El cierre total decretado con el estado de alarma para frenar la expansión de la COVID19 puso a prueba los recursos psicológicos con los que contamos todos y cada uno de nosotros para adaptarnos a esto que llamaron la nueva normalidad.  

Los traumas de estrés y tensión aparecieron primero entre el colectivo sanitario, testigos en primera fila de la gravedad de la enfermedad y de su rápida expansión. Pero con el cierre total comenzó un verdadero calvario para la mayor parte de la población que ya arrastraba problemas previos de salud mental. A ellos, comenzaron a sumarse muchísimas personas que hasta entonces no habían atravesado episodios destacables. Apareció el insomnio, el estrés, la ansiedad, la depresión, las fobias. 

La reacción de los servicios públicos de salud mental fue rápida, pero su alcance era y es muy limitado. Se evidenció hasta qué punto la administración ha abandonado esta rama de la salud pública y sus graves consecuencias sobre la ciudadanía. Casi un año después, el impacto emocional y psicológico es muy profundo y sigue ahí.

Desde el 15 de marzo hasta el 2 de mayo de 2020 los españoles vivimos un encierro domiciliario forzoso para frenar los contagios de COVID19. Sólo podíamos salir a la calle para comprar comida, tirar la basura, ir a la farmacia o acudir a un centro médico. Este encierro nos permitió experimentar cómo están hechas nuestras viviendas, cómo se distribuyen y qué se puede hacer en ellas.

Cuando llegó la desescalada y pudimos salir por turnos, ocurrió lo mismo con el espacio público. En algunas ciudades tuvieron que cerrar al tráfico calles y avenidas para que los peatones pudieran mantener la distancia de seguridad. Desde ese momento, comenzamos a percibir con otros ojos cómo era realmente la trama urbana del sitio que habitamos.

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Entre los meses de abril, mayo y junio del año 2020 más de tres millones de trabajadores cuya función no se consideró esencial fueron enviados a sus casas con motivo del estado de alarma y el confinamiento obligatorio decretado para frenar la pandemia de COVID19. Más del 80 por ciento de las empresas aumentó el teletrabajo en ese periodo.

Las herramientas que ofrece Internet posibilitó que la actividad económica no se detuviera por completo, pero los colegios también estaban cerrados. Así que muchas personas se vieron intentando desarrollar una jornada laboral al mismo tiempo que cuidaban o atendían a sus hijos pequeños. 

El teletrabajo abre un enorme campo para la transformación social y económica pero, a la vez, la experiencia de la pasada primavera acentuó los graves problemas de conciliación que ya arrastrábamos antes de la llegada de la pandemia.  

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El chabolismo es consustancial a prácticamente todas las grandes ciudades de la geografía española y su erradicación no se ha conseguido todavía en casi ninguna. La complejidad de este tipo de intervenciones en un contexto de carencia de vivienda pública o social, unido a la merma de los servicios sociales públicos, dificulta el éxito en este tipo de operaciones, aunque todos los expertos consultados para este reportaje señalan de forma categórica que es posible erradicar asentamientos con cierto éxito. Pero para ello, se requieren una serie de requisitos previos que, en todo caso, vienen precedidos de un minucioso trabajo enfocado en el largo plazo y con una atención individualizada, familia por familia. 

En el caso de la ciudad de Sevilla permanece el asentamiento de El Vacie, surgido en los años 30 del pasado siglo y que en numerosos estudios figura con el más antiguo de Europa. Formado por más de un centenar de familias y situado en la zona norte del núcleo urbano, es el último reducto en el que se trabaja actualmente para su desmantelamiento. Las reservas con las que las entidades implicadas responden al ser preguntadas por el estado de esta operación, dan a entender que este trabajo de coordinación está siendo, efectivamente, estrechamente coordinado y manejado con cautela para conseguir un relativo éxito tras más de 80 años de fracasos. De momento, es uno de los compromisos expresados en varias ocasiones por el alcalde de la ciudad, Juan Espadas (PSOE).

Pero ¿cómo se desmantela un asentamiento chabolista? ¿Cuáles son las estrategias a seguir para evitar que la demolición de las chabolas signifique su reproducción en otra zona de la ciudad o traslado a otro tipo de chabolismo, el vertical, en los barrios más degradados de la población? Desgraciadamente, Sevilla ha vivido experiencias negativas en estos procesos, como el bochornoso desalojo de los Bermejales, en 2001, cuando una promotora contratada por el Ayuntamiento dio 42.000 euros en bolsas de plástico a cada familia para que se marcharan de esos terrenos privados. Pero también existe el caso de San Diego, en Pino Montano, donde una planificación y el trabajo social previo, dotado además con los recursos suficientes, dio sus frutos.  

“Nos empeñamos en que cambien su vida sin cambiar su entorno”. Macarena Olid, Asociación Pro Derechos Humanos

El motivo detrás del desalojo, la clave

Según un estudio de Francisco José Torres, del departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide, recogido en la publicación Hábitat y Sociedad, los procedimientos para llevar a cabo estas iniciativas han sido muy diferentes a lo largo del tiempo en Sevilla. La clave, señala este análisis, está en el objetivo que se persigue con el desmantelamiento de las chabolas: dignificar la vida de sus moradores e integrarlos con el resto de los vecinos, o liberar el suelo en el que se ubican estas infraviviendas para poder acometer rentables operaciones urbanísticas, sin un asomo de políticas o estrategias previas de integración o realojo. 

Macarena Olid, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), y con experiencia en el trabajo con chabolistas, explica que el acompañamiento individual a cada familia es fundamental. Existen dos formas de erradicar un asentamiento chabolista, la primera consiste en empezar el trabajo desde el asentamiento, algo fundamental pero que no debe ser condicionante para el cambio de vivienda, según explica Olid. “Nos empeñamos en que cambien su vida sin cambiar su entorno”, dice. La otra manera es trabajar desde que se produce el acceso a la vivienda, pero esta fórmula choca con una realidad: la falta de suficiente vivienda pública o social.

El acceso a la vivienda social es imposible para un chabolista  

En este sentido, el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Sevilla, José Luis Sarasola, advierte de que el acceso a la vivienda protegida para las poblaciones en riesgo, sin cotización a la seguridad social, sin formación o medios de vida, es imposible por los umbrales de renta o garantías económicas que se exigen para optar en la actualidad a una VPO. “No sólo es necesaria más vivienda social, sino que tenga otras condiciones de acceso, porque las actuales sacan del cupo a los que menos tienen”, asegura Sarasola. 

El cualquier caso, debe haber un acompañamiento previo, in situ, “no impuesto”, y un posterior seguimiento cuando se ha producido el traslado a la vivienda. En este proceso de acompañamiento se fijan una serie de objetivos básicos como reducir el absentismo escolar y trabajar el ámbito de la salud –la esperanza de vida de los habitantes de estos asentamientos es menor a la media del resto de vecinos de la ciudad, según coinciden Olid y Sarasola–. 

Para ello, se precisa la coordinación de los servicios sociales del Ayuntamiento, con el sistema sanitario y educativo –dependiente del Gobierno autonómico–, y las entidades humanitarias que trabajan sobre el terreno. “Es un trabajo de hormiguita”, ilustra esta trabajadora de la APDHA, que recuerda que lo fundamental para poder empezar todo el proceso es dignificar las condiciones de vida. Así, los centros médicos de atención primaria próximos al asentamiento deben hacer un trabajo de información y educación en calle, para que los vecinos de los asentamientos utilicen estos servicios y lo mismo ocurre con los colegios públicos.

Al mismo tiempo, se debe facilitar a esta población la adquisición de habilidades sociales, parentales, para el empleo y de formación. Este trabajo se enfoca para el tránsito a una vivienda, si bien, las circunstancias de una chabola impiden muchas veces conseguir estos objetivos que se posponen al momento del realojo. 

“No sólo es necesaria más vivienda social, sino que tenga otras condiciones de acceso, porque las actuales sacan del cupo a los que menos tienen” José Luis Sarasola, Colegio de Trabajadores Sociales de Sevilla

La integración en los barrios de destino

En paralelo, se debe trabajar la integración de estos nuevos vecinos en los barrios de destino. José Luis Sarasola, que también es Doctor en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, señala que en este sentido ha jugado y juega un importante papel la escolarización de los menores chabolistas en los centros educativos del entorno. También la intervención de los servicios sociales para tramitar las ayudas a las que tienen derecho por sus circunstancias, como el salario mínimo vital, las rentas mínimas de inserción o pensiones no contributivas. 

En cuanto a los distritos o barrios de destino, se debe llevar a cabo un trabajo minucioso y discreto para evitar el rechazo de sus habitantes. Este cometido se realiza a través de las entidades sociales de los barrios –peñas y otras asociaciones locales–. Este cometido lo suelen realizar las trabajadoras sociales de las Áreas Básicas de Servicios Sociales, dependientes del Ayuntamiento. En Sevilla existen 12 Centros de Servicios Sociales con un presupuesto próximo a los 2,34 millones de euros para cuatro años de trabajo, según las cifras facilitadas por Sarasola.  

El realojo y la integración no sólo consiste en facilitar una vivienda a quien vive en una chabola, también es necesario facilitar fórmulas económicas para que puedan mantener ese cambio de vida en lo relacionado con la salud, con la educación o la convivencia. 

El modelo del caso de San Diego

Entre 1997 y 1998 tuvo lugar el realojo del asentamiento chabolista de San Diego, en el barrio de Pinto Montano. Una operación que se saldó con cierto éxito debido a que las viviendas en las que se alojaron se construyeron casi en el mismo emplazamiento donde residían. “No se cambió su entorno, sino que se dignificó, y esa fue la clave”, destaca Macarena Olid. En ese análisis coincide el estudio de Torres Gutiérrez. 

Se asignaron viviendas unifamiliares de propiedad municipal en régimen de alquiler a cada una de las familias. La Junta de Andalucía financió estos inmuebles. La erradicación se produjo mediante un proceso ordenado en varias fases entre 1997 y 1998. A medida que se construían las viviendas, se ponían en marcha, de forma paralela, las distintas fases de desalojo–realojo. Además hubo un trabajo previo de fortalecimiento de vínculos entre los vecindarios colindantes (de San Diego y de Los Carteros) y la población del núcleo chabolista, fundamentalmente de etnia gitana. Este trabajo previo se desarrolló durante dos décadas, según el informe de este académico, y sirvió para conocer e integrar a algunas familias gitanas que se asentaban en las chabolas.  

Perdigones y Bermejales, “peor imposible”

En verano de 2004, la portada de un periódico local de Sevilla, El Correo de Andalucía, publicaba a toda página una foto de un chabolista sonriente con un fajo de billetes. En las páginas interiores, se repetían las imágenes. El Ayuntamiento contrató a una promotora que repartió ese dinero entre los habitantes del poblado chabolista con la condición de que se fueran de allí. Supuestamente, el requisito para cobrar ese dinero establecía que cada familia debía adquirir una vivienda pero nunca en el Polígono Sur. 

Cada familia recibió 42.000 euros, y nunca más se supo porque no había previsto un plan de seguimiento, orientación o acompañamiento. Muchos de ellos acabaron, como era esperable, en algunos barrios del Polígono Sur, lo que originó graves problemas de convivencia en una zona ya muy castigada por la exclusión social. Posteriormente, en esos suelos de los Bermejales se construyeron 1.700 pisos. 

Tres años antes, en 2001, en el espacio situado en la calle Resolana bajo la torre de los Perdigones, se desalojaron a 38 familias de un asentamiento que llevaba allí dos décadas. La constructora Prasa levantó allí un conjunto residencial y una amplia zona verde, en una parcela muy próxima al río. Todo ello supuso una inmediata recalificación ambiental de aquel sector de la ronda histórica y de las instalaciones universitarias que lo rodean.

A estas familias también se les entregó un sobre con 42.000 euros, y se repartieron por el resto de la ciudad. A la mayoría, se les facilitó el acceso a una vivienda social y hubo algunos casos de acompañamiento social, pero la falta de criterios a la hora de planificar los realojos supuso el principal problema. El Informe Espacial del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la materia, elaborado en 2005, relata que varios de los chabolistas de los Perdigones se fueron al Polígono Sur, donde compraron viviendas no regularizadas. Otros se fueron a una urbanización en Alcalá de Guadaira, y del resto no se sabe dónde terminaron. 

Con el decreto del estado de alarma en marzo de 2020 llegó el cierre de los colegios, institutos y universidades. A los pocos días, los centros siguieron conectados con su alumnado a través de Internet. Se reveló entonces la enorme brecha digital que existe en nuestra sociedad y que no es más que la expresión de una brecha más difícil de sellar: la brecha social. Con la desaparición de la escuela como espacio físico, el ascensor social que representa el sistema educativo público se detiene, y esa puede ser una de las consecuencias más profundas, a largo plazo de esta pandemia. 

Al mismo tiempo, esta transformación de la escuela hacia un modelo híbrido puede suponer un revulsivo para actualizar nuestro sistema educativo y adaptarlo al siglo XXI. 

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Pocas semanas antes del estado de alarma del pasado mes de marzo, un maker de Granada descubrió una web, coronavirusmakers.org, en la que se organizaban grupos de trabajo divididos por proyectos y conocimientos. Este maker consiguió reunir a un grupo de 40 personas con impresoras 3D repartidas en la Andalucía rural y se organizaron para fabricar viseras protectoras y otros objetos útiles para prevenir contagios. Abastecieron a las poblaciones del interior, donde el acceso a estos recursos es más lento que en las capitales. En Sevilla surgió y creció rápidamente la Red de Apoyo Mutuo Ramuca, que empezó haciendo recados a las personas mayores y terminó reuniendo donaciones para comprar comida a las familias cuyas economías de subsistencia se vieron destrozadas por la prohibición de salir a la calle. El primer episodio del podcast Año20 se centra en la movilización espontánea de la sociedad civil cuando se decretó el confinamiento severo, en marzo de 2020. 

El nuevo rector de la Universidad Pablo de Olavide será el catedrático de Derecho Civil, Francisco Oliva Blázquez, cuya candidatura se ha impuesto en las elecciones celebradas este jueves a la de su rival, el catedrático de Antropología Social, Esteban Ruiz Ballesteros. En unos comicios muy reñidos, cuyos resultados se han conocido cerca de la media noche, Oliva ha obtenido el 54,6% de los votos ponderados, con el 95% de las papeletas contabilizadas en un escrutinio donde el grupo C, que engloba a los estudiantes, inclinó la balanza a su favor debido al peso de sus votos aunque sólo votaron 7,44%. El colectivo más participativo ha sido el de los profesores con vinculación permanente, el grupo A, con el 84% de participación y, entre este colectivo, el ganador -por poco- fue Ruiz Ballesteros. 

En los días precedentes a estas elecciones a Rector de la UPO ya se adivinaba lo ajustado de los apoyos de una y otra candidatura, según indicaron desde ambos equipos de campaña. Finalmente, el abrumador respaldo recibido por la candidatura de Oliva entre el colectivo de los estudiantes, cuyo cupo es del 25% en la ponderación del voto, ha sido definitivo. Siete de cada diez estudiantes dieron su apoyo al Catedrático de Derecho Civil. 

El Consejo de Estudiantes, en el centro de la polémica

Este respaldo por parte de los estudiantes al candidato finalmente ganador estuvo precedido de cierta polémica protagonizada por el Consejo de Estudiantes de la UPO, el CEUPO. Un órgano de representación que ha sido criticado en redes y otros foros por falta de neutralidad en este proceso electoral. El CEUPO organizó un debate electoral a unos días de las elecciones entre ambos candidatos, y el cartel con el que ilustraron este evento ya suscitó alguna suspicacia entre algunos miembros de la comunidad universitaria por beneficiar, supuestamente, la imagen pública de Oliva frente a la de Ballesteros. 

El comportamiento del CEUPO en este proceso ha cobrado protagonismo por lo que algunos han percibido como “juego sucio” hasta el mismo día de reflexión. El pasado miércoles, un día antes de las elecciones, en su cuenta de Twitter, este órgano de representación publicó un gráfico comparando las propuestas dirigidas al estudiantado de ambas candidaturas. Siguiendo el código cromático de un semáforo, la plataforma de Ruiz Ballesteros sale claramente perjudicada en cuanto a las iniciativas relacionadas con las demandas estudiantiles en su programa electoral.  

El subdelegado del Consejo de Estudiantes, Francisco Márquez, desmintió este extremo en conversación con este periódico: “No supone una falta de neutralidad porque es información recogida en los programas. Ni siquiera se hace valoración, solo se hace una escala de si nuestras reivindicaciones se mencionan o no dentro del programa de los candidatos. Solo es información”.  

Estas explicaciones no convencen a los partidarios de Ruiz Ballesteros, que consideran que el CEUPO ha estado con la otra candidatura “desde el minuto cero”. “Se posicionaron y estuvieron pidiendo el voto, y buscando alumnos debajo de las piedras, y se vio a alumnos llegar con las papeletas en la mano”, relatan. Esas mismas fuentes achacan esta estrategia a la empresa contratada por el equipo de Francisco Oliva para esta campaña. 

Se trata de una consultora de comunicación política dirigida por un ex alumno de la UPO, y que en su día perteneció al Consejo de Estudiantes. “Es la misma que sacó a la rectora de la Universidad de Huelva, por el PAS y estudiantes”, comentan desde la plataforma de Ballesteros. El responsable de la compañía y portavoz de la candidatura ganadora en la UPO, Raúl Moreno, no quiso confirmar este extremo en conversación con este periódico: “No nos vamos a meter en ningún tipo de polémica sin sentido y estéril, creemos que no procede ni tiene pies ni cabeza”, declaró. 

Moreno incide en que toda su campaña electoral ha cumplido los códigos deontológicos y lamenta que la candidatura perdedora “no se dé cuenta de la realidad abrumadora de que te ganen por 10 puntos”.  

En las elecciones a rector o rectora, la Universidad Pablo de Olavide entrega 3.000 euros para los gastos inherentes a la campaña electoral. En el caso de la candidatura de Francisco Oliva, optó por externalizar esta función en una empresa especializada. La candidatura de Ruiz Ballesteros, no y esta función fue desarrollada por los miembros de la candidatura.  

Una gestión marcada por el reto de la COVID19

Como ocurrió el pasado martes en la Universidad de Sevilla, el proceso electoral celebrado este jueves en la UPO debió haberse llevado a cabo el pasado mes de abril, pero el estado de alarma decretado en marzo por la COVID19 obligó a posponerlo hasta este mes de noviembre. Sin embargo, a pesar de los meses transcurridos, las amenazas que representa la pandemia siguen presentes en la gestión del día a día de una comunidad universitaria que engloba a 12.185 personas entre estudiantes (10.589); profesores con vinculación permanente a la UPO (474); docentes sin vinculación permanente (658); y personal de administración y servicios (464).  

Esta circunstancia se refleja en los programas electorales con los que han concurrido ambos candidatos. Las medidas de confinamiento han obligado a redefinir la metodología de las clases, algo en lo que en su momento la UPO supo adaptarse sin grandes contratiempos el pasado mes de marzo. El tamaño y la tradición de esta universidad la situaban en una posición favorable para esta adaptación apresurada, según explicaron entonces a este periódico fuentes de su equipo docente. Ahora, y durante todo este curso, esta circunstancia atraviesa de raíz casi cualquier ámbito a la hora de hablar de la universidad. 

En su programa de gobierno, Francisco Oliva ha puesto el énfasis en “la innovación, la cogobernanza y la transformación de la UPO proactiva en el desarrollo social”, según señalan desde su equipo de campaña. Otro eje de su proyecto pasa por desburocratizar la actividad investigadora que actualmente, aseguran, lleva a la parálisis. La consolidación y promoción de la plantilla del profesorado y del personal de administración y servicios son también dos metas prometidas por Oliva. En la actualidad, en la UPO el número de profesores con vinculación permanente es inferior al de profesores no permanentes. 

Pugna por los fondos europeos para la transformación digital

Otra gran apuesta es la transformación digital de la Universidad, algo para lo que ya cuenta con “buenos mimbres”, describen desde su equipo de comunicación. Si bien, advierten: “no hay que conformarse con esa situación de ventaja, es necesario hacer bien los deberes para liderar la candidatura a recibir los fondos europeos que se van a destinar a ese fin. Tenemos que presentar proyectos de excelencia y sostenibles”, insisten.

En cuanto a la oferta académica, el nuevo rector quiere apostar la singularización de los títulos de la UPO, con grados abiertos que a través de itinerarios cruzados permitan conectar titulaciones entre sí y modular la formación, procurando una mayor especialización. 

La Universidad Pablo de Olavide nació hace 23 años con una singularidad: la oferta de unos títulos que no existían en ese momento, con un modelo docente innovador y un sistema de investigación igualmente moderno para entonces. Renovar el sentimiento de orgullo de pertenencia a esta universidad es algo que ambas candidaturas recogían entre sus objetivos, así como recuperar la perspectiva social de la UPO. 

El catedrático de Química Inorgánica Miguel Ángel Castro ha obtenido el respaldo del 69,3% de los votos emitidos por el Claustro de la Universidad de Sevilla para seguir siendo rector durante otros cuatro años. Pasadas las ocho de la tarde de este martes, la Universidad de Sevilla informaba del resultado de una votación que ha tenido una participación del 86% de los claustrales, un órgano compuesto por 303 miembros. En total, han contabilizado 251 votos, de los que 174 respaldaron la candidatura de Castro, hubo 68 votos en blanco y 9 votos nulos. Un resultado que se queda ligeramente por debajo de los obtenidos en su primer mandato, en 2012 (196 votos). Si se descuentan los votos nulos, el respaldo a la candidatura del rector se eleva ligeramente hasta el 72% de los votos válidos emitidos.

La de Castro ha sido la única candidatura que se ha presentado en estas elecciones que, finalmente, han podido celebrarse este martes tras sufrir un aplazamiento respecto a la fecha prevista -el pasado 19 de marzo-, con motivo del estado de alarma decretado por la COVID-19. Precisamente el impacto de la pandemia en la comunidad universitaria será uno de los mayores retos que deba afrontar su rector en su segundo y último mandato al frente de una institución con 4.225 docentes, más de 70.900 alumnos y 2.730 trabajadores de administración y servicios.

Voto indirecto

A diferencia de la Universidad Pablo de Olavide, que también celebra elecciones esta semana, en la Universidad de Sevilla el voto no es universal, sino que es un claustro compuesto por 303 miembros el que tiene derecho a voto para elegir al rector o rectora. La Universidad de Sevilla es la única universidad pública andaluza que sigue esta modalidad de voto indirecto, a través de personas interpuestas. Esta circunstancia genera rechazo en buena parte del cuerpo docente, que critica el anacronismo de este tipo de sistema electoral “por cooptación” de un claustro que consideran controlado por parte de la actual jerarquía de la US.    

Los 303 miembros del claustro lo forman 153 docentes del grupo A (doctores); 30 docentes del grupo B; 93 estudiantes y 24 miembros en representación del personal de administración y servicios (PAS). 

Dos nuevas cátedras y más participación estudiantil

En su programa para los próximos cuatro años, Castro ha incluido parte de las iniciativas de los centros con los que se ha reunido a lo largo de su campaña. Así, se propone iniciar el estudio del catálogo de títulos para ampliarlos o adaptarlos a la coyuntura actual, si bien se trata de un proceso largo que probablemente no vea terminado. También se ha comprometido a incluir dos cátedras nuevas, una de Género y otra de Divulgación Científica. Asimismo, el rector ha propuesto reforzar el respaldo a los investigadores mediante la creación de oficinas de apoyo en los distintos campus. Fomentar la participación estudiantil en la vida universitaria, tradicionalmente baja, y apostar por la internacionalización de la universidad son otras de sus promesas. En cuanto al balance de su gestión en su primer mandato, fuentes de su candidatura lo califican de satisfactorio al haber puesto en marcha todos los puntos de su propuesta anterior y haber dado cumplimiento al 90% de su programa. 

Entre las cuestiones destacadas en este sentido, señalan la digitalización de procesos o las medidas de conciliación puestas en marcha a raíz de la COVID19.  Y ese es el principal reto, a corto plazo, en la gestión de la Universidad de Sevilla. Una circunstancia que se evidencia en la misma semana en que la Junta de Andalucía ha decretado el cierre de las clases en todas las universidades andaluzas con excepciones para las modalidades prácticas. Una gestión que debe enfocarse a paliar las brechas preexistentes entre el alumnado y superar los obstáculos a la calidad de la enseñanza que representan las clasesonline. 

Críticas a un sistema “clientelar”

Para las voces críticas con la cúpula, en cambio, la pandemia ha descubierto todas las costuras de la Universidad. “No prepara lo suficientemente al estudiante para el mercado laboral, el nivel del profesorado es muy mejorable, existen titulaciones absurdas…” comenta un profesor con cátedra que prefiere no ser identificado. Este catedrático califica de defectuosa la calidad de la enseñanza y del nivel medio de los profesores asociados, de los que, lamenta, se está llenando la US. 

Esta opinión sobre el sistema “clientelar” que rige en la dirección de la Universidad de Sevilla coincide con la visión de otros centros tradicionalmente alejados o independientes de las políticas y dinámicas del Rectorado. Fuentes consultadas en la Escuela de Ingenieros de la US confirman que la estrategia del rectorado desde hace una década se caracteriza por premiar o mimar a los miembros del claustro que luego tendrán que votar al rector o rectora y comparan las campañas al puesto de rector con las inercias en las que incurre la carrera de un político. 

Hace ocho años, en 2012, un total de 124 claustrales de la Universidad de Sevilla registraron una iniciativa en la que solicitaban la vuelta al sistema de votación por sufragio universal en las elecciones a rector. Esta iniciativa, que aglutinó a más de un tercio del claustro -con 90 firmas más de las necesarias para promover una modificación estatutaria-, dio origen a un proceso “para determinar qué quería la comunidad universitaria”, recuerdan fuentes del equipo de campaña de Castro. Y así, se llegó a la decisión de acompasar el mandato del claustro con el mandato del rector, pero el voto universal no fructificó, porque el propio claustro, que votó esta iniciativa, la rechazó. 

Este “anacronismo” en el sistema de elección, según lo define Adela Muñoz, candidata a las elecciones a Rector en 2015, explica la no concurrencia de más candidaturas y la concatenación de rectores que han ido emergiendo del equipo rectoral anterior desde hace más de diez años. No obstante, Muñoz, catedrática de Química Inorgánica, apuesta por aunar fuerzas en un momento como el actual, caracterizado por una gestión muy compleja a causa de la pandemia. 

“Normalmente sería muy, muy crítica con el rector actual, pero él mismo acaba de padecer la enfermedad sin apenas ausentarse y está en el difícil equilibrio de mantener la institución lo más activa posible y a la vez preservar la salud de sus miembros. Casi cualquier decisión que toma en relación con la actual situación es muy criticada, pero si yo me intento poner en su papel, quizás ahora no haría las cosas muy distintas”, explica Muñoz, quien no obstante, incide en su rechazo al sistema de elección: “no beneficia la necesaria alternancia en el poder, y termina siendo un lastre para el avance de la institución”, indica en declaraciones a este periódico. 

Quién es quién en la cúpula de la US

Si se revisa quién es quién en la directiva de la Universidad de Sevilla, ante las acusaciones de “endogamia” y “continuismo”, se puede observar que el propio Miguel Ángel Castro, antes de llegar a ser rector, ocupaba el cargo de Vicerrector de Ordenación Académica durante el rectorado de Antonio Ramírez de Arellano, que en 2015 dejó su cargo al ser nombrado consejero de la Junta de Andalucía bajo la presidencia de la socialista Susana Díaz. Ramírez de Arellano, a su vez, antes de ser elegido rector, ejercía como Vicerrector de Infraestructuras bajo el mandato de su antecesor, Joaquín Luque.  

En esta campaña, a diferencia de la que le llevó al cargo en 2016, Castro se ha presentado sin equipo y formará su gobierno una vez revalidado en el cargo. Desde su candidatura no han sabido explicar el motivo. 

Este lunes, en torno a 10.000 universitarios han comenzado este atípico curso académico en la Universidad Pablo de Olavide. Dos semanas después lo harán los matriculados en la Universidad de Sevilla, donde aún no ha terminado el plazo de inscripción pero que el pasado año académico contó con 70.900. La gran mayoría de las facultades de ambas universidades arrancará con la modalidad semipresencial, y los criterios de asistencia y rotatoria están por definir en cada centro, pero para aquellos estudiantes con menos recursos, tanto la UPO como la US facilitarán el equipo informático necesario para que la brecha digital no sea un obstáculo a la hora de seguir las clases. Además, los estudiantes de primer curso tendrán prioridad a la hora de asistir físicamente a las aulas.

Las universidades han tenido que adaptar su funcionamiento y organización a las medidas de seguridad impuestas desde el Ministerio de Sanidad y la Junta de Andalucía en un curso académico marcado por la distancia física que impone la pandemia de la COVID19. En junio, las instrucciones establecían que los alumnos podían estar en el aula con mascarilla. Pero las últimas directrices dictadas por el Ministerio de Sanidad en este mes de septiembre han reforzado estos requisitos y, además del uso obligatorio de la mascarilla, también se hace imprescindible la distancia física de un metro y medio entre las personas. “Nosotros teníamos organizado el modelo en función de las instrucciones de junio, pero ahora las medidas son más estrictas, y nos ha obligado a volver a medir las aulas y volver a reasignarlas”, explican desde la UPO.

Así, han planificado el curso en función de tres escenarios. El de presencialidad total, el de semipresencialidad y el cierre total de las aulas. La presencialidad total (Escenario 0) en principio está pensada para titulaciones en las que la ratio de alumnos es más baja y la dimensión de las instalaciones permite mantener la distancia de seguridad, como es el caso de Ingeniería de la Edificación de la US, donde se están planteando esta posibilidad. Lo mismo ocurre en la UPO en aquellas asignaturas más prácticas en las que el número de estudiantes puede ser alojado en las instalaciones disponibles manteniendo la distancia física impuesta. 

El segundo escenario, el A, consiste en una menor actividad académica presencial o, como lo llaman ya, semipresencial. Y es el modo en el que va a arrancar el curso, tanto en la US como en la UPO, de forma mayoritaria. Un grupo de alumnos asiste físicamente a la clase por turnos rotatorios y el resto la sigue por streaming. Cada facultad tiene autonomía para organizar esta semipresencialidad, cuyos detalles debe luego publicar en su página web. 

En el caso de la Universidad de Sevilla, explican que están a la espera de recibir estos planes para poder crear un espacio unificado en su portal de Internet donde consultar la planificación de cada facultad y de cada grado.  

En la Pablo de Olavide, igualmente, cada facultad decidirá el criterio de asistencia de sus alumnos a la sede física, aunque existen unas pautas generales en función del aforo de las instalaciones. Las enseñanzas básicas, con asignaturas de carácter más teórico y con un mayor número de alumnos matriculados, se impartirán principalmente de forma semipresencial y online; y las EPD (enseñanzas prácticas y de desarrollo), se harán de forma presencial. 

Según explican desde la UPO, existen grados en los que todos los alumnos de una EPD tienen cabida en el aula. Y para aquellos casos en los que no es posible, se ha previsto el seguimiento por streaming de las clases desde otro aula de la facultad o desde su domicilio. De todos modos, advierten que el desarrollo de la pandemia puede modificar todos estos escenarios, previsiones y planificaciones.  

Sistema de ayudas sociales para equipamiento informático 

La experiencia vivida en el último trimestre del pasado curso, cuando el confinamiento fue total, llevó a ambas universidades a facilitar equipamiento informático a aquellos estudiantes con menos recursos para que no se quedasen atrás. Estas ayudas se reeditarán en este nuevo año académico, según consta en sus respectivos planes de actuación y protocolos. En los próximos días, la UPO aprobará el Plan que contiene estas ayudas sociales, que será similar al que puso en marcha durante el confinamiento del último trimestre del pasado año. Lo mismo ocurrirá en la US, donde se publicará una convocatoria en la que se recogerán los requisitos para solicitar estos medios. 

Preguntadas ambas universidades por los fondos extraordinarios que deberán emplear para sufragar estas actuaciones necesarias para empezar el curso, desde la UPO detallan que aún sin contar con una evaluación final de todas las necesidades, estiman en 1,5 millones de euros el presupuesto necesario para infraestructura tecnológica para aulas de docencia, ampliación de limpieza y desinfección, mantenimiento deaires acondicionados o material de protección COVID19, entre otras partidas. La Universidad de Sevilla no ha podido facilitar aún la cifra que estima necesitará.

Andalucía, a la cola en el reparto de fondos para la universidad

El pasado mes de julio, el Gobierno central acordó destinar 2.000 millones de euros a educación, de los que 383,85 millones corresponden a Andalucía y que se repartirían en un 80% para la enseñanza no superior (más de 307 millones) y un 20% para la educación superior (76,77 millones). Pero a fecha 18 de septiembre, a dos días de empezar el curso en la Pablo de Olavide, y dos semanas para que lo haga en la Universidad de Sevilla, el Gobierno de la Junta de Andalucía no ha establecido los criterios ni ha hecho la distribución de ese dinero, a diferencia de lo que sí han hecho ya otros gobiernos autonómicos, según han denunciado este viernes los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas. 

Estos fondos deben ejecutarse antes de que finalice este año e irían destinados a atender las necesidades sobrevenidas por la actual situación de crisis sanitaria y los cambios que ésta ha impuesto en la organización diaria de las instituciones académicas. 

Las universidades públicas andaluzas han emitido este viernes un comunicado en el que quieren dejar constancia de la “apremiante necesidad” de que dicho dinero se distribuya para atender las necesidades de digitalización, becas, infraestructuras o limpieza que se han afrontado en este periodo y que aún quedan por asumir en lo que resta de este año. 

Formación del profesorado

La preparación, por parte de los docentes, de una enseñanza presencial y otra en línea en caso de confinamiento, es una tarea que viene desarrollándose desde el pasado mes de julio en las dos universidades. Un hecho que ha llevado a la modificación de las guías docentes a todos los posibles escenarios de enseñanza, según explican desde la UPO. 

En esta universidad, desde el inicio de la pandemia, el profesorado ha estado formándose a través de los cursos del Área de Formación e Innovación Docente. Fuentes de la Pablo de Olavide añaden que el uso de las herramientas de su Aula Virtual por parte de sus profesores era ya habitual antes de la pandemia. En estos momentos, esta herramienta se ha convertido en imprescindible, indican.  

En la Universidad de Sevilla, por su parte, se creó un grupo de asesor de apoyo pedagógico en tecnologías educativas y recursos digitales el pasado mes de abril. Este grupo de expertos es el encargado de coordinar y planificar las acciones de formación para el profesorado en este escenario híbrido. Y es el departamento que ha formado, ayudado y asesorado a todo el profesorado que lo ha solicitado, explican fuentes de la US. Pero de momento, no ha sido posible obtener la cifra o el porcentaje de docentes que han seguido esta formación.  

Reforzar la evaluación continua online

En cuanto a la evaluación, los protocolos de actuación prevén seguir el modelo aplicado el pasado fin de curso, si bien, apuestan por reforzar la evaluación continua. En las instrucciones aprobadas por la Universidad de Sevilla se recomienda priorizar la evaluación continua mediante pruebas de evaluación on line para facilitar el tránsito de un escenario de semipresencialidad a un escenario de cierre total. 

En la Universidad Pablo de Olavide, explican que adaptarán su sistema al tipo de docencia que se realice, siempre garantizando “la justa valoración de los conocimientos adquiridos por el estudiantado”. 

En esta semana que termina deberían estar celebrándose las jornadas de bienvenida para los estudiantes de primer curso en la UPO. Una celebración que reunía en el paraninfo o en la plaza de América -espacio central del campus- a los jóvenes que pisaban por primera vez la universidad. En su lugar, se están celebrando jornadas virtuales en las que se les explica, hasta donde se puede, qué tienen que hacer, cuáles son los horarios, etc.. 

El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión cautelar de los apartados del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, impugnados por el Gobierno central el pasado mes de mayo. El Abogado del Estado que firmó el recurso se centró en determinados puntos del artículo 28, no en todos, que modifican sustancialmente la regulación de los prestadores de servicio de comunicación audiovisual en Andalucía. En concreto los 6, 11, 12, 13, 14 y 15. Dichos apartados se refieren a la prohibición de emitir publicidad comercial e institucional en las emisoras sin título habilitante (conocidas por emisoras pirata), y en la eliminación de los informes preceptivos del Consejo Audiovisual de Andalucía a la concesión de licencias de emisión. 

El Pleno del Alto Tribunal, que ha aprobado por unanimidad desestimar este recurso, argumenta su rechazo en que las motivaciones efectuadas por el Gobierno central son “genéricas” e insuficientes “a efectos de considerar argumentados la existencia de los daños invocados”. “La suspensión solamente procede en presencia de perjuicios ciertos y efectivos, en ausencia de los cuales ha de atenderse a la presunción de validez propia de las leyes”, reza el auto del Constitucional, que también ha levantado la suspensión cautelar del artículo 13 del decreto, por el que se modifica la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

A la espera de cómo resuelva esta impugnación, el Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa otro recurso contra este polémico decreto -llamado de simplificación- que presentaron el pasado mes de junio 50 senadores del PSOE, como ha recordado este martes el partido en un comunicado, en el que acusa al consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, de “faltar a la verdad” al asegurar que el TC se había pronunciado sobre el recurso. 

A diferencia de la impugnación promovida por el Gobierno central, los motivos del recurso promovido por los senadores socialistas se detienen en la forma y en el fondo para pedir la impugnación de todos los artículos contenidos en el mismo y que modifican 21 leyes andaluzas, algunas de ellas aprobadas por unanimidad en el Parlamento autonómico en la anterior legislatura, como fue el caso de la Ley Audiovisual de Andalucía. 

En este ámbito, el decreto aprobado por la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, sin debate del resto de grupos, levantó un revuelo unánime, hasta el punto de que una veintena de entidades, entre asociaciones profesionales, sindicatos y facultades reclamaron sin éxito su paralización. 

En un escrito que elevaron también al presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, denunciaron punto por punto las implicaciones de esta reforma que venía a desregularizar el sector, a eliminar los obstáculos para las emisoras pirata -un auténtico fenómeno en el sistema audiovisual andaluz y español-, y a poner en riesgo la pluralidad y el servicio público en los medios de titularidad municipal.

Anunciarse en televisiones pirata vuelve a ser posible

De manera que, por el momento, y tras la decisión del Alto Tribunal, cualquier particular, empresa comercial o institución pública podrá anunciarse en radios o televisiones locales que emiten sin licencia, tal y como recoge el decreto de la administración Moreno, sin arriesgarse a ser sancionado. 

La prohibición de emitir publicidad en los canales pirata, bajo amenaza de sanción, fue una de las soluciones más eficaces a las que se llegó en su momento entre todo el sector -empresas públicas y privadas, asociaciones, CAA y Junta de Andalucía- para combatir las emisiones ilegales, y como tal quedó recogida en el artículo 40 de la Ley Audiovisual de Andalucía de octubre de 2018. 

Esta medida significó una útil herramienta para combatir de raíz estos canales, cuya razón social no siempre está en Andalucía, que suelen emitir contenidos ilegales y que suponen un agravio para las pequeñas televisiones locales en la contratación de publicidad para salir adelante.

El Consejo Audiovisual deja de ser árbitro contra la concentración

El otro precepto del decreto cuya suspensión cautelar ha sido revocada, el 11, se refiere a la necesidad de que el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) emita un informe preceptivo que acompañe a la concesión de una licencia de emisión o título habilitante -que concede el Gobierno autonómico-. En su día, el Consejo evitó pronunciarse sobre esta merma de competencias que contiene este decreto. El objetivo de estos informes perseguía “garantizar el pluralismo y la libre concurrencia en el sector y prevenir situaciones de concentración de medios y abuso de posición dominante”, según reza la Ley del Consejo, que también es reformada con este decreto.

Servicios informativos sin periodistas

El Gobierno central no recurrió el resto de los artículos del decreto relacionados con el sector audiovisual y que, entre otras cosas, permiten la externalización de los informativos en las televisiones municipales y la emisión en cadena de las emisoras locales cuyos contenidos ya no tendrán que ser obligatoriamente de proximidad. 

El decreto tampoco obliga, como hasta antes de su aprobación, a que los programas informativos sean realizados por periodistas y deja de exigir a los adjudicatarios de emisoras de radio y televisión disponer de estudios de producción operativos en el ámbito territorial de emisión. Esta última medida se justifica en “acercar la legislación a la realidad social, sobre todo respecto a las emisoras de radio FM”. Es decir, que si había alguna emisora de radio que no cumplía con lo previsto en la Ley Audiovisual de Andalucía, lo que ha hecho el Gobierno andaluz es modificar dicha ley. Se trata de una “simplificación de trámites -reza el texto del decreto- que penalizan la creación de valor”. 

Las circunstancias de gran parte de los más de 37.000 vecinos censados en el Polígono Sur dificultan enormemente el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias para contener la pandemia. ¿Cómo se frenan los contagios entre una población con una economía de subsistencia que se desarrolla en plena calle? ¿Cómo se aísla a un positivo en una habitación de una vivienda en la que residen hasta 12 personas? ¿Cómo se enfrenta uno de los barrios con menor renta al reto de la pandemia? Agilizar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y facilitar una solución habitacional de forma urgente para aquellas personas que han de guardar cuarentena son dos de las medidas necesarias más urgentes, según las personas expertas y entidades que conocen y trabajan en esta zona de la ciudad de Sevilla. Sensibilizar a la población y aumentar la vigilancia, también. 

En pleno repunte de rebrotes por COVID19 en España y en Andalucía, en Sevilla solo conocemos en detalle los datos que afectan los barrios que integran el Polígono Sur (no han trascendido las cifras del resto de barrios). Este distrito registra un porcentaje de 344 contagios por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media de la ciudad, que está en 80 por cada 100.000 habitantes, según los datos revelados por el Comisionado del Polígono Sur, Jaime Bretón, a principios de esta semana. Bretón llegó a hablar de la posibilidad de que fuese necesario un nuevo confinamiento en los barrios afectados y a las pocas horas fue desautorizado por el portavoz del Gobierno Andaluz, Elías Bendodo. Tampoco el Ayuntamiento de Sevilla arropó a Bretón. 

Sin embargo, varias entidades sociales que trabajan en la zona, con las que ha hablado este periódico, coinciden en la necesidad de tomar algunas de las medidas esbozadas por Bretón en sus manifestaciones para contener la pandemia, y consideran que la advertencia pública del Comisionado “ha servido para ver a mucha menos gente por la calle, y para ver a mucha más gente que antes usando mascarilla, para que la gente esté alerta”. De hecho, destacan el trabajo conjunto y el papel del Comisionado como coordinador con el resto de administraciones a la hora de detectar situaciones de riesgo y aplicar medidas concretas.

El mayor problema de muchos de los habitantes del Polígono Sur, señalan todas las entidades consultadas, es que viven al día de vender chatarra, de la venta ambulante -reglada y no reglada-, de trabajos domésticos sin contrato-. “Un chaval que vende melones en las Tres Mil, con cuatro hijos, si da positivo por coronavirus, nada le va a impedir que salga de su casa, porque si no, su familia no come al día siguiente”, describe gráficamente Daniel Ramos, de la Oficina Técnica del Ayuntamiento Hispalnet, directivo de la Asociación Familiar La Oliva y colaborador del centro Guadalinfo en el distrito. 

Ramos asegura que hay personas que llevan ya más de tres meses esperando a cobrar el Ingreso Mínimo Vital que aprobó el Gobierno a finales del pasado mes de mayo. Y que este ingreso mejoraría en gran medida la situación de muchas familias que se ven obligadas a salir y exponerse a nuevos contagios o, en el peor de los casos, expandir el virus. 

Otras personas conocedoras de la realidad del Polígono Sur coinciden en la necesidad de agilizar el acceso al IMV y, en todos los casos, facilitar el acceso a ayudas de emergencia mientras llega la concesión del Ingreso Mínimo Vital. A pesar del “ímprobo esfuerzo” que se está realizando desde el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, sostienen estos expertos, no es suficiente porque la demanda es ingente y se trata de personas que necesitan un colchón económico que no tienen para poder subsistir.

Aislarse en un piso con 12 habitantes

También es urgente, opinan, habilitar opciones de confinamiento seguro fuera del hogar familiar por parte de las administraciones públicas. Todas las personas consultadas para esta información apuntan al hecho de que en muchos barrios del Polígono Sur es normal que convivan varias generaciones en un mismo piso, o familias con 6 y más hijos. De manera que en caso de contagio, es materialmente imposible que la persona enferma se aísle en una habitación, pues comparten el espacio 10 y 12 personas. 

Las entidades de proximidad -asociaciones vecinales, entidades y ONG que vienen trabajando en el distrito desde hace años- desarrollan en la actualidad campañas de concienciación a la población al tratarse de agentes pegados al terreno y con trato directo y frecuente con los vecinos. En este sentido, inciden en la necesidad de esta labor porque no siempre los mensajes de las autoridades llegan a la población. Esta labor tiene especial relevancia en el caso de las personas que integran los servicios públicos, como maestros o médicos, figuras que generan una gran confianza entre los vecinos de estos barrios. 

La necesidad de vigilancia por parte de la Policía Local sobre las personas que se salten las normas de seguridad impuestas por las autoridades es otra de las demandas de las entidades. “En la Oliva todas las noches hay entre 20 y 30 personas haciendo botellón, los vecinos llaman a la policía pero no vienen. Lo mismo ocurre con un campo de fútbol, en el que se reúnen personas a jugar, sin mantener distancia de seguridad y sin mascarilla”, explica Daniel Ramos. En todo caso, recuerda, son circunstancias que ocurren también en otras partes de la ciudad, no solo en Polígono Sur.

Un distrito ejemplar en el primer confinamiento

La pequeña tormenta originada por la revelación de los datos de contagios en el Polígono Sur amenaza con borrar “el comportamiento ejemplar”, según las palabras de J.Carlos León, de la Asociación Abre Caminos, de los vecinos de esta zona de Sevilla durante las semanas duras de confinamiento, la pasada primavera. León recuerda en este sentido, cómo los residentes en estos barrios se confinaron en sus domicilios a pesar de las duras consecuencias que tenía para sus economías domésticas este encierro. Además, destaca que a lo largo de este verano, la Asociación Abre Caminos ha dirigido un campamento de verano para niños de estos barrios por los que han pasado más de 2.000 menores sin ningún tipo de incidencia. 

“Es verdad que hay casos en los que no guardan la cuarentena en sus casas -explica J.Carlos León- pero conozco casos iguales en Triana, Los Remedios o Felipe II. No guardan la cuarentena porque se tienen que buscar la vida”, remacha. Y sin embargo, hay familias que están asustadas y con miedo de lo que pueda pasar, destacan las fuentes consultadas. 

Este jueves está prevista la celebración de una reunión de seguimiento entre el Comisionado y diez entidades sociales con larga trayectoria de trabajo en el distrito para coordinar las campañas de información a trasladar a los vecinos. El próximo lunes volverá a reunirse la comisión técnica formada por representantes de la Delegación provincial de la Consejería de Salud, técnicos del Ayuntamiento y técnicos del Comisionado del Polígono Sur, en la que se analizará la evolución de los contagios. Bretón no tiene intención de asistir a esta última. 

Cuatro de los ocho concejales del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, entre ellos su portavoz, Beltrán Pérez, guardan ya cuatro días de confinamiento tras haber sido informados de que han estado en contacto con una persona cuya PCR resultó positiva. El grupo municipal no ha informado al alcalde ni al resto de miembros de la corporación municipal de esta circunstancia de manera oficial hasta el pasado lunes, aseguran fuentes municipales. Lo hizo tres días después, a través de un burofax dirigido al alcalde de la ciudad, Juan Espadas, en el que solicitaban la celebración telemática de una reunión prevista para este martes para posibilitar la asistencia de los afectados. 

De las cuatro personas en confinamiento cautelar, una ya ha recibido el resultado de su prueba y es negativa, otro sigue esperando a ser llamado para someterse a la prueba y los dos restantes esperan noticias del resultado del test.  

Según explican desde los servicios de prensa del PP, el pasado lunes 24 de agosto, el partido celebró una reunión de su comité director al que acudieron entre 10 y 12 personas con su presidenta, Virginia Pérez, a la cabeza. A esta reunión asistieron cuatro de los ocho representantes que tiene el PP en el Ayuntamiento de Sevilla y que, dadas las fechas -finales de agosto-, estaban de vacaciones aunque de guardia. Cuatro días después, el viernes 28 de agosto, la dirigente provincial anunciaba en su perfil de Twitter que había dado positivo en una prueba de PCR. Ese mismo día, prosiguen las mismas fuentes, los rastreadores comunicaron a estos cuatro ediles que habían estado en contacto con una persona contagiada, por lo que debían hacerse una prueba y guardar aislamiento hasta conocer el resultado.

El pasado lunes, durante una rueda de prensa, el alcalde fue preguntado por esta circunstancia sobre la que -según fuentes del propio PP- Espadas era totalmente ajeno, por lo que la pregunta suscitó la sorpresa del regidor. Ese mismo día, el grupo municipal del PP le enviaba un burofax en el que le solicitaba celebrar de forma telemática la reunión del consejo de administración de Contursa (la empresa municipal de turismo) prevista para este martes, porque dos de los tres representantes populares miembros de este consejo estaban en confinamiento a la espera de una prueba PCR. En el mismo escrito, el grupo municipal pedía celebrar de forma telemática todas las reuniones de los consejos de administración previstas en los próximos diez días debido a las posibles cuarentenas.

Según fuentes próximas al alcalde, esa fue toda la información sobre el asunto facilitada por parte del grupo popular, y a día de hoy, no han recibido ninguna comunicación oficial. Por parte del grupo popular, no han creído conveniente advertir o comunicar oficialmente al Consistorio hasta tener los resultados de las pruebas. En todo caso, el Ayuntamiento afirma que ha puesto en marcha el dispositivo de limpieza y desinfección de las zonas comunes y dependencias del grupo popular, si bien, al estar de vacaciones, no han entrado al edificio ni mantenido reuniones con el resto del personal. Este miércoles, a primera hora se procederá a la desinfección. 

Desde el PP explicaron que tres de los cuatro ediles afectados se hicieron las pruebas a través del Servicio Andaluz de Salud, y ahora están a la espera de los resultados. Aunque esperan tener los resultados entre este martes y mañana, es posible que la respuesta de los servicios de salud se demore algunos días debido a que los profesionales de la enseñanza están siendo sometidos también a PCR antes del comienzo del curso, según las indicaciones recibidas por los populares. El cuarto concejal en confinamiento cautelar aún espera a que el SAS le llame para realizarle la prueba. 

Una reunión previa

El pasado domingo 23 de agosto, el concejal de Salud y Consumo y de Mayores del Ayuntamiento de Carmona, Enrique Becerra (PP), anunció que había contraído el virus. Dos días después era el alcalde de la ciudad, Juan Ávila Gutiérrez, quien informaba públicamente de que había dado positivo por COVID19. Tanto el regidor de Carmona como Virgina Pérez coincidieron el pasado 20 de agosto en una protesta en la Plaza de España de Sevilla de más de un centenar de cargos públicos, regidores y concejales del PP en la provincia contra la decisión del Gobierno central respecto al uso del superávit de las cuentas municipales para paliar las consecuencias de la pandemia.   

Jana tuvo a su segundo hijo en la madrugada del pasado 30 de mayo, cinco semanas antes de lo previsto, en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. El bebé prematuro fue ingresado en la UCI, donde pasó una semana. Los médicos le dijeron a Jana que, pese a haber nacido antes de tiempo, su bebé estaba sano y que tardaría cuatro o cinco días en comer, pero dos días antes de lo previsto pudieron comenzar a alimentar al niño con leche de fórmula (sustituto artificial). A ella no le había subido la leche; entonces preguntó si había leche materna en el hospital pero la respuesta fue negativa. Al poco tiempo, por fin, Jana pudo dar de mamar a su bebé mientras seguía ingresado en el hospital, a donde llevaba toda la leche que se extraía.

“Hasta que el hospital me dijo que no llevara más leche porque tenían ya de sobra y entonces empecé a buscar por Internet y encontré el Banco de Leche del Virgen del Rocío”, relata esta mujer de 32 años, residente en la localidad gaditana de San Fernando. Desde entonces se ha desplazado en tres ocasiones desde su ciudad hasta el centro hospitalario de Sevilla, a la unidad de neonatos, donde hay un banco de leche materna que ahora cumple cuatro años. La primera vez llevó 7 litros de leche en una nevera; la segunda vez, 3 litros; y la última ha llevado 5 litros. Ahora su hijo, con dos meses, consume cada vez más leche por lo que le sobra menos.  

En estos cuatro años, el banco de leche ha contado con 586 madres donantes de los que se han beneficiado casi 1.150 receptores, en su mayoría bebés prematuros. En total, se han pasteurizado cerca de 3.000 litros de leche, que se conservan a -80 grados en la zona de procesamiento de leche. En esta unidad trabaja una enfermera responsable, una médico y una auxiliar que se encargan de preparar la leche e informar a las madres. El del Virgen del Rocío es el segundo banco de leche de Andalucía.

El primero nació hace diez años en Granada, y abastece además a los hospitales de referencia de las provincias de Málaga, Almería y Jaén. Desde 2010 hasta 2019 ha recibido 6.348 litros de leche donada de la que se beneficiaron 2.788 bebés, según los datos recogidos en la web del centro. En Córdoba, se creó la unidad en el Hospital Materno Infantil del Reina Sofía en mayo del pasado año. En sus primeros doce meses de funcionamiento recibió más de 128 litros de leche de 65 madres donantes y atendió las necesidades de 44 bebés, la mayoría prematuros. Cádiz es la única provincia desasistida en este sentido ya que no cuenta con banco ni pertenece a ningún centro de referencia.

La pandemia ha rebajado las reservas al 30%

Antes del confinamiento por la pandemia, contaban con unas reservas suficientes para hacer frente a las necesidades de las unidades de neonatología del Hospital Virgen Macarena, del Hospital de Valme, del Quirón Sagrado Corazón, en Sevilla, y del Hospital de Huelva, con los que tienen un convenio en este sentido. Pero las restricciones a la movilidad que hemos padecido en los últimos meses como consecuencia de la COVID-19, han rebajado las existencias al 30% de lo que tenían antes del 15 de marzo.

Anabel Garrido, doctora de la Unidad de Neonatos del Virgen del Rocío, explica que han hecho un llamamiento a todos estos hospitales, así como a otros grupos de apoyo para que difundan la necesidad de leche materna para los bebés que lo necesiten. “Tenemos poco tiempo, hemos tenido pocas ocasiones en las que hayamos necesitado donantes y ahora las necesitamos”, insiste esta esta doctora. 

Nacer antes de tiempo

Los trillizos de Bárbara y Germán cumplen con el perfil del receptor del banco de leche. Los pequeños nacieron en el Virgen del Rocío a finales de enero, de forma inesperada, a las 25 semanas de gestación. Cada uno de ellos pesó 800 gramos. Ella, natural de Bélgica, recuerda la experiencia como algo traumático al no poder estar con sus bebés. Al principio no podían ingerir alimento al no tener un sistema digestivo maduro, pero cuando pudieron hacerlo, la leche de su madre no era suficiente y comenzaron a recibir las donaciones del banco hasta que alcanzaron los 1.500 gramos de peso. Ahora, uno de sus hijos sigue en el hospital a causa de una intervención quirúrgica y no puede tomar leche de fórmula, por lo que sigue recibiendo leche materna del banco. 

“Me parece que contar con un banco de leche es fundamental, sobre todo en las unidades de prematuros y bebés con problemas, porque salva muchas vidas”, comenta Germán a este periódico. La madre de los niños destaca de esta experiencia su agradecimiento a las otras madres donantes, “porque gracias a ellas mis tres hijos han tenido la oportunidad de tomar leche materna, es increíble”.  

Jana, la madre de San Fernando, cumple con el perfil típico de donante, si bien, su mérito es mayor al recorrer los más de 120 kilómetros que separan su ciudad de Sevilla, a donde lleva la leche que le sobra. La mitad de las madres donantes suelen ser mujeres que han pasado por las unidades de prematuros cuyos hijos han sido receptores de leche donada. “Ellas se sienten con la necesidad de devolver eso”, explica la doctora Garrido y lo corrobora la propia Jana, que destaca la cantidad de vidas que se pueden salvar gracias a la donación de leche materna. “A ver si conseguimos hacer algo con esto porque aquí en la provincia de Cádiz, con la cantidad de niños que nacen, no hay banco de leche y es lo mejor para los niños prematuros”, comenta. Con madres como ella se cierra el círculo de la generosidad. 

El presidente de Asadipre, la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Infantil y Primaria y Residencias Escolares, Enrique Jabares, cree que la Consejería de Educación ha tirado la pelota al tejado de otras instituciones y destaca que esta crisis ha desnudado cómo los colegios se han convertido en la única solución de la administración para la conciliación familiar.

Jabares preside la asociación que aglutina a los directores de los colegios de Andalucía desde hace solo un año y tres meses. En su corto mandato representativo enfrenta uno de los mayores retos, si no el mayor, que debe afrontar la Educación en nuestro país como consecuencia de la crisis sanitaria de la Covid-19, y que ha motivado varios escritos llamando la atención de la carestía de medios humanos y materiales para cumplir con las medidas de seguridad. En su opinión, la Consejería de Educación se ha limitado a realizar unas instrucciones siguiendo las directrices del Ministerio y, después, ha pasado la patata caliente a los centros educativos y los ayuntamientos. Sin embargo, su intención pasa por agotar todas las vías de entendimiento para llegar a acuerdos y ser operativos a partir de septiembre. 

Con el mes de agosto ya empezado, ¿cuál es el sentimiento general entre los directores de los centros?

Hay mucha preocupación. Está siendo un verano muy complicado, todo el mundo está trabajando viendo las necesidades de las infraestructuras de cada centro. Ahora vemos que en Infantil y Primaria, la Consejería [de Educación] es la responsable en la parte educativa, pero los Ayuntamientos lo son en materia de limpieza y mantenimiento. Cuando les hemos hecho llegar a los ayuntamientos el documento de las instrucciones de Educación, se han alarmado porque no tienen personal. La Consejería dice que, basándonos en nuestra autonomía como centros, hagamos nuestro protocolo, pero los directores decimos que no sabemos con cuántos recursos materiales y de personal vamos a contar. Y la Consejería no nos ha dicho si vamos a contar con más o menos maestros, lo ha publicitado pero no lo ha firmado en ningún documento.  

¿Estáis en contacto con otras asociaciones de docentes de España? ¿Qué ambiente se respira? ¿Están en todas las comunidades autónomas igual que en Andalucía?

Hay una preocupación grande. Prácticamente la mayoría están iguales. Todos tenemos la misma preocupación de cara al inicio del curso.

La pasada semana dimitió en bloque la dirección de un centro en la provincia de Sevilla. ¿Estamos ante el primer caso de otros que vendrán a medida que se acerque la fecha de abrir las clases?

Nosotros respetamos la postura y la decisión de otros compañeros y compañeras, ya lo hemos dicho anteriormente. Pero a nivel de Asadipre fue una de las cosas que se estuvieron estudiando en su momento y no se veía como solución idónea para todo el mundo. Creemos que ahora es el momento de, entre todos, intentar buscar la solución a las dificultades que tenemos, intentar conseguir un acuerdo entre las distintas instituciones públicas, intentando nosotros también con los Ayuntamientos que se cubran las necesidades de cada centro. Lo que sí creo es que, si no a principios de curso, a lo largo del curso que viene, va a haber una desbandada de equipos directivos porque la gente nunca en la vida se va a enfrentar a un curso más difícil del que nos va a tocar. La gente puede pensar que lo difícil ha sido este tercer trimestre del 19/20 y yo creo que lo más difícil está por llegar. 

¿Cree que los centros de Infantil y Primaria van a poder abrir en septiembre en condiciones de seguridad?

Lo que sí tenemos que tener por normativa es redactado el protocolo Covid-19. El problema está en el contacto social y el distanciamiento. En un colegio, si todo el mundo se pusiera mascarilla, supuestamente, estaríamos cumpliendo con la norma, pero la propia norma sanitaria dice que hasta los 6 años no es obligatoria, con lo cual los alumnos de 3 a 6 años pueden estar sin mascarilla. Se pretende que se creen grupos de convivencia escolar, y ese es otro de los problemas, que la definición de grupos de convivencia escolar no está clara. Hay otro tema que no se ha tenido en cuenta: por ejemplo, en un conservatorio de música, si hay un contagio, automáticamente, en el rastreo del alumnado estarían un montón de alumnos de distintos colegios e institutos. Los grupos de convivencia donde estos alumnos estén matriculados, teóricamente también tendrían que entrar en cuarentena. Esas decisiones las tendrían que tomar las autoridades sanitarias.  

Los directores de Infantil y Primaria han exigido a la Junta que un técnico en riesgos laborales y salud certifique los protocolos que han tenido que confeccionar los equipos directivos. ¿Ha habido respuesta a esta petición? 

Hemos tenido respuesta de que tanto el Servicio de Inspección Educativa, como los servicios que hay en cada Delegación territorial de Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos Laborales están a disposición de los centros, incluso que los Equipos de Orientación Educativa, que en cada uno hay un médico, están a nuestra disposición. Pero queremos que alguna autoridad sanitaria o de la propia Consejería de Educación nos diga “este protocolo covid es correcto para este colegio”, o no, o nos diga “le falta esto, o tienes que cambiar esto”. 

Porque la gente se pregunta que si se desarrolla el protocolo y luego alguna persona del centro está contagiada, quién es el responsable de ese contagio. La administración nos dice que normalmente, por los estudios que hay, los contagios van a venir de fuera del colegio. Entienden que no es necesario supervisar, ni visar, que confían en la autonomía de cada centro para realizar su protocolo covid. Nosotros decimos que vamos a pedir que alguien nos lo vise. Y lo lógico es que cada centro mande su protocolo a su Delegación territorial y sea la ésta la que diga si vale o no vale. 

¿Temen ustedes denuncias en caso de eventuales contagios?

Entendemos que no seríamos los responsables máximos, pero como cada persona es libre para decidir, quién te dice a ti que no vas a encontrarte con algún padre o madre que quiera denunciar al centro. Es tan grande la casuística que por eso el curso va a ser complicado. La mayoría de los días van al colegio niños y niñas con fiebre y malestar general. Esa situación cotidiana, ahora va a generar un montón de problemas. 

¿Cómo valoran la gestión de la Consejería de Educación a la hora de planificar el próximo curso, dadas las circunstancias?

Entendemos que es una etapa excepcional, lo que pasa que la Consejería ha hecho su trabajo y de alguna manera ha dicho: bueno, mi trabajo está hecho que es hacer las instrucciones, y ahora estas instrucciones se ejecutan desde los ayuntamientos y los centros. Y ha tirado la pelota al tejado de otras instituciones que ahora resulta que dicen que no tienen ni presupuesto ni personal para eso.

En los institutos se ha saldado con una normativa por la cual, cada uno ha de presentar un proyecto y la Consejería puede subvencionar a los institutos los gastos de limpieza por covid. Pero en el caso de los colegios, la Consejería ha reaccionado diciendo que, como la limpieza y el mantenimiento es competencia de los ayuntamientos, les han mandado las instrucciones, el documento de medidas, y que cada ayuntamiento asuma su responsabilidad. Y ahora los ayuntamientos dicen que no pueden. Ahí hay un lío normativo también.

En este mes han cerrado la organización del próximo curso sin saber aún con cuántos maestros de apoyo le van a asignar ni cuándo se van a incorporar. ¿Con qué escenarios trabajan, cómo lo han podido hacer? 

Trabajamos con los escenarios del cálculo del cupo: número de maestros atendiendo al número de unidades que tienes. Se está hablando de que va a haber una hora de reducción para la persona encargada de llevar el protocolo covid, que va de tres a siete horas, en función de la dimensión del centro. Dentro de unos días tiene que salir el cupo del número de maestros que va a haber para el año que viene, que normalmente es en los primeros días de agosto. Si me vas a reducir siete horas de un maestro por covid, me falta un maestro más, me tienen que asegurar que ese maestro me va a llegar.

La cifra de plazas extras planificadas por la Junta son casi 5.000. ¿Son suficientes estos refuerzos? 

Entendemos que no son suficientes, entendemos que los recursos son limitados. Los recursos nunca son suficientes. La Consejería los manda para intentar que el desfase del último trimestre se pueda corregir. En el reparto no han tenido en cuenta los centros de Educación Infantil ni Educación Especial ni los centros de Educación de Adultos, solo la enseñanza básica: Primaria y Secundaria obligatoria. 

La gente está muy molesta, porque en Educación Infantil muchas clases están por encima de 20 alumnos. La propia administración entiende que esos refuerzos son para recuperar los contenidos que dejaron de darse en el año anterior. Ahí entramos en la discusión de siempre, aunque Infantil no sea etapa obligatoria, sí tiene una importancia curricular, no puede ser que valga para unas cosas y no para otras. Ya hemos mandado un escrito a la Consejería diciendo que eso lo tiene que reconsiderar, para que las clases con más de 20 alumnos en Educación Especial e Infantil, computen para calcular cuántos maestros tienen que mandar.

Además, se está hablando de que estos maestros probablemente solo estén en los centros de septiembre a diciembre, lo cual nos parece una barbaridad porque las necesidades van a estar todo el curso. Si no tienes presupuesto aprobado, tendrás que hacer una modificación presupuestaria. No lo entendemos, los recursos que nos van a mandar deben ser conocidos antes del inicio del curso y permanecer en el centro todo el curso.

La falta de espacio, la saturación de las escuelas es una queja antigua y reiterada por parte de los docentes. Tener más profesores no aportará mucho si no tienen espacios para desdoblar clases. ¿Cómo se soluciona la falta de espacio físico en los colegios? ¿Ha habido dejación en este aspecto?

El gran problema aquí es la conciliación familiar, y punto. Ese es el gran problema que tienen los colegios en estos momentos. Porque los colegios están asumiendo prácticamente toda la conciliación familiar en este país. Cuando alguien dice: los colegios tienen que abrir obligatoriamente el 10 de septiembre porque si no va a haber un grave problema social, es porque en este país aún no se ha abordado de manera adecuada el problema de la conciliación familiar. Si no tienes recursos de profesorado ni espacio, busca un sistema donde pudieras bajar la ratio. 

¿Recuerda aquella primera oferta de la ministra de Educación, de 15 días un niño y 15 otro? Eso quitaría muchos problemas de personal e infraestructuras, pero genera un problema de conciliación familiar. Ya lo hemos dicho en un comunicado conjunto, si esta sociedad quiere que toda la conciliación familiar recaiga en las escuelas, no es una solución. Los agentes sociales tendrán que negociar con los gobiernos y llegar a una fórmula para que, si por cualquier escenario la presencialidad debe ser mixta, el tema de la conciliación hay que abordarlo. Es imposible bajar la ratio a 15 alumnos por aula. No hay medios económicos para contratar ni posibilidad de doblar los colegios por dos.

 No puede ser que manden a todo el mundo al colegio el día 10, y crucemos los dedos para que nadie se contagie.  

¿Tienen alguna interlocución con la FAMP para resolver la necesidad de refuerzo de las plantillas de limpieza?

Se le están mandando los escritos a los ayuntamientos y vamos a mandar un escrito a la FAMP para que, si no tiene posibilidad de ejercer sus competencias, lleguemos a un acuerdo entre todas las administraciones. 

Se habla poco del plan B, de la planificación pedagógica en caso de que volvamos al confinamiento o de que haya que proceder a cierres puntuales de centros. ¿Lo tienen ya terminado? ¿Será una dinámica similar a la empleada a finales del pasado curso? ¿Ha dado tiempo de formar al profesorado en este sentido?

Eso es de las grandes cuestiones olvidadas de lo que está pasando en este verano. Hay unas instrucciones súper potentes desde el punto de vista pedagógico del 15 de junio de las enseñanzas del régimen general (Primaria, Secundaria, etc) y se está pasando de puntillas, cuando es de las cosas más importantes que va a haber. Dicen que los colegios tienen que tener un sistema paralelo por si, por cualquier motivo, debes pasar a lo no presencial. 

Muchas de las plantillas de un año a otro cambian en los colegios. Me consta que mucha gente de equipos directivos están trabajando en eso, pero el día 1 hay que trabajar en eso a marchas forzadas porque el día 10 se ha de tener ese planteamiento redactado. No vale que cada colegio vaya a funcionar como le parezca. Parece ser que va a llegar material tecnológico para todo el profesorado, hay posibilidad de formación en plataformas a través de los cursos de los centros de formación para profesorado que lo han dejado en abierto para que todo el mundo lo pueda hacer si tiene interés por el tema.

¿No debería ser obligatorio en estas circunstancias? 

Esa es una de las cosas que hemos reclamado. La formación tiene que ser obligatoria, otra cosa es cuándo se da esa formación, si en horario lectivo o cómo. Aquí la única obligatoriedad que hay en Andalucía es que para tener un sexenio debes tener 60 horas de formación certificada en ese tiempo. Si tienes 400 da igual, te dan un sexenio. Resulta que el que haya hecho 400 horas de formación tiene el mismo reconocimiento que el que ha hecho 60. No hay una carrera profesional docente donde la gente tenga incentivos por formación, por trabajos.... Ese es otro debate que hay que poner sobre la mesa, la formación del profesorado. 

La plataforma online de la Junta, Moodle, estaba creada hace 10 años, y ha habido muchos cursos de formación, pero como no es obligatoria, cuando ha venido este problema, nos ha puesto frente al espejo, y ¿quién sabe funcionar con Moodle?, un 20%, el 80% restante no. Y eso es lo que a partir de ahora, no se va a poder permitir, porque no lo va a permitir la sociedad. Ya lo hemos pedido por escrito, que la formación tiene que ser obligatoria, y ahí chocas con los sindicatos que dicen que tiene que ser voluntaria.

Manuel Ramírez lleva 12 años al frente del Colegio de Educación Infantil y Primaria Clara Campoamor, en la localidad sevillana de Bormujos. Él, junto al jefe de estudios y la secretaria, se han convertido en el primer equipo directivo de un centro escolar público en renunciar en bloque a sus funciones ante la imposibilidad de cumplir con las medidas de seguridad impuestas por Educación y Sanidad para el regreso a las aulas con los medios de los que disponen. 

Presentaron su dimisión a la Consejería de Educación el pasado 24 de julio tras ver rechazadas algunas de sus propuestas que, entre otras cuestiones, pasan por modificar las horas lectivas de determinadas asignaturas consideradas “no esenciales” para hacer posible los desdobles de clases. La asociación de padres y madres del centro ha apoyado esta drástica decisión que aún no ha tenido respuesta por parte de la Consejería, según explica a este periódico el propio Ramírez, que admite, no obstante, que habrá opiniones contrarias entre los más de 1.000 padres y madres que pertenecen a su centro. 

“Me da la sensación de que la única propuesta [de la Consejería de Educación] es volver a las clases embadurnados en gel hidroalcohólico y con mascarillas”, lamenta el aún director de este colegio que cuenta con 677 alumnos. “Cuando los padres y madres me preguntan por las medidas de seguridad, se me cae la cara de vergüenza, así que creo que la postura más honesta que me queda es decir que no puedo garantizar la seguridad en el centro”, explica Ramírez, quien defiende esta medida como una reacción “a la pasividad de la administración”. “Nos sentimos mal, pero no nos queda otro camino”, dice. 

“La herramienta más potente” para hacer reaccionar a Educación

Preguntado por si otros equipos directivos están pensando en seguir sus pasos, Ramírez admite que otros directores, a título individual, se lo están planteando. A su juicio, sería la herramienta más potente para obtener una respuesta de la Consejería de Educación. Pero, de momento, esta medida no salió adelante en la última reunión de la asociación que engloba a los directores y directoras de los colegios de Infantil y Primaria de la provincia de Sevilla. Tampoco en la asociación de directores de Institutos se ha planteado esta fórmula de presión y prefieren esperar a ver cómo se concreta la llegada de medios materiales y humanos en septiembre. 

Desde hace unas semanas, los equipos directivos de los centros de educación públicos andaluces desde Infantil hasta Secundaria y Bachillerato están levantando la voz para denunciar que es imposible cumplir con las medidas de higiene y de distanciamiento requeridas para evitar contagios de COVID-19 a partir de septiembre. En Sevilla, los directores de los centros de Infantil y Primaria (ASADIPRE), emitieron un comunicado en el exigen a la Consejería andaluza que un responsable técnico en riesgos laborales y salud certifique los protocolos que cada centro ha de elaborar con las instrucciones de la Junta. 

En esta exigencia sobrevuela la preocupación ante la posibilidad de que estos planes de actuación no sean efectivos por la imposibilidad de llevarlos a cabo: la saturación de los centros, en cuyas aulas será físicamente imposible mantener la distancia de 1,5 metros entre alumnos; respetar la limitación en el uso de los baños; escalar la entrada y la salida de los estudiantes para evitar aglomeraciones o  cumplir los requisitos impuestos en la limpieza y desinfección de los espacios comunes son las principales cuestiones en la lista de preocupaciones de los directores. También se cierne sobre estos equipos directivos encargados de asegurar el cumplimiento de los planes de actuación el temor a incurrir en una posible responsabilidad civil ante una eventual aparición de contagios. 

Tras este comunicado, precedido y secundado por un reguero de comunicados de protesta de varios centros educativos de la provincia de Sevilla en el mismo sentido, la Viceconsejería accedió a convocar una reunión de la Mesa Sectorial que se celebró este pasado martes. Los resultados de este encuentro no han calmado las inquietudes de los docentes. 

La normativa impide aplicar las propuestas del centro

El equipo directivo del colegio Clara Campoamor de Bormujos (Sevilla), al igual que el resto de centros de Andalucía, viene trabajando desde el pasado 6 de julio en la elaboración de un protocolo que desarrolla las instrucciones dadas por la Viceconsejería de Educación de cara al próximo curso escolar. Ante la falta de personal para desdoblar las clases, el centro hizo una propuesta relacionada con la creación de los grupos de convivencia que consistía en aislar a los estudiantes por niveles educativos y prescindir de algunas asignaturas, en su opinión, menos relevantes este año en el currículum académico (como Religión o Valores) para facilitar que menos profesores convivan con diferentes grupos. 

En el caso de la asignatura de Francés, por ejemplo, propusieron que la profesora -que imparte la materia a un total de 12 grupos- diera su clase de forma telemática a todo un nivel de forma simultánea, mientras los estudiantes permanecían en el aula con sus tutores. Pero los servicios de Inspección de la Consejería rechazaron estas modificaciones al ir en contra de la normativa, explica Ramírez, que califica de “cabezonería” la pretensión del departamento que dirige Javier Imbroda de trabajar las mismas materias en las mismas aulas en estas condiciones.

La falta de personal de limpieza y desinfección es otro de los grandes problemas para cumplir los requisitos. En el Clara Campoamor de Bormujos sí existe margen para desdoblar las clases, explica su director, pero en la práctica, no tienen personal para limpiar y desinfectar los espacios que se podrían utilizar por lo que tampoco es viable esta opción. El centro se ha reunido con el Ayuntamiento de Bormujos, encargado de estas tareas de limpieza, para explorar la posibilidad de aumentar la plantilla, pero la única respuesta obtenida es la promesa de estudiar su petición. 

Al igual que el resto de centros educativos andaluces, a punto de comenzar las vacaciones de agosto, aún no sabe con cuántos profesores de refuerzo contarán el próximo año, lo que dificulta la planificación. Tampoco ha sido informado de los recursos económicos con los que podrá contar para hacer frente a los gastos imprevistos por la pandemia.

Se busca director sin proyecto

De momento, la Consejería de Educación no ha respondido a su carta de dimisión. “Cabe la posibilidad de que no acepten mi dimisión y me ordenen continuar”, responde este director cuando se le pregunta por cuál es el paso siguiente. Si aceptan su dimisión, Educación debe nombrar un director para el centro de entre la bolsa de funcionarios que cumplen con dos de los tres requisitos exigidos para dirigir un colegio: estar en posesión de un título acreditativo para esta función y una serie de requisitos académicos. 

El tercer requisito que valora la comisión de nombramiento es el proyecto que el aspirante presente para ese centro, pero en este caso, no será posible. Su sustituto o sustituta ocuparía el cargo durante un año, y después se procedería a un nombramiento de entre los candidatos que se presenten de forma ordinaria. El mandato de cada director dura cuatro años prorrogables.   

“Tras 12 años de director, hace tiempo que tengo claro para quién trabajo y no es para la administración; yo trabajo para los alumnos y las alumnas”, dice Ramírez, quien asegura que desde la dirección o desde fuera, seguirá siempre ayudando en todo lo que pueda. 

Los colegios e institutos andaluces cerraron sus puertas el pasado 16 de marzo; un día antes el Gobierno central decretó el estado de alarma para frenar el rápido avance de contagios por COVID-19 que se estaba extendiendo entre la población. El curso escolar terminó sin que las aulas volvieran a abrirse a pesar de que, a medida que se iban superando las fases más estrictas del confinamiento, empresas, bares, terrazas y otros espacios públicos retomaban la actividad presencial tímidamente. El Ministerio dio unas pautas genéricas a las comunidades autónomas para que éstas las desarrollaran en sus territorios el pasado 11 de junio.

En Andalucía, ese desarrollo se ha traducido en unas instrucciones que la Consejería de Educación trasladó casi un mes después -el 6 de julio- a los centros escolares para que, atendiendo a sus características, se encargasen de elaborar planes de seguridad y protocolos de actuación COVID-19 de cara al próximo curso. Bajar a tierra esas instrucciones y aplicar en la práctica las medidas de seguridad exigidas ha desnudado de forma descarnada las carencias y los problemas que arrastra desde hace décadas el sistema educativo público andaluz: saturación de alumnos en las aulas, infraestructuras obsoletas, deficientes e insuficientes, falta de personal (docente y no docente) y una carestía de recursos tecnológicos. 

Con estos mimbres, los equipos directivos de los colegios e institutos andaluces se han puesto a diseñar los planes de actuación en los que vuelcan las indicaciones dadas por la Viceconsejería para abrir sus puertas con seguridad el 1 de septiembre. El día 10 empiezan las clases en Educación Infantil y Primaria, y el 15, en Educación Secundaria y Bachillerato. En esta última semana se han sucedido un reguero continuo de comunicados de directores y directoras de centros educativos en los que alertan de que no pueden cumplir con las instrucciones dadas por la Viceconsejería en su situación actual y sin saber aún cuál será el refuerzo económico y de personal que recibirán. La Consejería ha atendido la petición de sindicatos y asociaciones de docentes y ampas, y este martes 28, se reunirá la Mesa Sectorial.  

Estrella Naranjo Serna se estrena el próximo curso como directora del Centro de Educación Infantil y Primaria Huerta de Santa Marina, ubicado en el casco histórico de Sevilla y con unos 500 alumnos. Son dos edificios antiguos enclavados en una finca con amplio patio de juegos que separa dos construcciones. En uno de ellos se ubican las aulas para Educación Infantil y primer ciclo de Primaria. En el otro, están las clases del segundo y tercer ciclo. En otra construcción independiente se encuentran el comedor, el gimnasio y una coqueta biblioteca. Todos los edificios tienen grandes ventanales por los que entra la luz, y el calor en los tórridos meses de mayo, junio y septiembre. Las aulas, de unos 30 metros cuadrados de media, no tienen aire acondicionado aunque sí ventiladores en algunas aulas que, explica, podrán poner al mínimo con las ventanas abiertas para favorecer la ventilación.

Ignacio Ayza es el director del Instituto de Educación Secundaria San Isidoro, también en el centro de la ciudad, muy próximo a la Alameda de Hércules. Un edificio de los años 60 que acoge a 650 alumnos de entre 12 y 18 años por las mañanas -tiene turno de tarde con unos 100 alumnos-. Desde hace un curso, la cafetería del centro está siendo usada como clase. Unas grandes escaleras dividen el edificio de tres pisos por la mitad en dos alas, con un cuarto de baño por planta en el extremo de ambas mitades. En cada cuarto de baño hay tres inodoros, pero las instrucciones le obligan a precintar uno. 

Desde el pasado otoño, el director tuvo que clausurar todos los aseos del ala izquierda del edificio por peligro de colapso. Así que la obligación de limitar al 50% el aforo en los sanitarios hace que, en la práctica, esa reducción de acceso baje al 25%. Ayza va a habilitar los dos aseos con los que cuenta en el patio aunque esto suponga que los adolescentes pierdan tiempo y se enreden por el camino. “Se van a poner a fumar”, se resigna. La ratio de baños por estudiante en el Santa Marina no es mucho mejor.   

Las entradas y las salidas

Las instrucciones emitidas por la Viceconsejería de Educación estipulan que los centros deben escalonar las entradas y salidas para evitar aglomeraciones, pero no se pueden robar minutos al horario lectivo. En el caso de las escuelas de Infantil y Primaria, la corta edad de los primeros cursos dificulta las cosas, porque las familias no pueden entrar al centro. En el Santa Marina sus responsables han dividido las entradas por las tres puertas con las que cuenta. Pero en la práctica, la puerta que deberían usar los más pequeños no puede abrirse porque las raíces de una gran palmera han levantado el suelo y condenan el portón. Estrella ha reclamado por escrito al Ayuntamiento para que arreglen la situación pero, de momento, no ha tenido respuesta. 

Esta directora se pregunta quién tiene que comprar las pegatinas para señalizar los flujos de paso a los menores, así como el resto de señalización que deberá usar, y quién tiene que colocarla. Todavía no se les ha especificado este extremo. “No nos han dado el dinero de gasto y funcionamiento”, recuerda. 

Por ahí deben entrar y salir poco más de 150 menores de entre 3 y 5 años cada día. La directora del centro, que fue nombrada a principios de este mes de julio, ha pedido al Ayuntamiento apoyo de la Policía Local y de Protección Civil para organizar las entradas y salidas porque sólo tiene un portero. “De momento no nos han dicho que no nos lo dan”. Los pequeños entrarán a las 8.45 y a las 9.00 horas los del resto del centro por otra puerta. Ha pensado en la posibilidad de solicitar a los padres de la etapa infantil que se organicen para que un adulto lleve o recoja a cuatro niños para evitar aglomeraciones de personas en una vía estrecha y abierta al tráfico de vehículos. 

En  el caso del Instituto San Isidoro, la edad de los estudiantes hace innecesaria esta custodia pero en cada puerta ha de haber un conserje con una mesa en la que haya gel hidroalcohólico. Abrirán sus dos entradas: por la de la calle Amor de Dios entrarán los alumnos de Secundaria y por la calle Cervantes los de Bachillerato. Este instituto tiene tres conserjes. Ignacio afirma que necesita un cuarto. 

Mascarillas obligatorias en el aula del Instituto

En circunstancias normales, cada vez que suena un timbre de cambio de hora en el San Isidoro se mueven por sus pasillos, escaleras y otras zonas comunes entre 100 y 150 alumnos. Con las nuevas medidas de distanciamiento y la escasa dimensión de las aulas, los jefes de estudios se devanan los sesos para diseñar un horario que se asemeja más que nunca a un sudoku endiablado. En una clase cualquiera del San Isidoro, con más de 30 alumnos dentro, es físicamente imposible mantener la distancia de un metro y medio de seguridad, así que el uso de mascarillas es ineludible. El centro no tiene aire acondicionado. La mascarilla será obligatoria para todos. 

Para cumplir con la distancia de seguridad a la hora del recreo, en un primer momento Ignacio ideó dividir esa media hora en dos, de manera que la mitad permanecía en el aula los primeros 15 minutos mientras el resto bajaba al patio, y luego bajaba la otra mitad, y viceversa. Ahora ha cambiado de idea porque ha encontrado la forma de hacer dos turnos de recreo sin perder horas lectivas ni afectar al horario y la agenda de los profesores de las diferentes asignaturas, tal y como exigen las instrucciones de la Junta. 

Clases en el patio

Las clases no son mucho mayores en el colegio Huerta de Santa Marina, apenas 30 metros cuadrados. Este centro formará grupos de convivencia, como ha propuesto la Consejería. Cada grupo de convivencia estará formado por las dos líneas de cada nivel, unos 50 niños. No llevarán mascarilla aunque a duras penas podrán distanciar sus pupitres unos de otros, así que su directora, aprovechando las grandes dimensiones de su patio, que disfruta de bastantes zonas de sombra, prevé sacar las mesas a la calle y dar clases al aire libre.  

Estas son sólo algunas de las medidas que han ido ideando en estas últimas dos semanas los equipos directivos de estos dos centros con un único afán: abrir las clases y volver a la escuela física en septiembre. Pero se han dado cuenta de que sin recursos “es imposible”. Explican que en las condiciones materiales en las que se encuentran no pueden garantizar un entorno seguro, premisa fundamental, porque la falta de personal de limpieza suficiente para culplir las normas es común en todos los centros. Según Estrella, el último mensaje del delegado del distrito fue que el Ayuntamiento pondría a disposición de los centros de la ciudad a 270 personas para desinfectar a repartir entre los mismos. Juan Carlos Cabrera, en una reunión con los responsables de los centros, descartó la ampliación de plantillas de porteros y de limpiadores. 

La instrucción de la Viceconsejería establece la desinfección de los aseos tres veces al día y del resto de las instalaciones al inicio y al final de la jornada. Para las aulas específicas, como la de informática, la orden es limpiar y desinfectar cada vez que entra un grupo nuevo. En el Santa Marina, la imposibilidad de respetar estas normas han llevado a decidir la eliminación del uso de instrumentos en las clases de música o de materiales como pelotas en educación física. En el Instituto San Isidoro, cada alumno deberá limpiar con productos desinfectantes el teclado y la pantalla del ordenador que utilice, su mesa y la silla. 

“Queremos volver a la escuela”

“Nosotros queremos volver a la escuela, necesitamos la presencia con nuestros alumnos y alumnas, es nuestro hábitat y el comunicado que se ha hecho es de los equipos directivos para explicar las deficiencias que tienen nuestros centros, ya deteriorados con anterioridad al COVID, y la necesidad de recursos económicos, materiales y humanos por parte de la Consejería y el Ayuntamiento. Nos exigen un protocolo sin la preparación necesaria para este documento ni el apoyo de los técnicos de prevención de riesgos laborales. Los maestros y maestras harán todo lo posible, no me cabe ninguna duda, pero la responsabilidad, si hay casos de un alumno, ¿en quién recaerá?”, remarca Estrella.

Los directores de los centros de Educación Infantil y Primaria de Sevilla se han plantado ante las condiciones de seguridad que les ha demandado la Viceconsejería de Educación en la elaboración de los protocolos para prevenir y evitar los contagios de COVID-19 en los colegios el próximo curso y han emitido un comunicado en el que exigen que la Inspección Educativa o la unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la administración pública certifiquen los protocolos que los equipos directivos han de diseñar, cuando no, que sean confeccionados directamente por personas expertas en prevención y seguridad laboral. 

En esta exigencia sobrevuela la preocupación ante la posibilidad de que estos planes de actuación que están preparando no sean efectivos por la imposibilidad de llevarlos a cabo: la saturación de los centros, en cuyas aulas será físicamente imposible mantener la distancia de 1,5 metros entre alumnos; respetar la limitación en el uso de los baños o escalar la entrada y la salida de los estudiantes para evitar aglomeraciones, son algunas de las cuestiones en la lista de preocupaciones de los directores. También se cierne sobre estos equipos docentes y los encargados de asegurar el cumplimiento de los planes de actuación el temor a incurrir en una posible responsabilidad civil ante una eventual aparición de contagios. 

“Las direcciones de los centros no podemos responsabilizarnos del diseño, ni de las medidas sanitarias necesarias para afrontar una pandemia como la que sufrimos”, remarca el comunicado hecho público este jueves por parte de la Asociación de Directores-as de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares de Andalucía (ASADIPRE). Un escrito dirigido a las autoridades educativas, responsables autonómicos y municipales, y especialmente, a las familias, en el que se señala que tal y como están las cosas no pueden garantizar un entorno escolar seguro para los estudiantes ni para los trabajadores, no pueden cumplir con las medidas establecidas en las instrucciones de la Viceconsejería y no se podrán abrir los centros si no se garantiza el personal necesario para las medidas de limpieza e higiene.  

Un goteo de centros comienzan a alzar la voz

Faltan sólo siete semanas para que los centros escolares de Infantil y Primaria abran sus puertas el próximo curso escolar y los equipos directivos de estos centros públicos se están empezando a manifestar en este sentido. El pasado martes lo hicieron los colegios e institutos de Tomares, en el área metropolitana de Sevilla; el miércoles los colegios e institutos del centro histórico de Sevilla y este jueves lo ha hecho ASADIPRE Sevilla, la asociación que agrupa a los directores y directoras de centros de la provincia.

A estas manifestaciones colectivas se suman un goteo de comunicados de centros concretos en los que se denuncia lo mismo. El último, en la tarde de este jueves por parte de los responsables de los centros de Educación Infantil y Primaria y de los Institutos del distrito Cerro-Amate, de la capital. La próxima semana lo harán los directores de institutos de Andalucía, según confirman sus miembros. 

Los problemas relacionados con la saturación de alumnos por aula y la falta de espacio físico para mantener la distancia de seguridad, aplicar los desdobles de clases o separar a los alumnos en el patio afectan de forma especial a los centros escolares e institutos de las zonas urbanas. A pocos días de finalizar el mes de julio y cerrar por vacaciones hasta septiembre, en los centros afirman que no saben aún con cuánto personal adicional de limpieza van a contar para cumplir con las medidas de desinfección de las zonas comunes, imprescindibles para minimizar los riesgos de contagios.Y ésta es la primera queja, la falta de respuesta o concreción por parte de la Consejería a estas alturas del mes de julio.

En el caso de los colegios de Infantil y Primaria, son los ayuntamientos los competentes en la limpieza y desinfección de los centros, mientras que en los institutos es la Junta de Andalucía. En Sevilla, el Ayuntamiento ya ha mantenido contacto con los representantes de los colegios para abordar esta cuestión. Tampoco saben cuántos profesores de refuerzo van ser destinados a cada centro ni su especialidad, lo que -explican- paraliza el trabajo de los equipos directivos para preparar el curso que viene. Desconocen asimismo el equipamiento informático que recibirán. 

Se prevé que este viernes se haga público otro escrito firmado por 20 directivos de colegios e institutos del Aljarafe en el que se cargan las tintas contra la administración educativa autonómica. Este periódico ha tenido acceso a dicho comunicado y en el mismo se insiste igualmente en la negativa de los docentes a asumir la responsabilidad en la seguridad de los centros en este estado de cosas que “refleja una vez más la distancia abismal entre quienes dirigen la educación andaluza y sus trabajadores, es decir, el desconocimiento que existe sobre la realidad de los centros educativos andaluces y sus necesidades más básicas por parte de quienes son sus máximos responsables”.

Un protocolo sin recursos “nunca funcionará”

La reclamación más extendida entre los docentes es que ha recaído sobre sus hombros la realización de un protocolo de seguridad que, consideran que debería ser supervisado por una persona experta. Las Comisiones específicas COVID-19 que cada centro ha tenido que constituir para redactar dicho protocolo están compuestas por el director del centro, representantes de profesores, de padres y madres, de alumnos, jefe de estudios, un representante del Ayuntamiento y una persona de enlace del centro de salud más próximo, así como el encargado de seguridad y riesgos laborales del colegio. Esta última figura, según explican los directores, no es experta en esta materia. Además,en algunos centros no se les ha asignado aún a la persona de enlace de su centro de salud, según denuncian los representantes docentes del distrito Cerro-Amate.  

El director del IES Albert Einstein, Pedro Arias, que también preside la Asociación de Directores de Institutos de Andalucía (ADIAN), explica a este periódico que esta comisión “debería estar integrada por personas seleccionadas desde un punto de vista técnico”. Arias subraya la voluntad colaboradora y proactiva de los equipos directivos en este asunto, algo que también remarca Ignacio Ayza, director del Instituto de Educación Secundaria San Isidoro. Pero, afirma este docente, “un protocolo sin recursos, da igual quién lo haga, no va a funcionar. El problema es un problema de recursos”.

No opina así la Consejería de Educación que, el pasado martes, señaló que “trabaja en un documento que responde a las dudas con respecto al inicio del nuevo curso”, y que será remitido a las direcciones de los centros, aunque “sigue abierto a las aportaciones que se están realizando”. En una nota de prensa recogida por Europa Press, el departamento que dirige Javier Imbroda, anunció la puesta a disposición de los centros educativos una dotación adicional de 50.000 euros para reformas y adaptación de espacios, que, en su conjunto, suman 25 millones de inversión adicional y que ya han sido aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta, además de los maestros de apoyo que ya anunció a principios de julio.

Educación “desconoce completamente la realidad de los colegios”

Además de las detalladas y prolijas labores de limpieza y desinfección que hay que llevar a cabo como premisa para abrir las clases, el agrupamiento del alumnado en las aulas matinales o en el comedor presenta asimismo grandes dificultades para realizarse tal y como se han previsto en las medidas trasladadas por la Junta sobre todo, si no se dota a los centros con recursos humanos suficientes, lamentan los directores.

En general, los directores y directoras dan por hecho que no va a ser posible cumplir con las medidas de distanciamiento de seguridad, lo que implicará que todo el alumnado de Infantil y Primaria, así como el resto del personal, deberá tener puesta la mascarilla durante toda la jornada escolar. Respecto a la formación de grupos de convivencia, propuesta el pasado miércoles por la Viceconsejería para estos casos, el comunicado de ASADIPRE dice: “Hablar de grupos de convivencia en un centro educativo, manteniendo los recursos existentes, supone desconocer completamente la realidad de los colegios andaluces, tratándose de una solución episódica y para la mayoría de los centros imposible de llevar a cabo”.  

Trasladar la responsabilidad civil

ASADIPRE concluye su comunicado de forma contundente reclamando compromiso y coordinación de todas las administraciones e instituciones implicadas para conseguir un entorno seguro; y reclama consensuar, compartir y coordinar cada paso para reabrir los colegios. “No es aceptable delegar toda la responsabilidad y la toma de decisiones en las direcciones de los centros, ni que asuman la responsabilidad derivada de la omisión grave de algunas instituciones”, insisten.

Finalmente, advierten de que si no se atienden las reclamaciones “de seguridad mínima sanitaria”, los directores y directoras de los centros entenderán que ante cualquier situación de contagio sobrevenida, los responsables del mismo no serán ellos, al no disponer de los recursos necesarios para afrontar esa situación, “sino que dicha responsabilidad ha de recaer en la propia Administración, la cual sí dispone de los medios necesarios para facilitar la aplicación de los protocolos que han de ponerse en marcha al inicio del curso”.

Los vecinos de Villaverde del Río (Sevilla) no le temen a la Covid-19 después de cerca de 17 años soportando graves problemas de insalubridad por la falta de un sistema de canalización y depuración de sus aguas residuales. Los que viven en la calle Siete Arroyos se llevan la peor parte porque sus casas están a unos 60 metros de un colector por el que se vierten a un cauce seco las aguas fecales de medio pueblo. Según el alcalde, José María Martín Vera (PSOE), las obras de la Estación Depuradora comenzarán este verano, y según la empresa adjudicataria del proyecto, Dinotec, en los próximos 15 o 20 días. Los habitantes de este pueblo, ubicado en las estribaciones de Sierra Morena y bañado por el río Guadalquivir, rompen en una carcajada de incredulidad cuando este periódico les cuenta lo dicho por la empresa y el regidor. 

No se creen ni una palabra tras décadas reclamando una correcta canalización de sus vertidos sin éxito. El problema está llegando a un punto en el que en algunas viviendas, las situadas en la zona más baja del pueblo, las tuberías de los cuartos de baño se están empezando a atascar porque sus vertidos comienzan a retroceder.

En Villaverde del Río (7.800 habitantes) no ha habido nunca depuradora de aguas. Desde siempre, las tuberías procedentes de las viviendas desembocaban -a través de tres colectores- a un arroyo, el Siete Arroyos, que con las lluvias o las crecidas arrastraba todos los residuos al río Guadalquivir. Estas crecidas también originaban periódicamente importantes inundaciones en el pueblo, de modo que en 2003 se desvió el cauce del arroyo. Sin embargo, las obras de este desvío no incluyeron los colectores, por lo que desde hace 17 años, las aguas fecales se acumulan en un cauce seco donde se estancan y generan plagas de mosquitos, malos olores, ratas, insectos y una contaminación ambiental preocupante. Hay un cuarto colector que desemboca directamente en el río Guadalquivir.

Este periódico ha podido comprobar a primera hora de la mañana cómo el olor es insoportable al pie de uno de los colectores principales, ubicado a escasos metros de la confluencia de las calles Siete Arroyos y Castillo. A medida que avanza el día, y el calor, el olor es cada vez más insoportable, y la cantidad de mosquitos y otros insectos infestan la zona y las viviendas aledañas. En la calle Siete Arroyos las primeras viviendas se comenzaron a construir hace unos 70 años, según los vecinos de esta vía. Anteriormente, había chozas.     

No es sencillo obtener una explicación por parte de las autoridades implicadas al retraso histórico en la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villaverde. Una infraestructura cuya construcción es responsabilidad del Ejecutivo autonómico y declarada de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía en un Consejo de Gobierno celebrado en octubre de hace ahora 10 años. Sin embargo, no sería hasta el año 2017 cuando la Junta de Andalucía la consignó en sus Presupuestos para el ejercicio siguiente, 2018, por un importe total de 8,2 millones de euros (dos millones más que todo el presupuesto municipal), según lo que el entonces consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, dejó plasmado en una respuesta parlamentaria al diputado de IU, José Antonio Castro, en ese año. Fiscal estimaba en esa respuesta que el inicio de las obras se produciría a finales de 2018 y la puesta en marcha de la depuradora sería una realidad a finales de 2021. 

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía adjudicó a la empresa sevillana Dinotec la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de esta estación depuradora en octubre de 2018. La duración del contrato se fijó en 28 meses, por lo que la EDAR debería estar terminada en febrero de 2021. De momento, no existe ninguna señal externa de que las obras vayan a comenzar próximamente, en contra de la respuesta del alcalde de Villaverde del Río, José María Martín Vera. 

La dilación en los permisos paraliza las obras

El regidor ha explicado que el Ayuntamiento ya ha iniciado los expedientes de expropiación para las zonas por donde pasarán las tuberías de canalización de los vertidos, si bien, se tratará sobre todo de servidumbres de paso. La valoración de estas expropiaciones se ha estimado en unos 30.000 euros. 

Sin embargo, esa inminencia en el inicio de las obras choca con las explicaciones de la empresa adjudicataria, Dinotec, que ha declarado a este periódico que en la actualidad se encuentran “elaborando el proyecto de construcción” para, a continuación, asegurar que los trabajos sobre el terreno comenzarán en los próximos 15 ó 20 días. Ingenieros consultados para esta información encuentran extraña la brevedad proyectada por esta empresa entre la elaboración del proyecto constructivo y el inicio efectivo de las obras. 

En todo caso, fuentes de Dinotec achacan la dilación de la ejecución de este proyecto al retraso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en responder a los últimos permisos pertinentes. La Confederación tiene que dar el visto bueno a cualquier intervención que afecte a su dominio territorial.  El pasado día 2 de julio, la CHG trasladaba a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y al Ayuntamiento de Villaverde la última resolución en la que autorizaba el inicio de las obras si bien habrá que hacer algunas modificaciones puntuales relativas a uno de los colectores, según explican fuentes de la Confederación. Las obras pueden comenzar una vez se ajuste en este sentido el proyecto, pero la estación depuradora no podría empezar a verter hasta que no se solicite a la CHG el pertinente permiso de vertidos, “petición que ahora no está cursada”, señalan las mismas fuentes. 

Ahora, según fuentes de la Consejería, los técnicos trabajan para adaptar la estación depuradora a los requisitos contenidos en dicho informe, mientras que el alcalde se acoge al compromiso que, asegura, le trasladó la empresa adjudicataria relativo a que las obras arrancarían antes del otoño y de la llegada de las lluvias.

El doble castigo: multas e insalubridad   

Mientras todos estos trámites en los que hay varias administraciones públicas implicadas van cumplimentándose, hay una población seriamente afectada por los vertidos. No sólo desde el punto de vista ambiental y de salubridad. El Ayuntamiento de Villaverde está pagando una sanción de 400.000 euros porque el equipo que gobernó el pueblo en el mandato 2011-2015 (U) se negó a aplicar el canon instaurado por la Junta de Andalucía en la factura del agua de todos los andaluces para sufragar las obras de las más de 300 depuradoras necesarias en toda la comunidad. Esta deuda se abonará en cuatro años, de forma que cada año ha de hacer frente a una factura de 100.000 euros. A esta cifra hay que sumar las sanciones impuestas por la propia CHG desde el año 2010 por los vertidos de sus aguas fecales sin depurar, y que, según informó el alcalde, ascienden a 218.000 euros. Además, la CHG confirmó la existencia de un expediente sancionador por vertidos sin autorización en Villaverde del Río, si bien, aún se desconoce la resolución del mismo y si terminará en sanción leve, grave o muy grave. El régimen sancionador se mueve en una horquilla que va desde los 10.000 euros hasta el millón de euros.  

De manera que en un pueblo de casi 8.000 habitantes, con un presupuesto anual de 6.100.000 euros al año, y con unos servicios públicos mermados, los vecinos están doblemente afectados por esta situación: por un lado, el presupuesto municipal debe recortarse cada año para hacer frente a las multas por verter de forma totalmente ilegal sus aguas fecales a las afueras del pueblo, y al mismo tiempo, han de soportar los problemas de salubridad que esos residuos sin control generan, casi a la vera de sus domicilios. 

La sensación de impotencia e indignación es común entre los lugareños de la parte más afectada por esta situación. No es que no puedan salir a tomar el fresco al caer el sol, es que no pueden abrir puertas y ventanas para ventilar sus casas porque los insectos se meten en las viviendas. El mal olor ya es algo a lo que algunos se han acostumbrado tanto que casi no lo perciben. Mateo Mira y Manuela Vázquez son un matrimonio que vive en la calle Siete Arroyos, a solo unos pocos metros del muro que separa el antiguo cauce y actual vertedero de aguas fecales. “No me hagas reír, eso llevo escuchando 38 años y tengo 78”, exclama Mateo al comunicarle que el alcalde y la empresa anuncian el inicio de las obras en menos de un mes. 

Los vecinos prefieren las inundaciones a ésto

El motivo de tal incredulidad es la cantidad de veces que las autoridades han anunciado la construcción de esta infraestructura fundamental para cualquier núcleo de población. “No nos lo creemos porque así llevamos 60 años”. Se refiere al tiempo que los vecinos llevan reclamando un correcto saneamiento de sus vertidos. Manuela explica que hace ya 38 años inició una recogida de firmas para que se construyera una depuradora que consiguió “más de mil” adhesiones, pero nunca pasó nada. 

Con todo, la situación anterior al desvío del arroyo era preferible para ellos a pesar de las inundaciones que tenían que sufrir de forma periódica. La corriente del arroyo arrastraba las aguas fecales río abajo. “Antes al menos, cuando había inundaciones, sólo tenías que limpiar el barro de la casa de arriba a abajo y ya está. Ahora mismo, ni siquiera puedo limpiar”, lamenta otra vecina de la misma calle, María Trinidad Rubio, que vive con dos hermanos de mediana edad. “Si no nos ha matado esto, no nos va a matar el coronavirus”, dice esta mujer, mientras sus hermanos asienten y coinciden. A coro, dicen, “prefiero las inundaciones a esto, ahora no puedo limpiar, las inundaciones eran una vez cada seis o siete años”. 

A María Trinidad no le entra en la cabeza que las autoridades sanitarias no intervengan ante la situación que viven y, en cambio, “como ha ocurrido”, dice, cierren una tienda del pueblo por el mal olor causado por dos piezas de fruta en descomposición. Cuenta cómo vecinos de esa misma calle, con niños de corta edad, no pueden salir a pasear ni abrir ventanas por los mosquitos y el mal olor. O cómo a otra vecina “le está entrando la porquería de los vertidos en su casa”.

Antonio y Francisco José, hermanos de María Trinidad cuentan a este periódico haber sido testigos de cómo el operario contratado por el Ayuntamiento para fumigar la zona, en un par de ocasiones, salió de su vehículo, se enfundó el traje y la mochila con el producto, se acercó al cauce seco del arroyo, firmó el parte y se volvió a su vehículo sin echar ni una sola gota de insecticida. Ellos tampoco se creen que este año vaya a comenzar ninguna obra de ninguna depuradora. 

Pocos vecinos concentrados en las inmediaciones del Centro Cívico ‘El Esqueleto’, en el Polígono Sur de Sevilla, esperaban en la mañana de este lunes la visita de los reyes de España, y quienes lo hacían no era para aplaudirles o gritar vivas al Rey. Miembros de la Asociación Nosotros También Somos Sevilla, nacida en este distrito que alberga algunos de los barrios más pobres de España, portaban carteles relativos a la renta mínima o el derecho a la vivienda en la acera de enfrente del edificio al que iban a entrar sus majestades, donde les había situado el equipo de seguridad de la Zarzuela. Don Felipe y doña Letizia llegaron en coche precedidos de una extensa comitiva de autoridades, descendieron, saludaron con la mano, de lejos, y entraron al edificio. Algo más de una hora después, volvieron a subirse al coche para desplazarse al Centro Don Bosco, situado a menos de un kilómetro andando, y donde encontraron algo más de entusiasmo por parte del público concentrado en esa parte. El paseo por las calles, a pie, lo reservaron los reyes para la zona monumental de Sevilla: desde el Archivo de Indias hasta el Alcázar.

En el Polígono Sur la sensación generalizada era de indiferencia y escepticismo, y también cierta indignación. Como es habitual en las visitas reales, el dispositivo de seguridad es amplio, y como es costumbre también, se producen concentraciones de partidarios de la República que son eficazmente alejados del paso de la comitiva real por parte de la Policía Nacional. En esta ocasión, el grupo era numeroso, algo más de un centenar de personas, que fue estratégicamente dividido en dos por parte de la policía, según denunciaron algunos de los presentes en esta protesta. La única persona visiblemente partidaria del monarca portaba una bandera española, un cartel en el que se podía leer “Viva el Rey, Viva España”, y un altavoz en el que sonaba el pasodoble de Manolo Escobar, “Que Viva España”, desde una hora antes de la llegada de los reyes.

El programa de la visita real comenzaba a las 11 de la mañana con una reunión para conocer el trabajo de la Comisión de Emergencia Social del Polígono Sur, creada durante el estado de alarma derivado de la Covid-19 por parte del Ayuntamiento de Sevilla y el Comisionado del Polígono Sur. A la misma asistieron el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Jaime Bretón, comisionado del Polígono Sur. También tres entidades vecinales con larga experiencia en esta zona para explicar su trabajo.

La “cronificación de la exclusión, el fracaso del modelo”

Afuera vecinos del barrio denunciaban la cronificación de la pobreza y la exclusión que vive este distrito en el que hay censadas cerca de 40.000 personas. Alfonso Alcaide, secretario general de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, y miembro también de la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, recordaba que tras 30 años de planes de intervención, la situación de marginalidad y pobreza sigue igual o incluso peor. “Es necesario un cambio en las políticas, que se haga un trabajo con las familias a largo plazo entre las diferentes administraciones”, reclamaba este dirigente vecinal quien, critica precisamente el cortoplacismo de las medidas que se aplican, el carácter finalista de las subvenciones, su efímera planificación, y la falta de control sobre la eficacia de los recursos y las políticas destinadas hasta ahora en este distrito.

Estos vecinos, críticos con la situación de su entorno, esperan poco de la visita de los reyes. “Será buena para él, para lavar su imagen. Para nosotros, hasta que no cambie la política, nuestra situación no la va a cambiar la visita del rey”, manifestaba María del Carmen Picón, secretaria de la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla que ha remitido una carta abierta al rey en el que manifiestan todas estas inquietudes, y en la que reclaman una intervención coordinada y planificada a largo plazo entre las tres administraciones: Ayuntamiento, Junta y Estado.

El desempleo endémico que afecta a esta zona de la ciudad, el absentismo escolar, el uso fraudulento del parque público de vivienda propiedad de la Junta de Andalucía, la fuga de las familias “normalizadas” del barrio o la inseguridad son sólo algunos de los problemas que citan estos activistas y que, insisten, no han remediado ninguno de los planes y políticas aplicadas a lo largo de las últimas décadas en esta zona.

Comparar situaciones vitales

Los pocos vecinos de a pie que se encontraban en las inmediaciones del recorrido de la comitiva se mostraban también descreídos e, incluso, molestos con la visita de Felipe VI. Todos ellos comparaban sus situaciones vitales con las de la monarquía, y todos ellos incidían en los casos de corrupción que han rodeado a la Casa Real en los últimos tiempos. Maite, una joven con tres hijos “y marido funcionario de Correos” calificaba al rey de “mangante” y le retaba a sobrevivir con mil euros al mes.

Lo mismo que Ramón, un vecino que, a bordo de su bicicleta, se detenía a observar el amplio dispositivo de seguridad desplegado en esta zona del barrio y que, a preguntas de este diario, confesaba no llevar a sus hijos al colegio en algunas ocasiones por no tener nada que darles para desayunar. ¿Qué le pediría al monarca? “Trabajo para la juventud, y si no, que viva en paro con su familia, a ver cómo lo lleva”, comentaba este vecino. Pastora, una chica de 19 años: “El rey no sirve para nada, se lleva mucho dinero y roba al país. Yo metía al ejército”.

En la rotonda donde estaban siendo confinados los manifestantes pro república, un matrimonio de jubilados, Encarnación y Manuel, vecinos de un bajo primorosamente adornado con geranios y otras plantas, contemplaban toda la escena. “Me he pintado un poquito que viene Juan Carlos”, decía ella, que sí veía con buenos ojos la visita real. Ambos señalan a la falta de empleo y salarios dignos como el principal problema de este barrio. “Pocas cosas pasan cuando no tienes para darle de comer a tus hijos”, comenta ella. Manuel lamenta que tras más de 36 años cotizados, su jubilación es mínima.

Todos estos testimonios se producían unos instantes antes de la llegada de los reyes al barrio. Una vez dentro de la primera reunión prevista en la jornada, los más críticos pedían “más trabajo y menos caridad”, criticaban que los vecinos del Polígono Sur no estaban dentro de la reunión, se preguntaban “para qué viene [el Rey] si no lo vamos a ver”. También reprochaban la escasez de limpieza en las calles frente a la pulcritud que se podía observar en la mañana de este lunes.

Una bufanda del Betis para el rey

A las puertas del Centro Social Don Bosco las ánimos eran más entusiastas a favor de la monarquía. Aquí los reyes conocieron el trabajo realizado por esta fundación y, en concreto, visitaron tres talleres de inserción laboral (hostelería, costura y electricidad). A las puertas les esperaban vecinos como Martín García, de la Peña Bética del Polígono Sur, que tenía la esperanza de entregarle una bufanda de su equipo blanquiverde. “Es muy positivo para el barrio que vengan, este es un barrio marginal, como cualquier otra parte de España, y para mí es un orgullo que vengan”, comentaba.

Estos vecinos desearían que el rey “interviniera más en la política” para rebajar la crispación. Martín también criticaba que se publiquen “los trapos sucios de la monarquía” y lamentó que se “echen cuentas a eso”, dada la extrema gravedad de la situación de la economía española. “El rey no tiene la culpa de lo que haya hecho su padre”, continúo este partidario de Felipe VI quien tampoco veía ninguna razón para indignarse por el hecho de que los reyes no hayan paseado por las calles del Polígono Sur: “Él habrá decidido que quiere venir aquí, qué ganamos nosotros con que pasee por aquí”.

Finalizada la visita al Centro Don Bosco, los reyes se desplazaron al centro de la ciudad, donde entraron en la Catedral, recorrieron a pie la distancia que hay entre el templo y el Alcázar de Sevilla, en plena zona monumental. Ahí sí tuvieron oportunidad de cruzarse con algún viandante e intercambiar un breve saludo. En el Alcázar celebraron un almuerzo con empresarios. La jornada finaliza en Córdoba, a donde estaba previsto que llegasen en un tren AVE.

Antes de abandonar el Polígono Sur, un miembro del equipo de seguridad de la Casa Real recogió una bufanda del Betis que otro ciudadano, mejor situado estratégicamente que Martín, el vecino crítico con los medios por publicar los “trapos sucios” de los Borbón, había llevado como regalo para el rey.

Esta crónica pretendía reflejar la llegada de turistas al aeropuerto de Sevilla en el primer día de libre circulación de pasajeros en España y en todo el espacio Schengen. Sin embargo, la inmensa mayoría de los viajeros que este domingo poblaban la terminal de llegadas eran familiares esperando a hijos, hijas, hermanas, hermanos y otros parientes procedentes de Londres, de Canarias, Baleares. Tan solo fue posible encontrar un pasajero procedente de la capital británica, cuyo motivo para aterrizar en Sevilla tenía algo que ver con el turismo, si bien seguía camino hasta Vejer (Cádiz) aprovechando que otro compatriota regresaba por trabajo.

Lo mismo ocurría en la terminal de salidas, donde las dos únicas colas para facturar equipaje abiertas al público correspondían a un vuelo a Londres y otros dos vuelos nacionales. El motivo del viaje de todas y cada una de las personas que este diario encontró esperando su turno no estaba relacionado con el turismo, sino con la vuelta a la actividad laboral o el reencuentro con familiares residentes en otras latitudes después de tres largos meses de cuarentena obligatoria.

El de Sevilla fue uno de los aeropuertos autorizados por el Gobierno central para operar vuelos internacionales el pasado mes de mayo con el estado de alarma aún vigente. En el mes de abril, tan sólo existían conexiones con Canarias, Barcelona y Bilbao para aquellos pasajeros que pudieran acreditar el motivo justificado de su viaje. Durante el pasado mes de abril, la media diaria de vuelos ha sido de 20 al día (incluye los despegues y los aterrizajes), cuando en 2019 la media era de 175 vuelos diarios de los que 153 eran vuelos comerciales. Este domingo, primer día sin restricciones para volar desde o hacia España, hubo quince vuelos -despegues y aterrizajes- incluidos Ámsterdam y Londres.

Está previsto que a lo largo de esta semana se vayan incrementando las rutas internacionales y regresen las conexiones con otras ciudades europeas. Desde el Ayuntamiento se traslada un mensaje optimista respecto de la vuelta de los turistas a la ciudad, y desde la Junta de Andalucía, su consejero de Turismo, Juan Marín, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, aventuró una ocupación del 70% en verano en toda Andalucía, y cerrar el año con entre 17 y 18 millones de turistas, con un 7% más en 2021. En estas cifras tienen mayor peso, como es obvio, los destinos de sol y playa, por lo que Sevilla tendrá que esperar para comprobar si, en pleno verano, los turistas se deciden a volver.

En el aeropuerto se está retomando la actividad, si bien, tanto la terminal de salidas, como la de llegadas estaban ocupadas tan solo por los pocos pasajeros que se disponían a tomar un avión y los familiares que aguardaban a sus seres queridos. Ningún comercio de la zona exterior estaba abierto, y tan sólo una empresa de alquiler de vehículos tenía su mostrador en servicio.

La plantilla de la limpieza de San Pablo se está incorporando en esta semana tras un ERTE y, según explicó a este diario uno de estos trabajadores, en principio, son los mismos que antes del estado de alarma. “Lo que antes se hacía una vez ahora se hace tres o cuatro veces y es más desinfección que limpieza en general”, comentaba este operario. Su trabajo se centra básicamente en ir limpiando constantemente los botones de los ascensores, de las máquinas expendedoras o de los cajeros, las pantallas táctiles, las papeleras, los mostradores, bancos, ascensores o los pomos de puertas… todo aquello susceptible de ser tocado.

A partir de este lunes, vuelve haber personal de limpieza de forma continua desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Durante el estado de alarma, tan solo limpiaban cuando el aeropuerto abría sus puertas y al borde del cierre. Además, personal de Sanidad Exterior toma la temperatura a los pasajeros que abandona en aeropuerto por la terminal de llegadas. Dentro del avión, sin embargo, no había distancia de seguridad, según la queja de uno de ellos. Tampoco en el aeropuerto de origen se les tomó la temperatura antes de subir al avión.

Los españoles que vivían en Londres vuelven al trabajo

En las salidas, el único vuelo internacional de la tarde es a Londres a través de la compañía de bajo coste Ryanair y, lo primero que llama la atención, la cantidad de pasajeros en la cola para facturar y el gran tamaño del equipaje que portan, algo poco usual en este tipo de vuelos antes de la Covid-19. Ninguno de los pasajeros que integraban esta cola iba a la ciudad británica para hacer turismo. La mayoría viajaba por motivos laborales con el reinicio de la actividad, como dos tripulantes de Ryanair que después de tres meses de parón, regresaban a su base de operaciones en el país británico situada en Londres.

Cuando se les pregunta si sienten miedo al incorporarse a un puesto de trabajo donde el contacto con el público es tan estrecho, responden: “en absoluto”, y citan de carrerilla que el sistema de ventilación de los aviones ha sido modificado para renovar el aire cada tres minutos. “Miedo en absoluto”, insisten, aunque ponen el acento en la necesidad de que los pasajeros sean responsables y sigan las medidas de seguridad e higiene.

La mayoría de los consultados en esta cola de facturación tomaban un avión para reincorporarse a sus puestos de trabajo, también para buscar nuevas oportunidades, como el caso de un ciudadano ecuatoriano residente en Sevilla que despegó este domingo para probar suerte en Londres. Un señor de avanzada edad se desplazaba para visitar a su hija, y una familia de tres miembros, medio británica medio española, se vino a España a pasar el confinamiento en una casa en la naturaleza y ahora volvían “a la vida real, al trabajo, a Londres”. Al principio de la fila un pasajero volvía a Londres porque le pilló el estado de alarma en Sevilla, haciendo turismo, y eligió quedarse en la ciudad.

En la terminal de llegadas de San Pablo se estaba reproduciendo este domingo la misma escena que iba a tener lugar unas pocas horas después en la del aeropuerto de Londres al que llegarían más tarde todos estos pasajeros. Reencuentros familiares, abrazos y algo de incertidumbre a la hora de encontrar el ascensor, el cuarto de baño…

Los únicos casos de turistas eran la de un muchacho que acompañaba a un amigo a Vejer y aprovecharía una semana para hacer turismo. Preguntado si se sentía a salvo de contagiarse en España de la Covid-19 respondieron ambos que aquí se sienten más seguros que en Inglaterra.

Además de ciudadanos españoles que residen en Londres, en ese vuelo llegaron británicos que residen en España y regresan a su hogar tras la cuarentena, una familia inglesa que viene a un funeral, un hombre joven que por motivos de negocios viaja a Fuerteventura y se dispone a pasar la noche en el aeropuerto para enlazar con el vuelo que sale a primera hora de este lunes.