Los vaivenes del Gobierno en la política migratoria: de anfitrión del Aquarius a las devoluciones exprés en 60 días
El presidente, Pedro Sánchez, y sus asesores vieron en la política migratoria una oportunidad para decir al país –y también a Europa– que el Gobierno había cambiado, que España quería abanderar una solución distinta a uno de los retos fundamentales del continente, la llegada de migrantes a las costas en un momento en el que el primer ministro italiano hacía bandera de la xenofobia y rechazaba el atraque de los barcos de las ONG en sus puertos.
El recién formado gobierno socialista se ofreció como anfitrión del Aquarius. Y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciaba el fin de las concertinas. Todo formaba parte del giro a la izquierda en lo social para la era post-Rajoy, visto que en política económica poco iba a cambiar a corto plazo en un gabinete obligado a gobernar con los presupuestos del PP.
La crisis humanitaria del Aquarius permitió a Sánchez dar ese primer golpe de efecto frente a la gestión del pasado. El 11 de junio, una semana después de alcanzar el poder, 629 personas rescatadas del Mediterráneo en un barco humanitario sin un puerto donde atracar. El ultraderechista italiano Matteo Salvini rechazó el acceso a sus puertos, y Pedro Sánchez abrió los suyos.
Los 629 rescatados por el Aquarius fueron recibidos en Valencia por un dispositivo sin precedentes, elogiado por las ONG especializadas. Los profesionales humanitarios, voluntarios, policías, intérpretes y juristas atendieron de forma individualizada a cada uno de los recién llegados, que obtuvieron un permiso de estancia temporal en España de 45 días para poder formalizar su solicitud asilo sin presiones.
La intención del Gobierno de retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, anunciada por el ministro del Interior tan solo dos días después del ofrecimiento del puerto de Valencia para acoger al Aquarius, construyó un nuevo gesto en su camino hacia un supuesto giro en su política migratoria.
El segundo Consejo de Ministras concluyó con dos anuncios estrella relacionados, de nuevo, con las personas migrantes: el inicio de la recuperación de la sanidad universal y el encargo de un informe para “comenzar a trabajar” en la posibilidad de acabar con el alambre de cuchillas en las vallas de Ceuta y Melilla. “El control de las fronteras y la seguridad debe estar ligado a la dignidad humana. Se tiene que mantener la seguridad en la frontera sin herir a las personas”, aseguró la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.
Mientras se sucedían esos primeros días de símbolos, las llegadas de migrantes en patera a las costas andaluzas continuaban en aumento. Ante la caída de las entradas irregulares a Italia tras el acuerdo con Libia, se esperaba un nuevo pico a través del Estrecho, como llevaba registrándose de forma paulatina desde 2016.
Sánchez negó muy pronto que su medida impulsase el efecto llamada que empezaban a denunciar populares y Ciudadanos. “Es una llamada... a la solidaridad de la UE”, respondía entonces el presidente. Las ONG exigían una acogida digna también para quienes llegaban en inestables embarcaciones a sus propias costas. El recibimiento humano del Aquarius chocaba con el “colapso” con el que se encontraban los migrantes que alcanzaban España a través del Estrecho, que dejaba imágenes de centenares de personas durmiendo en los barcos de Salvamento Marítimo ante la falta de espacio.
A medida que las críticas de la oposición aumentaban, la entrada a Ceuta de 602 personas a través de un salto a la alambrada cayó como un cubo de agua fría sobre el Ejecutivo. La otra cara del Gobierno en materia migratoria comenzaba a asomarse. Pese a su compromiso electoral de acabar con las devoluciones en caliente, 27 personas fueron expulsadas sin identificación previa. El ministro del Interior defendió la legalidad de estas prácticas y reconoció no haber dado la orden a la Guardia Civil para frenarlas.
Semanas después se descubriría que no solo las justificaba a pie de valla, sino que los argumentos con los que Sánchez se había opuesto a estas prácticas comenzaban a diluirse. El Gobierno tenía que decidir su posición sobre las devoluciones en caliente ante el Tribunal de Estrasburgo, tras el recurso presentado por el PP a la sentencia que condenaba a España por dos expulsiones inmediatas en 2013. Y optó por defenderlas con los mismos argumentos que usaba el PP para tratar de ampararlas: “Los migrantes no entraron en España porque no sortearon la línea policial”. El escrito enviado por la Abogacía del Estado confirmaba el giro del PSOE.
Mientras tanto, se aceleraban las reuniones con Marruecos, centradas en “mejorar” las relaciones con el país vecino, reforzar su papel como garante del control de fronteras y ejercer, en palabras de Grande-Marlaska, de “abogado de las peticiones marroquíes” en Europa. Después, llegaron las promesas de mayores fondos desde la UE. Jean-Claude Juncker prometió a Sánchez destinar 35 millones de euros a Marruecos para aumentar el control fronterizo. La canciller alemana Angela Merkel también llegaba a un acuerdo para beneficiar a Marruecos con más ayudas europeas.
Las promesas tuvieron un efecto inmediato: desde el 7 de agosto, las autoridades marroquíes han dado la orden de desalojar las casas y los bosques de migrantes. Dos jóvenes, uno de ellos menor, han muerto en el marco de las redadas, detenciones y traslados en buses.
En un giro inesperado, las “buenas relaciones” gestadas entre ambos países son precisamente las que, según defiende el Gobierno, permitieron este jueves que Marruecos aceptara algo hasta entonces inusual: “reactivar” el acuerdo bilateral sellado en 1992 que está detrás de las expulsiones exprés de 116 personas que saltaron este miércoles la valla de Ceuta. La rapidez de su ejecución empujó a los expertos a cuestionar su legalidad y advertir de las posibles deficiencias. Este viernes se conocían algunas: los 12 letrados que asistieron a los expulsados no sabían que iban a ser devueltos al país vecino escasas horas después.
De forma paralela, desde el Consejo de Ministras, la misma tribuna desde la que el Gobierno de Sánchez había abanderado en sus primeros días el discurso de acogida a las personas migrantes, la vicepresidenta Carmen Calvo justificaba la decisión de desempolvar el acuerdo en desuso para “no consentir la violencia contra los cuerpos de seguridad”, en referencia a los siete guardias civiles atendidos por lesiones leves por quemaduras con “cal viva” tras el salto del pasado miércoles.
El mismo día en que se conocían las devoluciones exprés de 116 personas, el Gobierno hizo público que iba a defender en Bruselas un “mecanismo estable” para que los países europeos colaboren en la acogida de migrantes rescatados en el Mediterráneo central y evitar que buques como el Aquarius pasen días a la espera de una solución al cierre de puertos italianos.
Para argumentar el vaivén de su política migratoria, el Gobierno ha pasado a diferenciar entre quienes llegan a España a bordo de una patera de quienes sortean las vallas de Ceuta y Melilla. “Legalmente es muy diferente cuando se rescata a alguien en una acción humanitaria en el mar de la situación de alguien que asalta una frontera”, ha afirmado Calvo.
Los argumentos se asemejan a los utilizados por el Gobierno popular, cuando Jorge Fernández Díaz pedía “diferenciar” a los solicitantes de asilo de los migrantes que saltan las vallas de Ceuta y Melilla. O Juan Ignacio Zoido, cuando aseguraba que, para pedir asilo, “no hace falta saltar la valla” porque “se puede solicitar en el puesto fronterizo”, aunque los datos muestran que las personas de origen subsahariano no tienen acceso a las oficinas de asilo de los puestos fronterizos. Ahora, Grande-Marlaska ha sugerido, para justificar el recurso por la condena de Estrasburgo, la posibilidad de que los afectados podían haber solicitado asilo ante las autoridades españolas en Marruecos antes de saltar la valla.
“Ha sido un salto violento y muy importante”, sostuvo en 2014, después de la entrada de 500 migrantes en Melilla, Fernandez Díaz. “Lo que se produjo en la frontera de Ceuta, las condiciones de violencia y riesgo hacia nuestros cuerpos de seguridad, es inaceptable”, ha defendido este viernes la vicepresidenta.
