Qué hace Europa mientras Israel asesina en Gaza y prepara otra actuación en Eurovisión

La mayoría de los países europeos, a través de sus medios de comunicación públicos, han vuelto a premiar al Estado de Israel, permitiendo su participación en Eurovisión 2026, mientras el Ejército israelí sigue asesinando a personas en Gaza. A la cabeza de esa posición está Alemania, con un Gobierno empeñado en priorizar su apoyo al Gobierno israelí por encima de los derechos humanos, del derecho internacional y de la decencia.

Todo esto ocurre cuando el Ejército israelí refuerza su sistema de apartheid en Cisjordania, ocupa más de la mitad de la Franja de Gaza e impone un gueto para la población palestina, apelotonada a la fuerza en menos de un tercio de ese territorio y vigilada por drones. Allí siguen registrándose ataques indiscriminados contra población civil.

Desde el inicio del “alto el fuego” el Ejército de Israel ha matado a más de 350 personas solo en la Franja de Gaza: decenas de ellas eran niños, niñas o mujeres. Además, ha asesinado a varias más en Cisjordania y mantiene a miles en centros de detención sin cargos ni juicio. Tanto la relatora de la ONU como Amnistía Internacional subrayan que el genocidio continúa, disfrazado del término “alto el fuego”.

Amnistía Internacional y expertos de la ONU denuncian que 'el genocidio continúa': desde el inicio del 'alto el fuego' Israel ha matado a más de 300 personas en Gaza y a varias más en Cisjordania, entre ellas, niños y niñas

Eurovisión ignora la ley internacional

Pese a todo esto, los países que participan en Eurovisión –excepto cuatro– cierran filas para mantener su respaldo a Israel en el concurso. No es solo un gesto: se trata de un posicionamiento político. Forma parte de una nueva era en una Europa que se encamina hacia el mandato de más impunidad, de la mano de Washington.

España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia son los únicos Estados europeos que han decidido retirarse de Eurovisión. El director de RTVE ha explicado que España no participará este año “por el genocidio que se ha perpetrado en Gaza” y “el incumplimiento sistemático de las normas del concurso”.

Con esta decisión estos cuatro medios de comunicación públicos europeos están respetando el derecho internacional, plantándose frente a la sistemática normalización de los crímenes israelíes. Han hecho lo que debían, siguiendo las directrices marcadas por la propia relatora de Naciones Unidas. En un océano de impunidad, su gesto destaca.

La relatora de la ONU señala la necesidad de una "merecida expulsión de Israel" de eventos deportivos y culturales como Eurovisión

Las obligaciones ante Israel

Sin embargo, esta es solo una de las medidas que los Estados europeos deberían adoptar. La Unión Europea, el mayor socio comercial de Tel Aviv, mantiene su Acuerdo de Asociación y sus relaciones preferenciales con Israel mientras éste extiende su ocupación ilegal y refuerza su sistema de apartheid. Con ello la UE contribuye a debilitar el derecho internacional y facilita la perpetuación de crímenes de guerra.

Los países europeos no han suspendido sus relaciones económicas, financieras, militares, culturales y diplomáticas con Israel, pese a que así lo solicita la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, basándose en la Convención sobre Genocidio. Este tratado fundamental de la ONU no solo pide a los Estados “sancionar” el genocidio, sino también “prevenirlo”.

Esto significa que no es necesaria una condena en firme de un tribunal para que los países tengan la obligación legal de adoptar medidas de presión ante indicios de posible genocidio. En septiembre de 2025 la Comisión de Investigación asignada por Naciones Unidas señaló que “Israel comete genocidio desde octubre de 2023”.

Esta Comisión indica que, ya en enero de 2024 –cuando la Corte de La Haya advirtió de que había riesgo de genocidio– “los Estados estaban obligados por ley a actuar, si no antes”. “No solo a usar palabras bonitas, sino a actuar”, añadió públicamente el jurista Chris Sidoti, uno de los integrantes de la Comisión.

No es necesaria una condena en firme de un tribunal para que los países tengan la obligación legal de adoptar medidas de presión ante indicios de posible genocidio

En su último informe, la relatora de la ONU denuncia “la complicidad directa o indirecta” de 63 Estados del mundo, “principalmente occidentales”, con el genocidio israelí. Además, señala que Israel “ha estado protegido de la rendición de cuentas tanto en los tribunales como en foros globales”, con instituciones “que impiden su merecida expulsión de eventos deportivos (por ejemplo, los Juegos Olímpicos de París, los clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA, FIBA o Copa Davis) y culturales (Eurovisión, Bienal de Venecia)”.

En sus conclusiones, la relatora Albanese solicita que los países suspendan sus relaciones con Israel y alerta de “la falta de presión diplomática o política”, algo que contrasta con la reacción europea ante la invasión rusa de territorio ucraniano. En ese caso Europa adoptó sanciones inmediatas, suspendió buena parte de sus relaciones con Moscú y expulsó a Rusia de eventos deportivos y culturales, incluido Eurovisión.

La relatora de Naciones Unidas lleva tiempo insistiendo en que los Estados miembros de la ONU tienen la obligación legal de suspender relaciones con Israel. Es más, resalta que los países que mantienen sus acuerdos comerciales, económicos o culturales con Tel Aviv “están violando la ley internacional”.

La Corte Internacional de Justicia también ha pedido a los Estados “suspender relaciones comerciales y de inversión” que contribuyan a la situación en los Territorios Palestinos, en referencia a la ocupación ilegal israelí y a la segregación de la población palestina.

La UE incumple sus obligaciones legales ante los crímenes israelíes y sigue sin actuar para proteger a los jueces de la Corte de La Haya sancionados por EEUU, pese a que cuenta con reglamento para ello

Sanciones a la Corte de La Haya

La posición de la mayoría de los Estados europeos ante Israel, sosteniendo sus acuerdos y alianzas preferenciales, contrasta con su reacción a las peticiones de los tribunales de La Haya. Todo ello ocurre mientras seis jueces y tres fiscales de la Corte Penal Internacional, cuatro de ellos europeos, están sancionados por Estados Unidos por intentar defender y aplicar el derecho internacional ante los crímenes masivos cometidos por Israel.

La relatora Albanese, de nacionalidad italiana, también ha sido sancionada por Washington por el mismo motivo. Esto dificulta su trabajo diario, ya que no pueden usar sus cuentas bancarias habituales, ni tarjetas de crédito o servicios de compañías estadounidenses, como Google.

Ante ello, la Unión Europea no ha activado el reglamento del que dispone para proteger a sus ciudadanos de sanciones impuestas por terceros países. Bruselas deposita más esfuerzo en mantener sus relaciones con Israel que en proteger la ley internacional y a las Cortes de La Haya.

Una estrecha alianza

Israel es el único país no europeo que participa en Eurovisión desde 1973, pese a que ya entonces había impulsado una limpieza étnica y seis años antes había ocupado ilegalmente todos los territorios palestinos. Ni el refuerzo del régimen de apartheid ni las matanzas en años posteriores mermaron las alianzas preferenciales europeas con Tel Aviv. En 2019, el concurso se celebró en la capital israelí, en plena represión contra manifestantes en Gaza.

Ahora, en medio de un genocidio, con al menos 70.000 personas muertas por los ataques israelíes, los países europeos mantienen sus relaciones con Israel, siguen haciendo negocios con Tel Aviv y permiten la participación israelí en eventos deportivos y culturales.  

No es algo menor. Con ello están dando la espalda a sus obligaciones legales internacionales e ignorando las peticiones de la Corte de La Haya. Las alianzas preferenciales con Israel marcan la política exterior, económica y cultural de la Unión Europea y Reino Unido.

La obligación de suspender relaciones

Por eso el gesto de RTVE ante Eurovisión marca un camino que debe seguir siendo explorado. La razón para abandonar el concurso es la misma que exige a los Estados suspender relaciones con Israel. Ambas tienen, además, una base: el respeto al propio derecho internacional.

España mantiene relaciones comerciales, diplomáticas y militares con el Estado israelí, pese a todo. Si defiende la posición de la corporación que gestiona su radio y televisión estatales, la coherencia obliga a dar más pasos en ese sentido, como exige la Convención sobre Genocidio y como ha solicitado la relatora de Naciones Unidas.

Eso significa suspender relaciones con Tel Aviv, cerrar la oficina comercial española en Israel, retirar a su agregado militar e incentivar vías en Naciones Unidas para proteger el derecho frente a la impunidad. Todas estas propuestas han sido solicitadas por relatores de la ONU o integrantes de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas.

A día de hoy, ningún país europeo ha impulsado iniciativas para intentar suspender a Israel de la Asamblea General de la ONU, como se hizo con la Sudáfrica del apartheid entre 1974 y 1994, y como solicitan expertos de Naciones Unidas. Tampoco se han explorado medidas coordinadas con naciones de otros continentes para aplicar sanciones y suspensión de relaciones.

La historia de Israel muestra que no detendrá su régimen de apartheid, su plan de anexión territorial y de limpieza étnica contra los palestinos si no recibe presión internacional. Como mayor socio comercial de Israel, la Unión Europea juega un papel clave en ese sentido, pero sigue eligiendo estar contra los derechos humanos y la ley internacional, socavando la Carta fundacional de Naciones Unidas y sus propios intereses, convirtiéndose, cada día que pasa, en una colonia más sometida a Washington.