Lamela, la juez que vio terrorismo en el acoso a la Guardia Civil en Alsasua

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien finalmente deberá decidir sobre la denuncia de la Fiscalía por sedición por los altercados en Barcelona, vio como un delito de terrorismo la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en un clima de acoso a este Cuerpo.

Lamela, que llegó a la Audiencia Nacional hace dos años, también tuvo en cuenta el carácter terrorista de los incidentes ocurridos el 11 de marzo en el casco antiguo de Pamplona, para aceptar la competencia de la Audiencia Nacional, al considerar que, lejos de ser un acto aislado de desórdenes públicos, fueron un conjunto de acciones violentas concertadas por un grupo de jóvenes.

Respecto a lo ocurrido en Alsasua, la juez procesó a nueve jóvenes como partícipes directos en la agresión, perpetrada el 15 de octubre de 2016, por terrorismo en concurso ideal con delitos de atentado, de odio y lesiones.

“Todos ellos conocían con anterioridad la condición de guardias civiles del teniente y el sargento (agredidos), siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados”, destacaba la juez en su auto.

Según la juez, los procesados formaban parte del movimiento “Ospa Mugimendua” en Alsasua -que dinamiza la campaña de la izquierda abertzale “Alde Hemendik” (Fuera de Aquí)-, dirigida a que los agentes se sientan “en todo momento objeto de grupúsculos violentos con el gran condicionante que ello supone para su vida diaria, llegando a tener miedo o dificultades para realizar actividades” cotidianas.

Además de temas de terrorismo, Lamela instruye también casos de corrupción como el que afecta al expresidente del Barça Sandro Rosell, al que envió a prisión el 25 de mayo acusado de quedarse con 6,5 millones de euros de la venta de derechos audiovisuales de 24 partidos amistosos de la selección brasileña de fútbol, que luego blanqueó en Andorra.

Lamela llegó a la Audiencia Nacional al quedar vacante la plaza del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional tras la marcha a París como juez de enlace de Javier Gómez-Bermúdez, al que temporalmente sustituyó el magistrado Juan Pablo González hasta que éste accedió a la Sala de lo Penal.

Poco antes de llegar al juzgado, Juan Pablo González había admitido a trámite una querella contra 5 ex dirigentes de ETA por un delito de lesa humanidad, causa que Lamela después acordó y repartir entre los juzgados de este tribunal para que cada uno decidiera si cabía imputar ese delito con respecto a los atentados instruidos por ellos.

La magistrada adoptó esta decisión al entender que no existe “ningún nexo de conexidad” entre los atentados a los que afecta este procedimiento que permitan “su conocimiento en una causa única”.

Esta resolución le valió ser recusada, sin éxito, por los padres de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, las dos últimas víctimas de ETA, y que junto a Dignidad y Justicia suscribían esa querella.

Al recusarla, los padres de los agentes alegaron que Lamela había sido asesora del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero “puesto ello en relación al proceso de negociación con ETA llevado por tal Gobierno”. El incidente fue finalmente rechazado al no existir “el menor atisbo de duda de su imparcialidad”.