Los Valientes y la deuda pendiente de ESAMUR

La Región de Murcia presume, con razón, de ser un referente en depuración y reutilización del agua. Las cifras oficiales hablan de eficiencia, sostenibilidad y liderazgo europeo. Sin embargo, detrás de ese relato institucional hay realidades que no aparecen en las estadísticas ni en los actos públicos. Una de ellas es la de Los Valientes, pedanía de Molina de Segura, cuyos vecinos llevan décadas sin una depuradora en condiciones.

No se trata de una carencia reciente ni de un problema técnico puntual. Es el resultado de años de retrasos, promesas incumplidas y falta de voluntad política. Generaciones enteras han crecido escuchando que “el proyecto está en marcha”, que “ya queda poco”, que “está previsto en los planes”. Pero la infraestructura nunca llega.

Mientras tanto, los vecinos cumplen. Cumplen pagando impuestos. Cumplen abonando, mes a mes, el canon de saneamiento en sus facturas del agua. Un impuesto autonómico que no es simbólico ni opcional, sino obligatorio y finalista: se recauda específicamente para financiar la depuración y el saneamiento.

En Los Valientes se da una paradoja difícil de justificar: se paga por un servicio que no se recibe. Este hecho, por sí solo, debería provocar una reflexión profunda en las instituciones responsables. Porque no estamos ante un problema de recursos, la Región gestiona cientos de millones de euros en infraestructuras hidráulicas, sino ante un problema de prioridades.

Y aquí aparece una responsabilidad clara: ESAMUR. La Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia gestionan el canon, planifica inversiones y coordina la red de depuradoras. Su función es garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un saneamiento digno. No solo los que viven en grandes núcleos urbanos o zonas estratégicas.

Sin embargo, Los Valientes sigue fuera del mapa real de inversiones. Durante años, ESAMUR ha participado en convenios, estudios y anuncios relacionados con Molina de Segura y su entorno. Se han firmado acuerdos, se han reservado partidas y se han presentado proyectos. Pero en la práctica, la depuradora de la pedanía sigue siendo una promesa incumplida.

Mientras tanto, se invierten millones en modernizar instalaciones ya existentes, en ampliar plantas en otros municipios o en reforzar infraestructuras vinculadas al regadío. Inversiones legítimas, sin duda. Pero que no pueden servir como excusa para perpetuar una desigualdad territorial evidente.

Porque lo que ocurre en Los Valientes no es una anécdota. Es un ejemplo de cómo las zonas periféricas y menos visibles quedan relegadas en la agenda política. Donde no hay focos, no hay prisas. Donde no hay rédito electoral inmediato, se pospone.

Las consecuencias no son solo administrativas. Afectan a la salud pública, al entorno natural y a la calidad de vida. Afectan también a la confianza en las instituciones. ¿Cómo pedir responsabilidad ciudadana cuando la administración no cumple con su parte?

Los vecinos han hecho lo que se espera en una democracia: han presentado escritos, han solicitado reuniones, han acudido a los medios, han protestado de forma pacífica y persistente. No han optado por el ruido, sino por la constancia. Y, aun así, siguen esperando.

La pregunta es inevitable: ¿cuántos años más?

¿Cuántos recibos más hay que pagar sin recibir el servicio correspondiente?

¿Cuántas legislaturas más tienen que pasar sin una solución definitiva?

¿Cuántos anuncios más hay que escuchar antes de que empiecen las obras?

ESAMUR no puede seguir amparándose en informes, trámites o complejidades técnicas. Su responsabilidad es convertir los recursos públicos en servicios reales. Y en este caso, no lo ha hecho.

En Los Valientes no piden trato de favor. Pide igualdad. Pide que el canon que paga se traduzca en infraestructuras. Pide que la gestión del agua, de la que tanto se presume, llegue también a quienes llevan demasiado tiempo esperando.

Porque pagar sin recibir no es eficiencia. Es injusticia.

Y porque una Región que aspira a liderar la gestión hídrica no puede permitirse dejar atrás a parte de su ciudadanía.