La agrupación de federaciones del AMPA elige nueva dirección para combatir la “deriva privatizadora” del Gobierno canario

La entidad Confapacanaria, federación de federaciones de AMPA en las islas, ha elegido su nueva junta directiva, un órgano que “está preparado para actuar en la mejora de la enseñanza pública en Canarias, cuya calidad sin duda peligra”.

La asamblea general de esa federación se celebró el pasado 15 de noviembre en la isla de La Palma, cuando se renovó la junta directiva y se eligió como presidente al también titular de la federación palmera de AMPA, Vicente Brito. Este sustituye en el cargo al lanzaroteño Pedro Gil. Brito asume el compromiso de “continuar la gran labor ya realizada por el equipo anterior y la responsabilidad de representar a las familias de todas las islas en un momento crucial para la enseñanza pública en el Archipiélago”.

Además de definirse la nueva directiva, en la misma cita regional se fijó un objetivo de mano tendida y diálogo para hacer crecer la organización en toda Canarias, siempre como herramienta de interlocución y representación de las familias de las siete islas. También se analizaron asuntos “preocupantes”, entre ellos la “deriva privatizadora” de la actual administración pública canaria en esta materia.

Empezando por la política universitaria, que según Confapacanaria se ha “desgajado del resto de la educación”, poniendo como ejemplo que el curso pasado, las notas de matemáticas generales, de física y de química fueron inferiores al cinco de media, con las matemáticas por debajo del 4,5.

“Hasta la fecha, no se ha oído autocrítica alguna o análisis sobre las causas de esa debacle por parte de los responsables políticos. Ante tal fracaso en la PAU, ¿de quién es esa responsabilidad, del profesorado, de las familias o de un gran complejo de inferioridad de las subcomisiones de la PAU?”

Si además se tiene en cuenta que los currículos que establece la Ley de Educación no coinciden con lo que se imparte en primero de cualquier carrera, lo que se logra -añade la misma organización- es el crecimiento de las universidades privadas en detrimento de las públicas, pues se obliga al alumnado a pagar clases particulares o a ir a la privada.

“Nos quedamos sin docentes para impartir enseñanzas superiores y universitarias, mientras que es casi imposible acceder al máster de formación en la universidad pública, con lo que se deja como alternativa la oferta privada, donde dicho máster tiene un coste de 8.000 euros de media”, recuerda Confapacanaria.

Además, continúa la misiva, la Formación Profesional (FP) Dual está siendo “un desastre” debido a la falta de docentes que coordinen y tutoricen al alumnado, junto con la ausencia de incentivos a las empresas para que los acojan en esa formación.

A todo ello, se añade la limitada oferta formativa adaptada (FPA) en FP. La FPA en Canarias es “escueta” y además “limita” la posibilidad de diseñar itinerarios variados para las personas con algún diagnóstico NEAE o NEE, una discriminación en toda regla.

“Si se es NEAE o NEE, no se tiene derecho a estar en la formación reglada. Este es el mensaje que se traslada con la actual oferta de plazas”, remacha la asociación.

Otra cuestión crítica es la de los pisos turísticos y la “inexistente” política residencial, lo que se ha convertido en un muro para el alumnado de origen humilde que quiera estudiar.

A su vez, el decreto autonómico NEAE, que se suponía que iba a resolver la falta de recursos para las personas con necesidades educativas especiales, sigue sin concretarse. Entretanto, prosigue la organización, aparecen casos como el ocurrido el pasado curso, cuando se permitió que un alumno con necesidades especiales fuera expulsado de un centro aún contando con un auxiliar en toda su jornada educativa y tratándose de un alumno en fase de enseñanza obligatoria y menor de edad. Se quedó un mes sin escolarización.

En el encuentro de Confapacanarias, se dejó claro que las familias tienen que enfrentarse a muchos desafíos para ofrecer una formación de calidad y en condiciones de equidad para nuestros hijos e hijas, y que es mejor hacerlo juntas y organizadas, sobre todo cuando se tiene un Gobierno de Canarias que “parece que se ha olvidado de parte de la población local, de las personas con recursos limitados, de las personas que viven en islas no capitalinas, de las que viviendo en una de ellas están lejos de los centros de formación o de las que sus hijos e hijas tienen alguna discapacidad”.

La organización ha exigido al Ejecutivo que cumpla la Ley canaria de Educación, asignando el 5% del PIB regional a la educación pública en los presupuestos, y que “gobierne para todas las personas que viven en este archipiélago”, creando oportunidades y apostando por una formación pública de calidad en la que se defiendan valores como la equidad y la inclusión.

“Todo lo que se ha analizado, si no se corrige, se convierte en una losa para las familias más humildes, y así la brecha entre ricos y pobres se vuelve a abrir por la ineficacia del actual Gobierno”, concluye el comunicado.

Confapacanarias cree que se está extendiendo en Canarias la figura de “la familia trabajadora pobre”, cercenando la posibilidad de que los hijos e hijas de esas familias puedan tener la oportunidad de subirse al tan denostado “ascensor social”. Esto solo se puede corregir con políticas públicas potentes que auxilien al estudiante, sea menor o no, para ofrecerle las mismas oportunidades de desarrollo personal y académico que tienen otros, agrega la misiva.

La asociación ha pedido al Gobierno de Canarias que cuente con las familias a la hora de llevar a cabo cualquier iniciativa política, “pues este es el mejor termómetro de la realidad social”. De no hacerse, agregan, “se perderá una gran oportunidad y se tendrá enfrente la protesta, cuando lo más eficaz, eficiente y provechoso es estar al lado del Gobierno ayudando y trabajando conjuntamente, para hacer una Canarias más justa, más prospera”.