Han pasado más de diez meses desde la imposición de sanciones de Estados Unidos contra la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, contra varios jueces e integrantes de la Corte Penal Internacional y contra varias organizaciones de derechos humanos palestinas. Washington los castiga por cumplir con la obligación que les asigna su puesto: investigar crímenes masivos y defender la aplicación del derecho internacional. Las consecuencias de estas sanciones son profundas. No pueden viajar a Estados Unidos ni usar servicios de empresas estadounidenses, no pueden utilizar sus tarjetas de crédito ni acceder a su dinero en sus bancos, incluidos los europeos.

“Quiero que se entienda por qué sanciones impuestas por otro país tienen efecto en Europa: porque en lo que respecta al sistema bancario, no hay soberanía europea, por eso hoy me pasa a mí, pero mañana podrían sufrirlas miembros de gobiernos o más jueces”, explicó esta semana la relatora de la ONU, Francesca Albanese, quien se ha convertido en un referente internacional en la defensa de los derechos de los palestinos.

Desde la aplicación de las sanciones hace más de diez meses hasta esta semana ningún Gobierno europeo había pedido públicamente a Bruselas la activación del reglamento de bloqueo de la UE, diseñado para proteger a ciudadanos europeos de sanciones de terceros países. El pasado miércoles lo hizo España, a través de una carta enviada por el presidente Pedro Sánchez a la Comisión Europea y de un vídeo colgado en sus redes sociales, en los que solicitaba que este castigo estadounidense no tenga efecto en la Unión Europea.

Ese pronunciamiento de España se produjo ante la visita de Francesca Albanese a nuestro país, donde participó en varios actos públicos y fue recibida por Sánchez, quien le hizo entrega de una medalla al mérito civil. Con la relatora de la ONU pisando suelo español, el silencio gubernamental habría llamado la atención, tras diez meses de sanciones estadounidenses vigentes contra ella y la petición expresa no solo de la relatora y de jueces sancionados, sino también de organizaciones internacionales de derechos humanos y de juristas que han impulsado una campaña desde La Haya solicitando medidas de protección inmediatas.

Solo Eslovenia se ha unido a la petición española a Bruselas para bloquear los efectos de las sanciones estadounidenses, mientras el país de Albanese, Italia, se niega a protegerla. Desde la Comisión Europea no ha habido respuesta. La posición de la mayoría de los integrantes de la UE tiene profundas repercusiones en la preservación del derecho internacional y en la normalización de la impunidad.

Desde la aplicación de las sanciones de EEUU hace 10 meses ningún Gobierno europeo había pedido públicamente la activación del reglamento de bloqueo de la UE, diseñado para proteger a europeos de sanciones de terceros países.

La UE da la espalda al derecho internacional

Hace tan solo dos meses, varios ministros de Exteriores europeos —entre ellos, los de Francia, Alemania, Austria o República Checa— participaron en una campaña de difamación contra la relatora de la ONU para Palestina y pidieron su dimisión, mientras sus países continúan manteniendo estrechas relaciones con Israel y evitan desplegar la protección que merecen los tribunales internacionales. Desde el anuncio de las sanciones estadounidenses hasta hoy, ninguno de esos países ha impulsado acciones coordinadas para proteger a la relatora de Naciones Unidas ni a los jueces y funcionarios de la Corte Penal Internacional sancionados, pese a que entre ellos hay varios europeos y pese a que el reglamento de bloqueo de la UE está diseñado para este tipo de casos.

Desde enero de 2024, las Cortes de La Haya han dado herramientas a los Estados para que actúen siguiendo sus obligaciones, es decir, adoptando medidas para “prevenir y sancionar” el genocidio, tal y como exige la Convención sobre Genocidio. Sin embargo, la Unión Europea mantiene su Acuerdo de Asociación preferencial comercial vigente con Israel, pese a que su artículo 2 exige a las partes respeto a los derechos humanos. Solo Irlanda, Eslovenia, Bélgica y España han presionado para su suspensión. Los relatores de la ONU han indicado que ese paso es “un requisito mínimo”, es decir, que no es la única obligación exigida por el derecho internacional.

Cuando en noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional lanzó órdenes de arresto contra Netanyahu y contra su exministro de Defensa, varios países europeos —entre ellos, Francia— cuestionaron la posibilidad de cumplirlas. Cuando la Corte Internacional de Justicia advirtió en enero de 2024 del riesgo de genocidio en Gaza, ningún país europeo adoptó las medidas obligadas para prevenirlo. Cuando la relatora de Naciones Unidas para Palestina presentó en febrero de 2024 su informe “Anatomía de un genocidio” los países europeos siguieron firmando contratos con empresas armamentísticas israelíes y continuaron con el comercio preferencial con Israel.

A lo largo de 2024, la Corte Internacional de Justicia emitió varias órdenes cautelares, y en julio de ese año solicitó a los países de la ONU “suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los Territorios Ocupados Palestinos” en relación con la “ocupación ilegal” israelí y la “segregación”, nombradas en esos términos por dicho tribunal. Los países europeos no lo hicieron ni entonces ni durante todo 2025, y a día de hoy todos ellos mantienen en mayor o menor medida relaciones con empresas o entidades israelíes que contribuyen directa o indirectamente a la ocupación y al apartheid israelíes.

En octubre de 2025, la Comisión de Investigación Independiente asignada por Naciones Unidas señaló que “hay un genocidio en Gaza desde octubre de 2023” y sus integrantes subrayaron que, desde el inicio, los países tenían la obligación de prevenirlo. Los jueces y juristas de dicha Comisión han indicado que los Estados deben suspender cualquier relación que favorezca la ocupación ilegal israelí, y que eso incluye la obligación de retirar de sus embajadas en Israel a sus agregados militares y cerrar sus oficinas comerciales en el país, entre otras medidas. Nada de esto se ha adoptado aún.

Los países también deben impulsar una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas contra esas sanciones estadounidenses.

Pasos que no se han adoptado

Hay otras muchas iniciativas que un país puede impulsar para proteger a los juristas sancionados, para cumplir con la defensa del derecho internacional y para intentar frenar los crímenes masivos que Israel sigue aplicando contra la población palestina.

La propia relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, ha señalado que los Estados miembros de la ONU tienen la obligación de suspender relaciones comerciales de bienes y servicios con Israel, “no solo con las colonias”. También ha propuesto la suspensión de Israel en la Asamblea General de Naciones Unidas, como se hizo con el régimen del apartheid de Sudáfrica en 1974.

Algunos países europeos han impuesto restricciones a sus relaciones armamentísticas con Israel, en diferentes niveles, pero la mayoría de ellos no las han prohibido por completo y permiten asistencia financiera, operaciones indirectas mediante filiales o intermediarios o transacciones excepcionales en nombre de “intereses nacionales”, como es el caso español.

Para forzar un cambio es preciso ejercer presión política, económica y diplomática. En ese sentido, la petición de bloquear las sanciones contra las personas e instituciones que intentan prevenir y sancionar el genocidio es un paso mínimo necesario, pero hacen falta más medidas. Además de las ya enumeradas, hay iniciativas concretas que deben adoptarse para proteger a los jueces, fiscales, la relatora de la ONU y las organizaciones de derechos humanos palestinas castigadas por Washington.

Eso incluye impulsar acciones legales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Corte Internacional de Justicia, ya sea mediante demandas contra EEUU o a través de solicitudes de opinio juris, es decir, de una resolución sobre interpretación jurídica, para que se declare la obligación de cumplir la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Funcionarios de Naciones Unidas. Tales inmunidades son incompatibles con las sanciones unilaterales impuestas por Washington contra la relatora de la ONU.

Los países también deben impulsar una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas contra esas sanciones estadounidenses. Además, tienen que trabajar para crear un bloque coordinado mayor que solicite formalmente a la Unión Europea la aplicación del Instrumento contra la Coerción —Reglamento (UE) 2023/2675— el Estatuto de Bloqueo, o cualquier otro instrumento jurídico que permita dejar sin efecto normas de terceros países que afecten a los intereses de la Unión Europea. Mientras tanto, deben idearse y facilitarse mecanismos y vías alternativas para que los sancionados puedan acceder a sus ingresos de algún modo.

Dentro de las obligaciones internacionales está la de trabajar con todos los Estados del mundo dispuestos a presionar contra el régimen de apartheid israelí tanto en la Asamblea de la ONU como en otros foros. La Unión Europea ha impulsado al menos veinte paquetes de sanciones contra Rusia y ninguno contra Israel, evita proteger a la relatora de la ONU, no despliega mecanismos para bloquear las sanciones contra los integrantes de la Corte Penal Internacional y sigue protegiendo a los Estados miembros que facilitan y normalizan el apartheid israelí.

La UE es el mayor socio comercial de Israel, por delante de Estados Unidos. Su posición contribuye a que los crímenes israelíes continúen, pese a que apenas aparecen ya en muchos medios de comunicación (precisamente, el próximo informe de la relatora de la ONU analizará el papel de los medios en la facilitación del genocidio).

El Ejército israelí sigue asesinando e hiriendo a civiles en Palestina todas las semanas, ha vuelto a secuestrar a integrantes de la flotilla Global Sumud en aguas internacionales, ha matado a más de dos mil personas en Líbano en los últimos dos meses y ha extendido su anexión ilegal de territorio con nuevos asentamientos. El Gobierno de Israel endurece sus operaciones de segregación contra la población palestina y se han conocido nuevos casos de maltrato y de tortura.

En Gaza la población vive hacinada en un tercio del territorio, arrinconada y vigilada por el Ejército israelí, que ocupa más de la mitad de la Franja. Cientos de miles de personas habitan en tiendas de campaña, sin atención médica adecuada, sufriendo frío, calor, humedad y mordeduras de ratas que, literalmente, están provocando heridas y enfermedades. 

La UE y los Estados que la integran mantienen sus embajadas y oficinas comerciales abiertas en Israel, continúan con sus relaciones comerciales con empresas israelíes y no han suspendido por completo sus relaciones militares o armamentísticas con Tel Aviv. Algunos países, incluso, siguen facilitando apoyo logístico, político y militar a Israel. Esta posición contribuye a la situación actual, en la que Israel comete genocidio, ocupa ilegalmente, coloniza, aplica apartheid y practica “tortura sistemática contra la población palestina”.

“En tiempos de genocidio, si no formas parte de la solución, formas parte del problema: no hay espectadores neutrales”, repite Francesca Albanese, con razón. Ante un genocidio, la inacción constituye una forma de complicidad y una vulneración del derecho internacional.

Continuamos la programación de los podcasts en vivo de Atado y Bien Atado, conducidos por Olga Rodríguez, con un nuevo episodio en donde abordaremos cuestiones fundamentales en España como la memoria histórica o la educación y el estudio del franquismo en nuestras aulas.

Cincuenta años después de la muerte del dictador, el franquismo sigue siendo una asignatura pendiente en muchos colegios de nuestro país. De ello hablamos en este podcast, de la mano de Estela y Jule, dos alumnas del Colegio Lourdes, integrantes del grupo de memoria democrática de su centro. Además, contamos con la participación especial de Rosa García Alcón, activista antifranquista que estuvo en la cárcel y sufrió tortura durante la dictadura, y con las voces de varios profesores de primaria y secundaria y de un estudiante universitario procedente de una familia represaliada por el franquismo.

Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

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El gasto militar mundial alcanzó los 2,887 billones de dólares en 2025, un aumento del 2,9% en términos reales respecto a 2024. Así lo destaca el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el SIPRI, en su informe anual publicado este lunes y al que ha tenido acceso con antelación elDiario.es.

En 2025, el gasto militar creció en todas las regiones del mundo excepto en las Américas. Estados Unidos sigue en el número uno y Europa experimenta un fuerte incremento, con una subida del 14%. Los cinco principales gastadores militares —Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India— en conjunto representaron el 58% del gasto militar mundial.

“Las cifras de gasto militar actual, de récord, nos muestran que buena parte de los países que más han aumentado su gasto militar históricamente son precisamente los que están actualmente en guerra, mientras que los que no lo han hecho son los países, hoy en día, más pacíficos, como Islandia, Suiza, Irlanda, Austria y Nueva Zelanda”, señala Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz, en el podcast 'Donde callan las armas', que se emite en elDiario.es y en plataformas.

El gasto militar en España

España entra en el ránking de los quince países con más gasto militar mundial, en el puesto 15, y dentro de ese grupo es el país que registra un mayor aumento con respecto a 2024: un 50%, hasta los 40.200 millones de dólares, según los datos que ofrece el SIPRI y muy cerca de lo que avanzó elDiario.es en abril de 2025. “Es la primera vez que España forma parte de este ránking de los quince países con mayor gasto militar mundial”, señala Jordi Calvo en el análisis específico sobre nuestro país.

Dentro de ese grupo, doce países volvieron a aumentar su gasto y solo tres registraron descensos: Estados Unidos, Reino Unido e Israel. El gasto de Polonia, en el puesto 14, creció un 23%, mientras que Italia, en el puesto 12, y Ucrania, en séptimo lugar, aumentaron su gasto militar un 20% cada uno.

El informe del SIPRI señala que este incremento en 2025 elevó la carga militar de España al 2,1% del PIB, “en el marco del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa del Gobierno español, lanzado en abril de 2025, al que se asignaron 11.800 millones de dólares durante ese año”.

El gasto militar real del Estado español en 2025 ha sido más elevado que lo anunciado en su momento y representa ya el 2,42% del PIB

Centre Delàs de Estudios por la Paz

Más elevado

En el año 2016 España tenía un gasto militar del 1,1% del PIB, por lo tanto el gasto actual casi multiplica por dos ese porcentaje de 2016. El SIPRI indica que, con respecto a esa fecha, el gasto militar ha aumentado un 122%.

El Centre Delàs de Estudios por la Paz ha presentado este lunes sus análisis y señala que , según sus cálculos, “el gasto militar real del Estado español en 2025 ha sido aún más elevado que lo anunciado por el Gobierno, llegando a la cifra de 39.476 millones de euros, y ya representando el 2,42% del PIB”.

Para hacer ese cálculo, los investigadores del Centre Delàs aplican los criterios establecidos por la propia OTAN para contabilizar el desembolso de todos sus miembros. Esto incluye todas las partidas vinculadas a la defensa militar, como los costes de personal paramilitar de la Guardia Civil , los créditos en I+D militar que surgen desde el Ministerio de Industria, las misiones militares en el exterior o los intereses de la deuda correspondientes al total del gasto militar, entre otros.

Para alcanzar el 2,42% del PIB “el Gobierno ha echado mano, por primera vez, de otras partidas de carácter militar repartidas entre otros ministerios y programas”, indica el Centre Delàs. “Este método de contabilización que ha empleado tiene en cuenta todos los gastos militares, algo que venimos demandando desde hace más de dos décadas”, señala Calvo.

La cifra de 39.476 millones de euros de gasto militar español ofrecida por el Centre Delàs es superior a los 40.200 millones de dólares del SIPRI, ya que ha tenido en cuenta todas esas partidas vinculadas.

El gasto militar mundial volvió a aumentar en 2025, ya que los Estados respondieron a otro año de guerras, incertidumbre y agitación geopolítica con programas de rearme a gran escala

Xiao Liang — SIPRI

Datos globales

Estas cifras confirman la tendencia al alza en un marco de mayor militarismo, siendo 2025 el undécimo año consecutivo de incremento mundial y con un crecimiento de la carga militar global —el gasto militar como porcentaje del producto interior bruto (PIB)— al 2,5%, su nivel más alto desde 2009.

“El gasto militar mundial volvió a aumentar en 2025, ya que los Estados respondieron a otro año de guerras, incertidumbre y agitación geopolítica con programas de rearme a gran escala”, señala Xiao Liang, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI.

“Dado el abanico de crisis actuales, así como los objetivos de gasto militar a largo plazo de muchos Estados, es probable que este crecimiento continúe durante 2026 y más allá”, añade.

El principal motor del aumento global del gasto militar en 2025 fue el incremento del 14% en Europa, hasta 864.000 millones de dólares

Instituto de Investigación de Estocolmo (SIPRI)

El gasto militar de los 32 miembros de la OTAN ascendió a 1,581 billones de dólares, es decir, el 55% del gasto mundial. Estados Unidos sigue en el primer puesto con 954.000 millones de dólares, pero con una reducción de su gasto militar, que en 2025 fue un 7,5% inferior al de 2024. Esta caída se debe principalmente a que no se aprobó una nueva partida financiera para Ucrania durante el año, en marcado contraste con los tres años anteriores.

Sin embargo, Washington aumentó las inversiones tanto en capacidades nucleares como convencionales “para mantener su dominio en el hemisferio occidental y disuadir a China en el Indo-Pacífico, objetivos clave de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional”.

“Es probable que la caída del gasto militar estadounidense en 2025 sea de corta duración”, advierte Nan Tian, director del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI. “El gasto aprobado por el Congreso de EEUU para 2026 ha superado el billón de dólares, un aumento sustancial respecto a 2025, y podría elevarse hasta 1,5 billones en 2027 si se aprueba la última propuesta presupuestaria del presidente Trump”.

Si analizamos las tablas comparativas, vemos que en el año 2016 España tenía un gasto militar del 1,1% del PIB, por lo tanto el gasto actual multiplica por dos ese porcentaje de 2016

Jordi Calvo — Centre Delàs

Fuerte aumento del gasto europeo

El principal motor del aumento global del gasto militar en 2025 fue el incremento del 14% en Europa, hasta 864.000 millones de dólares. Es el nivel más alto jamás registrado por el SIPRI.

“En la década 2016-2025, el gasto se duplicó (+102 %). Este incremento refleja la creciente inestabilidad geopolítica en la región, principalmente relacionada con la guerra entre Rusia y Ucrania y la incertidumbre sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos para los miembros europeos de la OTAN”, señala el informe del SIPRI.

El gasto de Rusia y Ucrania continuó creciendo en el cuarto año de la guerra, mientras que el rearme de los miembros europeos de la OTAN supuso el mayor crecimiento anual en Europa Central y Occidental desde el final de la Guerra Fría.

El gasto militar de Rusia creció un 5,9% en 2025 hasta los 190.000 millones de dólares, con una carga militar del 7,5% del PIB. Ucrania, el séptimo mayor gastador, aumentó su gasto un 20% hasta los 84.100 millones de dólares, equivalentes al 40% de su PIB.

“En 2025, el gasto militar como proporción del gasto público alcanzó el nivel más alto jamás registrado tanto en Rusia como en Ucrania”, indica Lorenzo Scarazzato, investigador del SIPRI. “Es probable que siga creciendo en 2026 si la guerra continúa, con mayores ingresos por exportaciones de petróleo en Rusia y un importante préstamo previsto de la Unión Europea para Ucrania”.

Los 29 miembros europeos de la OTAN gastaron en conjunto 559.000 millones de dólares en 2025, y 22 de ellos destinaron al menos el 2% del PIB a defensa. Alemania fue el mayor gastador del grupo, con un aumento del 24% hasta los 114.000 millones

Los 29 miembros europeos de la OTAN gastaron en conjunto 559.000 millones de dólares en 2025, y 22 de ellos destinaron al menos el 2% del PIB a defensa. Alemania fue el mayor gastador del grupo, con un aumento del 24% hasta los 114.000 millones. Su carga militar superó el 2% por primera vez desde 1990, alcanzando el 2,3%.

“En 2025, el gasto militar de los miembros europeos de la OTAN creció más rápido que en cualquier otro momento desde 1953”, destaca Jade Guiberteau Ricard, asistente de investigación en el Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI.

“A medida que los Estados intentan cumplir los nuevos objetivos de gasto, existe el riesgo de que se difuminen los límites entre el gasto militar y otros gastos relacionados con la defensa, reduciendo la transparencia”, advierte.

Las cifras muestran que buena parte de los países que más han aumentado su gasto militar históricamente son precisamente los que están actualmente en guerra, mientras que los que no lo han hecho son los países, hoy en día, más pacíficos

Jordi Calvo — Centre Delàs

Oriente Medio

El gasto militar en Oriente Medio alcanzó unos 218.000 millones de dólares en 2025, apenas un 0,1% más que en 2024. Excepto Israel, la mayoría de los principales países de la región aumentaron su gasto. El gasto de Israel disminuyó un 4,9% hasta los 48.300 millones. Aun así, seguía siendo un 97% superior al de 2022.

El gasto de Turquía aumentó un 7,2% hasta los 30.000 millones y el gasto de Irán cayó por segundo año consecutivo, un 5,6% hasta los 7.400 millones, debido a la alta inflación, aunque aumentó en términos nominales.

Asia y Oceanía

El gasto militar en Asia y Oceanía alcanzó los 681.000 millones de dólares en 2025, un 8,1% más que en 2024, el mayor aumento registrado desde 2009. China incrementó su gasto un 7,4% hasta los 336.000 millones, Japón aumentó su gasto un 9,7% hasta los 62.200 millones (1,4% del PIB), el nivel más alto desde 1958, y Taiwán alcanzó el 14% hasta los 18.200 millones (2,1% del PIB).

“Los aliados de Estados Unidos en Asia y Oceanía están aumentando su gasto militar no solo por tensiones regionales, sino también por la incertidumbre sobre el apoyo estadounidense”, resalta el investigador del SIPRI Diego Lopes da Silva.

Otras cifras

El SIPRI indica que el gasto militar del Reino Unido cayó un 2,0% hasta los 89.000 millones y el de Francia aumentó un 1,5% hasta los 68.000 millones.

India aumentó su gasto un 8,9% hasta los 92.100 millones de dólares, Pakistán lo hizo en un 11% hasta los 11.900 millones y Arabia Saudí incrementó su gasto un 1,4% hasta los 83.200 millones. En África el gasto militar aumentó un 8,5% hasta los 58.200 millones totales.

El gasto militar como proporción del PIB —la llamada carga militar— es una medida del coste económico relativo de las fuerzas armadas para un país. A nivel mundial, esta carga aumentó del 2,4% en 2024 al 2,5% en 2025, el nivel más alto desde 2009.

En promedio, los países de Oriente Medio registraron la mayor carga militar en 2025 (3,8% del PIB), seguidos por Europa (3,2%), África (1,8%), Asia y Oceanía (1,6%) y América (1,2%).

Los tres países con mayor carga militar fueron Ucrania (40%), Argelia (8,8%) e Israel (7,8%). “El mayor aumento se registró en Ucrania (+5,6 puntos porcentuales), seguida de Azerbaiyán (+1,4) y Noruega y Dinamarca (ambos +1,0)”, indica el SIPRI. Sudán del Sur y Burkina Faso registraron las mayores disminuciones.

Esta semana, una vez más, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea evitó someter a votación la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel, un pacto que otorga al Estado israelí la categoría de socio comercial prioritario de la UE. Alemania e Italia fueron los principales opositores a su suspensión, pero también mostraron reticencias otros países.

El Acuerdo de Asociación de la UE con Israel, puesto en marcha en 2003, ha seguido vigente desde entonces pese a las matanzas, el apartheid y la anexión ilegal impulsadas por el Ejército israelí. Operar con un acuerdo preferencial como este viola la Convención sobre Genocidio, que exige adoptar todas las medidas posibles para prevenir el genocidio, e ignora la petición de la Corte Internacional de Justicia, que solicita a los Estados “suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan” a la ocupación ilegal israelí y a la segregación contra la población palestina. 

La Unión Europea conoce los crímenes israelíes pero opta por no activar mecanismos para intentar frenarlos, evita suspender sus relaciones preferenciales y además vuelve a decir sí a la participación israelí en Eurovisión. Esta posición supone un incumplimiento de sus obligaciones internacionales y una violación del derecho internacional. Llevamos dos años y medio de genocidio en Gaza contemplando cómo las palabras van por un lado, y los hechos, por otro.

Relatores de la ONU subrayan que la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel es un “requisito mínimo”, es decir, no es la única obligación que tienen los Estados para cumplir el derecho internacional, pero ni siquiera ese paso ha sido posible

Varias ONG han denunciado que el Acuerdo siga activo y han tratado de presionar para su suspensión, junto con Eslovenia, Bélgica, Irlanda y España. Amnistía Internacional, entre otras, ha señalado que el mantenimiento de estas relaciones preferenciales “muestra el desprecio por las vidas civiles” y “será recordado como otro capítulo vergonzoso en uno de los momentos más deshonrosos de la historia de la Unión Europea”.

El responsable de incidencia en la UE de Human Rights Watch (HRW), Claudio Francavilla, ha indicado que “la UE siempre ha tenido las herramientas para ejercer una presión real para frenar los crímenes israelíes y perseguir la rendición de cuentas, para prevenir la destrucción y los asesinatos de madres, niños, familias enteras. No las utiliza, y esto es una elección política deliberada y una violación del derecho internacional”. La Unión Europea es el mayor socio comercial de Tel Aviv, por delante de Estados Unidos: no es verdad que no disponga de mecanismos para presionar a Israel.

Los relatores expertos de Naciones Unidas subrayan que la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel es un “requisito mínimo”, es decir, no es la única obligación que tienen los Estados para cumplir el derecho internacional en estos momentos. Pero ni siquiera ese paso ha sido posible. “La UE no puede afirmar que defiende los derechos humanos mientras mantiene un comercio preferencial con un Estado cuyo comportamiento equivale a genocidio”, han denunciado. 

La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, insiste en que “limitar el comercio con las colonias es una cortina de humo”, porque “si el derecho internacional significa algo, la complicidad no se ajusta o se limita: se acaba con ella, por lo que el comercio con Israel debe suspenderse ya”.

La UE siempre ha tenido las herramientas para ejercer presión real para detener los crímenes israelíes, para prevenir los asesinatos de madres, niños, familias enteras. No las usa, y esto es una decisión política deliberada y una violación del derecho internacional.

Claudio Francavilla, HRW

Quién protege a quien protege

Todo esto ocurre mientras once integrantes de la Corte Penal Internacional, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, y varias organizaciones de derechos humanos palestinas siguen sancionados por Estados Unidos por hacer su trabajo. No han cometido ningún delito pero sufren un castigo habitualmente empleado contra narcotraficantes y redes criminales. Su labor consiste en investigar crímenes, recopilar pruebas y aplicar el derecho internacional, y por eso han recibido las sanciones del Gobierno de Trump. 

Algunos de los afectados por ese castigo son europeos, por lo que llevan tiempo solicitando a los Estados la activación del reglamento de bloqueo de la UE, diseñado para proteger a sus ciudadanos en este tipo de casos. Esta semana esos jueces y juristas sancionados por Washington lanzaron un SOS desde La Haya, sede de los dos tribunales internacionales. En un encuentro público impulsado por la Coalición para la Corte Penal Internacional y la campaña Courage, dirigida principalmente a la UE, ofrecieron una rueda de prensa para relatar cómo les afecta este castigo y para solicitar ayuda a los Estados.

Bajo el título '¿Quién protege a quien protege?' contaron que no pueden usar sus tarjetas de crédito ni acceder a sus propios ingresos en sus cuentas bancarias europeas —u otras— y demandaron protección de los países europeos. 

No puedo realizar pagos ni recibir ingresos y he sido condenada –también en mi propio país, también en Europa– a una muerte civil

Relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos

“No puedo realizar pagos, no puedo recibir ingresos y he sido condenada —también en mi propio país, también en Europa— a una muerte civil”, denunció Francesca Albanese, relatora de Naciones Unidas, quien agradeció la elaboración de un informe sobre la situación de los sancionados, realizado por la Coalición para la Corte Penal Internacional.

“Si Australia, Túnez o cualquier otro Estado impusieran sanciones a alguien, no se aplicarían fuera de ese país. Pero cuando se trata de bancos, como Europa no tiene verdadera soberanía bancaria, nuestros bancos en Europa corren el riesgo de ser acusados de cometer un delito grave”, explicó Albanese, refiriéndose a su imposibilidad de acceder a sus propios ingresos en cuentas bancarias europeas. Por esta situación su familia interpuso recientemente una querella en Estados Unidos contra Trump y el Secretario de Estado, Marco Rubio.

Tanto ella como los representantes de las organizaciones palestinas sancionadas —Al Haq, Al Mezam y el Centro Palestino para los Derechos Humanos— enfatizan que “es Israel el que está cometiendo crímenes”, “nosotros somos los que los investigamos”. Sin embargo, son ellos los que están recibiendo presiones, persecución y castigo: “Nos colocan junto a narcotraficantes y criminales, en el mismo saco”.

Hace tan solo unos días Francia negó la entrada al director de Al Haq, quien tenía previsto participar en una conferencia en París. Esta organización, al igual que las otras dos mencionadas, lleva décadas realizando tareas de investigación en los territorios palestinos y presentando demandas en los tribunales.

Es el viejo juego: en Bruselas nos dicen que el problema está en las capitales y en las capitales nos dicen que está en Bruselas. Y así, por defecto, Europa no está cumpliendo en materia de derecho y justicia

Issam Younis, director de Al Mezam

También recientemente la relatora de la ONU, Francesca Albanese, fue objeto de una campaña de difamación en su contra, en la que participaron varios ministros de Exteriores de la UE pidiendo su dimisión. “Cuando Albanese expone los crímenes israelíes, algunos Estados de la UE exigen su renuncia”, señala Claudio Francavilla, de HRW. El precio de respaldar la aplicación del derecho internacional es cada vez más alto, no solo en suelo estadounidense, también aquí, en esta Europa de doble rasero. 

“Esperábamos recibir señales alentadoras en Bruselas, pero salimos completamente frustrados”, explica el director de Al Mezam, Issam Younis. “Es el viejo juego: en Bruselas nos dicen que el problema está en las capitales y en las capitales nos dicen que está en Bruselas. Y así, por defecto, Europa no está cumpliendo con su papel en materia de derecho, de rendición de cuentas y de justicia”, denuncia. 

“Por favor, apoyen esta campaña, porque resulta chocante ver que hay funcionarios estatales que ni siquiera saben que hemos sido sancionados”, reclama la relatora de la ONU. Y añade: “Hay personas que tienden a ser cobardes o que no se dan cuenta de que forman parte del sistema. Piensan que tramitando papeles no están haciendo nada, que no contribuyen. Pero no es así. Hoy, en tiempos de genocidio, si no formas parte de la solución, formas parte del problema. No hay espectadores neutrales cuando se trata de un genocidio”. 

Hay personas que no se dan cuenta de que forman parte, piensan que tramitando papeles no contribuyen. Pero no es así. Hoy, en tiempos de genocidio, si no formas parte de la solución, formas parte del problema.

Francesca Albanese

En tiempos de genocidio, la inacción es una contribución a los crímenes y supone una vulneración del derecho internacional. La Unión Europea sigue apostando por sostener su imagen dando dinero para la reconstrucción, pero sin molestar en la fase de destrucción. No desplegó las herramientas obligadas para evitar la destrucción de hospitales, escuelas y personas y sigue sin hacerlo. “El ciclo que financia la Unión Europea es reconstruir, bombardear de nuevo, reconstruir, bombardear de nuevo, ese ciclo aviva la impunidad”, denuncia Claudio Francavilla, responsable de Human Rights Watch para la UE.

Los negocios y las alianzas preferenciales de la UE con Tel Aviv siguen adelante mientras Israel viola el alto el fuego en Gaza y Líbano, mata a más de 2.500 personas en las últimas semanas —incluidos niños y niñas— incrementa sus asentamientos en Cisjordania, transfiere población a los territorios ocupados, extiende su presencia militar en el sur de Líbano y justifica sus bombardeos ilegales contra Irán.

La población de Gaza vive apelotonada en un tercio del territorio, hacinada, arrinconada y vigilada por el Ejército israelí, que ocupa más de la mitad de la Franja. Cientos de miles de personas habitan en tiendas de campaña, sin los nutrientes necesarios, sin atención médica adecuada, sufriendo frío, calor, humedad y ratas que, literalmente, están provocando heridas y enfermedades. 

En 2024 numerosas voces alertaron de que, si no se actuaba frente a los crímenes israelíes, el mundo podría acostumbrarse a ellos, por repetición. Dos años después, asistimos a un retroceso de derechos y libertades en Europa para acallar las protestas, las matanzas y el apartheid continúan y tenemos a máximos representantes del derecho internacional sancionados y desprotegidos, en suelo europeo. No hay la reacción que merecen. Esta indiferencia contribuye activamente a la debilitación de las herramientas jurídicas creadas para proteger los intereses de las mayorías sociales del planeta. 

Los dirigentes hablan de alto el fuego, pero no hay un alto el fuego real, ni en Gaza ni en Líbano. La 'Junta de Paz' de Trump no es de paz y las negociaciones no son realmente negociaciones, sino imposiciones. Pero los crímenes siguen siendo crímenes, mientras la UE realiza malabarismos comunicativos para que las palabras sean percibidas como hechos y las complicidades continúen siendo invisibles. 

Noura Erakat, estadounidense de origen palestino, es abogada de derechos humanos, profesora en la Universidad Rutgers (EEUU) y una conocida activista, con discursos que han tenido gran repercusión. En 2025 se convirtió en la primera mujer palestina que dio un discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU, sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

En sus intervenciones en conferencias y medios de comunicación anglosajones denuncia, con claridad y sin eufemismos, las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos cometidas por Israel. Es autora del libro Justice for Some: Law As Politics in the Question of Palestine (Stanford University Press, 2019) y cofundadora de la revista online Jadaliyya. Además, ha ejercido como asesora legal de un subcomité del Congreso estadounidense, como abogada para el Centro Badil por los derechos de refugiados palestinos y como organizadora y abogada defensora de la Campaña en Estados Unidos por el fin de la ocupación israelí. 

Hace una semana recibió un doctorado honoris causa de tres universidades belgas, compartido con la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese. En el marco de ese reconocimiento, elDiario.es la entrevista en Bruselas, en un camerino, minutos antes del inicio de una conferencia de Erakat y Albanese.

Pregunta: ¿Cómo han afectado las guerras contra Irán y Líbano a la población palestina?

Han empeorado la situación en toda la región. Israel violó el alto el fuego en Líbano al menos miles de veces desde que lo pactó con Hezbolá en noviembre de 2024. Hay una construcción narrativa que cuenta que todo se trata de una guerra contra Hezbolá. Ese relato ignora que la ocupación israelí es anterior al surgimiento de este grupo, y que Hezbolá es también una respuesta al abandono de la población chií de Líbano por parte de las propias autoridades, pese a ser probablemente la mayoría del país.

Israel está continuando su proyecto de expansión colonial de asentamiento. Quiere ser más grande, tener más territorio, como lo tienen Irán, Siria o Irak. Sus gobernantes lo formulan en términos de un supuesto derecho bíblico: dicen que su expansión va del Nilo al Éufrates y que ese era el reino original. Es un Gobierno que literalmente actúa apoyándose en las Escrituras, por fuera de las normas internacionales que hemos creado.

El derecho internacional debería haberlos frenado, pero no se ha aplicado ni se han exigido responsabilidades desde el principio, pese a que se sabía que esto iba a pasar.

En cuanto a la guerra contra Irán, es un crimen de agresión, tipificado como tal en el Estatuto de Roma: una guerra sin justificación legítima de defensa propia. Aun así, en el Consejo de Seguridad de la ONU hubo más Estados miembros condenando el bombardeo iraní de bases estadounidenses en los países del Golfo que condenando el ataque ilegal contra Irán.

El sionismo no es algo intrínseco al judaísmo, es una ideología que en Estados Unidos tiene su base más amplia en los cristianos evangélicos, no en las comunidades judías

¿Cómo contempla el papel de la ONU durante el genocidio?

El ataque contra Irán forma parte de un debilitamiento y una destrucción progresiva de la ONU, que la está haciendo más irrelevante. Debería haber una reunión de emergencia inmediata para confrontar a Estados Unidos, pero nadie quiere confrontar al imperio. Esto crea precedentes que se suman a otros del pasado —Gaza, Irak, Guantánamo—, mostrando una continuidad en la erosión del orden internacional.

Así que Estados Unidos puede cometer genocidio, secuestrar a un jefe de Estado en ejercicio, matar de hambre a un pueblo soberano como el cubano, cortar el combustible y castigar a otros estados del Caribe y de América Latina por apoyarlo y por intentar construir políticas regionales propias.

Y ante ello la comunidad internacional se limita a preguntarse qué puede hacer para apaciguar a Estados Unidos y evitar que les haga lo mismo.

El Partido Demócrata de Estados Unidos sacrificó su propia elección para mantener su apoyo a Israel durante el genocidio

Ahora hay soberanías amenazadas, secuestradas o incluso negadas, como la de Palestina...

Líbano es soberano. Irán es soberano. Cuba es soberana. Venezuela es soberana. Pero lo que ahora se está revelando es que, en realidad, no hay soberanía efectiva: que estos países no pueden ejercer plenamente su soberanía real. Eso es lo que está en cuestión. Esa es la cuestión, la batalla: si la soberanía nacional va a sobrevivir o si será sustituida por otras formas de soberanía privatizada.

El otro día Fareed Zakaria entrevistó al director de la Organización Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi. Le preguntaron si los bombardeos iniciados por Israel y EEUU contra Irán eran legales. Y él contestó diciendo que eso era un debate académico y que ‘nuestro propósito no es preguntar qué o por qué, sino resolverlo’. No, eso no es así. Precisamente se trata de preguntar por qué, porque tiene que haber rendición de cuentas, porque eso también dará forma a cómo lo resuelves, y porque si no, seguirá ocurriendo una y otra vez.

En enero de 2024 la Corte de La Haya ya alertó de que había un riesgo plausible de genocidio en Gaza y en julio de ese año pidió a los Estados que suspendieran relaciones comerciales e inversiones que pudieran contribuir a la ocupación ilegal y a la segregación.

No se hizo.

¿Cuáles son las consecuencias de eso?

Asistimos al vaciamiento progresivo y explícito de la ONU y el derecho internacional. Cuando Estados Unidos torturó a prisioneros en Guantánamo y fue acusado de tortura, lo negó y dijo que se trataba de “técnicas mejoradas de interrogatorio”.

Eso ya era una manipulación del lenguaje jurídico, pero indicaba que seguían tomándose en serio la ley, al menos lo suficiente como para disfrazar la violación, como para disimular. Ahora básicamente dicen que no importa la ley ni el derecho internacional.

Asistimos al vaciamiento progresivo y explícito de Naciones Unidas y el derecho internacional

Durante todo el año 2024 y en 2025 se emitieron órdenes desde las Cortes Internacionales...

Hubo un desprecio flagrante a las tres decisiones de la Corte Internacional de Justicia sobre la UNRWA, sobre la ocupación y presencia ilegales israelíes en Cisjordania y Gaza, y sobre el genocidio plausible. Hubo un desprecio flagrante a las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional y a lo que podría haberse hecho desde Naciones Unidas.

También hay un desprecio flagrante incluso hacia las propias leyes europeas, hacia los acuerdos comerciales de la Unión Europea, que prohíben comerciar con países que violan los derechos humanos. O hacia las propias leyes estadounidenses sobre transferencias de armas.

Se presenta como algo excepcional y legítimo, porque hemos interiorizado y normalizado la idea de que la vida judía es superior a otras y merece todo, incluso la violación de los derechos europeos, incluso la ejecución de crímenes masivos.

En Europa se están registrando arrestos, multas, encarcelamientos e incluso acusaciones de terrorismo contra manifestantes pacíficos que protestan contra el genocidio.

Hay un serio retroceso en derechos y libertades para proteger aquello que representa un peligro para todos nosotros. En el fondo, han conseguido dos cosas a la vez: cometen el genocidio del pueblo palestino, amplían los poderes militares, llenan las arcas y aumentan los contratos para las tecnológicas y los contratistas militares; y al mismo tiempo destruyen el derecho internacional y se aseguran la posibilidad de hacer lo que quieran en ese futuro distópico que quieren construir.

Y los poderes se lo permiten, no solo el trumpismo, también los liberales que no consiguieron romper con esa disonancia, con esa incomodidad. Para llegar al otro lado, hay que cruzar un camino incómodo.

La batalla de nuestro presente es si la soberanía nacional de algunos países va a sobrevivir o sería sustituida por formas de soberanía privatizada

¿Cuál?

El de nombrar el sionismo, que es una forma de racismo. Analizar el sionismo es un camino difícil que hay que cruzar. Y quienes más lo dificultan en realidad no están preocupados por los judíos o por proteger la seguridad judía, lo que les preocupa es el poder y, para ello, usan el antisemitismo.

No se protege la vida de nadie con más guerras, con más violencia, bombardeando Irán, etc. Al contrario. Y cuanto más intentan fundir sionismo y judaísmo menos seguridad hay para las personas judías.

Cuando se atribuye a los judíos posturas que en realidad son una posición ideológica y no algo intrínseco al judaísmo se están confundiendo categorías. El sionismo es una posición ideológica cuya base más amplia en EEUU son los cristianos evangélicos, no los judíos, los Cristianos Unidos Por Israel.

Dijo antes que el genocidio podía haberse evitado. No se hizo, por eso hoy estamos aquí. ¿Qué hay que hacer hoy para que mañana no estemos peor?

Los zapatistas nos enseñaron que en realidad solo hay tres cosas que podemos hacer. Me emociona decirlo. Podemos influir en el poder para que haga lo que queremos. Podemos capturar el poder para decidir qué hacer. O podemos ser poder. Y los zapatistas, en muchos sentidos, fueron poder.

No hay que tener miedo, tenemos que entender que no hay forma de salvarnos escondiéndonos y que no existe una salida que no pase por una confrontación real. Hemos tenido impacto y por eso hay tanta violencia contra nosotras. Si fuéramos irrelevantes, nos ignorarían.

Por eso hay países cambiando leyes, arrestando a gente solo por escribir tuits, expulsando a estudiantes… Están aumentando la fuerza coercitiva, porque ya no pueden convencernos de participar en nuestra propia opresión. La pregunta es: ¿cómo animamos a otros a unirse? ¿Y qué exigimos?

Hay un relato predominante que transmite la idea de que las vidas de los judíos valen más que otras, que el racismo contra los judíos es mucho peor que los otros racismos

¿Cuál es la respuesta a eso?

Mi respuesta es esta: queremos cambiar el mundo entero. Todo lo que se construye sobre una base sólida se sostiene. Si construyes solo arriba, es muy fácil que se derrumbe. Pero si lo haces desde abajo —en tu ayuntamiento, en tu escuela, en tu barrio, en tu iglesia, en tu mezquita, en tu asociación vecinal o estudiantil, donde sea— esas son las bases que la gente no puede destruir.

Tenemos que confiar en que hay pequeñas victorias locales que no pueden ser arrancadas de raíz. Zohran Mamdani no ganó porque se acercara a las élites. Ganó porque fue a la base, y la base no le permitió fracasar. Y esa base va a vigilarle.

Estamos viendo que las encuestas en EEUU muestran los niveles más bajos de apoyo a Israel en la sociedad civil, ha habido protestas contra el apartheid y el genocidio y hay jóvenes judíos participando en ellas.

Más gente en Estados Unidos lo está entendiendo, pero vemos que demócratas y republicanos están atados a los mismos intereses económicos, a las mismas empresas, los mismos donantes y financiadores.

Por eso el establishment demócrata es tibio. E incluso se dan paradojas, como que haya demócratas más entregados a Israel que algunos republicanos nacionalistas para quienes la prioridad es “America First”, América Primero. Por supuesto esos republicanos consideran que Israel forma parte del proyecto imperial estadounidense en Oriente Próximo: extraer petróleo, mantener regímenes subordinados y garantizar que Estados Unidos pueda asegurar sus intereses en la región.

Para ese grupo es una cuestión estratégica, más que ideológica. La dimensión ideológica viene del sionismo cristiano, que quiere el regreso del Mesías y afirma que este vendrá cuando Israel sea fuerte. Pero también es una posición demócrata, porque dentro de su moral entienden la liberación judía como sionismo. No hacen una crítica al sionismo.

Por eso ahora vemos sectores de la base republicana actuar con más contundencia frente a Israel, porque quienes son nacionalistas no soportan la idea de que otro país pueda condicionar lo que hace Estados Unidos. Su posición no es antisionista ni antirracista. No piden la liberación de las tierras robadas ni el fin de la anti-negritud en Estados Unidos ni reparaciones. Lo que quieren es “America First”.

Hay gente que solo se escandaliza cuando el genocidio lo hace Trump, porque para muchos nunca fue una cuestión de principios, sino de quién lo hacía y en nombre de quién.

Kamala Harris señaló, durante su campaña electoral, que apoyaba al cien por cien las políticas de Biden con respecto a Gaza.

Eso tuvo repercusión, encuestas posteriores indicaron que la posición ante Palestina fue la principal razón por la que gente que anteriormente había votado a los demócratas esta vez no lo hizo. El aparato del Partido Demócrata es una amenaza preocupante, porque ocupa el espacio que necesitamos para un verdadero partido de oposición.

Ellos sabían perfectamente que, mientras financiaban y apoyaban el genocidio, estaban mintiendo. Cruzaron todas las líneas rojas, porque la abrumadora mayoría de sus bases, el 80%, quería un alto el fuego.

El Partido Demócrata sacrificó su propia elección para mantener su posición ideológica sobre Israel. Expandieron el poder policial, intentaron ocultar información, castigaron a los estudiantes movilizados. Con todo ello le pusieron la alfombra roja a Trump para que llegara y continuara haciendo lo mismo, pero sin disimulo.

Hay gente que solo se escandaliza cuando lo hace Trump, porque para muchos nunca fue una cuestión de principios, sino de quién lo hacía y en nombre de quién. Los demócratas se han marcado un gol en propia puerta con su apoyo a Israel. Perdieron incluso en distritos que habían ganado de forma abrumadora en 2020. Y ahora es como si de repente estuvieran viviendo lo que el resto del mundo lleva tiempo viviendo a causa de su complacencia.

No soy ingenua, no creo que vaya a haber de repente una gran rebelión social. Creo que la mayoría de la gente hará lo que necesite para salvarse, estas son las condiciones en las que estamos organizándonos, es lo que hay.

Nos contamos historias sobre quién va a sobrevivir a la catástrofe climática que ya está aquí. Y una de esas historias dice que solo sobrevivirán quienes ‘lo merezcan’, los poderosos. Tenemos que mostrar que existe otra historia, una en la que nosotros también podamos vivir.

El establishment demócrata de EEUU se ha marcado un gol en propia puerta con su apoyo a Israel. Considera que la liberación judía es el sionismo

Va a publicar un libro después del verano, ¿se puede saber de qué tratará?

El coautor es John Reynolds, un académico irlandés que trabaja en el mismo campo que yo. En él intentamos que se entienda que el sionismo es una ideología colonial racista, que Israel nació como un proyecto supremacista y racista de colonización de asentamiento. Eso implica despojar al pueblo nativo mediante la supuesta superioridad de otro pueblo, considerado víctima paradigmática en la mentalidad europea.

Hay un relato que transmite la idea de que las vidas judías valen más. No lo registramos como supremacía porque es presentado como preservación ante el peligro. Es el mismo argumento que usan los nacionalistas republicanos de Estados Unidos, que justifican su racismo en nombre de un presunto peligro para los blancos. Israel concede la ciudadanía a judíos de cualquier lugar, al igual que EEUU priorizaba conceder la ciudadanía a blancos de cualquier lugar.

Cuando creces como una persona marginada y racializada no esperas que el mundo sea maravilloso, aprendes desde muy niña que no lo es. No tienes grandes expectativas, pero sí una enorme dignidad. Hay una expresión en árabe: 'somos como mulas'. Somos resistentes

¿Qué es ser palestina a día de hoy? Y ¿cómo es ser palestina en este mundo, viviendo en Estados Unidos, siendo activista y una abogada conocida?

Cuando creces como una persona marginada y racializada no esperas que el mundo sea maravilloso, aprendes desde muy niña que no lo es. Así que avanzas sin grandes expectativas, pero con una enorme dignidad.

Hay una expresión en árabe: 'somos como mulas'. Somos resistentes. Eso es lo que principalmente me sostiene. En un plano muy personal, ahora soy muy distinta. Mi mundo se ha vuelto mucho más privado, más pequeño.

Quiero vivir. Amo la vida. Para eso tengo que cultivar mis propios espacios, lo cual significa salir cada vez menos, porque existe el riesgo de que alguien venga a decirme “hashtag yo apoyo a Israel” y entonces eso sea lo único que ocupe toda mi noche.

También he desarrollado una apreciación enorme por la naturaleza. Siempre me ha gustado, pero nunca como ahora. Miro a mi alrededor y pienso que la naturaleza funciona con mucho más equilibrio, más ecosistema y más coexistencia que nosotros. Y eso es hermoso.

Me siento muy afortunada todos los días. Eso me conmueve. Creo que a algunas personas les molesta que sonría tanto, pero yo hago este trabajo porque amo la vida. La rabia es una herramienta maravillosa para impulsarte, pero la rabia por sí sola no cultiva la vida. Y así es también como lo hago.

El arresto del periodista Ahmed Shibab-Eldin, reportero galardonado internacionalmente y con gran proyección, ha generado múltiples denuncias por parte de colectivos en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión en Oriente Medio. La reacción se ha producido este martes, cuando se ha confirmado que el reportero está detenido desde el pasado 3 de marzo.

“Instamos a Kuwait a liberar a Ahmed Shihab-Eldin y retirar todos los cargos en su contra”, ha indicado este martes la directora regional del Comité Internacional para la Protección de los Periodistas, Sara Qudah. “El periodismo no es un delito, y el caso de Shihab-Eldin refleja un patrón más amplio de uso de las leyes de seguridad nacional para sofocar el escrutinio y controlar la narrativa”, ha añadido.

Shibab-Eldin, palestino nacido en Estados Unidos y de nacionalidad kuwaití, fue arrestado durante una breve visita a Kuwait el 3 de marzo, poco después del inicio de la guerra contra Irán lanzada por Israel y Estados Unidos. Permanece encarcelado desde entonces, con acceso limitado a asistencia letrada, y podría afrontar un proceso judicial ante un tribunal “especializado en seguridad” por publicaciones en redes sociales relacionadas con la guerra de Irán.

Instamos a Kuwait a liberar a Ahmed Shihab-Eldin y retirar todos los cargos en su contra. El periodismo no es un delito, y el caso de Shihab-Eldin refleja un patrón más amplio de uso de las leyes de seguridad nacional para sofocar el escrutinio y controlar la narrativa

Comité Internacional para la Protección de los Periodistas

El periodista ha colaborado con medios como PBS, The New York Times, HuffPost, The New Arab o Al Jazeera English, fue profesor en la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York, es uno de los actores del filme estrenado en 2025 Palestine 36 y cuenta con más de dos millones de seguidores en sus redes sociales, que han sido eliminadas. Desde hace un tiempo vivía fuera de Estados Unidos y se centraba en la defensa de los derechos palestinos. Poco antes de su arresto había publicado un artículo muy crítico con los ataques ilegales de Israel y Estados Unidos contra Irán.

“Estamos presenciando una creciente censura contra periodistas y medios de comunicación en todo el mundo en relación con la guerra de Irán, incluso en el Golfo”, denuncia el Comité Internacional para la Protección de Periodistas. “La seguridad nacional se está utilizando como pretexto para reprimir la libertad de expresión, y la detención de Shihab-Eldin es un claro ejemplo de ello. Debe ser liberado de inmediato”, añade.

Poco antes de su arresto Shibab-Eldin había compartido imágenes en sus redes sociales y en su blog de Substack de un avión F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea estadounidense estrellándose en Al Jahra, al oeste de la ciudad de Kuwait. Shibab-Eldin informó de que la tripulación había podido saltar antes de que el avión se estrellara. Esos vídeos ya circulaban públicamente en internet, según ha señalado el Comité para la Protección de Periodistas. Tres aviones estadounidenses fueron derribados por el Ejército de Kuwait el 2 de marzo, en un incidente “de fuego amigo”.

El Comité Internacional para la Protección de los Periodistas teme que Ahmed Shibab-Eldin sea acusado en Kuwait en virtud de las nuevas leyes de seguridad que se están introduciendo en el país. El colectivo advierte de que varios Estados del Golfo, temiendo la erosión de la unidad nacional interna, están usando leyes antiterroristas para restringir la difusión de información sobre ataques a su infraestructura.

Shihab-Eldin ha sido una voz con gran alcance en las redes sociales contra las matanzas de palestinos, la ocupación ilegal y las posiciones del Gobierno israelí. Cuando comenzaron los ataques contra Irán, el pasado 28 de febrero, señaló que Israel estaba “presionando más que nunca para una guerra más amplia con el fin de desviar la atención de su genocidio y de la reconfiguración del equilibrio del poder regional”.

Además del Comité Internacional para la Protección de los Periodistas, otras voces internacionales han salido este martes en defensa del periodista encarcelado. Entre ellas, el asesor político Ashish Prashar o la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, quien ha destacado que “el perfil internacional y público” de Shibab-Eldin hace que su caso “sea trágicamente significativo”:

“Una de las almas más amables que este genocidio ha traído a mi vida es Ahmed Shibab-Eldin, un periodista de una fuerza poco habitual, de una integridad inquebrantable y profunda compasión”, ha escrito la relatora de la ONU en sus redes sociales. El Centro del Golfo para los Derechos Humanos ha indicado que se han producido decenas de detenciones arbitrarias de ciudadanos “como parte de un patrón sistemático de represión adoptado por las autoridades kuwaitíes”.

Una coalición de organizaciones de la sociedad civil ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el Consejo de Administración de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), así como contra los directivos de seis filiales por “la implicación de la empresa en la construcción, operación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén”.

La denuncia, registrada el 18 de febrero de 2026, está impulsada por NOVACT, la Comunitat Palestinade Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ODESCA, Paz con Dignidad y SUDS, representadas por el Centro Guernica 37.

Instrumento de 'apartheid y anexión'

El escrito presentado ante la Fiscalía informa de que la empresa vasca participa desde 2019 en el desarrollo del proyecto jugando un rol “que va mucho más allá” de una colaboración puntual. Las organizaciones denunciantes señalan que CAF se encarga de ampliar la Línea Roja del Tren Ligero de Jerusalén, construir la Línea Verde, suministrar y renovar trenes y desplegar sistemas de señalización, energía y comunicaciones. También subrayan que opera y mantiene ambas líneas a través de una empresa conjunta en la que posee el 50% de participación, con contratos de entre 15 y 25 años.

Tanto CAF como su socia en el proyecto, la empresa israelí Shapir, están incluidas en la lista elaborada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde figuran un centenar de compañías que contribuyen y se benefician de las violaciones de derechos contra la población palestina y de la ocupación ilegal israelí. Los denunciantes insisten en que Shapir ha desempeñado un papel central en el desarrollo y la operación del Tren Ligero de Jerusalén, proporcionando servicios clave sin los cuales el proyecto no habría alcanzado su estado actual.

La denuncia indica que “la participación de CAF es estructural e indispensable para el funcionamiento y la expansión del sistema de tranvía, no solo por su alcance técnico”, y destaca que la infraestructura de operación y ampliación en la que participa la empresa vasca conecta asentamientos israelíes de la parte oriental de Jerusalén entre sí y con el área occidental de la ciudad.

En septiembre de 2025 CAF fue incluida en la base de datos de Naciones Unidas de empresas vinculadas a actividades en los asentamientos ilegales de Israel.

Jerusalén Este es territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel, como indica la Corte Internacional de Justicia. Varias resoluciones de Naciones Unidas solicitan, desde 1967, el fin de esta ocupación. La denuncia señala que las actividades de CAF en relación con el tren ligero de Jerusalén contribuyen a la anexión ilegal por Israel de la Jerusalén Este ocupada, al mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales israelíes y a prácticas discriminatorias e inhumanas por parte de Israel contra la población palestina.

También recalca que la conexión a través del tren ligero de varios asentamientos ilegales entre sí en Jerusalén Este y con Jerusalén Oeste fragmenta los barrios palestinos y refuerza el crecimiento de esta parte de la Ciudad Santa hacia el área ocupada.

El pasado mes de junio 83 organizaciones de veintiséis países denunciaron que CAF es un “importante facilitador” de la ocupación ilegal israelí al contribuir a la conexión que une Jerusalén con asentamientos ilegales y pidieron a los gobiernos que no otorguen contratos a empresas implicadas en la ocupación.

Base jurídica en España

La denuncia ante la Fiscalía española añade que la actuación de CAF podría encajar en distintos preceptos del Código Penal español relativos a crímenes contra personas protegidas en conflictos armados. Entre ellos, se incluyen conductas relacionadas con la participación en el traslado de población civil de una potencia ocupante al territorio ocupado, en el mantenimiento de prácticas discriminatorias y en la vulneración de la Cuarta Convención de Ginebra.

Además, las organizaciones denunciantes subrayan que España tiene jurisdicción en este caso, ya que CAF es una empresa con sede en el Estado español, sus órganos de decisión están sujetos a la legislación española y los directivos denunciados poseen nacionalidad española. A su juicio, “esto sitúa también en el centro la responsabilidad de las autoridades españolas a la hora de actuar ante posibles vulneraciones del derecho internacional humanitario y de investigar los delitos a los que se contribuye mediante las empresas españolas”.

Los denunciantes recuerdan que su denuncia llega tras años de advertencias sobre los riesgos legales y reputacionales del proyecto del tren ligero de CAF. “Pese a ello, la empresa ha mantenido su implicación, incluida la inauguración de la ampliación de la Línea Roja el 9 de marzo de 2025”. La Fiscalía General del Estado estudia ahora la denuncia y ha confirmado su recepción. Las organizaciones denunciantes instan “al Ministerio Fiscal a investigar los hechos y a determinar las posibles responsabilidades penales” cometidas en el marco de las actividades de una empresa española.

La relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos menciona a CAF en su informe titulado 'De la economía de la ocupación a la economía del genocidio'.

En julio de 2024 la Corte Internacional de Justicia pidió a los Estados miembros de la ONU “suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación de los Territorios Ocupados Palestinos”, en relación con la ocupación ilegal y la segregación, nombradas con esos términos por dicha Corte de La Haya.

Por su parte, la relatora de Naciones Unidas para Palestina ha solicitado a los Estados, en varios informes, que suspendan sus relaciones económicas, comerciales y de inversión con Israel y ha mencionado específicamente a la empresa CAF en su investigación titulada 'De la economía de la ocupación a la economía del genocidio'.

También los integrantes de la Comisión de Investigación independiente asignada por la ONU –que el pasado mes de septiembre concluyó que “Israel comete genocidio”– han indicado que “los países deben suspender cualquier relación o transacción que contribuya a la ocupación israelí”. Amnistía Internacional ha pedido a todos los Estados, instituciones públicas y empresas que usen su influencia para detener la prestación de bienes y servicios por parte de CAF a la red del tranvía ligero.

El alto el fuego anunciado esta semana entre Estados Unidos e Irán llegó horas después de una reunión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que China y Rusia vetaron una resolución que proponía coordinar esfuerzos para garantizar la navegación por el estrecho de Ormuz, incluida la escolta de buques mercantes.

El veto en la ONU

Ese proyecto de resolución, propuesto por Baréin en estrecha colaboración con Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, estaba respaldado por Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump apoyaba contundentemente ese plan, cuyo primer borrador contemplaba, incluso, el uso de “todos los medios necesarios”, una formulación que permitía la autorización para el uso de la fuerza militar.

Un segundo borrador dejó fuera esa expresión, pero mantuvo la iniciativa de “alentar con firmeza” a los Estados interesados en el uso del estrecho de Ormuz para garantizar la navegación mediante esfuerzos de “carácter defensivo”.

La resolución recibió once votos a favor —incluidos los de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad— dos abstenciones —las de Pakistán y Colombia— y fue bloqueada por China y Rusia.

El embajador de China en Naciones Unidas, Fu Cong, indicó que dicha resolución no contemplaba las causas del conflicto de forma integral y equilibrada y que su aprobación transmitiría “un mensaje totalmente erróneo” que podría tener “consecuencias muy graves” en un momento en el que “Estados Unidos está amenazando abiertamente la misma supervivencia de una civilización”.

Cong afirmó que “Estados Unidos e Israel son los instigadores de este conflicto” y que la obstrucción del estrecho de Ormuz es causada por “las acciones militares ilegales de EEUU e Israel contra Irán”. Además, instó a Washington y Tel Aviv “a cesar de inmediato su guerra ilegal”.

Por su parte, el representante permanente de Irán ante la ONU agradeció el veto de China y Rusia y las abstenciones de Pakistán y Colombia y afirmó que la propuesta de resolución era un proyecto de Estados Unidos con el que se hubiera normalizado el uso de la fuerza.

Ese veto contribuyó al anuncio de un frágil alto el fuego, que llegó pocas horas después de la votación. Si la resolución hubiera salido adelante, se habría legitimado en Naciones Unidas la intervención “defensiva” de una fuerza naval internacional en el estrecho de Ormuz, objetivo que busca Estados Unidos y al que no renuncia.

La guerra contra Irán ha permitido a Israel intensificar sus ataques contra Líbano y Gaza e impulsar más anexión ilegal de territorio en la Franja y en Cisjordania

Hasta ahora Irán ha impedido el paso por esta vía marítima de barcos estadounidenses, israelíes y otros aliados europeos. Con ello ha descendido bruscamente el tráfico marítimo por esa ruta, aunque sí han podido cruzarla embarcaciones chinas y de otras naciones asiáticas. Pakistán, India, Irak y Filipinas han alcanzado acuerdos con Teherán para lograr el paso de algunos de sus barcos de forma segura. China lleva tiempo adquiriendo petróleo de Irán y pagándolo principalmente en yuanes, no en dólares. Washington pretende evitar que otros países se unan a la compra de crudo en moneda china o al pago de un peaje a Irán por el cruce del estrecho de Ormuz.

Israel y Washington iniciaron la guerra contra Irán en medio de intensas negociaciones entre EEUU y Teherán y con la posibilidad de un acuerdo a la vista, con importantes avances que había anunciado públicamente el ministro de Exteriores de Omán, mediador en las mismas. Netanyahu logró convencer a Trump de que era posible acabar rápidamente con todo el entramado del poder iraní. Y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, justificó la intervención militar estadounidense contra Irán afirmando que Israel iba a atacar Irán de todos modos.

La escalada ha permitido a Israel intensificar sus ataques contra Líbano y Gaza e impulsar una mayor anexión ilegal de territorio en la Franja y en Cisjordania. Sin embargo, Trump no ha logrado de momento los objetivos que buscaba.

EEUU ha buscado en esta guerra contra Irán la excusa para controlar el estrecho de Ormuz –y evitar el crecimiento del comercio chino en la región- un objetivo que mantiene vigente y al que no quiere renunciar.

Ormuz, objetivo

Son muchas las diferencias con la crisis de Suez de 1956, pero hay algunas similitudes que merece la pena señalar. Ese año Israel invadió el Sinaí egipcio y Gaza, con el apoyo secreto de Francia y Reino Unido, que querían hacerse con el control del canal de Suez tras la nacionalización del mismo por el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser.

Al igual que Estados Unidos en 2026 justificó su intervención contra Irán afirmando que Israel iba a atacar de todos modos, en 1956 Londres y París usaron la excusa de la invasión israelí para enviar tropas al canal de Suez, con el objetivo de tomar su control y derrocar a Nasser. Washington y la URSS vetaron la operación en el Consejo de Seguridad, interponiéndose en sus planes.

El presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, se opuso a aquella operación a través de presión política y sanciones económicas y finalmente Reino Unido y Francia se retiraron del Sinaí y de Gaza. Aquel episodio marca, con gran consenso académico, la consolidación de EEUU como sucesor del liderazgo francés y británico en la región.

Setenta años después, el presidente Donald Trump buscó en su guerra contra Irán la excusa para controlar el estrecho de Ormuz, un propósito que mantiene. Con el intento de lograr una resolución en la ONU en ese sentido, EEUU pretendía legitimar una ofensiva militar nacida de forma ilegal.

Hezbolá nació tras los ataques masivos israelíes de 1982, como consecuencia de aquella agresión en la que murieron miles de personas. Antes, en 1978, Israel había invadido el sur de Líbano.

Con sus ataques, Estados Unidos e Israel provocaron el bloqueo parcial iraní del estrecho, algo que era previsible, y, tras ello, Trump ha estado semanas pidiendo a sus aliados “encargarse de ese paso marítimo”. Ese es uno de los objetivos: el control del estrecho de Ormuz, al igual que en 1956 Londres y París actuaron en busca del control del canal de Suez.

Hasta ahora el plan de Trump ha resultado fallido, tanto en el plano militar como en el diplomático. Irán ha resistido militarmente, Estados Unidos no ha logrado el visto bueno en la ONU a una intervención en Ormuz y con ello ha perdido capacidad disuasoria. China, por su parte, ha jugado un papel en las negociaciones.

Ante ello, Washington pretende elevar la presión contra los buques que acepten las condiciones de Irán para cruzar el estrecho. En su guerra comercial contra China busca bloquear alternativas y evitar el crecimiento de competidores en la región.

El alto el fuego es frágil e irreal: la vía para la paz pasa por el reconocimiento y el respeto de la soberanía de Irán, Líbano y Palestina, actualmente amenazadas o negadas

A qué llama Israel 'alto el fuego'

Más allá de Irán, el alto el fuego en la región es frágil, parcial e irreal, ya que Israel tiende a incumplirlo, tanto en Gaza como en Líbano. En un escenario como este, la vía para la paz pasa por el reconocimiento y el respeto de la soberanía de Irán, Líbano y Palestina, actualmente amenazadas o negadas.

Estados Unidos lleva décadas interviniendo en cuestiones políticas, económicas y militares en Oriente Próximo y estará tentado a seguir haciéndolo.Trump no renuncia al dominio del estrecho de Ormuz y los halcones de Washington querrán seguir desgastando y debilitando a Teherán a través de presiones políticas, económicas, diplomáticas y militares, como se hizo con Irak desde 1990 hasta su invasión ilegal en 2003.

Por eso, entre los diez puntos exigidos por Irán se incluyen como condiciones indispensables la retirada de las sanciones y resoluciones contra el país, la liberación de activos iraníes congelados, el fin de los ataques contra Irán y sus aliados, así como un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz supervisado y regulado por Teherán.

“Terminar el trabajo” en Líbano

El empeño de Israel en extender su control y ocupación colonial representa uno de los obstáculos para un alto el fuego real y duradero. Los bombardeos masivos de Israel contra Líbano horas después del anuncio del alto el fuego esta semana muestran la voluntad de Netanyahu de continuar con sus planes en territorio libanés. Esos ataques mataron a más de 300 personas en tan solo unas horas e hirieron a más de mil, en el marco de una ofensiva que ha provocado la muerte de más de dos mil personas y el desplazamiento forzado de un millón y medio de libaneses desde el mes pasado.

Israel no ha respetado el alto el fuego en Líbano desde su anuncio en noviembre de 2024. Datos de las fuerzas de paz de Naciones Unidas en aquel país indican que el Ejército israelí ha violado el alto el fuego miles de veces desde entonces. Tampoco respeta lo acordado para Gaza, donde ha matado a más de setecientas personas desde el anuncio del alto el fuego en la Franja hace seis meses. El Gobierno de Tel Aviv tiene un concepto de alto el fuego poco acorde con el significado real de esas palabras.

Israel quiere seguir presente en Líbano, con tropas en el sur del país y con el objetivo de “terminar el trabajo”, expresión habitualmente empleada por representantes y funcionarios del Estado israelí. “Terminar el trabajo” significa seguir lanzando ataques contra territorio libanés, en los que mata a población civil, para atacar a la milicia de Hezbolá.

El empeño de Israel en extender su control y ocupación colonial es uno de los grandes obstáculos para un alto el fuego real y duradero: los ataques israelíes contra Líbano son prueba de ello

La soberanía libanesa ha estado amenazada por Israel en numerosas ocasiones. En 1978 invadió el sur del país, en 1982 bombardeó masivamente Líbano, incluida Beirut —provocando la muerte de unas 20.000 personas— y el Ejército israelí permaneció en territorio libanés hasta el año 2000. En 2006 volvió a bombardear la capital libanesa, provocando más de un millar de muertos y poniendo en práctica la doctrina Dahiya, es decir, el uso de la fuerza militar masiva y desproporcionada. La milicia de Hezbolá nació tras los ataques masivos israelíes de 1982, como consecuencia de aquella agresión.

Se ha llegado hasta aquí debido a la complicidad insistente de Washington, Londres y la Unión Europea con Israel. La UE es el mayor socio comercial de Tel Aviv y, pese al genocidio, mantiene vigente su Acuerdo de Asociación preferencial con Israel. No ha suspendido sus relaciones comerciales ni está ejerciendo la presión necesaria en el seno de Naciones Unidas para proteger el derecho internacional en los Territorios Ocupados Palestinos.

Como indica el director asociado de Human Rights Watch para la UE, Claudio Francavilla, “existe una línea directa entre Trump amenazando con la aniquilación de una civilización en Irán y los líderes de la Unión Europea ni siquiera mencionando a Estados Unidos e Israel en sus cobardes declaraciones. Ahí es donde comienza la impunidad”. En un sentido similar se ha expresado estos días la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, alertando de que “Israel no se detendrá hasta que los Estados y los pueblos lo obliguen a detenerse”.

Esta semana Israel aprobó la creación de 34 nuevos asentamientos en Cisjordania y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, defendió la expansión de las fronteras israelíes en Gaza, Siria y Líbano. Sea cual sea el resultado de las negociaciones sobre Irán, el Gobierno de Netanyahu sigue gozando de total impunidad. Mientras eso no cambie, la apuesta israelí por el uso de la fuerza bruta condicionará toda la región, porque es en la guerra donde Israel logra lo que el derecho internacional le niega.

A sus ochenta y un años, el historiador canadiense Yakov Rabkin continúa ofreciendo conferencias y escribiendo sobre el sionismo, el judaísmo y la situación en Oriente Próximo. Nacido en la Unión Soviética en el seno de una familia judía y formado en la Universidad de Leningrado, emigró a Canadá en los años setenta, donde desarrolló la mayor parte de su carrera académica. Es profesor emérito de Historia en la Universidad de Montreal e investigador en el Centro de Estudios Internacionales en la misma ciudad.

Algunos de sus libros más recientes son Sionismo decodificado en 101 citas o Israel: violencia perpetua; rechazo de la colonización sionista en nombre del judaísmo (Icaria). Judío practicante, muy crítico con el sionismo, pasó recientemente por Madrid, donde concedió esta entrevista a elDiario.es.

¿Qué busca Israel en esta guerra contra Irán y en esta escalada regional?

Israel sigue el plan elaborado en 1996 para Netanyahu por un grupo de halcones sionistas en Washington. Se llama Clean Break y propone un cambio radical en la región. Parte de la idea —real— de que Israel goza de una impunidad garantizada por la hegemonía estadounidense que, tras la disolución de la Unión Soviética, era prácticamente insuperable y, en gran medida, sigue vigente hoy.

Israel busca subyugar, fragmentar o debilitar todos los Estados de Asia occidental para adquirir el dominio absoluto en la región. Irán es el último gran Estado que defiende la causa palestina y apoya la resistencia.

¿Se está haciendo todo lo posible para parar esta guerra?

La influencia sionista en Washington, Londres, Berlín o París impide que se adopten las medidas efectivas para parar a Israel. No se atreven a hacerlo. Israel no dudaría en usar sus armas nucleares frente a una amenaza existencial, es decir, frente a la amenaza de transformación del Estado sionista en un Estado con igualdad de derechos para todos los que habitan entre el mar Mediterráneo y el río Jordán.

El objetivo de todas las guerras de Israel es asegurar la supremacía sionista frente a los palestinos. Prefiere provocar más destrucción antes que abandonar la idea del sionismo y aceptar un modelo más inclusivo.

Israel busca subyugar, fragmentar o debilitar todos los Estados de Asia occidental para adquirir el dominio absoluto en la región

¿Qué tendría que hacer la comunidad internacional occidental, los aliados de Israel, para evitar otra guerra mayor?

Los países occidentales tienen que despertar y recobrar su independencia sacrificada al altar de la “solidaridad transatlántica” o “solidaridad europea”. Así podrán ejercer presión excluyendo a Israel de cualquier vínculo comercial y económico y tratándolo como un paria y un Estado delincuente, como hacen actualmente, por menos, con Rusia. Eso permitiría también salir de la ceguera santurrona en cuanto a Rusia, reanudar las relaciones normales con Moscú, dejar de preparar una guerra mayor en Europa y buscar salidas al impasse político y económico. España da un ejemplo al denunciar la guerra contra Irán sin pedir permiso a Kaja Kallas.

En su opinión, ¿qué podría desatascar la situación actual en Israel, cuál es la alternativa?

En Israel hay judíos seculares, hay judíos religiosos, hay árabes musulmanes, árabes cristianos, ateos, etcétera. Hay que reconocer esa diversidad y dar derechos iguales a todo el mundo, incluyendo a quienes están ahora sometidos.

Quienes se oponen a esta idea dicen: “pero los judíos entonces estarán en minoría”. Pero los judíos somos minoría en todas partes. La fuente de tensión está más en Israel que en los judíos locales. Por eso hay que abandonar esta idea de la mayoría judía del Estado sionista y tener un Estado como todo el mundo, en el que tal vez no se van a abrazar todos todo el tiempo, pero se puede convivir sin matarse. Los judíos vivieron siempre mezclados en muchos lugares.

Israel es definido como una etnocracia por algunos historiadores.

La idea de separar a poblaciones y crear Estados basados en la identidad étnica derramó mucha sangre, tanto en Europa como en Oriente Próximo. La progresión del nacionalismo étnico desemboca en autoritarismos, en fascismos de varios colores. Y eso mismo pasa con Israel. Este nacionalismo étnico es algo muy reciente, nace en la segunda parte del siglo XIX y es muy peligroso, lo estamos viendo en muchos lugares.

Hay que abandonar la idea de la mayoría judía en un Estado sionista y defender un Estado con igualdad de derechos para todos los que habitan desde el río hasta el mar

Usted menciona en varios libros el papel del laborismo israelí.

Fue un Gobierno laborista el que rechazó la resolución de Naciones Unidas que defiende el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Ser socialista sionista implica una negociación interna difícil, porque por un lado es apoyar un país socialista nuevo pero, por otro lado, ese país —Palestina— ya está poblado.

Hasta la década de los sesenta [en el siglo XX] el colonialismo todavía era algo normal, por lo que no pensaban que estaban haciendo algo mal. Aun así, algunos se dieron cuenta, pero la mayor parte prefirió cerrar los ojos y no reconocer que estaban apoyando un proyecto colonial, pese a la evidencia. Por ejemplo, fundaron un banco para apoyar el asentamiento colonial en Palestina que se llamaba Jewish Colonial Trust. Más claro no podía ser.

Mi colega Zeev Sternhell, que era un politólogo de Jerusalén, escribió un libro muy bueno, The Founding Myths of Israel, en el que muestra que el socialismo sionista era un medio para llegar a la meta nacional. Es decir, el socialismo fue usado como instrumento para llegar a construir el Estado-nación, es importante entender esto. Porque si ocupas la tierra, es más fácil confrontar a la población local cuando hay un kibutz con cincuenta personas, una comunidad, que cuando hay un campesino solo. Así que los kibutz sí tenían rasgos progresistas pero también ejercían una función externa muy importante de colonización.

No se debe hablar de 'la comunidad judía', sino de 'las comunidades judías', porque somos muchos y diversos, con posiciones muy diferentes

Usted también señala que la ocupación ilegal de Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este, los Altos del Golán sirios y el Sinaí egipcio en 1967 se llevó a cabo con un Gobierno laborista.

La colonización de los territorios empezó –y continuó– bajo el laborismo. ¿Qué ocurre? Que la tendencia general del nacionalismo étnico es ir hacia la derecha, cualesquiera que sean las intenciones iniciales. ¿Por qué? Porque está basado en la discriminación y, como se dice en hebreo, uno puede bailar en dos bodas pero no todo el tiempo. Y ahí escoges la boda que te conviene más, que es la derecha nacionalista. Los laboristas perdieron el poder en 1977 y sí, después regresaron, pero poco.

Así que aquellos que en los años setenta y ochenta eran sionistas de izquierdas hoy o no son sionistas o no son de izquierda, porque ser ambas cosas es un oxímoron. La nieve no puede estar hirviendo.

Ser sionista y de izquierdas es un oxímoron, una contradicción

Las autoridades de Israel suelen hablar en nombre de todos los judíos del mundo, de lo que llaman “la comunidad judía”. ¿Qué supone esto?

No existe una comunidad judía. Se puede hablar de comunidades judías, en plural, pero no de una sola. Ningún organismo puede hablar en nombre de un grupo tan diverso. Es como si decimos que todos los rusos piensan igual, o todos los ucranianos. No. Hay rusos que apoyan a Ucrania y hay rusos que no. Hay ucranianos que quieren defender el país, hay otros que emigran a Europa y otros que emigran a Rusia. Hay de todo.

Con los judíos, lo mismo. Israel emite el mensaje de que todos los judíos están involucrados en el Estado de Israel. Eso es una trampa mortal. Lo cierto es que hay muchos judíos que se oponen al Estado de Israel, al sionismo.

En Europa y EEUU también han surgido organizaciones de jóvenes judíos que dicen “no en mi nombre”.

Hay judíos que mantienen un vínculo afectivo con la idea de Israel, otros que lo apoyan sin reservas y otros que se han desengañado y lo rechazan. También hay gente judía creyente, practicante, religiosa, para la que el sionismo siempre fue una herejía, y por eso siempre estuvieron en contra. La idea misma de ocupar la tierra por medios políticos y militares les provoca rechazo y no quieren tener nada que ver con ello.

Es muy peligroso asociar Israel con todos los judíos del mundo. De todo esto escribí hace muchos años en un libro titulado La amenaza interior. No se puede generalizar, nunca.

Israel prefiere provocar más destrucción antes que abandonar el sionismo y aceptar un Estado con igualdad de derechos para todos. No dudaría en usar sus armas nucleares ante esa amenaza de transformación

Hay judíos que, por oponerse a la ocupación colonial, al apartheid, al genocidio, están siendo acusados de antisemitas, junto con personas no judías que tienen esa posición. ¿Qué opina de este fenómeno?

El Estado israelí dice que es el Estado del pueblo judío, lo que crea varios problemas. En primer lugar, discrimina. Supone una discriminación contra los que no son judíos de esa tierra. En segundo lugar, habla en nombre de todos, implica a los judíos que no tienen nada que ver con eso. Y, en tercer lugar, amenaza a las comunidades judías, porque habla en nombre de todos, lo que fomenta judeofobia.

Israel dice que es el Estado del pueblo judío, lo que crea varios problemas. En primer lugar, discrimina a los no judíos de esa tierra.

Usted explica que la crisis del capitalismo ha llevado a países europeos y a EEUU a insistir en el apoyo, protección o permiso a las acciones del Estado israelí.

Con la derecha israelí pasa como con Trump: cuentan sus intenciones, no disimulan. La derecha israelí siempre dijo que quería todo el territorio, que los palestinos no pertenecen a la tierra, que son extranjeros, etcétera. Estados Unidos hablaba de “la solución de los dos Estados”, pero era una ilusión o hipocresía.

Ahora Washington habla claro. Por ejemplo, el discurso del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en Múnich, recientemente, explica bien esto. Rubio dice que hay que regresar al colonialismo, a la dominación del mundo. Antes eso estaba escondido, no se decía, no se confesaba. Israel es parte e incluso pionero en esta tendencia.

La desigualdad, la diferencia entre ricos y pobres, se hace más grande desde la época de Margaret Thatcher hasta hoy. La población está descontenta en muchos lugares y, por tanto, hay que controlarla. En ese sentido, los medios que Israel desarrolló contra los palestinos son muy útiles y se están utilizando en todo el planeta por las fuerzas policiales y militares. En Estados Unidos se emplean.

Y así observamos cómo un problema externo ya se convierte en algo interno, porque uno no puede ser fascista afuera y progresista dentro. Las dinámicas empleadas por Washington en territorios exteriores han terminado siendo asumidas a la interna. Hay que entender que Israel no es solo un asunto de Oriente Próximo, no es solo un país allá. No. Es un asunto mucho más importante.

Los países occidentales tienen que despertar y recobrar su independencia sacrificada al altar de la 'solidaridad transatlántica'

En su libro cuenta cómo surgió el sionismo en el siglo XIX y aborda también como a día de hoy hay mucha gente no judía en el mundo, como los evangelistas, que constituyen uno de los grupos más defensores del sionismo.

El sionismo, la idea de llevar a los judíos a la Tierra Santa sin esperar la llegada del Mesías, llegó a los protestantes en los siglos XVI y XVII, concebido como modo y creencia para acelerar la segunda llegada de Cristo, porque ellos lo interpretan así. Posteriormente la idea atrajo a más personas. El objetivo era doble: llevar a los judíos a Tierra Santa y convertirlos en cristianos, que reconocieran a Jesús como Cristo.

Esa idea tomó relevancia a mediados del siglo XIX, por razones geopolíticas, porque Reino Unido llegó a la región y el Canal de Suez es un lugar logístico importante. Pensaron que sería bueno un protectorado, una colonia británica. Es así como empezó a crecer la idea de sionismo. Lo más irónico es que los judíos no estaban involucrados en ello.

Solo a finales del siglo XIX empiezan a sentirse atraídos por el sionismo algunos intelectuales de origen judío, fundamentalmente de lengua alemana o austriaca, que se sentían discriminados por el antisemitismo racial surgido en la segunda mitad de ese siglo como reacción a la emancipación de los judíos, que se incorporaban a muchas profesiones, etcétera.

Israel goza de una impunidad garantizada por la hegemonía de Estados Unidos que, tras la disolución de la Unión Soviética, era prácticamente insuperable

Theodor Herzl fue clave en ello.

Él era un periodista y dramaturgo de éxito y llevaba mal que algunos salones de Viena no lo aceptaran. Su primera idea fue terminar con la identidad judía y que todo el mundo se convirtiera al catolicismo. Esto se sabe poco, pero fue así: ese era su plan A. En ese sentido tuvo importancia el capellán de la embajada británica en Viena, que era un sionista cristiano, aunque la palabra sionista no existía aún. Se conocieron y fraguó esa idea.

Herzl era un tipo muy carismático y atrajo a muchos intelectuales judíos. Pero la mayoría de los judíos de Alemania, Francia o Reino Unido no estaban interesados en ello y se oponían, afirmando que eso era antisemitismo. ¿Por qué lo decían? Porque los antisemitas en Europa apoyaban la idea, decían “váyanse a Palestina”, y Herzl decía lo mismo. Además, también había razones religiosas.

El primer Congreso sionista tuvo lugar en Basilea, en Suiza.

Sí, porque Basilea era una ciudad de poca importancia. Querían haberlo celebrado en Múnich, pero la organización judía alemana pidió al Gobierno alemán no permitir ese Congreso allí. Por eso se trasladaron a Basilea. Y después encontraron su “ejército”, las masas, en el Imperio Ruso, donde la historia judía era muy diferente a la de Viena, París o Londres.

¿En qué sentido?

El Imperio ruso no tenía población judía antes de la segunda mitad del siglo XVIII. Cuando Rusia, Prusia (hoy parte de Alemania) y Austria se repartieron Polonia se produjo la llegada de un millón de judíos al Imperio Ruso. Y Catalina la Grande no sabía qué hacer con ellos. Finalmente se decidió que se quedarían en lo que hoy es, más o menos, Lituania, Bielorrusia, Moldavia, Polonia, etcétera. Llamaron a esa área la zona de residencia obligatoria. No podían instalarse en las grandes ciudades del Imperio, como San Petersburgo o Moscú, con la excepción de doctores o comerciantes muy exitosos y ricos.

Ocurrió lo mismo que en Europa: la secularización. Muchos cristianos y judíos perdieron la fe y el interés en la religión, se convirtieron en librepensadores. En esa zona de residencia los judíos no sentían mucho compromiso con el Imperio Ruso porque se sentían discriminados, a ello se sumó la industrialización, que empobreció mucho esa área. De ese modo se crearon grupos de judíos radicales.

Algunos se hicieron bolcheviques y otros sionistas, sionistas socialistas. La diferencia es que unos querían construir el socialismo en Rusia y otros, en Palestina. Así que los primeros judíos que de verdad se adhirieron a la idea sionista y a la práctica fueron los socialistas jóvenes judíos de la zona de residencia, que eran muy cerrados y tenían poco contacto con otros.

Tras el asesinato de Alejandro II [en 1881] comenzó la violencia contra los judíos, los pogromos. Todo ello generó un terreno muy propicio para el sionismo, pero este no fue mayoritario, había otros grupos socialistas. Por ejemplo, los bundistas. El bundismo fue un movimiento político socialista judío antisionista. Apoyaban el desarrollo de la cultura judía en los lugares de residencia y la promoción del yiddish como lengua judía. No el hebreo, sino el yiddish.

La colonización de los territorios [palestinos] empezó bajo el laborismo israelí y continuó. Ocurre que el nacionalismo étnico tiende a ir a la derecha, porque se basa en la discriminación

Usted nació en la Unión Soviética en 1945, antes de la creación del Estado de Israel. ¿Cómo fue viendo todos los acontecimientos?

Cuando se anunció la creación del Estado de Israel yo tenía dos años y medio, en 1948. Crecí sabiendo que había episodios antisemitas en mi país. En 1952, un año antes de la muerte de Stalin, despidieron a mi padre del trabajo. Mi hermano mayor, que tenía diez años más que yo, era un alumno excelente. Ese año el director de la escuela le llamó y le dijo que no podía entrar en la universidad, pese a que lo merecía. Le recomendó que fuera a la escuela de obreros, en horario nocturno.

Así que yo sabía que había episodios antisemitas. Viví como un joven soviético. En la escuela éramos unos dieciocho judíos. No teníamos lazos particulares, no había una afinidad específica. No sentía antisemitismo social, así que no había necesidad de agruparse. Mis mejores amigos no eran judíos, uno era ruso y otro armenio. Ser judío no tenía un contenido específico, al igual que tener un color de ojos determinado no te coloca en una comunidad.

Por eso mi emigración no estuvo en absoluto ligada a Israel. Tuvo que ver con la invasión de Checoslovaquia en 1968, que no me gustó. Quise salir de la mejor manera, y eso fue pretender que me iba a Israel.

Los israelíes me consiguieron un medio para irme, yo fui muy franco y les dije que no tenía interés en quedarme allí, estuve pocos meses, no me interesó. Ya en Canadá empecé a preguntarme qué quiere decir ser judío, empecé a leer, a estudiar, después a enseñar y a escribir. Y comencé a practicar el judaísmo, lo hago hasta hoy. Para mí ser judío no es una nacionalidad.

El Centre Delàs de Estudios por la Paz publica un nuevo informe, titulado Opacidad y desinformación en las relaciones armamentísticas entre España e Israel, en el que hace un balance de la aplicación del Real Decreto-ley aprobado el pasado 23 de septiembre, por el que se anunciaron medidas urgentes contra el genocidio en Gaza.

En su publicación detalla que el Real Decreto-ley “apenas afecta a las relaciones armamentísticas entre España e Israel” porque permite excepciones, “podría burlarse por medio de operaciones triangulares” en las que estuvieran implicados países de la Unión Europea y no establece medidas sobre los contratos adjudicados a empresas israelíes armamentísticas, sus filiales en España, o a uniones temporales de empresas en las que participan compañías israelíes o sus filiales.

El estudio ofrece un listado de treinta y cinco contratos que España adjudicó a empresas armamentísticas o sus filiales “que no han sido anulados”. También recuerda que tres meses después de la aprobación de ese Real Decreto-ley, el pasado 23 de diciembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la primera excepción en la prohibición de realizar transferencias de material de defensa y productos de doble uso con destino a Israel o con origen desde ese país.

En concreto, España autorizó transferencias de material militar de Israel, justo cuando se cumplían tres meses de la entrada en vigor del Real Decreto.

“Política de opacidad”

El informe del Centre Delàs de Estudios por la Paz señala que el Gobierno mantiene una política “de notable opacidad” sobre el Plan de desconexión de la tecnología militar israelí, del que, “aunque suele ser mencionado por cargos del Ministerio de Defensa, no se ha hecho público ningún documento que recoja su contenido”.

Además, indica que tampoco se han señalado los efectos concretos de dicho plan ni se ha hecho público si los 79 Programas Especiales de Modernización (PEM) de capacidades militares aprobados por el Gobierno español incluyen componentes patentados o fabricados por la industria armamentística israelí.

De todos esos programas, “solo se indican dos PEM afectados por el plan de desconexión” de la industria israelí: la adquisición de misiles contra carro Spike LR2 y la obtención del sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM).

El informe señala 'una maniobra de desinformación del Ministerio de Defensa dirigida a la opinión pública' con 'la anulación de los anuncios de contratos ya extinguidos'

Los Dragón

Tampoco se han presentado aclaraciones sobre posibles componentes de fabricación o patente israelíes en el programa del vehículo Dragón VCR 8x8, valorado en 2.612 millones de euros. En diciembre de 2025 se entregaron 30 unidades de ese vehículo al Ministerio de Defensa español.

El Centre Delàs explica que “el Dragón incluye distintos componentes de fabricación o patente israelí”, como el blindaje, la radio, los misiles, y los sistemas de protección activa Iron Fist y Trophy. “No está claro si el VCR Dragón 8×8 está incluido en el Plan de desconexión de tecnología israelí”, apunta y añade que “el Gobierno debe aclarar si los VCR Dragón recibidos por el Ministerio de Defensa en diciembre de 2025 incluyen componentes de fabricación o patente israelí”.

De hecho, no descarta que los componentes israelíes del Dragón fueran importados a España antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2025, ya que entre diciembre de 2024 y mayo de 2025 se produjo un aumento muy considerable de las importaciones de material de defensa desde Israel, tal y como adelantó elDiario.es. “Ese aumento podría apuntar en esta dirección”, indica el informe publicado este miércoles.

Recientemente el Ministerio de Economía se amparó en el secreto de Estado para evitar dar una información solicitada sobre los componentes israelíes para los vehículos Dragón. La petición de esos datos procedía de Ecologistas en Acción de Asturies, que también denuncia “la posible importación” de material israelí para fabricar los Dragón en Trubia.

El Gobierno autorizó hace tres meses la transferencia de material de defensa y doble uso relacionada con cuatro proyectos aeronáuticos liderados por Airbus

Contratos no anulados

La publicación del Centre Delàs subraya que no han sido anulados los contratos adjudicados a la industria armamentística israelí desde el 7 de octubre de 2023, y denuncia que el Ministerio de Defensa español “ha pretendido engañar a la opinión pública al incluir” en la Plataforma de Contratación del Sector Público la anulación de anuncios de contratos ya extinguidos.

“Estas decisiones no implican la anulación de los contratos porque no suponen su desistimiento o resolución”, explica la publicación, en la que se denuncia “una maniobra de desinformación del Ministerio de Defensa dirigida a la opinión pública”.

El estudio detalla que, de esos contratos, “veintiséis han sido cumplidos adecuadamente, es decir, la industria israelí ha entregado los bienes o realizado la prestación y el Ministerio de Defensa español ha pagado el precio del contrato”. También afirma que todavía están en vigor los contratos relativos a la adquisición de misiles contra carro Spike LR2 (287 millones €), el suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad SILAM (697 millones €) y el Acuerdo Marco POD Designador para sistemas de combate aéreo (207 millones €), que suman casi 1.192 millones de euros.

Los Spike

En el caso de los misiles contra carro Spike LR2, que desarrolla PAP Tecnos -la filial en España de la empresa israelí Rafael-, la misma PAP Tecnos presentó en febrero de 2026 una propuesta al Ministerio de Defensa para sustituir el misil Spike por el MELLS, un desarrollo europeo del Spike cuyos componentes, aunque no procedan directamente de Israel, siguen siendo de patente israelí.

Sobre ello, el informe advierte de que, “el hecho de que sea la propia PAP Tecnos, cuyo accionista único es el Estado de Israel, quien presenta esta alternativa ya debería, por sí mismo, invalidarla”. También señala que las dos opciones conocidas hasta ahora apuntan a que la alternativa propuesta para el Spike LR2 “seguiría siendo de patente israelí” e incluiría a filiales de la industria militar israelí, “manteniendo así la dependencia de su industria”.

En ese sentido, el Centre Delàs explica que el Real Decreto permite la importación por parte de España de componentes del Spike fabricados en Alemania bajo patente israelí o componentes que ha importado EuroSpike desde Israel porque no se trata de una importación “originaria de Israel”, aunque procedan de ese país.

Los componentes israelíes del Dragón pudieron haber sido importados antes de la entrada en vigor del Real Decreto. Entre diciembre de 2024 y mayo de 2025 se produjo un aumento considerable de importaciones de material de defensa desde Israel que podría apuntar en esa dirección

Centre Delàs de Estudios por la Paz

El SILAM

En el caso del SILAM (Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad), un contrato de casi 700 millones €, el consorcio de empresas a cargo (Escribano y Rheinmetall-Expal) ha planteado una alternativa nacional que supuestamente deja fuera la transferencia de tecnología de la armamentística israelí Elbit Systems.

Sin embargo, “y dada la total opacidad respecto a esta propuesta”, el informe del Centre Delàs indica que “el Ministerio de Defensa español debería aclarar” si la alternativa a los componentes israelíes que se ha planteado es introducirlos a través de la filial alemana de Elbit Systems Deutschland o el programa alemán EuroPULS (en el que participa Elbit - principal empresa armamentista israelí).

Por lo demás, la publicación señala que el Gobierno compareció con dos meses de retraso en el Congreso –en marzo de este año– para rendir cuentas sobre la aplicación del Real Decreto-ley 10/2025, y que la Secretaria de Estado de Comercio no entregó ningún informe escrito sobre la aplicación de dicho decreto, “ni tampoco se refirió a qué efectos había tenido el decreto ley sobre los contratos adjudicados a la industria de seguridad y defensa israelí”.

Demanda de un embargo integral

El Centre Delàs de Estudios por la Paz insiste en “la importancia de aprobar un embargo integral que impida cualquier tipo de relación armamentista entre España e Israel” y, junto con la Campaña contra el Comercio de Armas con Israel –integrada por 500 organizaciones– denuncia que “la existencia de estas relaciones armamentísticas implica colaborar con la industria de seguridad y defensa de un Estado genocida y que mantiene un régimen de apartheid sobre la población palestina”.

Entre otras medidas, solicitan al Gobierno español que prohíba las transferencias dentro de la Unión Europea de material militar y de doble uso de patente israelí y el veto a contratos con empresas israelíes de seguridad y defensa, sus filiales en España o con uniones temporales de empresas en las que participen. También exigen “medidas concretas para prohibir el tránsito de barcos y aviones con material militar, o para frenar el uso de bases militares estadounidenses en España como plataforma para el comercio de armas con Israel”.

La relatora de Naciones Unidas para Palestina ha recordado en sus informes de 2024, 2025 y 2026 que “el derecho internacional obliga a los Estados miembros” a suspender relaciones armamentísticas, comerciales, económicas y de inversión con Israel y ha explicado que la adquisición de material militar israelí supone engrosar las arcas de empresas esenciales para la ocupación y el apartheid.

Por su parte, la Corte Internacional de Justicia ha pedido a los países “suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los Territorios Ocupados Palestinos”, en relación con la ocupación y la segregación contra la población palestina.

Además, la Comisión de Investigación asignada por la ONU –que concluyó que “Israel comete genocidio desde octubre de 2023”– ha indicado que los Estados deben adoptar todas las medidas posibles para “prevenir más genocidio” y “sancionar el genocidio”. Entre ellas, mencionan el cierre de las oficinas comerciales de los Estados en Israel y la “suspensión de cualquier relación o transacción que contribuya a la ocupación israelí”.

Continuamos la programación de los podcasts en vivo de Atado y Bien Atado, conducidos por Olga Rodríguez, con un nuevo episodio en donde se analiza cómo la historia de la lucha por la recuperación de la memoria democrática y contra la impunidad de las dictaduras se entrelazan entre Argentina y España en un auténtico camino de ida y vuelta.

Al igual que en su momento las víctimas de las dictaduras chilena y argentina recurrieron a los tribunales españoles buscando una justicia que se negaba en sus países, ahora hacemos el camino a la inversa. La querella argentina contra los crímenes del franquismo es actualmente el único juicio abierto al franquismo. Un camino de ida y vuelta, que son también los exilios y acogidas compartidas, los procesos de recuperación de la memoria, de luchas similares que ahora sufren el embate de un enemigo común: una extrema derecha que ha declarado la guerra a la memoria democrática para encerrarnos en la jaula del presentismo, en un mundo amnésico, sin utopía y sin capacidad de mirar hacia el futuro. 

De todo esto y mucho más se hablará en este próximo podcast de Atado y Bien Atado, que publicamos coincidiendo con las marchas de la memoria en Argentina del 24 de Marzo ante el cincuenta aniversario del golpe de estado. Todo ello con la participación de Claudia Poblete, nieta robada por la dictadura argentina; Emilio Silva, nieto de un asesinado y desaparecido por la dictadura española; Maruja Lamana, exiliada argentina en España; Carolina Meloni, profesora de Filosofía y exiliada argentina en España; Roberto Montoya, periodista y exiliado argentino en España; Cristina Rota, profesora de interpretación argentina exiliada en España y cuyo marido es uno de los 30.000 desaparecidos de la dictadura argentina; Mayki Gorosito, exdirectora del Museo Sitio de Memoria ESMA en Argentina; y Taty Almeida, una de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

Sigue a ¿Atado y bien atado? en tu plataforma de audio favorita para no perderte ningún episodio:

Pese a las sanciones de Estados Unidos contra ella, la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, continúa cumpliendo el mandato que su puesto le asigna y este lunes ha presentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, su nuevo informe sobre la situación en los Territorios Ocupados Palestinos. Lo ha hecho tras participar en una conferencia sobre la persecución que sufren por parte de Washington defensores de derechos humanos como ella e integrantes de la Corte Penal Internacional.

En esta nueva investigación la relatora de la ONU se centra en la tortura sistemática que Israel aplica al pueblo palestino, no solo en las cárceles, sino en “todos los territorios”, a través de desplazamientos forzados, bombardeos, asesinatos masivos, privación “y destrucción de todos los medios de vida para causar dolor y sufrimiento colectivo a largo plazo”.

Poco antes de presentarlo, Albanese indicó públicamente, dirigiéndose a los Estados de Naciones Unidas, que “Israel representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”, y añadió: “He documentado sus crímenes más atroces. Ahora, la obligación de actuar y detenerlos, salvando vidas inocentes, recae sobre ustedes”.

Herramienta del genocidio

Albanese detalla que esta práctica de “tortura sistemática” ejercida de diferentes maneras “es una herramienta para el genocidio”, bajo la Convención sobre Genocidio. La tortura es “integral a la dominación y el castigo infligido a hombres, mujeres y niños”. Con ella se está imponiendo “un régimen continuo, territorialmente omnipresente, de terror psicológico, diseñado para quebrar cuerpos, privar a un pueblo de su dignidad y obligarlos a abandonar su tierra”, alerta en su informe.

Por ello exige que se investigue a tres ministros del Gobierno israelí como responsables de la aplicación de la tortura como política estatal: el ministro de Defensa, Israel Katz, el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir y el de Finanzas, Bezalel Smotrich.

“Esto no es violencia incidental. Es la arquitectura del colonialismo de asentamiento, construida sobre una base de deshumanización y mantenida por una política de crueldad y tortura colectiva”, denuncia la relatora de la ONU. El informe destaca que los actos de genocidio han engendrado sufrimiento mental y físico permanente para los palestinos como grupo.

Esto no es violencia incidental. Es la arquitectura del colonialismo de asentamiento, construida sobre una base de deshumanización y mantenida por una política de crueldad y tortura colectiva

Informe de la relatora de la ONU para los Territorios Ocupados Palestinos

Campos de tortura

En su investigación Albanese advierte de que “desde el momento mismo de la detención” los palestinos son sometidos a abusos: vendados, inmovilizados violentamente, desnudados y exhibidos. En custodia, muchos están al aire libre o en jaulas, con esposas permanentes, sin acceso adecuado a higiene, comida o descanso.

La relatora ha tenido acceso a pruebas que documentan aislamiento, vendaje de ojos prolongado, privación de sueño, hambre y condiciones degradantes, así como una violencia física sistemática a través de ahogamientos simulados, palizas severas, fracturas de huesos, cuerpos colgados, quemaduras, posiciones forzadas, descargas eléctricas y uso de perros. A ello se suman una política de hambre, métodos de colapso psicológico durante los interrogatorio y “violencia sexual generalizada”, con violaciones, agresiones, desnudez forzada y abusos con objetos, incluidos contra menores.

El informe de la relatora de la ONU hace referencia también a una denegación de atención médica sistemática, con cirugías sin anestesia, enfermedades sin tratamiento y condiciones insalubres, y menciona casos concretos, como las pruebas sobre la muerte de un menor por desnutrición y negligencia. La aplicación de métodos de tortura no es solo un castigo, indica Albanese, “sino un mecanismo para destruir la integridad física y psicológica y debilitar a la sociedad palestina en su conjunto”.

“Aunque las condiciones son especialmente severas en los centros militares, la tortura es sistemática en toda la red de detención”, denuncia. Dentro de ello, hay colectivos especialmente perseguidos: activistas, médicos, dirigentes políticos, defensores de derechos humanos y periodistas.

La relatora de la ONU menciona palizas severas, fracturas de huesos, aislamiento prolongado, privación de sueño, hambre, ahogamientos simulados, cuerpos colgados, quemaduras, descargas eléctricas, uso de perros y violencia sexual

Cientos de trabajadores sanitarios palestinos han sido detenidos arbitrariamente mientras ejercían su labor estos dos últimos años. Entre los arrestados que han fallecido bajo tortura figuran médicos y personal sanitario. La relatora alerta de que “este régimen de crueldad ha sido implementado de forma coordinada por el Ejército, los servicios de seguridad, la policía y el sistema penitenciario”.

Un número sin precedentes de detenidos palestinos ha muerto bajo custodia y hay una propuesta de ley para imponer la pena de muerte a estos arrestados. El informe de la relatora de Naciones Unidas indica que las fuerzas israelíes han privado de libertad a comunidades enteras, incluyendo personas mayores, con discapacidad, mujeres embarazadas y niños.

En total, más de 18.500 palestinos han sido arrestados desde octubre de 2023, incluidos al menos 1.500 menores. Actualmente Israel mantiene en prisión a unas 9.245 personas en diversos centros de detención. De ellas, 1.330 tienen una condena, 3.308 están en prisión preventiva y 3.358 se encuentran en detención administrativa, sin cargos ni juicio. Además, más de 4.000 personas son víctimas de desaparición forzada “y es probable que muchas hayan muerto”.

Albanese denuncia que, durante meses, las autoridades israelíes se negaron a reconocer las detenciones y a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos. A partir de mayo de 2024 introdujeron un mecanismo de localización, pero este solo puede activarse tras 45 días, por lo que las familias y abogados siguen sin poder obtener información fiable. También el Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido privado de acceso a los centros de detención.

La tortura y la intención genocida han sido articuladas desde el poder ejecutivo y normalizadas por instituciones y sectores sociales, convirtiéndose en una práctica colectiva.

Relatora de la ONU para los Territorios Ocupados Palestinos

Tortura en todos los territorios

Fuera de los centros de detención la población palestina también sufre una tortura sistemática, prosigue el informe de la relatora de la ONU. “El desplazamiento masivo, el asedio y el hambre, la violencia de colonos sin control y la humillación constante, todo ello bajo una vigilancia omnipresente, han infligido deliberadamente un sufrimiento colectivo”, señala.

Albanese establece una relación estrecha entre el genocidio y este tipo de tortura de gran envergadura, practicada como “herramienta de genocidio” con el objetivo “de provocar sufrimiento colectivo”, a través de un proceso de deshumanización:

“Al aniquilar la condición básica de la víctima como ser humano, la tortura funciona como un arquetipo de exclusión de la comunidad humana”, advierte. También señala que “estas prácticas operan como un proyecto ideológico de destrucción social, normalizando la crueldad y persiguiendo el objetivo político de debilitar a la nación palestina”.

Este desprecio por el derecho internacional no se detendrá en Palestina. Ya se está desplegando en Líbano, Irán, los países del Golfo, Venezuela. Si no se le pone freno, se extenderá mucho más allá. Lo que se pierda en Palestina, lo perderemos todos.

Relatora de la ONU, Francesca Albanese

En ese sentido, “Israel ha convertido Gaza en un gran campo de tortura donde ningún lugar es seguro: ni hospitales, ni hogares, ni escuelas, ni campamentos de refugiados”.

En sus conclusiones la relatora de Naciones Unidas destaca que la tortura forma parte de un marco más amplio de políticas “que buscan destruir las condiciones de vida y forzar la expulsión” de la población palestina e insiste en que los abusos extremos están normalizados por instituciones israelíes y sectores sociales, “convirtiéndose en una práctica colectiva”.

Estas prácticas de tortura operan como un proyecto ideológico de destrucción social, normalizando la crueldad y persiguiendo el objetivo político de debilitar a la nación palestina.

Relatora de la ONU

Una práctica colectiva

Albanese también subraya que desde los poderes legislativo, ejecutivo y judicial israelíes se han facilitado la detención arbitraria, el castigo colectivo y las prácticas abusivas. Además, se han rechazado recursos legales y se ha negado información sobre detenidos desaparecidos.

“Los abusos han sido públicamente defendidos y celebrados, parte del personal médico ha sido cómplice, participando en abusos o encubriéndolos, líderes religiosos han legitimado la violencia, reforzando su aceptación social y medios de comunicación han difundido un lenguaje deshumanizador, normalizando la violencia”, afirma.

Todo ello “configura un sistema social y político en el que la tortura es aceptada y justificada”, concluye. “En el territorio palestino ocupado, la tortura y la intención genocida que la impulsa son articuladas por el poder ejecutivo de Israel y habilitadas, justificadas y normalizadas por el legislativo y el judicial”, denuncia la relatora de la ONU, afirmando que “la tortura se ha convertido así en una empresa colectiva”.

Albanese señala que, de este modo, “la tortura es producida socialmente, defendida políticamente y absorbida públicamente como el derecho indiscutible del colonizador, donde una nación se cohesiona en celebrar la aniquilación de otra”.

La relatora de la ONU pide a los países que investiguen, juzguen y castiguen los crímenes israelíes y que rompan los vínculos que contribuyen a ellos

Petición a los Estados

Por ello la relatora de Naciones Unidas pide los Estados y a la comunidad internacional “actuar de inmediato para detener la destrucción en curso” y advierte de que “cada demora agrava daños irreversibles y consolida un sistema de crueldad” contrario al derecho internacional.

En concreto, solicita a Israel que detenga de forma inmediata toda forma de tortura, que desmantele el sistema de apartheid y permita el acceso de organismos internacionales y supervisión independiente.

A los países de la ONU les recuerda que no deben ser cómplices de violaciones del derecho internacional y les pide “investigar y castigar estos crímenes”, “aplicar jurisdicción universal”, “apoyar a las víctimas” y “romper vínculos con actividades que contribuyan a estas violaciones”.

Dirigiéndose a los Estados miembros de Naciones Unidas, en rueda de prensa, Albanese ha recordado que la respuesta de los países “a esta abominación será un examen sobre nuestra responsabilidad jurídica y moral” y ha advertido de que “este desprecio por el derecho internacional no se detendrá en Palestina. Ya se está desplegando en Líbano, Irán, los países del Golfo, Venezuela. Si no se le pone freno, se extenderá mucho más allá. Lo que se pierda en Palestina, lo perderemos todos”.

Este fin de semana, antes de presentar este informe, la relatora de Naciones Unidas denunció que “Israel seguirá con su limpieza étnica contra los palestinos de todos los modos posibles –hambre, bombas, terror– a cualquier coste y a través de todo tipo de crímenes, hasta que sea forzado a parar”. Lo hizo en referencia a las denuncias de los relatores de la ONU sobre acciones de Israel en Jerusalén que están “alterando la composición demográfica, el carácter religioso y el estatus legal” de la parte oriental de la Ciudad Santa.

Los ataques ilegales estadounidenses e israelíes contra Irán y los bombardeos de Israel contra Líbano han aumentado seriamente la escalada regional, con riesgos internacionales. Este viernes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, volvía a subrayar que la guerra contra Irán pretende consolidar “el estatus de Israel como superpotencia global, más que nunca”.

Israel busca reforzar su hegemonía regional para proseguir con la anexión ilegal de territorio palestino, sirio y libanés, en su idea del Gran Israel. Por eso sigue anexionándose tierras en Cisjordania, incrementa sus agresiones contra civiles en ese territorio, ocupa más de la mitad de Gaza y avanza en sus ataques contra Líbano, donde nunca respetó la tregua establecida en 2024.

Según datos de las fuerzas de paz de la ONU en Líbano, el Ejército israelí ha violado ese alto el fuego en más de 10.000 ocasiones. Tal y como hizo en Gaza, ahora pretende vaciar grandes zonas de población en el sur del país, a través de órdenes de desplazamiento y bombardeos. Unos 800.000 libaneses han tenido que abandonar sus hogares y más de setecientos han muerto por ataques israelíes, entre ellos un centenar de niños y niñas, así como trabajadores médicos y profesores universitarios.

Los ataques contra territorio iraní del pasado 28 de febrero no ocurrieron de forma inesperada. Cualquiera que siga la actualidad de Oriente Próximo sabía que Estados Unidos llevaba semanas enviando tropas, barcos y aviones a la zona, haciendo uso para ello de algunas de sus bases militares en Europa, incluidas las de Rota y Morón.

Tal y como hizo en Gaza, Israel pretende vaciar amplias zonas de población en el sur de Líbano, a través de órdenes de desplazamiento forzado y bombardeos.

Suez 1956

Israel buscó la participación de EEUU en esta ofensiva por dos razones. Una, para contar con el respaldo de sus fuerzas militares. Otra, para evitar una crisis parecida a la de 1956, cuando Israel invadió el Sinaí egipcio y Gaza, con el apoyo secreto de Francia y Reino Unido, como respuesta a la nacionalización del canal de Suez por el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser.

El pacto —Protocolo de Sèvres— contemplaba usar esa invasión como excusa para el envío de tropas francesas y británicas al canal de Suez, con el objetivo de retomar su control y derrocar a Abdel Nasser. Londres y París enviaron efectivos militares pero Estados Unidos se interpuso en sus planes, oponiéndose a aquella operación.

El presidente de EEUU, Dwight D. Eisenhower, quiso dejar claro que, tras la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido y Francia ya no tenían las riendas de Oriente Próximo. Ejerció presión diplomática, impuso sanciones económicas y maniobró políticamente en Naciones Unidas para exigir resultados. Los dos países europeos captaron el mensaje y se retiraron del Sinaí y de Gaza en 1956. Poco tiempo después, en marzo de 1957, también lo hizo Israel.

A partir de entonces, Israel entendió que en el futuro necesitaría tener a Estados Unidos de su lado, como su principal aliado estratégico. Con gran consenso académico, ese episodio marca la consolidación de EEUU como sucesor del imperialismo francés y británico en la región, hasta hoy.

Al igual que en 1956 con el Canal de Suez, una ofensiva israelí es usada como pretexto para intentar intervenir en una de las rutas comerciales más importantes

Unión Pro Paz

Es interesante detenerse en la resolución Unión Pro Paz (377A), empleada por EEUU en 1956, para exigir resultados en la Asamblea General de Naciones Unidas, esquivando en el Consejo de Seguridad de la ONU el veto de Reino Unido y Francia, dos integrantes permanentes del Consejo. A través de ella, la Asamblea aprobó la creación de la Fuerza de Emergencia de Naciones Unidas (FENU), la primera operación de mantenimiento de la paz destinada a supervisar el cese de hostilidades y la retirada de fuerzas extranjeras de Egipto.

La resolución Unión Pro Paz ha sido propuesta por la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, a lo largo de estos dos últimos años, como iniciativa para detener el genocidio en Gaza. A través de ella se podrían acordar mecanismos para presionar a Israel, entre ellos, su suspensión de la Asamblea de la ONU, como se hizo con el régimen del apartheid sudafricano en 1974.

Esta herramienta también podría utilizarse actualmente para empujar a una desescalada en la región, esquivando así el derecho a veto de Estados Unidos, uno de los dos autores de los ataques ilegales contra Irán.

Se sabía que Irán podría lanzar ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz para defenderse ante una agresión y que esto provocaría una subida de precios, lo que ha sido usado por EEUU para justificar más envíos de barcos y tropas

La escolta como pretexto

El ataque israelí contra el Sinaí y Gaza en 1956 fue el pretexto fabricado para la entrada en escena de las tropas francesas y británicas, al igual que ahora los bombardeos ilegales de Israel contra Irán han sido la excusa esgrimida para justificar la participación estadounidense.

Así lo enunció el propio secretario de Estado, Marco Rubio, cuando dijo hace unos días que el ataque israelí provocaría una respuesta iraní y que, por ello, EEUU decidió que tenía que intervenir. En vez de actuar para presionar a su mayor socio en la región para que no lanzara esa guerra ilegal, optó por sumarse a ella, porque la Administración Trump buscaba pretextos para la escalada.

Entre los objetivos del Protocolo de Sèvres de 1956 estaba el de hacerse con esa vía marítima que Egipto había nacionalizado. En los objetivos de ahora está, entre otros, obtener más control en el estrecho de Ormuz.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha propuesto una coalición liderada por la marina estadounidense para que escolte buques petroleros a través de Ormuz. Irán indica que no ha cerrado el paso, pero señala que esta ruta es clave para la cadena global del petróleo y que, mientras duren los ataques contra su territorio, no permitirá el paso de crudo que beneficie a Washington, Tel Aviv o sus aliados.

Esto se sabía ya antes del inicio de esta guerra contra Irán, como apuntan fuentes de Washington. Expertos y analistas advirtieron pública y privadamente de la posibilidad de ataques de Teherán contra barcos en el estrecho de Ormuz como forma de defenderse ante una eventual agresión. También era previsible que eso provocara una subida mundial del precio del crudo, ante la cual Washington defendería más envíos de barcos de guerra o de efectivos militares, como ya está haciendo, en nombre de la situación económica internacional.

Si Irán permite el paso y garantiza protección a transacciones en yuanes, otros países podrían unirse al pago de petróleo en moneda china, algo que EEUU pretende evitar para mantener el predominio del dólar

Trump pide una coalición para Ormuz

Así lo ha expresado Trump este fin de semana, invitando a “China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial” a enviar “buques a la zona” para que el estrecho de Ormuz “deje de ser una amenaza usada por una nación totalmente decapitada”. El presidente de Estados Unidos ha añadido que, “mientras tanto, EEUU seguirá bombardeando sin piedad la costa”. También ha hecho un llamamiento “a los países del mundo que reciben crudo de Ormuz”, diciendo que “deben encargarse de ese paso” marítimo, y que EEUU “ayudará mucho” en ello.

Una desescalada y una negociación que garantice el fin de las agresiones contra Irán volverían a garantizar la navegación por Ormuz. Sin embargo, la apuesta por una mayor presencia militar estadounidense y de otros aliados aumenta las probabilidades de más tensión, de un escenario enfangado y el riesgo de una guerra de desgaste, con consecuencias en el precio y el flujo de materias energéticas en el mercado internacional y con efectos sobre Europa, económicos y en materia de seguridad.

En el mensaje de Trump es llamativa la invitación a China, el único país de los que menciona que no pertenece a la órbita de influencia de Washington. De hecho, Pekín es percibido por la Administración Trump como máximo adversario económico. Estados Unidos pretende anular el uso de moneda china en la compra de petróleo iraní, contemplado como una amenaza al predominio del dólar.

China ha seguido adquiriendo crudo de Irán pagándolo principalmente en yuanes. Si Irán permite el paso y garantiza protección a este tipo de transacciones, otros países podrían unirse al pago de barriles en moneda china, algo que Estados Unidos pretende evitar para mantener el predominio del dólar.

Una vez desestabilizado el mercado energético, Washington apela a una coalición internacional para tomar el estrecho de Ormuz, intentando legitimar así una guerra ilegal

Este sábado se supo que Washington ha enviado a la región más efectivos, 5.000 marines –que llegarán en una semana– y otros tres barcos de guerra. El Gobierno estadounidense está jugando en ese tablero. Una vez desestabilizado el mercado energético, Washington apela a una coalición internacional para tomar el estrecho de Ormuz, intentando legitimar así una ofensiva nacida de forma ilegal. Trump provocó el bloqueo parcial del estrecho y, tras ello, pide a diferentes países que lo abran, a través de la vía militar. De momento, no hay respuesta de los países a los que ha apelado.

Mientras tanto, sigue abriendo camino al proyecto del Gran Israel, permitiendo que su gran aliado regional avance en su proyecto colonial. Trump también pretende reforzar su presencia militar en la región, como hizo en los años noventa con la excusa de la Primera Guerra del Golfo, momento en el que consolidó y amplió bases militares estadounidenses en varios países de Kuwait, Qatar, Emiratos, Baréin o Arabia Saudí.

Sin embargo, los ataques iraníes contra sus bases en la región y la inestabilidad que está provocando esta guerra puede terminar teniendo el efecto contrario, con naciones árabes que podrían plantearse cuántos beneficios y cuántos riesgos conlleva albergar en su territorio bases militares estadounidenses.

La UE mira hacia otro lado ante las violaciones de dos de sus grandes aliados internacionales, EEUU e Israel, y evita condenar la ilegalidad de sus ataques mientras anuncia más sanciones contra Teherán

Europa

El coste de esta guerra ilegal es ya enorme. La falta de acción de los socios de Israel para prevenir, detener y sancionar el genocidio en Gaza contribuyó activamente a este escenario actual. Esto incluye a la Unión Europea, el mayor socio comercial de Israel en el mundo, que ha ignorado el derecho internacional, ha incumplido lo solicitado por la Corte Internacional de Justicia ante los crímenes en la Franja y mantiene sus acuerdos preferenciales con Tel Aviv. La UE eligió estar en ese bando desde hace décadas y desde entonces no ha diversificado relaciones suficientemente ni se ha alejado del guion de Washington cuando éste debilitaba a países europeos.

Cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, declaró esta semana que “ya no podemos confiar en el sistema basado en reglas como la única forma de defender nuestros intereses ni asumir que sus normas nos protegerán” se armó un gran revuelo. Ese escándalo no surgió ante más de dos años de desprecio y violación del derecho internacional por parte de Bruselas y de varios Estados de la UE que mantuvieron complicidad con el genocidio en Gaza. Cuando Von der Leyen reculó al día siguiente, afirmando que “siempre defenderemos el derecho internacional”, la hipocresía europea respiró aliviada. El emperador no está desnudo y en el Café de Rick en Casablanca no hay casino clandestino ni se juega.

La agresión contra territorio iraní, al igual que el genocidio israelí, era previsible y evitable. Pero la Unión Europea sigue mirando hacia otro lado ante las violaciones de dos de sus grandes aliados internacionales, Estados Unidos e Israel, y evita condenar la ilegalidad de sus ataques mientras anuncia más sanciones económicas contra Teherán. Lejos de usar las herramientas posibles para lograr una desescalada, Bruselas está dejando actuar, como hizo ante Gaza, poniéndose del lado de la agresión.

La única diferencia es que aquí las economías europeas se ven afectadas, por lo que las declaraciones públicas han llegado mucho antes. Pero, como ha denunciado el exdirector general de la Organización Internacional para la Energía Atómica, Mohamed El Baradei, “al igual que ocurre con Gaza, estas siguen siendo declaraciones vacías que no van acompañadas de ninguna acción concreta para detener la guerra”.

Los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y la escalada regional están afectando a la población de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, donde el Ejército israelí ha endurecido sus medidas de represión. Líbano, país en el que viven más de 500.000 refugiados palestinos, sufre bombardeos israelíes y órdenes de desplazamiento que han obligado a abandonar sus hogares a más de medio millón de personas.

El Comisionado General de la UNRWA, Philippe Lazzarini, alerta de que este contexto empeora aún más la situación de la población palestina en la región. En una entrevista con elDiario.es realizada este martes en Madrid, donde se ha reunido con representantes políticos, Lazzarini señala que “todavía hay una guerra en curso contra los palestinos” y analiza la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), la mayor organización educativa y de ayuda humanitaria en Palestina.

¿Cómo están afectando los ataques contra Irán y la escalada regional a la población palestina?

En primer lugar, les afecta porque sigue habiendo una guerra en curso contra los palestinos.

En Cisjordania se está acelerando la expansión de los asentamientos israelíes y la apropiación de tierras. La violencia de los colonos se ha desatado. Hay un clima de miedo y ansiedad generalizado. La población palestina tiene miedo incluso de salir de sus casas o de sus localidades. Hay puestos de control por todas partes. Esto está afectando seriamente a la economía. La vida se está volviendo cada vez más difícil.

En Gaza hay operaciones militares diarias. Pero nada de esto acapara la atención de la comunidad internacional, y menos ahora. Me preocupa mucho que con esta nueva guerra entremos en un período de estancamiento que solo alimentará más desesperación entre la población.

A esto se suma que Israel ha violado la tregua en Líbano miles de veces –según datos de las fuerzas de paz de la ONU– y ahora ha vuelto a bombardear el país.

Esta ofensiva israelí en Líbano comenzó hace aproximadamente una semana, en el marco de la guerra contra Irán. Esto ha provocado nuevamente desplazamientos masivos de personas desde el sur, pero también desde los suburbios del sur de Beirut, Dahiyah, un área que los israelíes han amenazado con convertir en algo parecido a Gaza o Yan Yunis.

Tenemos campamentos en el sur libanés que también se han visto afectados por órdenes de evacuación israelíes. Hemos abierto refugios —como han hecho otras organizaciones— para acoger a refugiados palestinos, pero también a sirios y libaneses.

Los refugiados palestinos en Líbano dependen especialmente de las agencias de ayuda. Hay niveles de pobreza extrema que se han disparado en esos campamentos. Esto también se debe a que existen muy pocas oportunidades para que los refugiados palestinos en Líbano accedan al mercado de trabajo.

Lo que escuchamos de Israel es: no a dos Estados, no a un Estado. Entonces, ¿qué?

En este contexto Israel ha vuelto a cerrar el paso de Rafah en Gaza, que se había abierto recientemente tras más de dos años de bloqueo…

En octubre se decretó un alto el fuego que desgraciadamente solo es un alto el fuego de nombre, porque más de 600 palestinos han muerto desde entonces en diferentes ataques. Ha habido un aumento de suministros humanitarios que han entrado en la Franja, lo que ha permitido revertir la hambruna que se había declarado en la ciudad de Gaza y que afectaba a medio millón de personas. Pero aparte de la comida, poco más entra.

Esto significa que la vida allí es una existencia marcada por la miseria, la gente carece de casi todo lo básico. Viven en refugios que no están preparados para el invierno ni para ese entorno que no es otra cosa que escombros. La gente pasa horas cada día haciendo cola para acceder a agua limpia. Es realmente muy duro. El problema fundamental es que los suministros no se corresponden con las necesidades.

Sigue habiendo una guerra en curso contra los palestinos

La breve apertura del paso de Rafah permitió la salida de algunos enfermos y heridos, pero pocos, a cuentagotas.

Según la Organización Mundial de la Salud, hay alrededor de 20.000 personas esperando ser evacuadas a hospitales en el extranjero porque no pueden ser tratadas en Gaza, ya que la mayoría de las instalaciones hospitalarias han sido destruidas o dañadas y no pueden funcionar a plena capacidad. Entre esas personas que necesitan ser trasladadas, demasiadas tienen heridas que ponen en peligro su vida.

Ahora, a través del plan establecido, más de la mitad de la Franja está ocupada por el Ejército israelí, y en el resto cientos de miles de personas viven en tiendas de campaña. ¿Acaso es esto una solución?

La mejor solución es invertir realmente en un proceso político. Hay que asumir que después de tantas décadas de conflicto sin resolver, la región y el mundo no pueden permitirse pasar por nuevas décadas adicionales con un conflicto sin resolver. Eso debe abordarse. Pero para ello se necesita compromiso, determinación y que se convierta en una prioridad.

En Cisjordania se ha desatado la violencia de los colonos y se está acelerando la expansión de los asentamientos y la apropiación de tierras

Mientras, vemos que el Gobierno de Netanyahu avanza en su anexión ilegal de territorio en Cisjordania…

En Israel el Parlamento ha votado en contra de la solución de dos Estados. Cuanta más apropiación de tierras haya, más lejos estaremos de la solución de dos Estados. Tal vez su objetivo sea asegurarse de que esta posibilidad nunca llegue a existir.

Por eso es tan importante que la comunidad internacional también tome una decisión clara. La solución de los dos Estados no puede seguir siendo solo una aspiración mientras se espera que esa aspiración se convierta en realidad sin un compromiso real y genuino. Esa solución no se materializará si todo sigue igual.

Cada vez quedará menos territorio para ese Estado...

Da la sensación de que la solución de dos Estados se mantiene artificialmente con vida simplemente porque no hay ninguna alternativa puesta sobre la mesa. Antes de octubre de 2023, muchos jóvenes palestinos en Cisjordania subrayaban que lo que les importaba, más que la autodeterminación, era tener los mismos derechos que cualquier otra persona.

Quieren una vida normal: tener hijos, recibir educación, tener un trabajo, poder viajar como cualquier otra persona. Prefieren luchar por eso en lugar de luchar por dos Estados que parecen cada vez más un sueño lejano. Eso significaría cambiar la naturaleza de la lucha. Luchar por la igualdad de derechos significa luchar contra cualquier forma de discriminación, lo que implica luchar contra un sistema de apartheid.

Pero hay un sistema de apartheid, no hay igualdad.

¿Queremos promover una solución de dos Estados? ¿Queremos promover un solo Estado con dos pueblos en una misma tierra? En ese contexto se lucharía por la igualdad de derechos. Pero por ahora, la opción principal para la comunidad internacional sigue siendo la solución de dos Estados.

Cuanta más apropiación de tierras palestinas haya, más lejos estaremos de la solución de dos Estados. Por eso es tan importante que la comunidad internacional tome una decisión clara. Esa solución no se materializará si todo sigue igual.

¿Y cree que eso debería cambiar?

Eso corresponde a los palestinos. Pero lo que escuchamos de Israel es: no a dos Estados, no a un Estado. Entonces, ¿qué?

Hay miembros de la Corte Internacional de Justicia en La Haya sancionados por Estados Unidos por investigar crímenes israelíes, y la UNRWA también ha sido objetivo de ataques. ¿Por qué cree que está ocurriendo esto y cómo lo están afrontando?

En lo que respecta a la UNRWA, hay claramente una motivación política detrás de los ataques. La razón ha sido explicada muy claramente por el autor de la ley anti-UNRWA en el Parlamento israelí. Básicamente dice que hay una oportunidad generacional para deshacerse de una agencia que perpetúa la dependencia de los refugiados palestinos, pero también una oportunidad generacional para eliminar el estatus de refugiado.

Necesitan quitar a los palestinos el estatus de refugiados porque, al hacerlo, también se aborda de facto la aspiración a la autodeterminación y la cuestión del derecho al retorno de la población palestina. Pero esto es un atajo y es ingenuo, porque aunque no pudiéramos proporcionar asistencia o recursos porque se nos impida hacerlo, el estatus de refugiado seguirá existiendo. Son dos cuestiones completamente diferentes.

Siempre he dicho que no podemos considerar el ataque contra la agencia de forma aislada. Si permitimos que la UNRWA sea atacada como lo ha sido, esto abrirá la puerta para que otras organizaciones o agencias de la ONU también sean atacadas, no solo en el contexto de palestino-israelí, sino también en otros lugares del mundo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. La UNRWA puede haber sido la primera, pero es cierto que, de forma más amplia, el sistema multilateral está bajo ataque.

Luchar por la igualdad de derechos significa luchar contra cualquier forma de discriminación, lo que implica luchar contra un sistema de apartheid.

El derecho internacional…

El derecho internacional está siendo cuestionado e ignorado, hasta el punto de que ahora hay voces que incluso se preguntan si el derecho internacional sigue siendo relevante. Hay tentaciones por parte de algunos líderes políticos de sustituir el orden mundial basado en normas que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial.

Hay quienes quieren deshacerse de todo en lugar de intentar mejorarlo, reformarlo o asegurarse de que se respete. Todo esto debe leerse en ese contexto. Por eso es aún más importante mantenernos firmes y responder, porque sigue siendo mejor tener un mundo con reglas, aunque se violen. Si se violan, se pueden señalar y se puede actuar. Pero si no hay reglas, ¿qué ocurre? Es la ley del más fuerte, la ley de la selva. Y ese no es el mundo al que queremos ir.

Si permitimos que UNRWA sea atacada como lo ha sido, esto abrirá la puerta para que otras organizaciones o agencias de la ONU también sean atacadas, como ya ha ocurrido. El sistema multilateral está bajo ataque.

¿Cómo está operando UNRWA ante los obstáculos impuestos por Israel a esta agencia de la ONU?

La UNRWA está sometida a numerosas restricciones, ha recibido ataques políticos y ha sufrido campañas de desinformación. Además, afrontamos restricciones operativas. También se han aprobado proyectos de ley destinados a limitar —o incluso, diría, impedir— que la agencia pueda operar adecuadamente.

Se ha prohibido la presencia de la agencia en Jerusalén Este, ya no tenemos presencia real allí. También se ha prohibido el contacto entre funcionarios de la UNRWA y funcionarios israelíes. Como consecuencia, no hay una relación administrativa ni burocrática, lo que en la práctica impide que el personal internacional pueda operar en Cisjordania y en Gaza.

A ello se suma una ley que ordena el fin del suministro de luz y agua a la UNRWA en Jerusalén. Además, ordena al Estado de Israel tomar esas instalaciones, algo que ocurrió hace unas semanas, cuando fuerzas israelíes irrumpieron en nuestra sede central, destruyendo un edificio e incluso incendiándolo, lo cual es absolutamente escandaloso, porque Naciones Unidas goza de inmunidad y de protecciones especiales en virtud del derecho internacional. Se trata de un acto de desafío.

El alto el fuego desgraciadamente solo es un alto el fuego de nombre, porque más de 600 palestinos han muerto desde entonces

Aún así, siguen con su trabajo.

Seguimos muy operativos en Gaza. Tenemos alrededor de 12.000 trabajadores sobre el terreno. Estamos centrando nuestras actividades principalmente en la salud pública, lo que significa no solo centros de atención primaria —donde tenemos entre 15.000 y 20.000 consultas al día— sino también proporcionar acceso a agua limpia.

También gestionamos residuos para prevenir enfermedades contagiosas y participamos en campañas de vacunación, entre otras cosas. Además, damos prioridad al regreso a entornos educativos para niños traumatizados.

¿Y en Cisjordania?

Allí tenemos unos 4.000 trabajadores que gestionan escuelas para más de 40.000 niños y centros de salud. Así que, a pesar de todas las limitaciones a las que se enfrenta la agencia y de los desafíos financieros que tenemos, seguimos manteniendo nuestras actividades. Sin embargo, hace unas semanas tuve que tomar la dolorosa decisión de reducir el alcance de nuestros servicios en un 20 %, debido a la profunda crisis financiera que atraviesa la agencia.

¿Por qué ese recorte?

Porque Estados Unidos ha recortado su financiación, porque en general los donantes tradicionales han reducido su apoyo y porque los países del Golfo no han intervenido en 2025. Hay muchas fuentes de financiación que ya no están.

Sin embargo, en los últimos dos años hemos recibido una extraordinaria muestra de solidaridad por parte de la gente, las donaciones individuales han aumentado significativamente en lugares como España y otros. Normalmente, cuando la sociedad civil me pregunta qué más puede hacer, siempre respondo lo mismo: asegúrense de que sus representantes apoyen a la UNRWA. Combatan las campañas de desinformación, porque hay mucha desinformación cuando se habla de esta región. Y pidan cuentas a sus representantes en el Parlamento, no solo aquí sino también en Europa. Básicamente, exíjanles que representen los valores que ustedes esperan que representen cuando los eligen.

El Gobierno israelí llevaba mucho tiempo buscando un ataque contra Irán. El primer ministro Benjamín Netanyahu recordó esta semana que estos bombardeos, junto con el asesinato del ayatolá Jamenei, le permiten “lograr lo que he anhelado desde hace cuarenta años”. Para justificarlo, ha echado mano de la misma excusa que empleó el Gobierno israelí —laborista— en 1967, cuando Israel invadió Jerusalén Este, Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán sirios y el Sinaí egipcio, asegurando —sin pruebas— que, si no lo hacía, Egipto y Siria tomarían la delantera con un ataque militar. El concepto de 'guerra preventiva' para justificar ataques ilegales –e incluso ocupaciones que se perpetúan en el tiempo– no nació ayer.

Con su ataque contra Irán, Israel persigue el debilitamiento e incluso el colapso de uno de los Estados más grandes de la región, lo que le permitiría reforzar su hegemonía regional y afianzar su anexión ilegal de territorios palestinos y sirios, ampliada y consolidada estos dos últimos años, a través del genocidio en Gaza.

El Gobierno israelí necesita un escenario regional de enfrentamiento y de caos, porque es en la guerra donde Tel Aviv siempre ha conseguido lo que el derecho internacional le niega: territorio ajeno, robo de recursos naturales y normalización de la segregación contra la población palestina. “Segregación” es la palabra empleada por la Corte Internacional de Justicia para referirse a la discriminación y a la represión que Israel aplica en los territorios ocupados palestinos.

La organización de derechos humanos israelí B'Tselem alertaba esta semana de que Israel puede aprovechar los ataques ilegales contra Irán “para expandir aún más su limpieza étnica de palestinos en Cisjordania”. Con la justificación de esta nueva guerra, el Ejército israelí ha bloqueado Gaza y ha cerrado buena parte de sus checkpoints en Cisjordania, lo que ha dejado encerrada a la población palestina en numerosas localidades, mientras grupos de colonos han intensificado sus ataques. Expertos de Naciones Unidas también denunciaban hace dos días que Israel está alterando la composición demográfica y el estatus legal de Jerusalén, en actos que “constituyen una limpieza étnica”.

La posición de Reino Unido y de la Unión Europea ante el genocidio israelí en Gaza los coloca en el bloque internacional liderado por Washington y contribuye al contexto de escalada bélica e impunidad global

Cómo se llegó hasta aquí

EEUU e Israel son responsables de la escalada en Oriente Próximo al lanzar unos ataques ilegales que han puesto en peligro la estabilidad en la región y que contribuyen a ampliar la impunidad global, en un proceso que lleva tiempo en marcha. Este escenario podría haberse evitado si hubiera habido una respuesta contundente contra el genocidio israelí por parte de los mayores socios de Israel. Pero tanto Washington como varias potencias europeas facilitaron las matanzas de palestinos, el apartheid israelí y la ocupación ilegal, no solo estos dos últimos años, sino desde hace décadas.

La postura de la Unión Europea también ha contribuido a la situación actual, con acuerdos preferenciales con Tel Aviv. Pese a la petición de la Corte Internacional de Justicia, que indicó la necesidad de “suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación de los Territorios Ocupados Palestinos”, en referencia a la ocupación ilegal y la segregación, Bruselas mantuvo y mantiene su Acuerdo de Asociación y sus alianzas con Israel.

En junio de 2025, Reino Unido, Francia y Alemania respaldaron a Estados Unidos y a Israel en sus ataques ilegales contra Irán y Washington pudo hacer uso de sus bases militares en varios países europeos, incluidas las de Rota y Morón. Esa guerra de doce días contra Irán fue el prólogo de la Cumbre de la OTAN, celebrada días después, a la que asistieron todos sus integrantes, y en la que Estados Unidos —líder de esa alianza militar— exigió un gasto militar del 5% del PIB a sus socios.

El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo alertó entonces de que el aumento del gasto militar demandado por la OTAN “refleja un alejamiento de una cultura que promueva la paz a través de la cooperación, el diálogo, el respeto al derecho internacional, el cumplimiento de compromisos internacionales en beneficio del bien común y la resolución pacífica de conflictos”.

Un año antes, en 2024, mientras Israel avanzaba en su proyecto de genocidio y los aliados europeos mantenían sus relaciones habituales con Tel Aviv pese a las advertencias de la Corte Internacional de Justicia, Israel bombardeó la embajada de Irán en Damasco, la capital siria. En ese ataque mató a trece personas, entre ellas un general y varios integrantes de la Guardia Revolucionaria Iraní. Tras ello, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, usaron su poder de veto para evitar una condena en el seno de la ONU contra ese ataque ilegal. Además, la mayoría de los gobiernos occidentales rehuyeron criticar ese bombardeo israelí.

La Unión Europea y Reino Unido son aliados de Estados Unidos y pertenecen a ese bloque internacional. Buena parte de los Veintisiete son, además, integrantes de la OTAN, alianza militar liderada por Washington. EEUU ha contribuido activamente al genocidio en Gaza y los países europeos mantuvieron durante estos dos últimos años de matanzas en la Franja relaciones económicas, comerciales y armamentísticas con Israel.

Como señala la Comisión de Investigación designada por Naciones Unidas, los Estados del mundo —pero más aún, los aliados de Tel Aviv— tenían la obligación de “prevenir y sancionar el genocidio”. Durante dos años seguidos no se hizo. Las líneas rojas se diluyeron y la impunidad se afianzó, dando paso a un nuevo contexto internacional en el que se ha normalizado la ley de la fuerza, en detrimento del derecho y de la legalidad internacional.

Reino Unido ha aportado armamento y apoyo al Ejército israelí en su genocidio en Gaza. Para ello ha sido clave la base militar británica situada en Chipre, la RAF Akrotiri, para cuya protección varios países europeos envían ahora fragatas y cazas

Las guerras interconectadas

En este escenario el belicismo se abre camino. Nada empieza hoy. Con la prolongación de la guerra de Ucrania, la UE es más dependiente de Estados Unidos, al que compra más gas licuado que antes y a un precio más elevado. Varios países europeos han tenido que hacer frente a un aumento de la inflación y han optado por más gasto militar, en detrimento de inversiones sociales siempre necesarias. Los Veintisiete afrontan más riesgos y amenazas y Trump se aprovecha de esa vulnerabilidad europea generada por el contexto bélico y el crecimiento de la impunidad global.

La Unión Europea no se movilizó políticamente para exigir a EEUU y a Israel la paralización de los crímenes contra la Franja, pese a que dispone de herramientas para hacerlo, como primer socio comercial de Israel en el mundo y como gran comprador de armamento israelí en 2024, año en el que Tel Aviv aumentó sus ventas de material militar a Europa.

No solo eso: varios países europeos proporcionaron material o ayuda militar a Israel. Es el caso de Reino Unido, que ha aportado armamento, información de inteligencia y apoyo al Ejército israelí en su genocidio en Gaza. Para ello ha sido clave la base militar británica situada en Chipre, la RAF Akrotiri, desde donde se realizaron numerosos vuelos británicos hacia la Franja para vigilar y recopilar información de inteligencia, con aviones de reconocimiento. La RAF Akrotiri, usada para apoyar a Israel durante su genocidio en Gaza, fue atacada esta semana por drones que no procedían de Irán –Chipre indicó que fueron lanzados desde Líbano– sin que se registraran grandes daños. El ataque se produjo poco después de que Londres anunciara que EEUU podía usar sus bases militares para lanzar ataques contra Irán.

Es esa base británica la que ahora van a proteger varios países europeos. Francia, Grecia y Reino Unido han anunciado el envío de fragatas y aviones de combate para reforzar la seguridad de ese enclave militar en Chipre. Londres ha autorizado a EEUU a usar sus plataformas militares y este sábado ya aterrizaron cuatro bombarderos estadounidenses en la base británica de Fairford. Italia, Países Bajos y España también han anunciado envíos de fragatas al Mediterráneo Oriental con el mismo objetivo.

Para defender el genocidio israelí, el Gobierno laborista británico ha impulsado un serio retroceso en derechos y libertades, con arrestos, multas, encarcelamientos e incluso acusaciones de terrorismo contra pacifistas que protestan contra las matanzas de niños y niñas en Gaza

El belicismo

Las amenazas estadounidenses contra Groenlandia o Cuba, el apoyo de Estados Unidos al Gobierno de Netanyahu y sus bombardeos contra Venezuela e Irán forman parte de una misma guerra internacional, con conflictos interconectados. Israel, gran aliado de Washington, quiere ampliar su hegemonía regional en Oriente Próximo y EEUU pretende obstaculizar el crecimiento económico de China, país que importa de forma habitual crudo venezolano e iraní, aunque no depende exclusivamente de estos suministros.

Tanto Israel en Oriente Próximo como EEUU en su perímetro global buscan acceso a yacimientos y rutas. Washington persigue reforzar el control del precio y el flujo del petróleo y el gas, y conseguir más clientela, como ya logró con países europeos, aprovechando el marco y las consecuencias de la guerra de Ucrania.

El pasado mes de octubre el ministro de Defensa alemán, el socialdemócrata Boris Pistorius, integrante de la coalición liderada por el conservador Merz, afirmó que algunos historiadores creían que el pasado verano podía haber sido “nuestro último verano en paz”. En la apuesta por el aumento del gasto militar y en el abrazo a un discurso que presenta la escalada como inevitable y necesaria, hay una voluntad de profecía autocumplida, en un bucle belicista que amenaza los intereses de las mayorías sociales europeas y del mundo.

El nuevo (des)orden

El nuevo (des)orden mundial está marcado por ese empeño en todas sus variantes, incluidas las que se usan en suelo europeo: represión y control coercitivo. Para defender el genocidio israelí, el Gobierno laborista de Reino Unido ha impulsado un serio retroceso en derechos y libertades, con arrestos, multas, encarcelamientos e incluso acusaciones de terrorismo contra pacifistas que se manifiestan contra las matanzas de niños y niñas en Gaza.

Esa represión también es aplicada en otros países occidentales, como EEUU o Alemania. En el marco actual son penalizadas, perseguidas, estigmatizadas o tergiversadas voces que alertan de los peligros de la normalización de la escalada bélica. Ocurre en el corazón de Europa y de ello advierte la relatora de la ONU para la libertad de expresión y de protesta, Irene Khan.

Estamos en un momento inédito que requiere respuestas diferentes, en un contexto de crecimiento de la extrema derecha europea, con una campaña estadounidense contra las Cortes de La Haya, contra el derecho internacional y contra Naciones Unidas. Pese a ello, Bruselas insiste en sus alianzas primordiales con Washington, situándose en el bloque internacional que legitima acciones colonialistas, bombardeos ilegales y crímenes internacionales. En este escenario se inscriben las guerras de EEUU e Israel en nombre de Dios y de la libertad.

Continuamos la programación de los podcasts en vivo de Atado y Bien Atado, conducidos por Olga Rodríguez, con un nuevo episodio en donde se analiza el fenómeno del “pop franquismo”: la conversión del franquismo en una estética, un meme o una provocación “cool” que circula con ligereza en determinados espacios juveniles y digitales.

En los últimos años, la imagen de Franco se ha resignificado como símbolo ambiguo entre la cultura pop y el revisionismo histórico. No es el franquismo real —represión, censura, persecución política, cárcel y exilio—, sino una iconografía invertida, construida a partir de mitos y bulos sobre el régimen y su legado, que lo presentan como sinónimo de orden, estabilidad y prosperidad. 

En este episodio pondremos el foco en ¿cómo? y ¿por qué? se produce esa banalización de la dictadura: qué papel juegan las redes sociales y sus lógicas de viralidad, cómo se transforma el autoritarismo en mercancía cultural, qué vínculos tiene con el auge de la extrema derecha y qué “vacíos” —educativos, mediáticos e institucionales— permiten que ese blanqueamiento avance. También compararemos el caso español con otros procesos europeos donde el pasado autoritario se ha romantizado como época de seguridad, para entender que no estamos ante una moda inocente, sino ante una disputa por la memoria y el sentido común. Porque cuando la dictadura se convierte en chiste o en estética, lo que se normaliza no es el pasado: es la posibilidad de repetirlo. Todo ello lo haremos de la mano de varias voces expertas, así como en compañía de los historiadores e influencers Josefine Table y Mikel Herrán, comocido en redes como Puto Mikel.

Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España.

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El ataque de EEUU e Israel contra Irán es ilegal y constituye lo que en derecho internacional se llama “crimen de agresión”. El Gobierno israelí de Netanyahu lo ha denominado “ataque preventivo” y varios medios europeos han usado ese término como definición en sus titulares. No hay nada preventivo en bombardear un país que no se disponía a atacar, y así lo han subrayado varios relatores de Naciones Unidas y otros expertos en derecho internacional: “El cambio de régimen preventivo es un delito internacional”.  

Israel y EEUU han lanzado su segunda guerra contra Irán en ocho meses. Con sus bombardeos no solo buscan un cambio de régimen, también pretenden aumentar su hegemonía en la región, en la que solo el Estado israelí cuenta con armamento nuclear. Como era previsible, Irán respondió lanzando ataques contra Israel y contra bases militares y aeropuertos en varios países del Golfo.  

Pese a las excusas esgrimidas, parecidas a las fabricadas en 2003 para justificar la invasión ilegal de Irak, las causas reales de esta guerra de agresión contra Irán no tienen que ver ni con el programa nuclear iraní ni con las reivindicaciones de libertad para su pueblo. 

El argumento de que Irán podría terminar fabricando armas nucleares es un relato que Netanyahu usa desde 1992. Israel tiene armamento nuclear. Irán, no.

Más hegemonía

El Gobierno de Israel busca reforzar su hegemonía regional y avanzar en su proyecto colonial. A través del genocidio en Gaza ha consolidado su ocupación y anexión ilegal de territorio en la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, los Altos del Golán sirios y más allá. 

Además, el Ejército israelí continúa presente en el sur de Líbano, controla la frontera de Rafah con Egipto y, en menos de dos años y medio, ha bombardeado Irak, Yemen, Líbano, Siria, Catar, Palestina e Irán. Con ello pretende no solo reforzar el programa sionista de un Estado judío con mayoría judía –con el que impulsó ya hace décadas el robo, la expulsión y la segregación de los palestinos– sino ampliar su control y acceso a recursos naturales y a rutas de transporte en la región. 

Cuenta para ello con el respaldo de Estados Unidos, el principal facilitador del genocidio en Gaza. El propio Donald Trump ha dicho en varias ocasiones que millonarios y donantes a su campaña como Sheldon Adelson y su viuda —muy proisraelíes— han sido claves en su política de apoyo a Israel. Además, el Gobierno Trump y el de Netanyahu comparten intereses. 

Washington concibe el papel de Israel como el de un gran socio que garantiza sus intereses en la región. No es el único. También Alemania, estrecho aliado de Tel Aviv, lo ve así. Dicho en palabras del canciller Merz, “Israel está haciendo el trabajo sucio por todos nosotros”. Lo afirmó en junio de 2025, cuando el Ejército israelí había asesinado ya a decenas de miles de civiles, entre ellos casi 20.000 niños y niñas. 

La UE también se mantiene firme en sus alianzas con EEUU e Israel. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pedía este domingo a Irán que frene sus ataques y evitaba mencionar los bombardeos de EEUU e Israel. Y el E3 –Reino Unido, Francia y Alemania– se ha ofrecido a colaborar militarmente con Washington y Tel Aviv.

Irán es proveedor del 13,4 % del petróleo importado por Pekín: son transacciones en las que no se hace uso del dólar.

El petróleo 

Hoy en día Irán alberga importantes reservas de gas que comparte con Catar en el mayor yacimiento del mundo, el South Pars-North Dome. Además, forma parte de importantes rutas de transporte de minerales críticos desde Asia —incluida China— hacia Occidente, concentra las terceras mayores reservas de crudo del mundo y controla con Omán el estrecho de Ormuz, paso clave para el transporte marítimo mundial de petróleo y gas natural.

Irán es proveedor del 13,4 % del petróleo importado por Pekín, que Teherán cobra en moneda china o mediante inversiones en infraestructuras. Es decir, son transacciones en las que no se hace uso del dólar. Estados Unidos busca reforzar su moneda en los mercados energéticos y controlar flujos, precios del crudo y rutas de transporte, no solo para aumentar sus beneficios económicos a través de ello, sino para obstaculizar la expansión económica de China. 

Con ese fin se inscriben los ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y los bombardeos contra Venezuela. El secuestro de Nicolás Maduro y el crimen de agresión contra el país latinoamericano a principios de año tuvieron varios objetivos, entre ellos, el acceso a las reservas de petróleo venezolano —las mayores del mundo— algo confesado y repetido por el propio Trump. 

Esa meta venía acompañada de la idea de un posible ataque posterior a Irán, ante el cual el régimen iraní podría intentar cerrar el paso en el estrecho de Ormuz, como anunció este sábado. Por esa ruta pasa alrededor del 20% del comercio mundial de petróleo. Su cierre puede provocar una subida del precio del crudo en todo el mundo, ante lo cual a Washington le interesaba poder contar antes con acceso a petróleo venezolano. 

Como ya señalamos en estas páginas en enero, los bombardeos de EEUU contra Caracas también fueron concebidos por Washington como entrenamiento para un posible ataque posterior contra Irán, como la invasión de Panamá en 1989 lo fue para un ataque posterior contra Irak (1991). 

Nicolás Maduro fue secuestrado, mientras que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, ha sido asesinado, como también lo fueron Sadam Hussein en Irak en 2006, Muammar el Gadafi en Libia en 2011 o Ahmed Yassin en Palestina en 2004. Ninguno de esos asesinatos —facilitados por EEUU o por Israel— dio paso a más libertad y seguridad. La violencia suele engendrar más violencia. 

Netanyahu no solo busca la caída del régimen iraní, sino desviar la atención mundial de sus crímenes de genocidio y provocar el debilitamiento y la fragmentación de Irán, en un año de elecciones en Israel

Las excusas

En 2002 Netanyahu pidió a EEUU la invasión ilegal de Irak, con la misma estrategia con la que ahora justifica el ataque contra Irán. Ante el Congreso estadounidense intentó convencer a sus señorías de que el régimen iraquí era una amenaza para el mundo. 

En 2003 la Administración Bush —y los gobiernos británico y español de Tony Blair y Aznar— aseguraron que el régimen de Sadam Hussein contaba con armas de destrucción masiva. Para ello hicieron uso de un informe falso creado a la medida y jugaron a expandir la sospecha, pese a que inspectores de Naciones Unidas habían supervisado en 1998 la destrucción de ese tipo de armamento, proporcionado en los años ochenta por Washington. “No es fácil probar que no existe lo que no existe”, nos decían algunos inspectores en Bagdad en 2003, durante las semanas previas a los bombardeos estadounidenses. 

En esta ocasión el argumento israelí y estadounidense es que Irán podría terminar fabricando armas nucleares. Es un relato que Netanyahu lleva usando desde hace tres décadas. Israel tiene armamento nuclear. Irán, no. 

En 2015, EEUU, Reino Unido, Rusia, Francia, Alemania, China y la UE llegaron a un acuerdo con Teherán por el que se comprometían a levantar sus sanciones si Irán eliminaba dos tercios de sus centrifugadoras instaladas, se deshacía del 98% de su uranio y permitía el acceso de inspectores de la ONU. En 2018 Donald Trump rompió ese pacto, dejando al régimen iraní sin incentivos para no seguir enriqueciendo uranio. Aun así, a día de hoy Teherán sigue sin tener armamento nuclear.

Por el estrecho de Ormuz pasa alrededor del 20% del comercio mundial de petróleo. Su cierre puede provocar una subida del precio del crudo en todo el mundo.

De hecho, en junio de 2025, en la Guerra de los Doce Días contra Irán, iniciada por Israel y a la que se sumó EEUU, el Gobierno de Trump aseguró que sus bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes habían acabado con la posibilidad de que Irán pudiera reconstruir su programa nuclear en el futuro.

La otra excusa que alegan, la de la libertad para los iraníes, es poco creíble viniendo de un Gobierno israelí que practica crímenes masivos contra la población palestina y de un país, EEUU, que ha facilitado ese genocidio tanto con la Administración actual como con la anterior. 

Tanto Washington como Tel Aviv son responsables de la falta de derechos y libertades del pueblo palestino y mantienen excelentes relaciones con otros regímenes de la región que reprimen a su gente. Los ejemplos de lo ocurrido en el pasado en Irak, Libia o Afganistán nos recuerdan que a los pueblos no se los libera con bombardeos, intervenciones militares o invasiones.

Israel cuenta con un candidato favorito para gobernar Irán: Reza Pahlavi, el hijo del último sha, a quien también apoyan algunos políticos derechistas europeos y estadounidenses. Pahlavi vive en EEUU desde 1978 y lleva tiempo haciendo llamamientos “a un levantamiento nacional” contra el régimen de Teherán. Está dispuesto a ser el hombre de Israel en Irán, en 2023 se reunió con Netanyahu en Tel Aviv, mantiene alianzas con su Gobierno y este fin de semana calificó de “intervencion humanitaria” los bombardeos contra su país.

El ataque contra Irán no se produjo debido a un estancamiento o retroceso en las negociaciones, sino en un contexto de avance en las mismas.

Las negociaciones

El pasado viernes, horas antes del inicio de los ataques ilegales contra Irán, el ministro de Exteriores de Omán, mediador en las negociaciones entre EEUU y Teherán, aseguró que había importantes avances y que un acuerdo estaba “al alcance si se concede a la diplomacia el espacio que necesita”. El ministro omaní afirmó que el régimen iraní aceptaba inspecciones de equipos de la Organización Internacional de Energía Atómica y que estaba dispuesto a no acumular “nunca jamás” más material para construir armamento nuclear.

Dio igual. El ataque contra Irán no se produjo debido a un estancamiento o retroceso en las negociaciones, sino en un contexto de avance en las mismas. Los precedentes históricos, el propio caso iraquí, así como la acumulación de portaaviones y efectivos militares en la región daban pistas de las intenciones reales, en un momento de mayor debilidad militar iraní, tras los ataques israelíes de los dos últimos años y las sanciones económicas internacionales.

Al igual que en 2003 con Irak, las exigencias y las negociaciones fueron excusas para ganar tiempo e intentar convencer a la opinión pública con propaganda belicista. Pero, a diferencia de 2003, hoy las encuestas indican que la mayoría de los estadounidenses no apoyan esta operación militar ilegal, quizá porque no han olvidado las mentiras y las nefastas consecuencias de aquella agresión militar, quizá porque con el genocidio en Gaza ha cambiado la percepción de Israel en una parte importante de la población de EEUU.

Los riesgos

Los riesgos de esta escalada son enormes. El Gobierno israelí busca en ella no solo la caída del régimen iraní, sino desviar la atención mundial de sus crímenes de genocidio y provocar el debilitamiento y la fragmentación de Irán, en un año en el que habrá elecciones en Israel. Los escenarios de enfrentamientos y caos —como los que se dieron en Irak, Libia o Siria— suelen ser idóneos para el desgaste de un país y para el enquistamiento de los conflictos, con el peligro de que se extiendan en la región.

En este sentido, el iraní Hamid Dabashi, profesor de Estudios iraníes en la Universidad de Columbia, advierte de que con esta agresión militar, Israel busca generar tensiones internas, una guerra civil, la división del país en enclaves étnicos y un gobierno títere sometido a sus intereses. Es decir, un contexto que, en cualquier caso, le facilitaría engullir los territorios ocupados palestinos, sirios, libaneses e incluso más allá. Esta ha sido la estrategia israelí desde hace tiempo: la perpetuación de un escenario de violencia, porque es en la guerra donde puede conseguir lo que el derecho internacional le niega.

La familia de la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, ha presentado este miércoles una demanda judicial contra el presidente de EEUU, Donald Trump, el Secretario de Estado, Marco Rubio, la Fiscal General Pam Bondi y el Secretario del Tesoro Scott Bessent. La querella, cuyos detalles ha podido conocer elDiario.es, denuncia las sanciones excepcionales que el Gobierno de Estados Unidos ha impuesto a Albanese por su trabajo de investigación y denuncia sobre los crímenes israelíes.

En sus informes como relatora de la ONU, Albanese ha señalado las violaciones del derecho internacional cometidas por el Gobierno israelí, y ha proporcionado información sobre el papel de dirigentes de Israel en el genocidio en Gaza, así como el de otros países y de empresas internacionales.

La demanda civil, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, sostiene que la Administración Trump vulneró los derechos de la relatora de la ONU amparados por la Primera, Cuarta y Quinta Enmiendas, al incautar “de manera irrazonable” sus bienes sin el debido proceso, y que además violó las leyes sobre sanciones. Por ello, solicita al tribunal que declare inconstitucionales dichas sanciones.

La querella fue presentada por el marido de Albanese, Massimiliano Cali, y por su hija, menor de edad, nacida en Estados Unidos, cuyo nombre no es revelado en la demanda. Las sanciones estadounidenses contra la relatora de la ONU, impuestas el 9 de julio de 2025, le impiden realizar transacciones con ciudadanos y empresas de EEUU –lo que ha supuesto el bloqueo de sus cuentas de correo electrónico o de sus tarjetas de crédito– así como su entrada al país y el acceso a sus propios ingresos en bancos europeos.

Los demandantes señalan que el mensaje que envían las sanciones contra la relatora de la ONU “es claro: las actividades de investigación y elaboración de informes que no estén alineadas con las prioridades políticas actuales del Gobierno de Estados Unidos se arriesgan a sanciones, acciones punitivas unilaterales y a la casi total interrupción de la capacidad de los funcionarios de derechos humanos para llevar a cabo sus funciones”.

Sin precedentes

Al igual que ella, once jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional y varias ONG palestinas también sufren sanciones del Gobierno de Trump, con consecuencias en su día a día similares a las que experimenta Albanese. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado del daño que este tipo de castigo causa a la aplicación del derecho internacional y al cumplimiento de las tareas del Tribunal de La Haya y del trabajo de Albanese encargado por Naciones Unidas. Las sanciones contra la relatora de la ONU son inéditas, no hay precedentes similares en el pasado.

La demanda presentada este miércoles detalla cómo este castigo le pasa factura financiera y profesional a Albanese, ya que le impide acceder al sistema financiero mundial –basado en el dólar– a sus cuentas bancarias, a su apartamento en Washington DC o mantener sus vínculos con varias universidades estadounidenses. Esto supone que la relatora de Naciones Unidas solo pueda usar dinero en efectivo.

Además, las sanciones impiden a su marido entrar en Estados Unidos, donde está la sede principal del Banco Mundial, organismo en el que él trabaja. La hija de ambos, ciudadana estadounidense, no puede regresar a su país de nacimiento ni acceder a su piso en Washington.

En una entrevista reciente con elDiario.es la relatora de Naciones Unidas contaba que en los últimos meses no ha podido acceder a su cuenta bancaria, a sus ingresos, y pedía ayuda a gobiernos dispuestos a defenderla: “Necesito que un Estado me garantice ese derecho, que asuma la responsabilidad de decir a los bancos: 'Nosotros respondemos por ella'. Basta con que un país haga lo correcto para frenar estos abusos”.

“¿Por qué tengo que ser tratada como una terrorista, como una narcotraficante, siendo además una persona de la ONU?”, se preguntaba la relatora en conversación con este medio. La denuncia de este tipo de sanciones es, en palabras de Albanese, “un interés compartido por todos los que creen en el derecho internacional, en la rendición de cuentas y en un mundo gobernado por normas y no por la fuerza o la intimidación”.

Este medio ha podido conocer algunos de los hallazgos más relevantes encontrados por la Policía Nacional el pasado 10 de febrero en la sede principal de Sidenor, en Basauri, en el marco de la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional contra tres directivos por presuntos delitos de contrabando y complicidad con genocidio.

Entre la documentación judicial a la que ha accedido elDiario.es hay una cadena de correos electrónicos, impresa y encontrada en el despacho de Íñigo Molero, director comercial y uno de los tres investigados.

Una tabla y la palabra “obuses”

Ese documento contiene una tabla con empresas del sector armamentístico presentadas como destinatarias de la mercancía, bajo el título “destinatario mcía”. Junto a cada empresa hay otro apartado, bajo el título “pieza”. Entre las empresas destinatarias aparece la armamentística israelí IMI Systems LTD, en el apartado de los destinatarios de la mercancía, junto con el tipo de pieza: “obuses”, en la categoría de “piezas”. También aparece Israel Weapon Industries como otra de la destinatarias.

Esa cadena de mensajes -el más reciente está fechado el 5 de marzo de 2025- hace referencia al registro de exportaciones de Sidenor destinadas al sector armamentístico durante 2024, año en el que el Ejército israelí mató a decenas de miles de palestinos en Gaza y bloqueó la entrada de ayuda necesaria en la Franja.

En el listado aparecen, además, otros nueve países y más de veinte empresas del ámbito militar, cada una con una referencia en el apartado de “piezas”: “cañón”, “cuerpo de municiones”, “cadenas de tracción”, “cubo”, “obuses” o “tornillos”. En la comunicación anterior a ese mensaje con la tabla se solicita esa información a petición de una entidad bancaria.

El demandante contra Sidenor es la Comunitat Palestina de Catalunya, en representación de la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel. Estos colectivos indican que los hallazgos en el registro policial muestran que “Sidenor tenía pleno conocimiento de que el acero que exportaba a empresas armamentísticas israelíes iba destinado a la fabricación de obuses”.

El registro en la sede de Sidenor se realizó en el marco de la investigación liderada por el magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge Mesas, quien tomó declaración el pasado mes de noviembre al presidente de la siderúrgica española, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos, por la venta de acero a la compañía armamentística Israel Military Industries (IMI), con envíos de los que informó este diario el pasado mes de junio.

La providencia del magistrado de la Audiencia Nacional expone que estas ventas se produjeron “con pleno conocimiento” de que el comprador es un fabricante de toda clase de armamento, tanto pesado como ligero, y de que “el acero iba lógicamente destinado a la producción de armamento”. 

Desde Sidenor alegan que esa referencia a “obuses” no se refiere al destino final que recibirá el acero enviado por la empresa, sino al producto principal que fabrica IMI Systems, una armamentística israelí conocida por fabricar fusiles de asalto, municiones, artillería y tecnología militar. En la misma tabla hallada en el registro aparecen empresas como Expal y diferentes fábricas de la misma, con la referencia “obuses” o “cuerpo de municiones” en el apartado de “piezas” asignado a esa compañía. A la empresa destinataria de mercancía de Sidenor Beck Technologies le asignan “tornillos” en el apartado de “piezas”, y a William Cook Stanhope, “cadenas de tracción”.

De Jorge Mesas señala que los abusos perpetrados en la Franja de Gaza son conocidos por todos, “tanto por la información publicada a diario en prensa y televisión, como por la calificación provisional como delito atribuido a estos acontecimientos por el Tribunal Penal Internacional y las denuncias presentadas por la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la UNRWA [Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina], entre otras personas y agencias de Naciones Unidas”. 

La cadena de suministro de acero de Sidenor a Israel llevaba operativa al menos varios meses. Por ejemplo, en agosto de 2024 envío 239 toneladas de acero, en marzo de 2025 exportó 219 toneladas y en mayo de ese mismo año se registró otra carga, de 356 toneladas. Una de las últimas partidas rastreadas, de la que informó este diario, se produjo el pasado 10 de junio de 2025, cuando el buque MV VELA transportó 393 toneladas de acero de Sidenor desde territorio español con Israel como destinatario. 

Una vez conocido este envío, la relatora de la ONU para Palestina,Francesca Albanese, advirtió de que el mismo haría escala en Turquía, y solicitó a las autoridades turcas que inspeccionaran el barco e impidieran “que esa carga ilegal” llegara a Israel. 

Poco después, elDiario.es informó de que otro barco, el ZIM LUANDA, tenía previsto salir del puerto de Barcelona con 122 barras de acero del fabricante Sidenor Aceros Especiales -con sedes en el País Vasco, Cantabria y Catalunya- para hacer entrega de la carga el 11 de julio en el puerto israelí de Haifa. Estos hechos pudieron conocerse a través de una investigación de la organización estadounidense Palestinian Youth Movement.

La Fiscalía

Hace dos semanas la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió anular el registro de las instalaciones de Sidenor y la causa por genocidio. Ante ello, la Comunitat Palestina de Catalunya, colectivo querellante, denuncia que la Fiscalía de la Audiencia Nacional “está bloqueando, de manera arbitraria y obstinada, cualquier intento de esclarecimiento de los hechos y la práctica de diligencias clave”.

Sus portavoces señalan que dicha Fiscalía “se opuso al registro en la sede de Sidenor y después recurrió la resolución” y “trata de impedir que comparezca en el procedimiento, en condición de víctima, una persona palestina que se vio obligada a abandonar la Franja de Gaza con su familia y que actualmente se encuentra en situación de demandante de asilo”. Por ello, solicitan que “el procedimiento judicial continúe sin interferencias y con todas las diligencias necesarias”.

También piden que se excluya a Sidenor de cualquier proceso de contratación pública y concesión de subvenciones hasta que se esclarezca su grado de participación y que la Fiscalía del Tribunal Supremo en Materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática “asuma los procesos en los que se investiguen hechos calificados” como delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y/o genocidio contra el pueblo palestino.

Las obligaciones legales

Ya en enero de 2024 la Corte Internacional de Justicia señaló que había riesgo plausible de genocidio en Gaza y en julio de ese mismo año pidió a los países de la ONU medidas “para impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los Territorios Ocupados Palestinos”, en referencia a la ocupación “ilegal” israelí y a la “segregación”.

La Comisión de Investigación Independiente asignada por Naciones Unidas concluyó en septiembre de 2025 que “Israel comete genocidio en Gaza desde octubre de 2023”. Sus integrantes, presididos por la jueza Navi Pillay, han explicado que, desde enero de 2024, cuando la Corte Internacional de Justicia ya advirtió del riesgo de genocidio, “si no antes, los Estados tenían la obligación legal de actuar” con medidas para prevenir, detener y sancionar los crímenes israelíes.

La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, recuerda que los Estados deben “imponer sanciones y cortar lazos con Israel, pero también los bancos deben dejar de invertir y las empresas dejar de lucrarse con la ocupación: no se puede tener tratos con Estados que cometen genocidio”.

La campaña colectiva de Fin al Comercio de Armas con Israel, integrada por más de seiscientas organizaciones, insiste en pedir al Gobierno “la aplicación de un embargo de armas ”integral y retroactivo“, para que no se produzcan nuevas compras o transacciones a través de filiales de empresas israelíes o para que no haya nuevas autorizaciones de transacciones de material militar con Israel, como las aprobadas por España el pasado 23 de diciembre.

El jurista y politólogo valenciano Joan Garcés ha dedicado una parte importante de su vida a luchar contra la impunidad, esclarecer la verdad y defender como abogado a miles de víctimas de la dictadura chilena.

Trabajó como asesor personal del presidente de Chile Salvador Allende hasta su último día, fue testigo directo de aquellos años y posteriormente impulsó en los tribunales españoles el caso Pinochet, con el que se logró la detención del dictador chileno en Londres en 1998.

Representó en esa causa a casi 4.000 víctimas en más de tres mil casos de asesinatos, desapariciones forzadas y torturas. Además, en 2005 consiguió que el Riggs Bank de Washington indemnizara con más de ocho millones de dólares a víctimas de Pinochet. En 2023 fue reconocido por la Cámara de Diputados chilena por “su contribución a la justicia y su lucha contra la impunidad”.

Doctor en Ciencias Políticas por las universidades Sciences Po y la Sorbona, experto en Historia, Justicia Internacional y Geopolítica Mundial, Visiting Fellow en el Institute for Policy Studies, estuvo años investigando en los archivos del Departamento de Estado y de Defensa de Estados Unidos y de los servicios secretos del país. Es autor de libros como Allende, la experiencia chilena (1976) o Soberanos e intervenidos (1996), del que se ha publicado una edición actualizada recientemente.

Garcés continúa ejerciendo como abogado en casos de derecho nacional e internacional y sigue analizando la actualidad global. Hablamos con él en esta entrevista realizada esta semana en el podcast 'Donde callan las armas', del Centre Delàs de Estudios por la Paz, que se emite en plataformas y en elDiario.es.

¿A qué cambios en el orden internacional asistimos con Donald Trump?

La política internacional es muy viva y cambiante. Trump acelera el final del periodo posterior a la Guerra Fría iniciado en 1989. La Guerra Fría, entre 1945 y 1989, tuvo tres pilares: la división de Alemania, evitar gobiernos de partidos obreros en Europa Occidental y contener y hacer retroceder a la Unión Soviética en los países donde derrotó al ejército alemán.

Los tres pilares desaparecen a partir de 1990. La Unión Soviética se autodisuelve, Alemania se unifica, los principales partidos obreros se vuelven marginales. Desde Rusia, Gorbachov, Yeltsin y también, en la primera etapa, Putin, buscaron un acuerdo con EEUU y Europa Occidental. Gorbachov propuso establecer un sistema de seguridad colectiva en lo que denominaba “casa común europea”.

Ese periodo terminó. No sirve a EEUU. Trump acelera el proceso de cambios y, en estos momentos, negocia con Rusia, mientras algunos países de Europa Occidental se arman para derrotar financiera y militarmente a Rusia, un país con armamento atómico.

Deliberadamente o por accidente, España puede ser sumergida en una nueva guerra en el marco internacional

Usted ha dicho que la guerra de Ucrania se ha convertido, de algún modo, en algo que Trump está usando para chantajear a la Unión Europea y que este conflicto supone una derrota estratégica de Europa. ¿En qué se equivocaron los países europeos? 

Es una tragedia para Europa. Durante siglos, lo que yo en mis estudios conceptualizo como “Estrategia Británica” —asumida por EEUU desde el presidente Truman— ha buscado impedir la unidad del continente euroasiático, particularmente entre Alemania y Rusia. Tiene sentido: las islas británicas fueron invadidas o se intentó invadirlas desde el continente, por lo que esa unidad es percibida como una potencial amenaza a su independencia.

Mantener la división ha sido una constante desde el siglo XVIII. Su concreción más reciente es la guerra en Ucrania, anticipada por analistas, sobre todo de Estados Unidos, como Brzezinski, Kennan y muchos otros, que desde los años noventa razonaron que expandir la OTAN hacia las fronteras rusas podía provocar una guerra preventiva.

En 2008, en la Cumbre de Bucarest, la OTAN adoptó la formulación de que Ucrania y Georgia se convirtieran en miembros de la OTAN. Esa orientación, en mi lectura, chocaba con el horizonte proclamado por Ucrania en su Declaración de autodeterminación y soberanía de 1990, que “proclama solemnemente su decisión de convertirse en el futuro en un Estado permanentemente neutral”, “fuera de bloques militares” y de “participar directamente en el proceso paneuropeo y en las estructuras europeas”.

La actual guerra de Ucrania ha creado un foso de sangre y destrucción que se proyectará durante generaciones, es un desastre humano y económico para los ucranianos, los rusos y el conjunto de Europa.

Traslademos el problema a un escenario imaginario más próximo: que el Estado, España, al igual que Rusia en 1990, hubiera aceptado en 2017 la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña, con garantía de neutralidad y de no instalación en su territorio de una potencia con interés en desintegrar al Estado español, y que, al cabo de un tiempo, un cambio político en Cataluña considerara que su seguridad dependía de ingresar en una coalición que contemplara desintegrar al Estado plurinacional vecino. ¿Habría habido en España alguien que anticipara lo que Kennan previó en 1998 cuando el Senado de EEUU aprobó la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia?

La actual guerra en el oriente de Europa ha creado con Occidente un foso de sangre y destrucción que se proyectará durante generaciones. Es un desastre humano y económico para los ucranianos, los rusos y el conjunto de Europa entendida como realidad cultural, geográfica y política. Chaikovski, Tolstói, San Petersburgo no son menos Europa que Berlín o Londres.

Hemos oído recientemente al Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, apelar al expansionismo occidental que se produjo durante 500 años. ¿Quiere Estados Unidos seguir manteniendo su perímetro global?

Dentro de Estados Unidos conviven varias corrientes. La que representan Rubio y Trump es de expansión imperial. Rubio evoca la de los imperios de España, Inglaterra, Francia, que EEUU siempre se propuso disolver. Es coherente con mantener la hegemonía sobre la antigua América española y sobre Europa Occidental y movilizar esa suma de recursos humanos y naturales para hacer frente a la ascendente China popular, una potencia nuclear. ¿Es de interés esto para España?

Los principales dirigentes políticos europeos parecen caminar como sonámbulos a una guerra general

Trump está exigiendo más gasto militar a sus socios europeos dentro de la OTAN. ¿Qué supone este aumento del gasto militar que ya se está produciendo en la Unión Europea?

Es asombroso. Los principales dirigentes políticos europeos parecen caminar como sonámbulos hacia una guerra general. Preparan a la opinión pública para que acepte inversiones descomunales en armas, para llenar arsenales y sostener una guerra general. Por ejemplo, el ministro de Defensa de Alemania, Pistorius, del Partido Socialdemócrata, afirmaba en el Frankfurter Allgemeine Zeitung el 15 de noviembre pasado que “algunos historiadores militares” consideran incluso que el pasado verano “ya” pudo ser el último en paz.

Hace pocos días, un importante diario español publicaba el análisis de un académico inglés con este silogismo: puesto que Rusia, contra todo pronóstico, ha hecho progresos en la guerra de Ucrania militarizando su economía, Rusia necesitará más guerras para evitar el colapso de su economía militarizada. ¿Desconoce que la carrera armamentista contribuyó a la quiebra financiera de la URSS?

Las dos últimas guerras hegemónicas europeas empezaron en días precisos en 1914 y 1939: por un accidente precipitante, la primera, y de forma deliberada, la segunda, pero ambas fueron preparadas con anterioridad. Hay que leer a los especialistas norteamericanos. 

Brzezinski, en 2014, poco después de la insurrección de Maidán contra el Gobierno constitucional de Yanukóvich, sostuvo que la expansión de la OTAN hacia Ucrania podía provocar una guerra susceptible de escalar por una dinámica comparable, en ciertos rasgos, a la guerra de España en los años treinta del siglo XX: una insurrección armada provoca una guerra civil que escala con intervenciones extranjeras que se enfrentaron primero en territorio español y después, en el resto de Europa.

¿Armamento para qué? Para ser usado o para que pueda ser usado, voluntariamente o por accidente.

¿Cree que existe ese riesgo ahora?

Esta advertencia, en mi interpretación, se ha visto confirmada por la secuencia posterior: insurrección contra el Gobierno constitucional en 2014, guerra civil en los óblasts del este de Ucrania, “operación militar especial” rusa y progresiva implicación material de países de la OTAN.

La internacionalización, por el momento, está perimetrada en Ucrania, pero existen elementos para una escalada, el riesgo de que ese conflicto sea el prólogo de una guerra general en Europa. La guerra de España terminó en abril de 1939 y en septiembre se generalizó progresivamente a toda Europa.

Recordemos que, cuando en 2022 entraron las tropas rusas en Ucrania, dirigentes de Europa occidental anunciaron que la economía rusa sería “puesta de rodillas”, en palabras de un ministro francés. O que esa guerra se resolvería “en el campo de batalla” con la derrota rusa, decía Borrell desde la Unión Europea. Son los azares de las guerras: se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan.

Naciones Unidas está actualmente en una situación de impotencia comparable a la de la Sociedad de Naciones anterior a la Segunda Guerra Mundial

Trump pide más gasto militar en el marco de la OTAN, los países europeos están en ello y algunos lo justifican diciendo que podría servir para construir un Ejército europeo común y una autonomía europea en defensa, ¿es esto viable?

Un Ejército es ejecución. Requiere una dirección política y un mando únicos. El mando político único en Europa occidental es hoy el de EEUU, en la OTAN. Podría existir un acuerdo entre Estados, en la lógica del “concierto europeo” clásico que proponía actualizar Charles de Gaulle para “Europa desde el Atlántico a los Urales”.

Pero en la estructura actual de la Unión Europea, si se concreta el proyecto del canciller alemán de tener bajo su mando el Ejército convencional más poderoso de Europa, Alemania tendrá más poder que nunca. Podría ser una actualización, en clave militar, del Zollverein (unión aduanera) iniciado en 1834 entre Estados independientes, que culminó en el II Imperio alemán tras derrotar a Austria-Hungría y Francia. Ese proyecto, si lo aceptan franceses, polacos, etcétera, conduce a un Ejército “europeo” con mando político único y ejércitos auxiliares subordinados. ¿Es ese el interés de España?

Una última cosa, en los dos últimos años hemos visto, en directo, un genocidio en curso. Pese a que ha habido algunos pasos inéditos en las Cortes Internacionales de La Haya, existe una percepción de que buena parte de los Estados del mundo no han tomado esas herramientas para poder hacer política con ellas. ¿Dónde queda el derecho internacional en este avance de la impunidad?

La aplicación efectiva del derecho como norma requiere la coerción sobre quien la desobedece. Si no, es un precepto moral, seguido o no. Si el derecho interno se aplica en nuestro país es porque hay un Estado, con sus tribunales e instituciones que sancionan a quien lo incumple. A nivel internacional pasa lo mismo. Si una norma no dispone de fuerza para imponerse y sancionar su desobediencia, se convierte en una recomendación moral.

Desde 1945, la legitimidad para usar la fuerza en apoyo del derecho internacional reside en la estructura que el equipo del presidente Roosevelt concibió tras derrotar a los Imperios de Alemania y Japón, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero la realidad de los hechos ha ido por otro camino. Se ha intervenido militarmente, en distintos escenarios, sin que esa legitimidad opere de forma efectiva y uniforme.

Naciones Unidas ha quedado reducida a una impotencia comparable a la de la Sociedad de Naciones antes de la Segunda Guerra Mundial. En las décadas pasadas, las contradicciones entre Estados Unidos y otras potencias han conducido a la ineficacia del sistema de la ONU.

Lamentablemente, grandes medios de comunicación siembran miedo en la población para que no reaccione ante las descomunales inversiones en armamento para sostener, voluntariamente o por accidente, la escalada bélica.

¿Qué supone esto?

Es un momento extraordinariamente peligroso. Deliberadamente o por accidente, España puede ser sumergida en una nueva guerra, con el agravante de un poder destructivo sin precedente desde Hiroshima en 1945. Antes, las armas destruían temporalmente un territorio y una población delimitados. Las armas atómicas pueden contaminar durante siglos el territorio y la nube puede alcanzar a poblaciones muy alejadas del lugar de combate. Caminamos, como a ciegas, hacia ese abismo.

Lamentablemente, grandes medios de comunicación siembran miedo en la población para que no reaccione ante las grandes inversiones en armamento precisas para sostener, voluntariamente o por accidente, la escalada bélica. Lo que ocurre en Europa es un indicador de esto y lo que ocurre en el Medio Oriente y Palestina, otro. ¿Es eso de interés para los españoles?

¿Armamento para qué? Para ser usado, indudablemente. O para que pueda ser usado, voluntariamente o por accidente. Ese es, desde mi punto de vista, el mayor peligro que estamos viviendo en estos momentos. Hay que mirar a los hechos, hacer abstracción de ideologías y de definiciones políticas con significados devaluados. Destrucciones masivas, genocidios. Las categorías ideológicas al uso ayudan poco a entender y remediar hacia dónde nos llevan los hechos.

Esta entrevista forma parte del podcast 'Donde callan las armas', del Centre Delàs de Estudios por la Paz, que se emite en plataformas como Ivoox y Spotify.