El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, gobernado por el PP, ha empezado a construir un aparcamiento en el parque forestal Adolfo Suárez, la mayor zona verde pública del municipio. El proyecto aprobado en Junta de Gobierno prevé 186 plazas para coches –ocho de ellas reservadas para personas con movilidad reducida–, dos rotondas y una vial de acceso que subirá entre pinos y encinas jóvenes hasta una explanada con vistas a Madrid.

Un cartel advierte en la entrada: prohibido hacer fuego, prohibido cazar, prohibido tirar basuras, prohibido aparcar. Al lado, otra señal describe el lugar como un “espacio integrador de la naturaleza en la ciudad”. En ese entorno, que los fines de semana visitan vecinos para hacer rutas de senderismo o andar en bicicleta, la Junta de Gobierno aprobó desarrollar un proyecto para meter “bicis, vehículos y autobuses”, que costará casi 1.730.000 euros.

El pliego firmado en julio de 2019 detalla que las obras, adjudicadas a Viales y Obras Públicas S. A., incluirán un viario de acceso desde la M-508, una glorieta de 30 metros de radio y más adelante, ya dentro del parque, otra de 20. Se acondicionará un sendero que ya existe, se incluirá luminaria, se plantarán unos 50 árboles nuevos y los conductores podrán recorrer 300 metros desde la carretera para acceder hasta una de las zonas más altas del parque a dejar el coche.

Por ahora, no hay máquinas ni se ha removido tierra. Las obras están en una fase “muy inicial”, según fuentes del Ayuntamiento. Hasta hace dos semanas, el acceso a la explanada donde se construirá el aparcamiento estaba abierto a los visitantes y un grupo de niños participaba de una actividad. A su alrededor, se extendían 150 hectáreas de un espacio natural “exclusivo”, según la definición del propio Consistorio.

Desde esa parte elevada, se divisa la Casa de Campo y detrás, las cuatro (ahora cinco) torres de Madrid. Al otro lado, cruzando la M-508, está el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense y junto a esas instalaciones hay varias parcelas de uso dotacional aún sin construir. Hacia el otro lado se expande Húmera, un barrio de 1.870 habitantes, con chalés de lujo y una renta disponible de más de 62.000 euros.

“Actualmente, el acceso al parque forestal Adolfo Suárez se realiza atravesando Húmera y, por lo tanto, se genera un tráfico innecesario y molesto para los vecinos de este barrio”, asegura por correo electrónico una portavoz del área de Obras, Rehabilitación de Cascos y Patrimonio, que dirige la concejal Almudena Ruiz Escudero.

La misma fuente no precisa cuántas personas van en coche al parque y si existe una demanda de más plazas de aparcamiento en el entorno, que se ubica a tres kilómetros del principal eje del municipio, la Avenida de Europa. La construcción pretende, sobre todo, “mejorar el acceso de los vecinos” a esta zona verde pública que se regeneró a principios de 1990 con la plantación de 25.000 especies de árboles y 95.000 de arbustos.

Según las previsiones del Consistorio, el impacto de la nueva infraestructura será “similar o inferior” al que existe actualmente sobre el ecosistema que forman liebres, ardillas y distintos tipos de aves, como garzas y cigüeñas. La portavoz municipal afirma que no será necesario talar “ni un solo ejemplar arbóreo” para construirla. Las plazas estarán listas en siete meses, según los plazos del pliego de las obras, y se sumarán a las 60 que ya hay en el actual acceso al parque y a otras que hay fuera.

“Tienen obsesión con hacer nuevos aparcamientos. Aunque digan que creen en la movilidad sostenible, para ellos la prioridad es dar soluciones al tráfico rodado”, critica Helio Cobaleda, concejal del grupo municipal socialista en Pozuelo de Alarcón, que la semana pasada presentó una pregunta escrita para instar al Ayuntamiento a reubicar el estacionamiento.

El edil afirma que “desde el principio” su grupo señaló que la iniciativa era “un error”, aunque la aprobación del proyecto no estaba sometida a votación. El grupo municipal de Ciudadanos, en cambio, defiende que “no tiene inconvenientes” con las nuevas obras “si mejoran la vida” de los vecinos. El portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Damián Macías, asegura que por “practicidad” están de acuerdo con que se siga adelante.

La gerencia municipal de Urbanismo evaluó que la zona verde pública, que el Plan General define como un “lugar de esparcimiento con el medio natural”, es compatible con las obras porque en entre los usos no permitidos en la parcela “no se encuentra el de viario y aparcamiento”. Elena Moreno, concejal del PSOE y arquitecta urbanista, opina, sin embargo, que es “completamente contradictorio”. “Si metes más coches, pierdes parte de la superficie del propio parque forestal. Como la gente quiere ir en coche, los coches los meto dentro. No, déjalos fuera”, apunta.

Propuesta para dejar los coches fuera

El PSOE municipal propone trasladar las plazas fuera del parque: hacer un vial paralelo a la carretera M-508 con un aparcamiento en batería. “No tiene originalidad, lo mismo ha hecho Boadilla en el acceso al Monte de Boadilla para dotarlo de aparcamiento”, afirma Cobaleda.

Pero el equipo de Gobierno, que dirige el PP desde hace casi 40 años, se niega a dar marcha atrás: “La obra ya ha comenzado y redefinir las actuaciones previstas a estas alturas supondría hacer un modificado del proyecto que, además de afectar el precio, implicaría la paralización y el retraso innecesario”, ha respondido la concejal Almudena Ruiz Escudero a la respuesta escrita presentada por el grupo municipal socialista.

La concejal popular defiende en el documento que los operarios trabajarán con “un método innovador de construcción” que reduce “mucho” el espesor de la capa de hormigón para construir lo que denomina un “aparcamiento ecológico”: “Supone un menor movimiento de tierras, menos residuos, menos trasporte de estos, así como menos emisiones de carbono”.

“Es surrealista”, zanja el concejal socialista. “Construyes una zona verde, te pasas 20 años plantando árboles, ya empieza a haber zonas frondosas, ¿y de repente metes los coches?”, se pregunta Cobaleda. Los vehículos ocuparán solo una parte de la explanada de 11.120 metros cuadrados con forma de óvalo alargado. Si se cumplen los plazos, los coches podrán aparcar a partir este año con las mejores vistas.

Médicos, ingenieros, diseñadores y más profesionales voluntarios se han empezado a organizar de forma telemática para desarrollar soluciones baratas y rápidas de ventilación para pacientes contagiados con coronavirus. Los respiradores son un insumo necesario para atender a los afectados, que llegan con síntomas como fiebre y tos seca, y que podrían duplicarse en los próximos días en España, según el Gobierno. Ante un posible escenario en el que falten estos dispositivos de alta tecnología, los expertos buscan ofrecer planos de código abierto para replicar los dispositivos más sencillos fácilmente.

Mientras el número de infectados crece en el país y los hospitales se llenan, la conversación en un grupo de Telegram que ya suma más de 580 participantes no paraba este viernes por la mañana. Decenas de profesionales lanzaban propuestas a contrarreloj para desarrollar un dispositivo barato, sencillo de usar y de fácil fabricación:

–Estoy ahora cogiendo el modelo de ventilador y lo estoy modificando para hacer un esquema; ya tengo el pseudocódigo del software.

–Necesitamos que alguien con conocimientos de neumología.

–¿Debe imitar el típico respirador de botella?

–Yo dispongo de impresora 3D, si sirve para algo.

Las ideas se sumaban; había momentos de “caos”, según expresaban algunos participantes; alguien creaba un Excel de voluntarios que crecía con el paso de las horas; se apuntaba un anestesista de Tenerife y un ingeniero de Ginebra; de repente, alguien empezaba a hablar en inglés; se intercambiaban vídeos de Youtube sobre soluciones pasadas, información de manuales impresos, bocetos a mano… La reflexión avanzaba.

“Hay mucha gente que tiene mucho interés en hacer algo. Así pues, poner la inteligencia colectiva a funcionar no es una mala cosa”, opina David Cuartielles, ingeniero y fundador de Arduino, una compañía de desarrollo de software y hardware libres. El ingeniero añade: “Sirve como catarsis, pero además puede servir para ayudar a llegar a una solución técnica válida”.

En los próximos días, habrá más infectados con coronavirus, según el Ministerio de Sanidad. El presidente, Pedro Sánchez, ha decretado el estado de alarma durante 15 días y no descarta que el número de infectados alcance los 10.000 la próxima semana. En Madrid, por ejemplo, donde se concentra casi la mitad de contagios en España, el Ejecutivo regional ha anunciado que hoteles, residencias y domicilios comenzarán a funcionar como hospitales improvisados.

“Si asistimos a un pico muy elevado, las capacidades de facilitar asistencia son limitadas porque los equipos son muy caros y los hospitales no pueden tener cientos de equipos esperando un brote pandémico. De ahí la pregunta: ¿podemos hacer algo quizás no tan sofisticado pero que resuelva o ayude en esta situación?”, se cuestionó este jueves el bioquímico Jorge Barrero, director de la Fundación Cotec e impulsor de otra de las iniciativas, que se denomina Ayuda Innovadora a la Respiración (AIRE).

El bioquímico estaba “desesperado” tras una semana en casa y con la inquietud por “ser útil” en esta pandemia, que ha matado a más de 5.000 personas en todo el mundo. Contactó con tres expertos, que creyeron que era posible desarrollar o adaptar alguna tecnología “no tan puntera” para poder dar un servicio de urgencia, y armó un grupo de WhatsApp, que enseguida creció con una veintena de profesionales más.

En menos de 24 horas, definieron tres líneas de acción con hojas de ruta paralelas para buscar “soluciones diversas”. En ello están. Una línea de trabajo apunta a desarrollar desde cero sistemas sencillos, baratos, de fabricación y distribución rápida; otra busca adaptar tecnología preexistente, como la que utilizan personas con apnea; la última pretende apoyar a la industria que fabrica estos dispositivos para “llegar antes y con más” suministros.

Un centenar de expertos –algunos “desde la trinchera” y otros desde su casa– se han puesto a disposición de esta iniciativa, según Barrero, y ahora se organizan coordinados por Tecnalia, un centro tecnológico público del País Vasco. El desarrollo acaba de empezar. “No hay una solución, hay un equipo analizando varias estrategias. Puede que se llegue a un resultado interesante, a varios o a ninguno”, precisa Barrero.

El bioquímico señala que “hay varias tecnologías” que podrán contemplar los expertos. “Por ejemplo, hay sistemas que se pueden usar solo con el paciente dormido; otros que se pueden usar con el paciente despierto, pero no mucho tiempo; unos son más eficientes, otros son más sencillos de fabricar o menos costosos… Hay todo un mundo y el debate ahora es adónde vamos a apuntar el tiro para hacer alguna aportación que sea útil”.

Más profesionales trabajan desde otros grupos, aunque en la misma dirección y conectados. “La gente no para de escribir y se han autogestionado. Es bonito ver cómo se han unido”, afirma Esther Borao, ingeniera industrial especializada en automática y robótica y directora del Instituto Tecnológico de Aragón, que creó el grupo de Telegram que reúne a 580 profesionales casi en paralelo a Borrero.

Borao señala que “hay muchos desafíos” ahora, pero destaca que “el mayor” es que “la gente esté en casa para que no haya más contagios y los hospitales no se saturen”. “Ojalá no hagan falta respiradores”, reclama.

En otros países, como Estados Unidos o China, también han lanzado iniciativas similares casi al mismo tiempo y, en Twitter, ha surgido el hashtag en inglés #cheapventilators (respiradores baratos, en español). “No estamos solos. Si no somos nosotros, alguien conseguirá dar respuesta. Se trata de trabajar en cooperación”, defiende Barrero.

“Tenemos que entender que todos estamos conectados y esa capacidad de infección que tiene el virus es la misma que nosotros tenemos que conseguir para que los mensajes correctos se difundan y las iniciativas escalen”, defiende bioquímico. Barrero asegura que para “luchar contra el virus” es importante actuar “como un único superorganismo”: “No podemos vivir esto como una enfermedad individual, porque no lo es”.

En el patio interior de la Calle de Alberto Bosch 4, en el centro de Madrid, alguien descorchó una botella antes de las once de la noche de este miércoles. En el inmueble, vacío desde hacía cinco años, quedaba inaugurada la nueva sede de La Ingobernable, la segunda ocupada por los activistas del centro social autogestionado desde 2017. El colectivo ha retomado sus actividades tras cuatro meses, después de que la Policía desalojara y tapiara el anterior espacio donde funcionaba el centro, en el Paseo del Prado, 30.

“¡Venga!”, reclamaba una hora antes una de las mujeres que esperaba en la acera a que se abran las puertas del inmueble, una construcción de ladrillo visto de 1886 que pertenece al Ministerio de Justicia. Desde las ventanas, salían luces de linterna y una pancarta bajaba desde la segunda planta: “Seguimos en el corazón de Madrid”. Tras el desalojo del edificio que ocupaban en una esquina privilegiada del centro, el colectivo se ha mudado al otro lado del Paseo del Prado.

Las consignas que coreaban los activistas desde las aceras antes de poder entrar hicieron salir a los vecinos a los balcones y preguntarse desde los portales qué estaba pasando. “¡Tenemos casa!”, gritó una mujer cuando finalmente se abrieron las puertas y voló confeti. La Policía, que había estado identificando a los miembros del colectivo desde las siete de la tarde por concentrarse sin la autorización de la Delegación de Gobierno, ya se había ido.

El edificio había sido ocupado un días antes —el colectivo no ha precisado la fecha—, después de que el alcalde José Luis Martínez-Almeida (PP) anunciara a principios de febrero que el Ayuntamiento cedería el anterior inmueble de La Ingobernable a la Fundación Hispano-Judía. El Consistorio aseguró que entregaría de forma “inmediata” el bien a la entidad privada, cuyo vicepresidente es el exalcalde popular Alberto Ruiz-Gallardón, para abrir un museo, pese a que había prometido una biblioteca y un centro de salud para el barrio.

“Esta acción supone un acto de resistencia y desobediencia ante las agresiones sistemáticas que los espacios autogestionado llevan soportando desde hace meses en Madrid”, defendió una de las portavoces del colectivo en un comunicado que leyó a los medios este miércoles. Una treintena de personas aguardaban del otro lado de la puerta, según el colectivo, cuando decenas de manifestantes entraron saltando.

Sobre una de las paredes del interior, una inscripción avisaba que en el edificio había funcionado el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, que en 2015 se mudó de esa sede. El 23 de noviembre de ese año, la entidad empezó a funcionar en las instalaciones del Archivo General de la Comunidad de Madrid, en el barrio de Delicias, mientras se rehabilitaba el edificio de la Calle de Alberto Bosch 4.

El inmueble había quedado “obsoleto” en materia de seguridad y conservación y las cerca de 46.000 escrituras públicas que se conservaban allí con firmas de Miguel de Cervantes, Santiago Ramón y Cajal o Francisco de Goya, entre otros, fueron trasladadas. El edificio tenía “graves problemas” para conservar en buen estado los fondos, según una información publicada por la Comunidad de Madrid en ese momento.

Los protocolos notariales de Madrid, Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, Getafe, Navalcarnero y El Escorial, así como los libros de las Contadurías de Hipotecas de esos municipios y los registros de los consulados de España en el extranjero desde 1504 hasta 1917 pasaron primero a una sede provisional en la calle Ramírez de Prado 3, y finalmente se trasladaron a su actual domicilio, en el distrito de Hortaleza.

El edificio detrás del Museo del Prado continuó vacío hasta ahora. Una portavoz del Ministerio de Justicia no ha ofrecido detalles sobre el estado actual de las obras de rehabilitación o las razones por las que el bien propiedad de la Administración del Estado continuaba vacío.

Decenas de estanterías de metal despojadas, que suman en total más de 6.000 metros, permanecen en el inmueble repartidas en tres plantas. Todavía se ven revistas descoloridas en cajas, planos antiguos y cintas de máquina Olivetti.

Este miércoles, más de 300 personas, según los organizadores, recorrieron una a una las plantas y habitaciones de este edificio catalogado con el grado uno de protección patrimonial, el más alto. “¿Cuántos pisos tiene? ¡Y sigue!”, se sorprendía una de las visitantes.

El equipo de Gobierno de Martínez-Almeida, que prometió durante la campaña electoral “una ciudad libre de ocupas”, confía en que el Ministerio de Justicia desaloje de “manera inmediata” al colectivo y ha exigido “tolerancia cero” este jueves. “Madrid no puede ser una ciudad a expensas de que lo pueda ocupar de manera ilegal cualquier tipo de colectivo. Esta ocupación va en contra de la legalidad”, ha señalado Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento, tras la Junta de Gobierno.

Fuentes del Ministerio de Justicia han asegurado a eldiario.es que “no se ha tomado ninguna decisión al respecto” del desalojo y que se “está estudiando la situación”. Los activistas adelantaron el miércoles un mensaje para el Ejecutivo: “Creemos que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos tiene que decidir si se posiciona del lado de La Ingobernable y los movimientos sociales que aquí se organizan o de la criminalización que ha hecho Almeida desde la campaña electoral con sus socios de extrema derecha”.

Algunos pasaron la noche en las instalaciones, que están en buen estado, cuentan con luz eléctrica, agua y aseos funcionando. La primera asamblea de La Ingobernable en el nuevo edificio se ha celebrado este jueves para decidir cómo organizarse y continuar con las más de 200 actividades gratuitas que se desarrollaban en la antigua sede.

“Ha ido de maravillas”, ha celebrado una de las portavoces tras la asamblea, que ha durado casi dos horas. Entre 50 y 70 personas, según sus cálculos, se han presentado y han compartido ideas y proyectos para “hacer crecer el espacio”. “Ha sido un primer contacto para conectar con la gente, hemos visto caras nuevas”, ha señalado la activista.

En el encuentro, han debatido “qué hacer de cara al 8M”. “Posiblemente, volvamos a ofrecer comida como otros años y estar abiertos a Madrid”, ha señalado la portavoz. Además, han hablado sobre el acondicionamiento del nuevo edificio y sobre qué hacer con las decenas de archivadores que se alzan en las habitaciones, para las que aún no tienen una solución.

Por ahora, los portavoces no ofrecen más detalles “por seguridad” y llaman a los vecinos a “continuar con la labor social” del centro. En la primera noche después de abrir el espacio, los activistas reivindicaron la ocupación desde un patio repleto: “¡Ingobernables, indesalojables!”.

Activistas del centro social autogestionado La Ingobernable han ocupado este miércoles un nuevo edificio en el centro de Madrid. El inmueble, que llevaba vacío más de cinco años, según los miembros del colectivo, se encuentra en la Calle de Alberto Bosch, 4, detrás del Museo del Prado. Un portavoz del Ayuntamiento ha confirmado a este diario que el edificio pertenece al Ministerio de Justicia.

A pocos metros de allí funcionó hasta el pasado noviembre la anterior sede de La Ingobernable, que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, desalojó y cedió a una fundación privada del exedil Alberto Ruiz-Gallardón. Este miércoles, luces de linterna salían desde las ventanas del nuevo edificio ante la mirada expectante de decenas de manifestantes.

“En el seno de la semana de la revuelta feminista, La Ingobernable hace pública la recuperación de un nuevo espacio para los movimientos sociales en Madrid”, ha leído una de las portavoces antes de que una gran pancarta amarilla y morada se desplegara desde el primer piso del edificio de ladrillo visto: “Seguimos en el corazón de Madrid”.

Desde la acera, los manifestantes –más de 300 según los organizadores– cantaban y coreaban consignas bajo paraguas que llevaban porque estaba previsto lluvia: “Uno, cien, mil centros sociales” o “Un desalojo, otra ocupación”. “Este espacio que hasta ahora estaba privado de vida servirá para albergar acciones del movimiento feminista durante esta semana que culmina en el 8M, y, posteriormente, para continuar la labor social”, ha añadido la portavoz de un comunicado.

El pasado 13 de noviembre, la Policía vació el edificio que ocupaba el colectivo, donde se desarrollaban actividades gratuitas. El Consistorio anunció hace un mes que el inmueble, ubicado en el Paseo del Prado 30 esquina con la calle Gobernador, se iba a ceder de forma “inmediata” a la Fundación Hispano-Judía para que se abra un museo. Antes el Ayuntamiento yahabía desalojado otro centro social autogestionado, La Dragona.

El edificio ha permanecido cerrado hasta las diez de la noche, cuando los activistas en el interior han abierto las puertas. Las decenas de personas han accedido cantando y saltando, han subido las escaleras metálicas del antiguo Archivo General de Protocolos y han recorrido las plantas, donde aún hay estanterías, revistas antiguas y cintas de máquina. “Es increíble”, ha exclamando una de las manifestantes sorprendida por el estado y el tamaño del inmueble. “Después de esto, solo el Pazo de Meirás”, ha bromeado otra. El inmueble fue ocupado “hace unos días”, de acuerdo con los portavoces de La ingobernable, que no han querido precisar la fecha exacta “por seguridad” y a partir de este miércoles estará “abierto al público”.

El colectivo ha criticado las “agresiones sistemáticas” que los espacios autogestionados llevan “soportando desde hace meses” en Madrid y ha pedido “respeto” a las Administraciones. “Al ser un edificio estatal, creemos que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos tiene que decidir si se posiciona del lado de La Ingobernable y los movimientos sociales que aquí se organizan o de la criminalización que ha hecho Almeida desde la campaña electoral con sus socios de extrema derecha”, ha instado una portavoz.

Asimismo, los convocantes han llamado a los vecinos a “inundar de vida y actividades el nuevo edificio”. “Queremos espacios donde no prime el dinero sino la relación entre las personas”, ha reclamado Álvaro, de 35 años, de pie en la acera. Carmen, de 24, ha añadido que se siente “ilusionada” tras la nueva ocupación “por todo lo que [el nuevo espacio] puede dar”.

“Es responsabilidad de todas recuperar estos espacios”, ha clamado una de las portavoces, que ha reivindicado la ocupación “legítima” en nombre de colectivos “feministas, ecologistas, de vivienda, LGTBIQ+ y antirracistas”. Algunos vecinos que salían de los portales de la Calle de Alberto Bosch se han preguntado qué hacían tantas personas concentradas:

– Se ha recuperado ese edificio

– Pues me parece bien, si no está sirviendo para nada.

En la calle, un hooligan rubio y grandote le pidió, emocionado, un abrazo mientras ella interpretaba un tema; en la calle también, una mujer que no llevaba suelto le dejó un bolígrafo para que siguiera escribiendo “canciones tan bonitas”. Silvia Sánchez-Cid canta y toca la guitarra desde hace cuatro años en la vía pública y teme tener que dejar de hacerlo. La Junta de Distrito del Centro decretó en febrero una nueva instrucción para regular su actividad y dio 15 días, hasta este lunes, para solicitar las autorizaciones. Los permisos ya no serán ilimitados como hasta ahora: solo 450 artistas conseguirán uno y si las peticiones superan ese número, se decidirá por sorteo.

La nueva instrucción que aprobó el Ayuntamiento restringe el número de intérpretes en el Centro, limita los integrantes por grupo a cinco o siete según la zona, reduce los horarios y el tiempo de las actuaciones y prohíbe tocar en calles que permitía la normativa anterior, que había sido acordada entre vecinos, músicos y políticos en 2018 tras dos años de reuniones.

El Ayuntamiento entregará 450 autorizaciones, que serán personales e intransferibles y que se entregarán dos veces al año —en 2020, solo una vez—. Entre julio y agosto, y de forma excepcional, se entregarán 50 más. Con el nuevo decreto, los músicos podrán tocar por la mañana, entre las 12.00 y las 14.00, y por la tarde, entre las 18.00 y las 21.00 (salvo algunas excepciones). En total, cinco horas menos al día de lo que preveía el anterior reglamento. Además, zonas donde antes se podía actuar, como la calle Preciados entre Callao y Sol, estarán vetadas a músicos callejeros.

El concejal del distrito Centro, José Fernández (PP), argumenta que la revisión Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) del Centro, aprobada en abril de 2019, y las quejas “generalizadas” de vecinos y comerciantes del centro motivaron el cambio. “La convivencia es el único objetivo. El gran fracaso de la instrucción de [la exalcaldesa Manuela] Carmena es que la música, para algunos vecinos, se convirtió en una tortura”, opina el concejal.

El anterior reglamento echó a andar en febrero de 2018, tras dos años de intercambios entre vecinos, músicos y políticos. Las partes llegaron a reunirse una vez en la comisión de seguimiento hace un año. El Ayuntamiento entregó en ese tiempo unas 900 autorizaciones, que el actual equipo de Gobierno ha considerado “demasiadas”. Desde julio, el Consistorio dejó de dar y renovar permisos y muchos músicos se quedaron a la espera. Algunos decidieron seguir tocando en la vía pública y otros, como Sánchez-Cid, que usa el nombre artístico de Damdara, prefirieron no arriesgarse a recibir multas.

“Vuelvo bajo tierra porque no tengo otra opción”, lamenta la cantautora, de 40 años. Para ella, no es lo mismo tocar en el Metro. En la calle, tenía un ingreso económico, pero también un espacio de expresión y de visibilidad. Damdara se hace preguntas sobre la nueva normativa: “¿Qué pasa con el músico que viene de Londres o Gijón en mayo y no tiene licencia? ¿No puede sacarla? Si a un miembro de una banda le dan permiso y a otros no, ¿se parte el grupo? ¿Y las solicitudes que se dan, pero después los músicos no aprovechan?”.

La artista agrega una última: ¿cómo y cuándo será el sorteo? “Primero fue un casting, pero como eso quedó tan mal ahora hacen un sorteo”, critica la cantoautora en referencia a las pruebas de idoneidad que hizo el equipo de Gobierno de la exalcaldesa Ana Botella (PP) para otorgar permisos a músicos callejeros en 2013.

“Es absurdo y va contra la calidad de las actuaciones”, apunta Daniel Cabrera, miembro de la plataforma de músicos La Calle Suena, que participó de las reuniones para acordar la anterior normativa. Cabrera, que es guitarrista en el grupo Madrid Hot Jazz Band y actúa los domingos en El Rastro, asegura que los 900 músicos que tenían autorización “jamás” salen a tocar a la vez. “Los problemas que todos decimos que existen no se están atajando con la nueva normativa”, critica.

Los músicos y los portavoces de al menos tres asociaciones del Centro coinciden en que los reclamos vecinales apuntaban, sobre todo, contra intérpretes que incumplían la normativa. “El ruido se mete en las casas y no tengo por qué oír a un señor que está tocando en la ventana, aunque sea la Filarmónica de Londres. Hicimos un mapa con todos los puntos donde se puede tocar, llegamos a un acuerdo y el problema de todo esto es que no se controla”, señala una representante de la asociación de vecinos de Ópera, que no quiere identificarse.

“Con que la policía hubiera hecho cumplir el decreto, el actual o el anterior, era suficiente. El actual va a ser más difícil ya que están restringiendo los permisos, y gente que tenga que tocar al final va a salir a tocar”, señala Saturnino Vera, presidente de la asociación Cavas-La Latina. Vera avisa de que “el ruido principal que se produce en el barrio es en horario nocturno y no precisamente de los músicos”. Víctor Rey, portavoz de la asociación de vecinos de Sol y el Barrio de las Letras, añade: “El derecho al descanso de los vecinos es sagrado, no renunciamos, pero es compatible [con la música callejera] haciendo las cosas bien”.

“Los propios músicos quieren una regulación porque es la forma en que ellos tocan tranquilamente. Cuando hay músicos tocando fuera de esas áreas y horarios, empieza a haber problemas con los vecinos”, señala Pilar Perea, concejala de Más Madrid y miembro de la comisión de Cultura del Ayuntamiento. “Si hay voluntad política, si quieres que la música sea un fenómeno cultural, se regule y no tenga perjuicios, entonces pones medios materiales y personales”, incide Perea.

El concejal presidente del distrito reconoce que “el problema son los incumplimientos” y asegura que la instrucción “no está cerrada”. La comisión de seguimiento se conformará en el primer trimestre de este año, según asegura. “Si estamos equivocados, se cambia y se mejora”, afirma Fernández. Pero el decreto ha dejado “desconcertados” a los músicos, que quedaron fuera de la redacción de la nueva instrucción. Aún no saben cuándo podrán volver a tocar con autorización y el concejal tampoco lo aclara —“cuando se pueda”—.

Mientras se resuelve, Damdara sigue tocando en el Metro. Ha salido del suburbano y lleva la guitarra en la espalda, que sobresale por encima de su cabeza y le inclina las vértebras hacia adelante. En un carro, lleva un amplificador, micrófonos y la alfombra donde los viandantes le dejaban monedas, billetes o bolígrafos. “La música se sortea. Lo que tu ofreces, para lo que te has formado, no vale nada”, lamenta. Camina por la Calle del Carmen, donde solía tocar, y los únicos artistas que se ven a las ocho de la noche son dos bailarines que mueven con gracia las caderas y amplifican música grabada con un altavoz.

“Dejaré mi barrio, ¡jolín! / dejaré mi casa y me iré / lejos de aquí”. Las estrofas de Un beso y una flor, de Nino Bravo, han sonado versionadas por una veintena de inquilinos de Lavapiés y miembros de Bloques en Lucha en el centro de Madrid. Disfrazados de buitres y exterminadores, los vecinos han irrumpido en el edificio donde tiene el domicilio fiscal el fondo Ares Management, la empresa que compró sus viviendas, para pedir una reunión que no han conseguido: “Nos quieren echar sin más explicaciones tras años, incluso décadas, de vivir en el edificio”.

Los vecinos se han disfrazado de pájaros negros, con chisteras y billetes pegados en las alas, para exigir una reunión “de forma inmediata” y renovar sus contratos. Hace menos de un año, les llegó la primera carta del fondo Muflina S. L. al edificio donde viven, en Santa Ana, 8, y aún no han conseguido iniciar una negociación tras reunirse dos veces con esa compañía. Algunos de ellos continúan viviendo allí después de meses de que finalizara su contrato.

“Decidimos que no estamos dispuestas a obedecer leyes injustas que hacen el juego a los especuladores y que están destrozando nuestros barrios”, ha leído una de las vecinas de un comunicado. “Dicen que vienen a mejorar los barrios, a dotarlos de viviendas de más calidad, pero para ello las personas que vivimos ahí les molestamos”, ha continuado.

“Detrás de Muflina se protege Ares Management”, ha explicado la mujer disfrazada con un traje blanco, como una exterminadora de buitres. En el portal de la Calle de Príncipe de Vergara, 112, donde tiene domicilio fiscal ese fondo, ha reclamado una reunión con la empresa y ha incidido: “Como otros, ha visto en Madrid un campo abierto sin cortapisas para sacar tajada rápida: corre, coge el dinero y vete”.

Tras escuchar el comunicado, la veintena de personas disfrazadas de blanco y de negro han accedido al hall decorado con orquídeas y han cantado reversiones de Despacito, Y quién es él o Quisiera ser un pez. Durante media hora, han interpretado canciones y han actuado para “llamar la atención”, pero no han logrado traspasar los tornos para acceder a las oficinas, como pretendían.

Dos representantes de TMF Group, la gestora de Ares Management, han bajado finalmente para hablar con ellos. Los trabajadores les han pedido que les enviaran un correo para, a través de la gestora, contactar con Ares Management. “¡Nos son buitres, son fantasmas!”, ha acusado uno de los vecinos por la dificultad para contactar con la empresa.

“Llevamos meses intentando hablar con ellos y la respuesta ha sido ‘que te vayas”, ha dicho uno de los vecinos. “Es un copy-paste de su manera de funcionar aquí, en Chicago, en Londres o en Roma”, ha señalado otro, que ha agregado: “Cualquier persona quiere vivir en su barrio porque tenemos a nuestras familias, nuestros vecinos y nuestra red de apoyo. Pero además porque es una forma de resistencia a la especulación inmobiliaria, que está acabando con los barrios”.

Víctor, otro inquilino, de 47 años, ha apuntado contra las administraciones detrás de una máscara con un pico largo de pájaro: “Queremos que las instituciones públicas, el Ayuntamiento, la Comunidad, el Gobierno, regulen la compra de fondos buitres”. Los manifestantes han abandonado el edificio voluntariamente cuando han llegado tres agentes de la policía. Han salido por la puerta de vidrio cantado una vez más la reversión de Un beso y una flor: “Regular el precio del alquiler / es muy fácil presi solo hay que querer / es una cosa muy seria / que afecta a toa la peña / la vida de los barrios hay que defender”.

Una hoja de 15 metros de largo bordea este sábado el memorial a las víctimas de la Guerra Civil en el cementerio de La Almudena. Sobre el papel arrugado pegado con celo, aparecen enumeradas las 2.936 personas que el franquismo represalió entre 1939 y 1944. Es un “gesto”, una “protesta”. La hoja impresa pretende reemplazar las placas de granito con los nombres de las víctimas de la dictadura que formaban parte del proyecto original y que el Ayuntamiento de PP y Ciudadanos desmanteló por considerarlo “sectario”. Medio centenar de personas se han reunido este sábado en el cementerio madrileño para exponer los nombres y mostrar el “rechazo” al desmantelamiento del monumento original.

Detrás de las vallas que aún protegen las obras, cartones impresos también hacen de las tres placas eliminadas del proyecto puesto en marcha por la exalcaldesa Manuela Carmena. eldiario.es adelantó este lunes que, además de eliminar la identidad de los represaliados, el nuevo proyecto borra versos del poema El herido, de Miguel Hernández; un texto de Julia Conesa, una de las Trece Rosas, y una inscripción acordada con los familiares de las víctimas. El alcalde José Luis Martínez-Almeida ha negado que se eliminaran fragmentos de la obra del poeta porque esa era “una propuesta del Gobierno de Carmena de la que no tuvieron conocimiento ni el comisionado ni el resto de grupos políticos”.

“Se han pasado mucho”, ha criticado Antolín Pulido, el hombre que ha convocado como particular la concentración y que este viernes acudió al Palacio de Cibeles para presentar ante el Ayuntamiento los 2.936 nombres. Ha llegado con cartones y papeles impresos para repartir entre los asistentes. Algunos de los presentes han cruzado el alambrado para pegarlos y han salido minutos después tras la insistencia del guardia de seguridad.

Una vez fuera, sobre la malla verde que tapa las obras, han colgado con picos de madera la hoja de 15 metros de largo y una bandera republicana. “Va a durar poco”, ha lamentado un hombre (a las 15.00 horas, los nombres y las placas reivindicativas ya no estaban). Otra mujer, de 75 años y que fue sindicalista durante la dictadura, ha reflexionado: “Es lo que podemos ir haciendo. Tenemos que ir dando pasos y no dejar que borren la memoria”. Para ella, “reflejar los asesinatos” es lo “mínimo”.

El Gobierno municipal de PP y Ciudadanos consideró que exponer las identidades de los represaliados durante la dictadura en el monumento era “sectario” y “contrario” a las recomendaciones del Comisionado de Memoria Histórica. El Consistorio ordenó desmontar las obras casi terminadas y exponer, en cambio, una inscripción general que rinda homenaje a “ambos bandos”.

La nueva inscripción, que hace referencia a las víctimas de la Guerra Civil, ya está escrita sobre la piedra: “El pueblo de Madrid a todos los madrileños que entre 1936 y 1944 sufrieron la violencia por razones políticas, ideológicas o por sus creencias religiosas. Paz, piedad, perdón”. “Tenía que poner: 'que sufrieron la violencia por el golpe de Estado”, ha comentado Rosa Muñoz, de 67 años. “Hacen lo que quieren y tiran por el piso la historia”, ha criticado.

Las familias de los fusilados, que este sábado no han estado presentes, calificaron de “vileza política” arrancar los nombres del monumento y una asociación de víctimas denunció al Consistorio por un presunto delito de prevaricación ante la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas “por despilfarrar 210.000 euros” para desmontar un monumento parcialmente ejecutado. La primera archivó la denuncia y el segundo ha empezado a investigar la retirada de las placas.

“Almeida quiere destrozar la memoria. Quieren enterrarla e igualar unas víctimas con otras”, se ha quejado Rosa del Cerro, de 54 años. “Y, lo último ha sido quitar los versos de Miguel Hernández”, se ha indignado. Minutos después, la mujer se ha unido a los que cantaban versos del poeta, de Vientos del Pueblo: “Hombres que entre las raíces / raíces gallardas / vais de la vida a la muerte / vais de la muerte a la nada”.

La lluvias del verano abrieron una gotera “inmensa” en el piso de María Antonia García-Heras. Lo que en cualquier edificio no es más que una filtración de agua, a esta vecina de Orcasitas le hizo entrar en “pánico”: “Me estaba tragando el amianto”. Cientos de vecinos de este barrio del sur de Madrid viven desde hace 40 años debajo de tejados de fibrocemento, un material cancerígeno que quieren eliminar de encima de sus cabezas. El Ayuntamiento les concedió ayudas para retirarlo hace meses, pero el dinero aún no ha llegado al barrio.

Los tejados de esta zona de Orcasitas se van quedando blancos. El amianto, un material oscuro, barato y resistente, ha empezado a desprenderse del remate de estos edificios de protección oficial que se construyeron entre las décadas de los 70 y 80. “Estamos todos los días recibiendo partículas de los tejados”, explica Ana María Pérez, vecina del barrio. Habla pausado y se cubre el rostro con una máscara porque tiene asma. “Ya está bien de que no nos lo arreglen”, se queja.

En el barrio, son 116 comunidades afectadas, donde viven unas mil familias, según cuenta Félix López-Rey, uno de los primeros residentes de la zona y concejal de distrito por Más Madrid. Más de la mitad pidió las ayudas en 2019 y el resto espera poder hacerlo este año, según el edil, que es además fundador de la asociación vecinal del barrio. A ellos hay que sumar los centenares de residentes de barrios aledaños. En total, López-Rey cifra en 5.000 las familias afectadas. 

Hace 12 años, cuando empezaron a “escuchar y descubrir cosas en Internet”, conocieron la “peligrosidad real” de lo que tenían sobre sus cabezas, según cuenta López-Rey. Miraron hacia arriba y descubrieron que el material que cubría sus viviendas era tóxico. En aquel momento, pidieron por primera vez subvenciones para quitar el amianto, pero hasta ahora no se han materializado ni esas ni ningunas otras.

Los vecinos están “preocupados”, según aseguran. Maribel Martínez, que nació en el barrio, dimensiona el reclamo: “No hablamos de cuatro bancos para la plaza, sino de nuestras vidas, las de nuestros hijos y nietos”. En las últimas semanas, sus rutinas se han alterado para asistir a asambleas y concentraciones.

Reunidos cerca de la asociación vecinal, una docena de residentes recuerdan a las personas que murieron por cáncer en el barrio: la hermana de Jesús, el marido de Martina. “No es normal, en mi planta somos cuatro”, lamenta Concepción Sánchez, de 75 años. “No conozco un portal en el que no haya cáncer”, asegura Jesús Díaz, que está operado siete veces por esa enfermedad.

“El problema es que estos materiales están llegando al final de su vida útil y que es posible que se hayan manipulado de forma inadecuada o que se hayan visto afectados por fenómenos meteorológicos, lo que aumenta el riesgo de liberar fibras de amianto y, por tanto, de inhalarlas”, explica el catedrático Alfredo Menéndez Navarro por correo electrónico. “Hay que considerar el potencial riesgo de mesotelioma pleural, que es un cáncer con muy baja supervivencia y que se puede producir con exposición a bajos niveles”, precisa el experto, autor de Los riesgos del amianto en España (1960-2002).

Está prohibido usar fibrocemento desde 2001, pero aún hay dos millones de toneladas métricas el amianto instalado en edificios, conducciones y aislamientos. El investigador de la Universidad de Granada señala que España “carece de una estrategia nacional para evitar la exposición ambiental al amianto entre la población general” aunque ya en 1977 la Organización Mundial de la Salud incluyó el amianto entre los elementos cancerígenos. 

“Si lo hubiéramos sabido, no lo poníamos, pero no entendíamos”, explica Sánchez rodeada de más vecinas. Las placas onduladas que rematan estos edificios de Orcasitas se colocaron a medida que se iban derribando las chabolas que había en estos terrenos. La mujer recuerda que los habitantes eligieron “todo”: “Las calles anchas, las plazas, los azulejos [de las viviendas]”. También los tejados y hasta los nombres de las vías en las que se alzan las construcciones: calle de la Participación, calle del Empleo Juvenil, calle de las Promesas…

Las ayudas no llegan al barrio

El anterior equipo de Gobierno, dirigido por la exalcaldesa Manuela Carmena (Ahora Madrid), se comprometió a entregar a cada comunidad hasta el 70% del dinero para hacer las reformas —esas ayudas podían ampliarse, según el caso—. En total, el Consistorio concedió subvenciones a 68 edificios del barrio, más de la mitad de los 116 afectados. “Tenemos que poner una parte [del dinero] y hasta eso llegamos, porque hemos ahorrado. Pero si no nos dan el dinero, no podemos empezar”, señala García-Heras. Orcasitas tiene una de las rentas media por hogar más bajas de la capital. “Los vecinos se están quitando el pan para pagar los tejados”, afirma la vecina.

En el barrio, han empezado a circular rumores después de meses de espera y de falta información. Los afectados aseguran que el ni el actual delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Ciudadanos), ni el de Vivienda, Álvaro González (PP), los han recibido. Este miércoles, casi 300 habitantes de Orcasitas han tomado la Plaza de la Villa, en el centro de Madrid, para hacerse escuchar durante la comisión de Desarrollo Urbano. Han hecho sonar silbatos y bombos y han alzado carteles que clamaban “Ayuntamiento agiliza las ayudas” y “Orcasitas en lucha contra el amianto”.

“No pueden estar hablando de si hay que colocar belenes o si los mástiles tienen que ser más altos”, ha criticado López-Rey, que tras participar en la comisión ha provocado a los ediles del PP y Ciudadanos a través del altavoz: “¿Quién es un concejal de Madrid para no dignarse a escuchar a todo un barrio?”. Minutos después, Fuentes y González han bajado y han acordado mantener una reunión con los vecinos el próximo 28 de febrero.

González se ha comprometido a sacar una nueva convocatoria de ayudas en abril. El plan, que sustituirá al Plan MAD-RE de Carmena, se llamará Rehabilita 2020. Fuentes del área que dirige González han asegurado a eldiario.es que las ayudas alcanzarán el 75%, es decir, un 5% más que lo que contemplaba el plan anterior, y podrán ampliarse según el caso. El dinero se entregará cuando cada comunidad tenga la licencia de obra para empezar a construir. El concejal, además, ha afirmado que ya está en marcha un plan de choque para agilizar las ayudas que reclaman los vecinos porque se encontraron con un “colapso” en la tramitación y “2.500 expedientes atascados” desde 2016.

La portavoz de la formación, Rita Maestre, presente en la concentración de vecinos junto a la mayoría del grupo municipal de Más Madrid, ha defendido que “es una excusa burocrática”. “Son Gobierno desde hace más de ocho meses y la excusa de ‘esto es todo culpa del Gobierno anterior’ no tiene sentido. Esas ayudas estaban concedidas”, ha expresado. 

Las primeras licencias de obras empezaron a llegar en febrero después de meses, según cuenta García-Heras, que ha arreglado la gotera en su casa pero sigue expuesta al mineral como el resto de los vecinos. Son 32 licencias en total, menos de la mitad de las ayudas ya asignadas. Los afectados continúan intranquilos y son cautos pese a las promesas y a que hasta la vicealcaldesa, Begoña Villacís, les ha dicho que “tienen razón”. García-Heras insiste en que el objetivo es que llegue el dinero para poder iniciar las obras: “Hemos conseguido una reunión, que no es poco, pero nada más”.

Rafael, empleado público en Almería, tiene un contrato temporal que vence en junio; se lo renuevan cada año desde hace una década. Maica, profesora de secundaria en Vigo, es interina desde hace 32 años y Vicenta, limpiadora en la Comunidad de Madrid, hace 15. Son trabajadores que este sábado se han manifestado la capital para denunciar el “abuso de temporalidad” en el sector público y reclamar que las Administraciones conviertan en fijos a los empleados de larga duración. “Es la única sanción posible”, han zanjado los convocantes a la espera de una sentencia de la justicia europea que decida sobre su situación. Tras la pancarta principal que pedía “fijeza ya”, más de 75 colectivos y miles de trabajadores han marchado al grito de “los servicios públicos se defienden”.

“Yo cubro la plaza de una persona que falleció”, ha asegurado Jesús, un bombero de Albacete de 35 años. Tiene el mismo contrato temporal desde 2009 y se siente un trabajador “de segunda”. “No puedes optar a un traslado y no puedes crecer en tu trabajo”, ha lamentado detrás de la cabecera de la manifestación, vestido con traje antillamas y casco. Para él, fue “una apuesta muy grande” ser empleado público, pero se queja de que “no se puede alargar para siempre” la situación de temporalidad. Esperaba opositar al poco de tiempo de entrar a trabajar y que las plazas se cubrieran regularmente: “No ha sido así”.

Las miles de personas –12.000, según los organizadores– que han marchado durante tres horas por el centro de la capital, desde el Palacio de Cibeles hasta la Puerta del Sol, se han manifestado para exigir el cumplimiento de la directiva europea 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada. “Si bien España traspuso esta directiva al sector privado, no lo hizo en el sector público”, señalan los organizadores.

“Esto que a la empresa privada le costaría una inspección de trabajo, una multa por cada caso y la declaración de esa persona como indefinida, la Administración pública se lo salta y es la primera incumplidora”, se ha quejado Israel Fulgencio, portavoz del Colectivo de Empleados Públicos en Abuso de la Temporalidad, creado en enero. Fulgencio ha lamentado que los empleados públicos en esas condiciones estén expuestos al despido “libre y gratuito”. “Los casos más sangrantes se dan en la educación, la justicia, las administraciones locales, y la sanidad. Hay gente a la que se da de alta por la mañana y de baja por la tarde”, ha señalado.

Dolores, sanitaria, lleva 29 años como interina en Valencia, según ha contado. Un cartel que le colgaba por la espalda lo ha expuesto con ironía: “Interino gran reserva premium”. En noviembre, convocaron oposiciones y ella está segura de que se quedará en la calle después del examen. “No puedo competir con personas de 30 años que se preparan en una academia. Tengo 53 años y cargas familiares arriba y abajo”, ha explicado. Se siente “maltratada” por las administraciones, a las que acusa de hacer “un ERE encubierto” para cumplir las exigencias de Bruselas: “No se crean plazas nuevas, sino que van a echar a unos para que entren otros”.

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF firmaron en 2017 un pacto con el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro (PP) para reducir la temporalidad en la Administración al 8% en tres años. Ese objetivo apenas se ha cumplido. La proporción de trabajadores temporales en el sector público ha crecido hasta llegar a máximos. Uno de cada cuatro empleados del Estado tenían un contrato temporal en el último trimestre de 2019, según los datos de la Encuesta de Población Activa.

Pero es difícil calcular cuántos de esos trabajadores temporales afrontan una situación de “abuso” porque las condiciones son diversas: algunos afrontan durante más tiempo del establecido una relación temporal, otros ejercen funciones estructurales que no les corresponden y también hay quienes están contratados con una causa temporal que no es real.

La organización que ha convocado la marcha ha asegurado en un comunicado leído durante la manifestación que “cientos de miles de personas” de las administraciones locales, autonómicas y nacionales aún están afectadas por esos abusos. Son, según ellos, 800.000.

Para el colectivo, la “única sanción posible” a la Administración por el “abuso de temporalidad” es convertir en fija la relación laboral de los trabajadores afectados con el Estado, sin pasar por una oposición u otro concurso público. “No existe otra sanción efectiva y disuasoria en el ordenamiento jurídico español”, han zanjado en un comunicado. Sindicatos como CCOO o UGT, que no han participado en la protesta, defienden, en cambio, que los aspirantes a una plaza fija en la Administración deben pasar por una oposición en igualdad de condiciones.

“Los sindicatos nos han vendido”, ha acusado Fernando de 48 años, que lleva 20 como trabajador en el Ayuntamiento de Benicasim. “Nos sentimos desamparados y engañados, porque se van a estabilizar puestos, no personas”, ha criticado. A su lado, Sara, de 40 años y 15 como interina, ha agregado “Hay muchos puestos sin cubrir. Esos son para los jóvenes. Que cubran las plazas de los que se jubilan, no los nuestros, que no le quitamos el puesto a nadie”.

A la espera de una sentencia de la justicia europea

El colectivo ha marchado este sábado a la espera que la justicia europea resuelva si cinco empleados públicos de Madrid, que denunciaron a la Administración tras más de diez años con contratos temporales, deben ser convertidos en fijos. La abogada general de la UE Juliane Kokott ya respaldó que no haya conversión automática, aunque avaló algún tipo de indemnización tras analizar los casos de esos trabajadores. Su postura, que no es vinculante, será tenida en cuenta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que emitirá una sentencia el próximo 19 de marzo en respuesta a las preguntas de dos tribunales españoles.

La situación que esos trabajadores del Servicio Madrileño de Salud denunciaron ante tribunales españoles y ha llegado al TJUE es la de otros empleados que han recorrido Madrid este sábado con carteles en el pecho y la espalda que exponían los años que llevaban trabajando como temporales: 12, 17, 19, 24, 32, hasta 38. “Ya hemos demostrado que valemos”, ha destacado Esther, interina desde hace 37 años en Madrid.

“22 años como logopeda y nos dicen que no tenemos mérito ni capacidad”, ha incidido Pilar, de 63 años. “Es una situación angustiosa para acabar la vida laboral”, lamenta la profesional, que previsiblemente se jubilará en tres años. “El trabajo es bueno, he disfrutado mucho, los ingresos son buenos, pero con esta incertidumbre llevamos años”, explica y aclara: “No ha sido culpa nuestra estar así. Creo que la Administración tiene que aplicarse cierto correctivo”.

El bajo que compró David Fernández en Carabanchel no existe. Los planos que el Ayuntamiento autorizó para construir un edificio en la calle de San Deogracias, 32 no se corresponden con las viviendas terminadas. El salón de Fernández está donde debería haber ido la cocina y la habitación se ajusta en un rectángulo de menos de nueve metros cuadrados que iba a ser el cuarto de basura de la comunidad. Aunque las obras difieren del proyecto original e incumplen la normativa municipal, según ha fallado un tribunal de primera instancia, el Consistorio dio el visto bueno a la promotora en 2010 y Fernández entró a vivir allí sin saber que lo que había comprado no estaba en los registros: “Lo que me han vendido no es mi casa”.

Arrimado sobre la pantalla del ordenador donde guarda meticulosamente todos los escritos, denuncias y contestaciones que ha presentado en estos años, Fernández, de 49 años, cuenta que vive “una pesadilla”. El pasado septiembre empezó a ver un poco de luz cuando el juzgado número 21 de Madrid le dio la razón. Una jueza vio “ilegalidades en la construcción” de la vivienda y falló que la constructora demandada por Fernández, Línea Cinco Arquitectura S. L., debía devolver al dueño los 133.891,96 euros que pagó por el inmueble, más los intereses legales y los costes del procedimiento.

Ahora este vecino de Madrid espera una sentencia firme para cobrar y poder irse. “Me han roto la vida”, lamenta. Fernández, que es empleado público, se mudó hace nueve años a la casa y lo primero que notó fue que los ruidos “se colaban por todas partes”. Una de las paredes de la habitación donde duerme está anclada a la puerta del portal y da directamente a la escalera de acceso. Cada vez que alguien entra o sale, tira algo, arrastra un carrito de la compra, habla o camina, él lo escucha “perfectamente”, según explica. El otro muro del cuarto está pegado al ascensor, “abrazándolo”, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Los sonidos que llegaban desde esas zonas comunes, superiores al límite legal permitido, fueron la pista que hizo sospechar a Fernández que había algo raro. El hombre presentó denuncias y durante más de un año estuvo en tratamiento médico por insomnio. La constructora, primero, y la comunidad de vecinos, después, hicieron reparaciones para aislar el cuarto donde duerme, pero fueron insuficientes y achicaron aún más el espacio, que no llega al mínimo de 10 metros cuadrados que establece la ley.

El hombre volvió a casa de sus padres durante algún tiempo, entre 2011 y 2012, porque se le hacía insoportable vivir allí. Cuando consiguió los planos originales de la obra, entendió lo que pasaba y decidió demandar a la promotora. “Modificaron absolutamente la planta baja”, indica el vecino. La constructora tenía licencia para construir un estudio en el bajo de Fernández, pero le habían vendido un piso con una habitación.

Fernández, que en estos diez años ha memorizado cada fecha y guarda en un cajón pilas de papeles del expediente, ubica en octubre de 2010 el desencadenante de todo lo que siguió. Ese mes, el Ayuntamiento otorgó a la constructora la licencia de primera ocupación de la vivienda, un trámite administrativo que acredita que las obras se ejecutaron “de conformidad” con el proyecto autorizado y se encuentran “debidamente terminadas”.

La licencia de primera ocupación se entregó, según la perito judicial consultada durante el proceso, después de la visita de técnicos municipales y “al amparo de unas fotos y un plano” que aportó el administrador de la finca. Ese plano carece de fecha, autor, sello del Ayuntamiento “o ningún otro indicio de oficialidad ni autoría”, según aclara la experta, y no se ajusta al estado final de las obras, sino que corresponde a un estudio como el autorizado por el Ayuntamiento.

Según el proyecto original, el inmueble de Fernández sería un estudio de 31 metros cuadrados útiles; la cocina estaría pegada a la ventana y la cama se ubicaría en una zona interior –que ahora corresponde al piso del vecino–. En lugar de eso, la vivienda que le vendieron tiene 32,5 metros cuadrados útiles y una habitación de 8,8. La constructora no notificó esas alteraciones del proyecto original, pero la perito entiende que la licencia de primera ocupación “ampara todas las modificaciones” que hizo la promotora durante las obras.

Un vocal socialista reclama “actuación municipal”

“Hubo una mala praxis de la administración en la concesión de las licencias”, critica el vocal vecino socialista David Calvo, que el pasado jueves llevó al Pleno de la Junta de Carabanchel una pregunta sobre si se tomarán “medidas de disciplina urbanística” en el inmueble. Considera, además, que no es un caso “aislado” en el distrito.

Calvo cree que, mientras se resuelve el recurso de apelación presentado por la constructora, “la actuación municipal es determinante”. Hasta que la sentencia no sea firme y mientras la licencia de primera ocupación esté vigente, las viviendas pueden comercializarse y, de hecho, una está en venta. “Es legal a día de hoy [vender los pisos] pero el Ayuntamiento no puede permitir que haya un lucro con unas viviendas que no tiene las mínimas condiciones de seguridad e higiene”, señala Calvo.

La constructora vendió la mayoría de los pisos después de que Fernández presentara la demanda, según el vecino. El denunciante había pedido medidas cautelares para evitarlo, pero la jueza las rechazó. Fernández acusa a la promotora de comercializar “a toda prisa” y “por debajo del precio del mercado” los pisos. “Nada más llegar la demanda, la constructora llegó a un acuerdo con la SAREB [Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria] para vender las propiedades”, asegura con base en un documento en el que consta que ambas compañías acordaron liquidar las viviendas en 2018.

La SAREB reconoció en una respuesta al vecino fechada en octubre de 2017 que tiene un crédito frente a la constructora, pero en ese documento dice ser “un mero acreedor” que no tiene “conocimiento, participación o responsabilidad” en el “supuesto procedimiento judicial”. Fernández, en cambio, asegura que envió dos burofaxes a la entidad semipública para advertirles de las ilegalidades. “Es un escándalo, les informé de todo”, expresa.

El concejal presidente de Carabanchel, Álvaro González (PP), que también es concejal de Vivienda del Ayuntamiento, no respondió el jueves a la pregunta en el Pleno de la Junta de Distrito sobre si la administración inspeccionará el piso y aseguró que desconoce el caso. El edil popular argumentó que se trata de “un caso particular” y se limitó a defender la actuación del Consistorio: “Yo tengo la mala costumbre de respetar y confiar en los técnicos municipales”. Tampoco ha respondido a las preguntas posteriores de este periódico.

“Para evitar males económicos a los vecinos, es necesario que el Ayuntamiento, que tiene potestad, haga una inspección y revierta esas licencias de primera ocupación”, advierte Calvo. Defiende que, si la sentencia es firme, los propietarios del resto de viviendas tendrán el camino allanado para demandar a la constructora porque existe un precedente. Pero si la promotora quiebra, no se podrá revertir la compraventa.

Línea Cinco Arquitectura S. L. no ha respondido a las preguntas de este periódico porque considera que se trata de un tema “interno” de la empresa que “no tiene interés”. La compañía ha presentado un recurso de apelación en el que defiende que la vivienda “se entregó según lo pactado”, que las modificaciones no inhabilitan el uso de las viviendas, que los ruidos responden “a una falta de mantenimiento de los elementos comunes” del edificio y que, en todo caso, la “corrección” de las deficiencias señaladas por al menos dos peritos son “tan sencillas como baratas”.

Fernández, que conoce los informes periciales en detalle, cita esas investigaciones e insiste en que la situación “no tiene solución” porque las deficiencias son “estructurales”. “Lo tengo todo en la cabeza, por desgracia”, admite. En los últimos años, ha partido su tiempo entre el trabajo y resolver esta situación. Incluso se ha enfrentado con algunos vecinos, con quienes dice que la relación es “cero”. “No me queda otro remedio que solucionarlo”, se resigna. No tiene posibilidad económica de mudarse, pero tampoco se siente en casa en San Deogracias, 32: “Vivo en un problema”.

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Madrid estrenaron en noviembre un servicio que pretende facilitar la experiencia de los usuarios: “Olvídate del efectivo. Ya puedes pagar con tarjeta o móvil en todos nuestros buses”. Varios viajeros, sin embargo, han usado el nuevo sistema sin quererlo, al pasar por el lector del sistema de pago la cartera o el monedero con el abono de transporte y la tarjeta bancaria juntos. Cientos de personas están presentando reclamaciones tras descubrir en los extractos bancarios el cobro indebido de viajes y ahora la EMT recomienda sacar el abono transporte de la cartera y pasarlo por el lector para que no se activen las tarjetas de crédito que funcionan por contacto.

Desde finales de noviembre, los usuarios de la empresa municipal tienen la opción de adquirir un billete sencillo a bordo del autobús con el abono, como había sido hasta entonces, o con una tarjeta bancaria o dispositivo móvil para evitar usar efectivo. Este nuevo sistema de pago, desarrollado por Santander España Merchant Services, comenzó a implementarse en algunos vehículos y a finales del año pasado se extendió a las más de 213 líneas de interurbanos de la capital. 

Tras la primera fase –en la que el sistema se probó en la línea Exprés Aeropuerto y en las líneas 27, 70, M1 y M2– y la puesta en marcha en los más de 2.000 vehículos de la EMT, cientos de usuarios trasladaron sus reclamaciones a la oficina de atención al cliente de la compañía municipal tras detectar cobros indebidos. En las primeras semanas 250 personas presentaron sus quejas, según confirma una portavoz de la EMT. Carlos, un jubilado que viaja habitualmente en el transporte público destapó el fallo explicando su caso en la Cadena SER: el banco le estaba haciendo cargos por viajes el bus pese a tener un abono anual de la EMT. 

Este sistema de pago, que los desarrolladores denominan contactless, funciona gracias a la tecnología NFC (siglas de Near Field Communication), y es la que usan actualmente muchas tarjetas de crédito y débito con las que se puede pagar sin introducir el plástico en el datáfono. Sirve para que dos dispositivos puedan comunicarse entre sí y ya funciona en el transporte público de algunas partes del mundo, como Londres, “con gran éxito”, según valora Jesús Herrero, secretario general de la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC). 

En Madrid, los autobuses son el único medio del sistema de transportes que de momento ha implementado esta tecnología. La empresa municipal pretende extender el sistema que permite pagar sin efectivo al resto de sus servicios, como BiciMAD o el teleférico y, además, desarrollar un sistema que al final del día acumule los usos del viajero y calcule la mejor tarifa combinada en próximas etapas. El objetivo es alcanzar un modelo real de Movilidad como Servicio (MaaS, por sus siglas en inglés), es decir, que unifique las ofertas públicas y privadas de movilidad para los ciudadanos, pero aún falta. 

El sistema resulta cómodo para los conductores, que no dependen del efectivo para cobrar a los pasajeros, y también para los turistas y otros usuarios esporádicos, que no necesitan adquirir una tarjeta de plástico que cuesta 2,50 euros. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advirtió hace unos meses que, en su opinión, esta tecnología “no aporta nada relevante pero aumenta el riesgo de fraude”. 

Luis Garvía, profesor de Finanzas de la Universidad de Comillas, destaca que “la tecnología por sí misma no es problemática”, pero coincide en que puede traer inconvenientes como los cobros indebidos porque no requieren la autorización de usuario. “En los autobuses de la EMT hay entradas por delante y por detrás. Imagínese que el vehículo está hasta arriba y me apoyo o me acerco a la máquina con mi tarjeta en el bolsillo. Cada vez me puede estar cobrando”, ejemplifica. 

Tras los incidentes, la recomendación de la EMT es no acercar la cartera con todas las tarjetas dentro al sistema de cobro. Muchos ya toman esa precaución. Tienen pequeños tarjeteros en donde solo guardan el abono o compartimentos especiales metalizados en sus carteras para aislar las tarjetas bancarias. “Veo a muchas personas mayores acercar todo el monedero o a chavales pasar la mochila entera”, cuenta una mujer en la parada del bus de la línea 19, en la plaza de Colón. Otras dos pasajeras comentan lo mismo a bordo de un bus de la línea 32, cerca de la plaza de Benavente, pero les parece “lógico” llevar las tarjetas separadas.  

“El problema es que el usuario pretende pagar con su abono pero al pasar la cartera el sistema cobra la primera tarjeta que detecta”, explica una portavoz de la EMT, que, sin embargo, considera “residual” el número de reclamaciones. “Este dato supone cuatro quejas diarias respecto al 1,6 millones diarios que transporta la EMT”, indica la portavoz. La empresa municipal se ha comprometido a “devolver el importe a aquellos que reclamen” y ha asegurado que incorporará carteles informativos en todos los autobuses “para recordar a los viajeros que es preciso sacar el abono exclusivamente para evitar cobros indebidos”.

Una medida que Garvía considera “insuficiente”. El profesor de Finanzas propone que el sistema debería ser modificado para que exija la autorización de la persona que va a pagar antes de que se produzca el cobro. “¿Acepta el cobro? Sí o no. Igual que cuando entramos en páginas webs hay mecanismos para ver si somos personas o robots”. Cree que próximamente se implementarán nuevas mejoras: “El mecanismo es nuevo y estamos pagando la novatada”.

Unas 300 personas se han concentrado este viernes en la Calle del Gobernador, 39, en el centro de Madrid, para reclamar “menos museos y más centros sociales”. Los vecinos se han reunido para protestar un día después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciara que el edificio que albergó el centro social La Ingobernable hasta noviembre pasará a manos de una fundación privada de forma “inmediata” para abrir un museo. “Volvemos a los dedazos y amiguismos de las peores épocas”, ha criticado uno de los organizadores.

La construcción de ladrillo visto frente a la que se han concentrado decenas de manifestantes funcionó hasta noviembre, un centro social que el Ayuntamiento cogobernado por PP y Ciudadanos desalojó a finales de 2019, como había prometido que haría durante la campaña electoral. Aunque Almeida había afirmado que allí construiría una biblioteca y un centro de salud, el Consistorio prevé ceder el inmueble por 50 años a la Fundación Hispano-judía, cuyo vicepresidente es el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón, para abrir un museo privado.

“Es una vergüenza”, ha criticado Esther, una vecina de 42 años que asegura que participaba en las actividades del centro social autogestionado al menos dos veces a la semana cuando estaba en funcionamiento. “En un barrio en el que nos habíamos quedado sin tejido, esto era un espacio con un montón de actividades gratuitas sin necesidad de consumir”, lamenta. Cada semana, miles de personas acudían a esas actividades, según los organizadores.

“No tenemos nada contra un museo, pero lo último que necesita el barrio es más gentrificación”, ha apuntado Irene Rubiera, portavoz de La Ingobernable. En un comunicado difundido por los convocantes, los organizadores critican, además, que el nuevo proyecto “tiene poco que ver con la conservación de la cultura judía”. “La Fundación Hispano-Judía es de reciente creación, carece de trayectoria cultural, y su único interés parece ser la gestión de grandes proyectos urbanísticos”, ha afirmado la portavoz.

Gallardón ya había anunciado en 2017 que la entidad que presidía abriría un gran museo en Madrid en 2020. La fundación, que fue creada especialmente para crear ese museo, no ha presentado aún memoria arquitectónica ni museística, según confirmaron fuentes municipales a eldiario.es. Por ahora, no se descarta derribar el edificio, catalogado con el nivel tres de grado ambiental, que es el más bajo y protege solo valores de la fachada como parte del ambiente de la ciudad.

No es la primera polémica que se enciende alrededor de esta construcción: la exalcaldesa Ana Botella cedió el espacio a la Fundación Ambasz por 75 años a un euro, aunque la operación finalmente fracasó. “Son las mismas dinámicas: ceder un edificio público a un organismo privado”, critica Rubiera. El siguiente equipo de Gobierno, de Manuela Carmena, tuvo que indemnizar a la Fundación Ambasz con 1,4 millones de euros para extinguir el acuerdo. Fue después de eso que empezó a andar La Ingobernable.

Matías, un estudiante de 17 años, ha asegurado que era un espacio “abierto y libre” de participación. “Cualquiera era bienvenido”, ha explicado. En La Ingobernable, este estudiante empezó a participar en las asambleas de Fridays for future, el movimiento que inició la activista sueca Greta Thunberg. Pero ahora no cuentan con un espacio permanente para hacerlo. Lo mismo ha pasado con otras actividades, según explica un portavoz: “Actividades como salsa, tango o boxeo se han desplazado, pero otras, como la creación de un espacio del barrio, no se pueden desplazar”.

Con el nuevo uso del edificio, solo un espacio estará destinado para el uso de los vecinos, según aseguró el alcalde este jueves en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno. Es algo de lo que también se queja María Raquel, de 76 años, que no acudía a La Ingobernable, pero protesta igualmente por la noticia de la cesión a la Fundación Hispano-judía. “Cuando falta atención primaria en el barrio no se puede andar con florituras”, señala.

La mujer, que acude al centro de salud del barrio, en la calle Alameda, explica que el ambulatorio es “un sótano”. Según describe, en los despachos de los médicos no hay ventanas y hay que bajar dos tramos de escalera para ir a las consultas. “Le he regalado un lilun a mi doctora y la planta ha muerto a las 24 horas. Imagínese lo ventilado que está eso”, ha detallado. Otra vecina que la oía, Aurora, de 67 años, se ha sumado a la crítica: “No tenemos nada en este barrio: ni biblioteca pública ni asientos para ancianos”. 

“Ya que no es un centro social ocupado, debería de ser un centro social para la ciudadanía”, ha propuesto Luis, un vecino de 49 años que acudía a clases de yoga en el edificio. Reclama, como otros manifestantes, un espacio para “crear vecindad”: “Cada vez hay menos [espacios de encuentro] en las ciudades, en general, y en el Centro, en particular”. A su alrededor, los vecinos se han hecho eco del reclamo: “¡Diez, cien, mil centros sociales!”

Alejandra lo ha intentado todo. Desde hace casi dos años, quiere convalidar su permiso de conducir colombiano por uno español, pero cada vez que intenta pedir cita previa en el portal de la Dirección General de Tráfico (DGT), un paso obligatorio para iniciar el trámite, la página web le lanza el mismo mensaje: “El horario de atención al cliente está completo para los próximos días”.

No importa la hora ni el día, no consigue cita en Barcelona, la oficina más cercana a donde vive. Lo mismo se repite en otras ciudades, como Madrid. La DGT reconoce que “hay problemas” desde hace “unos meses” en algunas jefaturas. Tráfico señala que el sistema comenzó a saturarse a mediados de 2019. Estos últimos meses han coincidido con “un periodo en el que se han tenido peticiones masivas de determinadas nacionalidades”, según explica una portavoz de la dirección, que atribuye las demoras al incremento de solicitudes de ciudadanos venezolanos. Las tardanzas más largas como la de Alejandra “pueden ser casos puntuales”, justifica la misma fuente.

Semanalmente, la colombiana comprueba la disponibilidad de horarios en la página de la DGT sin éxito. Cuando empezó a buscar cita, hace casi dos años, lo hacía con más frecuencia y probaba, incluso, en la madrugada. Ella estuvo seis meses intentándolo hasta que optó por entrar en una autoescuela para sacarse el permiso español. Pagó 400 euros, según cuenta, y aprobó el examen “a la primera”, pero para obtener el carné necesitaba abonar al menos 10 clases prácticas y no contaba con ese dinero.

La propia DGT reconoce en su página web que homologar el permiso es “un trámite mucho más sencillo” que obtener uno nuevo. Entonces Alejandra se puso a buscar una gestoría. En todas le decían que no hacían el trámite “porque no había citas”. Finalmente, encontró una en la que le pedían cien euros por adelantado para hacer el trámite –las tasas que ella tendría que pagar si consiguiera cita son de menos de 30 euros–.

Alejandra contrató ese servicio hace tres meses y aún espera. El empleado de una de esas compañías en Madrid asegura por teléfono que encontrar un horario disponible para el trámite “es un mirlo blanco, un milagro”. “Es para desfallecer, es una vergüenza”, critica. Dice que hay “gente con suerte”, pero que muchos optan por irse lejos, “a Bilbao o Ibiza”, para hacerlo.

La colombiana ahora se ha decidido a buscar cita también en otras localidades: el límite que se ha autoimpuesto son lugares a los que se pueda llegar en coche en menos de cuatro horas y considera ir a Teruel. Es la opción que eligen otros, como Sarah Alonso, que vive desde hace diez años en España y en enero intentó por primera vez obtener cita para canjear su carné francés.

“Quiero hacer las cosas bien, pero se me está haciendo imposible”, dice. Todos los días entra en la página de la DGT para obtener un horario disponible en Madrid. Una compañera de trabajo le había avisado de que sería difícil encontrar cita en la capital: “Pero es que en mi caso ni en Alcorcón [a 15 kilómetros] ni Alcalá de Henares [a 44 kilómetros]”.

Aunque le parece una “locura” irse a otra ciudad, contempla viajar hasta Bilbao o Burgos, donde tiene familia. “Pero también es imposible. No entiendo cómo estamos en esta situación”, lamenta. Ya no sabe qué hacer. Ha probado también la vía telefónica, pero los operadores le responden que no hay horarios programados para las siguientes semanas.

“Me da igual que la cita sea para dentro de un año, pero lo que no puede ser es que ni siquiera tenga cita”. La última recomendación que recibió fue que intentara el lunes a primera hora, cuando se habilitan nuevos horarios.

Hasta cinco meses en Huelva y cuatro en Santiago

Los sindicatos critican que las demoras son “generalizadas”. Al colapso en las grandes ciudades, se suman las tardanzas en otras localidades más pequeñas. En algunas ciudades donde sí es posible conseguir cita previa, los plazos para acudir son de casi medio año, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). En Huelva, cinco meses; en Santiago, cuatro; en Salamanca, tres, y en Córdoba, dos.

En Oviedo, por ejemplo, la próxima cita disponible es este jueves, pero solo hay dos horarios disponibles; en los siguientes siete días hábiles hay cinco turnos entre las 12.20 y las 13.30. “Creemos que urge reforzar plantillas y el personal de las oficinas, y cubrir las vacantes y bajas para prestar un correcto servicio a los ciudadanos”, afirma una portavoz del sindicato por correo electrónico.

Esta central calcula que el “déficit” es de 700 trabajadores. Actualmente, la plantilla está conformada por 3.300 empleados, según la organización sindical. La DGT reconoce que “se ha notado la falta de personal en toda la administración”. Una portavoz de la dirección afirma que Tráfico “está invirtiendo mucho y hace muchas cosas telemáticas” para suplir esa falta de personal.

“Los medios son los que son”, indica. Pero además, atribuye las tardanzas a que es necesario “verificar mucha documentación” para hacer el canje, que solo pueden realizar ciudadanos de países que tengan convenios con España. Para iniciar la homologación, las personas deben presentar su permiso de conducir original, su pasaporte, un informe de atención psicofísica, una foto y abonar las tasas correspondientes.

“No es un trámite como cualquier duplicado y, por eso, el procedimiento se demora mucho más”, indica la portavoz de la DGT. La misma fuente añade que todas las solicitudes, sin importar la nacionalidad, entran por el mismo canal. Por eso, el sistema colapsa ante la llegada “masiva” de peticiones. Según indica la portavoz, “en las próximas semanas” se solucionará el problema porque están trabajando para “modificar” el sistema.

Alonso intentará este lunes a primera hora obtener una cita para homologar su permiso francés, como le recomendó un operador de la DGT. Alejandra sigue buscando alternativas porque necesita canjear su carné para ir a trabajar, hacer las compras o moverse el fin de semana, según cuenta. “El coche es un mal necesario”, argumenta la colombiana. Ahora se traslada al trabajo en el ciclomotor de su pareja sin permiso de conducir y por una carretera en la que solo ve circular coches y furgonetas: “Siento que no tengo otra opción, que me tengo que arriesgar”. Mientras espera, la página de la DGT sigue enviándole un “inténtelo más tarde”.

El Brexit no ha influido en las demoras, según la DGT

Las solicitudes de británicos previas al 31 de enero, cuando se materializó la salida de Reino Unido de la Unión Europea, “no se han notado”, según una portavoz de la DGT. La Dirección General de Tráfico había habilitado otros medios para canalizar las peticiones de canje de permiso de conducir de ciudadanos del Reino Unido residentes en España por si no había acuerdo de salida. Hasta el pasado viernes, los británicos podían iniciar el trámite a través del teléfono 060, de forma excepcional.

“La premura era para que pudieran por lo menos solicitarlo porque si se hubiesen ido sin acuerdo luego no habríamos podido hacer las correspondientes verificaciones”, explica una portavoz de Tráfico. Como Reino Unido y la Unión Europea acordaron una salida pactada, los británicos residentes en España tienen hasta el próximo 31 de diciembre para iniciar el trámite para canjear el permiso, cuando finaliza el período de transición.

Aún así, la Embajada de Reino Unido en Madrid recomienda no dejar el trámite “para último momento”. A partir de enero de 2021, los británicos en España solo podrán conducir con su permiso durante seis meses como cualquier extranjero no comunitario. Hasta ahora, no existe un convenio entre España y Reino Unido para la homologación de carnés porque para ciudadanos de la UE el canje es voluntario mientras el permiso esté en vigor, según informa la DGT.

Domingo, diez de la mañana. Philip Alston, el relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, comienza una jornada, que será larga, por Madrid. Ha visitado Galicia, País Vasco, Extremadura, Andalucía, Cataluña y ahora encara la recta final de una investigación de casi dos semanas que terminará este viernes. El australiano, un experto independiente que no forma parte del personal de la ONU ni percibe un sueldo, ha recorrido España y este domingo, durante todo el día, ha visitado la capital para reunirse con trabajadoras domésticas migrantes, con inquilinos a los que les han subido un 100% el precio del alquiler y con personas en situación de pobreza.

Hace su primera parada en el barrio de Orcasitas (Usera). Una veintena de mujeres esperan la llegada de Alston y su equipo. “Estamos practicando el English”, bromea un de ellas. El experto de la ONU llega puntual acompañado por otras cinco personas, entre ellas dos intérpretes, al Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Madrid que gestiona la asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). Es un centro pionero en atención a empleadas del hogar que está en riesgo de desaparecer porque el Ayuntamiento, cogobernado por PP y Ciudadanos, recortó las ayudas a este centro en los presupuestos de 2020 aprobados en diciembre.

Aston escucha y las mujeres se desahogan. Le cuentan que su situación es “muy dura”; que además de ser limpiadoras o cuidadoras, a veces les toca hacer de costurera, de cocinera, de psicóloga, de confidente; que han llegado a trabajar hasta 18 horas sin descanso; que algunos empleadores han tardado años en inscribirlas en la seguridad social; que son víctimas de abusos que temen denunciar; que “simplemente” quieren ser tratadas como personas.

El relator especial de la ONU toma nota en un cuaderno rojo que lo ha acompañado todo el viaje y que por ahora lleva escrito hasta la mitad. Nada de lo que escucha le es ajeno porque ha estado investigando todas estas temáticas antes de venir. Finalmente, interviene: “Un centro como este es valiosísimo porque sin solidaridad y sin capacidad para trabajar juntas no lograrán nada”. El experto aclara que no puede resolver ningún problema particular, pero que volcará todo en un informe con recomendaciones para el Gobierno.

La investigación de estos 12 días, tras reunirse con afectados por la pobreza, miembros de la sociedad civil, académicos y políticos, se sumará a la que hizo antes de llegar, cuando entrevistó por teléfono a más de 60 personas y recibió unos 40 escritos. Este viernes, presentará los resultados preliminares de su evaluación, un informe de entre 15 y 20 páginas en inglés, y en junio enseñará una radiografía definitiva del país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Ese es su trabajo, examinar la situación de un Estado o un asunto concreto de derechos humanos, e informar al respecto.

Ya tiene algunas pistas: en España, que es la quinta economía más grande de Europa, cuatro de cada diez personas vive en riesgo de pobreza o exclusión social y la tasa de desempleo dobla la media de la Unión Europea. El país también gasta mucho menos que la media de la UE en políticas de apoyo social más una década después de la crisis financiera de 2008. El relator ha llegado cuando el Ejecutivo progresista de PSOE y Unidas Podemos recién empieza para “recomendar la mejor manera en que el Gobierno puede apoyar a las personas en situación de pobreza”, pero no se reunirá con ningún miembro del Gobierno.

En Orcasitas, el experto de la ONU se hace las últimas fotos en grupo y sube a la furgoneta que traslada a todo el equipo por Madrid. Alston, que es catedrático de Leyes y Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York y realiza este trabajo de forma voluntaria, recorre unos 30 kilómetros para continuar con la apretada agenda, que suele empezar a las siete de la mañana estos días y terminar a la medianoche. Llegó a Madrid el 27 de enero, donde mantuvo algunas primeras reuniones. Después, visitó cinco comunidades autónomas en apenas cinco días y ha regresado este domingo a la capital.

A las 11.30, realiza segunda parada, que es en Torrejón de Ardoz, un municipio al este de Madrid. Es fácil identificar el punto de encuentro: un bloque gris de viviendas empapelado con pancartas que claman “somos familias, no carroña”. Allí esperan medio centenar de personas que habitan en viviendas que son propiedad de fondos buitre.

Muchos de esos vecinos viven en pisos públicos protegidos que el Ayuntamiento vendió al fondo Blackstone con rebajas. Ahora los residentes enfrentan un incremento del alquiler del 100%, según cuentan al relator especial de la ONU. Son “bloques en lucha” del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, es decir, vecinos de edificios que decide enfrentarse colectivamente a los “abusos inmobiliarios”.

“Han hecho un buen trabajo con los banners”, felicita Alston. El hombre habla poco, escucha más y hace breves comentarios cercanos como ese a las personas que lo reciben en cada uno de los lugares que visita este domingo. Se para en medio de un patio interno del edificio con las manos en los bolsillos y el cuaderno bajo el brazo. Jesús, uno de los vecinos afectados, le cuenta su experiencia en el micrófono: “Mi situación es muy lamentable porque ya perdí un piso”. Teme perder un segundo. Todos los meses paga a tiempo, según cuenta: “Pero ahora me piden 1.400 euros de alquiler y es imposible porque gano 1.000 euros”.

A Alston los relatos le resultan “conmovedores y perturbadores”. “Algunos dicen que [el Estado] no debe intervenir, pero la realidad es que sí ha habido intervenciones del Gobierno que han favorecido al capital y no al pueblo”, zanja el experto. “Sin dudas, tienen que luchar, pero lo que se necesita es una política de vivienda abarcadora que regule el mercado para evitar los abusos”, señala. “En muchos de los sitios que he visitado la vivienda no es un problema grave, pero en España las cosas son muy distintas. Tiene los niveles de vivienda social más bajos de Europa”.

Desde que es relator de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos, en 2014, ha investigado las situaciones en Chile, China, Mauritania, Rumanía y Arabia Saudi, entre otros países. Normalmente, evalúa la situación de dos países por año. Esta vez ha aterrizado en España después de solicitar la visita al Gobierno y recibir la invitación oficial del Ejecutivo, y será la última investigación de su mandato, que termina en mayo.

Tras visitar el bloque de viviendas en Torrejón de Ardoz, la tercera parada es en la Cañada Real, una sucesión de asentamientos irregulares que se extienden a lo largo de de 14,2 kilómetros en el sur de Madrid y en el que viven más de 7.000 personas. El pacto regional para regularizar la situación urbanística de la zona y garantizar el acceso a la vivienda digna de los habitantes avanza lento. Alston hace esta visita sin la prensa, con quien se reúne horas después.

La cuarta y última parada empieza a las 17.00 en Vallecas. El día se ajusta minuciosamente a los horarios previstos. Unos 60 vecinos de Madrid se reúnen en un encuentro organizado por la Red de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN, por sus siglas en inglés). Hablan sobre infancia, migración, empleo, vivienda, salud, pobreza, ayudas sociales, pensiones -y los que el Gobierno ha hecho o no en respuesta-. Son hombres y mujeres de diferentes edades que durante dos horas recrean un pleno y trasladan sus problemáticas al relator de la ONU. Son españoles, son migrantes, son jóvenes y adultos. “La pobreza tiene muchas caras”, señala el experto tras escuchar más de una veintena de testimonios.

“[En España] los relatos son similares y, por supuesto, también diferentes”, señala Alston y enumera “la vivienda imposible de pagar, la falta de empleo, los salarios y condiciones inadecuados”. “Esto pasa en muchos países, la diferencia es que España es un país rico y parece que prospera. O sea, que se puede permitir más por las personas de bajos ingresos”, precisa.

Un hombre muestra su escepticismo: “Tengo la sensación de que la ONU puede decir misa y los países pasarse las recomendaciones por donde quiera. El informe, siendo sinceros, ¿para qué va a servir?”. Altson aclara que él no es “la ONU”, sino un experto independiente, que pondrá “un reflector” sobre los problemas que ellos señalan. “Puedo decir lo que se me antoje, no soy nada diplomático”, se autodefine. “Después, la pelota queda de su lado de la cancha”, expresa. “Nada está garantizado, pero mi esperanza es que sea un catalizador”, apunta.

El pleno se disuelve, Alston cierra su cuaderno y cuando él y su equipo salen a la calle ya está oscuro. Ha sido el segundo día de evaluación en Madrid -el primero fue el 27 de enero, en su primer día en España- y todavía queda la semana por delante. Se reunirá con trabajadores de los distintos ministerios, visitará el Congreso, hablará con miembros de ONG y se entrevistará con más afectados. El único día sin actividades agendadas es el jueves, cuando preparará las conclusiones -durante 16 horas, calcula- que expondrá el día siguiente y se sabrá, de forma preliminar, si España pasa el examen.

El relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, ha visitado este domingo un centro pionero en España de atención a empleadas domésticas en Usera. El espacio, que existe desde hace seis meses, recibía financiación pública del Ayuntamiento de Madrid hasta que el Consistorio decidió destinarle una partida de cero euros en los presupuestos de diciembre, aprobados por PP y Ciudadanos. Alston apenas ha hablado durante el encuentro de casi una hora en el que ha escuchado las experiencias de las trabajadoras, pero, cuando lo ha hecho, ha sido contundente. El experto independiente se ha mostrado “impactado” por el recorte y ha señalado: “Espero que se reconsidere o consigan otra fuente de financiación”.

La reunión es parte de la investigación que realiza Alston durante casi dos semanas en el país para determinar la situación de España y hacer recomendaciones al Gobierno sobre pobreza y desigualdad. El relator, que es profesor de la Universidad de Nueva York, ya ha visitado Galicia, Euskadi, Extremadura, Andalucía y Catalunya, y durante toda esta semana estará en Madrid para terminar la investigación y presentar los resultados preliminares este viernes. Por eso, este domingo se ha entrevistado con una veintena de profesionales que asisten a este espacio pionero, el Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Madrid, que gestiona la asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) y está en riesgo.

Allí, las mujeres, que en su mayoría son extranjeras, reciben asesoramiento jurídico y psicológico, asisten a talleres de formación y encuentran un espacio de contención. “La mayoría no tenemos redes y acá las mujeres hacen amigas y se empoderan”, ha contado Carolina Elías, coordinadora del centro, a Alston mientras han recorrido las instalaciones. Allí, en seis meses, han recibido ayuda más de 350 mujeres y más de 2.000 han participado en los talleres. “Lo lamentable es que nos han dejado sin presupuesto”, ha explicado Elías, que ha apuntado que la situación de las trabajadoras del hogar “es muy dura”: “La ley nos deja sin muchos derechos”.

Son situaciones como la de Blanca, que con 71 años sigue trabajando de interna y no tiene derecho a jubilarse. Aunque debería tener 9 años cotizados, solo tiene 5. “[Los empleadores] no pagan lo que deberían pagar en la seguridad social por nuestro trabajo”, ha señalado sentada alrededor de una mesa junto a una veintena de otras mujeres.

O experiencias de acoso, como la que vivió Sandra, boliviana, cuando acudió a su primera entrevista para cuidar a una persona mayor: “El hombre que me entrevistó me dijo que si me dejaba tocar las tetas, tendría un dinero más”. Sandra no aceptó ese trabajo y encontró otro en el que estuvo 18 años como interna. Según ha contado, sus jornadas laborales eran de “16, 17, 18 horas sin descanso”. “Somos esclavas para muchas personas”, ha agregado otra trabajadora.

“Pedimos derecho a la prestación por desempleo, cotizar por nuestro salario real, derecho a la prevención de accidentes laborales… y que nos sigan manteniendo este local”, ha resumido Yanina, otra de las mujeres que se han dirigido al relator de la ONU. Alston, tras escucharlas en silencio, asistido por dos intérpretes, ha señalado que siente “vergüenza”. “Conozco muchas personas que contratan a empleadas domésticas y sé que estas actitudes prevalecen”, ha precisado.

“Sé que hay mucha resistencia, incluso entre personas que son progresistas, para hacer un cambio significativo en las condiciones bajo las que ustedes trabajan”, ha respondido Alston. El relator especial de la ONU ha indicado que no cree “que ningún gobierno, ni en España ni en ningún otro país, vaya a transformar la situación de repente”. “Ustedes proveen un servicio indispensable a muy bajo coste y muchos de sus empleadores no les podrían pagar un salario real y dejarles tener verdaderas condiciones de trabajo. Los gobiernos no están dispuestos a tomar las medidas drásticas necesarias”, ha añadido y asegurado que apoya “100% sus derechos de ser tratadas decentemente”.

Alston también ha afirmado que apoya el reclamo de estas trabajadoras para que el Gobierno de PSOE y Podemos ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. El convenio, que ha sido ratificado por 25 Estados, supone ampliar los derechos de estas profesionales. El Ejecutivo se comprometió a sacarlo adelante cuando Pedro Sánchez asumió la presidencia tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

“Pero como alguien que trabaja en el área de los derechos humanos, sé que hace falta una campaña política, que vaya paso a paso e identifique algunas prioridades. Porque pedir todo, usualmente, termina en obtener nada”, les ha recomendado Alston. Para el profesor de la Universidad de Nueva York, “un primer paso indispensable” es que estas trabajadoras asistan al centro de apoyo en Usera, que ahora está en riesgo.

“Un centro como este es valiosísimo, porque sin solidaridad y sin capacidad para trabajar juntas no lograrán nada”, ha indicado para añadir: “Una de las mayores debilidades de las trabajadoras del hogar radica en el aislamiento, en el hecho de que no forman parte de una red”. “El Gobierno actuará solo en respuesta a sus esfuerzos por hacer que el público en general note que la ausencia de algunos de los derechos de los que hablan es inhumana”, ha concluido.

Un día fueron heces de perro en la taquilla; otro, pinchazos en las ruedas del coche; luego, un cartel en el comedor de la comisaría escrito con rotulador rojo: “Si queréis ver a vuestros compañeros cabreados, seguid haciendo horas o cambiando días”. Un grupo de agentes de la Policía Local de Getafe ha recibido ataques y amenazas en el trabajo en las últimas semanas en medio de un conflicto sindical que enfrenta a algunos trabajadores con el Consistorio. El Ayuntamiento del municipio madrileño cree que un número “reducido” de agentes son responsables de las coacciones y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía, que investiga el caso.

Las amenazas empezaron después de que un grupo de policías hicieran horas y servicios extraordinarios entre diciembre y enero, como informó entonces la Cadena SER. Tras las Navidades, los afectados encontraron heces de perro en sus taquillas y sobre sus uniformes, ruedas pinchadas y un cartel que señalaba, con los nombres y apellidos, a los policías que habían trabajado horas extras o habían cambiado su turno durante la cabalgata de Reyes o la carrera San Silvestre. “Vosotros sabéis de qué lado estáis”, decía el escrito redactado con caligrafía impostada.

Las semanas anteriores, uno de los sindicatos, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), habían organizado una concentración en protesta por “los recortes de derechos laborales” en la plantilla y anunciado un “acuerdo” para dejar de realizar horas y servicios extraordinarios entre el 20 de diciembre y el 6 de enero. Algunos, como Jesús, que usa un nombre falso para evitar más represalias, trabajó esos días de forma voluntaria porque le “interesaba”. Después, llegaron las amenazas contra él y cerca de 15 trabajadores más de una plantilla de 250.

“Lo que [los acosadores] intentan hacer es meter miedo a otros compañeros porque están en unas negociaciones”, estima por teléfono Jesús. “Hay sindicatos que reclaman unas cosas y otros, otras. Y ahí andan, en ello están…”, resume el agente de la jefatura de Getafe. Para él, las coacciones son obra de “un individuo que ha perdido los cables”.

Lo mismo opina otro agente que tampoco quiere identificarse. “Hay que localizarlo y expulsarlo. Estamos para garantizar la seguridad y no puede ser que tengamos una persona así por aquí”, señala. El agente explica que tras los ataques “no está a gusto” y que “hay que tomar medidas de seguridad”: “Llevo muchos años y, como esto, no ha pasado nunca. Unas personas quieren sacar un beneficio, pero la mayoría estamos contentos como estamos”.

Modificaciones en el convenio colectivo

En diciembre, el Ayuntamiento aprobó modificaciones al convenio laboral con los votos a favor de Comisiones Obreras (CC OO), la abstención de la Unión General de Trabajadores (UGT) y el rechazo de CSIF. Algunos trabajadores se muestran conformes con ese acuerdo y creen que las condiciones laborales son “buenas”. “Trabajamos siete días y libramos siete, y si un día pido algún día puedo trabajar cinco y librar nueve”, explica uno de ellos.

Otros, en cambio, señalan su rechazo a las últimas medidas. Sergio L. de la Aleja, secretario de la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Getafe, defiende que las nuevas modificaciones “discriminan” a los policías locales. El sindicato se queja de que a los agentes se les niegan “de forma sistemática” días libres y días por enfermedad grave de un familiar, además de que les piden el libro de familia “en todas y cada una de las peticiones”. Eso, asegura, no le pasa a otros trabajadores municipales. “Es un cúmulo que se viene formando desde hace dos años”, afirma el sindicalista.

Por eso, el pasado 18 de diciembre organizaron una manifestación para pedir “el mismo trato que la plantilla municipal” y llegaron a un “acuerdo” para no cumplir horas extras: “Entendemos que hay que colaborar, pero viendo la situación se decidió dejar de hacerlo y nos lo han impuesto mediante decreto”. El portavoz del Partido Popular en Getafe, Carlos González Pereira, apoyó la concentración y criticó el “atropello continuo” del Ayuntamiento contra la policía local y los “recortes” a la plantilla, según expresó en Twitter.

En medio de esas diferencias, llegaron las amenazas. Los ataques fueron condenados por los sindicatos y desde hace una semana no se han vuelto a repetir. “Nos parece miserable la actitud de quienes llevan a cabo este tipo de actos contra compañeros”, decía el comunicado difundido por la UGT; CSIF condenaba “sin paliativos” las amenazas aunque instaba al Consistorio a “solucionar de manera urgente el conflicto que mantiene con su Policía Local”.

“Es un poco chocante”

Tras los ataques, el Ayuntamiento que dirige la socialista Sara Hernández desde 2015 denunció ante la Fiscalía los hechos, que considera “comportamientos antidemocráticos”. “La defensa de derechos laborales se tienen que realizar siempre dentro de los cauces del respeto”, defiende a eldiario.es la edil y asegura que las amenazas llegan de un grupo “reducido” de agentes que han tenido “actitudes mafiosas”.

“Las condiciones de la policía local en Getafe son las condiciones de acuerdo al convenio colectivo”, afirma la alcaldesa. Las últimas modificaciones se introdujeron, según sostiene, porque “se hacía una interpretación muy laxa de unos criterios del convenio colectivo que permitió el PP cuando gobernaba en Getafe”. Pone un ejemplo: “Antes, el festivo que no se trabajaba pero que sí estaba incluido en el calendario de trabajo se cobraba y se generaban días. Yo me pregunto qué día festivo no trabajado a cualquier trabajador le genera dinero y tiempo libre”. La alcaldesa también niega que se obligue a los policías a trabajar en servicios extraordinarios: “Esas horas extras son necesarias en algunos servicios que son especialmente importantes en la ciudad. Eso siempre se ha cubierto con policías que de manera voluntaria han querido prestar esos servicios”.

Mientras esperan avances en la investigación, Hernández asegura: “Si vemos que se han cometido hechos delictivos actuaremos también en el plano penal”. Una semana después de los últimos ataques, el clima en la jefatura de Getafe “es normal”, pero se sigue hablando del tema, dice uno de los agentes que no quiere ser identificado. Otro afirma que sigue yendo a trabajar “como siempre” pero ahora siente “vergüenza ajena”: “Es un poco chocante que algún compañero haya hecho esas cosas. Somos policías y estamos para hacer cumplir la ley y servir al ciudadano”.

Al sur del río Manzanares, los alrededores de la estación de Metro de Usera ofrecen una instantánea del distrito. En la plaza de cemento, conviven pegados un bar manchego, una panadería ecuatoriana y un local que vende té de burbujas, una bebida asiática popular entre los jóvenes, que beben con entusiasmo en vasos de plástico de medio litro. La decena de calles que parten desde esa esquina de Madrid delimitan la sección de la ciudad con más porcentaje de extranjeros: 6 de cada 10 habitantes son inmigrantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En esa sección censal, que es una división administrativa pequeña, viven 1.651 personas. Aunque el INE no publica en detalle los países desde donde llegan esos residentes, las cifras globales del distrito dan una pista. En Usera, el segundo distrito de Madrid con más extranjeros después del Centro, la mayoría de los inmigrantes llegan de China (9.900 personas), Bolivia (2.770) y Rumanía (2.200).

Las diferentes procedencias se notan en la variedad de comercios y en los acentos que se escuchan en las calles. Una joven española entra a comprar pan ecuatoriano; una latina hace cola en un supermercado asiático; dos chinos toman café en un bar español con 60 años de historia en el barrio.

La efervescencia de la plaza del Metro se diluye en las calles cercanas por la tarde, donde algunos comercios acumulan polvo tras haber cerrado definitivamente y otros abren a partir de las cinco de la tarde. Hay inmobiliarias, agencias de viajes, salones de estética, estudios de fotografía, mercerías, locutorios, fruterías y restaurantes. Las calles están decoradas con faroles y los carteles, escritos sobre todo con caracteres asiáticos. “Es China”, zanja un vecino.

Allí compran vecinos del barrio, pero también residentes de otros puntos de Madrid que buscan productos que no encuentran en otros lados. Xing, una mujer de 30 años nacida en Madrid pero con orígenes chinos, necesita un papel especial para pintar carteles decorativos con tinta negra y ha llegado desde Alcorcón; Ling, de 36, ha entrado en un local a enviar un paquete con maquillaje, ropa y vinos a su familia, que está el país asiático.

En uno de esos locales trabaja Jon, un hombre de 34 años que llegó hace una década a España desde el sudeste de China. Es cocinero y hace cuatro años abrió su propio restaurante, donde prepara comida típica de Szechaun, característica por el sabor picante. El local está decorado con pequeñas postales de paisajes de esa zona del país asiático cercana al Tíbet y vecina a Chongqing, un municipio que se separó de la provincia en 1997. Para hablar español usa el traductor del móvil y hace un esfuerzo para explicar qué es Chongqing: “Casi como Catalunya”.

Al principio, sus clientes eran sobre todo personas de origen chino, pero en los últimos años “más y más españoles” han empezado a comer allí, según cuenta. Este fin de semana, en el que el barrio será el epicentro de las celebraciones por el Año Nuevo Chino, el año de la rata, tiene las reservas completas. Jon vive en el barrio con su esposa y su hija de ocho años, que asiste a un colegio bilingüe en el que da clases en español e inglés. Él tiene su vida allí, no se queja de la relación con sus vecinos, y vuelve a China cada verano para visitar a su familia.

Yan, de 34 años y nacida en la provincia Zhejiang, al este de China, también ha abierto un local en esa sección de Usera porque vio que ahí la demanda era buena. En la calle Nicolás Sánchez “casi todos son chinos”, dice. Vende tartas de colores, té de burbujas, bowl de frutas de Hong Kong. Todos los ingredientes que necesita los consigue en el barrio, cuenta en un español trabado que aprendió hablando con clientes: “Quiero aprender español, pero necesito ganar dinero. Los chinos vivimos aquí por trabajo y no nos queda tiempo [para estudiar]. Los jóvenes sí aprenden porque tienen muchos amigos”.

Ellos son algunas de las pocas personas que han aceptado hablar para este reportaje, una treintena no ha querido por las dificultades para expresarse en español, según han respondido. “La frontera idiomática complica la comunicación”, explica por teléfono el director de teatro Fernando Sánchez-Cabezudo, que desde 2011 trabaja con la comunidad china en el barrio y ha desarrollado el proyecto Historias de Usera para recopilar vivencias de los inmigrantes del país asiático y de los familiares que que quedaron en el extranjero. “Eso se supera con aproximación y escucha”, señala.

En su experiencia, ha encontrado una comunidad “hospitalaria, accesible, con vivencias emocionales y cercanas”. “Siguen con sus relaciones dentro del barrio y mantienen un vínculo, sobre todo, con los abuelos, que han quedado en China”, explica el dramaturgo. Daniel Tarriño, un fotógrafo criado en el barrio, que ha pasado los últimos dos meses registrando los preparativos de la comunidad para la celebración del Año Nuevo, ha observado algo similar: “La comunidad china desconfía, pero después se entrega mucho”. Cree que esa desconfianza se genera porque “hay mucho racismo”. “Dicen que no se adaptan, que no se saben comportar, pero yo descubrí una comunidad muy activa, muy orgullosa de su cultura”, añade.

Algunos vecinos, sin embargo, atribuyen a los chinos y otros migrantes todos los males de un distrito con la segunda renta media más baja de la capital y una tasa de paro del 11%, tres puntos por encima de la media en Madrid, según datos del Ayuntamiento de 2017. Si las calles están sucias, si la calzada está rota, si hay robos, señalan hacia cualquiera que no sea español.

Concha, una pescadera del mercado municipal de Usera que ha vivido toda la vida en el barrio, asegura que ya no reconoce la zona. “Antes no hacía falta salir del barrio. Era obrero, pero con buenos comercios, con floristerías, zapaterías… Ahora no hay nada”. La mujer tiene la percepción de que todos los comercios que abren son de chinos. “No sé qué condiciones tendrán…”, especula y un cliente la frena para aclararle que “los impuestos son los mismos”. Es uno de los bulos que circulan, pero los ciudadanos chinos, como el resto de personas que tienen un comercio en España, pagan impuestos. El cierre de comercios tradicionales, por otro lado, es una tendencia que trasciende Usera.

En una panadería tradicional del barrio, otro hombre apunta más bien al “olvido” de la Administración. “Es el sur, y bueno”, lamenta Carlos, de 53 años, que ahora vive en Plaza Elíptica y vuelve al barrio a comprar palmeras. “Se acuerdan solo cuando es el Año Nuevo chino y luego nada”, critica. En la misma calle, unos metros más adelante, Santos, de 58 años y dueño de un bar, apunta con el dedo hacia afuera: “Las casas de apuestas nos han hecho mucho daño”. En el local que señala, que ahora tiene una fachada negra con letras luminosas verdes, había un supermercado. “Había familias y más movimiento. Esto no genera nada para el barrio. Ahí les dan todo gratis y a jugar”, observa.

Pero vuelve a enzarzarse con los extranjeros. “Ya no hay españoles, que son los que beben”. Su percepción es exagerada porque el 40% de los residentes son madrileños o personas que han llegado desde otras comunidades autónomas. En su bar, a esa hora de la tarde, hay tres clientes –dos chinos y uno español– y la empleada, que es colombiana. En otro bar, Cristian, de 32 años, también se queja porque “no queda nadie de aquí”. “Yo vivo de ellos, pero seguramente estaba mejor antes”, aventura. Es votante del partido de ultraderecha Vox, que en las elecciones del 10 de noviembre obtuvo un 14,6% de los votos en el distrito y quedó en cuarto lugar después de PSOE, PP y Unidas Podemos.

“Los que no los entienden muestran rechazo”, opina, en cambio, Olivia, una española de 19 años que trabaja en el barrio como niñera, mientras estudia Derecho. Sale de comprar la cena en una panadería ecuatoriana y el barrio ya está oscuro. Las luces de neón se encienden y las calles se animan un poco más, sobre todo, en los alrededores de uno de los supermercados asiáticos, donde la gente que llega desde diferentes puntos de Madrid compra lo necesario para la cena de fin de año. El ruido de los escáneres de la cajas, de los envases de aluminio y de las conversaciones en idioma extranjero llenan el lugar.

Rosa, una profesora de arte mallorquina de 26 años, se mudó al barrio hace seis meses atraída por la “confluencia especial” de cultura asiática, latina y española. “Enriquece, es como viajar sin salir de Madrid”, valora. Para ella, la llegada de inmigrantes ha reconfigurado el barrio, pero en “esencia” continúa siendo lo que era: “Sigue siendo un barrio obrero, pero del siglo XXI”.

La visita a España de Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por España y más de 50 países, ha sacado este sábado a miles de personas a la calle. En la Puerta del Sol, seguidores de Guaidó se han reunido desde las seis de la tarde para mostrar su apoyo al mandatario, que hace un año se autoproclamó presidente encargado del país latinoamericano. El opositor al régimen de Nicolás Maduro ha pedido “acción” a las personas convocadas en el centro de Madrid tras recibir una distinción del Ayuntamiento: “No nos dejen solos”.

Desde un escenario, Guaidó se ha dirigido a las 5.500 personas, según datos de la Policía Nacional, que ocupaban la mitad de la plaza y grababan con el móvil al presidente que reconocen para su país. “Él nos representa”, ha afirmado Gladis, una venezolana de 67 años. “Confío en que él sea quien haga el cambio”, ha dicho y ha aclarado que espera que el mandatario interino permanezca en el cargo hasta que haya “elecciones libres y no amañadas”.

Las personas presentes han escuchado en silencio el discurso que Guaidó ha hecho con retraso, sobre las ocho de la noche, antes de reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un año después de que Guaidó se autoproclamara presidente interino de Venezuela, un país atravesado por una crisis política, económica y social, el opositor venezolano inició el pasado domingo una gira internacional que arrancó en Colombia y siguió por Reino Unido, Bruselas y el Foro Económico Mundial de Davos y Francia antes de aterrizar en España.

Los miles de seguidores han esperado durante casi dos horas la llegada del político, que ha mantenido una agenda muy ajustada este sábado, con actos en el Ayuntamiento y la Comunidad, y reuniones con diferentes políticos. Pese a la espera, Salvador, de 43 años, ha agradecido el mensaje “de aliento”. “En Venezuela no hay comida, no hay medicinas, no hay educación, no hay salud, no hay transporte”, ha clamado el hombre, que vive desde hace 3 años en España y ha participado con 20 personas más en la concentración.

En los últimos años, miles de venezolanos han emigrado hacia España por la situación en el país latinoamericano. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, 24.238 venezolanos llegaron a España en el primer semestre de 2019 y se sumaban a los 158.218 que ya residían.

“La esperanza es importante porque la hemos ido perdiendo”, ha señalado Irene, de 55 años, que lleva más de 14 fuera de su país. Guaidó pretendía impedir un nuevo mandato de Maduro, pero el pulso continúa y ambos mantienen apoyos en el país. “Es bueno que haya opciones de diferentes tendencias, pero lo malo es cuando las opciones quitan la libertad a un país y su gente”, ha defendido.

La mujer se ha parado sobre la base de un farol para tener una mejor vista del mandatario, que tras el discurso en la Puerta del Sol, apareció en uno de los balcones de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad. Detrás de una bandera de Venezuela que el Gobierno regional ha colgado por la visita del presidente encargado, Guaidó ha saludado a las personas concentradas y ha sostenido de un extremo una bandera más pequeña del país latinoamericano. A su lado, Díaz Ayuso alzaba el otro extremo y coreaba “¡Sí se puede!”.

El PP se vuelca con Guaidó

El líder del PP, Pablo Casado, se ha reunido este sábado en privado con el autoproclamado presidente encargado de Venezuela. Tras el encuentro, Casado ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el “cese inmediato” de Ábalos, “por mentir en seis ocasiones” sobre su cita con la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez. “Ábalos lleva mintiendo dos días a los españoles. Hoy hemos conocido la sexta mentira y aún no sabemos lo que pasó en Barajas”.

El presidente encargado de Venezuela también ha recibido distinciones de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que le ha entregado la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Y del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que le han dado la Llave de Oro de la ciudad, una distinción que se otorga a los jefes de Estado que se encuentra en la ciudad en visita oficial.

Pedro Sánchez, no ha recibido al mandatario interino, aunque sí lo ha hecho la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que le ha transmitido el “pleno respaldo del Gobierno de España a su figura”.

Sobre la decisión de Sánchez, los expresidentes socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González discreparon este viernes: Zapatero opinó que Pedro Sánchez hacía bien en no recibirlo y González, en cambio, aseguró que el político venezolano es “el único representante legítimo de ese país”.

Para Irene, que ha permanecido sobre la base del farol con la vista atenta en el balcón, la decisión de Sánchez “ha sido un error garrafal” porque, según cree, “demuestra temor a sus aliados políticos”. Horas antes, sin embargo, el líder opositor venezolano defendía que Sánchez hubiese sido uno de los primeros mandatarios europeos en reconocerlo como presidente encargado. A su lado, han clamado “libertad” hasta que Guaidó ha abandonado el balcón para seguir con la gira.

Juan Guaidó ha recibido este sábado la Llave de Oro de la ciudad de Madrid, un gesto que el Ayuntamiento otorga a los jefes de Estado que la visitan. El líder opositor venezolano, al que varios países, incluida España, reconocen como presidente interino del país, ha dicho que se siente “conmovido” por la distinción otorgada por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida (PP), y la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Ciudadanos).

Guaidó ha señalado que lo toma como un “impulso” y un “reconocimiento” de que “vale la pena luchar”. “La democracia siempre está en riesgo y es labor de los ciudadanos defenderla”, ha expresado Guaidó, al final de la gira internacional que arrancó el pasado domingo en Colombia y finaliza este sábado su parte europea.

El autoproclamado mandatario ha sido recibido por Almeida y Villacís en una de las puertas de la planta baja del Palacio de Cibeles. Juntos han recorrido unos cien metros acompañados por una banda en vivo y rodeados de un dispositivo policial que ha estado organizado por la Policía Municipal. Ha sonado el himno de Venezuela y los políticos se han dirigido al escenario seguidos desde lejos por diferentes medios nacionales e internacionales.

Juan Guaidó ha recibido el reconocimiento en nombre “de los estudiantes, de los profesores, de las enfermeras, de todos los trabajadores, y de cien diputados que, a pesar de la persecución, se mantuvieron firmes en nombre de una causa”.

“Vamos a hacer todo lo necesario para hacer frente a esa dictadura, si tenemos que saltar verjas lo haremos. Sabemos que no estamos solos”, ha afirmado el líder opositor, que ha sido aplaudido de pie por los más de 200 asistentes, entre los que se encontraban, entre otros, el líder del PP, Pablo Casado, el expresidente del Gobierno José María Aznar, el líder de Vox, Santiago Abascal, los exalcaldes Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella y la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

“Madrid no podía permanecer indiferente a la visita de un presidente cuya legitimidad reconoce España. Madrid le recibe porque es el mandatario legítimo de un país soberano”, ha dicho el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Guaidó, que hace un año se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, ha realizado una gira internacional que arrancó en Colombia y ha pasado por Reino Unido, Bélgica, el foro internacional de Davos, Francia y España, donde no ha sido recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino por la ministra de Exteriores.

En referencia a esto, Guaidó ha respondido en rueda de prensa tras el acto institucional en Cibeles que “ha sido complicado” coordinar agendas durante la gira internacional. Así, ha destacado que Pedro Sánchez fue uno de los primeros presidentes europeos en reconocerlo como presidente interino del país.

“Espero recibir en los próximos meses al presidente, cuando podamos recuperar la democracia [en Venezuela]”, ha indicado. Además, ha asegurado que no tiene “mas información que lo que trascendió a medios” sobre el encuentro de la número dos de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha asegurado que “la equidistancia no la va a encontrar en Madrid” y ha trasladado su “apoyo” a los venezolanos, que “han tenido que exiliarse por millares”.

La vicealcaldesa ha insistido en que la capital “ha tomado el lado de los venezolanos que piden ayuda en Madrid”. “El mundo corre el riesgo de inmunizarse, pero hemos cogido el testigo”, ha dicho. También ha lamentado la “diáspora” de los 60.000 venezolanos que viven en Madrid, “tiene una capital libre desde la que alzar la voz hasta que la libertad vuelva a Venezuela, que va a volver”, ha defendido Villacís.

Casado pide el cese de Ábalos

Antes del acto, el presidente del PP, Pablo Casado, se ha reunido con Guaidó. Tras el encuentro, Casado ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el “cese inmediato” de Ábalos, “por mentir en seis ocasiones” sobre esa cita. “Ábalos lleva mintiendo dos días a los españoles. Hoy hemos conocido la sexta mentira y aún no sabemos lo que pasó en Barajas”, ha asegurado Casado, que ha reprochado que Sánchez “no haya estado a la altura” al no recibir a Guaidó.

El líder del PP ha criticado a Ábalos por decir que nadie le va a echar, y ha afirmado que su polémico encuentro con la 'número dos' de Nicolás Madurdo afecta ya a cuatro ministros: Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska, Arancha González Laya y al propio Ábalos.

“Si Sánchez no cesa de inmediato a Ábalos llevaremos este asunto al Parlamento y también al ámbito europeo”, ha afirmado el líder del PP, que ha lamentado que el presidente del Gobierno no haya recibido a Guaidó como sí han hecho los presidentes de Francia, Alemania o Estados Unidos, entre otros países.

La encargada de recibir a Guaidó en nombre del Gobierno ha sido la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Arancha González Laya. El encuentro, que ha durado unos 45 minutos, ha tenido lugar en la Casa de América de Madrid. A la salida del mismo, Guaidó lo ha calificado como “muy productivo”.

En la reunión, González Laya ha transmitido a Guaidó el “pleno respaldo del Gobierno de España a su figura” y su deseo de contribuir, “con todos los medios a su alcance, a generar las condiciones para la celebración de elecciones presidenciales con garantías democráticas”.

Ambos han intercambiado puntos de vista sobre la grave crisis política, social y humanitaria que atraviesa el país y sobre las vías que permitan el retorno de Venezuela a la democracia, la vigencia del Estado de Derecho y la prosperidad, según el Ministerio español.

Asimismo, González Laya ha informado a Guaidó de “la buena integración en España de los numerosos migrantes venezolanos que, habiendo abandonado su país por la crisis, han escogido España como destino”.

“Sánchez va a tener que dar explicaciones”

“No podemos entender cómo podemos tener un Gobierno que esté más pendiente de atender al régimen que al legítimo presidente interino de Venezuela”, ha dicho Inés Arrimadas (Ciudadanos) al llegar al Palacio de Cibeles, donde el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entregará a Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado del país latinoamericano, la Llave de Oro de la ciudad.

Arrimadas ha asegurado que su formación ha impulsado una comisión de investigación para conocer “qué ha pasado con Ábalos”. “Sánchez va a tener que dar explicaciones en el Congreso y, seguramente, a sus socios europeos”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha recibido a Guaidó en la gira internacional que el líder opositor venezolano termina este sábado en Madrid, aunque si lo ha hecho la titular de Exteriores. Arrimadas ha arremetido contra Sánchez: “Yo creo que es un precio que está pagando a Podemos”.

En esa misma línea se pronunció también este sábado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que anunció que su formación ha solicitado la comparecencia “urgente” del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique cuáles han sido los procedimientos que han permitido a Ábalos, “entrevistarse” con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Las 14 familias que viven en el número 10 de la Calle Peironcely, la casa que Robert Capa fotografió durante la Guerra Civil en Puente de Vallecas, serán realojadas en junio de este año, según han confirmado fuentes del área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento. El delegado Mariano Fuentes (Ciudadanos) se ha reunido este miércoles con la concejala socialista Mar Espinar, un representante de la plataforma SalvaPeironcely10 y el dueño de la vivienda, que ha mostrado “sensibilidad” para “estudiar” dar marcha atrás con las notificaciones de cese de alquiler y desahucio enviadas a algunas de las familias en diciembre, según uno de los presentes.

El calendario, ahora, parece más claro. Tras esta primera reunión, las partes empezarán a trabajar para “resolver la situación lo antes posible”, según han indicado fuentes del área de Desarrollo Urbano. El Ayuntamiento prevé abrir el expediente de expropiación en abril y “paralelamente” los servicios sociales trabajarán en las condiciones de realojo, según ha asegurado una portavoz del área. El expediente se cerrará previsiblemente en junio y, en ese momento, empezarán a reubicar a las familias.

“Estamos al final de un camino que ha sido muy largo y empezamos a ver la luz al final del túnel”, ha expresado Espinar tras salir de la reunión, en la que asegura que ha habido “buen clima”. La concejala fue quien presentó el proyecto para convertir el inmueble en un museo dedicado a la interpretación de los bombardeos aéreos en Madrid en el Ayuntamiento en 2018. La casa, que figura en el Catálogo de Elementos Protegidos del Consistorio, fue fotografiada por Capa (seudónimo de Endre Friedmann, pero también empleado por Gerda Taro) en 1936. La imagen, en la que aparecen niños sonriendo delante de una fachada con impactos de metralla, fue portada de la revista francesa Regards ese año.

Hoy los agujeros de aquella época están tapados con masilla y la vivienda ha sido subdividida en espacios de entre 20 y 28 metros cuadrados en los que que viven 21 adultos y 16 menores en condiciones de insalubridad. Madrid Salud instó al propietario mayoritario, Luis Santiago Barrena, a mejorar las condiciones de las viviendas el pasado noviembre, pero el empresario se ha negado hasta ahora a hacerlo. En diciembre, envió notificaciones de cese de alquiler y de desahucio a algunos de los propietarios porque “la expropiación se estaba alargando demasiado” y para él “no tiene sentido” que le exijan esas reformas.

José María Uría, coordinador de la plataforma SalvaPeironcely10, que promueve la Fundación Anastasio de Gracia desde 2017 y reúne a entidades nacionales y extranjeras, ha indicado que en la reunión el dueño mayoritario del conjunto de casas ha mostrado “sensibilidad” para “estudiar” dar marcha atrás con esas notificaciones. “Nos interesa es que se frene el desalojo, que quebrantaría su derecho [de los vecinos] a poder ser realojados en condiciones dignas”, ha dicho. Por ley, los inquilinos deben ser realojados tras la expropiación, pero si se producen los desahucios, perderían ese derecho.

“Esto comenzó en el mandato anterior y nadie se había reunido con el propietario, que tenía derecho de información”, ha criticado Espinar. La concejal también ha destacado que el delegado de área de Desarrollo Urbano ha sido “atento” y ha mostrado “ánimo de agilizar todo el proceso y realojar a los vecinos a la mayor brevedad”. “Creo que es importante que garanticemos que ese realojo sea posible”, ha señalado la concejal. Además, la socialista se ha comprometido a “evaluar la viabilidad” de mejorar las condiciones de las viviendas si el dueño no lo hace y ha aventurado que “lo podría hacer el Ayuntamiento”.

Las familias que viven en el conjunto de Vallecas, que fue construido en 1927 al amparo de la ley de casas baratas, son personas que pagan entre 350 y 400 euros de alquiler al mes por casas no llegan a los 30 metros cuadrados. Son jubilados, madres divorciadas con niños, matrimonios o familias con todos los integrantes en paro; algunos vecinos viven allí desde hace más de una década y han visto el continuo deterioro de las viviendas, que están comidas por la humedad y el moho e invadidas por ratas y cucarachas en verano, según cuentan.

El inmueble iba a ser demolido, pero el equipo de Gobierno anterior, dirigido por la alcaldesa Manuela Carmena (Ahora Madrid) paralizó la destrucción. La plataforma SalvaPeironcely10 presentó entonces un proyecto para rehabilitar el espacio como un museo dedicado a la interpretación de los bombardeos aéreos en Madrid y garantizar las condiciones de vida de los inquilinos. Hasta ahora, los vecinos no han sido realojados porque la expropiación no se ha ejecutado. Además, en la anterior legislatura, la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo de Ahora Madrid, Marta Higueras, descartó que los habitantes de esas casas bajas de Entrevías estuvieran en una situación de emergencia social, según informó entonces la agencia Europa Press. Ahora que la expropiación parece más cercana, las partes esperan que las familias “pasen las próximas Navidades en mejores condiciones”.