El impacto del coronavirus en el sector de la música ha puesto de relevancia la fragilidad de una industria particularmente sensible a los estragos de la crisis y con una creciente dependencia de uno de los ámbitos más afectados: el directo. La cancelación o modificación de actuaciones en vivo ha arrastrado a gran parte de sus profesionales a una situación de extrema vulnerabilidad marcada por la incertidumbre en torno al futuro del sector.

Ante esta coyuntura, el movimiento Alerta Roja aglutinó el pasado 17 de septiembre a artistas, productores y asociaciones para alzar la voz por lo que consideran una respuesta insuficiente por parte del Gobierno dada la urgencia de un sector al borde del colapso. Una convocatoria bien recibida por parte de los profesionales de un gremio tradicionalmente fragmentado en sus reivindicaciones que, sin embargo, volvió a poner de manifiesto la desconexión entre las distintas realidades dentro del sector. Entre ellas, la música clásica destaca como el género con una idiosincrasia y modelo económico más particulares.

En ocasiones etiquetada como la música “oficial”, la especial protección por parte de las administraciones de un género, fundamentalmente el de la música sinfónica, vinculado a grandes y costosas producciones no ha evitado el daño de esta crisis sobre un sector ampliamente precarizado al margen de estos proyectos e instituciones de financiación pública.

Lo público como salvavidas

A diferencia de lo que ocurre en otros países como Reino Unido o Estados Unidos, donde instituciones como la MET de Nueva York han tomado la decisión de cancelar toda actividad hasta septiembre de 2021 y dejar sin sueldo a sus trabajadores debido a las pérdidas de la pandemia, la mayoría de las principales orquestas de nuestro país son públicas. Esta financiación estable ha permitido el mantenimiento de plantillas fijas de músicos que han seguido cobrando su sueldo a pesar de la cancelación, hasta hace pocas semanas, de prácticamente toda la programación de estas orquestas. Un parón que, no obstante, sí ha afectado a los ingresos derivados de su actividad habitual y la venta de entradas, dejando importantes consecuencias para el resto de trabajadores no fijos.

“Se ha hecho muchísimo esfuerzo para no cancelar, sino aplazar. Pero claro, lo aplazado no tiene doble contratación al año siguiente, con lo cual ahí hay un agujero irreversible para el sector”, explica a elDiario.es Raquel Rivera, gerente de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, quien destaca el daño económico “no solo para los músicos, sino también para musicólogos, productores, diseñadores, imprenta… y toda la cadena de producción que orbita en torno a estas instituciones”.

“Lo perdido, perdido está. Espero que con la vacuna resurjamos como después de un incendio, pero el problema va a ser estructural, de la hipotética falta de financiación pública. Ahí es evidente que esta pandemia y sus consecuencias económicas se van a tener que pagar. Habrá que ser muy cautos y solidarios para salir de esto”, comenta Rivera.

Los músicos freelance: de la precariedad al desempleo

A la pregunta de quién está ya pagando los efectos de esta crisis a corto plazo, todos los profesionales del sector ofrecen una respuesta inequívoca: los músicos freelance.

A diferencia de lo que ocurría en la década de los 80 y principios de los 90, cuando la creación de nuevas orquestas públicas -la mayoría de ellas a nivel autonómico- requirió una importación de artistas extranjeros para cubrir la demanda, la actual oferta de profesionales formados en nuestro país ha convertido esta posibilidad en una opción remota para muchos de los músicos que cada año salen de los conservatorios superiores.

“Es una bolsa muy grande de gente, tanto para las oposiciones –que están congeladas-, como para plazas en orquestas. Por cada plaza que sale cada 5 años, o más, en una orquesta de Madrid se presentan en torno a 170 músicos de todo el mundo. Para una sola plaza”, comenta Alfredo Ancillo, hasta el confinamiento, violinista de refuerzo en la orquesta sinfónica de Madrid.

Alfredo es músico freelance, sin plaza fija en ninguna orquesta, conservatorio o escuela de música –“como prácticamente toda la gente que conozco”-. Dependiente de contrataciones temporales para reforzar plantillas fijas o conciertos puntuales de proyectos privados, denuncia la inseguridad laboral y la precariedad de contratos: “En estas orquestas a los freelance, si tienen la suerte de que te den de alta, es solo el día del concierto, ni siquiera en los ensayos. Yo he estado así tres temporadas, te atas a cualquier cosa que puedes.”

“Los músicos somos el elemento más dañado del sector. Hemos estado sin cobrar todo lo que no hemos podido trabajar”, lamenta Alfredo, quien explica que, en su caso, ha podido sobrellevar el daño del parón y la reducción de plantillas gracias a los conciertos de verano con su cuarteto de cuerda y una pequeña ayuda por parte de la AIE (Asociación de Intérpretes y Ejecutantes). 

“Las orquestas no oficiales son privadas, y rara vez tienen algún tipo de subvención o ayuda en situaciones como esta, en la que prácticamente todas están paradas. Ese es el déficit estructural del sector en este país. La gente lo está pasando muy mal. Muchos compañeros han tenido que irse fuera o trabajar otra cosa, como en un almacén de Amazon”, comenta. Es el caso de David, trompista de refuerzo de la Sinfónica de Madrid, musicales y orquestas privadas que ya prepara unas oposiciones para auxiliar administrativo: “Todos estamos buscando otras salidas. Los cachés van a ir a la baja, porque estamos desesperados. Pero la bajada fundamental ahora es que no hay trabajo, no hay nada”.

Una recuperación incierta

Rafael Ortega Basagoiti, crítico y divulgador musical en la revista Scherzo, apunta a orquestas “abocadas a la desaparición” en caso de que el parón se prolongue más de lo previsto. “La repercusión va a estar muy ligada a la duración de la crisis, pero si esta se alarga puede ser realmente dramática y que haya quien literalmente no pueda levantar la cabeza”, afirma Ortega, quien no descarta que estos problemas de supervivencia afecten incluso a aquellas orquestas de titularidad pública.

Desde la Asociación de Españolas de Orquestas Sinfónicas (AEOS), su presidenta, Ana Mateo, en conversación con elDiario.es descarta esa posibilidad, aunque sostiene que la pandemia “ha subrayado las deficiencias y cuestiones endémicas del sector” y de un sistema que “no debe de ser reinventado, pero sí revisado”. “Nuestra estabilidad no debe basarse en aforos, sino en revisar el modelo y en el apoyo público que nos permita sobrevivir”, comenta. 

Más modelo público como respuesta a la crisis

Este mantenimiento de la financiación pública resulta clave también para Andrés Lacasa Nikiforov, gerente de la Orquesta Sinfónica de Galicia y miembro de AEOS. “Muchas orquestas sinfónicas corremos el riesgo de perder en un año todo el trabajo e inversión que llevamos construyendo décadas”, advierte Lacasa, para el que “de no revertirse la reducción de programación y plantillas, tendrán un efecto devastador sobre el tejido musical”.

“Creo que esta pandemia ha demostrado que un sector público fuerte siempre va a proteger más y mejor a las instituciones culturales, aunque siempre se debe mejorar y ampliar la colaboración con entidades privadas para sostenimiento óptimo de estas”, comenta Lacasa, quien valora positivamente la reacción de las administraciones públicas hasta el momento y espera que “se mantenga la dinámica”.

Una perspectiva que la gerente de la ORCAM, Raquel Rivera, matiza apuntando que las posibles consecuencias en cuanto a pérdida de financiación aun no han podido percibirse, dado que “estamos en el mismo ejercicio económico y la financiación sigue llegando porque dependemos de la Ley de presupuestos”.

En cuanto a la respuesta a través de medidas concretas para paliar la crisis por parte del Ministerio, Rivera también se muestra más crítica. “Llegan tarde y con unas formas que tal vez no han sido las más eficaces y las que activan el motor económico”, afirma la gerente, quien pone el foco de la recuperación en “una negociación sobre impuestos directos e indirectos que ahora mismo la cultura no se puede permitir”.

En este sentido, Félix Palomero, director técnico de la Orquesta y Coro Nacionales de España, achaca sin embargo al “limitado margen normativo en el que nos movemos” estas posibles deficiencias en la respuesta del Ejecutivo, y pone en la tan reclamada protección laboral de los profesionales el foco para una recuperación sólida. “Lo esencial es el desarrollo del Estatuto del Artista, aprobado por el Congreso, donde se dé cabida a la singularidad de los oficios artísticos, la temporalidad y la intermitencia”, apunta Palomero a preguntas de elDiario.es, señalando además al “reconocimiento desde el orden fiscal y laboral de todas las personas que trabajan en la cadena de valor del directo” como un aspecto clave a tratar en el contexto actual. 

Los médicos residentes (MIR) de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid irán finalmente a la huelga indefinida el próximo 13 de julio. Lo harán después de que la Consejería de Sanidad se levantara de la mesa y se negara a negociar la propuesta de convenio remitida por el Comité de Empresa MIR el pasado 22 de mayo con el objetivo de poner fin al “abandono” y al “maltrato” sistemático que denuncian por parte de la Administración.

Con esta decisión, ratificada por el Comité de Huelga el pasado 2 julio –fecha límite fijada para alcanzar un acuerdo– ante el silencio de la Consejería de Sanidad, los MIR madrileños abren una vía en la que esperan otras comunidades las próximas semanas. Entre ellas Catalunya, actualmente en espera de una respuesta de la Conselleria, y Comunitat Valenciana, donde este mismo viernes el sindicato Cesmcv confirmó la convocatoria de huelga para el próximo día 21, tras no recibir contestación por parte de la administración autonómica a su solicitud de una mesa de negociación.

“Creo que no piensan que nos vayamos a movilizar tanto como lo estamos haciendo. La gente está muy harta y cada día el movimiento parece más masivo”, afirma Diego Boianelli, presidente del Comité de Huelga MIR Madrid, quien identifica esta situación de precariedad como un problema “estructural” de la sanidad pública madrileña. “Un residente cuesta la mitad, o incluso menos, que un facultativo especialista. Al ser tan baratos, en todos los hospitales se ha tendido a recortar personal adjunto y aumentar el número de residentes. Se nos utiliza como mano de obra barata y, sobre todo en las guardias, el hospital queda en manos de los residentes, porque no hay plantilla suficiente. Los hospitales no aguantan ni una hora sin los MIR. Son 'residependientes'”

Pese a que la crisis del coronavirus ha puesto aún más de relevancia esta situación, tal como y explica Boianelli, se trata de un funcionamiento que el sistema sanitario de Madrid arrastra desde los años 90 y que se ha visto favorecido sistemáticamente durante los últimos años. “Llevamos escribiendo este documento más de un año. En junio de 2019 ya se comunicó a la Consejería que íbamos a redactar un convenio e íbamos a querer negociarlo. Lo terminamos antes de la pandemia, pero lo aparcamos hasta el 22 de mayo, cuando se lo enviamos”, comenta.

“Desde ese día hasta el 8 de junio, cuando mandamos una nota de prensa anunciando nuestra intención de convocar la huelga, no tuvimos ninguna respuesta. Es más, desde el 22 de mayo al 22 de junio que nos reunimos con ellos nadie de la Consejería se había leído el convenio”, denuncia Boianelli, quien califica de “esperpento” la actitud de una Administración que, según apunta, en ningún momento ha mostrado disposición alguna de entrar a negociar el documento.

“En una última reunión el 2 de julio, la fecha fijada para la convocatoria de huelga, nos dijeron que no iban a tener en cuenta para nada el convenio, que las propuestas las hacían ellas y que no iban a traer a las reuniones a nadie con potestad para negociar lo que solicitamos. Estas reuniones han sido con la Dirección General de Recursos Humanos, en quien ha delegado la Consejería y que no tiene competencias para negociar ni una décima parte de lo que pedimos”, narra Boianelli.

Fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por elDiario.es remiten su postura al comunicado emitido tras este encuentro en el que reprochan “la falta de interés para acordar y evitar el conflicto” mostrada por el Comité de Empresa por haber “registrado previamente convocatoria de huelga vulnerando claramente la buena voluntad de las partes”, y condicionan el reinicio de las conversaciones a una retirada de la convocatoria de huelga.

 La pandemia como detonante

Elisa Ruiz es residente de tercer año (R3) en la Fundación Jiménez Díaz y presidenta del Comité de Huelga de este hospital. Tras haber dejado atrás las semanas más duras de la crisis sanitaria, Elisa denuncia el estado de “tensión física y emocional” al que han sido sometidos los residentes en formación durante este período. “No es comparable a cualquier otra situación, la carga asistencial ha sido brutal. Los MIR hemos sido un trabajador más y con unas medidas de protección muy justas: usando mascarillas quirúrgicas y compartiendo batas, e incluso camas”, lamenta Ruiz.

Junto a esta falta de equipamiento y de medidas de prevención, como los test de cribado, las llamadas “camas calientes” es uno de los puntos que el comunicado emitido por AMYTS, sindicato mayoritario que ofrece apoyo a la huelga, identifica como uno de los “detonantes” de la movilización. Se trata de literas habilitadas para el descanso de los residentes durante las guardias, en las que camas y estancias son compartidas sin ningún tipo de medida de higiene.

“Dormimos en una cama desecha que acaba de dejar otro compañero. Y aunque no compartiéramos cama, estábamos en un cubículo enano con varias literas, en el mismo espacio y sin ninguna seguridad. Imagínate lo que ha sido esto con el coronavirus. No es casualidad que uno de los colectivos más afectados por los contagios haya sido el de los residentes: hemos estado completamente expuestos”, narra Elisa.

“En una crisis así, a uno no le cuesta asumir esta responsabilidad, pero luego espera un respaldo, y por parte de la Comunidad no ha habido ninguno. Fue el momento, la foto, el aplauso, cerramos IFEMA y si te he visto no me acuerdo. Pero seguimos en las mismas condiciones”.

A esta exposición ante el virus, los convocantes de la huelga añaden un exceso de responsabilidad y una falta de supervisión que, si bien consideran habitual, se ha visto acentuada durante el período de colapso sanitario. Una sobrecarga que, según cuenta Elisa, se trató de evitar sin éxito durante los primeros días de la crisis: “Al tercer día los residentes de primer año (R1) ya estaban en primera línea como cualquiera. Eran personal en formación al pie del cañón”.

Diego Boianelli, residente de tercer año, ratifica esta experiencia. “A mis R1 les llevaron solos a un hotel medicalizado a hacer de médicos: eran los jefes de ese hotel. Además no podían hacer guardias, estuvieron trabajando un montón de horas –no reguladas, por supuesto– en una situación horrible y cobrando 900 euros”, que es el sueldo base sin guardias, según explica. “Encima les obligaban a hacer guardias localizadas, es decir, a dejar su teléfono encendido por si les tenían que llamar en caso de incidencia médica. Y esto sin que se lo pagara nadie y sin ningún tipo de seguro, porque no deberían estar trabajando.”

Presiones, esquirolaje y 100% de servicios mínimos

Además del detonante de la crisis sanitaria, los organizadores de la huelga identifican otro factor determinante en la movilización de los residentes. Según apunta el presidente del Comité, las presiones y amenazas sufridas por compañeros de todos los hospitales de la Comunidad, lejos de amedrentar a sanitarios, están incitando a más gente a secundar la huelga.

“Realmente nos están haciendo ellos solos el trabajo de convocar a la gente a la movilización”, afirma Boianelli, quien denuncia amenazas de suspensión de vacaciones en caso de ir a la huelga, así como prácticas de esquirojale planteadas por la gerencia de los hospitales al tratar de cubrir los huecos con adjuntos, o convirtiendo guardias localizadas en presenciales. “Creo que todo estas actitudes, en lugar de generar miedo entre los compañeros, está afectando a nuestro favor. Se están difundiendo entre los grupos de WhatsApp, y muchas personas que no pensaban secundar la huelga ahora dicen un 'sí' rotundo.”

Otra de las decisiones con las que, según el Comité de Huelga, se está tratando de “aplastar la huelga como sea” tiene que ver con la imposición de unos servicios mínimos del 100% a residentes que tengan programadas guardias en Atención Hospitalaria y MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, mientras dure la huelga. Una medida que el sindicato AMYTS califica en un comunicado de “intolerable”, y contra la cual han solicitado medidas cautelarísimas de urgencia.

“En vez de convocarnos para negociar y resolver el conflicto, lo hacen para imponernos estos servicios mínimos que nunca han tenido los residentes en Madrid. Somos personal no estructural, y se supone que los hospitales deberían funcionar sin nosotros. Lo único que están demostrando es una nula voluntad de negociar o escucharnos”, concluye la nota.

Desde la Comisión de Huelga achacan esta postura de la Consejería al “miedo de que otros colectivos, adjuntos o residentes de otras comunidades, nos sigan si conseguimos nuestros objetivos”, y descartan que esta decisión vaya a provocar la caída de la huelga: “Esto es un antes y después para todos los residentes. Nunca antes se había impuesto algo así. Están viendo que los hospitales se les caen. Pero como con todo lo que están haciendo, lo único que consiguen es reforzar nuestra posición y que cada vez se vayan uniendo a nuestra causa tanto más residentes como más población en general”.

Comunitat Valenciana y Catalunya, las siguientes

Los residentes de la sanidad madrileña no son los únicos en denunciar esta situación de precariedad estructural. Desde hace unos meses, la Asociación de MIR de España (AME) trata de movilizar a todas las comunidades y coordinarlas para unirse a Madrid en esta reivindicación. Alex Mayer, residente del Hospital Parc Taulí de Sabadell y vicepresidente de la AME, asocia el aumento de la movilización en los últimos meses a la crisis de la COVID. “Ahora se ha visto que somos parte necesaria del sistema. Hacemos un trabajo esencial que no se nos reconoce de ninguna manera”, afirma.

A pesar de que por una cuestión de plazos Catalunya no secundará la huelga del día 13, Meyer denuncia el carácter nacional de los problemas de los residentes, y no descarta que otras comunidades se sumen a la huelga durante este mismo mes de julio. “Los motivos son esencialmente comunes en toda España. Estamos en constante contacto y en fase de tejer alianzas y ajustar las reivindicaciones”, dice el representante de la AME, quien confirma la voluntad de acudir a la huelga por parte de los residentes catalanes en caso de no recibir una respuesta satisfactoria por parte de la Administración.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el principal sindicato médico de la región y la Asociación MIR anunciaron este viernes la convocatoria de huelga para el próximo día 21, después de no recibir una respuesta oficial por parte de la Conselleria de Salud a su petición de establecer una mesa negociadora para abordar sus reivindicaciones. Ana Rosa Álvarez, representante de la AME en Alicante vincula esta decisión al “hartazgo” que desde hace tiempo denuncia en los residentes valencianos, entre los cuales, según las encuestas realizadas entre los MIR de los principales hospitales de la región, el seguimiento de los paros podría alcanzar el 70%.

“Todo el personal de los hospitales está muy quemado. Con la crisis todo ha explotado”, reconoce Álvarez, quien a pesar de esperar coacciones similares a las denunciadas en Madrid, defiende la huelga como una medida necesaria para “mejorar las condiciones en las que atendemos a la gente”. Entre sus principales reivindicaciones se incluyen la equiparación de descansos a los de los médicos adjuntos, una jornada máxima de 37,5 horas semanales y la limitación de guardias y el aumento de la retribución de las mismas.

Tanto desde Comité de Huelga MIR de Madrid como desde la AME confirman que en caso de producirse una nueva oleada de coronavirus que requiera su presencia en los hospitales, aparcarían sus reivindicaciones para acudir de nuevo a trabajar. 

Harry tiene 24 años y es estudiante de ingeniería en su país natal, Suecia. Durante este cuatrimestre decidió trasladarse a España para completar su máster en Energías Renovables en la Universidad de Zaragoza. “Nunca había estado en España y en cuanto surgió la oportunidad no tuve ninguna duda: me encanta el país. Estaba muy emocionado por pasar estos cuatro meses aquí”, relata.

A tan solo unas semanas para terminar su estancia, la experiencia de Harry en Zaragoza se reduce prácticamente a lo vivido en un pequeño apartamento compartido próximo a su facultad, donde ha permanecido confinado durante dos de poco más de tres meses que lleva en España. “Llevaba tan solo 5 semanas en España cuando empezó la cuarentena, por lo que irónicamente he disfrutado de la mayoría de mi experiencia en el país desde un apartamento”, bromea resignado.

“Al principio pensé que el confinamiento no se iba a alargar tanto, por lo que preferí no tomar decisiones precipitadas, esperando que las restricciones se levantarían mucho antes. Según fue avanzando el curso, y viendo la gravedad de la crisis, opté por permanecer en España a salvo en mi piso, donde iba a estar igual de seguro que en mi país: no encontré la urgencia de volver en ese momento”, comenta.

Aunque aún no sabe con certeza si su próximo destino será Suecia o Grecia, el otro país donde tiene familia, afortunadamente a día de hoy Harry no prevé encontrar problemas a la hora de regresar a casa dentro de aproximadamente tres semanas, cuando concluya su curso –finalmente online- en la Universidad de Zaragoza.

La de Harry es una más de las miles de historias que durante estos meses han vivido la mayoría de los estudiantes extranjeros que cada año deciden venir a nuestro país para cursar sus estudios en universidades españolas. Una experiencia que atrae a alumnos de todas las nacionalidades y que ha convertido a España en el destino más solicitado del programa Erasmus +, a través del cual en el año 2018 –el último del que se tienen datos– más de 51.300 universitarios europeos disfrutaron de su estancia en nuestro país, cerca de 57.500 si sumamos el conjunto de programas de movilidad internacional.

“Quiero volver y no tengo la posibilidad, me siento atrapado”

Menos suerte que Harry han tenido muchos de los más de los casi 10.000 estudiantes del programa Erasmus + procedentes de Italia, el país del que más universitarios recibimos cada curso, con una diferencia de casi es doble de alumnos con respecto al segundo país de la lista: Francia.

Andrea, de 25 años, es procedente de Mantua, una pequeña ciudad de la región italiana de la Lombardía, la zona más afectada por el coronavirus del país. Actualmente cursa el último cuatrimestre de su máster de Ingeniería Industrial en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid como parte de un programa de intercambio de un año. Siguiendo las recomendaciones del gobierno italiano ante la declaración del estado de alarma en España en las que pedía a los estudiantes no regresar y dar prioridad a personas en circunstancias más urgentes para no saturar los vuelos, Andrea decidió permanecer en Madrid un mes más. Un plazo que finalmente ha tenido que extender varias semanas ante la imposibilidad de volver a su casa de forma segura.

“He gastado ya más de 300 euros en dos vuelos previstos para mayo que ha sido aplazados hasta julio, aunque no cancelados oficialmente, por lo que aun no podemos pedir el reembolso, lo cual es nuestro derecho. El segundo de ellos, de Luftansa lo compré porque fue la propia embajada la que nos confirmó que era un vuelo seguro, y se canceló tan solo un día antes de la salida, menos de 24 horas después de que lo comprara”, denuncia Andrea.

En la misma situación que Andrea, se encuentra su compañero Daniele, de 23 años, para quien el regreso a casa se ha convertido en una “lotería”. “Llevamos 3 meses viviendo en la incertidumbre. Nos dijeron que a no ser que fuera una situación de emergencia nos quedáramos para dar prioridad a otras personas y no colapsar los vuelos, y desde entonces el gobierno italiano no nos ha ofrecido ninguna posibilidad de volver a nuestras sin incertidumbre”, lamenta. “Después de tres meses, me siento atrapado. Quiero volver a casa y no tengo la posibilidad”.

Según relatan ambos, tras esas primeras semanas –en las que partieron solo 6 vuelos desde Madrid– las únicas opciones que el gobierno italiano ha puesto a su disposición han sido contados vuelos desde Valencia y Barcelona, desde donde también se les dio la opción de viajar en barco. “Realmente no sabemos cómo volver”, afirma Andrea, “la única solución a día de hoy sería regresar en barco desde Barcelona hasta Civitavecchia (Roma). Esto serían más o menos 200 euros entre el barco y el tren, además de las 20 horas de barco más las 6 de coche para llegar desde Civitavecchia hasta mi ciudad, siempre y cuando todos los horarios concuerden. Además, tenemos que pagarnos un hotel por nuestra cuenta, cuando todos los que están ahora mismo abiertos son de 4-5 estrellas y cuestan en torno a 100 euros la noche. ¿Qué estudiante puede permitirse eso?”

Un documento colaborativo abierto por los propios estudiantes bajo el título 'Richiesta ripatrio', recoge desde hace semanas los nombres y destinos de más de 120 estudiantes italianos que reclaman a su gobierno que facilite vuelos de regreso desde Madrid. A principios de mes, tras organizarse para enviar cada persona un email con la misma solicitud a la embajada, tan solo recibieron una respuesta automática que les remitía a su página web.

En el caso de Bianca, también italiana, de Génova, y estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense, los motivos para quedarse han sido otros. “Decidí quedarme porque tenía un contrato de piso ya firmado hasta final de junio que a estas alturas ya no puedo romper. En caso de haberlo dejado tendría que haber continuado pagando la mitad del alquiler o perder la fianza. Lo sé porque es la situación en la que están mis compañeras de piso que sí se marcharon a casa”, comenta.

“Además, mi beca Erasmus depende de los días que voy a pasar en Madrid y los exámenes que haga. Yo estaba pagando el piso con esa beca, por lo que volver para mí significaba no tener dinero para seguir pagando este contrato”, relata Bianca, quien lamenta las circunstancias que han terminado marcando su 'experiencia Erasmus': “Ha sido un poco decepcionante. Elegí Madrid porque me encanta la ciudad, y al final solo la pude disfrutar el primer mes. No me parece real estar aquí y no poder disfrutar de nada. Imaginaba esta experiencia muy diferente…”

Marcharse a tiempo, pero 'con lo puesto'

No todos los estudiantes Erasmus has tenido los mismos problemas a la hora de regresar a sus países de origen tras la explosión de la pandemia en España. Jesús María Gurrea es director comercial de Aluni.net, una empresa que pone en contacto a propietarios de pisos y estudiantes que buscan alojamiento durante su estancia académica en distintas ciudades de España. “Cuando se decretó el estado de alarma, en torno a un 30% de nuestros estudiantes regresaron a sus con sus familias, manteniendo aquí su piso, por lo general con un acuerdo con los propietarios para pagar la mitad”, comenta Jesús, quién apunta el principal problema que se han encontrado en este caso: “La mayoría de ellos dejaron aquí sus pertenencias, ya que en principio pensaban que sería para quince días, y ahora nos encontramos con que no pueden volver debido a como se ha ido desarrollando la situación”.

Es el caso de Rebeca, estudiante danesa de 23 años que realizaba su Erasmus en la Universidad Complutense de Madrid. “Decidí marcharme a Dinamarca con la idea de volver pronto y poder terminar el curso en Madrid. Todos teníamos esa mentalidad. Con el paso de las semanas vi que la posibilidad de regresar a España era cada vez más pequeña. Fue difícil pasar de uno de los mejores momentos de mi vida a que todo terminara de pronto, sin poder despedirme de nadie, y que todo fuera incertidumbre”, comenta. “Dejé el 80% de mis cosas en el piso, y ahora que las clases presenciales se han suspendido y el contrato de mi piso va a terminar, me veo en la situación de tener que recuperarlas”.

Una situación similar a la de Donat, estudiante finlandés de Relaciones Internacionales que realizaba su Eramsus la Universidad Rey Juan Carlos y a quién la suspensión de las clases le sorprendió en su país, al que había regresado con motivo de una entrevista para sus prácticas de verano. “Una vez explotó todo me fue imposible volar de nuevo a España, me quedé atrapado en Finlandia con todas mis cosas en Madrid”, relata. “No sabía qué hacer, como todo el mudo, pero realmente tenía la esperanza de que podría volver en un mes. Una vez empezó a crecer todo, comprendí que iba a ser imposible. Por suerte ya he podido recuperar mis cosas del piso y enviarlas a mi casa de vuelta”.

El futuro de los próximos 'Erasmus' en el aire

Desde la Universidad Complutense, la que más Erasmus recibe cada curso, afirman haber facilitado a los estudiantes la posibilidad de terminar el curso tanto de forma online, desde Madrid o sus respectivos países, como de reincorporarse al final de cuatrimestre de sus universidades de origen, buscando flexibilizar este final de año académico en vista de la circunstancias. Con respecto a cómo la incertidumbre en relación al inicio del próximo curso puede afectar a programas de movilidad de estudiantes como el Erasmus +, la situación continua siendo incierta.

“Aun no es posible calcular la incidencia que pueden tener cuestiones relacionadas con la posible percepción de inseguridad derivada de la crisis del coronavirus en los estudiantes”, reconoce Juana Amorós, responsable de la oficina de Relaciones Internacionales y Programa Europeos de la UCM. “Los estudiantes que realizarán la movilidad el curso que viene fueron ya seleccionados en enero y febrero de este año, por lo que la universidad sigue trabajando con respecto a las previsiones del proyecto Erasmus y la tramitación de movilidades”, afirma Amorós, quien sin embargo asegura que la institución continúa evaluando las medidas a tomar a este respecto para el inicio del próximo curso junto al resto de universidades españolas: “No queremos tomar decisiones unilaterales”, concluye.

Fernando Broncano (Salamanca, 1954) es filósofo y catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Carlos III de Madrid. Autor de más de una decena de libros, en su último título, Puntos ciegos: Ignorancia pública y conocimiento vallado (Lengua de Trapo), aborda las implicaciones del frágil 'equilibrio epistémico' determinado por las nuevas tecnologías a través de las cuales miramos un mundo en transformación en medio de esta crisis .

Desde el confinamiento en su domicilio, Broncano reflexiona sobre la gestión del conocimiento y el miedo como dos de los elementos clave en la respuesta a la pandemia: “Las interdependencias que crean las necesidades de seguridad nos van a hacer más vulnerables”, asegura.

¿Saldrá la ciencia reforzada de esta crisis?

No lo veo muy claro. Se ha descrito con razón esta crisis como uno de los mayores fracasos de las políticas científicas de nuestro tiempo. Es cierto que la ciencia y la tecnología se han desarrollado de forma asombrosa en las últimas décadas, pero ha sido en la dirección de buscar a través de la innovación el máximo beneficio para nuevas o viejas empresas, y muy poco para defender a la sociedad.

Las comunidades científicas se han desesperado alertando inútilmente sobre el cambio climático, las posibles pandemias, y el peligro de la desinversión pública en políticas de conocimiento y educación. Cabría pensar que ahora los estados y macroestados van a aprender la lección de esta desidia, pero no confío mucho en su capacidad de aprendizaje, en que sean capaces de iniciar políticas a largo plazo sin rentabilidad inmediata.

¿Qué movimientos podemos esperar en un negocio como el de las patentes ahora que el mundo tiene la vista puesta en el éxito de una vacuna?

Necesitamos urgentísimamente sistemas orientados a la investigación no movida por los beneficios sino por los horizontes de la salud pública y el conocimiento compartido. Esa fue siempre la empresa científica que ha empezado a dañarse cuando el conocimiento se ha convertido en mercancía. Ahora ya es una cuestión de supervivencia colectiva. Paradójicamente, el problema de las patentes no es el peor de todos, al fin y al cabo una patente da derechos económicos de uso al precio de hacer público el conocimiento. El problema de fondo peligroso es la progresiva extensión del secreto, la privatización real del conocimiento. Ahora es el momento de una ciencia abierta y parte central de las políticas públicas de los estados.

¿Cuál habrá de ser el papel de la filosofía y las humanidades a la hora de orientar el nuevo escenario 'post pandemia'?

Si las ciencias y la tecnología se orientan al conocimiento, las humanidades lo hacen a la sabiduría, que es la conciencia de los límites de nuestro conocimiento. En este sentido, ejercerán su papel si no pierden lucidez y contacto con el tejido social y con el desarrollo del conocimiento, si no se resignan a ser meros jarrones decorativos de una cultura cada vez más mercantilizada.

La estrategia de las humanidades, en un sentido amplio que incluiría a gran parte de la cultura literaria y artística, es hacer las preguntas incómodas, las que hacen resollar a las conciencias y molestan. Algo así como psicoanalistas impertinentes. Ahora, además, les tocará también otra función, la de recordar la fuerza de los lazos sociales que nos vinculan, el poder de la confianza que produce la cooperación y el impulso para la recuperación de la esperanza. Son depositarias de la memoria, de las experiencias históricas de la humanidad, y ahora van a ser más necesarias que nunca.

Estamos ante el primer gran acontecimiento global que vivimos confinados y a través de una pantalla de ordenador o smartphone.smartphone

Sí, la experiencia del confinamiento físico y de la exposición a la hiperinformación segundo a segundo es nueva. Las pantallas han dejado de ser mecanismos unidireccionales. Podemos ver ya que nuestros lazos sociales se mantienen gracias a la conexión de los teléfonos y las redes, que la distancia social solo lo es de los cuerpos, pero también que hay otras formas de contagio e infección viral que no son orgánicas sino informacionales. Estamos expuestos a campañas industriales de movilización de las emociones, de producción de polarización e ira, que al final, desgasta nuestras mentes y nos pone en peligro a nosotros y a la democracia tanto como los gérmenes. Esta situación ambigua ha llegado para quedarse.

El miedo –al futuro, al otro, a la muerte...– es un sentimiento muy presente estos días y que, según ha apuntado usted, encuentra una salida natural a través de la tensión y el odio que vemos en las redes sociales.

El miedo ha sido siempre el instrumento del poder y la dominación. Es una emoción muy particular que muta en indignación en muchas personas que no son capaces de reconocer la ansiedad que les causa la incertidumbre. A veces parece que estamos viviendo un episodio de La Guerra de las Galaxias con Darth Vader diciéndonos '¡Enfádate!, ¡Vente al lado oscuro de la fuerza!'. Porque de eso se trata: en los tiempos de ansiedad crecen las personalidades autoritarias y crece, sobre todo, el miedo a la libertad. Y eso tiene enormes rendimientos políticos.

Las aplicaciones de monitorización de movimientos han resultado muy útiles en varios países a la hora de frenar al virus. ¿Corremos el riesgo de que lleguen para quedarse?

Bueno, esto supone dar a los Estados lo que ya les hemos dado mucho más gustosamente a las grandes plataformas. Lo que va a ocurrir es que los Estados van a depender un poco más de estas plataformas que son ya las que tienen los datos. En lo que respecta a los ciudadanos, va a significar una ventana de oportunidades de control individual hasta un punto inusitado. Es raro que cuando se les da a los Estados un poder nuevo y provisional sobre los ciudadanos lo devuelvan de buena gana cuando pasan las situaciones de emergencia. En principio, bastaría con cerrar la aplicación para que se cortarse esta forma de control, pero veremos si los Estados las harán obligatorias y por cuánto tiempo. El grado de democracia se va a comprobar en la reversibilidad de estas técnicas de control. Es preocupante, la verdad.

¿En qué sentido puede influir esta experiencia colectiva en las tensiones identitarias vinculadas a la globalización?

Van a ser impactos multiformes. Por un lado, habrá posiblemente un repunte de los neonacionalismos que utilizarán la crisis para intentar convencer y convencerse de que ellos solos lo habrían hecho mejor. Vamos a tener que soportar desgraciadamente una ola de nacionalismo. Por otra parte, como estamos viendo, también estamos tomando conciencia de la dependencia que tenemos de otros Estados. Sentimos que la Unión Europea nos falla y sin embargo no podemos renunciar buscar lazos mucho más fuertes que los existentes. Hemos entrado en un mundo de interdependencias donde la tensión entre identidad y dependencia se va a hacer muy fuerte.

¿Cómo cree que operará la memoria colectiva a la hora de construir un relato de lo ocurrido?

Esa es una pregunta tan interesante como complicada. La memoria almacena experiencias, y las experiencias son vivencias dependientes de relatos, de la capacidad de comprender lo que ocurre y de asimilarlo. Fijémonos en el Holocausto, una experiencia de la humanidad que ha llevado décadas el ser narrada y, tal vez, entendida. Ahora estamos ante un punto de inflexión de la historia en que vamos a necesitar mucho esfuerzo solamente para entender qué nos está pasando más allá de lo que es evidente.

La filosofía, sin renunciar a pensar y a hablar, creo que debe tomarse muy en serio el esfuerzo por comprender y dar palabras a una experiencia de todos que aún no sabemos quizá ni siquiera nombrar. Estamos como Frodo y Samsagaz en El señor de los anillos, al borde de la Montaña del Destino, pensando en que quizás las generaciones futuras hablarán de nosotros, pero los aedos que lo hagan aún no son capaces de contar nuestra experiencia.

“Bajar al sótano es soñar”, decía el filósofo Gaston Bachelard en su Poética del espacio. “Es perderse en los lejanos corredores de una etimología incierta, buscar en sus palabras tesoros inencontrables”. En esta búsqueda lleva más de media vida inmerso Will Hunt, un profesor de la Universidad de Columbia al que la pasión por explorar los secretos del subsuelo le ha llevado a recorrer el mundo tratando de ensanchar los límites de una realidad oculta bajo lo que define como nuestro “chovinismo de la superficie”. Una empresa a medio camino entre la adicción por la adrenalina y la inquietud antropológica por trazar una Historia compartida en torno a las connotaciones y las contradicciones de lo subterráneo.

“El subsuelo significa muchas cosas al mismo tiempo. Bajo tierra es donde nos entierran, pero también donde renacemos. Es lo que tememos, pero donde vamos a escondernos cuando sentimos el peligro. Donde tiramos la basura, y donde buscamos tesoros. Es reino de la memoria reprimida y de la revelación luminosa”, afirma.

Su viaje comenzó con dieciséis años a tan solo unos metros, bajo tierra, de su casa de Providence (Rhode Island) –la distancia que separaba un túnel ferroviario abandonado de su propia habitación– y que le ha llevado a perseguir estos rincones subterráneos a lo largo de todo el planeta. Ahora, un libro titulado Subterráneo: una historia humana de los mundos que existen bajo nuestros pies recopila algunos de sus viajes.

Las catacumbas de París

En la primera parada de este recorrido por lo invisible –por el Hades–, el autor nos traslada hasta París. En concreto hasta sus catacumbas, un laberinto de 300 kilómetros de galerías subterráneas sobre cuyos muros descansan siglos de historia de una de las ciudades que mejor representa el diálogo entre subsuelo y superficie que vertebra el trabajo de Hunt.

A finales del siglo XVIII, las paredes del parisino Cimentière des Saints-Innocents cedieron ante la desmedida cantidad de cadáveres que se hacinaban en la por entonces mayor necrópolis de la ciudad. Ante el temor de que estos restos propiciaran la propagación de enfermedades, las antiguas canteras subterráneas romanas fueron reconvertidas en cementerio, y sus túneles y criptas en improvisados osarios.

Durante décadas las catacumbas permanecieron cerradas, ajenas a la vida en la superficie, hasta que en 1861, Gaspard-Félix Tournachon, un ecléctico showman de la bohemia parisina más conocido como Nadar, recuperara la memoria de este espacio a través de una serie de algo más de sesenta fotografías en las que maniquíes de la época –ninguno de sus ayudantes resistía los 18 minutos de exposición que requería cada instantánea bajo el frío del subsuelo– posaban junto a las paredes recubiertas de huesos.

Las imágenes de esta cara oculta de la ciudad llamaron rápidamente la atención de la aristocracia de la ciudad, y el subsuelo parisino se convirtió en un lugar de moda. Por todo París la gente comenzó a levantar las tapas de las alcantarillas para introducirse en el mundo que Nadar les había mostrado. Tanto es así que tan solo seis años después de la publicación de las fotografías la Exposición Universal celebrada en la capital francesa abrió las catacumbas a visitantes de toda Europa.

Siglos después, los apenas 800 metros abiertos al público siguen siendo visitados por miles de turistas cada año, aunque sería la parte 'ilegal' del subterráneo parisino lo que atraería realmente a Hunt. Decenas de kilómetros oficialmente prohibidos para los visitantes –bajo multa de 65 euros impuesta por los cataflics, la patrulla policial de la catacumbas– que esconden el hogar de los cataphiles, una tribu de exploradores urbanos que durante generaciones han transformado estos túneles y estancias subterráneas en una especie de club secreto en que organizar exposiciones, fiestas, conciertos, proyecciones e incluso una pequeña biblioteca.

Las cuevas de ocre aborígenes de Australia

Se dice que el ocre fue el primer material que nuestros ancestros utilizaron para saltar del mundo físico al metafísico, el primer símbolo espiritual cuya presencia en lugares de culto de muy distintas culturas –de los Andes a la India, pasando por Irak o Israel– confirmó la creencia del Homo Sapiens en una vida más allá de la muerte.

En el interior de Australia occidental, excavada en una de las colinas del conocido como Weld Range, se encuentra el siguiente destino subterráneo de Hunt. Wilgie Mia, además de ser la mayor mina de ocre aborigen del país, tiene la particularidad de ser la explotación minera conocida más antigua del mundo.

Su característico ocre rojo comenzó a extraerse por los aborígenes australianos hace más de 30.000 años en un ejercicio muy distinto al de la mera explotación industrial con el que la asociamos actualmente. Entonces, el hecho de sobrepasar los límites de la superficie y adentrarse en cavidades aún desconocidas era concebido como un acto puramente espiritual y transgresor que el propio Hunt define como el equivalente a “arrancar las vísceras de un cuerpo”. “En el momento en el que bajabas al subsuelo con una herramienta para cavar estabas entrometiéndote en los misterios sagrados, participando en un acto de marcada ansiedad espiritual”, añade.

A mediados del siglo XX muchas de esas minas fueron abandonadas por una población aborigen diezmada a causa de la pobreza, el alcoholismo y las enfermedades; otras, explotadas con fines comerciales por grandes empresas mineras. Los Hamlet, quienes guiaron a Will en su viaje, fueron una de las pocas familias de la tribu nativa de los Wajarri que se mantuvieron como propietarios tradicionales de Weld Range.

Las ciudades subterráneas de la Capadocia

La ciudades subterráneas de la región turca de la Capadocia representan como muy pocos espacios en el mundo la tendencia ancestral a adentrarse más allá de los límites de la superficie. Una red de túneles y cavernas excavadas a mano cuya construcción progresiva se ha atribuido a comunidades desde los primeros cristianos que habitaron la región durante los siglos III y IV, hasta la civilización persa; siempre a modo de refugio y con una vocación fundamentalmente defensiva. El propio Hunt define estas impresionantes estructuras como “castillos invertidos”.

Algunas como la de Derinkuyu, la de mayor profundidad, aunque solo visitable en una pequeña parte, cuenta con hasta dieciocho niveles, centenares de salas y conductos de ventilación y más de cuarenta entradas, la mayoría de ellas ahora tapadas por edificios modernos. Actualmente, la erosión ha derrumbado parte de esta ciudad subterránea, quedando a la vista una sección transversal de casi dos kilómetros que muestra la radiografía de una arquitectura propia de un gigantesco hormiguero.

REVS: un diario subterráneo en el metro de Nueva York

Pocas historias de cuantas Hunt persiguió durante años por el subsuelo de todo el mundo adquirieron una connotación tan personal como la que encontró desentrañando las tripas del metro de Nueva York. Más de 1000 kilómetros de vías subterráneas que recorrió de forma compulsiva, al tiempo que comenzaba a reconocer una cierta obsesión por revelar cada secreto que encontraba. El mayor de todos lo componían cuatro letras: REVS.

REVS es el alias de uno de los pioneros del grafiti neoyorquino. A principios de los años ochenta, su fama se extendió por toda la ciudad de Nueva York a través de una impronta que se reproducía en muros, señales, buzones y cualquier elemento del paisaje urbano de la ciudad. A medida que su nombre se hacía omnipresente en las calles, la persecución de la conocida como Vandal Squad, la Autoridad del Transporte Metropolitano, asfixiaba más al artista tras la firma. REVS decidió entonces trasladarse al subsuelo para comenzar allí un nuevo proyecto clandestino.

Durante seis años, desperdigó por los túneles del metro de Nueva York las 'páginas' de un diario personal. Vestido con la indumentaria de la Vandal Squad, se introducía en la oscuridad del subterráneo para escribir sobre un rectángulo blanco una vivencia o reflexión personal. Una historia compuesta por un total de 235 páginas en cuya primera entrega, fechada el 5 de marzo de 1995, compartía esto:

Estimada sociedad

Nací el 17 de abril de 1967 en Brooklyn, NY. El hospital era el ‘Victory Memorial’, en Bay Ridge. Soy hijo único, excepto por un hermanastro del primer matrimonio de mi padre. Se llama Sean y es expresidiario. Es un auténtico gilipollas, porque le robó 2.100 dólares a mi tío Patty, que intentó acogerlo y tratarlo bien. En fin, ¡¡que le den por culo!! Así que fue a las tres de la tarde de un lunes… Yo pesaba 3,6 kilos, ¡pero tuvieron que practicarle una cesárea para sacarme! Las cosas buenas nunca son fáciles. Continuará…

Los bisontes de arcilla del Pirineo francés

Hasta el Pirineo francés, muy cerca de la frontera con España, se trasladaría Hunt para encontrarse con la última de las historias de su viaje. En concreto hasta la cueva conocida como Le Tuc d’Audoubert, a las afueras de la aldea de Montesquieu-Avantès, en Ariège. Un lugar descubierto en 1912 por tres hermanos adolescentes llamados Louis, Max y Jacques Bégouën durante un paseo en barca por el río Volp.

Más de un siglo después el hijo de Louis, Robert Bégouën, custodia a sus sesenta y seis años, y con absoluta dedicación, la que Hunt define como la “cueva decorada más inaccesible de Europa”. Una joya del arte prehistórico –con más de 14.000 años de historia–, que dado su carácter privado tan solo permite la entrada de muy contados visitantes a lo largo del año. Estos afortunados, entre los que se encuentra Hunt, son los únicos que han podido disfrutar con sus propios ojos una de las obras más espectaculares y desconocidas del arte magdalenisense: los bisontes de arcilla.

Los alumnos del Instituto Escuela Teresa Altet, en Rubí (Barcelona), reciben a diario propuestas didácticas de sus profesores. Lo hacen a través de una ‘app’ en los móviles de sus padres y madres, porque en este centro, de un entorno social desfavorecido, no todos los escolares tienen ordenador en su casa. “Si la actividad tiene vídeo, este debe ser de un minuto como máximo para no consumir datos, y el resto tiene que poder hacerse con papel y lápiz”, comenta la directora, Dolors Oliver. “Sabemos que muchos están haciendo los ejercicios, pero es muy difícil obtener feedback de ellos”, lamenta. Y advierte que el seguimiento individual, que ahora se ve mermado por la ausencia de clases presenciales, suele ser más valioso para aquellos alumnos que presentan no solo dificultades de aprendizaje, sino también necesidades de carácter emocional.

Con el cierre de los colegios debido a la epidemia de coronavirus, numerosos claustros de profesores se han volcado para ofrecer a sus alumnos contenidos pedagógicos en formato virtual. También las administraciones educativas han lanzado webs y hasta programaciones televisivas especiales con propuestas de aprendizaje para distintas edades (el caso más ambicioso es Aprendemos en casa, del Ministerio de Educación con RTVE). Sin embargo, y pese a que docentes y académicos valoran estas iniciativas como positivas y necesarias, todos ellos admiten que serán insuficientes para evitar que este aislamiento, que puede durar más de un mes, acabe perjudicando más a los alumnos de entornos más empobrecidos.

La brecha digital (y otras)

Uno de las desigualdades más evidentes entre alumnos estos días, a la hora de poder mantener una comunicación con el colegio, es la conectividad en los hogares. En España el 91% de la población tiene acceso a internet y, si se cuentan las familias con niños, el porcentaje asciende al 97%, según datos del INE de 2019. Esta brecha digital, que afecta al 3% de la población, es ahora una brecha educativa.

Pero luego están las diferencias entre viviendas o del tiempo que pueden dedicar los progenitores a sus hijos, factores ambos pueden favorecer o dificultan el estudio. “¿Con cuánta gente comparten habitación los niños y niñas? ¿Tienen luz? ¿Tienen patio para airearse? ¿Qué acceso tienen a libros? ¿Tienen los padres y madres capacidad de generar actividades artísticas? ¿Pueden gestionar el día a día emocional de sus hijos o están superados? Las respuestas a estas preguntas tienen que ver clarísimamente con la clase social”, valora Aina Tarabini, profesora de Sociología de la UAB.

Tener un adulto al lado

En este sentido, la directora del Teresa Altet remarca que los programas de televisión pueden ser útiles para muchos escolares, pero están “a años luz” de serlo para los suyos. Y no por el nivel, sino por la falta de acompañamiento. “Con nuestros alumnos, cualquier propuesta genérica que no parta de su motivación o interés, que no conecte con sus habilidades, va a pasar por delante de ellos como el viento”, resume. Este aspecto es también fundamental para las académicos.

No basta con que les llegue, por el canal que sea, la actividad educativa, sino que tiene que haber alguien a su lado que les ayude, y esto no siempre es posible. “Se trata de ideas positivas y encomiables, y seguramente ayuden a que la brecha no sea tan grande, pero los chicos necesitan un adulto a su lado que garantice que el contenido que consumen lo pueden aprovechar, entender, reforzar y recordar”, expresa Miquel Ángel Alegre, sociólogo e investigador de la Fundació Jaume Bofill.

Esta dedicación, de nuevo, se ve afectada por la situación de cada familia. “Las monoparentales o monomarentales tendrán muchas más dificultades, o las que tienen alguno de los padres que tiene que seguir yendo a trabajar”, pone como ejemplo el economista Lucas Gortázar. Y añade que precisamente los empleos que se mantienen presenciales pese al confinamiento son de baja cualificación, desde el transporte a los teleoperadores o supermercados, mientras que los que pueden teletrabajar –y, por lo tanto, atender algo mejor a los niños– son los de mayor cualificación.

¿Cómo de ancha será la brecha?

No hay precedentes en España de un cierre de colegios masivo acompañado de medidas de aislamiento, con lo que calibrar el impacto que esto tendrá en los escolares, tanto a nivel académico como social o emocional, se antoja imposible. Lo más parecido a esta ausencia de clases, salvando todas las distancias, son las vacaciones de verano. Más de dos meses sin ir al colegio que, según la evidencia académica, suele pasar mayor factura a los alumnos sin recursos.

De acuerdo con el estudio 'School Calendars and Academic Achievement', elaborado en Estados Unidos, existe un atraso acumulado verano tras verano entre los alumnos de entornos más desfavorecidos que hace que, al final de una etapa como Primaria, hayan podido perder el equivalente a dos cursos y medio respecto a los de entornos más acomodados. “La evidencia es que se pierde nivel en competencias como matemáticas y lengua”, sostiene Alegre.

Y esto solo con el cierre de escuelas, porque el confinamiento trae otra consecuencia negativa para los alumnos más pobres: la ausencia de programas que se suelen activar desde los ayuntamientos cuando no hay clases, desde campamentos urbanos a apertura de equipamientos como bibliotecas o centros cívicos. “Las experiencias que conocemos para reducir la grieta durante el verano ni siquiera las tenemos hoy; normalmente las políticas públicas permiten compensar la ausencia de actividad lectiva, pero ahora mucho menos”, resume este sociólogo.

La opción del verano

Con toda la incertidumbre que rodea una pandemia cuyo final nadie puede atisbar todavía, Algre plantea que una opción para compensar a estos alumnos sería alargar el curso en verano, pero con matices. Una opción, apunta, consistiría en prolongar el calendario escolar hasta julio con incentivos para los equipos docentes. Pero entiende que es prácticamente inasumible, por lo que se declina por un programa que esté abierto a todos los menores y que consista en abrir los colegios –quizás con parte del personal voluntario– para ofrecer una mezcla de actividades vinculadas con el currículum y otras de carácter más lúdico y cultural.

Con todo, Tarabini advierte que ante una situación tan excepcional la principal obsesión de la Administración no debería ser garantizar los aprendizajes de los escolares, sino su bienestar emocional. Lo resume así: “Está bien darles recursos educativos, tanto en la tele como desde la escuela, pero es mucho más determinante que los maestros y maestras puedan mandar un mail o un WhatsApp a las familias para saber cómo están y qué necesitan”.

Paréntesis lingüístico para los inmigrantes

El parón en la educación también puede repercutir sobre la adquisición de las competencias en lengua española por parte de los inmigrantes recién llegados. Para estos alumnos, los colegios suelen contar con las llamadas aulas 'enlace' o de acogida, espacios donde pueden permanecer hasta 9 meses en un período de toma de contacto con el idioma y con los compañeros, y tras el cual son reubicados en otros grupos o centros. “En estas aulas hay un componente oral y presencial muy fuerte: son las únicas donde no se trabaja con ordenadores”, afirma Mar Romero, profesora del centro de secundaria Vedruna Carabanchel, uno de los que cuenta con este programa. “La evolución de estos alumnos va a quedar totalmente frenada. Es un retroceso en su integración social, y eso tendrá su repercusión”, concluye.

En este aspecto, el principal problema que apuntan los docentes tiene que ver con la comunicación con las familias y su papel de intermediarios entre maestros y alumnos durante estas semanas. “Muchos de los padres y madres de estos niños no saben leer y escribir castellano, y otros ni siquiera lo entienden”, reconoce Julia, maestra de un centro de primaria de la Comunidad de Madrid. “Nosotros mandamos la tarea a su email y ellos son los que la transmiten a los niños y hacen un poco de 'representantes' de los profes. En estos casos, muchos no la reciben, no entienden lo que mandamos o no tienen capacidad para ayudar a los niños. Todo esto no hace más que abrir más la brecha que ya existía”.

La Comunidad de Madrid cerrará a partir de las 00:00 horas de este sábado todos los establecimientos y comercios de la región “excepto los de alimentación y primera necesidad”. Así lo ha decretado este viernes el Consejo de Gobierno extraordinario presidido por Isabel Díaz Ayuso dentro del paquete de medidas puesto en marcha para “facilitar el distanciamiento social” de cara a la contención del avance del coronavirus en la región, que deja ya un balance de 86 muertes y más de 2.600 contagios.

Un cierre que permanecerá vigente, por el momento, hasta el próximo 26 de marzo, y que contempla distintas excepciones con el fin de garantizar el suministro de los productos de “primera necesidad” para los ciudadanos madrileños. ¿Cuáles son estos establecimientos? ¿Qué permanecerá abierto y qué no durante las próximas dos semanas?

Abiertos comercios de alimentación y farmacias

Podrán permanecer abiertos con normalidad los comercios minoristas de alimentación (fruterías, pescaderías, carnicerías, panaderías...) y supermercados, así como los establecimientos de venta de productos de higiene. También las farmacias podrán continuar con su actividad.

En el caso de las grandes superficies, tan solo podrán abrir las zonas habilitadas para la venta de este tipo de bienes, y quedará prohibido el consumo de los productos dentro de los propios establecimientos.

Otras excepciones: abiertos estancos, gasolineras y bancos, entre otros

Se permitirá también la apertura de gasolineras, estancos, quioscos de prensa, papelerías, comercios por correspondencia o Internet, tiendas de animales de compañía y tiendas de informática y audiovisuales.

También podrán abrir todos aquellos establecimientos de servicios profesionales que “no entren dentro de la categoría de comercio”, como sucursales bancarias, peluquerías, clínicas de odontología y fisioterapia, etc.

Abierto el servicio público de transporte

Según ha anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la rueda de prensa conjunta con el alcalde José Luis Martínez-Almeida,“se mantendrá el servicio público de transporte”, y en el caso de Metro de Madrid “intentaremos que sea con la misma frecuencia y con el mismo número de vagones”.

Además, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la suspensión del funcionamiento del Servicio de Estacionamiento Regulado en los alrededores de los centros hospitalarios de toda la ciudad, con el objetivo facilitar la llegada de personal sanitario y pacientes que requieran de especial atención.

Cerrados todos los locales de ocio y restauración

Desde la medianoche del sábado permanecerán cerrados al público cines, discotecas, salas de conciertos, teatros, salones de juego, locales de apuestas, casinos, cafeterías, bares y restaurantes. Quedan incluidas las terrazas de todos estos establecimientos.

En el caso de estos dos últimos tipos de locales, sí se permitirá la prestación del servicio de entrega a domicilio, así como la recogida de productos en el local para su consumo en casa. En estos casos, las directrices emitidas por la Comunidad recomiendan que la estancia en los establecimientos durante la recogida sea la “estrictamente necesaria”.

El cierre de bares y restaurantes no afectará a aquellos ubicados en establecimientos hoteleros o en el interior de las instalaciones destinadas a la prestación de servicios públicos.

Cerrados espacios deportivos y parques 

Permanecerán clausurados todos los gimnasios y recintos cerrados destinados a la práctica deportiva de la Comunidad, así como los parques infantiles. También se verán afectados por la medida parques de atracciones, temáticos y zoológicos. No se permitirá además la celebración de verbenas, desfiles y fiestas populares.

Cerrados centros de formación, bibliotecas y albergues

Quedarán cerrados hasta la fecha estipulada los espacios de bibliotecas, salas de lectura y archivos de documentación, así como centros de formación y asesoramiento de jóvenes y salas de ensayo para grupos musicales. También cierran los albergues y refugios juveniles de la región.

Cerradas oficinas publicas de atención a los ciudadanos

Se cerrarán todas las Oficinas de Atención al Público de la Dirección General de Tributos, de Política Financiera y Tesorería, así como el Registro de Uniones de Hecho. Se suspenderá también la actividad de las oficinas de información presencial, registros públicos de la Administración y Atención al Ciudadano. Tampoco habrá atención al público en las Oficinas de Empleo y de Trabajo.

Todos los procesos administrativos dirigidos a la Administración regional se podrán presentar por medios telemáticos a través del registro electrónico de la Comunidad de Madrid.

Construir un hospital con capacidad para 1000 camas en tan solo 10 días. Es el excepcional proyecto puesto en marcha por las autoridades chinas con la intención de dar solución a la alerta sanitaria provocada por el coronavirus de Wuhan. Una crisis que, por el momento, ha causado 170 muertes y obligado al Gobierno chino a poner en marcha un protocolo de actuación sin precedentes en los últimos años con el objetivo de frenar el número de infectados, que ya supera los 8.000 tan solo en territorio chino.

Este protocolo de emergencia contempla entre sus principales objetivos revertir el colapso de un sistema sanitario chino incapaz de absorber el extraordinario número de pacientes que estos días han agotado los recursos humanos y materiales de los hospitales de Wuhan. Con este objetivo, el Gobierno chino ha planteado como una de las medidas al respecto la construcción de un hospital temporal con componentes prefabricados que permita afrontar la situación.

La construcción de este hospital –al que se unirá otro, aun más grande, que se prevé operativo para el próximo 5 de febrero– ha generado un seguimiento viral debido a la retransmisión a través Internet de un streaming de las obras por parte, en otras plataformas, de la televisión nacional china.

Desde el inicio del proyecto, millones de personas de todo el mundo –hasta ocho de forma simultánea– han conectado con este vídeo en directo a través de las distintas plataformas que permiten seguir el transcurso de la construcción de los dos edificios en marcha actualmente. Un seguimiento en vivo, inédito hasta el momento en este tipo de empresas, que ha generado un interés impulsado por las redes sociales, donde los usuarios han convertido la obra en un fenómeno viral.

La llamativa solución puesta en marcha por las autoridades del país asiático –que, sin embargo, aun no han precisado como planean revertir la escasez de efectivos sanitarios que afecta de forma particular a la atención primaria– encuentra su principal precedente en el complejo Xiaotangshan, levantado en 2003 en la ciudad de Pekín con motivo de la alerta ocasionada entonces por el virus SARS.

En dicha ocasión el tiempo empleado en la construcción del proyecto fue incluso menor, ya que entonces en tan solo una semana se logró levantar un hospital que logró reducir al 1,18% la tasa de mortalidad de los pacientes tratados en la instalación, frente al 9,65% en el que se ubicaba la tasa general.

Con este nuevo hospital, ubicado a unos 25 kilómetros de la zona metropolitana de Wuhan y en el cual la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (NDRC) ha estimado que se invertirán en torno a 300 millones de yuanes (unos 40 millones de euros), se pretende alcanzar un resultado similar al logrado hace diecisiete años y descongestionar los espacios hasta ahora saturados.

El Departamento de Estado estadounidense otorgará a los funcionarios encargados de aprobar los visados de entrada en EEUU la potestad para impedir que mujeres extranjeras embarazadas puedan visitar el país.

Con esta medida, que entrará en vigor el viernes, el Gobierno de Trump pretende detener el denominado 'birth tourism' ('turismo de nacimiento'), es decir, la llegada a EEUU de mujeres extranjeras con la intención de dar a luz en territorio norteamericano para obtener la ciudadanía estadounidense de sus hijos.

Según lo publicado, esta prohibición podría afectar a aquellos visados solicitados con motivos de placer, visita a familiares o amigos residentes en el país norteamericano y tratamiento médico. En este último caso, actualmente considerado un factor legítimo para la obtención de visados, la solicitante deberá demostrar tener la suficiente capacidad económica para afrontar dicho tratamiento.

“Este cambio de legislación es necesario para mejorar la seguridad pública, la seguridad nacional y la integridad de nuestro sistema de inmigración”, ha afirmado la Casa Blanca en un comunicado. “Cerrar esta evidente laguna en materia de inmigración combatirá este tipo de abusos endémicos y protegerá a EEUU de los riesgos generados por esta práctica”, concluye el mensaje.

No obstante, esta nueva reglamentación deja dudas respecto tanto a la interpretación que los funcionarios pueden hacer de ella, como de la aplicación efectiva que puede tener en los permisos otorgados a largo plazo. Es el caso de aquellos visados que permiten a las personas extranjeras realizar varios viajes a lo largo de un plazo de hasta 10 años, período durante el cual una mujer podría quedarse embarazada y mantener aun su derecho de entrada en el país.

Esta medida supone un paso más en la lucha iniciada por el Gobierno de EEUU desde la llegada de Trump a la Casa Blanca contra lo que denominan como 'bebés ancla', aquellos nacidos en suelo estadounidense y, supuestamente, utilizados por sus progenitores para permitir la llegada al país de otros miembros de la familia.

De hecho, ya en octubre de 2018 el presidente Trump trató de revocar el derecho a la ciudadanía a los hijos de inmigrantes en situación irregular nacidos en Estados Unidos, una medida que finalmente no pudo poner en marcha al suponer una violación de la Constitución.

La Policía municipal ha desalojado el Corte Inglés de la madrileña calle del Carmen, una céntrica vía que conecta la Puerta del Sol con Callao, por un incendio que se ha producido en la calle frente a la tienda FNAC, según confirman fuentes policiales a eldiario.es. El humo ha entrado por la puerta del centro comercial y ha ascendido al resto de plantas. La situación ya ha sido controlada por las dotaciones desplazadas a la zona.

Tan solo dos empleados del establecimiento han tenido que ser atendidos por el SAMUR debido a problemas respiratorios tras inhalar el humo del incendio.

“Había mucho humo negro y nos han desalojado por la escalera de emergencias”, asegura el periodista Alfonso Armada a eldiario.es. Armada estaba en el edificio debatiendo sobre Galdós en el ciclo de conferencias 'Florida, un hotel para el periodismo y la literatura' cuando han tenido que ser desalojados.

17 de enero de 1966. Cuatro bombas termonucleares se desprenden de un bombardero estadounidense mientras este sobrevuela el municipio de Cuevas de Almanzora (Almería) a la altura de la pedanía de Palomares. La primera de aquellas bombas se encontró intacta; una segunda fue rescatada meses más tarde del fondo del mar; las dos restantes se quebraron, esparciendo el material radioactivo de su interior por la zona.

44 años después de la que pudo haberse convertido en la mayor catástrofe de nuestra historia, el oscurantismo en torno a este episodio, así como a la gestión de sus consecuencias directas, continúa suscitando interrogantes. ¿Por qué cuatro bombas nucleares de una potencia destructiva 300 veces superior a la lanzada en Hiroshima sobrevolaban territorio español? ¿Eran estos vuelos frecuentes? ¿Existía un consentimiento explícito de estas maniobras por parte del Gobierno franquista?

Un convenio a medida

Para encontrar algunas respuestas, hay que remitirse al convenio defensivo firmado entre los Gobiernos de España y EEUU en el marco de la Guerra Fría, en concreto, a la 'Nota adicional al párrafo segundo del artículo III' del acuerdo. Bajo este título de aparente irrelevancia, el epígrafe recogía uno de los puntos clave del convenio: la regulación de las bases militares estadounidenses instaladas en territorio español.

Tal y como desgrana el periodista Rafael Moreno Izquierdo en su libro La Historia Secreta de las bombas de Palomares, dos eran los supuestos en los cuales las bases aéreas estadounidenses en España podrían ser utilizadas con fines de acción militar. El primero de ellos apelaba a una “evidente agresión comunista” que “amenazara la seguridad de Occidente”, y tan solo requería de una mera comunicación a las autoridades españolas para hacerse efectivo. El segundo, también referente a casos de “emergencia” o “amenaza de agresión a Occidente”, se vinculaba a una consulta entre ambos Gobiernos para valorar “las circunstancias de la situación creada”.

Una escueta regulación susceptible de ser interpretada de forma totalmente abierta que, además, no distinguía en modo alguno si el armamento transportado por los aviones sería convencional o nuclear, ni incorporaba un ordenamiento del sistema de vuelos sobre territorio español. Dos aspectos clave para los intereses de EEUU en los que –a diferencia de lo estipulado en otros convenios, como el firmado entre EEUU y Canadá– el Gobierno franquista ofrecía vía libre a los americanos. En otras palabras: un 'traje a medida' diseñado por y para el Ejército estadounidense con el fin operar a su antojo en España.

La estrategia americana contra la III Guerra Mundial

A mediados de los años 50, la preocupación entre los altos cargos de la Fuerza Aérea de EEUU acerca de la capacidad real de Washington para evitar una III Guerra Mundial iba en aumento. Según sus estimaciones, para el año 1963 la Unión Soviética sería capaz de destruir en un único ataque la mayor parte de la flota estratégica estadounidense y posicionarse así con una notable ventaja militar y moral de cara al consecuente inicio del conflicto.

El creciente temor a ser sorprendidos por los soviéticos tuvo una respuesta contundente por parte de la estrategia norteamericana. Esta pasaba por la idea de contar con un cierto número de bombarderos sobrevolando las 24 horas del día las zonas fronterizas de la URSS y dispuestos para, en cualquier momento, descargar las cuatro bombas nucleares con las que se cargaría cada aeronave.

Las palabras del comandante en jefe del Mando Aéreo Estratégico, el general Thomas Power, recogidas en el libro de Moreno Izquierdo, definen de forma explícita esta nueva estrategia: “Día y noche, tengo un porcentaje de mi comando en el aire. Y los aviones están cargados con bombas... No llevan arcos y flechas”.

Para el año 1966 –el del accidente de Palomares– la capacidad destructiva de este operativo militar, que disponía de hasta once bases lejos del territorio estadounidense ubicadas en cinco países, alcanzaba los 1.607 objetivos de forma simultánea, todos ellos en la Unión Soviética. El cálculo en vidas humanas rondaba los 65 millones de muertos potenciales.

Una de las misiones que formaron parte de aquella estrategia recibió el nombre 'Chrome Dome' [cúpula cromada]. Puesta en marcha en el año 1960, los vuelos de esta operación, realizados por bombarderos B-52, más modernos y de mayor radio de acción que los anteriores, cruzaban por primera vez el Atlántico despegando desde territorio estadounidense.

Una de las rutas de aquel operativo, la sur, atravesaba el océano para sobrevolar España y cruzar el Mediterráneo hasta las fronteras turco-soviéticas. Una vez realizada la misión, las aeronaves, cargadas con artefactos nucleares en sus bodegas, eran reabastecidas en pleno vuelo por aviones KC-135 antes de regresar a territorio americano.

Las 'flechas rotas' ignoradas

Entre las posibles complicaciones de estas misiones, la más amenazante era el desprendimiento de alguna de las cuatro bombas que cargaba cada bombardero. Este escenario recibió por parte de las autoridades militares estadounidenses el nombre de 'Código Flecha Rota'. Dadas las complejidades técnicas de las operaciones necesarias para mantener tal número de aeronaves en constante actividad, los accidentes no tardaron en producirse.

La primera de estas 'flechas rotas' surgió tan solo un año después de la puesta en marcha de la misión. En enero de 1961, uno de estos bombarderos B-52, con problemas en el tanque de combustible, se estrelló en la ciudad de Goldsboro, en Carolina del Norte. Ninguna de las bombas llegó a explotar, aunque sí se fragmentaron y liberaron su carga durante la colisión.

También sobre territorio estadounidense, en enero de ese mismo año, una de estas aeronaves se estrelló en Yuva City (California) a causa de una descompresión; y ya en 1964, una tormenta de nieve causaría un nuevo accidente en Pennsylvania, a la altura de Savage Mountain. En ambos casos, las bombas que colisionaron durante los incidentes permanecieron prácticamente intactas.

El 'Palomares danés' que puso fin a la 'Chrome Dome'

A pesar de estas tres experiencias, en las que se registraron importantes daños materiales e incluso humanos –varios de los pilotos y miembros de la tripulación fallecieron durante los accidentes– y se rozó la catástrofe, la vorágine de la Guerra Fría rechazó cualquier tipo de rectificación de las misiones. Dos accidentes más elevaron el nivel de alarma.

El de Palomares, causado por un problema en la maniobra de repostaje de un B-52, que debía regresar a EEUU, sería el primero de ellos. En esta ocasión, las consecuencias sí registraron una gravedad mayor que en las anteriores incidencias, con importantes niveles de contaminación de la zona afectada por el desprendimiento de las bombas que derivaron en graves consecuencias para la salud de habitantes y efectivos de limpieza que, a día de hoy, continúan sin ser reconocidas por las autoridades estadounidenses.

La gravedad de este nuevo accidente no puso fin a la operación, aunque sí redujo el número de efectivos con vuelo constante: de doce a cuatro. A pesar de ello, y de los intentos del entonces secretario de Defensa Robert McNamara por anular las misiones por completo, dos años más tarde, la base aérea de Thule en Groenlandia sería el escenario de un nuevo accidente.

Un error humano fue el causante de esta última 'flecha rota' que esparció por territorio danés el material de las bombas caídas sobre una gran masa de hielo junto al propio bombardero. El trabajo de las fuerzas de seguridad danesas y americanas logró contener un desastre que, al igual que en el caso de Palomares, volvió a causar enfermedades y muertes prematuras a causa de la radiación cuya responsabilidad ha sido sistemáticamente evadida por las autoridades de EEUU.

Una investigación de la BBC publicada en el año 2008 destapó además unos documentos, hasta entonces clasificados, que certificaban la existencia de una cuarta bomba que hasta el momento se había dado por perdida públicamente y que, según se sospecha, pudo acabar perdida entre el hielo, a pesar de que el Pentágono negara en su día este hecho.

Thule fue la gota que colmó el vaso. La amenaza de estos accidentes y las consecuencias diplomáticas que estos conllevaron, así como el riesgo de provocar de forma accidental el inicio de un conflicto a nivel mundial con la URSS, terminó por convencer a los altos cargos militares estadounidenses de la extrema peligrosidad de las misiones 'Chrome Dome'. Cinco accidentes y cientos de afectados, que con el tiempo se convertirían víctimas mortales, después, se ponía fin a uno de los episodios más significativos de la paranoia militar de la Guerra Fría.

Dieciocho años y tres Administraciones después, una investigación de The Washington Post ha revelado la campaña de mentiras y ocultaciones que, durante todo este período, ha sustentado la justificación oficial de la intervención del ejército estadounidense en Afganistán tras los atentados del 11-S.

Una investigación de tres años de duración liderada por el periodista Craig Whitlock ha logrado sacar a la luz –gracias a la Ley de Libertad de Información– el proyecto Lecciones aprendidas. Un plan federal de la Oficina del Inspector General para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) con el objetivo de revisar la calamitosa actuación de EEUU durante la guerra de Afganistán.

2.000 páginas de documentos inéditos con notas, transcripciones y grabaciones pertenecientes a las más de 400 entrevistas con personas directamente implicadas en el desarrollo del conflicto –desde diplomáticos y generales norteamericanos, hasta cooperantes y oficiales del ejército afgano– que, si bien apenas revela información sensible sobre operaciones militares, incorpora los testimonios que han destapado los desmanes de una guerra sin victoria posible.

1.¿Quién es el enemigo?

Una de las revelaciones más llamativas que se desprenden de los testimonios tiene que ver con la identificación del enemigo. Según afirma The Washington Post, los propios líderes militares norteamericanos tuvieron verdaderos problemas para “articular contra quién estaban luchando y por qué”.

De acuerdo con lo revelado en los documentos, el Gobierno de EEUU “nunca llegó a una respuesta” acerca de si el enemigo –pasada la intervención inicial– era Al Qaeda, Pakistán, el Estado Islámico o los caudillos identificados por la CIA.

Como resultado de esta falta de directrices, según el Post, las tropas estadounidenses a menudo no podían distinguir entre amigos y enemigos. “Pensaron que iban a tener un mapa para mostrarles (a las tropas) dónde vivían los buenos y los malos”, declaró en 2017 un exasesor no identificado de un equipo de las Fuerzas Especiales del Ejército a los entrevistadores del Gobierno.

“Tuve varias conversaciones con ellos para hacerles entender que yo no tenía esa información. Al principio, seguían preguntando: 'Pero, ¿quiénes son los malos? ¿Dónde están?'”, añadió.

La situación no se veía desde una perspectiva mucho más clara en el Pentágono. “No tengo visibilidad acerca de quiénes son los malos”, se quejó Donald Rumsfeld en uno de los memorandos dictados por el exsecretario de Defensa acerca de la guerra afgana entre 2001 y 2005. “Somos lamentablemente deficientes en inteligencia humana”.

En varias entrevistas, funcionarios que prestaron servicio bajo el mandato de los presidentes Bush y Obama, afirmaron, en declaraciones que el diario define como “inusualmente sinceras”, que ambos líderes fracasaron estrepitosamente en su tarea de idear una estrategia clara con objetivos concisos y alcanzables.

En esas entrevistas también se denuncia el total desinterés de EEUU por afrontar el conflicto desde la vía diplomática. “No había mucho apetito por lo que llamamos reducción de amenazas, por la diplomacia regional y la incorporación de los talibanes al proceso de paz”, lamentó un funcionario no identificado de la ONU.

“En ese momento, la mayoría de los comandantes de Hizb-i-Islami o los talibanes estaban interesados en unirse al Gobierno”, añadió refiriéndose a otra milicia afgana que luchó contra las tropas estadounidenses. “Lección aprendida: si tienes la oportunidad de hablar con los talibanes, habla con ellos”.

2. El auge de la mayor industria de opio del mundo

Durante la intervención militar de EEUU en Afganistán, el país asiático se ha convertido en el mayor productor mundial de opio. A pesar del gasto de en torno a 9.000 millones de dolares desde 2001 para la erradicación de este problema, el pasado año Afganistán fue el responsable del 82% de la producción total de opio a nivel global, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Este aumento, de acuerdo con los testimonios de exfuncionarios destapados por , tiene que ver con las medidas “contraproducentes” llevadas a cabo para restringir su cultivo.

Según el diario, ninguna agencia o país estuvo a cargo de la estrategia contra la producción del opio durante toda la guerra, por lo que el Departamento de Estado, la DEA, el Ejército de EEUU, los aliados de la OTAN –principalmente Gran Bretaña– y el Gobierno afgano chocaron constantemente e implementaron programas “disfuncionales” para frenar un problema que “no fue contemplado como una amenaza militar hasta la Administración Obama”.

De hecho, según destapa la investigación, Donald Rumsfeld llegó a afirmar que “nadie estaba al cargo” de la estrategia de erradicación de la producción de opio, en lo que varios funcionarios destacaron como el “fracaso más imprudente” de la intervención americana en Afganistán.

3. La reconstrucción fallida más cara que el Plan Marshall

Según apuntan los documentos sacados a la luz, el motivo del desastre tiene que ver con el despilfarro sistemático de recursos y la ausencia total de un plan realista de estructuración de los mismos. “Perdimos la objetividad. Nos dieron dinero, nos dijeron que lo gastáramos y lo hicimos, sin razón alguna”, declaraba en una de las entrevistas publicadas un ejecutivo no identificado de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), quien afirmaba que en torno al 90% del gasto fue exagerado.

El Gobierno de los EEUU ha gastado desde el año 2001 más de 133.000 millones de dólares en la reconstrucción de Afganistán. Ajustando esta cifra a la inflación, se trata de una inversión superior a la destinada tras la Segunda Guerra Mundial en el Plan Marshall. No obstante, las conversaciones publicadas muestran un fracaso sin paliativos de este proyecto de recomposición del país desde sus comienzos.

Una muestra de esta “carrera descabellada de gasto”, tal y como la definieron algunos cooperantes humanitarios entrevistados, la ofreció un contratista no identificado a quién, según afirmó durante una de las conversaciones de Lecciones aprendidas, se encargó de gastar 3 millones de dólares diarios en proyectos destinados a un solo distrito afgano aproximadamente del tamaño de un condado de EEUU.

4. Del despilfarro a la “cleptocracia”

“Nuestro mayor proyecto, triste e inadvertidamente, puede haber sido el desarrollo de la corrupción masiva”, declaró en una de las entrevistas Ryan Crocker, el principal diplomático estadounidense en Kabul durante dos etapas distintas. “No se pueden poner esas cantidades de dinero en un Estado y una sociedad tan frágiles y no contribuir a que alimenten la corrupción. Simplemente no puedes”, agregó.

Una de las consecuencias más sangrantes de la avalancha de dinero procedente de EEUU se manifestó en el incremento de la corrupción en el país afgano hasta niveles históricos. Un exceso de recursos para un país empobrecido y con un déficit notable de estructuras que permitieran encauzar y administrar la ingente cantidad de dinero americano, que multiplicó las oportunidades de fraude y sobornos.

Para encontrar el origen de este sistema, que el coronel norteamericano Christoper Kolenda calificó de “cleptocracia”, hay que remontarse, según apunta el Post, a los años 2002 y 2003. Durante esa época, los consejos tribales afganos se reunieron para redactar una nueva constitución, un proceso durante el cual el gobierno de los EEUU habría entregado sobornos a los delegados que apoyaban las posturas cercanas a los intereses de Washington en asuntos como DD.HH y derechos de las mujeres, según el testimonio de un funcionario estadounidense que sirvió en Kabul durante aquel momento. “La percepción que se inició en ese período fue que si ibas a votar por algo que favoreciera, sería estúpido no obtener un soborno a cambio”, agregaba este funcionario.

Según apunta la publicación, para cuando Afganistán celebró elecciones parlamentarias en 2005, esa percepción ya se había consolidado. Los legisladores se dieron cuenta de que sus votos podrían valer miles de dólares para los estadounidenses, incluso votando una legislación que habrían respaldado de todos modos.

Investigaciones de la ONU determinaron que Karzai había recibido alrededor de un millón de votos ilegales, una cuarta parte de todos los emitidos. A pesar de que funcionarios de la Administración Obama catalogaron de intolerables estas prácticas, el Gobierno negoció un acuerdo por el cual Karzai fue declarado ganador tras acordar compartir ciertas áreas de poder con su principal rival.

“Eso fue profundamente destructivo para un Estado de derecho”, declaró Sarah Chayes, asesora civil del ejército de EEUU en ese momento. “Si bien tuvimos la oportunidad de decir que la corrupción es algo grave, se dieron instrucciones explícitas de que no era así”.

Una advertencia en la que también incidió el enviado adjunto de la ONU en Afganistán en 2009, Peter Galbraith, quien fue destituido de su cargo, según los testimonios del documento, tras acusar a las Naciones Unidas de ayudar a encubrir el alcance del fraude electoral.

5. La connivencia con los 'señores de la guerra'

Otra de las revelaciones importantes contenidas en la investigación tiene que ver con las relaciones entre el Gobierno estadounidense y los llamados 'señores de la guerra' que evidencian los documentos. Según informa el Post, a través de la entrega de efectivo y contratos lucrativos, la CIA lograba obtener información y lealtad por parte de gobernadores, parlamentarios e incluso líderes religiosos afganos.

El objetivo de estos movimientos tenía que ver con la búsqueda de una estabilidad dentro de los círculos de poder del país que, sin embargo, no se logró. “Nos asociamos con todos los jugadores equivocados”, confesó un alto diplomático estadounidense a los entrevistadores del gobierno.

Según informó Gert Berthold, un contable forense que sirvió en un grupo de trabajo militar en Afganistán, entre los años 2010 y 2012, de los 106 millones de dólares relacionados a 3.000 contratos del Departamento de Defensa, alrededor del 40% terminó en los bolsillos de insurgentes, sindicatos criminales o funcionarios afganos corruptos. Aunque los detalles de las cuantías económicas entregadas continúan siendo secretos, los documentos confidenciales muestran que los pagos se discutieron en los niveles más altos del Gobierno estadounidense.

6. La crisis del Kabul Bank

El sector financiero también fue gravemente afectado por la intervención americana, según se destapa en los documentos. El Kabul Bank, el más importante del país, estuvo cerca de colapsar a causa de los 1.000 millones de dólares en préstamos fraudulentos descubiertos en las cuentas de la entidad, cantidad equivalente a la doceava parte de PIB total del país en esa época. Una situación que, según un alto funcionario de EEUU no identificado, era conocida por la embajada hasta un año antes de que estallara el escándalo.

Según recoge la investigación, el Kabul Bank habría falsificado los libros para ocultar cientos de millones de dólares en préstamos no garantizados a ejecutivos de negocios con conexiones políticas. Entre los involucrados, el hermano del presidente Mahmoud Karzai y la familia de Fahim Khan. Según declaró un funcionario anónimo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos enviado a Kabul como asesor del Gobierno afgano, este caso “tenía elementos que se podían poner en una novela de espías, dadas las conexiones entre las personas que poseían Kabul Bank y los que manejan el país”.

Además, de acuerdo con los documentos, gran parte del dinero saqueado se había originado en el tesoro de EEUU, el cual subsidiaba los salarios de los soldados, la policía y los funcionarios públicos afganos, que constituían la mayor parte de los depositantes del Banco Kabul.

Según informa el Post, con la llegada de Ryan Crocker a la embajada de Kabul, comenzó a “aliviarse la presión” sobre este asunto. “La actitud de Crocker fue hacer que el problema desapareciera, enterrarlo lo más profundo posible y silenciar cualquier voz dentro de la embajada que quisiera hacer de esto un problema”, afirmó en una de las entrevistas el segundo funcionario del Departamento del Tesoro. “Fue un ejemplo de cómo de frágil y precaria puede ser la política de EEUU. Literalmente de la noche a la mañana, toda nuestra política cambió”.

Por su parte, Crocker se excusó ante los entrevistadores afirmando que para cuando llegó el escándalo del Kabul Bank, ya “era demasiado tarde”. “La corrupción estaba tan arraigada y formaba parte del estilo de vida, que vi pocas posibilidades de cambio, solo una especie de sensación de inutilidad”, añadió.

“Es una obra maestra que causará desesperación entre los hombres en general y los dramaturgos en particular”. Son las palabras con las que el escritor Jean Anouilh definió la obra que el 5 de febrero de 1953 se entrenaba en el parisino Théâtre de Babylone. Esperando a Godot era el título del texto que su colega Samuel Beckett, un emigrante irlandés de 47 años, lograba al fin llevar a escena tras tres años guardado en un cajón de su residencia de París.

Fue las obras más revolucionarias y polémicas de su tiempo que, a día de hoy, continúa despertando entre críticos, artistas, hombres -y también mujeres-, la admiración y desesperación presagiada por Anouilh.

Con esta función Beckett consiguió adquirir la dimensión y el éxito internacional que le situarían como uno de los grandes dramaturgos del siglo XX, pero no fue lo único que provocó. Años después se sigue debatiendo sobre un aspecto que el propio autor dejó firmado en su testamento: que los personajes masculinos de la obra solo podían estar representados por hombres.

Esto a su vez pone sobre la mesa el debate acerca de los límites de la voluntad del artista a la hora de administrar sus derechos de autor. ¿Debe la prioridad del autor en este sentido impugnar cualquier decisión en la interpretación y dirección de las adaptaciones? ¿Puede esta preeminencia de criterio incurrir en censura?

Esperando a Godot: una cuestión de género

El paradigma de esta cuestión lo encontramos en la que es considerada la obra principal de Beckett. El motivo tiene que ver con una cláusula que el propio autor dejó reflejada en su testamento, en la cual se especificaba que la interpretación de sus personajes masculinos debería ser asumida siempre por hombres. Una voluntad que, tanto sus herederos como los editores responsables de la gestión de los derechos de sus obras en los distintos países, han respetado al pie de la letra desde el fallecimiento del escritor en 1989.

A partir de esa fecha, la paralización, e incluso la cancelación de adaptaciones teatrales de este título debido a interferencias de los responsables de la gestión de los derechos de Beckett, resulta algo sorprendentemente habitual.

El caso más reciente, y uno de los más polémicos dado el contexto en el que se produjo, tuvo lugar el pasado año en Argentina. En septiembre 2018, el Complejo Teatral Buenos Aires recibía una revocatoria de la autorización por parte de la agencia encargada de gestionar los derechos de Samuel Beckett para seguir adelante con la adaptación de Esperando a Godot que tenía previsto acoger el Teatro San Martín.

El motivo aducido para la paralización del proyecto dirigido por Pompeyo Audivert, por entonces en una etapa muy avanzada de producción –los ensayos llevaban en marcha desde el mes de julio-, tenía que ver con la elección del elenco. En concreto con la presencia de las actrices Analía Couceyro e Ivana Zacharski en los papeles de Lucky y el Muchacho, respectivamente, roles que la agencia, siguiendo lo estipulado en el testamento de Beckett, no autorizó que fueran interpretados por actrices.

A pesar de una primera propuesta por parte del CTBA de reemplazar a ambas actrices por intérpretes masculinos, finalmente el proyecto era paralizado, tal y como el propio Teatro informó a través de un comunicado. En él, se afirmaba que, en caso de aceptar estas nuevas condiciones, la dirección del Teatro “ponía en peligro a la obra, al equipo artístico, al mismo Complejo Teatral y a su público”. “Estaríamos convalidando un planteo anacrónico, absurdo y anti-artístico, con el cual definitivamente disentimos”, concluía el comunicado.

No se trata, ni mucho menos, del primer caso en el que sucede algo similar. En el año 2004 fueron dos las productoras alemanas que se vieron afectadas por la rigidez de las últimas voluntades del padre del teatro del absurdo. Una semana antes de su estreno, la editorial S. Fischer Verlage, gestora los derechos de Beckett en Alemania, prohibió la adaptación que se iba a presentar en la localidad de Wilhemshaven por incluir en su elenco a dos actrices. La misma razón que la editorial aportó para la cancelación, tan solo un mes antes, de una adaptación mismo título en un teatro de Frankfurt.

Una obra no solo “escrita para hombres”

Son solo algunos de los muchos casos en los que las advertencias de los editores o herederos de Beckett han concluido con la paralización de distintos proyectos. Sin embargo, también encontramos ejemplos de producciones que, aferrándose a su propuesta original, han logrado salir adelante.

Es el caso de la que en el año 2005 puso en marcha en Italia la Compagnia Laboratorio di Pontedera, con Roberto Bacci como director y Luisa y Silvia Pasello en los papeles de Vladimir y Estragón. En esta ocasión, la compañía plantó cara a las acusaciones de la agencia D'Arborio de haber, supuestamente, pervertido la voluntad del autor. Apelaban en un recurso judicial a la ausencia de la prohibición explícita de incluir actrices en el elenco dentro del contrato firmado con la agencia italiana.

Tuvo que ser una sentencia del Tribunal de Roma la que diera la razón a la compañía y desbloqueara la paralización del espectáculo, permitiendo su representación en el Teatro Pontedera tal y como había sido planteada inicialmente.

En nuestro país son varias las ocasiones en las que un elenco con presencia femenina ha logrado llevar a escena una adaptación de la obra de Beckett. Así ocurrió en el año 2000, cuando el director catalán Lluís Pasqual llevó al Teatro de la Abadía la obra con la actriz Anna Lizarán en el papel de Vladimir.

Y aún más sorprendente es el proyecto que en 1978, más de una década antes del fallecimiento de Beckett, logró sacar adelante la Compañía estable de Mari Paz Ballesteros con un elenco exclusivamente formado por mujeres. Maruchi Fresno, Rosa María Sardá, Maite Brik, Maite Tojar y la propia Mari Paz Ballesteros fueron las actrices que interpretaron entonces los cinco papeles en la obra que suponía el primer proyecto de la compañía.

“En esta visión del montaje era apasionante plantear las grandes preguntas de la humanidad con las matizaciones de la mujer, siendo distintas sus relaciones y reacciones con respecto a los hombres. Puede resultar más patético o más frívolo, pero es una propuesta distinta, un intento de comprender la visión del mundo a través de la mujer”, opinaban entonces sus promotores.

Y es que si por algo destaca esta prohibición, es por la disparidad de criterios y la ambigüedad con la que a lo largo de los años ha sido aplicada. Diez años después del estreno de la adaptación femenina en Madrid, sería el propio Beckett quien –aun en vida- presentaría una demanda contra el holandés Teatro Haarlem Toneelschuur por tratar de poner en escena una propuesta muy similar a la española.

“Si tenemos que luchar contra él, lo haremos”, afirmaba entonces la portavoz del proyecto Hermina Staal. Y así hicieron. La demanda fue desestimada, la obra pudo ser interpretada por actrices y Beckett, resentido, prohibió hasta su muerte -tan solo un año más tarde- la representación de su obra en los Países Bajos.

Una inconsistencia en el criterio seguido en vida por el propio Beckett, carente además de cualquier tipo de matiz al ser trasladado al papel, que el autor trataba de argumentar con ironía en una entrevista con el profesor universitario Ahmad Kamyabi Mask un año antes de su muerte recogida en el libro Encuentro con Samuel Beckett.

Durante este encuentro, Kamyabi no dejó pasar la oportunidad de preguntarle el porqué de su disputa legal con el elenco holandés. “¡Qué importancia!”, exclamó Beckett entre risas: “Las mujeres no tienen próstata. Por lo tanto, no pueden interpretar el papel de un hombre”, argumentó. “Es una obra escrita para hombres”.

Continúa el intercambio de vídeos electorales entre el Partido Conservador y el Laborista a pocos días para la celebración de los comicios del próximo 12 de diciembre en Reino Unido. Con el Brexit y la política social como temas centrales de la campaña de los de Johnson y Corbyn, respectivamente, el intercambio de vídeos virales entre ambos partidos representando estas “ideas fuerza” están protagonizando los días decisivos de la carrera electoral en redes sociales.

La última disputa por esta viralidad en redes la inició el pasado lunes el partido liderado por Boris Johnson a través de la publicación de un vídeo en el cual el ex alcalde de Londres recreaba una icónica escena de la película británica Love Actually (2003). A través de la reproducción de la conocida secuencia con la que concluye una de las tramas de la comedia navideña, el vídeo, titulado Brexit, actually, muestra al líder conservador presentándose por sorpresa en la casa de una pareja que comenta uno de los spots electorales del Partido Conservador que ven en televisión. Tras activar un audio que simula el canto de un coro ambulante (al igual que hace el personaje de la película), Johnson, situado bajo el quicio de la puerta principal, comienza a mostrar a una mujer una serie de carteles en los que aparecen rotuladas algunas de los principales ideas la campaña conservadora.

En estos rótulos, el líder británico enfatiza el mensaje de unidad del voto conservador sobre el cual ha girado la campaña de los de Johnson, con la premisa del desbloqueo de la crisis política surgida en torno a la materialización del Brexit como idea principal. “Tu voto nunca ha sido más necesario”, “El otro puede ganar” o “Tienes una decisión que tomar” son algunos de los mensajes mediante los que el vídeo apela a la importancia de “votar para marcar la diferencia” y lograr una “mayoría útil”.

El Partido Laborista no ha tardado en contestar al viral vídeo de Johnson (que ronda los 3 millones de visualizaciones en Twitter), mediante la difusión a través de las redes sociales del partido de una manipulación de un fragmento del spot conservador. En la respuesta laborista, la escena del vídeo original publicado por el Partido Conservador ha sido editada modificando algunos de los carteles mostrados por Boris Johnson. De esta forma, en lugar de letreros con mensajes apelando a la unidad conservadora, el primer ministro británico exhibe fotografías represantativas, según los laboristas, del “Tory NHS”, el Servicio Nacional de Salud gestionado por los conservadores. Una de estas imágenes, que muestran a niños y ancianos enfermos en pésimas condiciones de cuidado, corresponde a la fotografía que un periodista trató de mostrar a Jonshon en su teléfono móvil antes de que este guardara el dispositivo en su bolsillo para evitar ver la imagen. El último de los carteles mostrados por Johnson en esta particular versión laborista reza “Vota laborista para salvar el NHS”.

Además de esta respuesta oficial, que también se ha convertido en viral en cuestión de horas, la parlamentaria laborista por Tooting, Dr Rosena Allin-Khan, ha denunciado la gran similitud del vídeo publicado por los conservadores con el que ella misma publicó en noviembre de este año en su cuenta de Twitter. El vídeo, con una propuesta conceptual prácticamente calcada a la del spot difundido por los conservadores, la laborista hace cambiar la opinión de un votante conservador reproduciendo la misma escena de Love Actually , en esta ocasión, a través de mensajes tradicionalmente vinculados a las ideas del Partido Laborista.

No se trata sin embargo de la primera disputa entre ambos partidos por el posicionamiento de sus principales ideas de campaña en redes sociales a través de vídeos potencialmente virales. Esta misma semana, la plataforma Momentum, vinculada al Partido Conservador, publicó un vídeo titulado Austerity F.C en el cual se trata de ridiculizar las propuestas de austeridad económica de los conservadores, extrapolando sus efectos a los que este tipo de políticas provocaría en la gestión del vestuario un equipo de fútbol.

Otro de los vídeos que mayor repercusión ha tenido durante las últimas semanas ha sido el publicado también por el Partido Laborista bajo el título “Cuando los políticos culpan a los inmigrantes es porque se han quedado sin argumentos” en el que un grupo de ciudadanos se enfrenta a un político con un discurso xenófobo y racista.

Valentina Miranda tiene 19 años y vive en Lo Espejo, una comuna de la periferia sur de Santiago de Chile a 50 minutos en transporte público del centro de secundaria Liceo 7, donde estudia cuarto curso. El pasado 14 de octubre, Valentina fue una de los centenares de estudiantes que participaron en las acciones colectivas para colarse en el metro de Santiago en protesta por la subida del precio del billete del suburbano.

Este incremento de 30 pesos, hasta situarse en los 830 (unos 1,2 dólares), a pesar de no afectar de forma directa a los estudiantes de secundaria al no influir a su franja horaria habitual de viaje, desató la oleada de protestas promovidas por estos jóvenes que ha revolucionado el país.

“Hay muchas familias que viven endeudadas, que cobran un sueldo bajísimo para el costo de la vida en Chile y que con esta subida ven descompensado su presupuesto mensual”, argumenta Valentina, que siente como una “burla” las palabras de la Ministra de transportes, Gloria Hutt, el día posterior al inicio de las acciones en el metro. Hutt planteaba la “falta de argumentos” de estos estudiantes de secundaria a los que no afectaba directamente la subida.

“Detrás de nosotros hay familias que tienen recursos limitados, y nosotros dependemos de ellas”, denuncia Valentina. La sociedad chilena ha identificado esta circunstancia como “la punta del iceberg” del descontento popular ante las políticas del presidente Sebastián Piñera.

Esta indignación se ha visto reflejada en las protestas multitudinarias severamente reprimidas mediante la declaración del estado de emergencia. La movilización de casi 10.000 soldados, un desmedido uso de la fuerza denunciado por expertos de la ONU  y centenares de detenciones irregulares marcaron desde entonces el día a día en las calles de Santiago.

“Me golpearon en el estómago y perdí la respiración”

Una de esas detenciones llevó a Valentina a ser retenida durante más de cuatro horas, supuestamente, por infringir el toque de queda de las ocho de la tarde. “Ni siquiera sé a ciencia cierta si fue esa la razón. En ningún momento me dijeron el motivo por el que se me detenía. Estábamos manifestándonos en torno a 30 personas cuando una patrulla llegó al lugar donde estábamos y nos persiguieron hasta un hall donde nos refugiamos. Entraron y nos arrastraron hasta la calle”, recuerda.

“Allí me golpearon en el estómago, perdí la respiración, me echaron gas pimienta directamente a los ojos y me llevaron a la comisaría”, relata Valentina. “A partir de ahí comienza un proceso irregular, en el que el parte se me entregó ya hecho, cuando en realidad yo debía haber participado en él. Si no fuera porque aparecieron los fiscales creo que me hubieran retenido toda la noche”, añade.

Esta experiencia no ha mermado la fuerza de Valentina, portavoz de la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Secundaria (CONES), ni su intención de continuar participando en las protestas. “Nuestros papás vivieron la dictadura y tienen un gran miedo interiorizado con respecto a los militares, la violencia y la represión del terrorismo de Estado. Nosotros, no”, asegura. “A diferencia de ellos, nosotros sabemos que nuestros derechos son mucho más importantes”.

Siguiendo la estela de la chispa encendida por la secundaria, la Universidad ha tomado una vez más la iniciativa de unas protestas que, sin embargo, los estudiantes destacan como “transversal” y “horizontal”.

“Lo que se está viendo ahora es un solo pueblo unido y no dividido por distintas consignas e ideas. La gente por primera vez se ha unido por un Chile mejor”, comenta Camila, estudiante de periodismo de cuarto año en la Universidad Alberto Hurtado, uno de los centros neurálgicos de las concentraciones. “Los estudiantes, los jóvenes, nos manifestamos muchas veces de forma pacífica, como durante La Revolución Pingüina de 2006 y 2011, y ahora todo ha estallado. Ya no tenemos miedo”, añade.

La Universidad Alberto Hurtado permaneció abierta desde el viernes del estallido hasta el lunes 28 de octubre con la única finalidad de acoger asambleas de estudiantes, dada la inseguridad en los lugares habituales de concentración.

Los estudiantes, tanto universitarios como de secundaria, han celebrado marchas multitudinarias como la que el pasado lunes exigía que la educación “deje de ser un bien de consumo” en el país. “En la Universidad chilena existe un modelo de Estado subsidiario que se arrastra desde la dictadura en el que se entregan recursos al sector privado para garantizar derechos”, señala Emilia Schneider, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

“Lo que se está exigiendo por parte de los y las universitarias es el fin a esta lógica en la educación y las transformaciones que sean necesarias, entre las cuales está la condonación total de los créditos a los estudios y que esos recursos vayan a las universidades para fortalecerlas y ampliar sus estructuras”, comenta Schneider. “No podemos volver a la normalidad, no puede haber marcha atrás. En este proceso hay que tener claro que lo importante es ganar, avanzar en transformaciones y conquistar dignidad para conseguir un país más justo y con más derechos”, defiende.

En otra de las universidades con mayor actividad durante las semanas de revuelta, la Católica de Chile, estudia Catalina (20), también estudiante de Periodismo, y creadora de mioctubre.cl, un blog surgido tras el estallido de las protestas con el objetivo de recopilar testimonios, relatos y experiencias de los jóvenes que han formado parte del movimiento.

“La idea surge de una necesidad personal que yo tenía de escribir para recordar, para que no se me olvidará nunca lo que pasó. Tengo muchas imágenes pegadas en mi retina: militares disparando, tanquetas en las calles, gritos, gente corriendo y herida...cosas que jamás pensé que fuera vivir en mi país en 2019”, cuenta Catalina. “Me di cuenta que muchos compañeros también tenían esa inquietud. La idea es humanizar más aún lo que está pasando, y desde la reflexión individual armar un relato colectivo”, comenta.

Periodismo estudiantil contra medios convencionales

Catalina enlaza su iniciativa con la defensa de un movimiento universitario fuerte y comprometido con las transformaciones, a su juicio, necesarias para el país. “En esta ocasión la universidad no ha sido la que ha iniciado las protestas, pero lo que sí ha hecho es permitir espacios de discusión y facilitar encuentros dónde reflexionar cómo podemos ser agentes de cambio y qué podemos poner nosotros al servicio de la comunidad”, sostiene.

Una parte de esa función como “agentes de cambio” tiene que ver con la labor de “encauzar todas las conversaciones que se están dando en las asambleas y cabildos ciudadanos”, fundamentalmente las relacionadas con la reflexión en torno a “la principal causa común”: una nueva constitución.

“La Universidad, y los expertos que forman parte de ella, están teniendo la función de explicar a todos los alumnos y ciudadanos que lo necesiten los principales conceptos clave en este proceso, como qué es una Asamblea Constituyente o qué implicaría esta nueva constitución: hacer esas cuestiones accesibles a todo el mundo para que sean partícipes”, afirma Catalina.

La otra gran función de la iniciativa de esta estudiante tiene que ver con la desconexión entre los medios de comunicación y la realidad social del país que denuncian estos estudiantes. “Ante unos medios, sobre todo una televisión, que no mostraban lo que ocurría sino solo una parte, la de los saqueos e incendios, empezamos a ver formas de aportar como periodistas con información real y verídica porque no se estaba contando toda la verdad”, señala.

En esta línea se enmarca también el surgimiento de la plataforma REI Chile, un medio independiente creado por alumnos de periodismo y audiovisuales de diferentes universidades de todo el país durante las horas posteriores al estallido de las protestas con el objetivo de dar visibilidad a través de las redes sociales a una realidad que, según denuncian sus responsables, no se estaba mostrando en los medios.

“Los medios tradicionales se dedicaron exclusivamente a transmitir incendios y saqueos, hechos que ocurrieron, y que son condenables, pero también estaban ocurriendo violaciones de derechos humanos que no estaban saliendo en la tele y en ese momento las redes sociales explotaron”, cuenta Tomás Basaure (22), estudiante de Periodismo en la Católica de Chile y uno de los fundadores del proyecto.

“Los jóvenes periodistas nos planteamos qué podíamos hacer para entregar información de calidad a la gente que ahora mismo la necesita”, explica Basaure. “Para ello nos juntamos un grupo de en torno a 150 personas que nos dividimos para cubrir los diferentes puntos críticos y enviar todo el material a la edición, donde contábamos con un equipo de fact checking y profesores que nos dieron apoyo en el tratamiento de determinados temas”, añade.

Este estudiante señala que con un teléfono al alcance de la mano se puede ver lo que está sucediendo en el país. “Eso es lo que compite directamente con lo que se está mostrando en otros medios y lo que marca la diferencia esta vez”, señala Basaure. “Todos sabemos que durante la dictadura la televisión sirvió como una legitimación del gobierno de Pinochet, hoy es mucho más fácil rebatir lo que pasó o aportar otras visiones u otros hechos que también están ocurriendo”, añade.

“Creo que es nuestro turno de enseñarle a nuestros papás y abuelos que esta es la democracia, que ya no pueden hacernos más daño del que nos hicieron. Intentar darles el coraje que tenemos nosotros. Somos la primera generación que hemos podido tener estudios superiores, un acceso a la información que ellos no tuvieron por lo salvaje que era, y es, el neoliberalismo en Chile”, explica. Basaure. “Tenemos un punto en común, que es salvar la democracia, nosotros la que tenemos desde siempre y ellos la que tanto les costó recuperar en su momento”.