En demasiadas ocasiones se ha escrito estos dos últimos años sobre balas contra mensajeros. Académicos denunciados por llamar la atención sobre la tortura en prisión, concejalas investigadas por clamar contra la policía tras la muerte de un ciudadano, presidentes de asociaciones imputados por quejarse del trato a los manteros... En definitiva, demasiados casos de denuncias y querellas contra quienes elevaban públicamente la voz contra los abusos del poder. Con tanto disparo, alguno tenía que dar en el blanco y, paradójicamente (o no), le ha acabado tocando al negro.

Idrissa, expresidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón, ha sido condenado por un delito de injurias contra la Policía Local de Zaragoza. Su señoría ha considerado punible, vía delito de injurias graves con publicidad del artículo 209CP, que Idrissa, durante una rueda de prensa en la que se presentaba un informe que recogía testimonios de abusos policiales a manteros de la ciudad, afirmara supuestamente que los policías de la ciudad “Hacen negocio y recogen los beneficios” y que “les agreden y lo hacen solo porque son negros”. El matiz supuestamente es relevante porque estas declaraciones fueron atribuidas a Idrissa por un medio de comunicación, no habiéndose probado durante el juicio que realmente las formulara en estos términos. De hecho, la defensa de Idrissa se molestó en mostrar que la expresión “hacen negocio y recogen los beneficios” ni siquiera corresponde a ninguna declaración del acusado sino a un comunicado del Grupo DDCC15mZgz publicado el 5 de abril de 2018: “Los problemas sociales no llegan en patera. Los culpables de nuestros problemas vuelan en primera clase, usan coches de lujo, atizan el racismo, hacen negocio y recogen los beneficios”.

Ante este fallo judicial cabe hacerse varias preguntas relativas a la técnica jurídica. ¿Cómo es posible condenar en base a un delito, el de injurias del 209 CP, que protege el derecho al honor, por hacer unas declaraciones sobre una institución del Estado que, según el Tribunal Constitucional (STC 107/1988, de 8 de junio; STC 214/1991, de 11 de noviembre y STC 13/1995, de 24 de enero) y el Tribunal Supremo (STS 492/2017, de 13 de septiembre), no es titular de ese derecho? Es decir, ¿cómo se daña el derecho al honor de una institución del Estado que, como tal, no tiene Derecho al Honor? ¿Cómo se resuelve un “concurso” de leyes –situación que se crea cuando una misma conducta puede encajarse en dos tipos penales - apelando al delito más beneficioso para el acusado? ¿Un concurso entre los artículos 504 y 209CP no debería resolverse en base al criterio de especialidad? ¿Acaso una sentencia condenatoria por delito de injurias graves no exige una valoración mínimamente seria del ánimo (la voluntad) injuriosa y de la efectiva lesión en el honor que han producido las declaraciones? ¿Acaso puede ser considerado “temeroso desprecio hacia la verdad” – requisito necesario para condenar por injurias graves - presentar un informe a la autoridad competente en el que se respaldan las declaraciones hechas, solo porque esa autoridad competente acabara no sancionando a nadie ni emprendiendo procedimiento judicial alguno?

Y por último: ¿no se supone que el Tribunal Supremo (STC 9/2007, de 15 de enero y STC 6/1981, de 16 de marzo) se ha cansado de recordar que la libertad de expresión ampara la crítica a las instituciones por ser este derecho, en el ámbito político, especialmente valioso para una sociedad democrática? ¿Dónde se supone que quedan estas palabras del Constitucional sobre las libertades de expresión e información?: “Cuando operan como instrumento de los derechos de participación política debe reconocérseles si cabe una mayor amplitud que cuando actúan en otros contextos, ya que el bien jurídico fundamental por ellas tutelado, que es también aquí el de la formación de la opinión pública libre, adquiere un relieve muy particular en esta circunstancia, haciéndoles especialmente resistente(s), inmune(s) a las restricciones que es claro que en otro contexto habrían de operar” (STC 136/1999, de 20 de julio)

Las respuestas a estas preguntas quizás pondrían en duda esta resolución y la actuación profesional de quien la ha dictado, y tal crítica también estaría amparada por la libertad de expresión según sentencias del Tribunal Constitucional como la 35/2004, de 8 de marzo. Pero permítanme que, llegados a este punto, dude de la validez de la justisprudencia del “supremo intérprete de la Constitución” en ciertos juzgados de lo Penal de este país. Además, todas las preguntas anteriores son meras cuestiones de técnica jurídica. Precisamente, si algo brilla por su ausencia en la sentencia que condena a Idrissa es la técnica jurídica. La sentencia es política, pura política, es el castigo a alguien en cuyas declaraciones puede entreverse una crítica a la policía por prácticas racistas. Y así lo reconoce la propia sentencia al afirmar lo siguiente sin rubor:

“El mero hecho de que algunos de esos ciudadanos senegaleses hayan podido transmitir quejas al acusado o incluso que el Ayuntamiento abriera esa investigación, no le autorizaba a dar públicamente por ciertas conductas del colectivo policial ilícitas e incluso racistas. Con temeridad, sin cerciorarse de si todas las quejas eran veraces y generalizando a todos los Agentes, transmitió a la opinión pública la imagen de una Policía Local que sistemáticamente persigue a los manteros senegaleses por motivos étnicos”.

Esto no es otra cosa que defender la sacralidad de las instituciones del estado definiendo por la vía del castigo lo que puede y no puede ser dicho en público, lo que puede ser discutido y por lo tanto ser pensado. Si, como dice Slavoj Žižek, la esencia de lo político es el poder para definir lo político –léase lo opinable y discutible–, esta sentencia supone una ofensiva política contra toda visión crítica con la actuación de los poderes del Estado. Esta ofensiva es el hecho realmente grave del asunto. Las cuestiones de técnica jurídica son solo víctimas sacrificadas en su nombre. Lo que aquí está en juego no es solo la condena a un sujeto, ni siquiera el (des)conocimiento por parte de un juez del derecho penal que aplica, sino la progresiva construcción, resolución a resolución, de un clima punitivo que desincentive la denuncia e imponga por vía de los hechos un relato acrítico sobre cómo las instituciones ejercen el poder. La construcción, en suma, de una práctica jurídica simétricamente opuesta a los principios que, se supone, la fundamentan.

Otro septiembre y otra denuncia contra quien ose mencionar públicamente que los funcionarios del estado español no son beneméritos ángeles sin alas. Hoy toca sentarse en el banquillo a Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, por afirmar que existen las torturas en prisión. Ocurrió durante un debate sobre el asimiento penitenciario en TV3. Un juez admitió a trámite la denuncia de CC.OO. por calumnias a los funcionarios de prisiones.

El año pasado conocíamos de la denuncia de un sindicato policial contra dos asociaciones zaragozanas (inicialmente por “delito de odio”) que presentaron al ayuntamiento un informe que recogía testimonios de manteros denunciando abusos por parte de agentes de policía local. Aquel caso sigue abierto y en breves se celebrará un juicio en el que la acusación pide 2 años de cárcel y 15.000 euros de multa para el ex-presidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón, una de las asociaciones que presentaron el informe. La acusación final: injurias y calumnias.

Los que somos un poco lentos procesando la creatividad de algunos estamentos al interpretar la ley aún estamos intentando entender qué clase de Derecho se está aplicando en aquel caso. Es la fase de “justificación”. Por eso la imputación de Iñaki Rivera nos ha pillado buscando qué sentencias del Tribunal Constitucional se nos habrán traspapelado en el intento. Otros casos previos como el de Valtonyc o La Insurgencia pertenecen a la primera fase, la de “negación”.

Algo se nos tiene que escapar. Si no es así, no puede entenderse que ciertos jueces se muestren tan dispuestos a coartar la libertad de expresión, un derecho especialmente protegido en el ámbito político según la jurisprudencia conocida del Tribunal Constitucional (véase, por ejemplo, la STC 9/2007, de 15 de enero; y la STC 6/1981, de 16 de marzo). Esa protección a la libertad de expresión no es un capricho del alto tribunal, pues deriva directamente del artículo 20 de la Constitución. Se trata de un requisito imprescindible para hacer efectivos la libertad ideológica (art. 16 CE) y el derecho a participar en asuntos públicos (art. 23 CE). En palabras del propio Tribunal Constitucional, cuando la libertad de expresión y de información operan como instrumento de los derechos de participación política debe reconocérseles si cabe una mayor amplitud que cuando actúan en otros contextos, ya que el bien jurídico fundamental por ellas tutelado, que es también aquí el de la formación de la opinión pública libre, adquiere un relieve muy particular en esta circunstancia, haciéndoles ‘especialmente resistente(s), inmune(s) a las restricciones que es claro que en otro contexto habrían de operar’ (STC 136/1999, de 20 de julio).

En efecto, algo se nos escapa, algo tremendamente básico. De no ser así, tampoco se entiende que los jueces de instrucción no conozcan los artículos 269 y 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en virtud de los cuales nunca debe admitirse a trámite una denuncia por hechos que, aunque fueran ciertos, no pueden ser constitutivos de delito.

Insistimos: tiene que ser culpa nuestra porque lo contrario llevaría a pensar que ciertos jueces, en curiosa sincronía con ciertos sindicatos, toman decisiones aun a sabiendas de que son contrarias a la ley. Daría incluso la impresión de que existe, en ciertos funcionarios, una clara voluntad de defender la sacrosanta incorruptibilidad del Estado silenciando a todo aquel que la ponga en duda. Pero eso, claro está, no puede ser ni jamás ha sucedido. ¿Verdad? Porque poner en marcha una maquinaria que castiga a quienes denuncian los abusos del estado sería cometer abuso de poder. En tal caso, además de las posibles condenas, podríamos hablar de penas: someter a alguien a un proceso penal es en sí mismo una pena, un poderoso mensaje para quien se atreva a denunciar los abusos del estado, una pena que sería arbitraria y tremendamente injusta, dictada de espaldas a la ley y que no guardaría relación real con unos hechos sino con la voluntad de procurar un castigo “ejemplar”.

Pero este no puede ser el caso porque no es así como funciona un Estado Social y Democrático de Derecho. Esta clase de estados reconoce constitucionalmente unos Derechos Fundamentales que actúan como límites al poder y defienden al individuo frente al estado. Estos estados no permiten el castigo arbitrario porque el ius puniendi (su derecho a penar) está sujeto y limitado por ley. Ni mucho menos se permite penar a alguien por el ejercicio de derechos reconocidos como fundamentales. Además, los castigos también deben estar sujetos a la ley y respetar los Derechos Humanos. En un Estado Social y Democrático de Derecho, por ejemplo, nunca se permitiría aislar a alguien en una celda para privarle de todo contacto humano durante un tiempo lo bastante largo como para causar un sufrimiento inconmensurable y gravísimas consecuencias psicológicas. Es decir, que si un estado así supiera que 15 días son el máximo que una persona puede soportar aislada sin que haya un grave riesgo de daños irreversibles, nunca permitiría castigos de hasta 42 días de aislamiento. Y si una situación así de anómala se produjera, nunca se imputaría por un delito de calumnias a quien la denunciara. ¿Verdad?

Por supuesto, no es así como funciona el estado español. Algo se nos estará escapando. Porque España – Catalunya incluida, con competencias asumidas en materia penitenciaria - es un Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1 CE). Sus jueces nunca ignoran los más básicos límites del poder que ejercen. Así, aunque lo afirme nuestro compañero y maestro Iñaki Rivera, los informes anuales de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, el Instituto Vasco de Criminología y las 9 condenas del TEDH a España por casos relacionados con la tortura, es imposible que en España haya tortura y mucho menos en sus cárceles.

[ PS - Una lista de personas, colectivos, organizaciones e instituciones que opinan lo mismo en: http://www.ub.edu/ospdh/es ]http://www.ub.edu/ospdh/es

La Audiencia Nacional confirmó hace unas semanas las penas para casi todos los acusados por el caso Altsasu (para todos menos para uno). El terrorismo ha quedado fuera de la ecuación, pero, aun así, ahí quedan las condenas de hasta 13 años de prisión. Cabría preguntarse que, si finalmente no estamos ante un caso relacionado con el terrorismo, por qué lo ha juzgado la Audiencia Nacional y no la Audiencia Provincial de Navarra. Puede que este asunto de la jurisdicción esté amparado por la más estricta legalidad procesal, pero esto no es óbice para que alguien le pida a la Jueza Lamela −actualmente magistrada en el Tribunal Supremo− alguna explicación sobre dónde estaba ese terrorismo que vio en la instrucción.

En cualquier caso, aun prescindiendo del terrorismo, las penas de prisión se han mantenido, alcanzando, como ya hemos mencionado, los 13 años, de los cuales los acusados deberán cumplir 9 (al limitar nuestro ordenamiento el internamiento al triple de la pena mayor) a menos que el Tribunal Supremo dicte otra cosa. Para poner en contexto esa cifra, cabe decir que el homicidio doloso (matar a alguien con voluntad y conciencia de que se le está matando) está castigado en nuestro código penal con entre 10 y 15 años de prisión. También cabe señalar que, según los estudios de los que disponemos, 15 años es el límite máximo que una persona puede permanecer en prisión sin que las secuelas psicológicas que deja el encierro sean incurables y difícilmente conciliables con su reintegración en la vida social. Es decir, que aun aceptando que haya alguna pena de prisión que pueda no considerarse inhumana, 9 años es una pena elevadísima, y desproporcionada si atendemos a que se ha impuesto por unos delitos de lesiones.

La cuestión está en que, si finalmente no se ha apreciado ningún delito relativo al terrorismo, ¿cómo son posibles unas penas tan altas? La respuesta, como ya han comentado diversos medios, se encuentra en la aplicación del artículo 22.4 del Código Penal, en virtud del cual deben agravarse las penas de los delitos que se cometan por motivos racistas, antisemitas o discriminatorios. El citado artículo reza así:

“[Serán circunstancias agravantes] Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad”.

La aplicación de este agravante implica que, de nuevo, la Audiencia Nacional ha estimado que las lesiones causadas por los acusados a los guardias civiles y sus parejas responden a motivos discriminatorios. Como, de momento, es difícil argumentar que pertenecer a la Guardia Civil sea una raza o una etnia, el tribunal ha aplicado el agravante en su modalidad de discriminación ideológica. Es cuánto menos discutible que el motivo de la pelea en Altsasu tuviera algo que ver con una cuestión ideológica, pero, aun aceptando lo señalado por la Audiencia Nacional, la aplicación del agravante sigue siendo curiosa por dos motivos.

En primer lugar, la ley impone que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) deben ser neutrales, por lo que deben carecer de ideología, así que cuesta entender cómo se puede discriminar ideológicamente a unos individuos por pertenecer a un cuerpo que por imperativo legal no puede tener ideología. En segundo lugar, se debe observar, como ya habrá hecho cualquier lector avispado, que el agravante, al hacer referencia a diferentes fuentes de discriminación presentes en nuestra sociedad, está tratando de, en teoría, proteger a los grupos que sufren dicha discriminación. Éste es el elemento más relevante en todo este asunto porque nos lleva a preguntarnos ¿Son los FFCCSE un grupo discriminado? ¿Son una minoría a la que haya que brindar especial protección? La respuesta es: rotundamente no. No solo porque no hay ni una evidencia que lo señale, sino porque son los ejecutores del monopolio estatal de la violencia legítima, son parte del ente más poderoso de nuestras sociedades, del todavía mayor centro del poder, son parte del Estado. Si, como dice el jurista Luigi Ferrajoli, el Derecho debe ser la ley del más débil, esto es todo lo contrario, es la sobreprotección del más fuerte.

Este hecho es especialmente aberrante en una democracia no militante como se supone que es España. En teoría, la construcción española protege también a quien la niega o se opone frontalmente a ella. La traducción de esta idea es que se nos reconoce el derecho a oponernos al Estado, incluso se puede entender que tenemos el derecho a odiar abiertamente al Estado. Atendiendo a esto y teniendo en cuenta el inmenso poder que tiene el Estado, es tremendamente difícil justificar jurídicamente esta sobreprotección frente aquellos que lo rechazan u odian.  Pueden caber rechazos morales al odio al Estado, como al odio en general, se puede incluso considerar malvados a aquellos que odian, pero aquí está el quid de la cuestión: el Derecho penal, de nuevo en teoría, no funciona por criterios de bondad o maldad, ni por asuntos netamente morales, sino por el daño o el peligro causados a bienes jurídicos.

Es tentador forzar el Derecho para que castigue aquello que uno considera malvado, de hecho, la tentación es tan grande que, a menudo, los Derechos Fundamentales, otrora escudo frente a los abusos del poder, se tornan molestos impedimentos para implementar esos castigos que se creen justos. Uno de los muchos problemas que tiene este camino es que ningún poder puede poseerse, solo puede detentarse, ejercerlo un breve tiempo antes de perderlo. Y una vez perdido, las herramientas para el castigo quedan libres y dispuestas para que las use a voluntad el nuevo inquilino del poder. Da igual que el “gran peligro” que justificaba estas herramientas desaparezca, ya sé encargará el poder de crear una nueva amenaza que justifique la excepcionalidad, la suspensión de los principios del Derecho. Es decir, mientras haya mecanismos excepcionales para el castigo, podrán encontrarse siempre casos e individuos que justifiquen el recurso a la excepcionalidad.

Una de las consecuencias de esta naturaleza del poder y la excepción son casos como el de Altsasu, en el que un agravante creado para “proteger” a colectivos socialmente discriminados se convierte en una herramienta usada para imponer un castigo ejemplar por una pelea de bar. Y ahí queda la ley, aguardando nuevos refuerzos anunciados desde todas partes, y queda el peligrosísimo precedente que permite usar la “discriminación ideológica” como argumento que permita imponer castigos desproporcionados a aquel que un tribunal considere que actuó movido por el rechazo al Estado o alguna de sus partes. Ahí queda la excepcionalidad convertida en norma.

Este mes ha hecho 100 años de la huelga de La Canadiense. Un siglo ya de aquel hito en la lucha obrera que fue conseguir una jornada laboral de 8 horas. Un indudable logro viniendo de esas jornadas de 12 o 14 horas, aunque lejos todavía de esas cuatro horas diarias que se trabaja de media en esas sociedades a las que denominamos primitivas y a las que, en términos del antropólogo Pierre Clastres, quizás debiéramos  denominar “sociedades sin estado” –un dato que puede parecer anecdótico, pero que muestra muy bien todo lo que nuestro concepto de trabajo y su relación con la vida tienen de socialmente construido.

Cien años desde la victoria de los trabajadores de La Canadiense y ciento treinta y dos desde el asesinato de los mártires de Chicago, otro hito en la lucha de los trabajadores por sus derechos, pero que, en este caso, se saldó con 8 asesinatos amparados por un proceso penal amañado. Muchos años, mucha sangre derramada y, aun así, en buena parte de los trabajos de este país, cuando uno menciona las 8 horas máximas de jornada la respuesta mayoritaria es una mueca entre amarga y burlona. Hasta la jornada semanal de 40 horas es vista como una excentricidad escrita en “Dios sabe qué extraño y recóndito reglamento”. Si no creen este extremo, pregunten a su camarero más cercano qué día de la semana cumplió las 40 horas de trabajo y cuántos días más le quedan por trabajar.

En el último siglo ha habido importantísimos cambios en nuestras sociedades, ha habido avances tecnológicos increíbles, acontecimientos que por méritos propios quedarán señalados en la historia. Pero, cuando miramos a eso a lo que llamamos presente, nos encontramos con que lo que el postfordismo nos ha traído es la vuelta, si es que alguna vez se fue, a la explotación más cruda. Según el INE, cada semana los trabajadores de este país hacen 2.962.000 horas extra que no se pagan, lo cual equivale a 74.000 trabajadores que las empresas no contratan porque sacan adelante ese trabajo haciendo que sus empleados trabajen gratis. Quitando el desconocido porcentaje de horas realizadas por trabajadores por nadie sabe qué motivos altruistas, estamos hablando de cientos de miles de horas de trabajo forzoso cada semana. Trabajo obligado bajo la amenaza directa o velada del despido, obligado mediante el engaño de que esas horas le traerán algún día beneficios al trabajador. Trabajo involuntario realizado bajo la amenaza de una pena o en base a falsas promesas, es decir, trabajo forzoso. Ante situaciones como la que acabamos de describir, merece la pena echar la vista atrás para ver qué ha ocurrido con esos Derechos que tantísimo costo conseguir.

Aunque pueda haber debate en la terminología, existe cierto consenso académico a la hora de considerar que en los años setenta del siglo pasado una serie de transformaciones en la infraestructura económica supusieron el fin del modo de producción fordista –en el que el base de la economía era el trabajo industrial–, y marcaron el nacimiento de lo que se ha llamado sociedad post-industrial. En esta “nueva sociedad” el capitalismo se reestructura a escala global, el trabajo se divide internacionalmente y toman especial relevancia las industrias basadas en el conocimiento intensivo. De esto modo, se tornan hegemónicas las grandes corporaciones tecnológicas, capaces de generar astronómicos beneficios a sus accionistas recurriendo a un número nimio de trabajadores en sus países de origen. No obstante, estas transformaciones no se pueden desligar de las políticas estatales que las posibilitaron y que reconfiguraron sus mercados según el deseo de los nuevos intereses económicos.

A estos cambios en la infraestructura económica les acompañaron una serie de políticas que, siguiendo a Loïc Wacquant, podemos denominar: “proyecto político neoliberal”, un cuerpo teórico y político “del y para” el capitalismo post-fordista. En el ámbito que nos ocupa, el neoliberalismo se concreta en una serie de políticas que usan al Estado para crear regulaciones económicas que garanticen la apertura de mercados desregulados en los que la empresa pueda hacer y deshacer a su antojo. A la vez, el Estado se retira de determinadas áreas para dejar paso a la iniciativa privada, volcándose en la expansión y glorificación de su ala penal –que se convierte en el principal ámbito de su responsabilidad y, por tanto, principal justificación de su existencia.

Retirándose de la provisión de bienestar, abriendo el camino a las privatizaciones y creando nuevas regulaciones más favorables al mundo de la empresa, los Estados fueron materializando un proyecto político neoliberal en el que la posición de los trabajadores se caracteriza por la precariedad, la inseguridad y la inestabilidad.  En este contexto, los derechos laborales se han convertido en el objetivo de una ofensiva constante. Entre el rechazo de quienes sueñan con un capital económico sin restricciones y la indiferencia de quienes confunden progreso e explotación al afirmar que es imposible oponerse al futuro, los derechos laborales han quedado como una barrera de defensa para muchos, pero defendida por muy pocos.  

No obstante, cabe hoy recordar que, como recoge el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, los derechos laborales son un fundamento indispensable para la paz. Tras décadas de trabajadores luchando por sus derechos y con la I Guerra Mundial recién acabada, los estados europeos reconocían así que su paz solo sería real si cedían a las demandas de la clase obrera. Aunque todavía no se encontraban constitucionalizados, en aquellos albores del siglo XX, los Derechos laborales fueron ya reconocidos como Derechos Humanos. Y no quedaron así reconocidos por capricho, sino porque sin una existencia y trabajo dignos, el resto de Derechos fundamentales quedan reducidos a poco más que meras proclamas con escasa efectividad. Como explica de  forma muy gráfica el magistrado Carlos Hugo Preciado Domenech: “poca libertad, igualdad, intimidad u honor podría disfrutar quién carece de pan y techo”.

El excomisario Villarejo se sabe reseñable, parece convencido de que es Jack Nicholson en Algunos Hombres Buenos, y se esfuerza en que así le reconozcamos. Cada nuevo audio de Villarejo es un gesto del comisario para que dirijamos hacia él nuestra mirada. A diferencia de Villarejo, “Billy el Niño” siempre rehúye los focos, ha costado mucho que los que tuvimos la suerte de no pasar por su custodia podamos ponerle cara. Villarejo parece estar tan encantado de haberse conocido a si mismo que en algún momento decidió que sus servicios eran dignos de copago. Por su parte, “Billy el Niño” comprendió mejor el juego, su trabajo ya estaba pagado en su nómina de funcionario, llegó a lo más alto de la Policía, fue varias veces condecorado y se retiró en lo más alto en los ochenta. Si Villarejo son las cloacas del Estado, “Billy el Niño” es la sala de máquinas del Estado.

A aquellos que con eficiencia y diligencia forman parte del Estado suele costar más ponerles cara. Al fin y al cabo, ha supuesto un esfuerzo titánico sacar a la luz las torturas de este segundo personaje. Y, aun así, Billy es tan solo la punta de un iceberg. Si miramos, por ejemplo, el conflicto vasco, veremos que entre 1960 y 2014 el Instituto Vasco de criminología ha podido documentar 4113 casos de tortura y malos tratos. Por su parte, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura recogió más de 1000 denuncias de tortura y malos tratos durante el año 2017 en el estado español.

Pero, si como hace nuestro Ministro de Interior, no creemos en los informes y consideramos que “la única verdad es la verdad judicial”, debemos recurrir a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Entre 2010 y 2018, el TEDH ha condenado 9 veces a España por casos de tortura o malos tratos, bien por auspiciar la tortura o bien por no investigarla. Incluso los responsables de estas condenas son mucho más difíciles de identificar que Villarejo o Billy el Niño. Pero hay uno al que todos conocemos, uno al que sí podemos ponerle cara, nuestro Ministro de Interior, Grande Marlaska[G1] , que es, como ha dictaminado el TEDH, uno de los jueces españoles que se negó a investigar casos de tortura.   

Ante estos hechos, tendemos a pensar que algo no funciona bien, solemos verlos como acontecimientos excepcionales producto de alguna deficiencia en el funcionamiento del Estado. Pero, si echamos la vista atrás, es posible que nos encontremos con que lo que consideramos excepciones quizás no lo sean realmente.

Decía el historiador Charles Tilly que el Estado tiene su origen en la acumulación de poder en manos de pequeños grupos a los cuales, por sus características y acciones, hoy no dudaríamos en calificar de organizaciones criminales. Esto lleva a Tilly a hablar del origen del Estado como crimen organizado. Estos grupos, crimen tras crimen, saqueo tras saqueo, guerra tras guerra, llegará un momento que acumulen tal poder, tal cantidad de recursos, que, como desarrolló el sociólogo Norbert Ellias, necesitarán “socializar” el poder en una clase que se encargare de gestionarlo y crear una estructura para su gestión, surge así lo que hoy denominamos Estado. El Estado se funda de este modo a través y para la acumulación de poder, como dice la clásica definición weberiana: “el Estado es un grupo humano que reclama para sí, con éxito, el monopolio de la violencia legítima”.  En el Estado-moderno, esta legitimidad para ejercer la violencia y para concentrar poder descansa en cierta razón burocrática. El vehículo para esta razón es el Derecho, el cual surge durante este proceso como codificación de la acumulación de poder y como fuente de la legitimidad de su desigual distribución. Lo que, con trazo muy grueso, acabamos de describir, es el escenario de partida. De ahí es de dónde venimos, de un Derecho como mera pátina de legitimidad para los crímenes que los poderosos cometen a través del Estado.  

Es inevitable mirar hacia ese “pasado” cuando vemos las “brillantes carreras” de quien ejerció o auspició la tortura. Pero también es inevitable echar la vista atrás, cuando se anuncia que Manuel Marchena, padre de ese atentado contra la libertad de expresión que es la doctrina Strawberry, iba a ser nombrado presidente del Consejo General del Poder Judicial. Finalmente, Marchena ha renunciado a tal honor al hacerse público que iba a ser el hombre del PP que controlará la justicia “desde atrás”. Esto ha desembocado en un aluvión de declaraciones políticas y de editoriales periodísticos loando su profesionalidad y el extraordinario papel que realizará Marchena controlando desde delante, desde la presidencia, el tribunal que juzgará el caso del “Procés”.

La instrucción del Procés, un proceso, cuanto menos, irregular, con abusos injustificables de la prisión provisional y con imputaciones de delitos que no se sostienen desde ningún punto de vista jurídico, es otro de esos casos que nos obligan a girar el cuello y sospechar que el pasado no queda tan lejos. Y, por citar un último ejemplo, uno también se acuerda de ese origen criminal del Estado cuando el Tribunal Supremo, haciéndose eco del “enorme impacto económico y social”, se rinde a los poderes salvajes y con un “donde dije digo, digo Diego” salva los intereses de la banca.

Viendo estos casos cabe preguntarse: ¿Entonces qué es el Derecho? ¿Es tan solo una herramienta para el control de la sociedad, la mera codificación de los intereses de los poderosos?

Es difícil contestar a esta pregunta, de hecho, llevamos varios cientos de años a vueltas con ella. Sin embargo, lo que sí se puede decir es que, lo que hoy llamamos Derecho se construye, al menos en teoría, como herramienta para evitar que ocurran los casos comentados arriba. Es decir, que al margen del origen del Estado y del Derecho, es innegable que en los últimos siglos ha habido un importante esfuerzo intelectual por convertir al Derecho en un límite al poder y en la codificación de una serie de garantías que, como decía Ferrajoli, auspician al individuo frente al Estado.

Si en algún momento toda esa construcción que son el Estado y el Derecho tuvo algún tipo de legitimidad, fue porque, en teoría, bajo la forma de Estado Social y Democrático de Derecho, se reconocían una serie de Derechos Fundamentales ante los cuales tenía que plegarse cualquier poder, incluido el Estado, que, además de respetarlos, debía garantizarlos.

Los casos comentados en este artículo, un pequeño cuadro de cuestiones mediáticas, no son hechos excepcionales, son el poder funcionando como poder, son el Estado siguiendo su inercia histórica, lo realmente excepcional es que un Estado siga las normas de un Estado Social y Democrático de Derecho. En tanto excepcional, es un camino difícil y una construcción débil, y requiere de un constante esfuerzo y vigilancia, porque si justificamos que el Estado se salte los Derecho Fundamentales, todo deja de tener sentido, si es que lo tuvo en algún momento.

Parece que de vez en cuando algunos políticos tienen extrañas ocurrencias. Ideas tan peregrinas que no podemos evitar reírnos de ellas. Una especialmente llamativa es la que tuvieron los responsables de la CCAA de Madrid hace unas semanas, la cual consiste en obligar a aquellos que reciban el ingreso mínimo de inserción a presentar una declaración jurada de sus ingresos. Como los medios ya destacaron, esta medida se traduce (como caso ilustrativo) en que los mendigos que cobren la Renta Mínima de Inserción tendrán que declarar cuánto ganan con la mendicidad.

Esta idea nos resulta hilarante solo porque es un poco más osada de lo habitual. Sin embargo, no es una excentricidad, es solo un paso más, una traba más en el kafkiano proceso que es conseguir una prestación pública. Cualquiera que haya aspirado en algún momento de su vida a recibir una ayuda de la administración ha pasado por dos fases. La primera es el descubrimiento de que tiene derecho a ella y la segunda es una yincana burocrática compuesta por una extensa ristra de certificados, los cuales debe aportar para probar que efectivamente tiene derecho a la ayuda. Cada trámite, cada administración visitada para solicitar un documento es una prueba, un reto que se debe superar para mostrar que no se está tratando de engañar al Estado.

La justificación que se esgrime para esto es la siguiente: no hay recursos públicos suficientes para todos, así que hay que ser responsables y asignarlos eficientemente. Hubo un tiempo en el que, en teoría, esto no era así, en el que a la persona se le reconocían unos derechos que el Estado estaba obligado a garantizar (o al menos, a eso se aspiraba). Pero hoy la obsesión por la sostenibilidad y la eficiencia son omnipresentes, conceptos que ocupan el centro del sentido común. Estos conceptos no solo justifican que se endurezcan las condiciones que debe cumplir un individuo para poder ejercer sus derechos, sino que también permiten extender una sombra de sospecha sobre los que reciben algún tipo de ayuda pública. Así, en nombre de la eficiencia, los que reciben algo del Estado deben ser vigilados, controlados y disciplinados. Curiosamente, este celo por los recursos públicos nunca se aplica a los beneficios fiscales de la gran empresa o a los millones que se inyectaron a la banca.

Como bien explica el filósofo Slavoj Žižek, conceptos como desigualdad, pobreza o ayudas públicas son “universales”, conceptos abstractos que para ser pensados deben ser puestos en relación con nuestra experiencia real del mundo. Al relacionarnos con lo que nosotros conocemos, los volvemos concretos y podemos trabajar con ellos en nuestra cabeza. Este ejercicio es la esencia de la batalla política por la hegemonía ideológica. El que gana la posición hegemónica es el que consigue que su forma de concretar las cosas abstractas sea compartida y percibida como de sentido común. Por ejemplo, en Estados Unidos cuando se habla de ayudas sociales se habla de madres afroamericanas solteras. Y en España, cuando se mencionan las prestaciones sociales se habla de inmigrantes que reciben ayudas sociales que no merecen porque se dedican a actividades económicas no legales.

Al comenzar a debatir sobre prestaciones sociales, pocos se imaginan como beneficiario de estas a un veinteañero de Zaragoza que publica artículos en eldiairo.es, lo más común es que aparezca el arquetipo del inmigrante, generalmente asociado a la idea de delincuente, como gran beneficiario de la asistencia social. Esta asociación es bidireccional, es decir, cada vez que se discute de inmigraciones, aparece el tema de las ayudas como excusa para justificar la ley de extranjería. Nadie reconoce que ha creado y está aplicando una ley terriblemente racista, es mucho más fácil revestir el racismo propio de resignación ante la existencia de recursos públicos limitados. Y así se crea la idea, completamente falsa, de que los inmigrantes son los grandes responsables del gasto social. Esta asociación penetra incluso en posiciones que se dicen críticas con el sistema. Al fin y al cabo: “si tenemos pocos recursos, ¿cómo vamos a garantizar los derechos de millones de seres humanos que podrían cruzar nuestras fronteras huyendo de la miseria? Son muchos, es puro calculo”. Efectivamente, es cuestión de cálculo, calculo económico que devora al Derecho. Este es el sino de la política de nuestro tiempo, la subordinación de los Derechos Fundamentales a una supuesta racionalidad económica.

El proyecto político neoliberal

Como plantea el sociólogo Loïc Wacquant, podemos entender las transformaciones políticas e institucionales de las últimas décadas como virajes que responden al proyecto político neoliberal. Este proyecto se caracteriza por buscar una reconstrucción del Estado que favorezca a los mercados, por un giro disciplinario de la política social, y por la expansión y glorificación del ala penal del Estado. El ideario neoliberal ha sido un fantasma que ha recorrido la política mundial en las últimas décadas, mostrándose de formas diversas, pero logrando posiciones hegemónicas en casi todo el mundo. 

El neoliberalismo impone su propia razón sobre la intervención social del Estado. Los individuos dejan de ser sujetos con derechos que deben ser garantizados y emerge una concepción behavorista que niega los factores estructurales, y achaca la situación del individuo a su responsabilidad individual. La pobreza (o cualquier otra situación social) se convierte en un problema de los pobres, que no emprenden, no aprovechan sus oportunidades y no se conducen como deben.  Esta concepción del individuo justifica que las políticas sociales dejen de tener como objetivo la protección y tomen como objetivo central disciplinar a esos individuos que no han gestionado adecuadamente su vida. De este modo se produce una progresiva unión entre política social y política penal, entre pobreza y delito.

Paralelamente, el Estado se retira del ámbito social, se desentiende de sus ciudadanos y se vuelca en garantizar los intereses de los grandes agentes económicos. No es que el estado gobierne para el mercado, sino que ambas entidades se fusionan y el mercado gobierna desde el Estado. Las lógicas se unifican y una supuesta racionalidad económica lo impregna todo. Desde esta racionalidad el Estado justifica el abandono de su papel como garante de los derechos de sus ciudadanos.

Esta lógica parece no ser exclusiva de la actividad estatal, sino que ha pasado a formar parte de nuestras propias mentes. No solo lo aceptamos todo si lo manda la sostenibilidad del presupuesto, sino que somos capaces de justificarlo todo apelando a ese punto central del sentido común ocupado por una racionalidad neoliberal disfrazada de buen juicio económico. Y así dejamos que los cadáveres se amontonen en nuestras fronteras, le vendemos armas a Arabia Saudí, imponemos regímenes disciplinarios disfrazados de asistencia social y, en definitiva, entramos en un juego en el que el fascismo se nos parece tanto que también llena palacios de congresos.

El pasado 17 de septiembre, la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón y el Grupo Derechos Civiles-15M Zaragoza comparecieron en un juzgado de instrucción acusados de un delito de injurias contra la policía.  Estos dos colectivos fueron denunciados por un sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza por denunciar el trato que la policía zaragozana da a los manteros. Aunque nunca debería haber sido así, el asunto está aún en manos de un juzgado que, de momento, se ha limitado a tomar declaración. Sin embargo, un conocido medio local ya se ha aventurado a afirmar que “los manteros no logran probar que la Policía Local les robara mercancía”, osada afirmación que refleja a partes iguales partidismo y total desconocimiento del asunto.

No obstante, la actitud de ciertos medios de comunicación ante esta clase de procesos absurdos no puede sorprendernos. El abogado Gonzalo Boye viene sufriendo durante todo este mes una campaña mediática de desprestigio. La veda para disparar contra el abogado la abrió –al menos la impulsó– una querella presentada por el Movimiento 24DOS ante la Audiencia Nacional y una denuncia de un eurodiputado ante el Colegio de Abogados de Madrid. Parece que algunos juristas no se han tomado muy bien que Boye haya puesto en duda, vía demanda civil en Bélgica, la imparcialidad del Excm. Sr. Magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Pero no todo lo que ronda nuestras pantallas son periodistas ocupados en disparar contra quien trata de defender, de una forma u otra, a quienes sus amos han tomado como enemigos.  Ahí tenemos a Raquel Ejerique e Ignacio Escolar, que en este mismo medio destaparon el escándalo de los másteres que la Universidad Rey Juan Carlos parece haber estado regalando. Un ejercicio de oficio periodístico que les ha llevado ante los tribunales acusados de un delito de revelación de secretos.

Estos casos son solo tres ejemplos de la agitada actualidad judicial del mes de septiembre. También se podría mencionar la condena (aunque rebajada) a La Insurgencia, la detención de Willy Toledo o la negativa de la justicia belga a la extradición de Valtònyc. Pero los tres ejemplos mencionados son especialmente ilustrativos porque presentan a “buenos ciudadanos” –que no son raperos ni gente que se caga en divinidades– cumpliendo con sus respectivos deberes: denunciar en público y ante la administración el mal funcionamiento de una institución, ejercer la abogacía o tomarse en serio el oficio de periodista.

Parece evidente que la denuncia de las irregularidades de las instituciones, que es el elemento común en los tres casos, no es bien recibida ni por ciertos medios de comunicación ni por ciertos sujetos y colectivos. Tampoco por ciertos jueces. Esto último es muy raro porque, al fin y al cabo, lo que vienen a hacer las conductas comentadas es contribuir a la realización efectiva de derechos fundamentales.

Es obvio que en una sociedad pueden darse conflictos entre derechos, lo cual llevará a que entre en juego, en ciertas ocasiones, el Derecho Penal. No obstante, como afirma -en el prólogo de un libro de reciente publicación- el mismísimo Manuel Marchena, el proceso penal es muy intrusivo, por lo que es indispensable que los conflictos generados sean resueltos “a partir del canon constitucional que ofrece nuestro sistema”. Este “canon constitucional” consta de una serie de derechos y deberes consagrados como fundamentales en la Constitución, entre los que se encuentra el derecho a la información veraz (art. 20 CE), y los derechos a la defensa y a la tutela judicial (art. 24 CE). Además, como han recalcado en múltiples ocasiones tanto el TC como el TEDH, la denuncia de irregularidades en las instituciones es una conducta que debe estar especialmente protegida, pues de ella deriva la realización efectiva de otros derechos imprescindibles para al funcionamiento democrático de una sociedad. Dada esta especial protección y atendiendo a nuestro “canon constitucional”, el ejercicio de los derechos mencionados no debería dar lugar a procesos penales, al menos no debería ser así en una democracia. Esta cuestión, la relación entre democracia y derechos, es lo que en el fondo se está debatiendo en los tres casos.

¿Democracia y garantías?

En teoría, lo que hace democrática a una sociedad no es permitir el voto cada cierto tiempo sino garantizar los derechos y libertades fundamentales que la dotan de sustancia. Estos derechos y libertades, que están al margen del mercado e incluso de las decisiones de la mayoría, han de ser garantizados por los poderes públicos, pues estos son la fuente de legitimidad del mismo Estado. En nuestro ordenamiento jurídico, estos derechos están recogidos en la Constitución, cumbre magna e inexpugnable del ordenamiento jurídico. Todas las leyes y todas las actuaciones de los poderes públicos están obligadas a regirse por estos derechos y garantizarlos universalmente. Como dice Luigi Ferrajoli, “son derechos hacia y, si es necesario, contra el Estado”. Son, por tanto, “leyes del más débil”. Eso es lo que dice la teoría, pero la práctica siempre ha sido más discutible.

La discusión sobre si el Derecho puede ser una “ley del más débil” o si, por el contrario, es una mera burocratización de la desigual distribución del poder en la sociedad, tiene ya varios cientos de años. En la segunda mitad del siglo XX, las ideas sobre democracia y derechos fundamentales arriba descritas parecieron triunfar en distintas sociedades. Los derechos fundamentales se restringieron a “los ciudadanos”, de modo que quien carecía de esa consideración podía ser pisoteado sin mucha dificultad. Incluso siendo “ciudadano”, el Estado se reservaba la posibilidad de tildarte de enemigo y así legitimarse para no tener que respetar su propia ley.

Obviando estas y otras muchas “excepciones”, aceptemos que se produjo un importante avance en materia de reconocimiento de derechos y en la creación de garantías para que estos se hicieran efectivos. Al consagrarse en la Constitución del 78 como Estado Social y Democrático de Derecho, el estado español se incorporó teóricamente a este grupo de democracias garantistas. Digo “teóricamente” porque, si bien la excepcionalidad del no-ciudadano sigue vigente –ahí están los CIE, monumentos a la vergüenza–, la democracia garantiza que, entre otras cuestiones, sus ciudadanos puedan criticar a sus instituciones. Por eso no se entiende del todo bien qué está pasando en nuestros juzgados y tribunales. ¿Por qué estas denuncias? ¿Por qué estos procesos penales? ¿Por qué las campañas mediáticas que los auspician? ¿Por qué se está usando el Derecho como arma contra todo aquel que ose criticar a las instituciones? Es como si ciertos actores sociales no supieran que vivimos en un Estado social y democrático de derecho donde la crítica a las instituciones se considera un bien valioso, un requisito para la democracia. O quizá nos estemos dando cuenta de que, por muchas garantías constitucionales que podamos citar, el Derecho no ha dejado de ser un arma esgrimida por los poderosos para hacer su voluntad. Estas dos visiones subyacen a los tres ejemplos comentados. Esto es lo que se debate en ellos. Si nos tomamos en serio como sociedad las garantías constituciones y, por tanto, en qué clase de sociedad vivimos.

Vaya veranito. Se nos acabó el espíritu solidario y los que llegaron en el Aquarius ya han empezado a ser deportados.  Los que cruzando el mar o saltando vallas para intentar huir de la miseria a la que nuestros intereses económicos los han condenado se han convertido en peligrosos invasores a los que hay que despachar con urgencia. Los manteros de Barcelona se pelearon con un turista y ahora son mafiosos despiadados que están arruinando al pequeño comercio. Y ciudadanos, en un alarde de modernidad y neoliberalismo sensato, ha resucitado el eslogan nazi: “Ordnung und Sicherheit” (“aka: orden y seguridad”).

No obstante, todos hacemos locuras en verano, nosotros comemos más de la cuenta, los medios emprenden campañas para criminalizar la inmigración y la ultraderecha retoma consignas nazis. Pero el verano ya se acaba, volvemos a estar en guardia y ya nadie en su sano juicio intentará colarnos que hace falta más seguridad en uno de los países más seguros del mundo, o que los manteros le quitan clientes a Gucci. Y si alguien lo intenta, contestaremos, rebatiremos sus mentiras y denunciaremos sus acciones, y entonces... entonces quizás acabemos sentados en el banquillo de los acusados. Al menos, esto es lo parece que les va a ocurrir a la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón (AISA) y al grupo de trabajo Derechos Civiles 15M-Zaragoza.

El pasado mes de febrero ambas asociaciones le hicieron llegar al ayuntamiento de Zaragoza un informe en el que se recogían diversos casos de abusos policiales sufridos por los manteros de la ciudad (relatados aquí y aquí). Este que leen y un puñado de medios más se hicieron eco de la noticia, y la respuesta no se hizo esperar. A las pocas semanas el Sindicato Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza (STAZ) amenazaba a ambas asociaciones con una querella por delito de odio contra la policía.

STAZ cumplió su amenaza y, aunque el juez ha tenido a bien cambiar la calificación jurídica de los hechos, este mes de septiembre AISA y Derechos Civiles 15M-Zaragoza están llamados a declarar por un presunto delito de injurias y calumnias a la policía. Es decir, que después de un verano en el que el discurso del odio contra los inmigrantes pobres se ha hecho omnipresente en nuestras pantallas, llega septiembre y nos encontramos con los manteros y los vecinos que se han puesto de su lado investigados por denunciar abusos policiales.

Podríamos hablar de lo irónico del caso, de lo absurdo de la querella o de su poca base jurídica, pero aquí lo relevante no es eso, aquí lo relevante es que una vez más quién denuncia los abusos del poder vuelve a sufrir una pena de banquillo.

La pena de banquillo es el castigo que sufre aquel al que se le obliga a personarse como acusado en un procedimiento penal. No importa el resultado del procedimiento, el hecho de tener que presentarse a él, de sentir por un tiempo a toda la maquinaria penal del estado mirándote fijamente, es en sí mismo una llamada de atención notablemente persuasiva.

Como señala el penalista Jacobo Dopico, para evitar la pena de banquillo existen el artículos 269 y 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en virtud de los cuales los Juzgados de Instrucción no deben admitir a trámite querellas por hechos que, aunque fueran ciertos, no pueden ser constitutivos de delito.  Sin embargo, algunos jueces de instrucción parecen desconocer estos artículos y cada cierto tiempo llegan a nuestros oídos casos tan controvertidos como el que hoy nos ocupa. Curiosamente, estos casos suelen tener que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, y no de cualquier libertad de expresión, sino con la libertad de expresión en el ámbito político.

Y digo curiosamente porque el Tribunal Constitucional ha sido, en repetidas ocasiones, muy claro al señalar que la libertad de expresión es un derecho constitucionalmente consagrado que debe protegerse especialmente en el ámbito político (véanse, por ejemplo: la STC 9/2007, de 15 de enero; y la STC 6/1981, de 16 de marzo), lo que incluye la denuncia pública de los posibles abusos por parte de las instituciones del Estado. 

La importancia democrática de la libertad de expresión: 

El alto tribunal no señala por capricho que la libertad de expresión deba ser especialmente protegida en estos ámbitos, lo hace porque este derecho es fundamental para la existencia de una sociedad democrática. Como muy bien recoge Rafael Alcácer Guirao, la libertad de expresión en el ámbito político es requisito para una verdadera la libertad ideológica (art. 16 CE) y para que sea efectivo el derecho a la participación en asuntos públicos (art. 23 CE).

En consecuencia, como afirmó el Tribunal Constitucional en la STC 136/1999, de 20 de julio, cuando la libertad de expresión y de información: “operan como instrumento de los derechos de participación política debe reconocérseles si cabe una mayor amplitud que cuando actúan en otros contextos, ya que el bien jurídico fundamental por ellas tutelado, que es también aquí el de la formación de la opinión pública libre, adquiere un relieve muy particular en esta circunstancia, haciéndoles ‘especialmente resistente(s), inmune(s) a las restricciones que es claro que en otro contexto habrían de operar’”. 

Este carácter fundamental de la libertad de expresión hace que sea especialmente preocupante el efecto desaliento que puede provocar que se admitan a trámite querellas contra quién denuncia los abusos que cometen las instituciones. El efecto desaliento surge en la doctrina del Tribunal Supremo Norteamericano y hace referencia a la posibilidad de que una norma ambigua disuada o desaliente del ejercicio de un Derecho Fundamental.  En el caso que nos ocupa, la norma y la jurisprudencia son muy claras, sin embargo, ciertos sectores sociales parecen empeñados en restringir la libertad de expresión del resto de ciudadanos cuanto el contenido de esta no es de su agrado. Esto no sería especialmente grave si estos individuos con vocación de censores no encontraran el respaldo de algunos jueces de instrucción que, ignorando la Ley de Enjuiciamiento Criminal, admiten a trámite querellas que solo tienen por objeto utilizar el sistema judicial para silenciar ciertas opiniones y ocultar ciertas denuncias.

Querella tras querella admitida a trámite se crean dudas sobre el alcance real del derecho a la libertad de expresión, se obliga a los ciudadanos a pensar sobre lo que pueden o no decir y, mientras algunos callan ante la duda, otros se sienten legitimados para continuar presionando a favor de sus interpretaciones absolutamente antidemocráticas de la libertad de expresión.

Volvemos a asustarnos por la posibilidad de que el horror se repita. Sin embargo, a veces parece que no sabemos muy bien a qué le tenemos miedo

Parece que el fantasma vuelve a recorrer Europa. A veces a ese fantasma lo llamamos fascismo, otro totalitarismo, ultraderecha, neo-fascismo, populismo de derechas y de otras tantas maneras según lo creativos que nos pongamos. Siempre nos cuesta ponerle nombre. Nos asustamos primero y luego nos sumergimos en debates sobre qué es realmente el fascismo. Este es un movimiento bastante lógico porque, mientras discutimos sobre qué es eso que nos da miedo, retrasamos el momento de enfrentarlo. Además, quizás al diseccionarlo descubramos que no estamos ante verdadero fascismo, quizás podamos concluir que “la cosa” sólo era un poquito fascista. Tenía unos elementos y no otros, así que es tolerable. No habría por tanto nada de lo que preocuparse.

El problema es que el fascismo rara vez respeta su propia ortodoxia. Como sostiene Žižek, “en todo verdadero fascismo encontramos elementos que nos hacen decir: «Esto no es puro fascismo»”. Al fascismo lo caracteriza un discurso completamente contradictorio. Una sucesión hipócrita de consignas que se contradicen constantemente.

Como muy bien señalaba Gabriel Moreno hace unas semanas, el primer ministro italiano, Matteo Salvini, se permite el lujo de declararse católico y a la vez “cerrar los puertos de su país a barcos repletos de seres humanos”. Para este autor, los fascistas parecen aquejados de una constante hipocresía: dicen defender el Estado de Derecho mientras lo destruyen, dicen defender los derechos sociales mientras se los niegan a quien creen conveniente.

Estas contradicciones hacen parecer débil y fácilmente rebatible al andamiaje teórico fascista. Sin embargo, en esta constante contradicción reside la principal fortaleza del discurso fascista. La vieja proclama de “al fascismo no se le discute, se le destruye” no puede ser reducida a un mero grito de batalla. Al fascismo no se le puede discutir porque no hay nada contra lo que discutir. El fascismo es por definición contradictorio e incoherente. Un día dice A y al siguiente B, y así el público puede elegir libremente entre A y B. De nuevo con Žižek, el fascismo es “una determinada lógica de desplazamiento mediante disociación y condensación de comportamientos contradictorios”. La contradicción está en la esencia del fascismo, por eso siempre se pierden los debates con fascistas.

Entonces ¿qué esperanza cabe? Si el fascismo es indiscutible, ¿cómo destruirlo sin tener que volver a recurrir al sentido más obvio de la palabra “destruir”? Pues, aunque no sea la fuente más ortodoxa, creo que en este punto conviene recordar las palabras de Olmo en la película Noveccento:

Al fascismo hay que cortarlo de raíz, hay que evitar que sea plantado y alimentado. Y en este punto es donde tenemos el mayor problema. En las últimas décadas hemos normalizado la contradicción, hemos naturalizado que los discursos sobre derechos y libertades deben tener excepciones y muchos límites.

En nuestras sociedades se dice defender los Derechos Humanos, pero se deja que miles de personas mueran ahogadas en el mediterráneo. Se les ofrece refugio a los que vienen en unos barcos, pero a otros se les encierra en los CIE. Se reconoce el Derecho a la vivienda, pero se reforma la ley para incentivar que se especule con ella. Se proclama la importancia de los Derechos Sociales, pero se subordinan a los intereses del mercado y al pago de la deuda. Nos declaramos Estados de Derecho, pero encarcelamos a raperos y no investigamos los casos de tortura.

Hemos sumergido el Derecho en la dualidad amigo y enemigo, al Estado en la lógica de consumidores y consumidos. “Tú tienes derechos y tú no”. “Me gustaría ayudarte, pero es que los recursos públicos son limitados”. “Es el marcado, amigo”. “Eres el único responsable de tus actos, podrías haber emprendido”. Hemos naturalizado estas proclamas, las hemos incorporado a nuestra cotidianeidad.

Nunca hemos abandonado el discurso sobre los Derechos Humanos, ni hemos dejado de definirnos como un Estado Social y Democrático de Derecho, pero progresivamente hemos ido aceptando que había que hacer excepciones, que hay “personas malísimas” a las que es práctico quitarles algunos derechos, que la economía es como es y poco se puede hacer contra ella.  El fascismo se erige sobre esta resignación ante una supuesta realidad que obliga a renunciar a nuestros ideales sobre Derecho y derechos.

El fascismo se ha plantado, se ha abonado y al hacerlo unos pocos se han llenado los bolsillos. Algunos incluso afirman que nos hemos sumergido en un fascismo postmoderno. La constante contradicción se ha convertido en algo asumible. El neoliberalismo ha colonizado a los Estados y sus proclamas han calado en casi todos los niveles. El Estado Social y Democrático de Derecho se ha vuelto algo extraño que oscila entre un horizonte y una mera mascara retórica. Se supone que aún no han ganado y nosotros ya hemos renunciado a casi todo.

Quizás, si lo que queremos es frenar el auge del fascismo que representan el Frente Nacional, Liga Norte o Alternativa para Alemania (por citar tres ejemplos no muy polémicos), deberíamos empezar por dejar de asumir y aceptar “esas cosas meramente neoliberales”, solo un poquito fascistas o solo un poquito represoras.

Como hace unos días se expuso ante el Parlamento Europeo, la libertad de expresión en España se está viendo seriamente amenazada. Tristemente, todos conocemos casos de personas condenadas, encarceladas o forzadas al exilio por haber ejercido este derecho. La punta de lanza de esta ofensiva contra nuestros derechos ha sido -con perdón de otros tipos penales también incompatibles con un Estado de Derecho- el delito de enaltecimiento del terrorismo. Este tipo penal se está usando para encarcelar a aquel que manifieste en público cierto discurso que, a ojos de la justicia, pueda ser considerado radical y, por tanto, intrínsecamente peligroso.

Sin embargo, acusar de enaltecimiento del terrorismo no es la única forma que tiene nuestro estado de encarcelar a quien considere un radical. Existe en nuestro código penal la posibilidad de condenar a penas de entre 2 y 5 años de prisión a todo aquel que acceda regularmente, o posea, contenidos que, como reza la ley: “estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines”. Esta posibilidad de encuentra recogida en el artículo 575.2 del Código Penal, y se conoce como delito de autoadoctrinamiento terrorista.

El autoadoctrinamiento terrorista fue introducido en el Código Penal por la LO 2/2015, de 30 de marzo –sí, la misma reforma que creó un concepto de terrorismo tan amplio que estuvo a punto de usarse contra los CDR–, la cual fue fruto del “pacto antiyihadista” que firmaron los dos grandes partidos tras los atentados de Charlie Hebdo. La reforma del año 2015 continuaba la tendencia, ya seguida por sus predecesoras de 2000 y 2010, de llevar la intervención de la justicia cada vez más atrás en la cadena de causalidad que, se presupone, conduce a un atentado.

Cuando en 1995 entró en vigor nuestro actual Código Penal, los delitos de terrorismo eran, fundamentalmente, delitos comunes que, realizados en el marco de una organización o fines terroristas, recibían una pena mayor. Es decir, se trataba de conductas ya prohibidas (secuestro, robo, asesinato, etc.) que cometidas en relación con el terrorismo se sancionaba con mayor dureza. Pero las sucesivas reformas han permitido que de condenar la comisión de un atentado o el hecho de estar planeándolo, se haya retrocediendo hasta llegar a condenar a alguien por acceder a información que pudiera llevarle a colaborar con un grupo terrorista, como se recoge en el presente artículo 575.2 CP.

Para condenar a alguien por autoadoctrinamiento no es necesario que el tribunal argumente que se está preparando algún otro tipo de delito, o que se estén adquiriendo las capacidades técnicas para hacerlo. Ni siquiera es necesario que se demuestre que el individuo juzgado ha tomado la resolución de integrarse en algún grupo terrorista, o que tiene algún contacto con otros individuos pertenecientes o cercanos a algún grupo. El tipo penal solo exige que se acceda –o se posea– a ciertos contenidos, y que dicho acceso se realice con la finalidad de integrarse o colaborar con un grupo terrorista.

La cuestión central en la aplicación de este tipo está en que la relación entre la conducta y su finalidad solo existe en el interior del sujeto. Como ya señaló el jurista Alfonso Galán Muñoz, esta relación solo existe en la voluntad futura del sujeto, así que no se pone de manifiesto en ningún hecho externo que no sea el de adquirir conocimientos teóricos. Esta circunstancia hace que el tribunal deba entrar dentro del sujeto, concretamente en su ideología, en busca de tal relación. Como demuestran las sentencias en las que se ha aplicado este delito, para conocer la finalidad con la que el individuo accede a los contenidos el tribunal realiza un análisis de dichos contenidos. Es decir, realiza un juicio sobre el carácter radical de los contenidos que se consumen. Una vez realizado tal juicio, sus conclusiones se extrapolan al sujeto. Si por el carácter de los contendidos que el sujeto consume o posee se puede deducir que el sujeto es un “radical”, se considerara probado que se cumple el requisito finalista del tipo

Este tipo penal abre la puerta a penar a todo aquel que adquiera conocimientos teóricos que un tribunal considere que le sitúan cerca de unirse a un grupo terrorista. Es decir: se crea la posibilidad de usar la justicia penal contra todo aquel que, a ojos de la Audiencia Nacional, pueda estar ideológicamente cercano al terrorismo

Del terrorista al radical: el progresivo avance hacia la punición de las ideas

Durante las últimas décadas del siglo XX, la ampliación progresiva de lo que se considera una organización terrorista y de lo que puede ser considerado colaboración con el terrorismo fueron los métodos seguidos por el estado español para adelantar las posibilidades de intervenir penalmente en materia de terrorismo. Los límites de lo que se consideraba colaborar o pertenecer a un grupo terrorista eran deliberadamente ambiguos. Pero, al menos sobre el papel, el Derecho Penal tenía unos límites claros, unos frenos a la capacidad punitiva del estado. Entre ellos estaba el viejo principio –ya presente en la obra de autores del siglo XVIII como Kant o Beccaria– de responsabilidad penal por el hecho, en virtud del cual la responsabilidad y los tipos penales deben tener como núcleo actos externos, nunca meros pensamientos

Pero, las sucesivas reformas del Código Penal en materia de terrorismo han ido ampliando las conductas que podían ser consideradas delito de terrorismo. Han puesto en juego una definición preventivista del Derecho Penal en la que no existen límites y en la que apelando a la necesidad de seguridad se justifica el control social y la ausencia de garantías legales.

Delitos como el de autoadoctrinamiento y el de enaltecimiento del terrorismo son la muestra de que se ha pasado de luchar contra los actos terroristas a luchar contra la difusión o adopción de ciertas ideas. Se ha pasado de combatir acciones sobre el mundo a combatir subjetividades, pensamientos sobre el mundo, lo cual supone crear restricciones a derechos tan básicos como la libertad ideológica.

El carácter grave y excepcional del terrorismo permite al gobierno usarlo como excusa para devaluar el estatus jurídico de los ciudadanos y mejorar las herramientas de castigo y control social. Aunque se afirme que estas herramientas están diseñadas para combatir al terrorismo –para, como dijo Mariano Rajoy, protegernos de aquellos que amenazan “nuestros valores y nuestro estilo de vida”– el concepto de terrorismo es lo suficientemente ambiguo en nuestro país como para que, bajo ciertas circunstancias, cualquier reivindicación social pueda ser tachada de terrorista. Además, mientras el Estado se blinda contra la movilización política, se lanza a combatir a los futuros terroristas y crea un Derecho Penal instrumentalizable políticamente, el gobierno que ocupa su cima puede venderse como eficaz y como útil mientras abandona a las inclemencias de los mercados a la mayoría de su población.

A veces ocurren cosas horribles. Lo horrible, de hecho, ocurre constantemente. A veces lo dejamos correr. “Cosas que pasan”, se dice, porque ningún sistema es perfecto. Otras veces vestimos lo horrible con aspectos, rostros y marcas, señas de víctimas y también de verdugos, y volvemos a comprobar que el ser humano puede hacer cosas horribles. Lo que antes era difuso, la larga cadena que conectaba a la víctima y al verdugo, se torna muy claro de repente: salta a escena un monstruo (o más de uno) cuya imagen apreciamos con aparente nitidez. Automáticamente todos volvemos la mirada hacia el sistema penal, esa máquina presuntamente creada para proteger nuestros bienes más importantes de las más graves agresiones. La ilusión nos embriaga porque empuñamos la gran espada penal y, por un instante, la creemos nuestra.

La primera decepción tarda poco en llegar: una espada no repara, no sirve para arreglar nada, lo que ha sido destrozado no recompondrá sus piezas por violento, certero o “ajustado a derecho” que sea el golpe. Pero golpeamos, golpeamos más y más fuerte, convencidos de que eso es “hacer justicia”. Si quien viola la norma genera un mal y daña al orden en su conjunto, quienes golpean de vuelta generan otro mal en sentido contrario. En su versión menos sofisticada, esto se llamó ley del talión. En su versión más refinada, lo llamamos “fundamento retributivo de la pena”. Este golpe de vuelta debería, se supone, restituir simbólicamente el orden dañado, pero el golpe nunca es lo bastante fuerte. Jamás sentimos haber arreglado nada. Quizá sea porque de ese modo jamás se ha arreglado nada.

No importa: el dueño de la espada aparece siempre con una sonrisa amable y se ofrece a afilarla. Mientras muestra su condolencia y solidaridad, promete “firmeza y ejemplaridad” para que nadie vuelva a osar infringir la nueva norma. Ahora sí, creemos haber hecho algo útil y volvemos a nuestras vidas, pero la segunda decepción no tarda en llegar. La realidad nos golpea de nuevo cuando constatamos que las cosas siguen ocurriendo, que pocos piensan en qué norma violan cuando lo hacen y muchos menos piensan en las consecuencias de hacerlo.

Presos de la desesperación, defraudados porque nuestra poderosa espada se revela inútil, nos quedará el consuelo de pensar que quien haga lo horrible será golpeado con tal fuerza que jamás podrá repetirlo. Y esto sí nos convence porque ya no queremos reparar ni mandar mensajes, solo queremos meter una vida entre cuatro paredes hasta que se pudra y desintegre. A estas alturas ya solo queremos romper, y la espada es el instrumento perfecto. Por mucho que la Constitución hable de reinserción social como primer objetivo de las penas, el público no pide que el reo aprenda nada. La audiencia desea purgar sus propios pecados, sublimar la frustración de saber que no se hizo nada para evitar ese daño al que ahora respondemos.

Y en ese momento, decididos a apuñalar con toda nuestra fuerza, oímos una voz que pregunta: “¿estás seguro? ¿Si tu golpe es una respuesta a un mal previo, cómo sabes que tu estocada es proporcional al mal sufrido? ¿Si ese golpe quiere restituir el orden dañado, no debería respetar las normas propias del ordenamiento que dice defender? Son preguntas odiosas que ponen un espejo ante nosotros. En él nos vemos reflejados con la espada en la mano.

¿Nos da igual que 15 años de encierro destrocen la personalidad de cualquier sujeto? ¿Nos da igual que pisar la cárcel no sea garantía de no volver a entrar sino más bien todo lo contrario? Ignoramos estas preguntas, afiliamos la espada y golpeamos. Tras el golpe, volvemos a nuestras vidas. Nunca miramos atrás. Jamás miramos dentro de los muros de la prisión.

Si mirásemos atrás, una tercera decepción nos asaltaría al comprobar que no hemos hecho prácticamente nada para “arreglar” nada. Aquí solo ha ganado el dueño de la espada: ahora, lejos de nuestra mirada, blandirá su renovada arma a discreción. Si mirásemos atrás, nos veríamos cayendo una y otra vez en la trampa del populismo punitivo. Nuestra legitima rabia, nuestra indignación y nuestra voluntad de evitar el horror acaban digeridas en nombre del “orden” y la “ley”, encauzadas hacia la nada. Una y otra vez, nos mantuvieron ocupados pensando en cómo responder, para evitar que pensáramos en cómo evitar volver a vernos en esta situación.

Últimamente parece que el Derecho Penal está en todas partes. Sobrevuela a cada programa informativo la supuesta necesidad de encerrar de por vida a ciertos sujetos. El exGovern catalán –junto con otros líderes independentistas– está en prisión acusado de graves delitos. Los jóvenes de Altsasu llevan centenares de días en prisión provisional. Varios raperos están a punto de entrar en la cárcel por cantar. Algunos de los encausados en las “Operaciones Araña” ya aguardan en prisión y otros quizás se les sumen pronto. Y, verbigracia de una tremenda desgracia (así se dice cuando se muere un pobre), nos hemos enterado de que los manteros también son delincuentes que atentan contra la propiedad intelectual e industrial. De repente, todo se ha vuelto violencia, sobre nosotros parecen cernirse cientos de amenazas ante las cuales solo podemos responder con todo el peso del Derecho.

Todo parece girar en torno al Derecho Penal, parece ser el último recurso que nos queda antes de sucumbir al caos. A través de las pantallas nos susurran que las amenazas están en todas partes, que los manifestantes, antes sonrientes, ahora amenazan con quemarnos y que nuestra paz está en serio peligro por culpa de lo que alguien dijo en twitter. Ante esto, el Derecho Penal, esa herramienta creada para protegernos de las más graves formas de agresión contra los bienes jurídicos más importantes, parece que debe volverse hiperactiva. Cada día ocupa unos segundos más en nuestros “mejores” magazines. Ante esta situación, es normal preguntarse ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta necesidad repentina de encarcelar?

Algunos les dirán que no pasa absolutamente nada, que todo va bien. Que la ley está para cumplirse y que deberíamos regocijarnos ante lo bien que funcionan nuestras instituciones. Deberíamos alegrarnos de que se encarcele a raperos porque, si aquí cada uno se pone a cantar lo que quiera, montaríamos tal “sin Dios” que sucumbiríamos a la barbarie. Desde esta perspectiva, no hay leyes ilegítimas y no caben las interpretaciones absurdas de éstas. Convocar manifestaciones es violencia equiparable a repartir fusiles entre los afiliados, porque así lo ha dictado el santo magistrado, supremo intérprete de la palabra revelada por el legislador.

No obstante, otros les diremos precisamente lo contrario, que todo va mal y que durante las últimas décadas el Derecho Penal está sumergido en unas dinámicas que amenazan con destruir cualquier resquicio de lo que en teoría debe ser el Derecho en una sociedad democrática. A esto que asalta sus televisores pueden llamarlo Derecho Penal del Enemigo –si hubo una vez en la que el Derecho fue otra cosa– o, como voy a hacer yo, Derecho Penal Moderno –para evitar distraerse discutiendo sobre cuál es la verdadera naturaleza del Derecho Penal.

Siguiendo al catedrático Winfried Hassemer podemos afirmar que el Derecho Penal Moderno tiene tres características principales:

-Tiende a expandirse, a ocupar cada vez más terreno, a criminalizar nuevas conductas. Para justificar esta expansión se abusa del “peligro abstracto” que suponen ciertas acciones y a la necesidad de proteger bienes jurídicos colectivos y supraindividuales. Estos dos recursos permiten, por ejemplo, encarcelar a raperos cuyas letras ponen en peligro –de alguna forma que no es necesario probar, por eso es un “peligro abstracto”- nuestra seguridad.

- Es un instrumento de política interior destinado a contener problemas sociales, para lo cual olvida el principio de taxatividad y torna sus conceptos flexibles y amplios. El ejemplo más claro de esto es la gestión penal de la crisis catalana y, concretamente, la interpretación por parte del juez Llanera del concepto de violencia que exige el delito de Rebelión

-Y, por último, implica una reducción del Derecho Penal a sus funciones simbólicas, quedando reducido a una forma utilizada por el legislador para “dar respuesta”. ¿Soluciona algo la prisión permanente revisable? ¿Haber convertido en delincuentes a los manteros les ha permitido acceder a empleos dignamente remunerados en la economía legal?

Viendo lo bien que encaja nuestro Derecho Penal con las características del Derecho Penal Moderno, cabe preguntarse ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la actualidad política está preñada de Derecho Penal?

La expansión y glorificación del ala penal del Estado

En primer lugar, hay que señalar que este afán de protagonismo del Derecho Penal no es una singularidad de la política española y tampoco es cosa precisamente reciente. Desde los 70, todos los estados occidentales se han encontrado en varias ocasiones con una agenda política protagonizada por “los delincuentes” y por las formas de protegerse de esas personas amenazantes. Curiosamente estos momentos coinciden en el tiempo con la existencia de graves problemas económicos y sociales de los que el Estado no tiene voluntad de hacerse cargo –estos problemas, a menudo, han sido causados por la propia actividad desreguladora del Estado.

Cuando el Estado se retira para dejar paso a los intereses de los mercados y abandona sus funciones sociales, corre el riesgo de que se ponga en cuestión su legitimidad. Para evitar ser cuestionado, el Estado recurre a lo que el sociólogo Loïc Wacquant denomina “expansión y glorificación del ala penal del Estado”. Este recurso permite al Estado colocar la seguridad y la existencia de graves peligros en el centro del debate, y así salvar su inacción en lo social apelando a su papel como garante del orden.

Emerge así el populismo punitivo, la exhibición orgullosa de la expansión del Derecho Penal. Más conductas consideradas delictivas, desaparición de las garantías procesales, más encierro, más prisión, regímenes más duros de cumplimiento de las penas y solución penal para los conflictos políticos todo esto se ha puesto encima de la mesa durante las últimas semanas. Por supuesto, detrás de esta expansión no hay una voluntad de solucionar ningún problema real que ataña a la población, tan solo es marketing político hecho a costa de nuestros derechos y del propio Derecho.

Este Derecho Penal Moderno del que hace gala nuestro Estado encubre el abandono de sus responsabilidades. Este uso del Derecho Penal como herramienta predilecta para la gestión de las problemáticas sociales y políticas nos sitúa en medio de debates penales en los que debemos mirar hacia el futuro y luchar porque se respeten unas mínimas garantías y una mínima razón. De este modo, se nos impide mirar más allá de una agenda que nos viene impuesta y, sobre todo, se nos impide mirar hacia atrás, hacia el origen de los problemas. Si lo hiciéramos, veríamos la auténtica violencia, descubriríamos un Estado que ha abandonado cualquier responsabilidad política o social y solo ofrece como respuestas prisión e indiferencia.

La semana pasada conocíamos el temario que Defensa quiere implantar en los colegios. La bandera, el Rey, los himnos militares, la defensa de España y la inmigración irregular como riesgo, entre otros. Quizás esté último sea el que más llame la atención. Aceptando cierta lógica... digamos vetusta… podemos entender que nuestro gobierno crea conveniente meter en vena a los niños los símbolos naciones y eso que llaman “cultura de la defensa”, pero ¿la inmigración? ¿Qué pinta aquí la inmigración?

Pues pinta muchísimo, porque la inmigración irregular es “una de las 12 principales amenazas para la seguridad de España”, tal como reconoce nuestra estrategia de seguridad nacional –la ESN-2013. Este documento estratégico de interesante lectura ofrece, además de un sensible prólogo de nuestro presidente, una lista de las principales amenazas y riesgos que acechan a España. A saber: conflictos armados, terrorismo, ciberamenazas, crimen organizado, inestabilidad económica y financiera, vulnerabilidad energética, proliferación de armas de destrucción masiva, flujos migratorios irregulares, espionaje, emergencias y catástrofes, vulnerabilidad del espacio marítimo, y vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales.

Como vemos, la inmigración se encuentra en esta lista de “amenazas” entre las armas de destrucción masiva y el espionaje. Más allá de su cuestionable presencia en esta lista, lo llamativo es que la inmigración irregular se considera una amenaza al nivel de las catástrofes naturales. Nuestro gobierno aduce que ciertas “condiciones especialmente preocupantes” pueden hacer que los inmigrantes “sean instrumentalizados por organizaciones extremistas y violentas o terroristas” o se vean tentados por un “repliegue identitario que dificulta su integración social”.

Estas “condiciones especialmente preocupantes” a las que hace referencia la estrategia de seguridad nacional son las siguientes:

“a) Un incremento de los procesos de inadaptabilidad y falta de identificación con la sociedad española derivados del debilitamiento de la cohesión social.

b) Un incremento de la conflictividad social derivado del empeoramiento de las condiciones de vida y del aumento de los procesos de exclusión.

c) La creación de guetos urbanos y sus efectos sobre la convivencia, la cohesión social y la integración de los inmigrantes.

d) Un incremento de la vulnerabilidad de los migrantes como destinatarios de formas de explotación laboral, de la acción de grupos criminales organizados vinculados a la trata de personas y el tráfico de drogas“.

Por si no quedara bastante claro que este documento está colocando las sospechas de radicalización sobre la población migrante, entre las razones por las que el terrorismo es una amenaza para España se cita la “posible radicalización de los emigrantes, tanto de primera como de segunda generación, que están asentados en España”.

Obviamente, ligar terrorismo e inmigración es, cuanto menos, injusto. Sin embargo, se podría hacer cierta lectura positiva de esta argumentación, pues en ella el gobierno parece reconocer que la radicalización puede tener cierta base en las condiciones a las que nuestro país somete a algunos sectores de su población. Este reconocimiento podría ser una buena noticia. Supondría un enfoque novedoso y valiente sobre el tema y podría dar lugar a una intervención a través de medidas y políticas sociales. Pero se trata de un documento sobre seguridad y no sobre cualquier idea de seguridad, sino sobre una seguridad entendida como inseparable de la guerra –ahora llamada eufemísticamente, defensa. Este documento marca la línea estratégica de nuestro estado pregonando la unión entre la seguridad interior y la exterior. Al afirmar que “la seguridad y el bienestar de España y sus ciudadanos se determinan y gestan dentro y fuera de nuestras fronteras”, la separación entre orden interno y política bélica se elimina: nada parece separar las nociones de Derecho y guerra.

Borrar la línea entre seguridad y defensa significa importar la guerra y sus lógicas a nuestra propia casa, traer esa horrible excepcionalidad que es la guerra al interior de las fronteras y a sus contornos. Frente al ciudadano emerge un enemigo de quien debemos defendernos, ese Otro a quien debemos hacer la guerra. El ciudadano tiene derechos porque es parte de una sociedad. Sus bienes, relaciones e intereses están protegidos por el Derecho por ser valiosos para esa esa sociedad. El enemigo es una amenaza, un individuo al que se sitúa al margen de la sociedad, una encarnación del riesgo y el peligro. No se busca integrar al enemigo, no se pretende dotarle de una igualdad material que garantice la plena realización de sus Derechos. Ante él solo cabe defenderse mediante control, encierro o expulsión. Esa necesidad justifica la aplicación de un Derecho Penal del Enemigo que tiene en el encarcelamiento un recurso cotidiano y disuelve las garantías que ofrece un Estado de Derecho.

Sumergirse en esta retórica belicista – según la cual hay individuos cuya peligrosidad potencial los convierte en amenazas para la seguridad – no tiene otro fin que justificar un Derecho Penal del Enemigo. Como señalara Manuel Cancio, ese instrumento sirve para “identificar precisamente al no-Derecho penal”. Al enemigo se le hace la guerra y en la guerra no hay Derecho. La guerra es la excusa para eliminar el Derecho y sustituirlo por un conjunto de normas y tratados de eficacia tristemente limitada.

Educar en la defensa, educar en el presunto riesgo que ciertos grupos humanos pueden suponer para “la seguridad”, es educar en la excepcionalidad. Educar en la presunta necesidad de la guerra es educar en el no-Derecho.

“Los inmigrantes” como enemigos convenientes

Visto lo que implica educar en el supuesto peligro que suponen los flujos migratorios irregulares, aún cabe preguntarse ¿por qué los inmigrantes?, ¿por qué son ellos los señalados como enemigos?

Se les señala porque, continuando la línea que marca el capitalismo posfordista y la política neoliberal, nuestro estado se niega a aceptar que la pobreza pueda deberse a sus políticas. De ahí el recurso, como señala Luís Enrique Alonso, a una “retórica de la segregación” que liga la pobreza a un nuevo problema cultural, étnico y migratorio. Se construye así una imagen de los “inmigrantes” –léase comunidades étnicamente definidas– como una otredad no asimilada, no integrada y al borde del “estallido social”, sospechosa de dedicarse al tráfico de drogas o a actividades terroristas. Así se construye una sólida asociación entre inmigración, ilegalidad y criminalidad que, como plantea Loïc Wacquant, convierte a los inmigrantes y a sus hijos, en un “enemigo adecuado […], a la vez símbolo y objetivo de todas las ansiedades sociales”. Esta criminalización de la inmigración permite justificar la regulación de la pobreza a través del sistema penal y, en paralelo, expandir el aparato punitivo y securitario del Estado.

Últimamente a muchos nos viene una pregunta a la mente de forma recurrente: ¿pueden condenarme por enaltecimiento del terrorismo por decir “esto”? Quizás se te ha ocurrido un chiste, o una buena rima o puede que creas que ciertas acciones de cierto grupo pudieran estar justificadas.

Como explicó Isabel Elbal, actualmente la justicia española está siguiendo dos doctrinas de forma alternativa. Por una parte, tenemos la doctrina Strawberry, que consiste en la interpretación literal del mensaje que se haya lanzado, sin atender prácticamente a nada más. Y, por otra parte, tenemos una doctrina que atiende al contexto de los mensajes para valorar si son delictivos.

La diferencia entre estas líneas de actuación está en la interpretación que se haga de los “elementos subjetivos del tipo” y de la importancia que se les asigne. Este es un concepto complejo y técnico que, en el caso que nos ocupa, podemos entender, simplificando mucho, como la tendencia, la voluntad o la intención con la que se realiza la conducta.

La doctrina Strawberry se caracteriza por no tener en cuenta estos elementos. Mientras que la otra doctrina sí que se atiende a la intencionalidad con la que el sujeto ha lanzado los mensajes por los que se le está juzgando. Proceder de esta forma tiene cierto sentido porque, técnicamente, permite distinguir entre alguien que hace un chiste y alguien que pretende que se cometan atentados terroristas. Sin embargo, este proceder también tiene un reverso perverso y es que, en ocasiones, el contexto se extrae de la ideología de aquel que emite los mensajes.

Buenafuente puede hacer un sketch con chistes sobre Carrero Blanco, David Broncano puede sugerir que se tire un “cobete” sobre Murcia. Ambos son humoristas profesionales, no es difícil entender que lo que hacen son bromas. No obstante, la fiscalía sí que podría dirigir un procedimiento contra ellos. Pero, para poder condenarlos –sin recurrir a la doctrina Strawberry– habría que argumentar que bajo sus chistes subyace una intencionalidad real de que retorne ETA o de que Korea del Norte bombardee Murcia. A menos que el juez opte por interpretar los mensajes de forma literal, no tienen nada de que temer.

Pero, la cosa cambia cuando hablamos, por ejemplo, del grupo de rap “La insurgencia”. Dado que se trata de un colectivo dedicado a la música, podría entenderse que sus versos quedan amparados por la libertad que otorga “la creación artística”. Pero estos músicos no ocultan que son comunistas y cantan constantemente contra los abusos de nuestro sistema económico y político. Son, por tanto, radicales, como recoge la sentencia en la se les condena: “ la ideología de sus componentes es muy radicalizada, manteniendo una tónica subversiva y antisistema” (SAN 4390/2017). Dada su ideología “subversiva y antisistema”, se estima que no pueden excusarse en que son músicos y en que simplemente están haciendo letras de rap.

El caso de Valtonyc, cuya sentencia de prisión acaba de ser ratificada por el Tribunal Supremo, es muy similar, aunque se le ha aplicado una interpretación de la ley cercana a la del caso Strawberry. Nos encontramos, de nuevo, con un rapero al que no se le permite ampararse en la libertad de expresión, ni en la libertad para la creación artística. Según la Audiencia Nacional las letras de Valtonyc “tienen un carácter laudatorio de las organizaciones terroristas ETA y GRAPO”, y, como reza la sentencia, esta actitud: “va más allá de la expresión de coincidencia con objetivos políticos, solidaridad con los presos o camaradería nacida de vínculos ideológicos” y “comporta una alabanza, no ya de los objetivos políticos sino de los medios violentos empleados por las citadas organizaciones” (SAN 494/2017).

Las múltiples letras de canciones que se citan en ambas sentencias no están ahí -o no solo- en calidad de mensajes que según el tribunal ponen en riesgo nuestra seguridad porque aumentan el riesgo de atentados. Sino para probar que aquellos que los lanzan son “radicales y subersivos”. El elemento central no es tan solo “aquello que se diga”, sino quién lo diga. No solo se juzgan unos hechos, se juzga la ideología del acusado. Es derecho de Penal de autor, por tanto, la respuesta a la pregunta con la que comenzábamos el artículo es que no importa tanto lo que digas, sino quién seas.

Esto no es una particularidad de las sentencias citadas, es una línea muy común cuando se juzgan delitos de enaltecimiento del terrorismo. De hecho, ni siquiera es un particularismo de los delitos de enaltecimiento del terrorismo, el caso Altsasu responde a la misma dinámica penal. Pegarse en un bar con alguien –aunque sea guardia civil– es un delito, pegarse con alguien siendo de Altsasu, te convierte en un terrorista. Lo hemos visto también con los exconsellers: da igual lo que hayas hecho, da igual que los cargos que se dirigen contra ti no sean sostenibles, lo que importa es quién seas, cuál sea tu ideología; de ahí procede tu peligrosidad y debes abandonarla si no quieres acabar en prisión.

Del terrorista al radical

Los cambios legislativos en materia de terrorismo de las últimas décadas han ido introduciendo el derecho Penal cada vez más atrás en la cadena de causalidad que supuestamente lleva al acto terrorista. De condenar la comisión de un atentado o el hecho de estar planeándolo, como se recogía en la redacción original del Código Penal de 1995, se ha ido retrocediendo hasta llegar a condenar a alguien por acceder a información que “sea idónea para integrarse” en un grupo terrorista, como se recoge en el artículo 575 de la ley actual. Esta dinámica preventivista ha hecho que “la lucha contra los terroristas” se amplíe hasta “la lucha contra los radicales”.

El radical es por tanto aquel que, según el criterio del Estado, está tocado por las ideas de los terroristas, comparte su subjetividad. En un momento de bajo impacto del terrorismo en nuestro país, nuestro estado ha encontrado a su nuevo enemigo predilecto en el radical. Teniendo en cuenta que según nuestro ordenamiento jurídico terrorismo es “subertir el orden constitucional o alterar la paz pública”, la lista de posibles radicales es muy amplia, casi inagotable y esa es su principal virtud.

El Derecho Penal ha dejado de limitarse al plano de las acciones sobre el mundo y se está dotando de la capacidad para juzgar ideas e ideologías. Habrá quien alegue que solo se está condenando a cierta gente que ha hecho “comentarios desagradables”. Habrá quién, incluso con una ideología cercana las personas condenadas, crea que mientras no se toque “lo del terrorismo” no tiene porqué pasarle nada. Son posturas muy legítimas, pero, mientras, la Audiencia Nacional hace razonamientos como este en sus sentencias, aunque, de momento, solo cuando se juzga a “yihadistas”:

“[…] de igual manera que se castiga la tenencia de armas sin licencia, ¿no es también un adelanto de la punición?; la tenencia de un arma sin la autorización administrativa del Estado se considera objetiva e intrínsecamente peligrosa, y ¿por qué no, el auto adoctrinamiento de una persona en una ideología patógena que está orientada a la aniquilación del adversario?” (SAN 269/2017).

Nos llena de aflicción haber conocido la noticia de que el señor Oriol Junqueras será procesado por rebelión en primavera. Entendemos que no sepan qué clase de interpretación está haciendo la fiscalía de la inmunidad de los parlamentarios. Es perfectamente comprensible que sigan indignados porque les imputen unos delitos sin que haya base alguna para ello. Compartimos, por supuesto, su tristeza ante la permanencia en prisión provisional de Junqueras, Fon y los Jordis. Comprendemos su estupefacción al ver que el Estado de Derecho no se atiene al derecho. Siento decírselo: bienvenidos a la chusma.

Verán, aquí es donde están los encarcelados por las letras de sus canciones. Aquí te llevan a juicio por denunciar al capitalismo o criticar las instituciones. Aquí están las personas castigadas por participar en manifestaciones. Aquí están los atrapados entre leyes antiterroristas por pelearse en un bar o hacer unas pintadas. Aquí están las víctimas de la represión política. Gente con propuestas, ideas o discursos que el Estado no puede tolerar.

Pero aquí hay mucha más gente, no todo son activistas. No son mayoría, ni siquiera una minoría numéricamente relevante. Somos tantos que apenas podemos contarnos, tan diversos que no es posible definirnos sin invocar certeras pero polémicas teorías políticas. Somos los que volvemos a casa tras 10 o 12 horas de jornada (8 en contrato) con quemaduras y cortes en los brazos. Son cosas del trabajo, no hay nadie a quien denunciar por lesiones. A veces, en esos mismos trabajos, morimos. Pero son accidentes, nunca homicidios imprudentes. Aquí la empresa puede deberte varios meses de sueldo, pero sabes que si los exiges puedes acabar en la calle. Eso no es un delito, no es ninguna coacción, ningún chantaje, sino el “libre mercado, amigo”.

Quizás les cueste un poco adaptarse, pero estén tranquilos, la gente es muy amable en estos lares, aunque quizá haya quien les mire con recelo porque incluso en esta tierra somos unos privilegiados. Aquí también están aquellos humanos a quienes se encierra en CIES sin mediar juicio alguno. Aquí también están los manteros golpeados y robados por la policía, y los musulmanes encarcelados “por si acaso”.

Los nacidos fuera de las fronteras de este reino y sus hijos son los grandes enemigos de nuestro Estado. Solo ellos tienen el dudoso privilegio de ser considerados por la Estrategia de Seguridad Nacional como una de las principales amenazas para España. Nosotros somos enemigos circunstanciales. Si no nos movemos mucho y nos conducimos con docilidad, podemos esperar que nos exploten con cierta humanidad. Con todo, aun así, todos somos chusma. Como explica I. Mendiola, somos sujetos torturables cuando dejamos de ser explotables, “no-personas” cuya imagen y existencia personifican una amenaza que justifica el gobierno a través del miedo.

Entiendo que a ustedes, hombres de despacho y formas institucionales, todo esto les resulte extraño y aterrador. Es muy posible que la situación les huela a rancio fascismo, a la herencia de ciertos anacronismos, pero me temo que su situación no es fruto único de los ecos franquistas.

En los términos utilizados por Santiago Lopez-Petit, están ustedes lidiando con el “estado-guerra”. Una enorme maquinaria dispuesta a combatir por todos los medios a quien no sea calificable como “ciudadanos de bien”, a todo aquel que quede “fuera del sistema” –sea por la fuerza o por “voluntad política”. Esta es la “otra” cara del laissez faire, el reverso del leviatán neoliberal.

El mercado contemporáneo necesita libertad de movimiento, sociedades “abiertas y tolerantes” a nuevos productos y formas de explotación, pero también requiere seguridad. A diferencia de lo que se suele creer, el libre mercado necesita regulaciones que le den seguridad. Sin reglas fuertes que protejan al mercado y medios eficaces para su cumplimiento, cualquier hambriento podría entrar en un supermercado y llevarse la comida, cualquier político insensato podría desoír a las empresas y preocuparse por las necesidades materiales de sus ciudadanos. Nuestros sistemas económicos, político y judicial responden al mismo esquema y a la misma estructura bicéfala del leviatán neoliberal. Y no lo hacen por anacronismo sino porque no hay nada más moderno, civilizado, europeo y chic que un sistema liberal en la cima y punitivo en su base.

Están ustedes frente a frente con la posmodernidad. Lo que tienen delante es un esquema de marketing puro y duro. Su sufrimiento es espectáculo, material de telediario, alegría para los que tienen su bandera rojigualda en el balcón, tranquilidad para los responsables de que el dinero circule libre.

Ya no se trata de hechos, ni del uso de la cárcel para rehabilitar, ni de un derecho garantista llamado a defender la ley del más débil. El nuevo concepto central es el riesgo, la peligrosidad, la existencia de individuos señalados como amenaza constante. Dada su “excepcional peligrosidad”, el Estado los convierte en enemigos públicos y les declara la guerra. Da igual que sean yihadistas, secesionistas, extranjeros pobres, raperos rojos o criminales de cualquier otra calaña. No importa que la amenaza no sea real, solo que sea vendible.

Somos chusma, mera carne susceptible de convertirse en combustible para la maquinaria neoliberal. Sujetos explotables, encarcelables sin juicio, encerrables de por vida. Vidas que se queman para que los ciudadanos de bien vivan calientes y tranquilos, seguros de que nada va a cambiar porque los malos están encerrados. Cuerpos que se doblan para que sobre ellos se alce un gobierno orgulloso a pesar de la corrupción y de la injusticia social.

En clave jurídica, lo que les está pasando puede definirse como Derecho Penal del Enemigo, Derecho Penal de Autor, Derecho Penal Simbólico o, simplemente, Derecho Penal “moderno”. En las últimas décadas hemos asistido a un uso político del Derecho Penal que iba acabando con las garantías y principios que debían guiarlo y limitarlo. Quizás hace unos años tuviera sentido discutir si el Derecho Penal estaba viciado de origen o estaba siendo malogrado por los vientos neoliberales. Hoy, el escenario es un derecho plagado de agujeros, migrantes encerrados, jóvenes musulmanes detenidos, raperos sentados en el banquillo... y ex-consellers presos. Todas estas situaciones atentan contra los principios más básicos y clásicos del Derecho Penal, pero se dan al amparo de un presunto Estado de Derecho.

Como decía al principio, entiendo su sorpresa ante esta situación. Enfrentarse a la realidad siempre es duro, incluso cuando ésta es conocida de antemano. Tienen ustedes la teoría de su parte. Técnicamente, la ley les ampara, igual que a nosotros nos amparaba tantas veces… Nadie sabe qué va a ser de ustedes. Quizás firmen la paz con el Estado, quizás vuelvan triunfantes a su tierra, quizás consigan algo de justicia. Pase lo que pase, intenten no olvidar que la chusma, explotada y torturada por el estado para justificar su gobierno del miedo, seguirá aquí.

Los tres jóvenes de Altsasu llevan más de un año en la cárcel.  Según la Audiencia Nacional por, presuntamente, haber “hecho cosas de terroristas”, ergo por ser terroristas. Es increíble la facilidad con la que la opinión pública ha aceptado que la posibilidad de haber cometido un delito es motivo suficiente para estar en prisión. También es sorprendente que, como declara la defensa, las garantías procesales en España brillen por su ausencia. Y, por supuesto, es sorprendente cómo nuestra justicia asocia hacer algo que pudiera hacer un terrorista con ser un terrorista.

Pero de estas cuestiones, que realmente no son tan sorprendentes sino más bien preocupantes, nos ocuparemos otro día -al que le apremie la curiosidad puede echar un ojo a los conceptos de Estado-guerra y fascismo posmoderno del profesor López Petit.

Hoy vamos a ocuparnos de otro hecho también sorpre... preocupante: ¿En qué narices está pensando la audiencia Nacional para imputar un delito de terrorismo por una pelea de bar? Tristemente la respuesta es: en hacer cumplir la ley. Supongo que para la gente de bien aquí acaba el debate. “La ley es la ley, y de ella emerge el bien y el mal, y Montesquieu ya tal ”.

Sin embargo, si no compramos este hobbesianismo 21 century edition, emergen dos preguntas: ¿Qué es la Audiencia Nacional y qué clase de concepto de terrorismo tiene la ley española? Pues resulta que ambas preguntas se las hizo durante su viaje a España en 2007 Martin Scheinin, “Relator Especial de Nacionales Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo”.

Lo primero que le llamó la atención al señor Scheinin es que la Audiencia Nacional, un tribunal especializado en ciertos delitos, centralizado y creado por un Real Decreto Ley previo a las primeras elecciones democráticas, se encargara de juzgar los delitos de terrorismo.

Los tribunales especiales, especializados en ciertos delitos, son una práctica abandonada por los estados democráticos hace varias décadas por tender a erosionar los derechos humanos y a no respetar las garantías procesales. El señor Scheinin era consciente de la existencia de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que se reconocía a la Audiencia Nacional como un tribunal no especial, pero a pesar de esto, concluyó (simplificando mucho sus palabras): “si esto no es un tribunal especial se le parece mucho, lo mismo deberíais hacéroslo mirar, por lo de los derechos humanos y tal”.

Por tanto, a la primera pregunta podemos contestar: la Audiencia Nacional son unos señores de Madrid que, atendiendo al Derecho y a Naciones Unidos, lo mismo no son los mejores para juzgar una pelea de bar en un pueblo de Navarra. La referencia geográfica no es baladí, todo lo contrario. Una pelea de bar en cualquier otro territorio del español no sería considerada un delito de terrorismo. Por tanto, las acusaciones de un delito de terrorismo se construyen, en buena parte, sobre la idiosincrasia particular de Altsasu. Una idiosincrasia que juzga un tribunal afincado en Madrid y especializado en construir causas de terrorismo.

El concepto de terrorismo que teníamos en España fue otra de las cuestiones que le llamaron la atención al señor Scheinin. De hecho, Scheinin le advirtió al estado español sobre el riesgo de adentrarse en una “pendiente resbaladiza” consistente en “la ampliación gradual del concepto de terrorismo a conductas que no suponen ni tienen suficiente relación con la comisión de actos de violencia graves contra los ciudadanos”  

Y es que, según el Derecho, en nuestro país el terrorismo se define por buscar “subvertir el orden constitucional o alterar la paz pública” (Sentencia del Tribunal Supremo 2/1997, de 29 de noviembre). Además, un terrorista puede ser todo aquel que comparta los fines de los terroristas o de alguna forma colabore con ellos. Estos fines pueden ser, por ejemplo, un proceso de paz (STS 2/1997, de 29 de noviembre). 

Encaja aquí una pelea de bar... pues... como señalaba Mr. Scheinin, nuestro concepto de terrorismo, ya en 2008, se caracterizaba por andar rodando por una pendiente resbaladiza.  En 2017, sentencia a sentencia y dos reformas del Código Penal (en materia de terrorismo) mediante, nuestra idea de terrorismo es un auténtico chicle. Nuestro concepto de terrorismo ya no está en una pendiente resbaladiza, sino que se desliza por un enorme tobogán de agua.

Hacer chistes de Carrero blanco es enaltecer el terrorismo, acceder a páginas web es autoadoctrinamiento terrorista (art. 575.2 del Código Penal) y administrar un grupo de Facebook es ser el líder de una célula terrorista (SAN 4551/2016).

Lo dicho, deslizando por un empinado y húmedo tobogán. Sin frenos y a lo loco. ¿En qué está pensando la Audiencia Nacional? En hacer su trabajo: hacer cumplir la ley. Bueno y que en el tobogán se está fresquito y se lo pasa uno muy bien.

¿Y cómo es esto posible?: El Estado de Derecho entero está en el tobogán.

Aunque ya hemos contestado a las preguntas de las que partíamos, es inevitable que emerja una nueva: ¿Pero, por qué tenemos leyes que dan lugar a considerar terrorismo una pelea de bar?, ¿cómo es esto posible?

La respuesta es que un Estado, especialmente uno al que no le importa que su población pase frío o hambre, que no tenga trabajo o trabaje 10 horas por una miseria, necesita enemigos. Necesita a alguien que amenace con subvertir el orden y con alterar la paz, una amenaza constante, antagonistas contra los que batallar, algo que le permita mirar a su población y decir: veis, sirvo para algo.  Y si nos los encuentra, pues tiene que inventarlo.

De entre todos los enemigos que el estado puede fabricarse, el terrorista es la gran estrella. Es un monstruo que amenaza constantemente. Es la excepcionalidad que se requiere para devaluar el estatus jurídico de los ciudadanos y penalizar nuevas conductas. Como documentó Rodríguez Yagüe, el terrorismo ha sido usado por el estado español como el “motor de un cambio jurisprudencial”. Argumentando la necesidad de luchar contra la amenaza terrorista, se justifica que la prisión preventiva sea un recurso común, que se pueda detener a alguien en régimen de incomunicación, que el sistema penal sea un arma contra adversarios políticos y que la Estrategia de Seguridad Nacional incluya a la inmigración como uno de los riesgos para la seguridad del estado y de su población.

Para el estado neoliberal es vital el recurso al riesgo y a la excepcionalidad como ariete contra las garantías jurídicas y contra los Derechos Humanos. Esta ofensiva tiene dos funciones principales. Por una parte, le deja claro a todo aquel que se emocione con eso de “cambiar cosas” que con un chasquido de dedos y un par de hostias lo encerraran una buena temporada.

Y, por otra parte, consigues que la población apoye la creación de una serie de herramientas que luego se utilizaran para “gestionar” el excedente humano que las políticas económicas han creado. Entiéndase por “gestionar”, vigilar y encarcelar; y por “excedente humano”, a todos aquellos que no comulgan con la cultura dominante o que no son útiles para el mercado.

No es que nuestra legislación antiterrorista esté deslizándose por el tobogán, es que el Estado de Derecho entero está cayendo por él. Mientras, “el legislador” les pide que sonrían para las fotos que mañana, para regocijo de todos, los medios pondrán en portada.

Casos como el de Altsasu no son una excentricidad de la Audicencia Nacional, no son el resultado del exceso de celo de nuestro sistema de justicia, no son un curioso accidente derivado de un ordenamiento jurídico creado para protegernos. Casos como el de Altsasu son parte de una estrategia política, de una ofensiva contra las garantías jurídicas que técnicamente ofrece un Estado Social de Derecho, del despliegue del leviatán neoliberal