La Fiscalía decide tomar declaración como testigos protegidas a las denunciantes de Julio Iglesias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido tomar declaración a las denunciantes de Julio Iglesias como testigos protegidas, según han anunciado las abogadas de la organización Women's Link Worlwide en la rueda de prensa que han ofrecido junto a Amnistía Internacional este miércoles. El equipo jurídico que ha acompañado la presentación de la denuncia interpuesta por dos mujeres contra el cantante ha explicado que, aunque la Fiscalía “aún no ha tomado una decisión sobre su competencia”, hay dos de las medidas que solicitaron las abogadas que “están en progreso”: el Ministerio Público ya ha resuelto tomar declaración a las dos denunciantes, a las que les ha otorgado la condición de testigos protegidas.

“Poder ser escuchadas por la Fiscalía es un paso muy importante en la búsqueda de justicia de Rebeca y Laura [nombres ficticios de las denunciantes]”, ha afirmado Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link, una organización internacional en defensa de los derechos humanos de mujeres y niñas. Las abogadas han aclarado que aún no hay fecha prevista para la declaración y han explicado el punto actual del proceso: lo que ha hecho el Ministerio Público es abrir diligencias preprocesales, no hay un proceso judicial en vigor, sino una fase previa en la que la Fiscalía investiga los hechos puestos en su conocimiento “y decide si tienen entidad suficiente como para poder llevar a cabo la acción penal”, ha apuntado Gema Fernández, directora legal de Women’s Link en Europa, tal y como explicó en esta entrevista con elDiario.es. La decisión debe tomarse en un plazo máximo de seis meses, prorrogables excepcionalmente otros seis.

La denuncia fue presentada el pasado 5 de enero por varios delitos, entre ellos agresión sexual y trata de seres humanos. Los testimonios de las dos mujeres fueron revelados este martes por la investigación publicada por elDiario.es y Univision Noticias, en la que relatan episodios de violencia sexual, vejaciones físicas y verbales y humillaciones por parte de Julio Iglesias cuando trabajaban como internas en sus residencias de Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas).

Según ha explicado Fernández, el denunciado “se habría aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las denunciantes bajo un clima de intimidación constante” con el objetivo de “imponerles condiciones laborales forzadas y degradantes y someterlas a acoso y, en algunos casos, agresiones sexuales continuadas”. Los testimonios apuntan a “largas jornadas” de hasta 16 horas al día y la obligación de seguir unas normas que suponían “falta de intimidad, control sobre sus comunicaciones, presión psicológica, sometimiento a malos tratos y exposición constante” a violencia sexual.

“Women's Link decidió involucrarse [en el caso] porque contribuir con el acceso a justicia que merecen [Rebeca y Laura] es central a nuestra mision organizacional, que aspira a que todas las mujeres y niñas podamos vivir en un mundo libre de violencia”, ha apuntado Jovana Ríos en la rueda de prensa telemática a la que han asistido 140 periodistas de todo el mundo. La organización ha reconocido haber sido contactada por otras mujeres “que alegan haber sido trabajadoras del denunciado”, pero no ha dado más detalles “por cuestiones de seguridad”.

“Un poder diametralmente distinto”

La denuncia hace referencia a hechos que las exempleadas sitúan entre enero y octubre de 2021, cuando las dos mujeres formaban parte del servivio doméstico como internas en las casas de Iglesias, e identifica al cantante como autor principal, pero incluye como colaboradoras a dos encargadas de las mansiones. Son dos de las mujeres que colaboraban con el cantante para seleccionar a las trabajadoras e imponer las condiciones en las que debían desempeñar su trabajo, una circunstancia que hace que las abogadas hablen de “grupo criminal”.

elDiario.es y Univision han intentado recabar la versión de Julio Iglesias en diversas ocasiones y por varias vías de contacto durante las últimas semanas, pero no han recibido respuesta a ninguna de las preguntas enviadas ni ningún comentario. Lo mismo ha sucedido con una de las dos encargadas de las mansiones del cantante. Otra de ellas no ha dado respuesta a las preguntas, pero ha señalado que no tiene “nada que decir frente a esas acusaciones”.

En el escrito ante la Fiscalía, Women's Link solicita “medidas de protección para las víctimas”, que temen por su integridad y seguridad. Entre ellas, que se evite “el contacto directo” entre las extrabajadoras y sus familias y “los sospechosos de la infracción”; que se proteja su intimidad, que se evite “su revictimización” y también la de las trabajadoras que actualmente “siguen empleadas por el denunciado”. Las abogadas han justificado la solicitud de estas medidas en que Julio Iglesias “ostenta un poder diametralmente distinto al de las denunciantes, derivado de su capacidad económica e influencia”.

La denuncia desglosa una serie de delitos en los que, a juicio de las abogadas, encajarían los hechos relatados por las denunciantes: uno de “de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo o servicios forzados y servidumbre”, agresiones sexuales, acoso sexual y dos posibles delitos de lesiones contra una de las exempleadas. Además, apuntan a la posibilidad de que existan delitos contra los derechos de los trabajadores.

El apoyo de Amnistía Internacional

Más allá del caso concreto, Women's Link ha explicado que se trata de un “litigio estratégico”, es decir, que no solo “busca justicia” para las mujeres que han denunciado a Julio Iglesias, sino que “apunta a desmantelar la impunidad sostenida por estructuras de poder que han colocado la riqueza, el estatus y la fama por encima del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias”, en palabras de la asociada legal de la organización Eliana Alcalá de Ávila.

En la práctica, el equipo jurídico busca que el proceso “deje precedentes legales” que reconozcan “el daño estructural causado por el racismo, el colonialismo y el machismo en el ámbito del trabajo doméstico” y que, concretamente, impulsen “mejoras reales en las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar racializadas, migradas y que atraviesan por distintas condiciones de vulnerabilidad” tanto en España como en América Latina. Las abogadas reclaman con el caso la creación de protocolos de acceso a la justicia, mecanismos de denuncia, protección y reparación y “una implantación real y efectiva” del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente de las empleadas domésticas.

La denuncia de la organización ha sido apoyada por Amnistía Internacional, que también ha estado presente en la rueda de prensa. Su responsable de investigación, Virginia Álvarez, considera que las extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias relatan “violaciones de derechos humanos” y ha apuntado a investigaciones internacionales que “demuestran” que lo denunciado por ambas mujeres “es parte de un patrón que hemos visto en otros países”. “No es un hecho aislado, sino estructuras laborales montadas sobre la idea de que el tiempo, el trabajo y el cuerpo de las mujeres son baratos y sustituibles”.