Se casaron hace casi diez años. Sin embargo, Adrian Coman, nacido en Rumanía, y Claibourn Hamilton, ciudadano estadounidense, han pasado gran parte de ese tiempo entre tribunales y litigios. ¿La razón? Luchar para vivir como el matrimonio que son en cualquier país de la Unión Europea.

En el 2010 la pareja celebró su boda en Bélgica, uno de los 14 Estados miembros de la Unión Europea que permite el matrimonio homosexual. En ese momento Coman no se imaginó que la idea de regresar a Rumanía junto a su pareja, en 2013, desataría una batalla legal que incluso provocó la reacción del lobby religioso ante Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea y excandidato socialdemócrata a la presidencia de dicha institución.

Hamilton solicitó el permiso de residencia en Rumanía basado en la libertad de circulación que reconoce la Unión Europea, que avala el derecho de extranjeros a vivir en el territorio de la Unión si los integrantes de la familia, como “los cónyuges”, son ciudadanos de algún estado miembro. Sin embargo, las autoridades rumanas rechazaron la petición ya que, al no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, no podían ser considerados familia.

La pareja impugnó la negativa y el caso acabó en el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), a lo que le siguió una campaña de ataque y descrédito por parte de grupos conservadores.

La propia Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (Comece, que ejerce de representación de la Iglesia católica en Bruselas) tomó cartas en el asunto y advirtió al gabinete de Timmermans de que estaba “observando cuidadosamente la evolución del proceso” y que esperaba que no se abriera “la caja de Pandora, creando más problemas que soluciones”, según consta en un correo electrónico enviado el 28 de septiembre del 2017, al que ha tenido acceso esta investigación a través del Portal de Transparencia de la UE.

En el mismo correo, la Comece envía su “evaluación legal con respecto a la reforma del Registro de Transparencia” (que al final no se llevó a cabo), en el que recuerda las exenciones que tienen las iglesias y pide mantener el statu quo, ya que de lo contrario el Registro “interferiría con las relaciones Iglesia-Estado”. Los privilegios que tienen las iglesias para no confesar sus contactos y reuniones políticas en el seno de la Unión Europea han sido revelados esta semana por eldiario.es.

En las instalaciones de la Comece, el pasado 9 de abril de 2019, el secretario general Olivier Poquillon mira fijamente los papeles de esta correspondencia. Al preguntarle a qué se refiere con la frase “caja de Pandora”, responde tajante: “Hay cosas que son competencia nacional y otras que no lo son”, en referencia a la competencia que tiene cada país de aceptar o no el matrimonio homosexual.

“Para nosotros el Estado de derecho implica que la Corte respete los tratados. El 'caso Coman' consiste claramente en el uso de una disposición de no discriminación para imponer cosas a otros. Si se intenta transformar a la Unión en una herramienta de poder y control y no en una herramienta de servicio, nuestra reacción será contundente”, asegura.

Coman, en una entrevista para este reportaje, recuerda cómo “algunas iglesias se organizaron para tocar sus campanas al mismo tiempo, mientras tenía lugar nuestra segunda audiencia ante el Tribunal Constitucional en Bucarest”. Aquellas campanas también lograron hacer eco dentro del Parlamento Europeo. El 28 de junio de 2017, la eurodiputada rumana Ramona Manescu, del Partido Popular Europeo, junto con Sophia Kuby, directora de ADF en Bruselas (una organización legal basada en la fe), organizaron un evento privado en el Parlamento bajo el título ‘Matrimonio y competencia de los Estados miembros de la UE: el caso Coman en el TJUE’. En la siguiente imagen puede verse la invitación a la reunión:

A ese encuentro privado logró colarse Florin Buhuceanu, vicepresidente de Accept, fundación rumana que se encargó de defender a la pareja legalmente. En una entrevista telefónica, Buhuceanu recuerda lo que se habló a puerta cerrada: “Querían resaltar que existe una amenaza contra la libertad de religión y contra organizaciones como ellas [ADF]. Con ello buscaban decir que la Comisión Europea estaba tratando de forzar a todos los Estados miembros a aceptar matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que el caso no buscaba, ya que este se refería al reconocimiento de los derechos de residencia para aquellas parejas que ya estaban casadas”.

El 5 de junio de 2018, el TJUE falló a favor de la pareja basándose en el principio de libre movimiento de la UE y en una amplia interpretación del término esposo. Sin embargo, el proceso todavía no ha terminado porque Rumanía se resiste a aplicar la sentencia. “No esperábamos el largo retraso en la aplicación de la decisión a la legislación nacional en Rumanía y en todos los demás países que tuvieron que transponerla a su realidad legal”, confiesa Buhuceanu.

La falta de aplicación también ha sido evidenciada en el Parlamento Europeo por la eurodiputada neerlandesa Sophie in't Veld (ALDE), quien el pasado 6 de noviembre indicó que “algunos Estados miembros se niegan a implementar la decisión (refiriéndose al caso Coman), incluso después de que los ciudadanos se hayan quejado de su incumplimiento”.

A través de una pregunta por escrito, la eurodiputada consultó a la Comisión si emitirá “procedimientos de infracción si los Estados miembros no cumplen la jurisprudencia del TJUE”. Desde la institución respondieron que no han recibido quejas por falta de aplicación de la legislación comunitaria, aunque no descartaron “tomar las medidas necesarias” en caso de que ocurriese, incluyendo “procedimientos de infracción”.

Hasta el momento, Hamilton “no ha sido reconocido como esposo”, por lo que sigue sin obtener la residencia en Rumanía, explica Buhuceanu. La mudanza de Coman y Hamilton lleva seis años de retraso y la pareja aún reside en Nueva York. “No es fácil, todo lleva mucho tiempo, pero preferimos recordar el inmenso apoyo que hemos recibido”.

Frente a las voces en contra, Adrian Coman, reflexiona: “Las iglesias podrían haber usado sus recursos e influencia para hacer algo positivo para la vida de las personas”.

Este trabajo es fruto de la investigación desarrollada durante el Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos y Unidad Editorial. Adolfo Moreno, tutor del Máster, colaboró en la edición.

Ir a la montaña se ha convertido en una de las actividades favoritas de los españoles: senderismo, esquí, deportes de vuelo o motor... la montaña en todas sus variantes atrae cada vez a más personas: si en 2010 el 1,8% de la población acudía a la montaña semanalmente, en 2015 (últimos datos disponibles) la cifra trepaba al 4,9%, según el Ministerio de Cultura. Pero el creciente interés en estas actividades al aire libre ha provocado a su vez un aumento de los accidentes. Este verano ha sido especialmente trágico con 49 muertes, el mayor número registrado desde 2015, cuando fueron 35 víctimas mortales.

Estas cifras provienen de los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil y se refieren a los fallecimientos ocurridos entre el 1 de junio y el 31 de agosto. En total, en lo que va de este año hubo 81 fallecidos, 462 heridos y 695 rescates. Durante todo 2018, en tanto, la cantidad de rescates llegó a 974, el número más alto desde 2010. Hubo 103 decesos y 588 heridos.

Según datos del Ministerio de Cultura y Deporte el montañismo es el quinto deporte con más federados en el país y el que más dinero recauda por turismo. En 2018, turistas españoles y extranjeros gastaron en España más de 10.000 millones de euros en viajes “en los que se realizaron actividades de senderismo y montañismo”. Sin embargo, no siempre se hacen con la preparación o el equipo necesarios.

Los expertos coinciden en señalar que la mayoría de los accidentes se dan por falta de formación y experiencia. “Hoy la gente no se prepara. Compran el material y salen a hacer deporte. Como la montaña es amable en España, ciertos errores no son tan graves, pero eso en los Alpes sería otra cosa”, explican fuentes del Servicio de Montaña.

Alberto Ayora, responsable del Comité de Seguridad de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme), se pronuncia en el mismo sentido: “La gente no se preocupa tanto por la formación y no hay muchas campañas de prevención, por lo que es lógico que en las estadísticas se vean reflejados más accidentes”.

Uno de los últimos estudios publicados por esta organización señala que el 71,5% de los visitantes o usuarios de la montaña son personas que no están federadas. Muchas de ellas acuden a la montaña con poca preparación y sin conocimiento de qué medidas de seguridad deben tomar en cada caso.

El senderismo, por ser el deporte más practicado, es el que más incidentes ha registrado: en promedio, el 47% de los rescates ocurre por esta actividad, seguido de “Progresión en terreno abrupto” (un tipo de senderismo pero por fuera de las rutas “normales”), con el 12% y barranquismo, con un 9%. Por su parte, los tropiezos y el extravío son los motivos más frecuentes de los rescates.

Como cuestiones elementales y para evitar accidentes, el Servicio de Montaña recomienda no “sobreestimar las posibilidades” y siempre planificar la actividad con tiempo. Esto significa pensar el material necesario, recopilar cartografía, contar con una predicción meteorológica fiable, tener en cuenta las horas de luz y siempre tener a mano un silbato y una batería de repuesto para el móvil.

En total, entre enero de 2015 y agosto de 2019 los Greim han realizado 4.435 rescates, con un saldo de 516 muertes y más de 2.600 heridos.

Los menores, gran parte de los accidentados

Las cifras aportadas por la Guardia Civil apuntan otra cuestión preocupante: para agosto de este año, el total de menores accidentados ya era superior al registrado en todo 2018. Si bien el número de niños y adolescentes rescatados había ido descendiendo en el último lustro el año pasado se rescató a 135 jóvenes que no alcanzaban los 18 años (un 9% del total), mientras que para agosto de este año ya eran 145 y representaban el 14% de los rescatados.

Ayora considera que hay tres tipos de accidentes: aquellos “normales y asumidos”, como un tropiezo; aquellos que se encuentran en una “zona gris”, que pueden evitarse con suficiente prevención y planificación, como un infarto; y aquellos “accidentes negros”, que deben evitarse a toda costa.

“Ahí soy muy combativo con los accidentes en el seno de actividades organizadas y con menores, en las que no se han cumplido ciertas premisas básicas, como puede ser el reconocimiento de los itinerarios o la formación técnica de los que dirigen. Ese tipo de accidentes no se deberían de dar”, sostiene.

Sin Observatorio de Accidentes de Montaña

El pasado 8 de mayo de 2018, la Comisión de Interior aprobó una proposición no de ley que instaba a la creación de un Observatorio de Accidentes de Montañas a nivel nacional, cuyo objetivo fuera unificar datos de todas las comunidades autónomas y crear campañas de sensibilización. Un año y medio después, todavía no se ha materializado.

Tanto el Servicio de Montaña como Fedme aseguran que los datos que reúne la Guardia Civil no son totalmente representativos, ya que hay otros organismos que también pueden realizar rescates, como los bomberos, agentes forestales o los Mozos de Escuadra en Catalunya. Por ello reiteran la necesidad de poner en marcha el Observatorio. “Llevamos muchos años pidiendo que haya un plan nacional de prevención de accidentes de montaña, y dentro de ese plan, lo primero es tener los datos”, sostiene Ayora. Sobre el Observatorio, asegura que “el Gobierno no ha dado respuesta”.

Incluso desde el Servicio de Montaña afirman que “es un problema que no conseguimos arreglar”. “Está muy parado. Alguna comunidad autónoma tiene que instar a la Dirección General de Protección Civil, pero no se está haciendo”.

Por el contrario, Gonzalo Palacín, uno de los impulsores de la iniciativa y exdiputado por Huesca del PSOE, opina que “desde la Guardia Civil están por la labor”, pero que todavía no se ha puesto en marcha por la “incertidumbre política”.

Sin embargo, también reconoce que se deberían implementar más campañas de prevención a nivel nacional. “Muchos de los rescatados en el Pirineo Aragonés son turistas que vienen de Barcelona, de Madrid, del País Vasco. Por mucho que sensibilicemos aquí, si los que vienen de afuera no lo están, se pueden cometer imprudencias”, sostiene.

¿Cuánto cuesta un rescate?

El 12 de septiembre del año pasado, la Justicia española ponía punto final al debate acerca del cobro de los rescates. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo dejó en claro que los rescates son competencia de las comunidades autónomas y que, por lo tanto, es suya la decisión de facturar o no una tasa tras el operativo.

Consultados por eldiario.es, desde la Guardia Civil han asegurado que, al ser un organismo estatal, el Servicio de Montaña no cobra ninguna tasa. Sin embargo, no han sabido especificar cuánto le cuesta al organismo un rescate. Según sostienen, los costes están incluidos en los presupuestos anuales y depende en gran medida de las características del rescate en cuestión (la cantidad de personas involucradas, si se necesita helicópteros o vehículos, el tiempo que lleve, etc).

Si se decidiera involucrar a otros cuerpos, como bomberos, Mossos o Ertzaintza, estos sí podrían cobrar por la operación. En la actualidad, existen siete leyes autonómicas que regulan el cobro de tasas, según han recogido desde el portal especializado Nieve Aventura. Entre ellas, Catalunya, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y Canarias. Catalunya, por ejemplo, establece una cuota de 2.857 euros por hora en alquiler de helicóptero, mientras que en el País Vasco el precio es 2.155 euros.

Desde Fedme, sin embargo, han reiterado que se oponen a cualquier tipo de cuota. “Es un debate del que hay que huir, no hay que ponerle precio. Hay que apostar por la prevención”.

Bruselas, y también América Latina, son destino frecuente para los grupos de presión españoles que luchan por acabar con el derecho al aborto, el matrimonio homosexual o la perspectiva feminista. Conscientes de la incesante labor legislativa que realiza la Unión Europea, el ultracatolicismo español ha comenzado a hacer acto de presencia en la capital belga. Como ejemplo destacan dos iniciativas que en los últimos años han invertido grandes sumas de dinero para promover y realizar un lobby religioso que de por sí cuenta con un trato privilegiado en las instituciones comunitarias, tal como ha revelado eldiario.es este miércoles.

Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y exeurodiputado con el Partido Popular, e Ignacio Arsuaga, presidente de la asociación española HazteOír, son el puente de unión entre la estructura del lobby religioso en Bruselas y las organizaciones más conservadoras de España. El primero, exministro del PP, fundó en 2013 la Federación Europea One of Us, con el objetivo de defender los “valores basados en raíces judeocristianas”; el segundo impulsó ese mismo año CitizenGo para exportar el modelo de HazteOír a otros países europeos. 

Corría marzo de 2012 cuando Jaime Mayor Oreja, aún en su escaño del Europarlamento, promovió una Iniciativa Popular Ciudadana (ECI, por sus siglas en inglés) en la cámara comunitaria “en defensa de los no nacidos”. La ECI con el récord histórico de apoyos —llegó a recoger 1.721.262 firmas— no fue aprobada por la Comisión Europea, pero devino un año después en la creación de la Federación Europea One of Us. Más recientemente, a comienzos de este año, Mayor Oreja lanzó en París la “plataforma cultural” One of Us, “un think tank provida paneuropeo” que también dirige el exdirigente del PP.

Así, Mayor Oreja abandonó su escaño en el Parlamento Europeo, pero durante toda su jubilación política no ha dejado de visitar frecuentemente Bruselas. De hecho, One of Us continúa celebrando una vez al año su 'Semana por la Vida' en las dependencias de la UE, a la que suelen acudir representantes del Partido Popular Europeo. Su último anuncio ha sido la adhesión de varias universidades españolas, como la CEU San Pablo (Madrid) o las católicas de Ávila y Murcia, a la plataforma cultural de One of Us este verano.

Los ánimos expansionistas de Mayor Oreja le han llevado asimismo a sobrepasar las fronteras europeas y aterrizar en América Latina, en este caso a través de la Red Política por los Valores, de la cual es impulsor y hoy en día presidente de honor. Esta red incorpora a representantes políticos de todo el mundo, entre ellos a varias figuras de la derecha latinoamericana, para proteger “la vida humana, el matrimonio, la familia y la libertad religiosa”. De hecho, el pasado mes de abril la Red Política por los Valores celebró en Bogotá (Colombia) su III Cumbre Transatlántica, en la cual participó, junto a otros políticos conservadores de la región, el expresidente colombiano Álvaro Uribe.

Esta misma semana, Jaime Mayor Oreja presentaba One of US en Santiago de Chile para cargar contra la “ideología de género”, “en defensa de la vida” y contra el matrimonio homosexual.

Para Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica y exasesor de la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, estos grupos “le hacen el trabajo sucio a la Iglesia” a través de numerosas actividades, como recogidas de firmas online, marchas, foros, eventos en el Parlamento o creación de medios de comunicación. Algunas organizaciones incluso se especializan en participar en litigios, como Abogados Cristianos o Profesionales por la Ética.

El lanzamiento de One of Us fue posible gracias al apoyo de la Fundación Valores y Sociedad, creada en 2011 por el propio Mayor Oreja. Según las cuentas depositadas en el Registro Nacional de Fundaciones, hasta 2015 el grupo había invertido más de 150.000 euros en la iniciativa. La mayoría de ese dinero, a su vez, había sido recabado por Mayor Oreja a través de sus buenas relaciones con diferentes fundaciones y empresas, con las que ha ido cerrando convenios de colaboración por valor de 267.00 euros en esos cinco años.

En cuanto a sus miembros, One of Us aglutina a 17 organizaciones católicas españolas como Profesionales por la Ética o Cidevida, a las que pertenecen hasta once ex altos cargos del PP como la expresidenta de los populares vascos María San Gil o el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

Por su parte, HazteOír —fundada en 2001— y CitizenGo, cuyo ideario hace mención a la “concepción cristiana de la vida y la sociedad como inspiradora” de sus valores, han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos tiempos. En 2008, HazteOír declaró unos ingresos de 357.000 euros. En las últimas cuentas publicadas en su web, las de 2017, ya eran cerca de 2.500.000 euros, siete veces más que nueve años antes. Su filial internacional, CitizenGo, pasó de ingresar 76.600 euros en 2013 a 1.146.000 euros en 2015, año de sus últimas cuentas disponibles en el Registro Nacional de Fundaciones.

Ese crecimiento, que le ha servido entre otras cosas para aumentar su plantilla o financiar Actuall, su propio medio online —contó con un presupuesto de más de medio millón de euros en 2016—, se ha producido al amparo de la declaración de utilidad pública. Otorgada en 2013 por el exministro del Interior del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, la nueva condición le permitió ofrecer ventajas fiscales a sus donantes, que podían desgravar sus aportaciones. En febrero de este mismo año, tras incluir en sus cuentas de 2017 la campaña del autobús tránsfobo, la declaración de utilidad pública le fue revocada por el actual ministro del Interior en funciones del gobierno del PSOE, Fernando Grande-Marlaska.

El portavoz de CitizenGo sostiene que la decisión de quitarles la declaración de la utilidad pública es una “medida ideológica que busca la ruina económica” de la asociación, ya que entre 2012 y 2017 el 60% de sus ingresos procedió de las cuotas de los afiliados. A pesar de ello, confían en que no afecte a las cuentas de HazteOír: “La mayoría de nuestros donantes han mantenido su ayuda, y en muchos casos han pasado a donar más, conscientes del intento del Gobierno de silenciar las voces disidentes”.

Mientras tanto, Arsuaga continúa con la internacionalización de su discurso: “Rezad. Rezad por la familia natural, rezad por nuestras familias. Confiad en Dios y en la divina Providencia. Con la ayuda de Dios ganaremos la batalla cultural más pronto que tarde”, dijo en el último Congreso Mundial de las Familias celebrado en Verona el pasado mes de marzo, donde compartió lista de ponencias con el líder de la Liga italiana Mateo Salvini.

Vox pesca en la red de lobby

En su batalla cultural, las asociaciones ultracatólicas españolas tienen claros sus adversarios: lo llaman ideología de género, industria abortista, detractores de la familia natural, 'lobby gay'... pero también sus aliados. Vox no solo ha absorbido su vocabulario sino que también ha trasladado las ideas de estas organizaciones al poder legislativo. En concreto, el partido de Abascal ha incorporado a sus listas a, al menos, 16 nombres que forman parte de una red cuya influencia se extiende hasta Bruselas. De ellos, cinco son ya representantes públicos en las instituciones españolas.

Lourdes Méndez, diputada en el Congreso con Vox y ex del PP, es también presidenta de la Asociación Familia y Dignidad Humana y colabora con One of Us. En la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio tiene entre sus diputados a tres personas procedentes de este entorno: Mariano Calabuig (cofundador del Foro de la Familia), Gádor Joya (miembro de la directiva de HazteOír) y Alicia Verónica Rubio (vicesecretaria de Movilización de Vox y miembro de Profesionales por la Ética).

Esta influencia no se queda ahí, sino que también alcanza el poder municipal a través de una ciudad tan importante como la capital de Andalucía, Sevilla, en cuyo Ayuntamiento Cristina Peláez (colaboradora de Red Madre y Derecho a Vivir, ambas bajo el paraguas de HazteOír) es la única concejal del partido. A nivel europeo, Francisco José Contreras (directivo de HazteOír y patrono de la Fundación Valores y Sociedad) se quedó a las puertas de entrar en el Parlamento —ocupó el número cinco en la lista de Vox, que solo consiguió tres escaños—.

Paralelamente, el Partido Popular también ha llevado al primer plano político a dos figuras con conexiones arraigadas en el ultracatolicismo español. Una de ellas es Adolfo Suárez Illana (vocal de Red Madre hasta este verano y miembro de One of Us), número dos de la formación por Madrid y secretario tercero de la Mesa del Congreso de los Diputados. En el Senado le secunda Javier Puente (vicepresidente de la Asociación Familia y Dignidad Humana), repescado por Pablo Casado tras ser uno de los diputados rebeldes que rompieron la disciplina de voto del PP en la paralización de la reforma de la Ley del Aborto en 2015.

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La presencia de voces ultracatólicas en la política española ha tenido su último reflejo en el pacto de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Vox intentó hasta el último momento que el nuevo Gobierno derogara parte de las normas regionales de identidad de género y contra la LGTBIfobia, aprobadas por Cristina Cifuentes, aunque el documento final no incluyó tales demandas. No obstante, Díaz Ayuso se comprometió a luchar contra “el machismo, pero no contra los hombres” y a crear una Consejería de Familia Asuntos Sociales y Natalidad, cesiones que contentaron a los diputados del partido de extrema derecha que defienden las ideas más conservadoras del catolicismo.

Mañana la tercera parte de esta investigación abordará el intento de mudanza de una pareja homosexual a Rumanía, que provocó la reacción del lobby religioso en Bruselas.

Este trabajo es fruto de la investigación desarrollada durante el Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos y Unidad Editorial. Adolfo Moreno, tutor del Máster, colaboró en la edición.

Es marzo de 2019. Faltan dos meses para las elecciones europeas y llueve en Bruselas. Hombres de traje y corbata indican el camino a su esperado huésped. Él viste de blanco de pies a cabeza y porta unas gafas metálicas que beatifican su afilada mirada.

En la sala, sus acompañantes se dirigen a él como “padre” o “hermano”, incluida la única mujer presente –la traductora– entre una treintena de hombres. Con un gesto discreto, sostiene la silla mientras su invitado, Jean-Claude Juncker, el presidente y rostro más visible de la Unión Europea, toma asiento. La puerta se cierra y la prensa queda fuera. La tormenta arrecia en la capital belga y Olivier Poquillon, el encargado de vigilar los intereses de los católicos en la UE, sabe que es un buen momento para alargar la sombra de su sotana.

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La visita de Juncker a la Comisión de las Conferencias de Obispos de la Comunidad Europea (Comece) subrayó la relación entre el brazo político del Vaticano y el organismo europeo. Poquillon –su secretario general hasta el pasado mes de agosto, puesto que ahora ocupa el español Manuel Barrios– lo tiene muy claro: “Nosotros [la Iglesia católica] llevamos aquí más de 2.000 años; ellos [la UE], 60”, predica este francés, uno de los religiosos más influyentes en Bruselas, en una entrevista concedida para esta investigación el pasado 9 de abril. En su oficina en el distrito europeo bruselense, a tan solo siete minutos a pie del Europarlamento, conviven una foto suya con el papa Francisco, un Mac y una bandera europea. 

A unos metros del Berlaymont, el edificio más emblemático de la Comisión, se encuentra también la sede de la Conferencia de Iglesias Europeas (CEC, por sus siglas en inglés). “No estamos buscando privilegios para nuestras iglesias”, defiende allí el reverendo eslovaco Peter Pavlovic, que representa a esta organización a la que pertenecen 114 iglesias ortodoxas, protestantes y anglicanas.

La influencia de la Comece y el CEC, los dos lobbies religiosos más importantes en Bruselas junto con la Iglesia Evangélica en Alemania (EKD, por sus siglas en alemán), no sería la misma sin la existencia de una serie de privilegios conseguidos en los últimos años en su relación con las instituciones europeas.

Su primer gran logro fue la redacción del artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que fue introducido en 2007 por el Tratado de Lisboa, el hermano menor de la fallida Constitución Europea. Este artículo establece un “diálogo abierto, transparente y regular con iglesias, asociaciones religiosas y organizaciones filosóficas y no confesionales”. A pesar de la oposición inicial de grupos humanistas y varios eurodiputados, el artículo 17 es la principal baza de los lobbies religiosos, pues obliga por ley a las instituciones europeas a mantener un diálogo con ellos.

Para iniciar en el vídeo selecciona 'view story', la opción te dirigirá hacia los cuatro entrevistados. Pinchando cada entrevistado y, luego, cada pregunta, se puede acceder a sus declaraciones.  

Solo el 20% de las reuniones entre la Comisión y lobbistas religiosos fueron publicadas

En el Registro de Transparencia de la Unión Europea, que entró en funcionamiento en 2011 para poder fiscalizar a todos los grupos de presión que se reúnen con representantes de la Comisión, figuran cerca de 12.000 lobbies. De ellos, tan solo 54 son organizaciones religiosas. Pero ese número no representa ni mucho menos el tamaño de su actividad, que la mayoría de veces es opaca.

“Si miras los datos, piensas que el lobby religioso es algo que realmente no ocurre”. Es la conclusión a la que llega el francés Raphaël Kergueno, miembro de Transparency International. Kergueno sostiene que “cualquier tipo de organización que trate de influir en el proceso de toma de decisiones debe estar en el Registro de Transparencia, sin importar si es una empresa, una ONG, un grupo religioso o una universidad”.

Se trata, precisamente, de uno de los privilegios de las iglesias en Bruselas. Portavoces de la Comisión afirman que “los representantes de los grupos religiosos deben cumplir con los más altos estándares de ética e inscribirse en el Registro de Transparencia de la UE”, pero la realidad es otra. Gracias al acuerdo del 19 de septiembre de 2014 entre la Comisión y el Parlamento y las decisiones de la Comisión del 25 de noviembre de 2014 (343/19 y 343/22), “las iglesias y comunidades religiosas” pueden reunirse con altos cargos de la Comisión sin necesidad de estar inscritas en el registro, condición que sí se aplica a otro tipo de lobbies.

Tuit de la reunión de la Comisión de Asuntos Legales de la Comece en la que participó Martin Ohridski, encargado del Registro de Transparencia de la Unión Europea.

Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica, argumenta que “los lobbies más fuertes no están registrados, porque son las propias iglesias, el Vaticano [que posee el estatus de Estado y su influencia es considerada diplomacia] o las órdenes religiosas”.

Esta investigación ha podido identificar, a través de peticiones de acceso a la información al portal AsktheEU y la revisión de comunicados de prensa, al menos 244 reuniones entre miembros de la Comisión e iglesias, comunidades religiosas o el Vaticano entre 2013 y mayo de 2019. De ellas, solo 49 fueron publicadas y colgadas en el Registro de Transparencia, esto es, el 20%. Los 244 encuentros superan los 214 mantenidos con Google —el lobby que más reuniones ha tenido según el mencionado registro— desde 2014.

De las 244 reuniones identificadas, el 76% fueron con representantes del Vaticano o iglesias cristianas (católicas y protestantes), el 12% con organizaciones judías y el 5% con grupos islámicos. Por su parte, los representantes religiosos que tuvieron más reuniones fueron el Nuncio Apostólico ante la UE, Alain Paul Lebeaupin (15%), la Comece (13%), la Iglesia Evangélica Alemana (7%) y el CEC (5%).

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Los datos reflejan el poderío del cristianismo (que incluye a católicos y protestantes), cuya capacidad de influencia está respaldada por un sólido soporte económico. La Comece, por ejemplo, según los datos del Registro de Transparencia de la UE, cuenta con un presupuesto de 1.209.017 euros, muy cerca de los 1.375.000 euros de la compañía Telefónica, Orange o la tabacalera Philip Morris.

Contactados por esta investigación, portavoces oficiales de la Comisión explican que, “dado el estatus específico del Tratado [de Lisboa], no hay obligación de publicar las reuniones mantenidas en el contexto del diálogo con organizaciones religiosas o no confesionales”.

El proceso legislativo del Parlamento, blanco del catolicismo

El Parlamento Europeo ha sido uno de los últimos objetivos del lobby religioso en Bruselas. El pasado mes de abril, Mairead McGuinness, vicepresidenta popular encargada de supervisar el diálogo religioso en la Cámara, presentó un informe que finalmente no fue aceptado, pero que proponía dotar a los representantes religiosos de una herramienta excepcional de seguimiento legislativo: un contacto directo con los ponentes que exponen los informes ante los eurodiputados. De llegar a confirmarse, la Comece podría, por ejemplo, estar al tanto de todo lo que acontece en el Parlamento antes que cualquier otra organización.

El informe fue fruto de una reunión entre McGuinness y organizaciones involucradas en el diálogo religioso y no confesional el pasado 19 de febrero en el Parlamento Europeo, de cuyos 16 participantes 13 fueron representantes de grupos religiosos. El borrador final, al que ha tenido acceso esta investigación, fue redactado en marzo y entregado a la oficina del Parlamento Europeo en abril.

El texto provocó una reacción de protesta de un grupo de eurodiputados verdes y socialistas que enviaron una carta al expresidente del Parlamento, Antonio Tajani, advirtiéndole de que la aplicación del informe supondría una “violación grave del principio de separación entre religión y política”. Finalmente, Tajani rechazó el documento de McGuinness, que no ha querido hacer ninguna declaración para esta investigación.

Julie Pernet, miembro de la Federación Humanista Europea que estuvo presente en la consulta, acusa a McGuinness de plegarse a las exigencias de la Comece. Desde su oficina en Bruselas, manifiesta que “es una cuestión de tiempo” que la Iglesia también se inmiscuya en el proceso legislativo del Parlamento. Además, reitera que “la Comece siempre ha obtenido lo que ha querido de las instituciones”.

Un ultracatólico, a cargo de defender la “libertad de creer y no creer”

Otro ejemplo “concreto en el que el fundamentalismo religioso trató de influir enérgicamente en el trabajo parlamentario es el informe sobre las funciones del primer enviado especial para la promoción de la libertad religiosa o de credo fuera de la UE”, el eslovaco Jan Figel –excomisario y miembro del Partido Popular Europeo (EPP)–, afirma la eurodiputada verde Terry Reintke. 

Con un currículum que incluye el rechazo al matrimonio homosexual, al aborto y la “ideología de género”, Figel fue designado en 2016 por el propio Juncker, mientras “hablaba en el Vaticano, con motivo de la entrega del Premio Carlomagno al Papa Francisco”, de acuerdo con un comunicado de prensa enviado por la Comisión. Lo hizo “a pedido del Vaticano y en presencia del Papa”, en palabras de Pernet.

El informe, cuya primera versión fue redactada el 11 de julio de 2018, pretendía establecer las directrices del puesto de Figel y, según Reintke, trató de enfatizar “la persecución de los cristianos y la afirmación de la naturaleza cristiana de Europa”. El documento final, que tuvo que superar hasta 218 enmiendas, fue “más equilibrado”, indica Reintke, debido a la presión de eurodiputados y grupos humanistas.

Si bien el mandato de Figel nació con una duración provisional de un año, ya ha sido renovado tres veces y expirará este mes de octubre, por lo que la nueva Ejecutiva de la Comisión deberá resolver su futuro.

Uno de los principales reproches a Jan Figel por parte de organizaciones humanistas y eurodiputados verdes y liberales es su relación con grupos cristianos antiabortistas y anti-LGTBI que han aterrizado recientemente en Bruselas. De hecho, tras la aprobación del mencionado informe, Figel compareció en rueda de prensa en el propio Europarlamento junto a representantes de CitizenGo y ADF –dos organizaciones con base religiosa–, el 15 de enero de este año.

CitizenGo, la rama internacional del grupo ultracatólico español HazteOír, y ADF, “una organización de defensa legal basada en la fe” estadounidense, son dos de las organizaciones conservadoras de base religiosa con más peso en Bruselas. De hecho, las dos forman parte de Agenda Europa, “una red mundial de líderes que comparten una visión de una sociedad basada en la dignidad de cada persona y la familia como una institución esencial”, creada en 2013.

Sus impulsores fueron ADF y el European Center for Law and Justice (ECLJ), otra organización religiosa presente en Bruselas. Ambas han recibido en conjunto 22.162.699 dólares de sus sedes norteamericanas desde 2008, tal y como muestran sus declaraciones de impuestos presentadas en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En su oficina de Bruselas, Neil Datta, secretario del Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, explica para esta investigación que la alianza “busca anular las leyes existentes sobre derechos humanos básicos relacionados con la sexualidad y la reproducción”. Según sus averiguaciones, en la actualidad Agenda Europa está formada por “más de 100 organizaciones de más de 30 países europeos”, entre ellas HazteOír/CitizenGo.

Fuentes de CitizenGo resumen así el objetivo de Agenda Europa: “Tratamos de influir en las instituciones políticas para promover los valores que defendemos y con los que se identifican millones de ciudadanos en la Unión Europea”.

Prueba de ello son los correos electrónicos intercambiados entre el español Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOír, y algunos miembros de esta red el 18 de diciembre de 2018, apenas dos semanas después de las elecciones andaluzas, a los que esta investigación ha tenido acceso.

En uno de ellos, el presidente de HazteOír les pide a varios miembros polacos de Agenda Europa, incluido un ex alto cargo de Ley y Justicia (PiS), el partido ultraconservador que gobierna el país, que le manden “algún documento que describa las leyes polacas que regulan el aborto”, ya que “hay un partido político que quiere estudiarlas para proponerlas como un primer paso hacia el aborto cero”.

“Gracias a Dios, el sistema político español está temblando y políticas provida y profamilia políticamente incorrectas van a ser discutidas en nuestros parlamentos regionales y nacionales. Por favor, ¡rezad por España!”, responde Arsuaga tras la recepción de la documentación solicitada.

Tres meses después, el 20 de marzo de 2019, Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, se reunieron con el líder de Ley y Justicia en la capital de Polonia, uno de los países europeos más restrictivos con el aborto, tal y como hizo público la propia formación española.

Este trabajo es fruto de la investigación desarrollada durante el Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos y Unidad Editorial. Adolfo Moreno, tutor del Máster, colaboró en la edición.

La repetición de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre traerá también la repetición de propaganda política: en la calle, por redes sociales, por radio y televisión y también por correo, los españoles se verán bombardeados nuevamente de carteles con las propuestas y las caras de los candidatos.

Una modificación de la Ley Electoral aprobada en diciembre de 2018 y aplicada por primera vez en las generales del pasado 28 de abril prevé la posibilidad de que los ciudadanos soliciten no recibir la propaganda electoral en sus buzones. 

En concreto, el artículo 39 de la norma indica que “serán atendidas las solicitudes de los electores que se opongan a su inclusión en las copias del censo electoral que se faciliten a los representantes de las candidaturas para realizar envíos de propaganda electoral” siempre y cuando se realicen hasta el decimotercer día posterior a la convocatoria de unas elecciones. 

Puesto que está previsto que el decreto de convocatoria de las elecciones se publique el 24 de septiembre, el plazo para darse de baja acaba el 7 de octubre. El trámite es rápido y simple y puede realizarlo cualquier persona inscrita en el censo electoral a través de la web del INE, aunque es necesario contar con un certificado electrónico o ingresar mediante el sistema Cl@ve, el mismo que se usa, por ejemplo, para hacer la declaración de la Renta.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que dicha exclusión solo se aplica al envió postal, y no al resto de propaganda que llega por redes, correo electrónico u otros medios de comunicación. De hecho, la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) da vía libre a los partidos para recopilar los datos personales de los ciudadanos a través de redes sociales y páginas web, lo que multiplica la capacidad de los partidos para hacer propaganda electoral por internet.

Cabe recordar, también, que esta campaña electoral será más breve y durará solo 8 días. La repetición de las elecciones permitirá estrenar una reforma legislativa acordada por los partidos en 2016 por la que no sólo se acortan los plazos del procedimiento electoral, bajando de 54 a 47 días, sino que, además, reduce la campaña y las subvenciones a la mitad.

¿Cómo darse de baja?

El procedimiento es rápido, una vez que se ha obtenido alguno de las formas de identificación exigidas por el INE - el sistema Cl@ve o el certificado digital–. El primer paso es, a través del siguiente enlace, elegir cuál de esos dos métodos de identificación se emplea para comenzar el procedimiento. Las opciones figuran a la derecha de la pantalla bajo la palabra 'Acceder'.

Como los datos personales ya estarán cargados, solo se debe pinchar “enviar solicitud”.

Esta vez ocurrió en Gambella, región de Etiopía próxima a la frontera con Sudán del Sur. Un equipo de Acción contra el Hambre se desplazaba el pasado jueves desde su centro de nutrición infantil en el campo de refugiados de Nguenyyiel cuando un grupo de individuos armados los emboscó. Dos trabajadores etíopes de la organización han sido asesinados, según confirmó la ONG a eldiario.es. Su identidad aún no ha trascendido. La entidad se vio forzada a suspender sus operaciones en la zona, aunque aseguró que iba a continuar proporcionando asistencia humanitaria.

En lo que va de año, al menos 62 cooperantes han sido asesinados en todo el mundo, según se desprende de las cifras más actualizadas de Humanitarian Outcomes, un equipo de investigadores especializados en ayuda humanitaria.

Los ataques contra los trabajadores de Acción contra el Hambre se suman a una larga lista que, en 2018, registró su segundo peor año. Hasta el pasado diciembre, 405 trabajadores humanitarios se vieron afectados por actos de violencia graves, de acuerdo con el último informe de la organización: 131 fueron asesinados, 144 resultaron heridos y 130 fueron secuestrados. El número supone un aumento desde 2017, cuando se contabilizaron un total de 313 empleados afectados, y se debe principalmente a un incremento de los secuestros.

Los investigadores de Humanitarian Outcomes insisten: la mayoría de las víctimas son siempre personal nacional del país en el que trabajan, ya sea para organizaciones locales o internacionales, como es el caso de los cooperantes de Acción contra el Hambre. La tendencia se repitió una vez más en 2018 y volvieron a llevarse la peor parte: el 93% de las víctimas eran trabajadores procedentes del país donde fueron atacados, 376, frente a 29 extranjeros.

En el recuento figuran profesionales de Naciones Unidas, así como miembros de ONG y de Cruz Roja y la Media Luna Roja. Son ellos, los empleados locales, quienes tienen por lo general mayor presencia en los proyectos y operaciones humanitarias. En 2017, según la red de organizaciones del sector ALNAP, eran originarios de los países afectados 68.000 de los 79.000 miembros de Agencias de la ONU, 304.000 de los 331.000 cooperantes de ONG y 143.000 de los casi 160.000 integrantes de Cruz Roja.

Hasta ahora, el número mucho más bajo de personal internacional en el país hacía que los expatriados presentaran una tasa de ataques mayor en comparación con sus homólogos nacionales. Sin embargo, en 2018, la proporción de profesionales locales de la ayuda humanitaria víctimas de actos violentos ha aumentado. La tasa de mortalidad de estos trabajadores también es más alta que la de los extranjeros.

Estos datos, a juicio de Humanitarian Outcomes, se deben a que la ayuda humanitaria se está concentrando cada vez más en zonas “de alto riesgo” provocadas por los conflictos y evidencian problemas de falta de seguridad para el personal local que desempeña esta labor.

“En estos entornos, la cobertura humanitaria de las necesidades en las zonas más peligrosas es baja y depende cada vez más de las organizaciones nacionales asociadas, ya que las organizaciones internacionales han reducido su presencia o la han consolidado en zonas más seguras”, sostienen los investigadores. “El efecto es la transferencia de riesgos a los socios locales y a su personal (...) y plantea cuestiones éticas apremiantes sobre los recursos para la gestión de los riesgos de seguridad que se ofrecen a los actores locales”.

Además de hacer frente a un número cada vez mayor de emergencias, los trabajadores humanitarios corren graves riesgos a la hora de ejercer su labor en un contexto de violencia creciente contra la población civil. Sudán del Sur es el país con el mayor número de ataques. Le siguen Siria y después Afganistán, donde aumentaron los secuestros. Los actos violentos se dispararon en República Democrática del Congo, debido a un aumento de la actividad de los grupos armados en 2018 y la inseguridad en la respuesta contra el ébola: desde finales de 2018, murieron cuatro trabajadores y ocho resultaron gravemente heridos.

“En los últimos años, la violencia, la inseguridad, las amenazas y las obstrucciones deliberadas al personal humanitario están restringiendo notablemente su capacidad de actuación”, afirma Andrés R. Amayuelas, presidente de la Coordinadora de ONGD de España.

Sin embargo, Amayuelas recuerda que no es un fenómeno que solo tiene lugar en los países golpeados por la violencia y las emergencias humanitarias. “La persecución de quienes salvan vidas no se realiza solamente en situaciones de conflicto o por parte de grupos armados. Esta persecución se produce también desde los Gobiernos”, indica.

“En algunos países personas cooperantes están siendo perseguidas e incluso expulsadas por cuestionar prácticas gubernamentales que atengan contra los derechos humanos; en otros, enfrentan enormes trabas impuestas legalmente que les impiden realizar su trabajo de manera adecuada; Marruecos o Nicaragua son ejemplo de estas prácticas. Constatamos una criminalización de los ONG en todo el mundo, también en Europa”, sentencia.

Aunque muchas veces parece que la tecnología es completamente objetiva, lo cierto es que son las personas quienes programan y diseñan los avances tecnológicos. El caso de los asistentes virtuales no es excepción: los algoritmos que hay detrás son creados para que entiendan y respondan nuestras inquietudes.

Después de que se conociera que Apple ha reescrito el código de su asistente de voz, Siri, para que fuera esquiva al hablar de feminismo, eldiario.es ha realizado una prueba con el asistente de Google para saber cuál es la postura de la empresa. “Google eres feminista”, se le ha consultado a través del servicio para móvil, a lo que ha replicado: “Creo en la igualdad. Así que definitivamente me considero feminista”.

El asistente desarrollado con inteligencia artificial, disponible tanto para dispositivos móviles como para aparatos domésticos, ha sido programado para responder de manera más directa que Siri, el asistente de voz de iPhone.

The Guardian ha revelado este viernes que Apple ha instado a sus desarrolladores para reprogramar a Siri para “no comprometerse” con temas controvertidos como el feminismo. El medio ha tenido acceso a un proyecto interno de la empresa en el que se buscaba que las respuestas del asistente fueran en la línea de la “igualdad”, pero que nunca dijera la palabra “feminismo”, incluso aunque fuera preguntada sobre ello.

“Siri debe ser cautelosa cuando se trata de temas potencialmente controvertidos”, por lo que debe “desviar” las preguntas relacionadas con el feminismo, ha explicado la compañía en el documento.

La empresa ferroviaria Renfe-Operadora tiene ocho miembros en su alta dirección. De ellos, seis son hombres, entre presidente y directores. Sus cuatro filiales siguen el mismo destino: cada una cuenta con un alto directivo, hombre. Aena, la compañía que gestiona los aeropuertos españoles, tampoco puede hacer alarde de su igualdad, pues de once directivos, sólo dos son mujeres.

Por tierra o por aire, en el mundo de las empresas públicas del Estado estos ejemplos no son, ni de lejos, los únicos. Más del 70% de sus puestos directivos están ocupados por hombres, entre presidencias, gerencias y direcciones. Los sillones desde donde se toman las decisiones más importantes de estas entidades públicas (y donde se cobran los sueldos más altos) siguen siendo un territorio de difícil acceso para las mujeres, que encuentran un techo de cristal complicado de quebrar.

Lejos de existir paridad de género, a finales de 2018, nueve de cada diez empresas públicas en España tenían más hombres que mujeres en sus cargos de mando. Así se desprende de un análisis realizado por eldiario.es a partir de las memorias anuales de más de 150 entidades públicas. De las 109 de las que se ha podido establecer sus directivos, sólo siete se encontraban en igualdad y en otras siete las mujeres eran mayoría. Ver metodología.

Si bien España se ha convertido en el país con más ministras del mundo desde la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez, el Gobierno socialista tiene pendiente llevar la equidad al sector empresarial. Desde hipódromos hasta empresas de la industria nuclear, pasando por autoridades portuarias y aeropuertos. Pequeñas, medianas y grandes. Las cúpulas de las entidades públicas españolas son un foco de contratación masculina.

Las grandes empresas, claves en la brecha

Correos es, de lejos, la mayor empresa pública de España. Su plantilla total supera los 50.000 trabajadores y es una de las pocas que ha alcanzado un porcentaje de género equitativo entre la totalidad de sus empleados. Sin embargo, encontrar mujeres en su alta dirección no es fácil. Presidente hombre; secretario general, también. El año pasado, Correos incluyó en su informe anual a 10 hombres y 2 mujeres como “Comité de dirección”.

La brecha de género en la empresa pública española más rentable también es notoria. Loterías y Apuestas del Estado, que este año logrará el 62% del beneficio total del sector empresarial estatal según publicó Voz Pópuli, incluye siete hombres y una sola mujer en su alta dirección.

Paradores de Turismo es la que más directivos reporta en su memoria (116 en total, el 63%, hombres). Desde la cadena explican que la categoría “incluye a la alta dirección y a los directores de los diferentes paradores y departamentos de servicios centrales”. Si bien los miembros del comité de dirección están en equidad, 3 y 3, la brecha se hace evidente en el resto de directivos.

“El presidente de Paradores, Óscar López, se ha comprometido a promocionar a más mujeres a puestos directivos para equilibrar las cifras. En el cierre de 2019 deberán notarse los resultados”, asegura la empresa.

En la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) también admiten que están “descompensados”. De los 23 directores contratados, sólo tres son mujeres. Desde la empresa estatal sostienen que las mujeres “están arrasando” con labores tecnológicas. “Hay pocas mujeres, pero están ocupando puestos clave. Partimos de un nivel bajo, porque somos una fábrica de máquinas”, explican.

Los medios de comunicación estatales tampoco han logrado igualar hombres y mujeres en cargos directivos, aunque la brecha es menor a la de otras empresas. Si bien tanto la Agencia EFE como RTVE han logrado paridad en su comité de dirección, la diferencia aparece en el siguiente nivel. A cierre de 2018, EFE contaba con 17 directores y cinco directoras, al tiempo que la diferencia en RTVE era 55 a 22.

Otro caso es el del Hipódromo de la Zarzuela, que finalizó 2018 con cinco hombres directivos, aunque cabe recordar que la presidencia estuvo a cargo de una mujer hasta octubre del año pasado. Faina Zurita fue nombrada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero fue reemplazada por Álvaro Gutiérrez de la Fuente tras encadenar pérdidas millonarias en el recinto hípico de Madrid.

Los casos contrarios, en cambio, son tan pocos que pueden contarse con los dedos de la mano y, por lo general, se refieren a empresas muy pequeñas. En su memoria anual, Red.es (que trabaja por la digitalización en España) reportó 81 hombres y 91 mujeres en “cargos directivos y técnicos”. De ellos, según han detallado desde la misma empresa, hay 10 directivos, mitad hombres y mitad mujeres.

Por su parte, Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), que se encarga de la construcción y gestión de infraestructuras hidráulicas, contaba con cuatro puestos directivos al cierre del ejercicio y los dos más importantes estaban en manos de una mujer. Su consejo de administración es también uno de los más parejos: seis hombres y cinco mujeres.

El último dato no es menor, si se tiene en cuenta que los consejos de administración, la otra pata de gobierno de las empresas, están integrados mayoritariamente por hombres. El año pasado, un estudio de Civio reveló que el 80% de las empresas públicas ignoraba la Ley de Igualdad en sus consejos de administración. Esa norma recomienda un porcentaje de mujeres de al menos un 40% en dichos puestos.

Mujeres administrativas

Más allá de los casos puntuales, si se dejan de lado los puestos directivos y se analiza el grueso de las plantillas, la tasa de mujeres empleadas en empresas públicas aumenta al 40%, una diferencia de más de diez puntos con el porcentaje de puestos directivos. Esto quiere decir que dos de cada cinco empleados son mujeres, entre mandos intermedios, cargos técnicos, informáticos, auxiliares y, ante todo, administrativos.

Es en la categoría “administrativos” donde abundan las mujeres y donde la presencia de hombres se reduce incluso a porcentajes de una cifra. Las empresas SEPI Desarrollo Empresarial (9% de administrativos), el Instituto de Crédito Oficial (12%) y Tragsatec (19%) son algunos ejemplos.

El techo de cristal, o la limitación de las mujeres para pasar de este tipo de mandos a cargos directivos es claramente perceptible. Si se comparan los porcentajes por sexo en plantilla y en cargos de mando, la mayoría de las empresas muestran una ampliación de la brecha a favor de los hombres. De esta forma, el porcentaje de hombres en Aena sube del 65% al 82%; el de Correos del 49% al 83%;el de Correos Express de 71% al 100%; y así sucesivamente.

ADIF, la empresa de los 10.000 hombres

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es otro ejemplo de poca paridad. Tras la llegada de Pedro Sánchez, se nombró presidenta de la empresa estatal a Isabel Pardo de Vera, al mando de una de las compañías más relevantes del país. Los puestos de “alta dirección” cerraron parejos en 2018. Para abajo, la distribución fue diferente: ADIF empleó en 2018 a 10.278 hombres y 1.686 mujeres. Esto es, solo uno de cada siete trabajadores era mujer.

Según la empresa, “la Estructura de Dirección, que engloba las categorías comprendidas entre jefes, jefes de área, gerentes, subdirectores y directores” ocupa a 806 personas. De ellas 24 son directores y tres directoras. El resto se divide en 624 hombres y 155 mujeres. La brecha del personal de “Estructura de Apoyo” (técnicos y técnicos especialistas) fue similar, al tiempo que en mandos intermedios y personal operativo la diferencia fue aún mayor.

Los puertos, un nicho de hombres

Vilagarcía de Arousa es una de las 28 autoridades portuarias de España. Ubicada en la provincia de Pontevedra, en Galicia, su nombre no resalta por el volumen de tráfico o por su gran superficie. Sin embargo, es el único puerto cuyas dos autoridades son mujeres. Sagrario Franco Malvar, una médica convertida en política, es la presidenta del puerto desde 2011, mientras que Begoña Mesejo Loureiro ocupa el sillón de la dirección.

“Evidentemente todavía queda mucho camino por recorrer”, dice Franco Malvar en conversación con eldiario.es. “Si bien éste ha sido históricamente un sector muy masculinizado, se ha abierto progresivamente en los últimos años a una mayor presencia de las mujeres, y estoy convencida de que esta es una tendencia imparable”. La dirigente del puerto resalta que desde su llegada en 2011 ha visto pasar “varias presidentas y directoras” en puertos españoles.

“Antaño, los puestos de presidente y directores eran ocupados mayoritariamente por ingenieros, estudios universitarios en los que prevalecían los hombres. De alguna manera, las empresas reproducían los esquemas sociales imperantes”, explican desde Puertos del Estado, la entidad pública encargada de coordinar a las 28 autoridades portuarias.

Sin embargo, aseguran que desde 1997, cuando las comunidades autónomas se hicieron cargo de su gestión, se empezaron a nombrar presidentes que “han cursado otro tipo de estudios o han sido cargos políticos”. “Lenta, pero inexorablemente, las mujeres van ocupando puestos de relevancia”, indican.

Más de 20 años después, los datos no son alentadores. Si se separan las autoridades portuarias del resto de las empresas públicas, la tasa de puestos directivos es todavía más alarmante: el 80% son hombres.

El 2 a 0 es el resultado más frecuente de encontrar en las memorias de estas entidades, donde presidente y director son hombres. Unos pocos puertos brindan números más amplios e incluyen al resto de directores, como el caso de la Autoridad Portuaria de Baleares, que a cierre de 2018 tenía 20 hombres y cuatro mujeres en cargos directivos.

Pero la brecha de género en los puertos de España no es sólo cuestión de directivos. Dejando de lado los cargos de mando, el 78% del resto de los empleados portuarios son hombres.

Si se ordenan las autoridades portuarias en un “ranking de igualdad”, la mejor ubicada es la de Castellón, donde poco más de seis de cada diez empleados son hombres. En segundo lugar aparece la de Barcelona, la más grande de España, donde el 71% son hombres. La entidad reportó en la categoría “directivos y técnicos” a 121 hombres y 56 mujeres, pero no han respondido cuántos de ellos eran sólo directivos.

En noviembre pasado, el Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuaria se reunía en Valencia para aprobar la distribución de 52 millones de euros entre la totalidad de los puertos. Para la ocasión se juntaron todos sus representantes, presidente y/o directores. La imagen de cuatro mujeres entre medio de una treintena de hombres vale, sin duda, más que mil palabras.

Reducir, reutilizar y reciclar. En ese orden. Las reglas son claras cuando se habla de basura y la Unión Europea lo resalta desde hace décadas. Sin embargo, España todavía no ha podido dar con la fórmula para llevarlo a la práctica, ni siquiera con sus residuos urbanos, aquellos que producen las personas en sus hogares o en la calle, los comercios o las pequeñas empresas.

En su gran mayoría, la basura municipal sigue tirándose en vertederos: según las últimas cifras publicadas por Eurostat, en 2017 sólo se recicló el 33% de todos los residuos urbanos, mientras que más de la mitad se descartó en vertederos. Los datos han generado alerta en Bruselas, pues están lejos de coincidir con el objetivo europeo de reciclar para 2020 la mitad de toda la basura generada por hogares y pequeñas empresas.

En este sentido, España debería aumentar el reciclaje, como mínimo, 17 puntos en sólo tres años, algo que no ha conseguido hacer ni en la última década. De hecho, entre 2007 y 2017 el reciclado de residuos urbanos sólo subió tres puntos.

Bruselas ya alertó en 2017 de la situación en España y la ha ubicado, junto a Grecia, Portugal y otros miembros comunitarios, entre las naciones que probablemente no cumplan la directiva sobre residuos. Si se comparan las cifras de los 28 países, para 2017 España se encontraba en el puesto 18 de reciclado, detrás de Alemania (67%), Italia (48%) y Francia (43%), todos países con más habitantes y mayor generación de basura al año.

Asimismo, España se encuentra más de 10 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. “Seguro que habrá una sanción. No sé cuánto será, eso lo tendrá que decidir la Comisión, pero estamos pagando sanciones constantemente en diversos temas: vertidos de aguas residuales, contaminación, vertederos ilegales”, ha estimado Julio Barea, responsable de la campañas de vertidos de Greenpeace en España.

Sin embargo, fuentes de la Comisión Europea consultadas por eldiario.es, aseguran que esperarán “a los informes de los siguientes años antes de evaluar cualquier procedimiento de infracción por incumplimiento”.

El plan del Gobierno, una hoja de ruta en problemas

Como guía para cumplimentar los objetivos europeos, el Consejo de Ministros aprobó en 2015 el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR), que estableció entre sus metas prioritarias, no sólo la necesidad de reciclar la mitad de todos los residuos urbanos, sino también de reducir los vertidos municipales al 35% para el año que viene.

Lejos de cumplirse, los últimos datos publicados por Eurostat revelan que en 2017 el 54% de toda la basura municipal generada (alrededor de 21 millones de toneladas) todavía se enviaba a vertederos.

Hasta el momento, las mejores cifras se registraron en 2008, cuando se recicló un 40% y se trasladó a vertederos un 52% de todos los residuos urbanos que se generaron en España. Por el contrario, en 2011 se tocó fondo: 27% de reciclado y 63% a vertederos. Desde entonces, la situación ha ido mejorando levemente- aunque sin cambios sustanciales- y sin poder quebrar el techo marcado en 2008.

Sólo tres comunidades han llegado a la meta

El plan PEMAR también ha establecido la obligación de todas las Comunidades Autónomas de cumplir los mismos objetivos fijados a nivel estatal: esto significa que cada una debería reciclar la mitad de sus residuos urbanos y enviar a vertederos no más de un tercio.

Sin embargo, según datos del Ministerio de Transición Ecológica, hasta 2016 sólo tres de ellas (Navarra, Catalunya y La Rioja) habían superado la meta de reciclaje y cinco (País Vasco, Islas Baleares, Galicia, Catalunya y Cantabria) vertían menos del 35%.

Además, muchas de las comunidades que han logrado reducir los vertidos municipales, lo han hecho a costa de la llamada “incineración con recuperación de energía”, un tipo de tratamiento que desde la Comisión sólo recomiendan para “basura no-reciclable, con el fin de extraer la energía y el material embebido en él y evitar el desecho en vertederos”. Para Barea, en cambio, este método “es un eufemismo y una trampa terrible”. “Queman y dicen que recuperan energía. Pero eso es totalmente ineficiente, ineficaz”, considera.

En el ranking de reciclado, la Comunidad de Madrid ocupa el penúltimo puesto: en 2016 llegó al 17% de toda su basura municipal. Sin considerar los datos de Ceuta (cuyos residuos se tratan en Andalucía), sólo Melilla se encontraba por debajo, con una tasa inferior al 10%. Por el contrario, la Comunidad Foral de Navarra, Catalunya y La Rioja llevan la delantera.

¿Y por qué Madrid se encuentra tan atrasada? Fuentes de la Comunidad indican que “la explicación se basa principalmente en la baja tasa de valorización de la materia orgánica, que supone más del 30% de los residuos domésticos” y en la escasa “recuperación de envases ligeros”- tales como botellas, papel film o latas.

Sin embargo, han aclarado que si se tiene en cuenta “la valorización energética (incineración con recuperación de energía), la Comunidad avanza varios puestos en la lista de valorización de residuos”.

La recolección de residuos no mejora

A pesar de que las empresas de plásticos aseguran que España es el segundo país europeo que más plásticos recicla por habitante, si se mira el panorama completo de la basura recolectada en municipios, los datos no son tan alentadores. Según se desprende de la base de datos publicada por el INE, a nivel nacional todavía se recolectan mezclados (sin diferenciar entre materiales) más del 80% de los residuos. Esto quiere decir que la gran mayoría de la basura debería ser tratada y separada previamente para poder reciclarse.

En 2016, sólo tres comunidades autónomas (Catalunya, Navarra y País Vasco) recolectaron más del 30% de su basura municipal de forma separada, a través de los contenedores que permiten distinguir entre materia orgánica, plástico, papel, vidrio, entre otros materiales.

Lejos quedan los objetivos del plan PEMAR de incrementar la recogida separada en toda España a 9 millones de toneladas para 2020 y de reducir a 11 millones los residuos mezclados: en 2016 la recogida diferenciada no alcanzó los 4 millones, al tiempo que los residuos mezclados seguían por arriba de 18 millones.

Y si bien la escasa basura separada es una de las causas de los bajos niveles de reciclado, para Barea no es determinante: “Se está utilizando el mensaje perverso de que la culpa es de la ciudadanía exclusivamente, y puede haber parte de la culpa, pero los principales culpables de que esto suceda, de que no haya envases reciclables, de que no se pueda comprar de otra manera, son las propias empresas que nos venden sus productos”.

Por el contrario, desde Bruselas consideran que todavía “no hay suficiente coordinación entre el nivel nacional, regional y local”. Consultados por este diario, desde la Comisión han explicado que en España no existen mecanismos para obligar el cumplimiento de reciclado a los diferentes municipios, al tiempo que faltan “instrumentos económicos”, como impuestos a los vertidos y a la incineración.