Allá por 2006 o 2007, el responsable del SATSE publicó en su revista de difusión un artículo en el que definió la estrategia por décadas de su sindicato. La idea central era que 'no hay café para todos', es decir, que las mejoras salariales (en aquel momento se estaba negociando la carrera profesional), debían ser corporativas y engrosar las nóminas de médicos (por entonces SATSE estaba coaligado con el sindicato médico en CEMSATSE) y profesionales de la enfermería, a falta de una masa salarial suficiente para mejorar los salarios de todas las profesiones que integramos la Función Pública Regional.
El 'no hay café para todos' se ha mantenido en el tiempo sin un ápice de enmienda, ni siquiera cuando la pandemia de la COVID-19 demostró que el trabajo es un producto social en el que todas y todos aportamos, y en el que la ausencia de una categoría profesional puede ser dramática para la consecución de los retos laborales. ¿Qué hubiera ocurrido sin las/os auxiliares sanitarias/os del IMAS en los centros ocupacionales y residencias de personas mayores durante el confinamiento y el estado de alarma posterior?, ¿qué hubiera ocurrido sin todas aquellas profesiones que tuvieron abastecidos y abiertos los estantes de los centros comerciales?, ¿y sin cocineras y cocineros, personal de limpieza o de oficios?. Sin embargo, hay sindicatos que niegan el café a todas las compañeras y compañeros de consejerías y organismos autónomos, aquellas compañeras y compañeros que garantizan las prestaciones sociales, que gestionan los impuestos, que protegen el medio ambiente con su actuación fiscalizadora de las actividades económicas, y su incidencia en la naturaleza, que trabajan en colegios e institutos en actividades de apoyo a la docencia, que controlan la plagas y que los alimentos lleguen en buenas condiciones a nuestras mesas, o que investigan en nuevas variedades para la agricultura y la ganadería, que protegen la salud en laboratorios o en organismos de alerta frente a enfermedades.
Estos sindicatos, los del 'no hay café para todos', saben modular también sus estrategias, y en determinados momentos sirven también café cuando una ración del mismo no corresponde a las categorías profesionales que dicen defender. Ocurrió, por ejemplo, cuando en 2018 firmaron con la Consejería de Hacienda una segunda carrera para el personal docente. En la actualidad este colectivo tiene dos carreras profesionales vinculadas a tiempo trabajado: los sexenios, que gratifican la antigüedad del profesorado cada seis años, y la carrera profesional horizontal que añade un plus de gratificación cada cinco años. Este último acuerdo se firmó con FSES, integrado por el sindicato ANPE y el sindicato SATSE, después de que este último rompiera su coalición con el Sindicato Médico, al que acusaba de una gran voracidad retributiva.
El último ejemplo del 'no hay café para todos' ocurrió en noviembre de 2022, cuando el Sindicato Médico y FSES, junto a CSIF, le sacaron al consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital, 25 millones de euros a repartir entre el colectivo médico y la aristocracia de la profesión de enfermería. A los 25 millones de euros se sumó, ya en 2023, otros 10 millones de euros para la integración del personal docente de FP en el Cuerpo de Profesores de Secundaria. Por esas fechas, el consejero juraba y perjuraba a CCOO que las arcas públicas regionales eran un espacio vacío solo habitado por grandes telarañas, y que le resultaba imposible implantar la jornada laboral semanal de 35 horas.
Cuesta mucho aceptarlo, pero el Gobierno Regional adolece de un indisimulado clasismo, si nos atenemos al maltrato continuado del personal de administración y servicios de la CARM, para el que nunca tiene fondos económicos. Sí, no tienen dinero para ese personal que mueve la Administración Regional, que garantiza derechos, que protege el medio ambiente, que regula aspectos lesivos del mercado laboral, que cuida de personas discapacitadas y de personas mayores, que abre y cierra institutos, que gestiona los centros educativos, que los limpia, que cocina en residencias de personas mayores y centros de personas discapacitadas, que cuida, protege y da dignidad a la figura del funcionario y la funcionaria, que recauda impuestos, investiga en el IMIDA o cuida de los niños en las escuelas infantiles.
Si el Gobierno Regional no fuera clasista, les reconocería iguales derechos laborales, no los dejaría fuera de las mejoras salariales con las que obsequia a médicos o a la aristocracia de la enfermería. Tampoco firmaría contratos a tiempo parcial extendiendo la pobreza laboral también a la Función Pública, no permitiría que las categorías profesionales más feminizadas fueran al mismo tiempo las menos retribuidas. Sería un buen empresario y no el tipo de 'patrón' autoritario, arbitrario y clasista como lo es en la actualidad.
Entre los sindicatos corporativos CEM y FSES-SATSE-ANPE y el Gobierno Regional existe una cierta complicidad, como se puede observar en el espectáculo que han montado a cuenta del acuerdo de implantación de las jornadas laborales de 35 horas firmado por CCOO y UGT en Madrid, junto a la jubilación parcial, la implantación de la clasificación profesional del artículo 76 del TREBEP o la creación del Grupo B, incluidos en el Acuerdo Marco para una Administración para el Siglo XXI 2022-2024. Una complicidad que implica que el reparto de la masa salarial se concentre en determinadas categorías profesionales en detrimento del reparto equitativo de la misma.
Fuera de este reparto queda la gente que más apoyo necesita en la actualidad y que mueve los engranajes de una Administración Regional cada vez más diezmada y menospreciada políticamente.
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