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El fiasco de la Agencia Regional del Clima y Medio Ambiente (ARCA)

España no es Chile, ni China. Las empresas deben cumplir la legislación, no hacer lo que les venga en gana para después indemnizar a las comunidades por los posibles efectos nocivos de sus actividades

Hace ya décadas que las diversas consejerías por las que han discurrido las competencias medioambientales conocen las necesidades reales de las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Mar Menor y del Medio Natural

El Mar Menor a la altura de Los Alcázares, tras descargar el agua de lluvia acumulada en la zona

El Mar Menor a la altura de Los Alcázares, tras descargar el agua de lluvia acumulada en la zona J.C.

Vayamos por orden. La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) ha recibido con profundo malestar la decisión de Ciudadanos (Cs) de presentar una enmienda a la totalidad a la proposición de ley de creación de la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA) por "razones medioambientales, jurídicas, económicas y de concepto". Por su parte, el Presidente de la Región de Murcia, López Miras, seguramente sin haber pedido asesoramiento al Consejero de Hacienda, Jefe de Personal de la Administración Pública Regional, apunta a la Dirección General de Medio Ambiente y el Mar Menor (donde) "seguimos teniendo un cuello de botella en una burocracia que les está amargando la vida a muchas personas que lo único que quieren hacer es crear empleo, oportunidades y puestos de trabajo", en una Región que, según el Secretario General del PP nacional, García Egea, puede liderar la IV Revolución Industrial.

En realidad son muchos conceptos, y muchos mensajes arteros, los que se declaman en unas pocas palabras. Es sabido que "burocracia" es un término con demasiada mala fama para pensar que el presidente murciano lo ha utilizado gratuitamente para crear opinión. Burocracia puede hacer referencia al conjunto de funcionarios de una Administración Pública, al conjunto de normas, papeles y trámites necesarios para gestionar una actividad administrativa o a la lentitud excesiva en la realización de estas gestiones. López Miras utiliza, claro está, esta última acepción, la que amarga, en su opinión, la vida a los emprendedores.

Lo que no dice es que esa "burocracia" es la que garantiza derechos y actúa independientemente para satisfacer el interés general. Lo dice la Constitución. Sí, la Constitución del Setenta y Ocho. Porque no es lo mismo una "burocracia" de una dictadura que la de una democracia, y porque en cuestiones de Medio Ambiente existe suficiente escarmiento para saber que los procedimientos reglados para autorizar licencias son imprescindibles si no queremos repetir el desastre del mar Menor, entre otros de menor entidad pero no menos dañinos. No vivimos en un entorno geográfico en donde haya un control a posteriori de la actividad económica.

España no es Chile, ni China. Las empresas deben cumplir la legislación, no hacer lo que les venga en gana para después indemnizar a las comunidades por los posibles efectos nocivos de sus actividades, aunque el presidente murciano no parece tener muy claro en el continente donde vive cuando, en referencia a las actuaciones en el Mar Menor, afirma que "nos gustaría ir más rápido, pero por desgracia debemos seguir una serie de normativas medioambientales ante la amenaza por parte de algunos grupos sociales y políticos de llevarnos ante la Fiscalía" (Onda Cero, 30 de abril de 2018).

La "burocracia" de la que habla López Miras no es tal. Es un conjunto de funcionarios reducido pero muy motivado. La Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor nunca ha tenido suficiente personal para gestionar las competencias que tiene atribuidas. Ni personal, ni estructura habría que añadir. Si existe el "cuello de botella" al que hace referencia López Miras no es por la "burocracia" en la acepción presidencial, es por la dejación de responsabilidades de los sucesivos gobiernos regionales y de las consejerías competentes en Medio Ambiente. Por no dotarla de suficiente personal y de una eficiente organización administrativa, por reducirla en la última década, por continuar con la política suicida de reducción de las administraciones públicas que está ocasionando un deterioro de los derechos y servicios a los que debiera tener acceso la ciudadanía murciana.

¿Qué ha dicho o hecho Ciudadanos para que su enmienda a la totalidad sea considerada una falta de respeto por parte de la CROEM? Posiblemente lo mismo que antes dijeron Podemos y PSOE, lo que en definitiva vinieron a decir los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional: que el ARCA no encaja en la legislación actual como organismo público. Seguramente serán las razones jurídicas y de concepto de las que habla Ciudadanos en su comparecencia pública para oponerse al ARCA. Ciudadanos utiliza el término "chiringuito" para definir el ARCA, lo mismo que hacen también Podemos y PSOE.

"Chiringuito" también tiene acepciones distintas y contrarias. Lógicamente, no se refieren al establecimiento a la orilla de la playa donde disfrutamos del estío sintiendo la brisa del mar con una cerveza y una marinera (o marinero) en la mano. Se trataría de un lugar para repartir puestos de trabajo, para ser juez y parte, para interpretar la legislación aplicable de una manera laxa y para hacer negocio del Medio Ambiente sin la molestia de la "burocracia", es decir, del conjunto de funcionarios sometidos a la ley y a hacerla cumplir.

Hace ya décadas que las diversas consejerías por las que han discurrido las competencias medioambientales conocen las necesidades reales de las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Mar Menor y del Medio Natural. Lógicamente entre estas no está la intromisión, o la supervisión, de la CROEM en las potestades públicas. Tampoco ayudan declaraciones extemporáneas de políticos o dirigentes empresariales. Las leyes se pactan a la luz del día para evitar la intromisión de los lobbies. Es cuestión de transparencia. Pero sobre todo un presidente autonómico no puede afirmar que parte de la Administración Pública que debe implementar las políticas de su Gobierno es "una burocracia que les está amargando la vida a muchas personas". Y esto por respeto a sí mismo y a las personas que están para desarrollar las decisiones políticas de su gobierno.

Es el momento de reflexionar sobre el modelo de administración medioambiental que queremos para nuestra Región. Las tres enmiendas a la totalidad de la proposición de ley de creación del ARCA han acabado con el sueño de la CROEM, lo que explica su enfado. También con la del Gobierno Regional. Llega el momento de valorar otras alternativas. Por ejemplo, la que llevan años demandando los profesionales que trabajan en ambas direcciones generales: estructura administrativa, dotación suficiente de personal, que se respete su trabajo y se proteja frente a presiones externas. En esta línea hay que trabajar.

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