El Principado de Asturias ha iniciado el procedimiento para declarar el Monolito de El Mazucu y sus alrededores, en el alto de la Tornería, en el concejo de Llanes, como Lugar de la Memoria Democrática de Asturias. La resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) destaca la relevancia histórica, memorial y simbólica de un enclave que fue escenario en septiembre de 1937 de uno de los episodios más destacados de la resistencia republicana durante la Guerra Civil.

Este monolito fue creado como espacio de memoria por la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) en reconocimiento a quienes defendieron la República y las libertades democráticas frente al golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura. Recuerda franquista, aparece con pintadas. El lugar fue elegido porque los montes de Llanes fueron escenarios de una de las peores batallas de la guerra civil durante dos semanas de septiembre de 1937, la batalla de El Mazucu. El frente norte republicano intentaba evitar el avance de las tropas franquistas hacia Asturias después de haber conquistado Bilbao y Santander, provocando cerca de 5.000 muertos.

El procedimiento de protección parte de una solicitud presentada el 29 de octubre de 2024 por la Federación Asturiana Memoria y República. Posteriormente, la Dirección General de Memoria Democrática promovió las actuaciones para proteger el enclave y la Comisión Técnica de Lugares de la Memoria Democrática acordó el pasado 10 de febrero abrir el procedimiento. El expediente considera acreditado que el lugar reúne valores históricos, memoriales, educativos, sociales y simbólicos suficientes para convertirse en uno de los espacios protegidos por la legislación asturiana de memoria democrática.

El Gobierno asturiano considera por ello que el monolito constituye un espacio que recuerda a quienes participaron en aquellos combates y simboliza la resistencia republicana en los últimos momentos de la Guerra Civil en Asturias. El expediente subraya también que El Mazucu fue uno de los últimos puntos que resistieron los ataques del bando sublevado antes de que el norte quedase bajo control de las tropas franquistas.

Este monolito fue vandalizado recientemente, apareciendo sin la placa conmemorativa y pintado con la frase “Lobo vivo y protegido”, mientras que en el muro que lo rodea se podía leer “Arriba España” y “Brigadas Navarras”, denunció la Federación Asturiana Memoria y República.

La apertura del expediente de protección ya tiene consecuencias sobre el enclave. El Principado ha ordenado su anotación preventiva en el Catálogo de Lugares de la Memoria Democrática de Asturias y ha suspendido cautelarmente las licencias municipales de parcelación, edificación o demolición, además de los efectos de las ya concedidas. Esta protección se mantendrá hasta que exista una resolución definitiva o la Consejería competente autorice expresamente alguna actuación.

La resolución abre ahora un periodo de información pública de 20 días hábiles para presentar alegaciones, observaciones o sugerencias. El Ayuntamiento de Llanes dispondrá igualmente de 20 días hábiles de audiencia. Tras la tramitación del expediente y la consulta al Consejo de la Memoria Democrática, corresponderá al Consejo de Gobierno decidir definitivamente sobre la declaración del Monolito de El Mazucu y sus alrededores como Lugar de la Memoria Democrática de Asturias.

Recuerdo a luchadores antifascistas

Precisamente este sábado 19 de septiembre tendrá lugar en el monolito el XIX Homenaje a los Luchadores Antifascistas 'El Mazucu', a las 13 horas. La convocatoria está promovida por la Federación Asturiana Memoria y República y Ahaztuak 1936-1977.

El acto rendirá homenaje a Marisol Álvarez, hija del guerrillero Andrés Llaneza 'el Gitano'. Participarán Carlos Aznárez, de Resumen Latinoamericano; la escritora y periodista Olga Rodríguez; el activista Rafa Palacios, en el marco del recuerdo a la resistencia argentina de 1976-2026; y la artista Rozalén.

El abogado de tres de los seis acusados de la paliza a dos militantes de AMA Asturies en las fiestas de San Mateo -dos detenidos este jueves y otro fuera de España de Erasmus- ha negado este jueves en el informativo TPA Noticias Matinal motivación política o de odio en la agresión. Los cinco detenidos este miércoles han pasado a disposición judicial en la mañana de este jueves en los juzgados de Oviedo. El sexto ha ofrecido su declaración por videoconferencia.

Tras comparecer en los juzgados los cinco detenidos han quedado en libertad con cargos y con una orden de alejamiento de las víctimas, miembros de la asociación AMA Asturies. La Fiscalía había pediro la libertad con la obligación de comparecer en el juzgado, además de la prohibición de aproximarse a las víctimas a menos de 200 metros y de comunicarse con ellas por cualquier medio. El juzgado no ha adoptado medidas de comparecencia porque todos tienen domicilio conocido y arraigo en Oviedo, ha informado el TSJ de Asturias. A los cinco detenidos y el otro acusado señalados como presuntos autores de la agresión se les imputan dos delitos de lesiones, uno de ellos menos grave, y un delito de odio motivado por homofobia.

El letrado Alejandro Álvarez-Buylla ha asegurado a la televisión pública del Principado de Asturias que “nuestra versión no deja de ser que ha salido una situación desafortunada que se produce por dos partes. Discuten, se increpan, que es producto también de la noche y del alcohol, y al final tuvo el desenlace que tuvo, simplemente es lo que intentaremos acreditar”. El abogado ha relatado que en cuanto recibieron la llamada de la Policía acudieron a Comisaría, asegurando que existe “total colaboración con la investigación”.

La Policía imputa a todos los jóvenes, entre 20 y 30 años y pertenecientes a un grupo ultra del Real Oviedo, delito de odio por homofobia y a cuatro de ellos de lesiones, según ha relevado la Delegación del Gobierno. Según el defensor los detenidos y el otro acusado tienen una situación de agobio “por todo el juicio público y social que se está haciendo”, negando “ningún tipo de contenido ni motivación política” y que la ideología estuviera detrás de los hechos.

La paliza ocurrió la semana pasada en la plaza de la Catedral de Oviedo, donde los agredidos, el exconcejal de Somos Rubén Rosón y Jorge Fernández (ambos miembros de AMA Asturies), colaboraban en una de las casetas instaladas por el colectivo Fiestes Populares con motivo de la celebración de San Mateo.

Según el relato de Rosón y Fernández, los atacantes trataron de arrancar un faldón con la bandera arcoíris de la caseta y a partir de ahí se inició la agresión, que fue grabada en vídeo por los viandantes y por la que ambos fueron trasladados luego al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) debido a las lesiones que sufrieron.

Para el abogado el video solo refleja “la mitad de la situación” y ha negado afiliación política o de grupos ultra de los presuntos agresores, “ninguno se dedica a salir por la calle a cazar a nadie ni a perseguir a nadie”

El abogado solicitará que se tramite el asunto como juicio rápido para su resolución. Ha apuntado que “son chavales que son gente joven, vienen de buena familia, es decir, que no tienen ningún problema, ni económico, ni social ni nada de eso” y ninguno tiene antecedentes penales.

El delito de lesiones conlleva penas de prisión de entre seis meses y tres años de cárcel y el de odio de uno a cuatro años de cárcel, además de las multas correspondientes.

Delito de odio y grupo ultra

La Policía Nacional atribuye un delito de odio a los seis jóvenes identificados, cinco de ellos detenidos este miércoles, como los presuntos agresores en las fiestas de San Mateo, al considerar que fue un ataque homófobo, recoge la Agencia EFE.

Así lo han apuntado en rueda de prensa la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y el jefe superior de la Policía Nacional en la comunidad autónoma, José Ignacio Moreno, quienes han detallado que a cuatro de estos jóvenes se les atribuye además un delito de lesiones ya que fueron los que cometieron la agresión física.

La identificación ha sido llevada por la Brigada de Información, cuyos integrantes son especialistas en identificar los delitos de odio, un asunto que está “muy normativizado y muy protocolizado” tanto en el Ministerio del Interior como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según la Policía los seis jóvenes identificados son miembros del “grupo ultra” del Real Oviedo 'Symmachiarii', si bien Moreno ha precisado que “la motivación de la agresión no tiene nada que ver con la violencia en el deporte” dado que los investigadores la encuadran en “una motivación homófoba”. Moreno ha incidido en que los jóvenes, de los que no constan antecedentes por hechos similares, cometieron la agresión mientras proferían gritos que se podrían “enmarcar en una doctrina de grupos de ultraderecha, o en esa línea”. A este respecto, el jefe superior de Policía ha advertido de que los delitos de odio “no son hechos aislados” porque cada vez “hay más”.

La delegada del Gobierno ha remarcado que “lo ocurrido en Oviedo no fue una discusión política ni una simple pelea entre jóvenes” porque “dos personas fueron golpeadas mientras se proferían expresiones como rojos de mierda, maricones de mierda y se gritaba arriba España”, algo que además sucedió después de que “atacaran símbolos LGTBI y una pancarta contra el racismo”.

Lastra ha afirmado que “los únicos responsables de una paliza son quienes dan la paliza”, pero ha precisado que todos los que tienen una responsabilidad pública tienen también “una responsabilidad democrática”, la de “no banalizar el odio, no normalizarlo y mucho menos justificar o minimizar la violencia, porque las palabras construyen convivencia, pero también pueden destruirla”.

Rectificación de Canteli

Las detenciones se conocieron tras un día en el que llegó la rectificación del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, de sus primeras declaraciones sobre la agresión sufrida por dos miembros de AMA Asturies. El regidor expresó su “rechazo” a lo ocurrido y su apoyo a las víctimas y sus familias, después de haber reducido inicialmente la paliza a una “anécdota” y afirmar sobre los agresores que no creía que fueran “tan mala gente”.

Canteli pasó a condenar “de forma rotunda y sin ningún tipo de matiz cualquier forma de violencia” y pidió a la Policía esclarecer los hechos, una rectificación que llegó tras las críticas de la izquierda y de los propios agredidos, Rubén Rosón y Jorge Fernández, quienes la consideraron insuficiente. La polémica alcanzó también la Junta General, donde PSOE, IU y Somos aprobaron una propuesta de reprobación al alcalde que no apoyaron PP, Vox ni Foro

La concentración prevista para este sábado 19 de septiembre en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo en protesta por la violencia y las palabras del alcalde Canteli se mantiene para reclamar  “un Ayuntamiento comprometido contra la violencia”.

En su programa electoral del 2023, Alfredo Canteli aspiraba a mantenerse en la alcaldía de Oviedo bajo las siglas del PP con un eslogan, “Sensatez para Oviedo”, arremetiendo contra la izquierda asegurando que si volvían a gestionar el municipio volvería el “desgobierno a la capital del Principado”. Logró mayoría absoluta, que el PP no disfrutaba desde el mandato 2007-2011 con Gabino de Lorenzo. Ahora esa “sensatez”, junto al eslogan municipal para ser Capital Europea de la Cultura 2031 –'amabilidá'–, han saltado por los aires por la enésima polémica del alcalde de la vetusta ciudad de Oviedo, que primero 'dispara' declaraciones cuestionables y luego tiene que acabar rectificando.

El pasado domingo, tras la brutal agresión de ocho personas a dos militantes de la asociación AMA Asturies en plenas fiestas de San Mateo, Alfredo Canteli encendió una mecha política que ha marcado sin duda el inicio de la larga precampaña electoral para las citas del 2027. Sin condenar la agresión, Canteli aseguró sobre los agresores: “No creo que sean tan mala gente”. Toda la izquierda se le echó encima pidiendo una rectificación. Tres días después el alcalde ha terminado rectificando a su manera asegurando que rechaza “de forma rotunda y sin ningún tipo de matiz cualquier forma de violencia, física o verbal, venga de donde venga y la ejerza quien la ejerza”.

Esta polémica es la última de un alcalde que siempre ha actuado como un verso libre dentro del PP, del que no es militante, y con un ejercicio del poder muy personalista. Canteli llegó a la alcaldía de Oviedo en el año 2019 gracias a un pacto con Ciudadanos y la abstención de Vox. Este 2027 volverá, con 80 años, a ser el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Oviedo, en un momento que la derecha asturiana cree que, además, puede hacerse con el gobierno autonómico.

Su primera controversia llegó cuatro días después haber sido elegido alcalde, y también justificando unos hechos violentos que costaron la vida a un profesor tras una pelea, David Carragal. Tras su fallecimiento, después de unos días en la UCI, el Ayuntamiento de Oviedo convocó un minuto de silencio en solidaridad. Allí Canteli se explayó justificando a los violentos: “Lo del otro día fue un accidente. Estoy seguro de que los tres chavales no querían llegar a este final, pero, por desgracia, fue trágico. Estoy seguro de que estarán pesarosos de haberlo hecho. Unas copas, un poco de discusión y al final mira como acabó esto; que no vuelva a pasar”.

Al día siguiente emitió un comunicado en el que explicaba estar perplejo “por el uso que algunos están tratando de hacer” de sus declaraciones, asegurando que no trató ni de “exculpar ni minimizar la responsabilidad de los presuntos culpables”. Se justificó diciendo: “Mi intención era destacar que se ha tratado de un hecho accidental, no por responder a un accidente, que evidentemente no lo fue, sino por su carácter excepcional en nuestra ciudad, una de las más seguras de España”.

Contra el Orgullo LGTBI

La segunda y notoria controversia llegó a los siete meses de ejercer el cargo, eliminar los bancos arcoíris de la plaza de la Escandelera de la ciudad, pintados en el año 2017 con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI bajo el gobierno tripartito de izquierdas. Se hizo justificando unas obras de accesibilidad, pero la izquierda denunció su eliminación como homofobia y como una política revanchista hacia los anteriores gestores de la ciudad. Canteli llegó a afirmar

En estos años han pedido la vuelta de los bancos arcoíris en repetidas ocasiones, algo que el alcalde ha descartado siempre, incluso el pasado domingo cuando rebajaba a “anécdota” la paliza a los militantes de AMA Asturies. “Mientras yo sea alcalde no van a volver”, reiteró.

Además, en todos estos años, la bandera arcoíris de reconocimiento a los derechos y lucha del colectivo LGTBI no se ha colgado del balcón de la casa consistorial de Oviedo. Desde la llegada de Canteli se desplazó a la oficina de Turismo y, en los dos últimos años, la bandera ha desaparecido del todo sustituida por colorear el calendario diario del Parque de San Francisco. Canteli se justificó en la última ocasión en el pleno asegurando que “nadie lo pidió”. Desde su llegada al gobierno municipal, PSOE e IU han insistido año tras año en que la bandera vuelva a ondear en el balcón de la sede del Ayuntamiento.

Minuto de silencio para hombres

El año pasado Canteli tuvo que volver a rectificarse tras unas declaraciones realizadas tras el minuto de silencio convocado por el asesinato de una mujer en Langreo a manos de su pareja. El alcalde cuestionó que no se guardaran por hombres asesinados: “Hay que estar aquí hoy, sí, pero hay que estar también cuando fallece un hombre”. Para rematar, señaló directamente a los migrantes, relacionando la inmigración con la violencia de género cuando aseguró que “llega de todo sin ningún tipo de control”, preguntándose y señalando, sin pruebas de ningún tipo: “¿Quién la mató? Un inmigrante”. Una periodista tuvo que corregir al regidor: el implicado era un ciudadano español y asturiano. Canteli le restó importancia al asunto diciendo: “Bueno, da lo mismo, no tiene nombre”.

El político acabó enmendado sus palabras unos días después asegurando que no se habían entendido: “Evidentemente me he explicado mal y, probablemente, también se han sacado de contexto mis palabras. Nadie puede dudar de mi compromiso personal en favor de la igualdad y en defensa de las mujeres ante la lacra que supone la violencia de género”. “Para despejar cualquier duda y erradicar el afán de alimentar polémicas estériles expreso mi condena y absoluto rechazo a la violencia de género y mi profunda solidaridad con las víctimas y familias”, remató en una sesión plenaria donde los demás partidos, excepto Vox, le reprocharon sus palabras.

En estas dos últimas y sonoras polémicas, el PP de Asturias, que lidera Álvaro Queipo, evitó reprender públicamente a su principal alcalde en la comunidad autónoma pese a las numerosas peticiones para hacerlo.

Este mismo miércoles, los dos agredidos la semana pasada, el exconcejal de Oviedo Rubén Rosón y Jorge Fernández, instaban a Queipo y Alberto Núñez Feijóo a que hicieran rectificar al alcalde. Rosón se preguntaba si no hay “nadie en el PP al que le parezca mal que a uno le pateen la cara”. Minutos después llegaba la rectificación de Canteli en la que aseguraba ahora que “podemos pensar de manera radicalmente diferente, pero ninguna diferencia política, ideológica o personal justifica una agresión”

Otra sonada rectificación de Canteli en su mandato como alcalde también tuvo lugar a los pocos meses de ocupar el cargo en el 2019. Tras recibir reproches de la oposición, por pasar supuestamente gastos de viaje con su mujer con dinero del Ayuntamiento al acudir a un evento en Madrid, admitió los hechos defendiendo el papel institucional que podía representar su esposa y que lo volvería hacer.

Al día siguiente, acabó rectificando con un comunicado en el que achacaba sus palabras en el pleno al “calor del debate político” y que la presencia de su pareja no supuso la imputación de “ningún gasto para las arcas municipales”, al igual que “no lo supondrá en el futuro”.

Este sábado 19 de septiembre la plaza del Ayuntamiento de Oviedo será escenario de una nueva concentración de rechazo a la violencia fascista pidiendo que la institución y sus representantes públicos no amparen la violencia.

El Tribunal Supremo ha anulado la sanción de un mes sin empleo y sueldo interpuesta a un guardia civil de la provincia de Ávila que apoyó a la formación de extrema derecha en una entrevista tras un acto de la campaña electoral autonómica de 2022 en Castilla y León y que, además, hizo diversas publicaciones en Twitter a favor del partido de Santiago Abascal. La sanción, calificad de muy grave, fue ratificada por el Tribunal Militar Central, pero ahora el Supremo la censura por falta de motivación.

Los hechos se remontan al año 2022, en plena campaña electoral que supuso la entrada por vez primera de la ultraderecha en un gobierno autonómico de coalición, cuando Vox realizó un mitin en la localidad abulense en la Plaza de la Constitución de Arévalo, protagonizado por Iván Espinosa de los Monteros, hoy ya fuera de Vox. Allí tuvo lugar una entrevista grabada por el canal EDATV de Javier Negre en la que el guardia civil alabó al partido político de forma expresa y se identificaba como víctima del terrorismo. “Vox es el que está consiguiendo romper esa cadena y ese silencio, porque el Partido Popular está acojonado, por no decir de una forma más suave, están acojonados... a quedarse calladitos”, aseguró realizando también críticas al PSOE, “Hace unos días se han juntado los del Partido Socialista de Euskadi con los de Bildu y lo puse en mi Twitter. Digo, la reunión de la cumbre del GAL con ETA, es que tiene cojones”.

El Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de Ávila recibe información a través de mensajes de WhatsApp sobre la intervención y abre un expediente informativo. Los guardias civiles tienen prohibido por su régimen “el desarrollo de actividades políticas o sindicales, así como ”organizar o participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical“. Del video se pasó a identificar la cuenta de Twitter (hoy X) y Facebook del agente en la que se realizaba expresiones como ”El Gobierno es cómplice de pederastas. Pásalo“, retuiteos a cuentas de Vox y comentarios de apoyo explícito a las candidaturas de Vox a las Cortes de Castilla y León.

Su actividad en las redes sociales, donde en algún mensaje sí se identificaba como guardia civil, llevó a varios medios de comunicación a identificarle y revelar que un agente del cuerpo realizaba manifestaciones políticas contrarias a su régimen disciplinario, algo que el Tribunal Militar Central consideró de relevancia por su identificación.

En julio del 2022 la Dirección General de la Guardia Civil impuso al agente una sanción de un mes de suspensión de empleo como autor de una falta muy grave por no cumplir su deber de neutralidad política. El Tribunal Militar Central ratificó en noviembre del 2025 la sanción al considerar que “No se está limitando a mostrar en calidad de víctima honorífica del terrorismo, el disgusto o la desafección, o el cansancio, o el desacuerdo o la decepción con determinadas políticas en esta materia, sino que explícitamente se está decantando por una opción política, la cual es Vox, y lo está haciendo tras un mitin de esta formación y en plena campaña electoral”.

Pero ahora el Supremo anula la sentencia del Tribunal Militar Central y ordena retrotraer las actuaciones para que el tribunal dicte una nueva sentencia valorando de forma explícita toda la prueba de descargo, ya que consideran en la sentencia condenatoria sin esa valoración vulnera los derechos del condenado y no pueden suplirse con jurisprudencia. Entre los testigos figuraba un hermano del agente que aseguró en sede judicial que el autor de la entrevista era él y no su hermano y la periodista que realizó la entrevista. El alto tribunal matiza, sin embargo, que “el reproche hemos de ceñirlo a la sentencia objeto de impugnación y no extenderlo a las resoluciones disciplinarias que en dicho recurso se revisaban”.

Según el criterio del Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Militar Central que ratificaba la sanción debe valorar expresamente el rechazo, o aceptación en su caso, de todas las pruebas que han llevado a condenar al guardia civil, ya que existe “el derecho del recurrente a conocer las razones por las que el Tribunal de instancia no toma en consideración las pruebas en las que ha basado su defensa en el recurso contencioso-disciplinario”.

El pasado jueves por la noche ocho personas dieron una paliza a dos miembros de las Fiestes Populares de Oviedo en plena celebración de San Mateo. Los agredidos eran el exconcejal Rubén Rosón y Jorge Fernández, ambos miembros de la asociación AMA Asturies, una de las promotoras de la programación festiva alternativa que intenta mantener unos festejos con base popular y vecinal, restringidos por el gobierno del alcalde Alfredo Canteli desde el año 2021. Ese mismo alcalde ha desdeñado este domingo la agresión fascista restándole importancia y defendiendo a los presuntos autores (de los que no se conoce públicamente su identificación): “No creo que sean tan mala gente”. Y sus palabras son consideradas por los afectados “de una vileza inhumana, parece que no tiene corazón”.

Rubén Rosón atiende a elDiario.es en la vorágine de unos días muy intensos, agradecido por el apoyo recibido tras sufrir la paliza con patadas y puñetazos y llevarse una brecha de varios puntos. Exconcejal de Oviedo por Somos y médico de profesión, Rosón valora que “para lo que pudo ser estamos bastante enteros, con abolladuras y una brecha ahí en la cabeza, pero bien”. “Por suerte, no fue más allá porque podían haberlo matado”. Se refiere a su compañero Jorge Fernández, que recibió golpes en la cabeza, “esas patadas a la cabeza, esa imagen que todos vimos, una patada mal encajada, pues, igual ahora mismo no estaría aquí. Por eso ante la gravedad, al menos por lo menos estamos aquí”.

Su móvil ya no da más de sí tras haber recibido cientos de mensajes de solidaridad. “No puedo usar WhatsApp ni Telegram prácticamente porque no paran de llegar mensajes”, explica para mandar un aviso muy contundente sobre todo lo que ha pasado desde la paliza, incluida la polémica política creada por el alcalde ovetense.

El apalizado lamenta las palabras del alcalde Canteli, “es una barbaridad lo que dijo, rebaja la agresión a una anécdota. Dijo que los chavales no serán tan malos como si los conociese de algo, no sé si los conoce o no, pero es gravísimo. Luego ya me atacó a mí intentando como embarrar el debate. Yo no dejo de ser un médico que se gana la vida con su trabajo en la sanidad pública”. “Ves el vídeo (de la agresión) y se te encoge el corazón, independientemente de quien sea nosotros condenaríamos si fueran sus nietos o sus hijos. ¿Qué pasa? ¿La agresión cómo tiene que ser? ¿Por qué él no lo hace? ¿Qué pasa en esa cabeza?”, añade. “Si ha sido para ganar unos votos de la extrema derecha es terrible, es que no tiene ni una pizca de corazón”.

“El alcalde de Oviedo no puede justificar una violencia como lo hizo, no está a la altura del cargo que ostenta como el mayor representante público de la capital de Asturias”, sentencia. Por eso piden al PP de Oviedo y de Asturias, del que Canteli no es afiliado ya que es independiente, que rechacen sus declaraciones y piden que Feijóo se pronuncie sobre si piensa lo mismo: “Si tiene un poco de humanidad que salga a rechazar las declaraciones de Alfredo Canteli y a solidarizarse con las víctimas, que es lo mínimo. El alcalde tiene que rectificar o que le hagan rectificar”.

AMA Asturies y la totalidad de la izquierda asturiana respaldaron una protesta el pasado sábado en el lugar de la agresión, la plaza de la Catedral de Oviedo, seguida de forma multitudinaria por miles de personas que rechazaron la violencia fascista. Rosón no tiene dudas en a quién responsabilizar del clima de odio local y lo hace en varios dirigentes de Vox en el Principado. “Días antes de empezar las fiestas Sonsoles Peralta (portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo) señaló en redes a las casetas de fiestas populares, a nosotros, como lo hace constantemente con otros eventos. Que qué hacemos y además diciendo que estas casetas son una vergüenza, etcétera. Todo un discurso de odio señalando directamente a través de redes sociales”.

Rosón relaciona también lo sucedido con otros polémicos llamamientos violentos como el del diputado asturiano de Vox José María Figaredo a “cazar inmigrantes”, “Es esto, es lo de salir a dar palizas la extrema derecha a la gente. Esto ya lo vivimos. Lamentablemente parecía ya olvidado, en los 80 y 90 se vivió muy intensamente, y parece que quieren volvernos a esa época más gris, casi predemocrática en la que estamos”.

Rosón relata que los ocho agresores “sabían muy bien lo que estaban haciendo”. “Vinieron a vandalizar una caseta con un faldón con una bandera arcoíris en defensa del movimiento LGBTI, a vandalizar una caseta antirracista y arrancar pancartas antirracistas. Vandalizar todo una serie de movimientos en defensa de los derechos humanos”. “Lo más importante no es si cabe estos ocho energúmenos que al final pues son ocho sinvergüenzas, lo que pasa es que están inyectados y turbo acelerados por el odio que le inculca todo un movimiento mediático y de partidos que están amparando la violencia”.

Vox se ha negado a condenar los hechos amparándose en la justificación de condena de “todo tipo de violencia'. ”Que una paliza sea una anécdota es una barbaridad. Les están diciendo a estos energúmenos que no pasa nada, seguid pegando palizas por la calle. Y luego sucede lo que sucede“, señala el agredido.

En su opinión, el clima de odio promovido por algunos partidos y medios de ultraderecha lo acaban pagando personas normales y corrientes. ¿Y cómo se puede parar esta espiral? “Primero, condenándolo y poniéndose del lado de los agredidos y no puede ser que haya ningún equívoco en las declaraciones públicas que ampare, defienda o blanquee a los violentos o los que generan odio en la sociedad”, incide Rosón. “Y la segunda es lanzar un mensaje de esperanza, porque sabemos que somos más y defendemos mejores valores, como se vio en la protesta del sábado con miles de personas. Compartimos una serie de valores cívicos y sociales que son los que hacen avanzar a la sociedad”.

La paliza tuvo lugar en una plaza donde cuelga un cartel gigante del Ayuntamiento de Oviedo con la palabra 'Amabilidá'. Se trata del eslogan escogido por la ciudad ovetense para promover su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. El consistorio aseguraba que esas palabras buscaban “reimaginar cómo nos relacionamos y cómo creamos un nuevo modelo de ciudad y sociedad en Europa, conciliando diferencias y sin voluntad de imponer, generando diálogo social e intergeneracional”. Para Rosón las palabras del alcalde no han podido ir más en contra de lo que promueve su gobierno y cree que incluso “ponen peligro la candidatura y todo el trabajo detrás de la misma” por ser todo lo contrario a lo que promueven estas distinciones europeas. La 'amabilidá' no tiene mucho que ver con la violencia ni con la justificación de la misma.

Pero pese a lo sucedido Rosón cree que “tenemos la obligación de ser optimistas, incluso después de una paliza. Incluso después de una agresión, porque Asturias siempre fue una tierra de acogida y una tierra solidaria. Una tierra también de luchas por los derechos humanos y los derechos civiles de las personas y creo que en el resto del Estado también se darán y se dan expresiones de lucha contra esto”.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha hecho este viernes 17 de julio un balance positivo de sus siete años al frente del gobierno regional, que ha considerado que han beneficiado de forma sustancial a la comunidad autónoma pese a que se han cruzado por el camino crisis graves como la de la pandemia.

El socialista ha desgranado varios datos para resumir su acción de gobierno desde el 2019 cuando asumió la presidencia sustituyendo a Javier Fernández. Barbón ha destacado la bajada del paro y el mayor número de cotizantes a la Seguridad Social, el incremento del Producto Interior Bruto de la región, la subida del número de empresas, la mayor inversión en investigación o en gasto sanitario y la inversión en educación como ejemplo de su buena gestión, entre otras.

También ha puesto en valor el crecimiento de habitantes del Principado en los últimos años, que ha supuesto revertir uno de los principales problemas, la demografía. En estos años Asturias ha ganado 5.000 habitantes más y se mantiene por encima del millón de vecinos y vecinas pese a la tendencia bajista acumulada de años anteriores. También ha destacado el saldo migratorio positivo que se ha incrementado estos años hasta las 14.000 personas anuales, “no hay semana que no me encuentre a alguien que ha venido a vivir a Asturias desde otra comunidad autónoma”.

Según Barbón, el balance “huye de la autocomplacencia” y representa un gobierno “que reconoce errores”. “Estamos construyendo un nuevo paisaje económico, haciendo Asturias desde la economía”, ha asegurado para defender las nuevas conexiones ferroviarias, aéreas y la movilidad interna del Principado con su tarjeta Conecta, que llega casi a medio millón de usuarios. Ha anunciado que en otoño habrá una rebaja de la tarifa plana de la tarjeta Conecta de 30 a 20 euros como medida extraordinaria ante las consecuencias de la guerra de Irán.

El presidente ha defendido asimismo sus planes contra el cambio climático, la inversión de más de 100 millones contra los incendios y las inversiones en el medio ambiente y la gestión industrial.

Barbón ha mantenido su negativa a la nueva financiación autonómica propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez al entender que no da solución a los problemas del Principado.

En su amplio repaso de temas, Barbón ha defendido también la gestión en materia sanitaria poniendo de ejemplo la ley de salud mental, el proyecto del nuevo Hospital de Cabueñes en Gijón o la lucha contra la soledad no deseada.

Además, ha puesto en valor el desarrollo de uno de sus proyectos estrella, 'Les Escuelines' infantiles que este año completarán su red o la matrícula gratuita en la Universidad de Oviedo.

Indra

El presidente del Principado ha defendido a preguntas de la prensa que existe “una sintonía plena” con Indra para que la empresa lleve a cabo la inversión en Barros (Langreo), donde la compañía quiere instalar una segunda planta de blindados en Asturias, y ha avanzado que “cuando sea el momento” se responderá “con hechos”.

Barbón ha hecho esta afirmación tras recibir ayer, jueves, en la sede de Presidencia al nuevo consejero delegado de Indra, Josep María Recasens, para analizar los planes de la compañía en la comunidad.

Barbón ha dicho que puede “contar muy poco por razones obvias de precaución”, pero ha remarcado que la reunión fue “muy clarificadora” y “muy, muy productiva” porque se constató que “hay sintonía plena entre Indra y el Principado para que esa inversión se haga”.

Vía Fiscal Asturiana

El líder socialista ha defendido también este viernes profundizar en la denominada 'vía fiscal asturiana' para favorecer a las clases medias y trabajadoras, que es la “inmensa mayoría social” de la comunidad, y ha asegurado que existe margen para el entendimiento con Convocatoria por Asturies-IU, su socio en el Ejecutivo.

A preguntas de los periodistas, Barbón ha señalado que su gobierno realizará simulaciones analizando los datos de que dispone para, posteriormente, realizar una propuesta a Convocatoria por Asturias-IU, que mantiene una posición contraria a bajar impuestos. “Hay margen para el diálogo durante los próximos meses. Hay margen habiendo voluntad de diálogo”, ha recalcado Barbón, quien ha afirmado que su gobierno no puede fallar a las clases medias y trabajadoras.

En este punto, ha comentado que es una “cuestión de justicia” que se pueda atender a una persona que haya incrementado su salario de 34.800 a 35.200 euros y que, por este motivo, haya perdido una deducción de 2.200 euros por dos hijos, según ha puesto como ejemplo.

“No tenemos ninguna duda de que nuestro sistema fiscal tiene que ser justo y progresivo y profundizar en la vía fiscal asturiana que lo que busca es favorecer a la clase media y trabajadora”, ha indicado tras rechazar que un trabajador que gane 60.000 euros pague menos IRPF.

Identidad asturiana

“Ha habido grandes avances en estos siete años y uno tiene que ver con nuestra propia autoestima, con la identidad de Asturias”, ha defendido. “Hemos provomido el respeto a nuestra cultura”, incidió para poner en valor la defensa de la lengua con la creación de la especialidad docente del asturiano y eonaviego reclamada durante años. La celebración del Día de la Bandera, el reconocimiento de la cultura sidrera como patrimonio de la humanidad también los ha puesto en valor.

“Asturias siembra futuro”, “Asturias por delante ante cualquier decisión”, ha defendido.

Barbón ha señalado que los tres momentos más difíciles de su mandato han sido la pandemia, el accidente minero de Zarréu con cinco fallecidos, “donde espero que avance la Justicia y que tengan la condena penal que merecen las personas responsables de estas muertes”, y las oleadas de incendios del 2023 y 2025.

“Hemos cometido fallos, sin duda, porque cualquiert actividad humana significa equivocarse pero lo que no nos ha faltado nunca son las ganas de servir a Asturias, de contribuir a este resurgir de Asturias, y de forma humilde y serena creo que estamos en el camino correcto”, aseveró.

El presidente del gobierno de Asturias cogerá vacaciones del 18 al 31 de julio según ha publicado el Boletín Oficial del Principado, periodo durante el cual la vicepresidente Gimena Llamedo se hará cargo de sus funciones.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha planteado la posibilidad de modificar la denominada vía fiscal asturiana para adaptar las deducciones del IRPF a la evolución de los salarios y evitar que familias de clase media pierdan los beneficios fiscales al superar ligeramente los límites de renta establecidos. Una propuesta del PSOE que ha tensado las relaciones con su socio de gobierno, IU-Convocatoria por Asturias, que rechazan ese planteamiento.

El jefe del Ejecutivo asturiano sostiene que la inflación y el incremento de los sueldos están provocando situaciones que considera “injustas” y que hacen necesaria una revisión del sistema, ha asegurado en un mensaje publicado en la red social X este miércoles. “La vía fiscal asturiana ha sido diseñada, desde su origen, para concentrar todas las ventajas fiscales en las clases trabajadora y media evitando que los que más ganan, paguen menos. Justicia Fiscal, siempre”, ha reseñado.

Barbón ha explicado que la política fiscal del Principado se diseñó para concentrar las ventajas tributarias en las rentas trabajadoras y medias, evitando rebajas generalizadas para los contribuyentes con mayores ingresos. Según ha explicao, ese modelo benefició a 126.000 contribuyentes en la declaración correspondiente a 2024, con cerca de 100 millones de euros en deducciones fiscales.

No obstante, el presidente considera que la actualización de los salarios está generando un efecto no previsto. Como ejemplo ha puesto el caso de una persona que pasaría de ingresar 34.800 a 35.200 euros anuales y que, pese a haber mejorado mínimamente su sueldo, perdería íntegramente una deducción de 2.200 euros por dos hijos al superar el umbral de 35.000 euros fijado para acceder a ese beneficio. “¿Es eso justo? No, no lo es”, ha afirmado.

A su juicio, la vía fiscal asturiana debe evolucionar para seguir cumpliendo su objetivo de proteger a la mayoría social. “Si la izquierda se queda en el dogma y no atiende a los problemas de las clases trabajadora y media, dejará de ser útil y estará dejando todo el espacio al crecimiento de la extrema derecha”, ha advertido, al defender que la justicia fiscal debe adaptarse a la realidad económica.

El presidente asturiano ha insistido en que el debate no pasa por reducir la tributación de las rentas más altas. De hecho, ha asegurado que cualquier reforma mantendría el principio de que quienes más ganan no se beneficien de una rebaja del IRPF. En ese sentido, ha criticado a la oposición de derechas al considerar que no respaldará una modificación que únicamente favorezca a las rentas medias y trabajadoras sin extender las rebajas fiscales a los contribuyentes con mayores ingresos: “ La derecha nunca apoyará esta mejora de la vía fiscal asturiana por una razón: porque los que más ganan no pagarán menos IRPF. A ellos las preocupaciones de la clase media, les dan igual”.

La propuesta del PSOE, socio mayoritario del gobierno de Asturias, ha chocado con sus socios de IU-Convocatoria por Asturias y el socio parlamentario de Somos, con el horizonte puesto en los presupuestos de la comunidad para el 2027. La número dos de IU Asturias, María José Miranda, advirtió que “no habrá bajada de impuestos con nuestros votos”, reprochando que la propuesta no obedece a un gobierno progresista, “Esto es un gobierno progresista, no socio liberal”.

La diputada del grupo mixto y líder de Somos Asturias Covadonga Tomé, con voto decisivo para la izquierda en la Junta General del Principado, también mostró su rechazo, “No vamos a supeditar bajo ningún concepto la negociación de los presupuestos a una propuesta fiscal”.

Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del pasado 22 de junio que declaró “favorable” el estado de conservación del lobo ibérico en las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea. Las organizaciones consideran que esa decisión, respaldada por Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria, abre la puerta a intensificar el control de la especie pese a que, aseguran, no existe respaldo científico suficiente para ello.

El recurso se dirige contra el acuerdo aprobado el pasado 22 de junio, que salió adelante con el voto en contra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Según las organizaciones ecologistas, el propio informe técnico elaborado por el ministerio advertía de que la ficha utilizada para justificar el cambio “adolece de justificación científica”, por lo que sostienen que la decisión respondió a una mayoría política y no a criterios técnicos.

Las entidades recurrentes relacionan esta decisión con la recuperación de los programas autonómicos de control del lobo tras la salida de la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en el 2025 y las puntualizaciones sobre los permisos de su caza contenidos en una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de este año.

En su recurso, Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico señalan que la población de la especie, estimada en 333 manadas, continúa por debajo de las alrededor de 500 unidades reproductoras que consideran necesarias para garantizar su viabilidad genética a largo plazo. También recuerdan que amplias zonas de distribución histórica aún no se han recuperado y que la población de Sierra Morena desapareció hace aproximadamente una década.

Las dos organizaciones argumentan además que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han establecido que no pueden autorizarse extracciones de ejemplares cuando el estado de conservación de la especie sea desfavorable. A su juicio, si el informe sexenal recurrido se remite finalmente a la Comisión Europea, desaparecería uno de los principales obstáculos legales para ampliar los controles poblacionales del lobo en España.

“No estamos ante un desacuerdo técnico legítimo, sino ante la imposición de una mayoría política sobre la evidencia científica. Que una especie deje de estar protegida no puede decidirse a golpe de votos autonómicos, sino con datos”, ha señalado Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción. “Detrás de este posicionamiento de las comunidades autónomas subyace el propósito de matar lobos con cobertura legal. Ya entre 2025 y principios de 2026, Cantabria mató más lobos de los que marcó su propio plan, y Asturias abatió decenas de ejemplares, entre ellos hembras gestantes y cachorros”, cuestiona Ernesto Díaz, portavoz del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico.

En los dos últimos años el lobo ha vivido una compleja situación administrativa y legal. En marzo del 2025 el lobo ibérico quedó fuera del Lespre (listado de especies protegidas) por al aprobación de una enmienda del PP en la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que desprotegió la especie. El Defensor del Pueblo ha recurrido esta norma al Constitucional, pero está pendiente de resolución.

En febrero de este año una sentencia del Tribunal Supremo señaló que la autorización de la caza del lobo solo sería posible “cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado”. En ella se especifica que la muerte de ejemplares del lobo “deben someterse a unas rigurosas condiciones” después de que se hayan analizado “medidas alternativas” que “razonablemente” puedan adoptar los ganaderos para impedir los ataques del lobo. Según las comunidades autonómas esta situación ya se da y han ido aprobando programas de control del lobo para volver a permitir su caza.

El recurso llega el mismo día en que el Boletín Oficial del Principado publica la modificación del II Plan de Gestión del Lobo de Asturias, con la que el Gobierno autonómico recupera la cobertura jurídica para aprobar nuevos programas anuales de control de la especie tras los cambios legislativos y la sentencia del Tribunal Supremo.

“Vamos a seguir en los tribunales las veces que haga falta. Es lo que le debemos a una especie perseguida durante siglos y que, por fin, empezaba a recuperar, muy tímidamente, solo una parte de lo que arrebatamos”, inciden las organizaciones recurrentes ante los nuevos planes de matar lobos en España.

El profesorado de lengua asturiana y eonaviego contará por primera vez con una especialidad docente propia. Así lo han anunciado en Madrid el Gobierno del Principado y el Ministerio de Educación, lo que permitirá modificar la normativa estatal y hacer posible un reconocimiento largamente reclamado por la comunidad educativa, que se había movilizado en los últimos meses reclamando el cambio legal.

El anuncio lo han formalizado este miércoles en Madrid el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, tras una reunión en la que también participaron la consejera de Educación, Eva Ledo, y el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa.

La modificación normativa responde a una reivindicación histórica del profesorado de ambas lenguas y pretende corregir una situación que el propio Ejecutivo asturiano reconoce como un abuso de temporalidad. Al no existir hasta ahora una especialidad docente oficial, no era posible convocar plazas específicas, lo que ha provocado que numerosos profesores permanezcan durante años como interinos, superando ampliamente el límite de tres años previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.

El Principado sostiene que el acuerdo permitirá mejorar de forma sustancial la estabilidad laboral de este colectivo y garantizará también sus posibilidades de promoción profesional, equiparándolas a las del resto del profesorado. Además, recuerda que la medida da cumplimiento tanto a la Ley de Uso y Promoción del Bable/Asturiano, vigente desde 1998, como a los compromisos asumidos por España con la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

Los más de 300 docentes de las lenguas propias del Principado llevan meses movilizándose reclamando al Ministerio la aprobación de la especialidad, incluso llevando el asunto al Defensor del Pueblo. “La normativa educativa de mayor rango, la LOMLOE, permite expresamente la enseñanza de estas lenguas incluso sin estatus de cooficialidad”, habían expresado.

La creación de la especialidad llega en un momento de crecimiento de la enseñanza de las lenguas propias según los datos del Principado. Durante el curso 2025-2026, el sistema educativo asturiano contó con 318 docentes de asturiano y eonaviego —295 de lengua asturiana y 23 de eonaviego— y la matrícula alcanzó los 30.782 estudiantes, un 34,2% más que el curso anterior. Se trata del cuarto incremento anual consecutivo, impulsado en parte por la incorporación de esta enseñanza como oferta voluntaria en el segundo ciclo de Educación Infantil.

El acuerdo también forma parte de los compromisos recogidos en el Pacto Asturias Educa, firmado hace un año como hoja de ruta para reforzar el sistema educativo público, y abre la puerta a la futura convocatoria de plazas estables para un profesorado que hasta ahora carecía de una especialidad propia pese a impartir estas enseñanzas desde hace décadas.

Satisfacción

La Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego/Gallego-Asturiano (ADAE) ha expresado su “inmensa satisfacción” por el anuncio del Ministerio de Educación de iniciar la tramitación para la creación de las especialidades docentes, “un primer paso firme para alcanzar la plena equiparación” de sus derechos laborales con los del resto del profesorado, recoge la Agencia EFE.

En un comunicado, el colectivo, formado por más de 300 profesores interinos, ha resaltado que “se trata de un momento histórico que supone el primer paso decidido para poner fin a una discriminación laboral que se ha venido perpetuando durante décadas”.

ADAE ha destacado que el anuncio es “el resultado del trabajo, la constancia y el compromiso de mucha gente” y por ello ha agradecido la contribución y apoyo del Gobierno del Principado; de los sindicatos, “especialmente CCOO y SUATEA”; los partidos políticos Aína, IU-Convocatoria por Asturies, Foro, Podemos, PSOE y Somos, además de otros colectivos, asociaciones y medios de comunicación que han respaldado la reivindicación.

“Mil gracias al profesorado de nuestras especialidades. Este logro no pertenece a nadie en particular: es el fruto de décadas de reivindicación, del trabajo del profesorado que nos precedió y del compromiso de quienes recogimos su testigo”, han afirmado desde la asociación, quien ha recordado que llevaaños defendiendo que “no existía un impedimento legal, sino falta de voluntad política” para “dignificar” el trabajo del colectivo.

ADAE ha preciado que “aún queda camino por recorrer en los próximos meses hasta que las especialidades sean una realidad definitiva”, pero ha resaltado que “el principal obstáculo ya está superado, gracias al consenso social, sindical y político construido en torno a esta reivindicación”.

La plataforma Iniciativa pol Asturianu también ha celebrado el visto bueno a la creación de la especialidad docente al considerar que “esta decisión supone un paso adelante para la enseñanza del idioma, al mejorar la calidad educativa, reconocer el trabajo del profesorado y dignificar la presencia de las lenguas propias en el sistema educativo”.

Desde el ámbito político, el portavoz parlamentario de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha pedido en un comunicado que la medida, que da respuesta a una “reivindicación histórica”, se haga realidad “lo antes posible” y ha reprochado al PP su “oposición” a una medida que “resulta fundamental para proteger los derechos laborales del profesorado de las lenguas propias de Asturias”.

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este miércoles la ofensiva planteada por la derecha asturiana, PP y Foro en materia de residuos. Los votos de la izquierda -PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y Somos- han evitado que salieran adelante las dos proposiciones que forzaron este pleno del parlamento asturiano. La ultraderecha de Vox se sumó a los postulados de PP y Foro pero fueron insuficientes.

Uno de los punto de debate fue la reprobación del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, por la gestión de los residuos del Principado que están en manos del consorcio Cogersa, rechazado por 23 votos en contra y 22 a favor. El otro sometido a votación era la solicitud de elaboración de un diagnóstico actualizado sobre la situación del sistema asturiano de gestión de residuos, que la izquierda también rechazó por ver las propuestas y el debate viciado.

En realidad el pleno estaba totalmente dedicado a la gestión de las basuras, que el PSOE calificó como “serpiente de verano”, primero con la petición de comparecencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, que no se produjo entre reproches de la derecha, y la posterior comparecencia del consejero en la materia, que hizo un análisis de la situación y comprometiéndose a negociar y aprobar este año el nuevo plan de gestión de residuos.

PP y Foro pedían reprobar a Calvo por su “falta de liderazgo, diligencia, planificación, transparencia y capacidad de gestión en el ejercicio de sus responsabilidades” en la consejería y como presidente de Cogersa, así como por “haber ocultado información relevante” al parlamento sobre la gestión del combustible sólido recuperado (CSR). Los dos grupos parlamentarios han justificado aprobar este reproche político al titular de Medio Ambiente por “no ofrecer a Asturias una dirección clara, una planificación solvente ni un calendario creíble” ante la elevada dependencia del vertedero y la falta de una solución estable para el CSR.

Calvo ha indicado que el Gobierno está impulsado la “revisión” del enfoque del Pireca, cuya versión inicial y su correspondiente estudio ambiental estratégico estarán listos en septiembre, para luego dar paso a la fase de información pública para la presentación de las alegaciones antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno entre diciembre y enero.

Será en el marco del Pireca en el que se abordará la decisión sobre el CSR que se genere en la planta de tratamiento de fracción resto, cuyo debate “debería ser el final del proceso”. “No puede constituir ningún punto de partida del sistema”, ha apuntado antes de pedir que el debate se centre en la importancia de la reducción de residuos para que la producción de CSR vinculada a la fracción resto “sea cada vez menor”.

En relación a esta cuestión, el consejero ha dicho que se abordará cuáles son las opciones de valorización previstas por la jerarquía europea para los materiales que no admiten ninguna recuperación. “A medida que mejora la recogida separada, se minimizará la cantidad de CSR disponible”, ha insistido.

El socio de gobierno del PSOE Convocatoria por Asturies-IU sí que ha aprovechado la situación para pedir al consejero Alejandro Calvo, un cambio en la “orientación de Cogersa y en su dirección gestora”, al considerar que el consorcio debe iniciar una “nueva etapa y una ruptura conceptual” y superar un ciclo que “se ha agotado”. “Cogersa debe ser dueña de sus procesos y debe mejorar su gobernanza, su transparencia y su capacidad de ejecución”, ha dicho la diputada de IU Delia Campomanes en un pleno extraordinario.

No a la incineración

PP, Foro y Vox han defendido en el pleno la construcción de unas instalaciones para la quema de residuos (valorización), que según el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, es la solución adecuada ante el colmatamiento del centro de residuos y la necesidad de buscar nuevos planteamientos en la gestión. Los populares han acusado al Gobierno del Principado de haberla impulsado “por la puerta de atrás”.

“No podemos seguir convirtiendo un problema estructural en una sucesión de parches. Ha llegado el momento de tomar decisiones”, ha señalado Queipo, quien ha subrayado que esta medida no pretende sustituir al reciclaje, sino ejecutarla cuando un residuo ya no tiene una salida material viable.

En la misma línea, el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha pedido al consejero nos posponer este debate ni tomar decisiones “a golpe de improvisación”.

El PSOE ha enmarcado esta iniciativa en la “ansiedad electoral” de la derecha tras insistir en que el debate no debe partir sobre qué hacer con el CSR, porque “solo cuando no existe otra alternativa se plantea cómo gestionar la fracción residual”.

El diputado Ricardo Morales ha insistido en que el PSOE no cuestiona la valorización dentro de la jerarquía de gestión de residuos tras apuntar que en ese proceso de planificación se deben analizar las capacidades industriales públicas de la comunidad. “La preferencia por lo público no significa anticipar cuál debe ser la solución”.

Mientras que Vox ha apoyado la proposición porque “lo que ya no se puede reciclar hay que quemarlo”, IU ha señalado que valorización “no puede ser el punto de partida” al incidir en la importancia del aumento de las tasas de reciclar y admitir, no obstante, que hay que abordar la solución para la fracción resto.

Por su parte, Tomé se ha mostrado “completamente en contra de la incineración”.

El segundo gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León vuelve a incrementar su número de altos cargos, que harán que por primera vez éstos sean más de un centenar. Este lunes un Consejo de Gobierno extraordinario, no comunicado previamente, ha aprobado la nueva estructura del gobierno autonómico, que superará la del primer gobierno con la extrema derecha (2022-2024) y el posterior del PP en solitario (2024-2026).

La Junta defiende que el nuevo organigrama responde a la necesidad de “dar un impulso decidido a la Comunidad” y adaptarse a “los nuevos retos tecnológicos, sociales y demográficos”. El resultado es una Administración autonómica con más altos cargos que la diseñada hace cuatro años tras el primer acuerdo de coalición entre PP y Vox, cuando entonces prometieron recortar el “gasto político” y en esta legislatura reducir las “trabas” burocráticas y reducir la administración.

El nuevo gobierno contará con al menos 105 personas como altos cargos: presidente, vicepresidenta, diez consejeros y consejeras (incluyendo vicepresidente); once viceconsejerías; diez secretarías generales; 63 direcciones generales o cargos asimilados y nueve delegados territoriales. En el último gobierno del PP este número de altos cargos era de 96, aunque solo se ocupaban 93, y en aquel primero de PP y Vox sumaron hasta 99, pese a que llegaron prometiendo que iban a rebajar los costes políticos.

Esto supone que el menos habrá nueve personas más como miembros del Gobierno respecto al último gobierno del PP de Mañueco en solitario. El récord de miembros del gobierno llegó a los 100 en el año 2023, cuando se creó el puesto de Delegado para el Corredor Atlántico que recayó en el exCiudadanos Luis Fuentes, que no se ha caracterizado por una intensa actividad, en un puesto que seguiré existiendo en el nuevo gobierno de coalición.

Las direcciones generales y cargos equivalentes pasan de 57 a 63, es decir, seis más que en el final la anterior legislatura, mientras que los viceconsejeros pasan de 10 a 11, manteniendo el número de secretarios generales, uno por consejería, y de delegados territoriales, uno por provincia.

La ampliación del Ejecutivo autonómico se traduce también en un aumento del coste, que se elevará en cerca de 700.000 euros más al año respecto al último gobierno de Mañueco, teniendo en cuenta el coste medio de los directores generales y viceconsejeros en el año 2026, disponible en el portal de transparencia de la Junta de Castilla y León.

En el inicio del año 2026 los 45 directores generales que tenía la Junta de Castilla y León en activo con el gobierno del PP de Mañueco en solitario tenían un sueldo medio bruto de 79.392,54 euros. En el caso de los viceconsejeros ascendía el sueldo medio bruto anual a 89.846,76 euros.

Las cifras son aproximadas ya que el sueldo de cada alto cargo depende también de si ejercía antes de funcionario y su categoría y carrera profesional, lo que conlleva que los salarios de los directores generales oscilaran este año 2026 entre los 95.512,66 y los 70.299,18 euros. Lo mismo pasa con las viceconsejerías, cuyos pagos del último gobierno del PP variaban entre los 108.355,58 y los 82.792,94 euros.

Una estructura en aumento

Si se comparan los cargos de este segundo gobierno de coalición con aquel primero del año 2022 con Juan García-Gallardo como vicepresidente la brecha es todavía mayor. El aumento de cargos se concentra especialmente en las direcciones generales, con nuevas áreas específicas como Administración Digital e Inteligencia Artificial, Desregulación, Prevención y Extinción de Incendios Forestales o Bienestar Educativo.

En 2022, Juan García-Gallardo, de Vox, llegó a una vicepresidencia sin cartera ejecutiva y con funciones limitadas, como la representación en el Comité Europeo de las Regiones. Junto al titular del Gabinete del Vicepresidente había a Dirección de Coordinación e Interacción Social —estos dos como figura de Secretario General— y una Dirección General de Relaciones con la Sociedad Civil.

Para esta legislatura, las dos vicepresidencias, ahora sí con competencias de gobierno aunque una sigue sin consejería, suman más una decena órganos directivos. La vicepresidencia primera de Pollán incorpora una Dirección de Coordinación Institucional y una Dirección de Estudios, además de Direcciones Generales de Desregulación, Familia, Juventud, Adicciones y Ayudas Sociales. En el caso de Isabel Blanco, que asume áreas de otras consejerías, tiene la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, el Comisionado para la Despoblación y Ordenación del Territorio, la Agencia de Protección Civil y Emergencias, y la Dirección General de la Mujer e Igualdad de Oportunidades.

La 'macroconsejería' de Sanidad y Bienestar Social, en la que repite de consejero Alejandro Vázquez concentra buena parte de ese aumento de órganos directivos. La integración de las competencias sanitarias con las relacionadas con mayores, discapacidad y dependencia obliga a rediseñar el departamento y explica buena parte del aumento del organigrama.

La consejería de Sanidad pasa a contar con dos viceconsejerías —Sanidad y Bienestar Social— y mantiene las direcciones generales de Salud Pública y de Planificación, Investigación e Innovación. A ellas se suman cuatro nuevas direcciones generales dentro de la Gerencia Regional de Salud después de dividir la antigua Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización en dos órganos diferentes —Asistencia Sanitaria y Cuidados, por un lado, y Humanización, por otro— y crear otras dos áreas dedicadas a Salud Digital e Infraestructuras Sanitarias y a Calidad, Evaluación e Inspección Sanitaria.

Además, la Gerencia de Servicios Sociales separa en dos la antigua dirección que agrupaba las competencias de mayores, discapacidad y dependencia. Se crean la Dirección General de Personas Mayores y Personas con Discapacidad y la de Atención a la Dependencia.

La Junta, en un comunicado, explica que esta reorganización permitirá responder mejor al envejecimiento de la población, al aumento de las situaciones de dependencia y a la necesidad de coordinar los sistemas sanitario y social.

Nuevos cargos para Vox

Otra de las novedades de la legislatura es la creación de la consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, adscrita a la Vicepresidencia Primera que dirige Carlos Pollán, de Vox. Este área incorpora cargos como como la Dirección General de Desregulación, la Dirección General de Juventud, la Dirección de Coordinación Institucional y la Dirección de Estudios. A ellas se suman reformuladas la Dirección General de Familia; la de Ayudas Sociales y el Comisionado para las Adicciones. Las áreas de Mayores y Discapacidad se transfieren a Sanidad; y Mujer a Presidencia.

Agricultura, de Vox en 2022 y ahora en 2026, amplía sus competencias al incorporar áreas relacionadas con la política ambiental, la caza, la pesca y el medio rural. Si en 2022 había cuatro direcciones generales: la Industria y la Cadena Agroalimentarias, de Producción Agrícola y Ganadera, de Política Agraria Comunitaria (PAC), y de Desarrollo Rural, ahora serán seis sumando la Dirección General de Caza, Pesca y del Medio Rural y de la Dirección General de Política Ambiental

Por su parte, Cultura mantiene de forma idéntica sus cuatro direcciones generales al igual que en 2022, cuando también pertenecía a Vox: Patrimonio Cultural, de Políticas Culturales, de Turismo y de Deportes.

Más áreas para el PP

La digitalización es otro de los ámbitos que gana peso en la nueva estructura. La consejería de Movilidad, que lidera Cristina Sanchidrián, incorpora una Dirección General de Administración Digital e Inteligencia Artificial, encargada de coordinar la estrategia autonómica en esta materia, la gobernanza del dato y la política de seguridad de la información. También se mantiene la figura del Delegado para el Corredor Atlántico y redes complementarias.

En Medio Ambiente, el Ejecutivo separa por primera vez la Prevención y Extinción de Incendios Forestales en una dirección general específica e incorpora además las competencias de Energía y Minas, hasta ahora dependientes de Economía y Hacienda. Educación también modifica su estructura con la creación de una Dirección General de Bienestar Educativo. Pero se mantiene una Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal donde antes estaba la extinción de incendios y que se queda sin sellas.

La consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que en 2022 estaba en manos de Vox como Industria, Comercio y Empleo incorpora la Dirección de Universidades e Investigación que procede de Educación.

Presidencia y Economía y Hacienda reducen sus altos cargos

La consejería de la Presidencia constituye la principal excepción. Aunque pasa a integrar centros directivos dependientes tanto de la Presidencia de Alfonso Fernández Mañueco como de la nueva Vicepresidencia Segunda de Isabel Blanco—entre ellos Vivienda, Protección Civil, Mujer o el Comisionado para la Despoblación—, reduce parte de su estructura propia mediante la fusión de varios órganos.

Desaparecen como departamentos independientes Acción Exterior y Relaciones Institucionales, que pasan a integrarse en una única dirección general, y también se unifican Transparencia y Atención al Ciudadano. Según la Junta, estas decisiones buscan mejorar la coordinación y ganar eficiencia administrativa, aunque Vox ya ha avisado, como recoge el pacto de Gobierno, que será competencia suya revisar la Acción Exterior y las subvenciones que se dan a ONGs.

Otra consejería que pierde una dirección general es Economía y Hacienda. El área de Carlos Fernández Carriedo se desprende de Energía y Minas, que se va a Medio Ambiente, y pasa ahora a tener cinco: Tributos y Financiación Autonómica; de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística; Intervención General de la Administración de la Comunidad; del Tesoro y de Política Financiera; Política Económica y Competitividad.

Han tenido que pasar casi tres meses de las elecciones autonómicas para que Castilla y León tenga un gobierno con sus consejeros nombrados. Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Ejecutivo autonómico, ha presentado este sábado en la sede de la Presidencia a los miembros del Consejo de Gobierno fruto del pacto entre el Partido Popular y Vox. Son cuatro mujeres y siete hombres.

En el reparto de consejerías a Vox le corresponden una vicepresidencia y tres consejerías para la formación de extrema derecha que lidera Carlos Pollán, quien será vicepresidente primero y titular de la consejería de Desregulación y Familia, y siete para los 'populares', además de la vicepresidencia segunda, que ha recaído en la hasta ahora vicepresidenta Isabel Blanco y que tendrá competencias en Vivienda, Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades, Despoblación y Protección Civil aunque sin rango de consejería.

La continuidad de nombres, salvo los de Vox, es la tónica del nuevo Ejecutivo. El hasta ahora controvertido consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, se mantiene en el Gobierno pese a las críticas por su gestión en los incendios del año pasado, aunque pasará ahora a llevar la consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que tendrá como competencias la relaciones con patronal y sindicatos que tanto cuestiona Vox. También repiten el consejero de Economía y portavoz, el histórico Carlos Fernández Carriedo; el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago; el de Sanidad, Alejandro Vázquez. La hasta ahora consejera de Agricultura, María González Corral, pasa a hacerse cargo de Medio Ambiente, con las competencias de incendios forestales.

Los nuevos nombres del PP son los de dos mujeres. La profesora universitaria vallisoletana María Pardo y hasta ahora directora general de Vivienda asume la consejería de Educación y la abulense Cristina Sanchidrián se hará cargo de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

Los nuevos consejeros de Vox son en Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental son Joaquín Antonio Pino, hasta ahora presidente de Asaja Ávila, y en Cultura, Turismo y Deporte, procurador por Valladolid José Alberto Díaz Pico y uno de los protagonistas de la disputa de asiento en la sesión de investidura.

Este es el reparto de consejerías y competencias del Gobierno PP y Vox en Castilla y León:

Partido Popular

- Presidencia de la Junta de Castilla y León: Alfonso Fernández Mañueco

- Vicepresidencia Segunda. Isabel Blanco Llamas. Sin consejería propia, pero con competencias en Vivienda, Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades, Despoblación y Protección civil (repite como vicepresidenta)

- Consejería de la Presidencia: Luis Miguel González Gago (repite en el cargo)

- Economía y Hacienda y portavocía: Carlos Fernández Carriedo (repite en el cargo)

- Industria, Universidades, Empleo y Comercio: Juan Carlos Suárez-Quiñones (cambia de consejería)

- Medio Ambiente y Energía: María González Corral

- Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial: Cristina Sanchidrián

- Sanidad y Bienestar Social: Alejandro Vázquez (repite en el cargo)

- Educación: María Pardo

Vox

- Vicepresidencia Primera y consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales: Carlos Pollán

- Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental: Joaquín Antonio Pino. Incluye competencias en caza, pesca y prevención, control e inspección ambiental:

- Cultura, Turismo y Deporte: José Alberto Díaz Pico

Competencias específicas

En la explicación del nuevo gobierno, que se publicará el lunes en el boletín oficial, Mañueco ha detallado algunas competencias. La vicepresidencia primera de Vox se encargará de racionalización y simplificación administrativa, así como las competencias de cooperación al desarrollo, juventud, familia, infancia y atención a la diversidad. También materia de drogodependencia, inclusión social, inmigración y cooperación con el tercer sector.

La vicepresidencia segunda ejercerá las competencias en materia de vivienda y ordenación del territorio y por tanto también las de urbanismo, suelo, arquitectura y rehabilitación. También otras competencias como las de mujer e igualdad de oportunidades.

La consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ejercerá las competencias que hasta ahora correspondían a la propia Industria, Comercio y empleo, además de universidades e investigación. La consejería de Medio Ambiente y Energía asumirá las competencias de la consejería de Medio Ambiente, vivienda y ordenación del territorio salvo las que se han ido a la vicepresidencia segunda relativas a la vivienda y a la protección civil, además de las competencias en energía y minas que estaban hasta ahora en Economía.

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social ejercerá las mismas competencias de Sanidad que hasta este momento tenía y se le añaden las de la atención y servicios sociales de las personas mayores y discapacidad, así como la atención a la dependencia.

Por territorios el Gobierno tendrá cuatro miembros de Valladolid, dos de León, dos de Ávila, uno de Salamanca (la presidencia), uno de Burgos, una de Zamora y uno de Palencia. En primera fila no figura nadie de las provincias de Soria o Segovia.

El pacto de PP y Vox asume el principio de 'prioridad nacional' impuesto por la extrema derecha, y defendido de forma abierta por Mañueco, buscando restringir determinadas ayudas públicas a un concepto de 'arraigo previo' en España y en la Comunidad; también contempla eliminar subvenciones a ONG que trabajen con inmigrantes irregulares y promover el retorno de menores migrantes no acompañados. Recupera la llamada Ley de Concordia como alternativa a las políticas de memoria histórica e impulsa una rebaja del papel de sindicatos y patronal en el Diálogo Social como la anterior legislatura. El segundo acuerdo es un salto en el que la agenda ideológica de Vox impregnará buena parte de la acción del futuro gobierno.

El nuevo gobierno, que tomará posesión este lunes, es el segundo fruto de un acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León tras el que funcionó, con notables polémicas, entre los años 2022 hasta 2024. En aquel gobierno la extrema derecha asumió una vicepresidencia sin apenas funciones, en manos de Juan García-Gallardo, y tres consejerías: Cultura, Agricultura y Empleo e Industria.

La Junta de Castilla y León ha dado este miércoles carpetazo a uno de sus propios proyectos mineros, muy polémico por situarse en plena Sierra de la Culebra de Zamora, en la comarca de Sanabria, y a escasa distancia de Portugal, un país donde se había generado un amplio rechazo por afectar a zonas protegidas. La consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha publicado la denegación de la autorización ambiental de la mina a cielo abierto de estaño y wolframio denominada Valtreixal, solicitada en el año 2009 por la sociedad Valtreixal Resources Spain, filial del grupo de origen canadiense Almonty Industries.

La explotación pretendía ocupar 246 hectáreas en los términos municipales de Pedralba de la Pradería y Cobreros, proyectaba una mina a cielo abierto con una vida útil de 17 años. Su localización concreta se situaba en plena Red Natura 2000, en el Lugar de Interés Comunitario 'Sierra de la Culebra', a 4 kilómetros aguas arriba del Parque Natural del Montesinho, en Portugal, y en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, hogar del lobo ibérico.

La Junta de Castilla y León ha concluido con una negativa la solicitud de autorización ambiental presentada en el año 2019 “por entender que el proyecto podría suponer afecciones e impactos severos a los valores naturales con los que coincide en un amplio territorio transfronterizo, resultando ambientalmente inviable, tal y como se ha puesto de manifiesto en el análisis técnico efectuado y, en especial, en la valoración realizada desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal en su informe relativo a las afecciones al medio natural, así como en el resultado de las consultas transfronterizas realizadas al Estado de la República de Portugal”.

La resolución, firmada por el consejero en funciones Juan Carlos Suárez-Quiñones, califica el proyecto como “ambientalmente inviable”. Los informes técnicos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal advirtieron que la mina causaría perjuicios irreparables a la integridad de espacios de la Red Natura 2000, específicamente a las Zonas de Especial Conservación (ZEC) 'Riberas del Río Tera y afluentes' y 'Sierra de la Culebra'.

El proyecto contemplaba una capacidad de procesado de 500.000 toneladas anuales de mineral durante 17 años. De este volumen, se estimaba una producción anual de entre 770 y 1.300 toneladas de concentrados de wolframio y entre 500 y 620 toneladas de concentrados de estaño.

Un proyecto impulsado por la propia Junta de Castilla y León

La controvertida mina a cielo abierto era, en realidad, un proyecto impulsado por la Junta de Castilla y León a través de la sociedad mixta Siemcalsa, que se hizo con los derechos mineros en el año 2006 de una explotación concedida en 1978 pero que nunca se llevó a cabo. Los orígenes mineros de la zona se datan a finales del S. XIX y en 1932 hubo una explotación de wolframio denominada Alto Calabor.

En el año 2013 la multinacional Almonty Industries firma un acuerdo de opción de compra con SIEMCALSA para adquirir el 51% del proyecto, del que se hizo con la totalidad en el año 2017. El 1 de abril del 2019 se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León la solicitud de declaración de impacto ambiental del llamado proyecto minero Valtreixal.

En el 2020 la Junta de Castilla y León presumía en una nota de prensa del impulso del proyecto mediante la aprobación de las Normas Urbanísticas de Pedralba de la Pradería. Aseguraba el gobierno autonómico entonces que “Este proyecto empresarial supondrá un revulsivo importante para la zona con la creación de 200 puestos de trabajo directos y casi 400 indirectos”. Las nuevas normas contemplaban autorizar el uso del suelo solicitado para el proyecto, que contemplaba una inversión de 42.357.000 dólares “en una zona y una provincia que necesita de empresarios y empresas que crean en los recursos que genera nuestra tierra”, recalcaba la Delegada Territorial Clara San Damián.

Oposición social y portuguesa

La Confederación Hidrográfica del Duero elaboró hasta tres informes sobre el proyecto minero. Sus técnicos se centraron en la vulnerabilidad de la red fluvial que atraviesa el área de explotación, considerando que las actuaciones supondrían un impacto muy significativo sobre el dominio público hidráulico y los arroyos que atravesaban la zona de explotación, concluyendo que vulnerarían la Ley de Aguas.

Además la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal identificó una lista de especies cuya supervivencia o hábitat se vería seriamente comprometido como del desmán ibérico, el lobo ibérico, diversas especies de murciélagos, el milano real y negro, el buitre negro, el buitre leonado, el águila real, la culebrera europea y el aguilucho pálido, entre otras.

Durante el periodo de información pública, una decena de asociaciones (como Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y diversas plataformas ciudadanas) presentaron miles de alegaciones en contra de la mina a cielo abierto denunciando falta de rigor en los informes técnicos, riesgos no evaluados por el uso de explosivos, afección a especies protegidas y amenazas a la economía y patrimonio local.

Desde el otro lado de la frontera la postura ante el proyecto minero Valtreixal fue de una firme y generalizada oposición, manifestada tanto por su gobierno como por diversas instituciones y colectivos ciudadanos,. Esta resistencia se fundamentó en la preocupación por los impactos ambientales y sociales que la mina tendría sobre el territorio luso, dada su extrema cercanía a la frontera (a apenas 5 kilómetros) y en la Reserva de la Biosfera compartida.

En el periodo de consultas el Gobierno de Portugal consideró que la documentación y los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa promotora eran insuficientes para garantizar la seguridad ambiental en la zona, alertando de que la explotación afectaría gravemente al Parque Natural de Montesinho y a la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, advirtiendo que el sello de la UNESCO para esta reserva estaba en riesgo por culpa de la mina.

Portugal denunció que el proyecto podría contaminar la cuenca hidrográfica del Duero a través del río Sabor e identificó que las aldeas de Rio de Onor, Aveleda y Varge serían las más directamente perjudicadas por el ruido de las voladuras y el polvo generado por la actividad minera.

Ibán García del Blanco es una de las voces más autorizadas para hablar de regulación e inteligencia artificial. Eurodiputado entre 2019 y 2024, fue uno de los negociadores de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, considerada pionera a nivel mundial, participando en las negociaciones finales del reglamento europeo que regula el uso de esta tecnología y proteger los derechos fundamentales frente a los riesgos que contienen. 

Actual director de la oficina de Bruselas de la consultora Lasker, este jueves 14 de mayo es uno de los invitados de los ‘Desayunos en clave', organizados por elDiario.es Asturias, cuya segunda edición tendrá lugar en el Hotel Abba Playa de Gijón, centrado en esta ocasión en la ética y la inteligencia artificial, con inscripciones abiertas.

Por ir a lo penúltimo de la actualidad sobre la inteligencia artificial, porque siempre parece que todos los días hay algo nuevo. Tenemos una IA, Claude Mythos, que es tan buena que se ha tenido que restringir su uso, ¿Empiezan a tener razón los agoreros sobre los problemas para la humanidad de esta tecnología?

Normalmente, en todo este tipo de noticias suele haber algo de “hype”, suele ser una forma con la que las compañías buscan llamar la atención por encima de sus competidores y atraer inversores (como San Altman, que siempre está “a punto” de conseguir el salto a la IA general). Pero hay algo que no es nuevo, independientemente del estadio evolutivo de la tecnología: la IA es una herramienta maravillosa, pero que crea unos enormes riesgos por su potencia, que necesitan ser enfrentados. No todo vale con la IA y hay que combatir la idea de un determinismo tecnológico, activo o pasivo, que como sociedades simplemente nos abocaría a aceptar las decisiones del entorno tecnológico. Se necesitan reglas, controles y límites.

La Unión Europea implementó una regulación para usos éticos de IA, en la que participó como uno de los eurodiputados que trabajaron el texto ¿Cómo está la situación actualmente?

El Reglamento de IA (RIA) se ha ido desarrollando en cada una de sus partes, comenzando por los usos prohibidos que entraron en vigor en febrero de 2025, y ahora en agosto de 2026 se cumplían el plazo de dos años a partir del que la mayor parte del contenido de la norma entraba en vigor. Pero, por el medio, en noviembre de 2025, la Comisión Europea presentó una propuesta de simplificación normativa, el “Ómnibus Digital” (OD), que acaba de ser negociado por Consejo y Parlamento, y que reduce preocupantemente algunos estándares de obligaciones y alarga algunos de los plazos de cumplimiento. Y mientras nosotros damos pasos hacia atrás, gran parte del mundo se sigue inspirando en lo que conseguimos con nuestro Reglamento.

Pero ya hemos tenido que actualizarnos para impedir los deepfakes sexuales, como los que ha sufrido Giorgia Meloni, ¿Vamos a tener que ir actualizando cada poco en función de sus novedades? La Ley de IA contemplaba un calendario de aplicación con varios hitos entre los años 2024 y 2026 pero la sensación generalizada es que se ha ralentizado mientras la tecnología avanza a toda marcha. También hemos conocido que se retrasan medidas como las marcar de agua de IA o la prohibición de los sistemas de IA de alto riesgo, ¿cuál es su opinión sobre esto?

EL RIA es una norma basada en el riesgo, que en principio está pensada para adaptarse a los cambios tecnológicos. No obstante, como cualquier norma, es susceptible siempre de ser mejorada para adaptarse a nuevas realidades y para ello contempla la existencia de órganos de análisis y diálogo público-privados. Con respecto a los deepfakes sexuales, se da la paradoja de que por una parte se propone la prohibición de comercialización de esas herramientas y por otra se ha diferido la obligación de etiquetado de los “outputs” de IA generativa otros 6 meses durante la negociación del OD. Y, por supuesto, la prohibición tampoco puede ser absoluta, dado que existe el uso adulto y consentido o su uso con fines artísticos (pensemos en películas en la que actores y actrices pueden llegar a ahorrarse tener que filmar escenas íntimas). Yo, que estoy a favor de restringir algunos usos de IA y desde luego lo referido a abusos de la intimidad y la propia imagen (sobre todo en vulnerables), sin embargo no estoy de acuerdo con la “regulación reactiva” frente a cada último escándalo. 

Actualmente hay un movimiento, digámoslo así, desregulatorio en Europa ante los avances en Defensa y otros sectores frente a Estados Unidos, ¿Afectará esto a la IA y a su posible uso masivo en Defensa o vigilancia ciudadana? ¿Deben estar alerta los ciudadanos europeos?

EL RIA no regula los usos de seguridad nacional o defensa, debido a que se trata de competencias exclusivas de los Estados Miembros. Dicho esto, eso no significa que no deba haber regulación (al contrario, está tardando ya) y que mucha no pueda y deba armonizarse a escala europea y luego mundial. Los ciudadanos europeos no solo deben estar alerta, sino que deben exigir a sus gobernantes que se autolimiten con reglas claras sujetas a estándares éticos. Cosas como las que hemos visto que ha hecho Israel en Palestina, con el uso de drones autónomos asesinos sin control, no pueden ser toleradas en sociedades democráticas. Y eso no significa que limitemos nuestra capacidad de defensa, sino que hay cosas que no podemos hacer a los demás y tampoco a nosotros mismos.

En cuanto al uso de IA con fines de policía, en el RIA están contemplados como de alto riesgo (y por la tanto se obliga al cumplimiento de muchas obligaciones antes y durante su uso) o directamente prohibidos: vigilancia remota en tiempo real en espacios públicos, policía predictiva...

¿Europa debe poner toda la carne en el asador para impulsar sus propias IAs y tener independencia de las tech americanas o de China? ¿O ya hemos llegado tarde y debemos optar por otros caminos?

El Plan Continental de la IA, que presentó la Comisión Europea en 2024/25, prevé un desembolso gigantesco y el establecimiento de “gigafábricas” de IA en toda la UE, de forma coordinada (en España, Barcelona ya está aprobada para ello). Ese debe ser el plan, no podemos competir solos con los gigantes geo-tecnológicos, sino de forma cooperativa. Europa no ha de replicar los modelos americanos o chinos (China no lo hace con los americanos), sino buscar qué aplicacionese de IA le son útiles con sus capacidades endógenas. ChatGPT o Deepseek ya están inventados, no se trata de emularlos y no toda la IA es IA generativa.  

Le he dicho a ChatGPT de forma muy sencilla que me diga qué dos preguntas le haría a usted sobre ética e IA. Son estas:

Que en otros lugares no se regula o que existe una relación inversamente proporcional entre controles e innovación, es una falacia en sí mismo. Europa no ha tenido regulación digital y sin embargo ha ido perdiendo el paso desde los años 90 del pasado siglo, es una falacia fácilmente desmontable con una simple observación. Nuestro diferencial con EEUU o China es de inversión y de años de esfuerzo combinados, no de regulación. Si esto fuera así, China, un país hiper regulado, estaría en la edad de piedra. Por otro lado, en EEUU existe cada vez más presión para una regulación federal, frente al modelo Trump de sumisión a los magnates tecnológicos; de hecho, muchos Estados, demócratas y republicanos, han desarrollado o lo están haciendo, leyes sobre IA y derechos fundamentales: California, Texas, Connecticut, Tennessee... Creo que el RIA, con partes dedicadas al desarrollo industrial también, es una norma que en origen estaba muy equilibrada entre la precaución y la acción. Y, por cierto, hablando de trabas a la investigación y desarrollo, el RIA permite una libertad absoluta en eso, es sólo a partir de su posterior uso en el mercado cuando sus efectos comienzan.

Creo que ninguna sociedad está preparada para eso, aunque la UE es el lugar con la arquitectura regulatoria más sofisticada para su combate (RIA, Ley de Libertad de Medios, Ley de Publicidad Política, Ley de Servicios Digitales...). La lucha contra la desinformación tiene mucho más que ver con la ilustración digital y la formación de la población, que con que ningún gobierno o incluso juzgado nos tenga que decir qué es verdad o mentira. Éste es el mayor reto de nuestro tiempo y no estamos respondiendo adecuadamente como sociedad, la ilustración digital debería ser una prioridad absoluta de los planes públicos.

Pero mi pregunta en realidad es, ¿cree que tienen un sesgo contra usted o contra la legislación europea o las ve equilibradas?

¡Ja,ja,ja! Los seres humanos también tenemos sesgo y es lógico (y me honra) que me relacione con posiciones en favor de límites éticos al desarrollo de la tecnología. Diría que el mayor sesgo estriba en considerar que existe una relación entre regulación y desarrollo tecnológico, pero es un lugar común que algunos muy poderosos interesados se hartan de repetir (y por lo tanto, de desinformar). ChatGPT se nutre de lo que los humanos dejamos por la red y en eso hay muchas cosas buenas, pero también mucho material peligroso que deberíamos filtrar para que no se perpetúe y multiplique por la acción de la propia IA: racismo, machismo...

El magnate Elon Musk en el juicio por convertir OpenAI en una empresa con beneficios llegó a decir hace unos días que “el mayor riesgo sería que la IA nos matara a todos” hablando de una mala gestión. ¿Nos llegaremos a plantear nacionalizar una IA para una mayor seguridad?

Al principio lo decía, muchos de estos “tecnobros” simplemente buscan atraer la atención, normalmente con un fin que a veces es evidente y otras veces no. Como ser humano, me da mucho más miedo Elon Musk que un ChatGPT en un mundo en el que existan normas y límites. No sé si la solución es nacionalizar estos modelos, pero desde luego que debe haber controles garantizados sobre ellos desde lo público. 

Entre el 10 de julio del 2025 y el 31 de marzo del 2026 hay 267 días. Son los que han pasado cumpliendo condena de cárcel 'Las seis de la Suiza', cinco mujeres y un hombre, que ven como este martes el Consejo de Ministros concederá un indulto a su pena de tres años y medio de prisión por “hacer sindicalismo”, como siempre han defendido desde que se inició el proceso judicial hasta la fecha presente.

'Las seis de la Suiza' son una veterinaria, una artista, una trabajadora del ámbito social, una trabajadora del sector del transporte, una empleada de hostelería y un profesor que fueron condenadas por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia por una acción sindical realizada en el año 2017. Tres años y medio de prisión en total para cada una de ellas. Inicialmente las condenadas a cárcel fueron ocho pero en los recursos dos lograron la absolución.

El caso nace en el año 2016 cuando una trabajadora de una pastelería llamada 'La Suiza' denunció acoso laboral, y sexual luego desestimado, y la pareja de esta tienen un altercado con el empresario. La CNT apoyó a la trabajadora con acciones de protesta ante la pastelería consistentes en concentraciones ante el local y reclamar al empresario una salida digna a la situación. El empresario les denuncia por delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia y se condena a siete personas a dos años por coacciones y un año y medio por obstrucción, y a otra a ocho meses. En los recursos siguientes quedaron seis con las condenas de tres años y medio de cárcel en total. Entonces nació la ola de solidaridad bajo el eslogan “Hacer sindicalismo no es delito”

El Tribunal Supremo ratificó la condena en el año 2024, ya que consideró que las acciones pacíficas constituyeron un hostigamiento que llevó a cerrar luego el local. El Constitucional rechazó revisar el caso y ahora están pendiente que se pronuncie el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde han elevado el asunto. Entraron voluntariamente en la prisión del Centro Penitenciario de Asturias el verano pasado tras agotar todas las vías judiciales en España, “con coherencia y dignidad”. Tras su ingreso en la cárcel fueron clasificadas en tercer grado penitenciario, por lo que han esperado el indulto cumpliendo la pena en régimen abierto, es decir, acudiendo a dormir a la prisión. Han cumplido casi la mitad de la condena de cárcel ya que la pena mayor es de dos años.

Desde el minuto uno tanto las sindicalistas, afiliadas a la CNT, como distintas organizaciones han elevado la voz contra la condena de cárcel, que consideran un “peligrosísimo precedente” para impulsar acciones contra el sindicalismo. En su batalla legal han contado con el pleno apoyo del sindicato CNT, que ha financiado la causa judicial e incluso la indemnización de 125.000 euros, y un gran apoyo social. El caso incluso han unido a todos los sindicatos en una “alianza histórica”, con decenas de movilizaciones a su favor en todo el país, tanto durante el proceso judicial como en la posterior fase de petición de indulto.

Fuentes cercanas a las sindicalistas reiteran su preocupación porque el caso suponga un precedente que se use para coartar la libertad sindical en España. A la “alegría personal” por la mejora evidente de su situación le sigue la preocupación como colectivo ya que entienden que a estas alturas ninguna persona debería cumplir una condena de cárcel por ejercer sindicalismo.

Su indulto viene avalado por la petición de 22 organizaciones sindicales de toda España, no de ellas como condenadas, por lo que no necesita arrepentimiento. No lo tienen porque no creen que haber organizado acciones pacíficas de protesta comunicadas ante la pastelería que tenía el conflicto laboral con una trabajadora merezca un reproche penal, y menos de estas características.

Para el acceso al indulto han tenido, además, el apoyo explícito del Gobierno del Principado de Asturias, aunque en la ciudad de Gijón las derechas del consistorio -PP, Vox y Foro- vetaron el debate. La vicepresidente y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido uno de los más firmes apoyos a la medida de gracia, aunque la resolución se ha retrasado casi nueve meses desde que entraron en prisión. El cantante Rodrigo Cuevas recordó este retraso en 'La Revuelta' hace escasos días, volviendo a poner sobre la mesa la derogación de la Ley Mordaza prometida por este Gobierno.

Durante estos meses de cumplimiento de condena las sindicalistas han mantenido silencio, aconsejado por sus equipos legales, mientras esperaban la resolución tanto del indulto como del pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El grupo de apoyo surgido en su apoyo, Sofitu, ha remarcado que “ya es hora” del indulto. “Nuestras compañeras están injustamente en la cárcel, nuestras compañeras deberían de estar aquí hoy con nosotras y nuestras compañeras están privadas de libertad, pero no hicieron nada”, reprochaban tras conocerse su ingreso en prisión. La movilización por su libertad ha sido intensa, emocionante y larga.

Pendientes de la 'letra pequeña'

Los casi nueve meses en prisión suponen realmente que las sindicalistas de la Suiza han cumplido más de la mitad de su condena en el momento que les llega el indulto. Desde el sindicato CNT señalan que están “contentas” por la concesión de los indultos pero piden “prudencia” hasta esperar la decisión del Consejo de Ministros y leer el detalle de cada uno de los indultos individuales, si total o parcialmente o en qué condiciones.

Recuerdan que las sindicalistas de Gijón han tenido que “parar sus vidas” por una condena que entienden que “parece que fuera una voluntad de acallar la reclamación en la calle de los sindicatos”.

Según Érika Conrado, secretaria general de CNT, la respuesta unitaria en defensa de las condenadas y la llegada del indulto demuestran que “El sindicalismo está más vivo que nunca y sigue siendo una cosa del presente”. “Está siendo muy importante la unión de todos los sindicatos y el empuje que hemos tenido todas en el acompañamiento de ellas”, señala para incidir que es necesario “que la gente se organiza y luche, que al final se consiguen cosas”.

El Gobierno del Principado de Asturias ha publicado este lunes 30 de marzo en el Boletín Oficial el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de los Picos de Europa aplicable al territorio de la comunidad autónoma enmarcado en la zona protegida del primer parque nacional de España. Un documento que pone fin a más de 20 años de espera tras ser anulado por la Justicia en el 2005 el único aprobado hasta el momento y ser retomado hace ya varios años.

Las nuevas normas regulan los usos y prohibiciones que afectan al Parque Nacional, tanto para vecinos como para turistas, y entran en vigor desde el 20 de abril, exceptuando la parte de guías del parque que lo hará dentro de tres años. Asturias es la segunda comunidad en aplicar las normas tras haberlo aprobado a finales del 2025 la Junta de Castilla y León para la vertiente leonesa y queda pendiente la aprobación.

En el año 2005 el Tribunal Supremo anuló el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa aprobado en el año 2002, cuando la competencia sobre Parques Nacionales era estatal y no autonómica y tripartita, como lo es ahora, repartida entre Asturias, Cantabria y Castilla y León. En el año 2016 se retomó el proceso participativo para su aprobación a tres bandas, acabando ahora casi una década después con su publicación en el boletín oficial.

El documento asturiano y el leonés apenas tienen diferencias, más allás de cifras de inversiones distinas, las zonificaciones específicas y el asunto de la acreditación de los guías del Parque Nacional, que el Principado retrasa tres años.

El Parque Nacional funcionará por zonas:

Como norma general quedan prohibidas la pesca deportiva y recreativa, así como la caza deportiva y comercial en todo el ámbito del Parque en Asturias. Además, no se permitirá la construcción de estaciones de esquí ni remontes mecánicos, con la única excepción de la construcción de un remonte mecánico desde El Repelao hasta la Basílica de Santa María la Real de Covadonga. La tala de árboles también está prohibida con fines comerciales.

El tránsito de bicicletas y e-bikes está restringido a los viales y pistas recogidos en los anexos específicos de la norma, perdiendo la libertad de circular por cualquier sendero con carácter general. La escalada está totalmente prohibida en las Zonas de Reserva (ZR). En el resto, se permite la clásica y alpina, pero la deportiva queda limitada a vías ya equipadas.

El vivaqueo se permite siguiendo reglas estrictas de altitud y tiempo (por encima de los 1.800 metros), prohibiéndose la acampada libre con artefactos como toldos o carpas fuera de zonas habilitadas. La espeleología con fines deportivos, turísticos o comerciales queda sujeta siempre a autorización previa y, además, a cavidades muy específicas.

Respecto a los usos agroganaderos la norma señala que “La ganadería extensiva en todas sus formas, incluida la trashumancia, constituye una actividad fundamental, no solo compatible sino necesaria en el Parque Nacional debido a su importancia económica y social y por su papel en la configuración del paisaje actual y en la conservación de la biodiversidad”. Por ello se fomenta el pastoreo tradicional extensivo como herramienta de conservación y se prohíbe nuevas instalaciones ganaderas intensivas.

Incendios

El PRUG establece la redacción obligatoria de un Plan de Prevención de Incendios Forestales específico para el Parque Nacional, que coordinará un dispositivo de vigilancia y extinción adecuado a las épocas de mayor riesgo en cada vertiente. Con carácter general se prohíbe el uso de fuego al aire libre fuera de los núcleos urbanos, y dentro de estos con medidas restrictivas.

El desbroce para pastos en fincas particulares se considera un uso compatible que tendrá la consideración de uso permitido en la Zona de Asentamientos Tradicionales, siempre que se efectúe entre el 15 de julio y el 31 de marzo. En la Zona de Uso Moderado estará sometido al régimen de comunicación previa, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones de superficie, fechas y tipología de terrenos. El PRUG señala el desbroce mecánico como alternativa preferente a la quema de matorral para la regeneración de praderas y el mantenimiento de caminos. Para realizar quemas controladas, se deben establecer perímetros de protección en hábitats sensibles y se imponen condicionantes estrictos si hay presencia de especies protegidas en época de nidificación.

Los terrenos afectados por incendios quedan automáticamente acotados (prohibidos) para cualquier tipo de aprovechamiento durante un periodo de 5 años, sin necesidad de una resolución administrativa previa, que se podrá levantar mediante un informe cualificado por la administración gestora.

Mascotas

La normativa sobre animales de compañía en el Parque Nacional de los Picos de Europa se ha endurecido con los nuevos planes de gestión, estableciendo restricciones muy claras según la zona donde te encuentres. Está totalmente prohibida la entrada o presencia de cualquier animal de compañía o mascota en las Zonas de Reserva (ZR) y en las Zonas de Uso Restringido (ZUR). En el resto de las zonas del Parque Nacional (Uso Moderado, Uso Especial y Asentamientos Tradicionales), se prohíbe que las mascotas vayan sueltas. Por lo tanto, el visitante tiene la obligación de llevar a su perro siempre atado.

Las excepciones a estas restricciones de tránsito y correa son para perros de trabajo de salvamento, perros utilizados directamente en tareas de gestión por la administración y para perros ganaderos en labores de vigilancia y manejo del ganado (como los mastines), ya que se consideran esenciales para la compatibilidad de la ganadería con la presencia de grandes carnívoros como el lobo o el oso.

En el interior de los núcleos urbanos de la Zona de Asentamientos Tradicionales (ZAT), no se aplica de forma estricta la norma del Parque, sino que rige el marco habitual de las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento.

Nueva cita electoral en Castilla y León. Esta vez sí tras haber agotado hasta el final los cuatro años de legislatura, que comenzaron en 2022 cuando el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), adelantó las elecciones para romper con Ciudadanos y tuvo que aupar a la extrema derecha de Vox por vez primera a un gobierno autonómico para repetir en el cargo.

Tras la ruptura del controvertido gobierno de PP y Vox en el verano del 2024 y el posterior en solitario de los populares, llega la hora de que los castellanos y leoneses, 2.097.768 ciudadanos con derecho a voto, decidan que gobierno quieren en las elecciones en Castilla y León de este domingo. Todas las encuestas apuntan a que solo la suma de PP y Vox, ya se verá en qué proporción, será la única viable para conformar un nuevo ejecutivo al frente de la Junta de Castilla y León.

El Partido Popular de Mañueco pone a prueba su fortaleza tras gobernar ininterrumpidamente en la comunidad desde 1987, cuando un joven José María Aznar logró empatar en escaños con el PSOE y hacerse con el gobierno gracias un pacto con el CDS. Aznar estuvo apenas dos años en el cargo ya que lo dejó para ser el candidato del recién refundado PP a La Moncloa, a la que finalmente accedería en 1996. Casi 40 años después el PP sigue en el poder autonómico, por el que han pasado como presidentes Jesús Posada, Juan José Lucas, Juan Vicente Herrera y Alfonso Fernández Mañueco.

El político salmantino perdió sus primeras elecciones en 2019, tras unas polémicas primarias contra el hoy senador Antonio Silván, frente al socialista Luis Tudanca, pero la actitud de Albert Rivera y Ciudadanos de solo pactar con el PP le aupó al poder. Tudanca logró entonces el hito histórico de ganar las elecciones para el PSOE en Castilla y León, las primeras desde aquellas de 1983 que ganó Demetrio Madrid, pero los socialistas siguieron en la oposición.

Pasada la pandemia, Mañueco activó el botón del adelanto electoral en diciembre de 2021 y logró a la segunda ganar al PSOE por la mínima, aunque con un PP en su segundo resultado más bajo que nunca y solo mejorando el de 2019. Las expectativas de los populares para esta nueva convocatoria son mantenerse como están o ganar algún escaño. En entrevista con elDiario.es Mañueco se conformaba solamente con un voto más y un escaño más que las últimas elecciones.

En el PP creen que estas elecciones al menos no han ido pidiendo la hora como les ocurrió en el 2022 y, aunque desconfían de la existencia de un posible voto oculto que favorezca a Vox, se mantienen optimistas con el resultado final. La campaña ha acabado con Mañueco y el PP llamando al partido a la “movilización total” porque no tienen que confiarse ya que “Cada voto en estas elecciones y en estos últimos días es vital”.

El PSOE se crece

Los socialistas han estrenado candidato con el alcalde de Soria Carlos Martínez, tras haber defenestrado a Luis Tudanca en el casi típico acto de cambio de liderazgo con polémica en el PSOE. Martínez ha seguido siendo alcalde aunque anunció que lo dejará cuando coja el acta de procurador. El PSOE ha ido de menos a más en la campaña electoral, hasta finalizar convencidos de que hay un empate electoral con el PP y que un gran crecimiento de Vox les puede permitir imponerse en votos o procuradores en las elecciones.

La campaña del PSOE ha consistido en vender las bondades como gestor de Carlos Martínez, revalidadas con cuatro mayorías absolutas en la ciudad soriana, y acentuar el desgaste del PP y Vox con su gestión, en particular los casi 40 años de gobierno de los populares. Batallas internas aparte, como que el alcalde socialista de León José Antonio Diez no haya participado en ningún acto de esta campaña, el PSOE autonómico ha acelerado su mensaje con la actualidad sacando el 'No a la guerra' y con un gran acto final de campaña con Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero juntos. La geopolítica internacional y el posicionamiento del gobierno progresista de España creen que puede ser catalizadores para mantener o incluso mejorar el resultado del 2022 y que no haya dramas como en Aragón o Extremadura.

Conscientes de que la conformación de un gobierno se antoja tarea casi imposible, los socialistas aspiran a que la cita de este domingo suponga al menos un freno a la racha negativa para el partido y que a nivel autonómico permita consolidar el nuevo liderazgo y poder volver en algún momento a gobernar Castilla y León.

Vox, a por el voto cabreado

La campaña electoral de Vox ha estado protagonizada por dos cuestiones: la omnipresencia de Santiago Abascal, el 'candidato' del partido en todas las citas autonómicas y una estrategia de llegada a poblaciones medianas donde el voto rural esté más en disputa con un formato de 'canutazo' con la prensa y encuentro con militantes enfocado en la difusión de redes sociales. La fórmula de la extrema derecha se acompañaba de mensajes al estilo 'Make Castilla y León Great Again', sin detallar cómo, y ataques a sus rivales, más duros contra el PP y Mañueco según avanzaba la campaña.

El partido se ha sentido atacado en la cita electoral, con algunas publicaciones con alusiones personales al candidato autonómico Carlos Pollán, y su pugna con el PP se ha endurecido según avanzaban los días. Las palabras de Mañueco a Pollán en el primer debate sobre que le gustaría “tirar personas al mar” indignaron al partido hasta el punto que Abascal pidió una rectificación para sentarse a pactar. En el segundo debate Pollán insistió en que debería pedir disculpas, pero no llegaron más allá de que Mañueco le quitó hierro a sus palabras hablando de lances en los debates.

Vox logró en el 2022 ya un gran resultado en Castilla y León, con el 17,6% de los votos y 13 procuradores, que hicieron vicepresidente del gobierno autonómico al polémico Juan García-Gallardo, que acabó abandonando la política muy enfrentado a su partido. El PP cree que la extrema derecha no tiene mucho más crecimiento, ni en votos ni en diputados autonómicos, aunque hay un temor a un voto oculto y/o cabreado que se les pueda trasvasar y provoque bailes de escaños en varias provincias por unos pocos cientos de votos. Nadie se confía y en Vox la movilización es total para lograr condicionar un gobierno autonómico más del PP, como ya hicieron por primera vez en 2022.

Muros frente a la extrema derecha

Las formaciones Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria Ya coinciden en señalarse como muros frente al crecimiento de la extrema derecha de Vox con sus planteamientos regionalista de los primeros, a favor de una escisión de la Región Leonesa en otra autonomía, y de reequilibrio territorial para los segundos. En 2022 es cierto que tanto en León como en Soria Vox obtuvo sus peores resultados, cosa que ahora está por ver.

Los leonesistas aspiran a ganar por vez primera las elecciones en la provincia de León con su candidata Alicia Gallego, o al menos ganar un cuarto procurador en las Cortes autonómicas, lo que ya sería su récord histórico. La formación aspira a seguir sumando en las provincias de Zamora y Salamanca para obtener el 5% del voto autonómico y así poder conformar un grupo parlamentario propio, con todas las ventajas que ello conlleva. Además, buscan ganar en las principales poblaciones de la provincia leones, como ya hicieron en León ciudad en 2022, de forma que puedan consolidarse para futuros lances electorales locales. Una consulta sobre una salida de León de la comunidad autónoma vuelve a estar en el horizonte de pactos, defendiendo que así se cumpliría lo aprobado por más de 70 ayuntamientos de la provincia de emprender un camino de autogobierno en solitario.

Soria Ya fue la gran sorpresa de las elecciones del 2022. De ser un movimiento ciudadano saltaron a la política rompiendo el tablero hasta hacerse con 3 de los 5 escaños de la provincia soriana, y superando el 50% de voto en la capital, el feudo del hoy candidato socialista Carlos Martínez. Confiados en volver a ganar, conscientes de que la competencia ha aumentado, el partido de la España vaciada quiere rentabilizar el discurso sorianista en las Cortes autonómicas. Su gran resultado hace cuatro años dejó a Vox sin representación por esta provincia, la única en la que no tiene, y esperan que esto se vuelva a producir.

En la provincia que más vota a la derecha de España, Ávila, con casi el 70% de los votos en 2022 a formaciones de ese espectro ideológico, Por Ávila, una escisión el PP, confía en mantener un asiento en el hemiciclo de Valladolid. El partido, que gobierna la capital con dificultades, también se reivindica como la única fórmula para que la provincia abulense salga del “olvido” al que acusan a los grandes partidos de haberla sometido.

En el lado izquierdo del PSOE las cosas han vuelto a ser como antes, cada uno por su lado. IU-Movimiento Sumar-Verdes/Equo y Podemos-Alianza Verde son las dos coaliciones que representan a la izquierda, donde solo las encuestas contemplan una posibilidad, mínima, de que haya representación de la izquierda en el hemiciclo de las Cortes, por la provincia de Valladolid. En este caso, si se produce, dan opciones a la de IU frente a una de Podemos que las encuestas predicen por debajo. En el año 2011 la izquierda, con IU, volvió a tener escaño en las Cortes que aumentó hasta los 11 en 2015 con la irrupción del partido fundado por Pablo Iglesias, pero siempre por separado. La urgencia electoral del 2022 les hizo ir juntos en coalición y obtener representación por Valladolid en el número dos de Podemos Pablo Fernández, aunque nunca ha sido una relación que funcionase.

Además de los principales partidos con aspiraciones a obtener hueco en las Cortes de Castilla y León la jornada traerá otros análisis: si Silvia Clemente se convierte en una 'Macarena Olona' autonómica, si los municipalismos consolidan voto y espacios en lugares como Palencia o Burgos o cuánto se estrella el populismo radical de Alvise, según indican las encuests. Pero la principal cuestión es si el Partido Popular puede seguir confiando en Castilla y León como su 'granero de votos' o la extrema derecha les roba poco a poco el voto, especialmente en el entorno rural. Porque de aquellas lluvias, estos lodos.

El candidato de la coalición Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha denunciado este sábado, día de reflexión, haber recibido una agresión en plena calle.

A través de la red social X el candidato ha hecho pública una imagen señalando que “Este individuo me ha tirado un cristal mientras estaba con mi hijo. Esto es muy grave. Denunciaré inmediatamente. Hasta aquí hemos llegado”. Llamas ha adjuntado además otros post con imágenes del cristal que la persona rompió.

Los hechos han sucedido en plena calle Santiago de Valladolid, donde el partido cuenta con la habitual caseta electoral para el desarrollo de la campaña. Llamas se dirigió a la caseta esta mañana acompañado de su hijo de tres años para recoger un abrigo. Al encontrarse dentro un individuo golpeó fuertemente un cristal de la caseta, que se rompió sobre ellos que estaban dentro. Llamas ha acudido a la Policía Nacional para presentar la correspondiente denuncia por los hechos.

Este domingo, horas después del incidente, la familia del supuesto agresor ha emitido un comunicado en el que señalan que el hombre padece una discapacidad y rechazan que la agresión se produjera “por motivos o tintes ideológicos”, al tiempo que piden que dejen de difundirse imágenes en las que se le identifique.

Miguel Ángel Llamas ha lamentado públicamente la agresión que ha sufrido este sábado por la mañana en Valladolid, y que ha achacado a la existencia de un “clima de odio” impulsado por las derechas y desde algunos medios de comunicación, recoge EFE.

“Al final este tipo de cosas evidentemente hacen replantearte todo. Creo que hay un clima de odio impulsado por las derechas y por medios de comunicación, no todos porque no se puede generalizar, también en las redes sociales y estas son las consecuencias”, ha reflexionado a través de un audio. “Voy a llegar hasta el final, hay líneas rojas: a un niño no se le puede hacer esto”, ha concluido.

Hace escasos días se hizo público que Irene Montero, eurodiputada y candidata del partido a las Generales, denunció amenazas de muerte de una organización neonazi mediante acciones en la que “se señala su domicilio, en el que también residen sus hijos menores de edad y su pareja”, hechos denunciados antes la Policía.

La propia Irene Montero se ha solidarizado con Llamas con un mensaje en la red social X: “Todo mi apoyo y ninguna impunidad para los agresores ni para quienes alimentan el odio y la violencia desde las televisiones y las tribunas de poder. Basta ya”.

Podemos Valladolid ha denunciado también los hechos “Este salvaje ha agredido a nuestro candidato mientras se encontraba en la caseta de Podemos con su hijo de tres años rompiendo una ventana a golpes. Se presenta la correspondiente denuncia y esperamos la acción de la Justicia. Ni un paso atrás frente a los propagadores de odio”.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también se ha solidarizado con Llamas: Esto es lo que han conseguido Mañueco y VOX en Castilla y León financiando a los odiadores profesionales de okdiario, estado de alarma y demás escuadristas. Toda mi solidaridad y apoyo querido (Miguel Ángel Llamas). No estás solo, qué miedo tienen a que entres en las Cortes“.

Al grito de “Ni un paso atrás en nuestros derechos”, miles de personas han salido a las calles de Castilla y León este domingo 8 de marzo, una semana antes de que se celebren las elecciones autonómicas. En Valladolid se han reunido unas 7.000 feministas, y otras 2.000 en Burgos y Palencia. En Soria y Zamora se han movilizado unas mil personas; en Ávila, unas 500 y en León varios cientos, mientras que las movilizaciones en Salamanca y Segovia se han convocado para la tarde.

La manifestación más grande ha sido la impulsada por la Coordinadora de Mujeres -entre 7.000 según fuentes de la Subdelegación del Gobierno-, en la que también ha habido una fuerte presencia política y sindical. En Valladolid también ha habido otra manifestación, menos numerosa. La Coordinadora de Mujeres de Valladolid, a través de varias portavoces, ha hecho un llamamiento a “no permitir retrocesos en los derechos civiles y sociales”. “Las feministas hemos luchado siempre por una sociedad en la que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades. No podemos permitir que nuestro gobierno e instituciones sean ocupadas por personas que niegan realidades como la violencia machista, que tantas vidas de mujeres destroza a diario; que considera las políticas de igualdad como algo prescindible y hablan sin tapujos de suprimir el derecho al aborto en la Sanidad Pública”, han protestado, arropadas por los aplausos de miles de personas.

Recuerdo a Ángel Santaolaya

En Valladolid también se ha recordado al ginecólogo Ángel Santaolaya y exconcejal socialista de Tomás Rodríguez Bolaños, pionero en promover la salud sexual en Valladolid. Santaolaya, fallecido en enero de este año, impulsó desde el Ayuntamiento el Centro Municipal de Promoción de la Salud y estuvo en 1987 en el único centro acreditado de Valladolid para realizar interrupciones voluntarias del embarazo y, después, en la primera clínica que ofreció fecundación in vitro en Castilla y León.

La coordinadora de Valladolid también ha protestado porque el 90% de los abortos se realizan en el sector privado de manera concertada y Castilla y León todavía no tiene un registro de objetores de conciencia. Además, tampoco tiene aún una Ley LGTBI, la única autonomía junto a Asturias -que ya está tramitando la suya-. “Nos jugamos mucho en estas elecciones: la libertad, los derechos y la convivencia. Hoy más que nunca, feminismo”, han rematado al final de la manifestación.

Responsables políticos de izquierdas y candidatos a las autonómicas del PSOE, Podemos e IU han acudido a la movilización, incluida la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha querido dirigirse a los jóvenes: “Es más erótica la igualdad que la imposición machista”. Redondo ha defendido que “tratar a una mujer de igual a igual” es “más satisfactorio para hombres y mujeres” y ha pedido “no dejar que el pasado avance” –el eslogan de este año de la campaña del Ministerio–, porque supondrá “-la limitación de derechos, el paternalismo y la sumisión”.

También ha reivindicado la importancia de esta celebración no solo a escala nacional, sino para las mujeres de Irán que sufrían con el régimen de los ayatolás y ahora sufren con los bombardeos ; las afganas las ucranianas y el resto de mujeres que “siguen sufriendo violencia en distintos puntos del planeta”. “El feminismo es pacifista. No a la guerra”, ha zanjado, acompañada por la exministra Reyes Maroto y la concejala socialista del Ayuntamiento de Madrid, Enma López.

En León advierten del “negacionismo de la violencia machista”

En la ciudad de León las manifestación convocada por la Comisión 8M ha sido la más numerosa, contando con el respaldo de los sindicatos y principales partidos políticos, y la del Movimiento Feminista León, de carácter abolicionista, ha tenido bastante menos seguimiento.

La portavoz de la Comisión 8M de León, Yolanda Rodríguez, ha advertido que “el negacionismo de la violencia machista provoca pérdida de derechos en aquellas comunidades, incluida Castilla y León, donde gobierna la derecha y la extrema derecha”. “El movimiento feminista sale a la calle el 8 de marzo para denunciar que la violencia contra las mujeres es estructural y que vamos a seguir reivindicando la agenda feminista en el centro de la vida política, porque está en juego la vida de las mujeres y la felicidad. Aspiramos a un mundo donde las mujeres puedan ser libres y felices y aquí vamos a continuar”, ha señalado.

Pese a la división, una vez más, de la protesta del 8 de marzo, desde la Comisión 8M creen que hay más cosas que unen que separan y que pronto se volverá a ver una única manifestación. En la provincia de León este domingo también se han celebrado dos concentraciones en la ciudad de Ponferrada.

Contra la gestación subrogada

La manifestación, que ha partido a las 13:00 de la plaza del Cid, ha estado convocada por el Colectivo Feminista de Burgos que aúna a las organizaciones feministas de la ciudad, y ha marchado por las calles del centro con gritos en defensa de la igualdad y la libertad, y recuerdo a todas aquellas mujeres que son víctimas de la guerra y otros conflictos internacionales.

Tras una pancarta con el lema 'El feminismo es abolicionista' ha avanzado la manifestación, acompañada de carteles contra la gestación subrogada (con mujeres vestidas con las túnicas rojas y cofias blancas de 'El cuento de la criada), la pederastia, las agresiones sexuales y alguna con el 'No a la guerra'.

Previamente, a mediodía, ha tenido lugar una pequeña manifestación con batucada para niños y familias, organizada por Madres de la Leche; y este sábado, el Colectivo 8M organizó la tradicional carrera solidaria ‘Mujer, corre por tus derechos’, en la que participó más de un millar de personas, sobre todo mujeres.

Derechos que “se tambalean”

En Palencia han salido a la calle este 8M para sumarse al grito de la plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia para defender los derechos conquistados por generaciones de mujeres y evitar el peligro de perderlos ante el auge de los discursos extremistas.

“Los derechos conseguidos por la lucha feminista se tambalean ante momentos de conflictos internacionales y de crisis (...), hay que seguir luchando por la igualdad, gritar que no vamos a permitir ni un paso atrás, debéis permanecer vigilantes”, ha afirmado Mireia Barrios, la joven encargada de leer el manifiesto en la Plaza Mayor.

Más de un millar de personas ha participado en Zamora en la manifestación del Día de la Mujer, que se ha desarrollado en un ambiente festivo, con batucada incluida, y que ha concluido en la Plaza Mayor con la intervención de una víctima de la violencia machista, con poesía y un concierto.

El manifiesto con el que tradicionalmente concluye la marcha para reclamar igualdad se ha sustituido este año, como novedad, por las palabras de Andrea, una mujer que estuvo a punto de morir por la paliza que le dio su pareja, en un supuesto caso de intento de asesinato aún no juzgado.

En Soria, los asistentes han acudido a un día de celebración por los derechos conseguidos a lo largo de la historia pero también para exponer la reivindicación y lucha por una igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

En Ávila se ha congregado más de medio millar de personas por diversas calles del centro de la capital con motivo del Día Internacional de la Mujer, bajo el lema 'Unidas y fuertes, feministas siempre'. Los asistentes han coreado lemas como ¡aquí estamos las feministas!' o '¡patriarcado y capital alianza criminal!', junto a pancartas en las que podían leerse lemas como 'Juntas contra el odio, ni un paso atrás', 'la maternidad será deseada o no será'.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha condicionado este sábado en León futuras negociaciones con el PP de Castilla y León después de las elecciones a que el presidente autonómico y candidato 'popular' a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, se disculpe tras haber dicho en el debate electoral de este jueves que a Vox le gustaría “tirar seres humanos al mar”, en referencia a las personas migrantes que vienen en a España por el mar.

“No puede haber papeles para todos, pero tampoco tirar a seres humanos al mar, que es lo que les gustaría”, criticó Fernández Mañueco ante unas palabras xenófobas del candidato de Vox, Carlos Pollán. Abascal ha apuntado este sábado en León que Mañueco cree que en Vox son “salvajes” por querer tirar seres humanos al mar, algo que ha negado el líder de Vox, aunque sí ha arremetido contra las personas migrantes.

Vox ha acusado al PP de haber “condenado a una invasión migratoria” a Castilla y León -que tiene una tasa de inmigración del 9,3%, por debajo de la media nacional del 14,6%-. Poco antes Carlos Pollán ya había censurado esas palabras de Mañueco durante el debate.

Santiago Abascal ha defendido ante casi 1.500 personas que no pretenden “bloquear” los acuerdos con el PP, pero ha insistido en que quieren “que cambien las cosas”. “Ni con los titulares ni con artículos pagados ni a punta de pistola, no vamos a ceder”, ha avanzado el líder de extrema derecha.

El líder de Vox ha asegurado que todavía está “la puerta abierta” para un nuevo gobierno en Extremadura y aún quedan dos meses de plazo para llegar a un acuerdo antes de que María Guardiola se vea obligada a repetir convocatoria electoral, pero que deben aceptar sus postulados. También ha defendido la bandera de la Cruz de Borgoña, que ha considerado como la antigua bandera española.