La liberación de 65 trabajadores extranjeros explotados en una finca agrícola de Ulea no es solo una noticia policial. Es una enmienda a la totalidad al discurso que Vox y su líder regional, José Ángel Antelo, llevan tiempo propagando sobre la migración irregular.
Porque mientras Vox señala al migrante como amenaza, invasor o problema de convivencia, la realidad demuestra algo mucho más incómodo: el sistema económico y agrícola que dicen defender se sostiene, en demasiadas ocasiones, sobre su explotación.
No hablamos de irregularidades menores ni de casos aislados. Hablamos de personas obligadas a trabajar en condiciones inhumanas, privadas de derechos básicos, sometidas por el miedo y la necesidad. Cinco detenidos, tres en prisión. Eso tiene un nombre: explotación laboral grave. Y ocurre en el corazón del campo que Vox idealiza y dice proteger.
¿Quién se beneficia realmente de la migración irregular que Vox demoniza?
Desde luego, no los trabajadores. Se benefician quienes los contratan sin derechos, quienes los hacinan, quienes los amenazan con la deportación si protestan. Y ese modelo no se combate con discursos incendiarios ni con expulsiones simbólicas, sino con inspecciones, regulación y voluntad política. Justo lo que Vox rechaza de forma sistemática.
El discurso de Antelo y de su partido no es inocuo. Genera miedo, y el miedo es el mejor aliado del explotador. Cuando una persona teme ser detenida o expulsada, no denuncia. Cuando se la presenta públicamente como sospechosa por el simple hecho de existir, se normaliza que se la trate como mercancía. Ese es el efecto real y tangible del discurso de la “mano dura”.
Vox habla sin descanso de “ley y orden”, pero guarda un silencio atronador ante el desorden moral y económico que permite que decenas de personas sean tratadas como esclavos modernos. Nunca les oímos exigir más inspecciones laborales en el campo. Nunca señalan a los empresarios explotadores. Nunca proponen regularizar para proteger derechos. El enemigo siempre es el último de la cadena, el más débil, el que no puede defenderse.
Y aquí entra también la responsabilidad de su entorno social y político, de quienes repiten consignas sin detenerse a mirar las consecuencias. Porque no se puede clamar contra la migración irregular mientras se aplaude un modelo productivo que la necesita para funcionar. No se puede exigir expulsiones masivas y luego fingir sorpresa cuando aparecen casos de explotación sistemática. Eso no es ingenuidad: es hipocresía política.
España necesita trabajadores en el campo. La Región de Murcia los necesita. Lo que no necesita es un discurso que convierte a esas personas en chivos expiatorios mientras protege, por acción u omisión, a quienes hacen negocio con su vulnerabilidad.
Endurecer la vida del migrante no protege el campo: protege al explotador.
El caso de Ulea debería servir para desmontar relatos interesados. Para recordar que el verdadero problema no son quienes vienen a trabajar, sino quienes se aprovechan de que llega de manera irregular, voz ni respaldo institucional. Y para evidenciar que un proyecto político que solo apunta hacia abajo, mientras mira hacia otro lado cuando el abuso viene de arriba, no defiende la ley ni el orden: defiende un privilegio.
Porque no hay mayor fraude moral que utilizar el sufrimiento ajeno para ganar votos. Y no hay mayor indignidad que llamar amenaza a quien, en realidad, está sosteniendo con su trabajo aquello que otros dicen amar.
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