El primer filtro para la denuncia contra Julio Iglesias: decidir si la Audiencia Nacional es competente para investigarle

La Fiscalía de la Audiencia Nacional analiza ya una denuncia de dos mujeres contra Julio Iglesias por trata de seres humanos y agresión sexual. La denuncia incluye los testimonios de dos exempleadas del cantante que relatan haber sufrido agresiones sexuales en un ambiente de control e intimidación continuo mientras trabajaron para el cantante en 2021 en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. El relato de estas extrabajadoras forma parte de una investigación exclusiva de elDiario.es en colaboración con Univision. 

Las fuentes consultadas por este periódico explican que el primer análisis que realizará el Ministerio Público será sobre si es o no competente para investigar estos hechos. El lugar en el que ocurrieron es clave, pues determina quién es competente para investigarlos y, en su caso, juzgarlos. La Audiencia Nacional es el tribunal que tiene asignada la investigación de los delitos cometidos por españoles fuera del territorio nacional. 

El artículo determinante es el 23.2 de la ley del Poder Judicial, que extiende la jurisdicción española respecto a los delitos cometidos en el extranjero por españoles, siempre que se cumplan tres condiciones: que el hecho sea delito en el lugar en el que se cometió, que la víctima o la Fiscalía interpongan querella ante los tribunales españoles y que el autor no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero por estos hechos o, si hubiera sido condenado, que no haya cumplido la condena.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recibió la denuncia el pasado 5 de enero y ya ha acordado la apertura de diligencias preprocesales. En este trámite, uno de los primeros pasos será comprobar si en República Dominicana y Bahamas estos hechos también podrían ser considerados un delito. El Código Penal dominicano, por ejemplo, castiga tanto la violación como la “esclavitud sexual”. También se verificará si las presuntas agresiones han sido denunciadas en el país donde supuestamente ocurrieron o si, hipotéticamente, se ha abierto allí algún procedimiento. 

Los antecedentes en la Audiencia Nacional

En el caso de la denuncia interpuesta contra Julio Iglesias, desvelada por elDiario.es, el debate tiene varias aristas: la nacionalidad del acusado y de las víctimas, el lugar donde ocurrieron los hechos y, finalmente, el país donde se presenta la denuncia. En este caso, todos los antecedentes apuntan a que la competencia para una eventual investigación contra el cantante sería la Audiencia Nacional española. 

En este caso, se dan los requisitos habituales para que la causa, en caso de abrirse, se instruya en un juzgado central de Madrid. El acusado es español, las víctimas son extranjeras y los presuntos delitos se cometieron también en el extranjero. Y la propia Audiencia Nacional lo deja claro a la hora de explicar qué investigaciones están a su alcance: tiene competencia sobre “los delitos cometidos por españoles en el extranjero”. 

Los antecedentes apuntan a la competencia de la Audiencia Nacional. Este tribunal central ha sentenciado varios casos con características muy similares al que ha revelado elDiario.es sobre Julio Iglesias. Por ejemplo, cuando el año pasado impuso ocho años y medio de cárcel a un español, guía turístico en Sevilla, por agredir sexualmente a tres estudiantes estadounidenses durante viajes a Marruecos y Portugal. Acusado español, víctimas extranjeras y hechos cometidos en otros países. En esas sentencias, además, el acusado ni siquiera cuestionó la competencia de la Audiencia Nacional. 

La competencia sobre qué juzgado debe investigar un delito no siempre es algo pacífico y entonces el conflicto escala hasta la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Los magistrados de este organismo resuelven cada año decenas de conflictos entre juzgados de todo el país y en los últimos meses han atribuido a la Audiencia Nacional la competencia para investigar un caso de violencia sexual similar al que ahora planea sobre el cantante Julio Iglesias. 

Este mismo tribunal zanjó con una condena de 11 años de cárcel los abusos sexuales a los que un español sometió a su nieta ecuatoriana en ese país. Ese caso tuvo una particularidad: los tribunales de Ecuador ya habían abierto su propia investigación, pero el pedófilo se había marchado a España. La Audiencia Nacional rechazó su extradición por ser español, la Fiscalía española interpuso su propia denuncia y terminó siendo juzgado y condenado en este organismo central en Madrid. 

La competencia en estos casos solo puede variar si la víctima vive en España y entran en juego los juzgados de violencia sobre la mujer, que en casos de maltrato pueden llegar a asumir la competencia por encima de la Audiencia Nacional por ser los más cercanos al lugar donde reside la denunciante. El pasado octubre, por ejemplo, el Supremo dejó en manos de un juzgado especializado de Valladolid la denuncia interpuesta por una mujer rumana contra su pareja española por episodios de maltrato ocurridos en Alemania. 

Investigación preprocesal 

En cualquier caso, la apertura de estas diligencias preprocesales es solo el inicio de un procedimiento. Además de determinar la competencia para investigar los hechos, lo habitual en este trámite es tomar declaración a las denunciantes y llevar a cabo otra serie de diligencias hasta tener una “decisión fundada” sobre los hechos denunciados. Con la información recopilada, la Fiscalía tendrá que decidir si presenta una querella ante el juzgado o, por el contrario, archiva las diligencias. 

Según una circular de 2022, la Fiscalía debe comunicar a la “persona sospechosa” las diligencias que está realizando y permitirle personarse “desde el momento en el que concurra un presupuesto material de imputación que razonablemente justifique la atribución de un hecho delictivo”. La conclusión de las diligencias de investigación preprocesal se acordará mediante decreto motivado. Esa decisión también será notificada al sospechoso, al que también se le facilitará la denuncia o querella en caso de que se presente. 

elDiario.es y Univision se han puesto en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con Julio Iglesias y con su abogado, sin obtener respuesta a las preguntas que estos medios le hicieron llegar por email, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias.

Comprobación de datos y edición: María Ramírez y Natalia Chientaroli

Puedes leer más sobre esta investigación en nuestro especial.

Si has vivido o tienes conocimiento de un hecho similar a los que aquí se cuentan, queremos escucharte. Mándanos un mensaje de texto o de voz vía Whatsapp al número +34 646 35 35 34 o escríbenos un correo a pistas@eldiario.es. Trataremos tu testimonio con absoluta confidencialidad.