un maestro, un filólogo, un químico… despertaban la admiración y el respeto por parte de la sociedad, ahora parece que se ha perdido ese reconocimiento, que se gana, no a través de un baremo académico, sino, más bien, mediante baremos de “likes” en redes sociales y apariciones en medios de comunicación en base de deportes o modas. No son los padres de un maestro los que sienten orgullo paterno-social, sino los padres de un futbolista.

Como consecuencia, la valorización laboral pocas veces se ajusta al esfuerzo, conocimiento y responsabilidad que se corresponde a la formación académica dada. Y así es como tenemos, con todo el respeto a la dignidad de cualquier actividad profesional, a un licenciado frustrado trabajando en la caja de un supermercado o a un biotecnólogo sirviendo copas en un pub inglés, mientras un futbolista de 2ª B disfruta y se jacta de la ociosidad material de la vida. O, cuando no están en el paro, a un abogado trabajando en asuntos jurídicos, un arquitecto diseñando infraestructuras, un trabajador social encargándose de personas dependientes… con el hándicap todos de cobrar una miseria por su trabajo, especializado, exigente y estresante. También es el caso extremadamente paradójico de los profesores de Universidad, de los nuevos, del campesinado claustral de la jerarquía universitaria, antaño apreciados, respetados y tutelados, y sin embargo, ahora, sin un mísero resquicio de valoración laboral y social, abocados en su mayoría a las migajas materiales (tesoro inmaterial) de su propia autovaloración personal.

Sirva mi caso, de formación superior completa, como ejemplo, sin ninguna pretensión y con mucho respeto: varios premios extraordinarios en las distintas fases educativas, estancia de investigación en el extranjero, publicaciones, congresos, experiencia docente y profesional… Y heme aquí, escribiendo estas líneas en un breve descanso de mi pluriempleo como profesional universitario. Con docencia en tres Titulaciones, cada una con sede diferente (Cartagena, centro de Murcia y Campus de Espinardo), apenas tengo tiempo de conciliar mi vida personal y además estoy forzado a limitar a lo indeseable mi progresión investigadora, todo ello por el sorprendente precio de… ¡unos 1.000€ al mes!

Y yo soy un afortunado del sistema: he ganado convocatorias de casi las únicas plazas que convoca la Universidad para suplir sus necesidades docentes: las de Asociado precario, que exigen demostrar un trabajo por cuenta ajena al ámbito universitario (muchas veces mediante una cuota mensual de falso autónomo), no para cubrir clases prácticas en que se necesita la sabiduría de profesionales del sector, sino para ahorrar costes frente a otros perfiles de plazas enormemente más estables y dignas respecto a las necesidades cubiertas.

Los neoliberales justifican esta situación con la dinámica legítima del mercado, saturado de lo que llaman “titulitis” y necesitado de profesionales que marquen la diferencia. No creo que sea una premisa del todo falsa, pero sí lo es la asunción de que una titulación superior se traduce automáticamente en conocimientos teóricos vacíos de pragmatismo, por varios motivos: (i) no todos los trabajos son prácticos, (ii) no todas las titulaciones son exclusivamente teóricas, (iii) la especialización práctica solo puede surgir desde una estructura formativa, (iv) la educación superior es enriquecedora por sí misma y no tiene por qué tener asociado un empleo específico, y (v) el valor de una actividad profesional no depende solo del resultado neto, sino sobre todo del valor añadido que supone el capital humano por su formación diferenciada, lo cual no está ocurriendo casi nunca.

Por lo tanto, no es una cuestión de dinámica de mercado, sino un sesgo ideológico. Somos una sociedad que honra a los premios extraordinarios con, en el mejor de los casos, un pluriempleo precario. Pero ya sabéis, niños: si queréis alcanzar el éxito, debéis estudiar posturear.

Inversión en carreteras: más de lo mismo

Inversión en carreteras: más de lo mismo“2018 va a ser el año de la Región de Murcia en materia de infraestructuras”, auguraba un triunfalista López Miras en la última visita a Murcia del Presidente del Gobierno de España, a cuatro días de acabar 2017. ¿Tendrá razón? ¿En qué se basaba para afirmarlo?

Mariano Rajoy vino a anunciar el inicio del PIC 2017-2021, el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras, con un proyecto en la Región que pretende configurar un baipás en la A30 desde Alcantarilla hasta Archena, como ruta norte-sur alternativa para aliviar el tráfico de la A7 desde Lorca y la propia A30 desde Cartagena a la altura de la ciudad de Murcia, donde la misma vía actúa como eje interurbano y como ronda occidental de circunvalación de la ciudad, provocando una alta densidad de vehículos y numerosos atascos.

Sin duda, esta inversión estatal es muy bien recibida. ¿Cómo la complementará el gobierno regional? Según los Presupuestos Autonómicos en infraestructuras básicas y transportes de 2018, la mayor parte del gasto irá destinado a la “planificación, conservación y mejoras en la red viaria” y en “transportes”, manteniendo la tendencia de los últimos años [ver Gráfico]. El AVE, el aeropuerto de Corvera, la variante ferroviaria de Camarillas, el Corredor Mediterráneo, las ZAL de Murcia y Cartagena… de nuevo manteniendo la tendencia de los últimos años. ¿Esta vez sí se ejecutará todo? Los precedentes nos aconsejan ser prudentes y no asegurar nada hasta verlo materializado, en contenido y forma.

Sí se ha concretado ya la inversión en las vías rápidas hacia el Mar Menor y La Manga, para mejorar la movilidad y la seguridad (RM1, RM19 y RM12). Por supuesto, toda mejora es bienvenida, pero esto nos hace pensar sobre las prioridades en la vertebración viaria regional: ¿mejoramos las vías rápidas ya construidas porque damos por finalizada la red de vías rápidas de la Región?

Plano de la red viaria: desequilibrado

Plano de la red viaria: desequilibradoHemos realizado un plano de esta red, con un diseño similar al plano de una red de metro, para conocer, de forma cualitativa, cuál es la estructura de la red de autovías y autopistas de la Región de Murcia [ver mapa 1], y las conclusiones son contundentes.

En la Región de Murcia existen tres redes de carreteras según su titularidad: más de 6000 Km forman parte de la red viaria municipal; casi 3000 Km son de titularidad autonómica, ya sean de primer nivel (vías rápidas), segundo (intercomarcales) o tercero (intracomarcales); finalmente, 521 Km corresponden a la Red General de Carreteras del Estado (autovías y autopistas interregionales, vías rápidas de circunvalación urbanas y carreteras nacionales).

Las más importantes son las vías rápidas (autovías y autopistas), que admiten mayor densidad de tráfico, reducen los tiempos de viaje y mejoran la confortabilidad conductiva. Las vías rápidas son las que mejor vertebran un territorio en el mundo desarrollado actual. ¿Pero todos los municipios de la Región están conectados a alguna de estas vías?

La red de vías rápidas se caracteriza por una cruz inclinada con centro en Murcia (eje del Segura extendido hasta Cartagena y eje del Guadalentín). Como si se tratara de una cruz de Caravaca invertida, existe hacia el sur otro brazo de la cruz paralelo al del Guadalentín, la Autopista del Mediterráneo. Ambos brazos quedan conectados entre sí no solo por el eje principal de la cruz Murcia-Cartagena sino también por diversas autovías autonómicas de menor longitud, aunque dos de las mismas, de longitud exigua, parecen acabar en un vacío (es el esperpento de la RM16 y RM17, para conectar la A30 con el aeropuerto cerrado de Corvera en forma de vía rápida). Del eje del Segura, sale un ramal reciente hacia el Altiplano, que hasta hace bien poco solo llegaba hasta Jumilla.

Pues bien, tomando una distancia prudencial de 10 Km hacia una vía rápida, hemos diseñado un mapa ilustrativo de las unidades territoriales que quedan dentro y fuera de esta cobertura viaria [ver mapa 2]. ¡Pero, sorpresa! No todos los municipios, ni toda la superficie de algunos municipios, aparece cubierta por un servicio de vías rápidas; es decir, la Región de Murcia no está bien vertebrada y existe desigualdad territorial.

La mitad sur está muy bien conectada, por coincidir con el doble brazo de la cruz viaria y el ramal vertical norte-sur. Toda la comarca de las Vegas del Segura también lo está (eje del Segura), extendiéndose ligeramente hacia el Altiplano, pero el interior de los municipios de Jumilla y Yecla quedan fuera de la influencia de la red, así como toda la comarca oriental, esto es, Fortuna y Abanilla. La Comarca del Noroeste, por su parte, solo está bien cubierta en torno al eje longitudinal de la RM15, por lo que sus municipios más distantes quedan fuera de la influencia: Caravaca y Moratalla solo entran en torno a sus capitales municipales, y Calasparra queda fuera por completo; del mismo modo, las Tierras Altas de Lorca quedan en un vacío ya tradicional entre el eje del Noroeste y el eje del Guadalentín. Esto supone que en la Región de Murcia está sin servicio de vías rápidas un territorio de aproximadamente 4430 Km2, lo que supone un elevado 35% del suelo regional aunque sea ocupado por solo un 2,5% del total de habitantes. Independientemente de ser datos teóricos, basados en una abstracción de las líneas viarias y en distancias rectas, ¿es justa esta desigualdad territorial?

Cuestión de prioridades

Cuestión de prioridadesSiempre es necesario modernizar la red existente, y más actualmente, cuando la mayoría de las carreteras de la Región, que soportan una gran densidad de vehículos, sufren las devastadoras consecuencias de una década de crisis sin apenas inversión. Por eso es agradable escuchar noticias como la mejora de los accesos al Mar Menor y La Manga o la construcción de circunvalaciones para aliviar tráfico en las grandes ciudades. Pero hagamos un análisis de justicia territorial: si esta inversión ocurre a costa de que el territorio sin servicio de vías rápidas siga marginado, ¿es legítima? ¿O quizá la priorización deba ser cubrir primero todo el territorio y, después, ir acometiendo modernizaciones? Si hay fondos para todo, no son actuaciones excluyentes, por supuesto. Sin embargo, teniendo que priorizar, parece una cuestión de ética territorial centrarse en terminar de extender la red viaria de primer orden a toda la Región.

De este modo, es una satisfacción la reciente finalización de las obras del tramo de autovía Jumilla-Yecla, y lo sería la tramitación de la conexión Caravaca-Lorca, como también podría plantearse un ramal hacia el eje del Segura que conecte Moratalla con Cieza pasando por Calasparra, e incluso transformar en vía rápida la conexión de Abanilla y Fortuna con el eje del Segura [ver mapa 3]. Para finalizar esta extensión utópica o potencial de la red, podría también proyectarse la continuidad de la Autovía del Noroeste hasta la comarca granadina de Huéscar. Por otro lado, es muy importante gestionar todo públicamente, para universalizar el servicio y evitar situaciones de rescate público a actuaciones privadas como podría ocurrir de facto con el tramo Cartagena-Vera de la AP7.

Las prioridades políticas actuales tienden hacia la desigualdad territorial por la vía rápida. Puede que nos estemos equivocando. ¿Merecemos más unos murcianos que otros? La conectividad no solo debe buscar el refuerzo de los focos turísticos y residenciales sino también compensar las debilidades y amenazas de los territorios más alejados, con peor movilidad y más despoblados. 2018 no va a ser el año de la Región de Murcia en materia de infraestructuras, como ingenuamente (o no) cree el Presidente regional; 2018 va a ser el año en que ahondaremos en la desigualdad territorial. Atendamos al rigor de los datos geográficos y, dentro de las limitaciones presupuestarias y topográficas, pidamos al Gobierno un cambio de rumbo en política territorial, viaria en este caso.

¿Quién decide la independencia?

El procedimiento escogido por el independentismo catalán para dar cobertura a la declaración de independencia ha sido el referéndum unilateral, con un carácter vinculante a partir de la mayoría simple, bajo el pretexto de que, sobre Cataluña, solo pueden decidir los catalanes. Sin embargo esto, obviamente, es muy discutible.

En primer lugar, independientemente de cuestiones jurídicas y del statu quo institucional, llama la atención que un hecho tan trascendental como la constitución de un nuevo Estado, que afecta al 100% de los habitantes, dependa de una simple mayoría de tal forma que solo la mitad de ellos puedan decidir por la otra mitad. En los sistemas democráticos avanzados, las grandes cuestiones institucionales y de Estado son regidas por la llamada mayoría cualificada, que consiste en el apoyo de al menos dos tercios del total de votantes, precisamente para evitar este problema de que decisiones trascendentales se hagan en contra de una numerosa masa social, y así únicamente tengan cabida cuando son compartidas por una contundente mayoría.

En segundo lugar, es su unilateralidad lo que provoca polémica. ¿A quién “pertenece” cada palmo de terreno que conforma Cataluña? ¿A los vecinos de cada barrio por separado? ¿A los empadronados en cada municipio? ¿A los habitantes de la comarca? ¿A la provincia? ¿A la Comunidad Autónoma? ¿A España entera? Por el mismo motivo que un independentista no quiere que un manchego se entrometa en lo que considera su territorio, puede un tarraconense no querer que un leridano decida sobre lo que él entiende que es su trozo de territorio.

Para la política de Estado, en una cuestión de organización institucional, parece que la escala adecuada es la estatal, es decir, la que considera a todo el territorio en su conjunto, puesto que lo que suceda en cualquiera de sus partes acaba definiendo al conjunto. El independentismo catalán, no obstante, optó por la mayoría simple y por la escala autonómica. ¿Qué habría ocurrido si esto no hubiera sido así? Es decir, ¿qué fronteras tendría una Cataluña independiente aplicando, para distintas escalas y bajo distintas condiciones, el argumento de que cada entidad territorial puede decidir en exclusividad sobre su organización institucional?

Mismos votos, distintas fronteras

Como los resultados del referéndum desglosados, por la ilegalidad de la convocatoria del mismo, no son públicos y no pueden ofrecer ninguna garantía democrática y de calidad, hemos recurrido a las elecciones autonómicas más recientes (2015), para diseñar simulaciones cartográficas de territorio con voluntad de independencia, asumiendo que los votos a JxSI y la CUP son equivalentes a deseo de independencia, puesto que son estos partidos los que el día 10 de octubre de 2017 firmaron una declaración unilateral de independencia, votada en el Parlament el día 27.

Nuestro Escenario “A” [ver mapa] es el resultado de una aprobación independentista por mayoría cualificada, en función de la entidad territorial considerada. A escala autonómica, los votos independentistas son inferiores a los dos tercios del total y por tanto Cataluña no sería independiente. Del mismo modo, en ninguna provincia los partidos independentistas alcanzan un apoyo de mayoría cualificada, por lo que a escala provincial toda Cataluña quedaría fuera del independentismo. A nivel comarcal, sí hay territorio donde el secesionismo supera los dos tercios de los votos totales, frente a otras entidades territoriales donde no sucede, de forma que la Cataluña independiente a escala comarcal se limitaría a una banda central de territorio, por la unión de las comarcas independentistas. Finalmente, tomando como referencia los municipios, el independentismo conseguiría una mayoría cualificada en territorio discontinuo, puesto que en más de 300 municipios los votos independentistas son inferiores a los dos tercios del total.

El Escenario “B”, por su parte [ver mapa], contempla una aprobación de la independencia por mayoría simple, por lo que el territorio que se independizaría sería mayor, aunque también presenta grandes diferencias en función de la entidad territorial de referencia que se usara. A nivel autonómico, Cataluña seguiría sin ser independiente, ya que los votos independentistas son inferiores al 50% en el conjunto del territorio. Esta vez, sin embargo, hay dos provincias cuyos datos porcentuales favorecen el independentismo, conformándose una especie de Cataluña del Norte independiente frente a una Cataluña del Sur no independiente. Tampoco todas las comarcas presentan votos mayoritarios a partidos independentistas, y quedaría territorio al norte y territorio al sur descolgado de la República Catalana. A nivel municipal ocurre lo mismo que en el “Escenario ”A“, con un territorio agujereado, aunque más continuo que si se exigiera mayoría cualificada.

¿Referéndum pactado?

Con los mismos votos, cada palmo de terreno catalán podría considerarse por igual independiente o no independiente, según la escala. Entonces, ¿qué opción es la más justa? Todas estas simulaciones cartográficas nos llevan a la conclusión de que no es un tema baladí concertar la escala adecuada para la configuración de la circunscripción electoral de un referéndum.

Parece que gran parte de la sociedad catalana, independentista o no, pide a los responsables políticos la celebración de un referéndum pactado, “por el derecho a decidir”. Pero ese derecho, que efectivamente existe, ¿a los habitantes de qué escala espacial corresponde y bajo qué criterios?

Desde la ciencia geográfica, cualquier planteamiento territorial siempre comienza con una definición escalar. La delimitación de un territorio debe tener en cuenta elementos homogeneizadores, que son los que marcan sus fronteras, al señalar la distinción con otros territorios. Pues bien, estos elementos homogeneizadores dependen básicamente de la escala, puesto que cualquier objeto (material o inmaterial) puede presentar diferencias con otros según la abstracción que se esté dispuesto a hacer.

La delimitación territorial debe ajustarse a una escala apropiada, que permita la convivencia social, respetando una abstracción general de cultura y espacio común. Esta abstracción básica, en el ámbito del derecho internacional, la ostenta el Estado. En nuestro caso, es el Estado español el que nos define como sociedad y espacio. Ahora bien, dentro de cada Estado, y en función de otras escalas menores de abstracción, se pueden distinguir tantos territorios peculiares como criterios se movilicen, y organizarlos de la forma que se consense. Uno de estos criterios es la sensibilidad nacionalista de determinadas regiones, canalizada constitucionalmente a través del llamado Estado de las Autonomías, donde existe una fuerte descentralización del poder político, funcionalmente asimétrica.

Este sistema, en continua reconfiguración, puede que haya sido desbordado y requiera de una mayor concreción, a través de consensos renovados. Estos consensos, por su enorme trascendencia en la identidad patria, deben ser refrendados por la sociedad, para lo cual tiene su razón de ser un referéndum. Ya hemos visto con las simulaciones cartográficas a qué esperpento da lugar la partición territorial sin límites. Desde un criterio geográfico, el único referéndum pactado que tiene sentido es un proceso electoral, que configure un Parlamento representativo y legítimo que, mediante la acción política, concrete la realidad ideológica de la sociedad. Si esta realidad social es ampliamente mayoritaria hacia un cambio de paradigma institucional, el propio Parlamento tendría que consensuar una propuesta política alternativa y entonces sí tendría sentido democrático plantear un referéndum para validarla, recurriendo a una circunscripción acorde con la escala territorial afectada por esta propuesta alternativa.

El 21 de diciembre se celebran elecciones autonómicas en Cataluña; el arco parlamentario resultante será clave para la concepción política y geográfica de la reforma institucional. Este es el referéndum previo de los catalanes para ejercer su derecho a decidir, con legitimidad y garantías. Puede estar por llegar un referéndum posterior, de validación, que dependerá de las propuestas políticas catalanas en su ajuste con el conjunto del Estado español. La Geografía tiene mucho que decir en la cuestión catalana. Junto a politólogos, economistas, juristas, sociólogos, historiadores… ¿por qué no escuchamos también a los geógrafos?

¿Quién decide la independencia?

El procedimiento escogido por el independentismo catalán para dar cobertura a la declaración de independencia ha sido el referéndum unilateral, con un carácter vinculante a partir de la mayoría simple, bajo el pretexto de que, sobre Cataluña, solo pueden decidir los catalanes. Sin embargo esto, obviamente, es muy discutible.

En primer lugar, independientemente de cuestiones jurídicas y del statu quo institucional, llama la atención que un hecho tan trascendental como la constitución de un nuevo Estado, que afecta al 100% de los habitantes, dependa de una simple mayoría de tal forma que solo la mitad de ellos puedan decidir por la otra mitad. En los sistemas democráticos avanzados, las grandes cuestiones institucionales y de Estado son regidas por la llamada mayoría cualificada, que consiste en el apoyo de al menos dos tercios del total de votantes, precisamente para evitar este problema de que decisiones trascendentales se hagan en contra de una numerosa masa social, y así únicamente tengan cabida cuando son compartidas por una contundente mayoría.

En segundo lugar, es su unilateralidad lo que provoca polémica. ¿A quién “pertenece” cada palmo de terreno que conforma Cataluña? ¿A los vecinos de cada barrio por separado? ¿A los empadronados en cada municipio? ¿A los habitantes de la comarca? ¿A la provincia? ¿A la Comunidad Autónoma? ¿A España entera? Por el mismo motivo que un independentista no quiere que un manchego se entrometa en lo que considera su territorio, puede un tarraconense no querer que un leridano decida sobre lo que él entiende que es su trozo de territorio.

Para la política de Estado, en una cuestión de organización institucional, parece que la escala adecuada es la estatal, es decir, la que considera a todo el territorio en su conjunto, puesto que lo que suceda en cualquiera de sus partes acaba definiendo al conjunto. El independentismo catalán, no obstante, optó por la mayoría simple y por la escala autonómica. ¿Qué habría ocurrido si esto no hubiera sido así? Es decir, ¿qué fronteras tendría una Cataluña independiente aplicando, para distintas escalas y bajo distintas condiciones, el argumento de que cada entidad territorial puede decidir en exclusividad sobre su organización institucional?

 Mismos votos, distintas fronteras

Como los resultados del referéndum desglosados, por la ilegalidad de la convocatoria del mismo, no son públicos y no pueden ofrecer ninguna garantía democrática y de calidad, hemos recurrido a las elecciones autonómicas más recientes (2015), para diseñar simulaciones cartográficas de territorio con voluntad de independencia, asumiendo que los votos a JxSI y la CUP son equivalentes a deseo de independencia, puesto que son estos partidos los que el día 10 de octubre de 2017 firmaron una declaración unilateral de independencia, votada en el Parlament el día 27.

Nuestro Escenario “A” [ver mapa] es el resultado de una aprobación independentista por mayoría cualificada, en función de la entidad territorial considerada. A escala autonómica, los votos independentistas son inferiores a los dos tercios del total y por tanto Cataluña no sería independiente. Del mismo modo, en ninguna provincia los partidos independentistas alcanzan un apoyo de mayoría cualificada, por lo que a escala provincial toda Cataluña quedaría fuera del independentismo. A nivel comarcal, sí hay territorio donde el secesionismo supera los dos tercios de los votos totales, frente a otras entidades territoriales donde no sucede, de forma que la Cataluña independiente a escala comarcal se limitaría a una banda central de territorio, por la unión de las comarcas independentistas. Finalmente, tomando como referencia los municipios, el independentismo conseguiría una mayoría cualificada en territorio discontinuo, puesto que en más de 300 municipios los votos independentistas son inferiores a los dos tercios del total.

El Escenario “B”, por su parte [ver mapa], contempla una aprobación de la independencia por mayoría simple, por lo que el territorio que se independizaría sería mayor, aunque también presenta grandes diferencias en función de la entidad territorial de referencia que se usara. A nivel autonómico, Cataluña seguiría sin ser independiente, ya que los votos independentistas son inferiores al 50% en el conjunto del territorio. Esta vez, sin embargo, hay dos provincias cuyos datos porcentuales favorecen el independentismo, conformándose una especie de Cataluña del Norte independiente frente a una Cataluña del Sur no independiente. Tampoco todas las comarcas presentan votos mayoritarios a partidos independentistas, y quedaría territorio al norte y territorio al sur descolgado de la República Catalana. A nivel municipal ocurre lo mismo que en el “Escenario ”A“, con un territorio agujereado, aunque más continuo que si se exigiera mayoría cualificada.

¿Referéndum pactado?

Con los mismos votos, cada palmo de terreno catalán podría considerarse por igual independiente o no independiente, según la escala. Entonces, ¿qué opción es la más justa? Todas estas simulaciones cartográficas nos llevan a la conclusión de que no es un tema baladí concertar la escala adecuada para la configuración de la circunscripción electoral de un referéndum.

Parece que gran parte de la sociedad catalana, independentista o no, pide a los responsables políticos la celebración de un referéndum pactado, “por el derecho a decidir”. Pero ese derecho, que efectivamente existe, ¿a los habitantes de qué escala espacial corresponde y bajo qué criterios?

Desde la ciencia geográfica, cualquier planteamiento territorial siempre comienza con una definición escalar. La delimitación de un territorio debe tener en cuenta elementos homogeneizadores, que son los que marcan sus fronteras, al señalar la distinción con otros territorios. Pues bien, estos elementos homogeneizadores dependen básicamente de la escala, puesto que cualquier objeto (material o inmaterial) puede presentar diferencias con otros según la abstracción que se esté dispuesto a hacer.

La delimitación territorial debe ajustarse a una escala apropiada, que permita la convivencia social, respetando una abstracción general de cultura y espacio común. Esta abstracción básica, en el ámbito del derecho internacional, la ostenta el Estado. En nuestro caso, es el Estado español el que nos define como sociedad y espacio. Ahora bien, dentro de cada Estado, y en función de otras escalas menores de abstracción, se pueden distinguir tantos territorios peculiares como criterios se movilicen, y organizarlos de la forma que se consense. Uno de estos criterios es la sensibilidad nacionalista de determinadas regiones, canalizada constitucionalmente a través del llamado Estado de las Autonomías, donde existe una fuerte descentralización del poder político, funcionalmente asimétrica.

Este sistema, en continua reconfiguración, puede que haya sido desbordado y requiera de una mayor concreción, a través de consensos renovados. Estos consensos, por su enorme trascendencia en la identidad patria, deben ser refrendados por la sociedad, para lo cual tiene su razón de ser un referéndum. Ya hemos visto con las simulaciones cartográficas a qué esperpento da lugar la partición territorial sin límites. Desde un criterio geográfico, el único referéndum pactado que tiene sentido es un proceso electoral, que configure un Parlamento representativo y legítimo que, mediante la acción política, concrete la realidad ideológica de la sociedad. Si esta realidad social es ampliamente mayoritaria hacia un cambio de paradigma institucional, el propio Parlamento tendría que consensuar una propuesta política alternativa y entonces sí tendría sentido democrático plantear un referéndum para validarla, recurriendo a una circunscripción acorde con la escala territorial afectada por esta propuesta alternativa.

El 21 de diciembre se celebran elecciones autonómicas en Cataluña; el arco parlamentario resultante será clave para la concepción política y geográfica de la reforma institucional. Este es el referéndum previo de los catalanes para ejercer su derecho a decidir, con legitimidad y garantías. Puede estar por llegar un referéndum posterior, de validación, que dependerá de las propuestas políticas catalanas en su ajuste con el conjunto del Estado español. La Geografía tiene mucho que decir en la cuestión catalana. Junto a politólogos, economistas, juristas, sociólogos, historiadores… ¿por qué no escuchamos también a los geógrafos?

Al sureste de la Región de Murcia, un extenso terreno de antiguo aprovechamiento minero, repleto de metales perjudiciales para la salud, se encuentra totalmente desprotegido ante procesos erosivos e hidrológicos, que transportan estas sustancias contaminantes en el suelo, el agua y el aire, causando daño ambiental y sanitario. Esto siempre se ha intuido y diversos estudios científicos lo han ido demostrando. Los más recientes han derivado en cierta alarma social y el tema lo tenemos sobre la mesa, en un proceso similar a la llamada de atención que supuso la coloración verde de nuestra laguna salina el año pasado. ¿Podemos hablar de un “efecto Mar Menor”? ¿Qué es la Sierra Minera y qué riesgos presenta? A continuación lo intentamos exponer y fundamentar.

Hasta que la bomba explota

Todos tenemos muy reciente el mediático caso de la contaminación del Mar Menor. Su ecosistema se ha colapsado y aún nos encontramos en una fase de respuesta social, política y técnica. ¿Fue una sorpresa? En absoluto. El seguimiento científico del Mar Menor cuenta con una larga tradición multidisciplinar de enorme calidad, al igual que su seguimiento social. A nadie se le escapaba que la agricultura “industrializada” del Campo de Cartagena se hacía cada año más y más intensa, incluso han sonado casos de regadíos ilegales. La masificación urbana estival, los productos químicos medioambientalmente contaminantes drenados desde los suelos agrícolas, la flexibilidad legislativa… fueron desequilibrando el ecosistema de la laguna costera a la vista de todos nosotros. Hasta que la bomba ha explotado. ¿Aprenderemos de nuestros errores?

El BIC del paisaje minero

Muy cerca, al sureste de la Región, se halla un zona conocida como “Sierra Minera de Cartagena y La Unión”, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de “sitio histórico”. Según el Decreto de su declaración, se trata de una cordillera litoral que se extiende en dirección aproximada E-W, desde la Bahía de Cartagena hasta Cabo de Palos (…), situada entre los términos municipales de Cartagena y La Unión. Los principales núcleos poblacionales, siempre asociados a la actividad minera, se encuentran en la vertiente Norte de la Sierra (La Unión, El Llano del Beal, El Beal, El Estrecho de San Ginés y Roche), localizándose en la vertiente Sur las pedanías de Portmán y Alumbres [ver mapa]. Este marco natural concreto ha tenido una particular evolución geológica, con una intensa mineralización que ha sido causa del principal disfrute económico de esta zona, desde épocas prerromanas hasta finales del siglo XX.

Esta actividad minera lleva abandonada un cuarto de siglo, causando un deterioro patrimonial muy evidente, que la administración pública autonómica no está solucionando a pesar de su incoación como BIC, que la obliga. Lo mismo sucede con la propietaria actual de los terrenos, “Portmán Golf”, pese a que también le obliga la ley. Esto es muy grave y lo peor es que hay ejemplos concretos por toda la Región. La peculiaridad de la Sierra Minera radica en otra circunstancia también de vital importancia: es una fuente constante y constatable de contaminación.

El BIC del paisaje contaminado

Al igual que ocurría con el Mar Menor, todos sabemos esto, pero ahora, por fin, la toxicidad de la Sierra Minera se cuela en la agenda política regional: la Asamblea reclama por unanimidad la descontaminación de los terrenos. La Región de Murcia es la única comunidad autónoma en la que no existe ningún suelo clasificado como contaminado, a pesar de la evidencia social y científica; de hecho la Fiscalía deberá determinar si existe prevaricación ambiental de la administración autonómica.

La contaminación sucede a través de suelos que presentan cantidades superiores a lo aconsejable de ciertos metales, como zinc, plomo, mercurio… La consecuencia más directa es el deterioro ambiental del entorno, afectado por el drenaje de los suelos, que transporta los metaloides en superficie y en profundidad. Estos, además de esterilizar el suelo (contribuyendo a su desertificación) y de poder acabar en el Mar Menor atacando su complejo equilibrio ecosistémico, pasan a formar parte del aire respirable y hacen aumentar el riesgo de padecer enfermedades respiratorias graves y crónicas. Por ejemplo, La Unión es el municipio donde mayor es el riesgo de padecer cáncer de pulmón de la Región de Murcia.

Recientemente, una Tesis doctoral de la UPCT ha demostrado que 92 niños de El Llano del Beal presentan valores de metales pesados y metaloides 100 veces más altos de los normales. ¿Realmente necesitamos que la bomba estalle para reaccionar igual que ha ocurrido con el Mar Menor? No sé si por intereses políticos, y/o mediáticos, el tema parece que se está poniendo sobre la mesa, al menos con propuestas de estudios de contrastación. Por favor, tomémoslo en serio, por un simple –e importantísimo– criterio ambientalista y sanitario, prioritario sobre cualquier otro. El “efecto Mar Menor” no es el mejor referente de gestión…

El BIC del desarrollo sostenible

Necesitamos actuaciones de conservación de suelos y descontaminación, en combinación sostenible con el fomento patrimonial y turístico de la zona. Los rasgos ambientales y las instalaciones mineras contribuyen a generar este paisaje tan peculiar e identitario que ha sido merecedor de que incluso la UNESCO lo haya incluido en la lista indicativa de “Paisajes culturales excepcionales”. Tenemos el deber ciudadano de proteger el paisaje minero, ponerlo en valor y asegurar su convivencia ambiental. Necesitamos un plan integral de gestión, compartido entre la administración pública (local y regional, cuando no estatal), las empresas (al no existir una cartografía oficial de suelos contaminados, la actual dueña de los terrenos no ha sido obligada a declarar esta circunstancia y actuar frente a ella) y la sociedad civil (mayormente representada por la loable Fundación Sierra Minera).

Propuestas de actuación ya existen, desde diferentes perspectivas; otras se van investigando. Pero sin destinar recursos y atención poco se puede hacer. La Sierra Minera de Cartagena y La Unión es un “Bien de Interés Cultural”, no un “Bien de Interés Contaminado”… Entendamos bien qué significa un BIC, y cuál es nuestra responsabilidad ciudadana.

Situación actual

Si marcamos sobre una ortofoto de Murcia unos pocos elementos urbanos, podemos montar las bases para entender fácilmente su estructura de movilidad interurbana.

Atendiendo de forma cualitativa a la conectividad por carretera (la más usada por personas y mercancías en los ámbitos urbanos) y al modelo de geografía urbana de Lynch (según el cual la delimitación zonal se estructura, principalmente, en función de “sendas” o líneas de continuidad y “bordes” o fronteras longitudinales de obstaculización), en la ciudad de Murcia se pueden distinguir hasta 3 zonas distintas en relación con el centro, foco del dinamismo urbano [ver mapa]:

1.- Al norte y este, se extiende una amplia zona bien conectada, con grandes avenidas (Juan Carlos I, Juan de Borbón, Ronda Levante, Carretera de Alicante…) y calles de toda índole que la conectan sin discontinuidad alguna con el centro de la ciudad, junto a una completa red de transporte público (única zona de la ciudad con tranvía).

2.- Al sur, se ubican los Barrios del Carmen y del Infante Don Juan Manuel, que encuentran un obstáculo longitudinal en su conexión con el centro: el río. Para salvar este borde, cuentan con 8 puentes (2 solo peatonales), por lo que la comunicación debe hacerse obligatoriamente por estos cuellos de botella que marginan relativamente la zona.

3.- Y al sur del sur, conforman una esquina altamente marginada los barrios de San Pío X y Santiago el Mayor, ya que, al obstáculo del río para acceder al centro, deben añadir otro elemento longitudinal, las vías del tren, con el agravante de un menor número de puentes: tan solo 2 (y un túnel), todos en las rondas de circunvalación. Frente a este nuevo borde, y sin contar el tenebroso paso subterráneo peatonal de San Pío X ni su estrecho paso a nivel superficial, el único desagüe de su callejero central es el desesperante y peligroso paso a nivel de Santiago el Mayor.

Situación futura temporal

Sin embargo, con las obras del soterramiento de las vías para la llegada del AVE, este paso a nivel será suprimido ante la instalación de una vía provisional, paralela a la actual y jalonada por un muro de pantallas acústicas, para mantener el servicio ferroviario mientras se acometen las obras, desde el paso a nivel de la Senda de los Garres, fuera del casco urbano, en una primera fase (¿dos años?). De esta forma, toda el área urbana al sur de las vías perderá su único punto de conexión con el resto de la ciudad, por inoperante que fuera, quedando ahora absolutamente descolgada.

La movilidad urbana (automóviles privados, transporte público, mercancías…) deberá trasladarse a las rondas (Sur y Oeste), que actualmente ya andan bastante saturadas, por agravantes como el de la ronda oeste, que coincide con la A-30 y no solo canaliza el transporte urbano sino también el interurbano regional e interregional.

La conexión entre esta área y el resto de la ciudad será aún más complicada que ahora mismo, retrasando los tiempos de desplazamiento y la calidad de vida de los ciudadanos. Ante esta situación, parece inevitable que se reduzcan intercambios personales y de mercancías, con lo que el comercio de la zona, así como su dinamismo social, se vea seriamente afectado, provocando una fuerte sangría en la valorización urbana de estos barrios.

En definitiva, todo esto supone, mientras duran las obras de soterramiento, la condena del sector más meridional de la ciudad de Murcia, donde viven unas 10.000 personas (sin contar toda la zona de pedanías de la costera sur). ¿Es esto justo? ¿Cuánto van a durar las obras? ¿Existe credibilidad en los plazos fijados por las autoridades cuando el soterramiento lleva lustros prometiéndose? ¿Realmente se soterrará el AVE, o la vía provisional se convertirá en permanente como ocurrió en Granada y Valladolid? ¿Una vía provisional sin AVE necesita obligatoriamente esas pantallas a modo de muro? ¿Es que no hay alternativas que aseguren un mejor equilibrio territorial sin renunciar al progreso?

¿Soluciones?

Asumiendo que Murcia necesita AVE, que el servicio ferroviario no puede ser suprimido (“El Carmen” es estación de paso), que el soterramiento es imprescindible, que será terminado antes de la llegada del AVE, que solo puede hacerse en el sector prefijado y que las obras impiden cualquier paso a nivel o puente para vehículos, parece económica y funcionalmente lógico que la vía temporal se instale junto a la actual, con los requisitos técnicos y normativos que requiera como la instalación de las pantallas acústicas (¿pero a tan solo 1 metro de las viviendas?). El problema del tránsito de personas entre el norte y el sur de la vía va a quedar parcialmente solucionado con una pasarela peatonal, adaptada a cualquier diversidad funcional y cuya viabilidad ya ha confirmado la constructora responsable. ¿Pero todos los peatones deberán cruzar al norte por tan solo un paso? Esto disuadirá de pasear (una pena, con la poca distancia que existe en línea recta con el centro) y agravará el problema del tránsito por carretera, que es el que canaliza la gran parte del dinamismo urbano y para el que no se ha previsto ninguna solución, al amparo de la temporalidad de la situación, que además presenta una enorme incertidumbre de acotación, más allá de prepararse un plan de movilidad urbana, para readaptar el tráfico a esta circunstancia.

Desconozco la respuesta ideal. Quizá si no tuviéramos que asumir tantas circunstancias previas podrían plantearse alternativas interesantes, como el traslado de la vía temporal circunvalando la ciudad más al sur, mediante lo que podríamos denominar apropiaciones de alquiler, o el mantenimiento de pasarelas y pasos a nivel sobre la vía provisional, o unas pantallas más alejadas de las viviendas, o de menor altura, o de otra tipología, o priorizar la inversión en trenes electrificados antes que en trenes con riesgo de elitización. En cualquier caso, y sin renunciar a pedir soluciones creativas y alternativas viables a las autoridades técnicas y representantes políticos, parece que solo queda la vía de la compensación a la población afectada, mediante subsidios económicos directos o a través de un reforzamiento del transporte público, con fondos asumidos por todas las administraciones públicas y privadas responsables. Y por supuesto planteando una calendarización operativa seria, honesta y responsable, algo que en Murcia desconocemos. ¿La vía provisional acabará soportando el AVE, sin soterramiento, y, por exigencias técnicas, se formará un auténtico muro permanente e infranqueable? No hay margen de incumplimiento. La ciudadanía, que ha demostrado un compromiso social y democrático fastuoso, ha estado, está y estará al acecho permanente.

La estructura urbana de la ciudad de Murcia es muy clara y nadie duda de su enorme potencialidad de mejora funcional, que bien podría iniciar su concreción (controlando una previsible especulación urbanística) en esta futura estación de tren soterrada y su asociación a una estación de autobuses, conformando un gran centro intermodal con conexiones continuas y diversas al resto de zonas de la ciudad. ¿Pero esta mejora debe hacerse a cualquier precio social? No lo creo. Debemos tender hacia un desarrollo sostenible y un adecuado equilibrio socio-territorial, como fin y como medio. Preguntemos en Cartagena por el AVE y por su papel en el corredor mediterráneo… Tenemos muy abandonada la política territorial en España más allá de las identificaciones regionalistas. Necesitamos una mejor vertebración y más justicia territorial. Necesitamos más Geografía.

*Carlos Martínez Hernández. es Doctor en Geografía y Profesor Adjunto en ISEN Universidad.