La Región de Murcia lleva años señalando una evidencia que ya nadie discute: es una de las comunidades peor financiadas del país. No es un lamento retórico ni un ejercicio de victimismo localista; es un dato verificable. Según las comparativas oficiales, Murcia recibe más de mil euros menos por habitante que las regiones mejor situadas, lo que se traduce en cerca de 1.700 millones de euros anuales que no llegan a los servicios públicos. La cifra impresiona, no por abstracta, sino porque explica, sin necesidad de grandes diagnósticos, por qué la región vive en un permanente estado de insuficiencia.
En este escenario, el Gobierno central suele aparecer como el responsable principal y casi exclusivo. Y, por supuesto, alguna responsabilidad tiene: el sistema de financiación autonómica es antiguo, ineficiente y desigual. Lleva quince años sin actualizarse, a pesar de que el país ha cambiado profundamente en ese periodo. Pero culpar únicamente a la Moncloa es una explicación tan cómoda e interesada como incompleta.
Porque en este debate hay un elemento que rara vez ocupa titulares: el PP gobierna once de las diecisiete comunidades autónomas. Once ejecutivos autonómicos, once presupuestos, once intereses y once voces dentro del mismo partido. Una mayoría territorial que, sobre el papel, permitiría articular una propuesta conjunta, coherente, técnicamente solvente y, sobre todo, solidaria para reformar el sistema. Sin embargo, ese consenso interno no existe. Ni siquiera se acerca.
La razón es sencilla: el PP gobierna comunidades con posiciones diametralmente opuestas en este asunto. Por un lado, regiones infrafinanciadas como la Región, Andalucía o la Comunidad Valenciana, que llevan años reclamando un cambio profundo del modelo. Por otro, comunidades que se benefician del sistema vigente o que, al menos, no salen perjudicadas por él. Y entre unas y otras, el acuerdo es prácticamente imposible si implica renuncias.
Ningún presidente autonómico, sea del partido que sea, quiere ser quien asuma que su territorio recibirá menos en una futura redistribución. Ese es el verdadero tabú del debate. No es la técnica, no son los criterios, no son los informes: es la pérdida potencial de recursos. Por eso resulta más fácil exigir al Gobierno central lo que ni siquiera se es capaz de pactar dentro del propio partido.
Paradójicamente, el discurso público y el discurso interno divergen. En público, los presidentes autonómicos reclaman reformas urgentes, equidad, justicia territorial. En privado, la conversación es otra: cómo evitar que la reforma deteriore la posición de cada comunidad. Y así, el país acumula una década y media de parálisis en un asunto que lleva consenso diagnóstico, pero no consenso distributivo.
La Región se encuentra en el lado perjudicado de este bloqueo. Y lo que resulta evidente es que, mientras se siga señalando exclusivamente hacia arriba, hacia el Gobierno central, se seguirá evitando el conflicto más incómodo: el que exige pedir coherencia dentro del propio bloque territorial. Si once comunidades gobernadas por el mismo partido no han sido capaces de construir una posición común en quince años, ¿cómo se puede esperar un gran acuerdo nacional que implique a diecisiete territorios y a varias fuerzas políticas?
La financiación autonómica seguirá siendo un problema sin resolver mientras las comunidades, todas, no solo las peor financiadas, no asuman que una reforma con justicia significa también asumir costes. Y mientras los partidos continúen evitando este debate interno, el modelo seguirá oxidándose, y regiones como Murcia seguirán esperando una corrección que nunca llega.
Culpar al Gobierno central es sencillo y políticamente rentable. Mirar hacia los lados y señalar responsabilidades en la propia casa es, sin duda, más incómodo. Pero quizá ahí, precisamente ahí, se encuentre el punto de partida que lleva años faltando.
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