La Región de Murcia concentra una parte muy significativa de la contaminación atmosférica del sureste peninsular sin que los medios de comunicación le dediquen mucho más que breves notas aisladas. Sabemos —y somos plenamente conscientes— de que la contaminación atmosférica provoca problemas respiratorios y agrava patologías preexistentes, sin que nadie haya establecido un plan coherente, no ya para reducir los picos puntuales, sino los niveles elevados y continuados de polución.
A pesar de ello, la respuesta tanto de las autoridades regionales como de las municipales ha sido esconder la cabeza, como si esta situación no fuera con ellas. Quizá piensan que el problema desaparecerá por sí solo, que se resolverá sin intervención o que, simplemente, tendremos que convivir con esta contaminación persistente. No se trata de subrayar la dificultad de establecer una causalidad directa entre una afección respiratoria concreta y un episodio puntual de contaminación —algo que, como ocurrió en su día con el tabaco, podría derivar en una eventual responsabilidad —. Lo que sí resulta posible es establecer una relación causal clara entre el aumento sostenido de la contaminación atmosférica y el incremento de las afecciones respiratorias en la población, una evidencia suficiente para exigir responsabilidades políticas por la inacción a la hora de proteger la salud pública.
Resulta evidente que estos picos de contaminación están directamente relacionados con la incapacidad para adoptar medidas de variado tipo y, principalmente, en materia de transporte. Medidas que no competen únicamente a un ayuntamiento, sino a un Gobierno regional que ha hecho dejación de funciones. Hoy nos encontramos con un transporte público disfuncional que no compite con el vehículo privado. No lo hace ni por frecuencias —los sistemas de información no permiten predecir el paso de los autobuses, lo que hace imposible planificar desplazamientos— ni por tiempos, que dependen del tráfico y de una deficiente planificación de rutas. En ocasiones, esta situación provoca que sea más rápido desplazarse a pie, incluso en trayectos largos, que utilizar el transporte público. A esta combinación de bajas frecuencias y tiempos poco fiables se suma la incapacidad del Gobierno regional para pensar la Región como un entramado de ciudades interrelacionadas y una entidad de transporte que soluciones. Un sistema que no debería abarcar únicamente la capital, sino también Cartagena y su comarca, Lorca y el valle del Guadalentín, el Noroeste, así como Yecla y Jumilla.
Es evidente que esta incapacidad, antes y ahora, viene determinada no solo por un posicionamiento ideológico concreto. Ni Vox, cuando tuvo competencias en la Consejería de Fomento, quiso hacer nada; ni —lo que es peor— el Partido Popular ha hecho nada, ni antes de ceder dicha consejería ni ahora que ha vuelto a asumir sus competencias. Mientras tanto, se desvía la atención hacia ayuntamientos y alcaldes que aceptan competencias impropias con el único objetivo de ser reelegidos, pese a ser incapaces, antes y ahora, de señalar el verdadero problema: un Gobierno regional desaparecido para la gobernanza de una Región que observa cómo los hijos de las clases asalariadas con formación se ven obligados a marcharse ante un modelo económico que solo genera empleo en un sector primario que demanda mano de obra cada vez menos cualificada y que, cuando llega, es rechazada y criminalizada.
A ello se suma la dimensión ideológica del cambio climático y la negativa sistemática a reconocer tanto el problema como las medidas necesarias para minimizarlo y reducir su impacto, ya sea mediante la creación de un transporte público regionalizado o a través de la implantación de zonas de bajas emisiones, que deberían ser el resultado posterior de la primera acción pues la suma de ambas será explosiva.
Es evidente que el rechazo a los cambios en el transporte público y a la gestación de la Región que queremos para el futuro ha de situarse en un interrogante compartido. En la Región somos capaces de admirar a Europa mientras seguimos dirigiendo la crítica hacia la oposición para eludir la necesaria exigencia de responsabilidades a un Gobierno regional que lleva más de treinta años prometiendo sin cumplir. De ello se deriva una situación tan reveladora como paradójica: la inversión aumenta en aquellos periodos en los que el Gobierno central es de signo político distinto al regional, mientras este último regionaliza su discurso para culpar al Estado de la falta de inversiones y guarda silencio cuando gobiernan los suyos. En ese contexto, el electorado acaba obviando a la oposición, incluso cuando esta plantea un plan para transformar una Región cuya situación poco tiene que ver con el Gobierno de España.
La cuestión de fondo es que resulta imposible pensar los problemas de la Región desde marcos políticos ajenos a su realidad concreta. La importación constante de debates, consignas y confrontaciones nacionales sustituye cualquier intento de abordar las necesidades propias del territorio. El sanchismo funciona así como coartada de esa incapacidad para pensar la Región desde sí misma, del mismo modo que en su momento lo fueron el felipismo o el zapaterismo: categorías de alto calado en una Región que sigue sin pensarse desde su propia tierra mientras dirige la mirada hacia lo alto le roban el futuro en lo bajo. Da para reflexionar.
0