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La entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León dispara el número y el presupuesto para altos cargos

Juan García-Gallardo y Alfonso Fernández Mañueco en rueda de prensa.

Recortar el “gasto político” es uno de los objetivos que marcó Vox en su gobierno de coalición con el Partido Popular en Castilla y León. Desde las filas del partido de Abascal presumen de haberlo hecho ya, pero los números dicen lo contrario. El Ejecutivo cuenta con 99 altos cargos, seis más que en la anterior legislatura, y ha cubierto todo el cupo de eventuales, los cargos a dedo que ocupan puestos de jefes de prensa en las consejerías, de asesores o incluso de responsables de redes sociales.

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Los 99 altos cargos, que van desde el presidente de la Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, hasta los delegados territoriales de la Junta, suman 6,8 millones de euros en salarios cada año. La cifra superará los 7 millones, ya que aún quedan por incluir al viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral, nombrado el pasado jueves, y al director general de Producción Agrícola y Ganadera y al gerente del Sacyl, con los nombres aún por decidir. Según los datos del portal de datos abiertos del Gobierno autonómico, los 93 cargos que había en 2020 suponían un gasto salarial anual de 6,5 millones. Esta diferencia entre 2020 y 2022 se explica porque hay más cargos y porque se ha hecho una actualización de salarios del 2%.

Fernández Mañueco no es el que más cobra, con un salario anual de 76.355,04 euros. El vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox) aunque no ha querido asumir cartera, ganará en este ejercicio 79.570,96 euros. Pero, además, están los cargos que ha nombrado vinculados a la vicepresidencia, en concreto tres. Así, en esta legislatura, García-Gallardo cuenta con un “director del Gabinete del Vicepresidente”, un cargo inexistente hasta el momento en la Junta de Castilla y León. Ningún vicepresidente había tenido, hasta ahora, un director de gabinete, pero es que es también la primera vez que un vicepresidente lo es sin estar al frente de una consejería. El director de gabinete del vicepresidente es además familiar suyo. José María Barrio Gil-Fournier es primo del padre de García-Gallardo, conocido abogado de Burgos. El salario anual de Gil-Fournier, ex directivo de Reyal Urbis, es de 73.926,22 euros. El vicepresidente también contará con su propia dircom, aunque con la denominación de directora de Coordinación e Interacción Social. La exdirectora general de Cope, Montserrat Lluis Serret, se encarga de dar las directrices a los jefes de prensa de las tres consejerías de Vox (Cultura, Empleo y Agricultura) y acompaña a García-Gallardo a todas partes. Entre sus funciones figuran la coordinación de las acciones informativas del vicepresidente, la gestión de las relaciones de este con otras instituciones, la elaboración de comunicados, y el asesoramiento. Por ello Lluis Serret cobra 73.926,22 euros al año, exactamente la misma cantidad que el director general de Comunicación, Julio López Revuelta. Tanto Gil-Fournier como Lluis Serret fueron eventuales antes de ser nombrados como altos cargos del Gobierno, una situación nunca vista en la Junta de Castilla y León.

García Gallardo ha creado un tercer cargo que depende orgánicamente de Vicepresidencia y que no existía hasta hoy, el de director general de Relaciones con la Sociedad Civil, que recaído en Jesús Enríquez Tauler, que encadenó varias legislaturas en el Ayuntamiento de Valladolid cuando gobernaba Javier León de la Riva, y que ahora salta del PP a las filas de Vox. Enríquez ganará 62.770,52 euros al año.

De entre los consejeros, el sueldo más alto es para el de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, con 91.911,46 euros anuales. Tiene un explicación, y es que la retribución es la que percibiría si siguiese ejerciendo su anterior función en el sector público, en este caso, la de juez. Aún así, Suárez-Quiñones no es el mejor pagado, por delante de él está el delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, con 97.120,58 euros de salario anual. Al igual que el consejero de Medio Ambiente, Rubio es funcionario, en concreto médico, de ahí esa nómina.

Tres millones de euros en “eventuales”

Por otro lado están los llamados “eventuales”, los puestos a dedo para responsables de prensa y asesores de todo tipo con escasa justificación, porque no siempre se sabe qué hacen. En esta legislatura se han cubierto los 44 puestos que existen. El número de eventuales se amplió entonces, pero no se cubrieron todas las plazas, si bien el dato concreto ha desparecido del portal de Transparencia de la Junta. El nombramiento del último eventual se publicó este viernes en el Bocyl: se trata de un periodista de Salamanca.

El gasto en salarios el pasado año fue de 1,5 millones de euros mientras que el previsto para este ejercicio rozará los dos millones. Entre los asesores está Alfonso Javier Sánchez-Guijo Acevedo, hermano del director general de Deportes que ha nombrado Vox, y que justifica la contratación del familiar porque el director tiene una discapacidad visual y necesita “un asistente”. El salario anual que cobrará será de 42.549,36 euros. También entra en la nómina de la Junta, con el mismo sueldo que Sánchez-Guijo, la exjefa de prensa del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid y viuda del torero Víctor Barrio, Raquel Sanz Lobo, que tras emprender una lucha judicial contra tuiteros por delitos de odio contra su marido, llegó a retuitear un tuit que instaba a tomar el ayuntamiento vallisoletano y a ajusticiar a Óscar Puente. Otra de las agraciadas con un puesto a dedo es la ex senadora Arenales Serrano, que también cobrará 42.549,36 euros. Serrano fue la encargada de defender la postura contraria del PP a la subida del salario mínimo a 900 euros, a pesar de abstenerse, la moción salió adelante. También serán técnicos asesores el hijo del expresidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago y el sobrino del difunto exvicepresidente de la Junta, Tomás Villanueva.

En la pasada legislatura obtuvo uno de esos puestos el director de la Policía durante el gobierno de Rajoy, Ignacio Cosidó, que renunció el año pasado para pasar a la empresa privada.

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