Vuelvo a asomarme por aquí casi seis meses después, tras un agradable parón disfrutando de mi permiso de paternidad y observando la actualidad en la distancia como un mero espectador. La sensación, sin embargo, es de cierto déjà vu por lo poco que han cambiado las cosas en este tiempo. La recta final de la legislatura solo ha servido para dar un acelerón en algunas de las políticas más controvertidas del Gobierno de Cantabria: nueva promesa de reforma fiscal, liberalización del suelo rústico en manos de promotores privados, macroproyectos urbanísticos de dudosa fiabilidad, apuesta extrema por el turismo como motor económico y una privatización sanitaria cada vez más intensa.

Sobre esto, con gran esfuerzo y profesionalidad, han escrito con todo lujo de detalles mis compañeras de Redacción en elDiario.es durante mi ausencia. Han dado exclusivas relevantes, han aportado información desconocida incluso para la oposición parlamentaria, han ofrecido análisis en profundidad y voces de especialistas para dar contexto a lo que estaba ocurriendo. Este trabajo periodístico ha tenido un alcance espectacular, batiendo récords de audiencia, pero también ha tenido repercusiones negativas para el periódico y me veo en la obligación de contártelo.

La principal consecuencia ha sido que el Gobierno de Cantabria nos ha cerrado la puerta. En los casi 12 años que llevamos desde que pusimos en marcha la edición de elDiario.es en la comunidad autónoma nunca nos habían puesto tantas trabas para trabajar como ahora. Si no has leído aquí una entrevista con la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, o con sus consejeros es porque no las aceptan. Conceder una entrevista es voluntario, pero proporcionar información de su gestión pública no puede eludirse.

A nosotros rara vez nos responden cuando pedimos aclaraciones o intentamos contrastar una noticia. Creemos saber por qué. Nuestras informaciones les resultan incómodas: los 256 millones destinados a privatizar servicios sanitarios en un hospital religioso durante 20 años, la recalificación de 100.000 metros cuadrados para un resort con piscina de olas o el día que el Gobierno presentó un estudio favorable al centro de datos de Altamira que no existe. Por eso son reacios a facilitarnos información, y eso nos obliga a recurrir continuamente a peticiones de transparencia que, en la mayoría de los casos, se quedan sin respuesta.

Detrás de estas informaciones hay una redacción pequeña, con profesionales que vivimos en Cantabria y contamos lo que pasa aquí sin depender de bancos, fondos de inversión, ni intereses partidistas

Esta situación de boicot informativo se ha trasladado este año a la exclusión de elDiario.es de las campañas de publicidad institucional y los patrocinios del Gobierno de Cantabria. Dinero público que se invierte en los medios de comunicación pero que se distribuye con criterios arbitrarios en vez de a través de baremos objetivos y cuantificables como exige la ley. El Ayuntamiento de Santander lleva años haciendo lo mismo, y hemos tenido que ir a los tribunales. El juzgado ya ha admitido a trámite nuestra demanda y esperamos tener buenas noticias muy pronto. Ahora tocará hacer lo mismo con Buruaga y sus consejeros.

Vigilar a los poderosos, dar voz a la ciudadanía o contar qué hay detrás de muchas iniciativas públicas tiene un elevado coste para el periodismo independiente. Detrás de estas informaciones hay una redacción pequeña, con profesionales que vivimos en Cantabria y contamos lo que pasa aquí sin depender de bancos, fondos de inversión, ni intereses partidistas. Si no lo contamos nosotros, muchas de estas historias no las contaría nadie. Y necesitamos tu colaboración para llegar más lejos. Por eso, si no lo eres ya, te pido que te hagas socio o socia o aumentes tu cuota.

Que el Gobierno de España caiga en manos del PP y Vox no es solo una cuestión de batallas culturales, por mucha importancia que estas tengan. Porque esas batallas culturales, en las que las derechas ponen tanto entusiasmo —los feminismos, las libertades y derechos del colectivo LGTBQ+, la identidad cultural “española” y su tic racista, la memoria democrática…— se acompañan de una salvaje agenda económica neoliberal que beneficia a las élites sin necesidad de justificación, de un modo extremista y programático.

En 2025, el PP y Vox lograron la aprobación en Cantabria de una Ley de Simplificación Administrativa que abría la puerta a incluir la vivienda libre entre los usos que autorizan la utilización de la figura de Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), más allá de las actuaciones tradicionalmente consideradas de verdadero “interés” para la Comunidad Autónoma. En la oposición, regionalistas y socialistas votaban en contra de la que calificaron como “ley de especulación” que, más allá de regular, “desregula”, efectuando un feliz cambio de rumbo, pues en la pasada legislatura contribuyeron a este tipo de práctica cuando, gobernando en coalición, intentaron aprobar un PSIR, el del Bojar, entre Santa Cruz de Bezana y Camargo, para construir una ciudad artificial de más de un millar de viviendas. Una fortísima oposición vecinal, que no aceptó la expropiación del territorio, sus casas y negocios, consiguió parar aquello: la CROTU no lo aprobó finalmente.

“Hecho el PSIR, hecha la trampa”: con este explicativo título se reunía hace unos días una nutrida presencia vecinal en torno a la charla organizada por CNSV, con la presencia de Olga Agüero, decana del Colegio de Periodistas de Cantabria y periodista de elDiario.es; Carlos García, de la asociación ecologista que ha salvado tantos espacios naturales de Cantabria, ARCA, y  la participación de personas afectadas por los distintos PSIR —macroparque industrial de Laredo, Olucas, Las Excavadas, La Marcha Gris…—. Las intervenciones mostraron que el sentir popular creciente es avalado por los datos: desde que fue aprobado en 2001, la figura de PSIR no ha dejado de multiplicar su presencia hasta el punto de que se podría decir, como ha señalado la propia Agüero, que nos encontramos en la “legislatura del PSIR”, en la que “el Gobierno puede expropiar casas y propiedades de cualquier ciudadano para que un promotor privado haga negocio siempre que también añada alguna equipación pública”.

La proliferación de proyectos de este tipo en Cantabria permite hacerse una idea de cómo un instrumento concebido para actuaciones excepcionales se ha extendido a iniciativas de naturaleza muy diversa. Ahí están La Pasiega, el gran polígono logístico e industrial que transforma suelo agrícola en Piélagos con un sobrecoste ya del 92%; Las Excavadas (BISALIA), otro proyecto de suelo industrial en las mieses de Torrelavega y Cartes, fuertemente contestado por propietarios y colectivos vecinales; el PSIR industrial de Laredo, que también afecta a terrenos de particulares; el hotel de lujo del Palacio de Corro, entre Santillana del Mar y Suances, que pretende facilitar una actividad turística privada mediante esta figura; Olucas Surf Center, el proyecto de piscina de olas y complejo turístico en Villaverde de Pontones, donde Cantabristas ha llamado a manifestarse este próximo 31 de octubre  con una gran pancarta; Bosques de Santander, macroproyecto urbanístico promovido por la empresa constructora Real de Piasca, con una ya fortísima respuesta vecinal; o el proyecto residencial anunciado en Castro Urdiales, con unas 1.700 viviendas previstas, aproximadamente la mitad de mercado libre. A ellos se suman actuaciones relacionadas con centros de datos, como Altamira, y sucesivas ampliaciones de espacios empresariales. Polígonos, hoteles, complejos recreativos, promociones residenciales son actividades muy distintas para las que se invoca una misma excepcionalidad urbanística.

Detrás de cada proyecto hay intereses privados privilegiados que consiguen sortear la planificación urbanística ordinaria mediante la legislación de excepción, pues para nada más y menos que para eso puede utilizarse un PSIR. Para ver qué intereses hay detrás de cada uno, les remito a este mismo periódico y, para muestra un botón, aquí tienen una buena enumeración en uno de los reportajes de la ya citada Agüero. Delante de cada proyecto, por fortuna, los especuladores se van a encontrar de frente con la vecinas y vecinos que en Astillero, Villaescusa, Piélagos, Villaverde de Pontones, Laredo, Santander, Torrelavega, Ribamontán al Monte… no piensan tolerar que se destroce su vida ni van a quitar la lupa para permitir un solo paso en falso.

De la mano del libertinaje económico neoliberal del Partido Popular de Buruaga se está instalando en esta tierra una secuencia recurrente, consistente en la multiplicación y normalización de procedimientos que permiten excepcionar la planificación común: los PSIR permiten introducir decisiones singulares que pueden prevalecer sobre la planificación ordinaria, las sucesivas reformas del suelo amplían las posibilidades de intervención y edificación en terrenos rústicos e instrumentos como el futuro Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) del Gobierno de Cantabria, a cuyo anteproyecto Cantabristas ha presentado alegaciones, contempla herramientas como los Proyectos de Actuación Territorial (PAT), que como ha señalado la organización política soberanista serán “otra figura que desactiva la protección” amparada en “un supuesto interés público”. Reglas de juego urbanísticas que convierten la excepción en vía ordinaria.

En filosofía política hay una célebre formulación de Carl Schmitt que ha dado para muchas glosas y reflexiones: “Soberano es quien decide sobre el estado de excepción”. Schmitt quería decir con esto, allá por 1922, entre otras cosas, que la verdadera esencia del poder político no se muestra en la administración diaria de las leyes, sino en los momentos límite de crisis o peligro en los que la supervivencia del Estado está en juego. Sin embargo, lo que otros autores han puesto de manifiesto, por ejemplo Giorgio Agamben en Estado de excepción, es que en nuestras maltrechas democracias la excepcionalidad tiende a dejar de ser una respuesta provisional a circunstancias extraordinarias para convertirse en un paradigma normal de gobierno. La paradoja es que la excepción no necesariamente destruye el orden jurídico, puede operar desde él, mediante procedimientos formalmente legales. ¿Les suena? Los PSIR —y, si nada lo remedia, pronto los PAT— no son una suspensión ilegal de las normas, sino la institucionalización legal de la excepción que amenaza con convertirse en una forma ordinaria de gobernar nuestro suelo.

Cuando el territorio deja de ser considerado la condición material de la vida compartida y se entiende como una superficie disponible para la realización de proyectos económicos particulares, cuando se utiliza como una mera oportunidad de negocio, son víctimas colaterales la participación ciudadana, la autonomía municipal y la deliberación colectiva, en definitiva, la democracia. Las decisiones mediante herramientas democráticas se sustituyen así, como desgraciadamente estamos viendo, por instrumentos singularmente antidemocráticos.

Por eso conviene no perder de vista que las batallas culturales con las que las derechas ocupan buena parte del debate público tienen su correlato en una ofensiva económica contra las condiciones materiales de nuestra existencia. No solo se disputa cómo debemos vivir, sino quién tiene derecho a decidir sobre aquello que hace posible nuestra vida en común, muy especialmente la tierra. Y, frente a quienes pretenden disponer de nuestro territorio como si fuera suyo, tendremos que ser el pueblo, cántabros y cántabras, quienes les hagamos entender, en el lenguaje de las calles, de los votos, de la cultura, y todos a la vez, que la tierra no se vende, se ama, se protege y se defiende.

«Qué suerte poder decidir si alguien merece los derechos que tú nunca has tenido que pedir». Leí esta frase hace unos días y pensé en ellas.

Pensé en lo fácil que resulta hablar de libertad cuando nunca has tenido que preguntarte cuánto cuesta la tuya. Qué generosos somos con la libertad de elección cuando es el cuerpo de otras el que está en juego. Qué fácil es convertir la vida de otras mujeres en un debate, una opinión… O, en definitiva, en una cuestión para más adelante. Y precisamente de eso, de dejar para más adelante, sabemos bastante.

Estos días Santander ha vuelto a hablar de trata y explotación sexual. Las IV Jornadas organizadas por el Ayuntamiento han puesto sobre la mesa la prostitución, la pornografía, la demanda y la abolición. Y dentro de unos días, el 18 de octubre, volveremos a conmemorar el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos.

Volveremos a hablar de víctimas. De derechos humanos. De explotación. Condenaremos la trata, como no puede ser de otra manera. Pero ¿qué ocurre con la prostitución? ¿Hasta cuándo vamos a seguir abordando una realidad sin atrevernos a mirar la otra?

No hace falta irse muy lejos para comprender de qué hablamos. Según recoge la Fiscalía de Cantabria, las entidades sociales contabilizan unos diez clubes y 45 pisos vinculados a la prostitución en nuestra comunidad. Sin embargo, son pocos los casos de trata y explotación sexual que llegan a los tribunales. El miedo de las víctimas a denunciar y las dificultades para investigar lo que sucede en esos pisos ayudan a explicar esa distancia. Porque sospechar que una mujer puede estar sufriendo explotación no siempre significa disponer de las pruebas necesarias para intervenir. Y esa puerta, mientras tanto, sigue cerrada.

En el terreno legislativo seguimos distinguiendo qué estamos dispuestos a abordar y qué puede esperar. El Gobierno ha planteado una ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos, pero ha diferenciado expresamente esta iniciativa del debate sobre la abolición de la prostitución. La propuesta de Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP), impulsada desde el movimiento feminista, plantea garantizar derechos y alternativas a las mujeres, perseguir el proxenetismo y actuar sobre quienes pagan por prostituirlas. Ese debate, una vez más, queda en otro lugar.

Porque combatir la trata es imprescindible. Pero ¿de verdad podemos conformarnos con perseguir la explotación sexual sin preguntarnos quién está dispuesto a pagar por acceder al cuerpo de esas mujeres?

Quizá llevamos demasiado tiempo colocando toda la atención sobre la elección de ellas.

Porque hay decisiones que se miran de otra manera cuando nunca has tenido que tomarlas. Cuando la necesidad nunca ha estrechado tanto tus opciones. Cuando nunca has tenido que preguntarte qué estarías dispuesta a hacer para salir adelante.

Y entonces hablamos de libertad. De elección. De consentimiento. Palabras enormes. Pero que no pesan lo mismo en todas las vidas.

Nos preguntamos si ellas eligen. Cuánto eligen. Por qué lo hacen. Qué alternativas tenían. Si consideran que aquello es un trabajo. Si aceptar el dinero convierte automáticamente en libre aquello que ocurre después.

Quizá deberíamos empezar a mirar con la misma insistencia al otro lado. Porque ellos también eligen.

Siempre habrá alguien atravesando una situación de necesidad, pobreza o vulnerabilidad. Eso no convierte en inevitable que exista otra persona dispuesta a utilizar esa necesidad como una oportunidad para acceder sexualmente a su cuerpo. La prostitución necesita algo más que una mujer a la que preguntar una y otra vez por qué está ahí. Necesita a alguien dispuesto a pagar. Y esa decisión parece interesarnos bastante menos.

Nos resulta más sencillo discutir durante horas sobre los límites de la libertad de una mujer que preguntarnos qué concepción de la sexualidad permite a tantos hombres asumir que el deseo de la otra persona puede dejar de ser imprescindible cuando existe un precio que pueden pagar.

Eso también es una elección. Pero de esa hablamos mucho menos.

Quizá por eso no basta con condenar la trata. Porque si nuestra respuesta termina cuando hemos identificado al tratante, al proxeneta o a la red criminal, dejamos intacta una pregunta anterior: ¿para quién existe ese mercado? ¿Quién lo demanda? ¿Por qué seguimos considerando que esa parte del problema merece mucha menos atención?

Mientras discutimos sobre las palabras, hay mujeres viviendo realidades que cuesta incluso mirar de frente. Mujeres para las que cada día que aplazamos esta conversación no es una espera teórica. Es su vida. Y quizá haya algo profundamente cruel en una sociedad capaz de conocer esa realidad, convivir con ella y seguir encontrando razones para dejarla para más adelante.

El próximo 18 de octubre volveremos a decir que la trata de seres humanos es intolerable. Y está bien que lo hagamos. Quizá deberíamos aprovechar también para preguntarnos cuánto tiempo más vamos a ser capaces de condenar la explotación sexual sin atrevernos a mirar de frente la demanda que la hace posible y el sistema prostitucional en el que encuentra compradores.

Qué suerte poder llamar elección a aquello que nunca figurará entre tus propias opciones. Qué suerte poder discutir sobre la libertad de una mujer cuyo cuerpo nunca tendrás que poner tú. Qué suerte, también, poder decidir que sus derechos pueden esperar.

Quizá el privilegio no sea solamente disfrutar de derechos que otras tuvieron que conquistar.

Quizá sea poder decidir que los de otras todavía pueden esperar.

Pedro Luis Lobeto Santoveña nació el 5 de septiembre de 1942 en Otero (Herrerías), cerca del límite occidental de Cantabria con Asturias. Su memoria sitúa el comienzo en una precariedad concreta: una vivienda humilde que compara con «un portal de Belén» y una abuela, Andrea, que acudió desde Camijanes para asistir a su hija en el parto. «Nací en precario». La suya no es solo una descripción de la casa. Cuando Pedro llegó al mundo, su familia llevaba años aprendiendo a vivir entre desplazamientos, trabajos inciertos y consecuencias políticas que no habían terminado con el último parte de guerra de 1939.

Su padre, Alfredo Lobeto Areces, nacido en 1907 en el entorno de Infiesto, era carpintero, de formación en gran parte autodidacta, militante del Partido Comunista y, según lo que Pedro le oyó contar, había ejercido como comisario político durante la guerra. Su madre, Julia Santoveña Peláez, nacida en 1915 y procedente de Posada de Llanes, apenas pudo acudir a la escuela: el cuidado de otros miembros de la familia y el trabajo ocuparon pronto ese lugar. Antes de Pedro habían nacido Luisa, Pepe y Lenin. Lenin murió siendo todavía niño, después de una neumonía cuya falta de atención quedó en la memoria familiar como una pérdida evitable. Durante la guerra, Julia quedó al frente de los hijos y acogió además a su sobrina Aurina.

Al terminar la guerra, Alfredo pasó por campos de concentración y trabajos forzosos vinculados a obras públicas. Regresó alrededor de 1941. La familia se estableció primero en Otero y después en Puente Nansa, donde él encontró empleo como carpintero y encargado de encofrados en las obras hidroeléctricas de los Saltos del Nansa. Aquellos grandes trabajos transformaban el valle mientras España atravesaba una posguerra de escasez, control político y mano de obra sometida a fuertes desigualdades. En 1945 Alfredo fue detenido. Pedro tenía unos tres años. Él vincula aquella detención a la militancia de su padre y a sus contactos en un territorio donde continuaban existiendo redes de apoyo a la resistencia antifranquista. El relato familiar conserva los interrogatorios en el cuartel de Puente Nansa, los malos tratos, una grave lesión pulmonar, y el ingreso en Valdecilla, donde estuvo en riesgo de morir. Después fue trasladado a la Prisión Provincial de Santander.

La ausencia paterna se prolongó aproximadamente 11 años: siete en prisión preventiva, a la espera de juicio, y cuatro más en El Dueso antes de recuperar la libertad en 1956. Había sido condenado a pena de muerte, luego a diecisiete años, pena que se fue reduciendo mediante los mecanismos de redención por el trabajo. Pedro aprendió que una cárcel podía extenderse mucho más allá de sus muros. «Tortura no solamente al preso, sino a la familia», explica. Las visitas exigían dinero, viajes y horas que apenas tenían. En Santander, las conversaciones se producían a voces entre dos rejas, separadas por un pasillo recorrido por un funcionario. Había jornadas especiales de visita, pero llegar desde el Nansa seguía siendo difícil. Pedro recuerda algo más íntimo: su padre fabricaba objetos de madera para los hijos y, desde prisión, seguía ejerciendo como padre y maestro. En las cartas corregía faltas, planteaba problemas y vigilaba la caligrafía.

Una de las escenas que mejor explica la infancia de los hijos de la represión ocurrió cuando Pedro tenía unos siete años. Julia le escondió un documento entre el pie y el calcetín y le ordenó entregárselo a Alfredo únicamente cuando estuviera solo. Ya dentro de la celda, el padre le preguntó delante de otros presos qué llevaba. Pedro miró a los hombres y contestó: «¿Y estos?». Las carcajadas deshicieron por un instante la tensión. Él no sabía qué contenía el papel; sí había aprendido que había cosas que no podían mostrarse. La clandestinidad llegó así a su vida antes de que tuviera edad para comprenderla.

Casi un nomadismo

La familia fue mudándose de Otero a Puente Nansa, Cades, Cabrojo, Ganzo, Camijanes y Viérnoles. Pedro habla de aquella infancia casi como de un nomadismo. Los traslados seguían las posibilidades de trabajo, alojamiento y ayuda. También arrastraban la marca de la familia políticamente señalada. «Nosotros éramos los apestados». No todos los vecinos actuaron igual: hubo personas que ayudaron y hogares que sostuvieron a los Lobeto cuando más lo necesitaban. En Ganzo llegaron a convivir cuatro familias en una misma casa; cuando aquella situación se volvió imposible, los miembros del hogar se repartieron. Pedro se fue con su abuela Andrea a Camijanes.

Allí la economía doméstica descansaba en lo que podía producirse o intercambiarse: una vaca, una novilla, alguna tierra, trabajos pagados a veces en especie. Andrea no sabía leer ni escribir, pero manejaba las cuentas. Pedro, con diez u once años, recorría por la mañana unos tres kilómetros repartiendo diez o doce panes y acudía a la escuela por la tarde. Ayudaba además con el ganado y las labores del campo. Ese régimen de vida hacía que la educación dependiera tanto de la voluntad familiar como de la existencia de una escuela cercana. Doña Adela lo había incorporado a clase en Cades antes de la edad reglamentaria; desde Cabrojo caminó hasta Puente Nansa, a veces con alpargatas de esparto que la lluvia deshacía; y en Camijanes recuerda a Mari Carmen Martínez, una maestra que organizó una función teatral para reunir dinero con el que comprar libros de uso común. 

La insistencia en estudiar venía también de casa. Julia, que apenas había tenido escuela, no quería que los hijos la perdieran; Alfredo ejercía la tutela desde prisión. Pepe, siete años mayor que Pedro, asumió mientras tanto responsabilidades de adulto y se convirtió, en palabras de su hermano, en «un padre prematuro». Fue pastor, trabajó en los Saltos del Nansa y entró como aprendiz en carpintería. De él quedó una enseñanza que Pedro coloca en el centro de su manera de vivir: «No hay que rendirse, que hay que luchar y luchar y que no te dan nada si no peleas». Antes de convertirse en una convicción política fue una ética familiar de supervivencia.

En 1955 los Lobeto pudieron reagruparse en Viérnoles, en una comarca del Besaya que estaba creciendo al ritmo de fábricas, minas, talleres y construcción. Julia encontró trabajo en la fábrica textil de Las Caldas de Besaya y Pedro entró allí antes de cumplir los catorce años. Trabajó con sacos y arpilleras, algunos destinados a Solvay, y pasó por tareas repetitivas y frías mientras esperaba una oportunidad para aprender un oficio mecánico que no llegaba. Lo que quería era aprender, avanzar y cobrar por un trabajo reconocido.

De Las Caldas pasó a Bodegas Ventureira. Le habían hablado de acompañar al camión de reparto y aprender a conducir, pero recibió una bicicleta con remolque para transportar garrafones por Torrelavega. Cuando entendió que las horas y el salario no se correspondían con lo acordado, se marchó. Entró después en la construcción como pinche. Aprendió albañilería practicando junto a oficiales y terminó realizando tareas que no se correspondían con la categoría por la que cobraba. Catorce jóvenes hablaron de reclamarla; tres llegaron a pedir la cuenta y dos se fueron. Pedro encontró trabajo en la obra de la Clínica Alba, donde una prueba práctica le permitió obtener la categoría profesional y mejorar de manera decisiva el salario. Mucho antes de ocupar un cargo sindical, ya había aprendido que la diferencia entre ser peón u oficial se traducía en dinero, autonomía y dignidad.

A los 19 años comenzó el bachillerato nocturno en el Instituto Marqués de Santillana. Estudiaba después de trabajar, en una trayectoria educativa hecha de interrupciones. El servicio militar fue una de ellas. Lo define como «un paréntesis» que suspendía empleo e ingresos. Se licenció en octubre de 1965. Para entonces llevaba varios años con Sara Herrera, a quien había conocido en una romería de San Felices de Buelna cuando él tenía 19 años y ella 17. Se casaron el 17 de diciembre de 1966. Su hija Begoña nació en 1967 y luego Pedro, en 1970. Mientras formaban la familia fueron también levantando su casa en Viérnoles.

La General

El 20 de diciembre de 1965 Pedro había entrado en La General, la industria del neumático que en Puente San Miguel había iniciado ese año una nueva etapa fabril y que después pasaría a ser Firestone y Bridgestone. Empezó en trabajos físicos de producción y pronto se presentó a una promoción interna para tres plazas de laboratorio y consiguió una de ellas. Allí controlaba las mezclas de caucho y sus parámetros físico-químicos. La promoción le permitió unir experiencia obrera y formación técnica. Retomó los estudios, completó el bachillerato y acabó titulándose como ingeniero técnico de Minas. Permanecería 39 años en la empresa.

La fábrica fue también uno de los grandes espacios de politización de la España industrial. En el caso de Pedro, esa conciencia venía de casa, pero se convirtió en militancia propia durante los años sesenta. Se vinculó al PCE y al movimiento de Comisiones Obreras. La actividad clandestina se sostenía con reuniones pequeñas, propaganda, ejemplares de Mundo Obrero, nombres en clave y reglas de seguridad. Parte de la estrategia consistía en utilizar los resquicios del sindicato vertical para ocupar puestos de enlace y jurado de empresa desde los que defender intereses obreros. En ese territorio coincidieron comunistas, sindicalistas y sectores de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). La represión franquista convirtió reuniones, asociación y propaganda en materia policial y judicial.

El 1 de mayo de 1968 Pedro participó en Santander en una de aquellas acciones fugaces: gritos de «Libertad» y «Amnistía», dispersión inmediata y vigilancia. En noviembre llegaron las detenciones. El día 20, al salir del instituto nocturno, sabía que podían ir a por él. «Estoy expuesto y dispuesto», respondió a un compañero. Dos policías lo esperaban antes de llegar a casa. En la comisaría de Torrelavega lo esposaron a un radiador cuyas fijaciones había colocado él mismo años atrás como trabajador de la construcción. Después pasó por dependencias policiales y la Prisión Provincial de Santander, dentro de una operación que alcanzó a militantes comunistas, trabajadores y personas vinculadas a espacios obreros cristianos.

Su causa llegó al Tribunal de Orden Público, el órgano creado por la dictadura para perseguir el disenso político. La petición inicial de condena fue mayor, pero tras el proceso y las reducciones quedó en un año y medio. En octubre de 1972 ingresó para cumplirla. Pasó por Burgos y unos días por Carabanchel, donde coincidió con presos relacionados con el Proceso 1001 —abierto contra la cúpula del entonces sindicato clandestino Comisiones Obreras—, y terminó en la cárcel de Jaén. Las medidas de indulto y la redención de pena redujeron el tiempo efectivo y salió en abril de 1973. Pedro relativiza esos meses cuando los compara con las condenas mucho más largas de otros compañeros. Lo que no relativiza son las consecuencias familiares.

Sara se marchó a Bélgica con Begoña y Pedro y trabajó limpiando casas mientras su marido estaba en Jaén. Cuando cuenta este episodio, Pedro se detiene para corregir una forma frecuente de narrar la oposición a la dictadura: demasiadas veces la historia se ocupa de los hombres que fueron detenidos y deja fuera a quienes hicieron posible que las familias siguieran existiendo. Julia había quedado con sus hijos cuando Alfredo entró en prisión; Sara sostuvo después otra ausencia. En su memoria, la política clandestina se apoya también en trabajos mal pagados, crianza, cartas, viajes y cuidados que rara vez produjeron documentos oficiales.

Al recuperar la libertad volvió a la fábrica. La empresa había descontado de su antigüedad el tiempo de prisión y Pedro reclamó después su restitución al amparo de la Ley de Amnistía de 1977. Aun así, las huellas administrativas de la represión tardaron en desaparecer.

La vida sindical entró entonces en una fase abierta. Pedro fue enlace, representante de los trabajadores y dirigente de CCOO. Vivió el cambio empresarial de mediados de los setenta y los 586 despidos que acompañaron aquella reestructuración, observando cómo un conflicto colectivo podía fragmentarse cuando cada trabajador sabía si estaba dentro o fuera de la lista. Con la legalización de Comisiones Obreras, recibió, según su recuerdo, el primer carné de CCOO expedido en Torrelavega. En 1978 afrontó una huelga de dos meses en Firestone. Con el tiempo llegó a presidir el comité de empresa y a ejercer como liberado sindical. Convenios, negociaciones, cambios de propiedad, enfrentamientos entre modelos sindicales y la defensa de instrumentos como los fondos de pensiones formaron parte de una trayectoria en la que nunca separó la condición de trabajador de la responsabilidad colectiva. Incluso jubilado continúa ligado a Comisiones Obreras.

La entrada en la política municipal llegó en 1979 a través de la Candidatura Popular Independiente, una agrupación heterogénea surgida en la primera etapa democrática local. Pedro no obtuvo el acta en el momento inicial, pero en 1980 sustituyó a Florencio Enríquez y se incorporó a aquella corporación. Recuerda un Ayuntamiento en el que «estaba todo en mantillas», con muchas necesidades de una ciudad y unos barrios que habían crecido con rapidez. Entre las tareas de aquellos años estuvo la escolarización y la búsqueda de suelo para nuevos centros. Para alguien que había repartido pan antes de ir a clase y había retomado el bachillerato de adulto, garantizar plazas escolares tenía una dimensión que iba más allá de la gestión administrativa.

Tras la descomposición de la candidatura independiente, regresó al PCE. Fue concejal entre 1983 y 1987, junto a Emilio de Mier y Jesús Cos. En 1987 ocupó el tercer puesto de la lista y no obtuvo acta. Volvió en 1991 con Izquierda Unida, acompañado por Jesús García Díaz, y permaneció hasta 1999. En total fueron quince años en el Ayuntamiento. Durante sus últimos ocho años asumió Ecología y Medio Ambiente. Su manera de recordarlo es material. Habla de poner en marcha la recogida de papel y cartón; de redactar, con el trabajo técnico de funcionarios municipales, ordenanzas sobre residuos, ruidos, tenencia de animales y convivencia urbana; de intentar que un problema de ruido pudiera medirse. Habla también de un punto limpio instalado en dependencias municipales detrás de Correos, inspirado en una experiencia que había visto en Suiza. Pedro lo recuerda como el primero de Cantabria.

Otra campaña consistió en repartir árboles entre la población bajo el lema «El árbol es vida». Pero el proyecto del que habla con mayor orgullo es el Aula Itinerante de Educación Ambiental. La idea partió de una inversión sencilla: si los colegios acudían al Ayuntamiento para saber qué hacía la Concejalía de Medio Ambiente, ¿por qué no llevar el Ayuntamiento y sus servicios hacia los colegios? Lo más significativo es que el Aula sobrevivió a sus impulsores: veinte y veinticinco años después el Ayuntamiento seguía describiéndola como una experiencia pionera y uno de los ejes de su educación ambiental.

En 1993 Pedro figuró como número cuatro de la candidatura de Izquierda Unida de Cantabria al Congreso de los Diputados. No obtuvo escaño. Su forma de hacer política siguió, sin embargo, mucho más cerca del municipio y de los problemas cotidianos. Participó en movilizaciones y trabajos ciudadanos por la sanidad pública y colaboró durante años con la Asociación de Vecinos Virgen de las Nieves y con José Manuel «Manel» Echaves, una de las figuras centrales del asociacionismo de Tanos.

Lo que vino después

El 1 de noviembre de 2004 dejó el trabajo. Pedro vacila incluso al nombrar aquel momento —«me jubilo en el 2004 […] o prejubilo»—, pero recuerda perfectamente lo que vino después. Un mes más tarde nació su primer nieto y el tiempo empezó a organizarse de otra manera. Él y Sara asumieron buena parte de los cuidados y, cuando años después nació otro nieto en Santander, se desplazaban allí a diario mientras sus padres trabajaban. «El nacer los nietos es una experiencia única», dice; «dan unas alegrías enormes». Después de décadas atravesadas por la fábrica, los estudios nocturnos, el sindicato, la política y las reuniones, comenzó a alejarse de aquel ritmo sin hacerlo de golpe: «Te vas apartando poco a poco».

Apartarse no significó desaparecer de la vida pública. En 2007 volvió a encabezar una candidatura al Ayuntamiento de Torrelavega, esta vez por Convocatoria por Cantabria, coalición formada por IU y Bloque Regeneración, y continuó vinculado al sindicalismo y al movimiento vecinal. En 2014 participó como antiguo concejal en unas jornadas municipales sobre la Transición. Para entonces podía mirar atrás desde muchos lugares a la vez: el niño que había repartido pan antes de acudir a la escuela, el obrero que estudió de noche, el militante clandestino, el preso político, el sindicalista y el concejal. Sin presentarse como héroe, resume aquel recorrido de una forma sencilla: «Yo creo que he hecho lo que tenía que hacer»; «mi conciencia está libre». Y conserva otra herramienta que considera imprescindible: «Que no me falte [el] sentido del humor, porque es un arma de futuro».

Los últimos años trajeron también pérdidas y otra conciencia del tiempo. Pedro había atravesado un cáncer, una experiencia que interpreta como «la segunda oportunidad» y de la que extrae una idea sencilla: «Hay que vivir cada momento». En septiembre de 2018 murió Sara Ángeles Herrera Díaz, con quien había compartido más de medio siglo de vida. Pedro no se retiró de la vida colectiva. En 2022 fue una de las voces que impulsaron la entrega de 929 firmas para que el Centro Cívico de Tanos llevara el nombre de José Manuel «Manel» Echaves, reconociendo una trayectoria inseparable de la historia vecinal del barrio.

A los 84 años, Pedro parece medir la vida menos por los cargos que ocupó que por aquello a lo que pudo contribuir. Desde la infancia conoció una educación conquistada con dificultad: una madre empeñada en que sus hijos fueran a la escuela, maestras que buscaban libros donde apenas los había y un padre que, incluso desde prisión, seguía corrigiéndole ejercicios y faltas de ortografía. Quizá por eso, cuando después de tantos años de trabajo, militancia, cárcel, política, familia y aprendizaje se le pregunta qué dejaría a quienes vienen detrás, no elige una consigna política. Vuelve a los libros: «Que lean. Que lean».

«La vulnerabilidad, señores, mata», sentenciaba Olga Matute en su profética intervención en la Comisión de Estudio sobre la Salud Mental y las Adicciones del Parlament de Catalunya en condición de desahuciada. Tenía 54 años y dos hijas, y resistió el desahucio por la hipoteca primero, y después el del alquiler social que entonces logró: el Sabadell había vendido su hogar a un fondo buitre. El juez no dudó en dejarle clara su indefensión: «En ningún caso está previsto que sufrir situaciones de ansiedad permitan la suspensión de un lanzamiento», sentenció. Dos años después, Olga se suicidó. Se la llevó por delante nuestro mercado inmobiliario, ese que consentimos de una u otra manera entre todas.

La precariedad, la vulnerabilidad económica y la pérdida definitiva de calidad de vida están detrás de casi el 50 % de los suicidios o sus intentos, según estima Aquimicasa.net, siendo el desahucio una de las circunstancias más prevalentes. La PAH cifró en 2017 en más de 13.300 las personas que hasta entonces se habían quitado la vida debido al llamado «terrorismo financiero». Algunos psiquiatras corrieron a corregirles y, a pesar de carecer de estudios que avalaran una conclusión en la dirección opuesta, se permitieron aseverar que no existe vínculo entre desahucios y suicidios.

Puede que sí, puede que no, que esos psiquiatras defendieran posiciones ideológicas, ejerciendo el poder de la «bata blanca» que sustituyó en torno al siglo XIX el de la «bata negra», los curas. Michel Foucault explicó cómo nuestras sociedades modernas incorporaron al viejo poder de «hacer morir y dejar vivir» otro poder, ahora predominante: el de «hacer vivir y dejar morir». La permisividad con el círculo mortal de la deuda y los desahucios es una clara prueba de ello.

Un sentido común, una idea compartida acerca de qué está bien y qué está mal —cosmología, visión del mundo, hegemonía… tiene muchos nombres— se construye desde diversos lugares y, a la postre, toda la sociedad es responsable de aquello que acabamos considerando moralmente aceptable. El capitalismo neoliberal ha conseguido instalar, desde los años noventa, un consenso acerca de la vivienda que permite que, como tantas otras cosas elementales para la supervivencia, haya dejado de ser considerada ante todo un derecho para convertirse en un bien especulativo.

Raquel Rolnik explica muy bien este proceso en La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas. Quien fue relatora especial de Naciones Unidas para el Derecho a una Vivienda Adecuada describe «un largo proceso de deconstrucción de la habitación como un bien social y de su transmutación en mercancía y activo financiero»: la financiarización de la vivienda. Los Estados —impulsados por instituciones como el Banco Mundial— desmantelaron las políticas de vivienda pública que garantizaban el techo como un derecho social y las familias de menores ingresos fueron empujadas a depender de un mercado financiero desregulado a través del crédito hipotecario. Las hipotecas locales se conectaron así con los mercados de capitales transnacionales, convirtiendo la necesidad de refugio en un campo de especulación global.

Ahí es donde se ubica, precisamente, la lucha que hoy simbolizan los sindicatos de vivienda o inquilinas y las plazas ocupadas. Están librando lo que Rolnik denomina «guerra de los lugares»: una pelea por construir otro sentido común que coloque la vivienda donde le corresponde, como derecho y requisito indispensable para una vida digna. Y eso implica legislar para garantizarlo e impedir que los especuladores se lucren sin límite con un derecho básico. Y no solo los fondos buitres, porque la conducta de rapiña ha contagiado a pequeños propietarios: si las plazas ganasen esta disputa por la racionalidad dominante, a quien se atreviese a pedir un alquiler desmedido por un piso cutre se le caería la cara de vergüenza, y las legiones de pequeños especuladores que presumen en las redes de comprar pisos para hacer negocio se pensarían un poco más si exhibirlo. Porque las leyes importan, pero también importa lo que una sociedad aprende a considerar intolerable.

La derecha entendió perfectamente que esta era una batalla por el sentido común allá por 2011. Y peleó con rabia el primer round, llenando medios, televisiones y hasta bloques publicitarios de okupas e inquiokupas después del 15M. De la mano del clima de las plazas, las PAH habían conseguido deslegitimar socialmente los desahucios, pero buena parte del ciclo reaccionario posterior se dedicó a recorrer el camino contrario: convertir a la persona vulnerable en amenaza y al rentismo en víctima, construyendo un pánico moral alrededor de una sobredimensionada ocupación que llegó a hacer doblete con las migraciones. Pobres y más pobres en el target. Y la construcción de chivos expiatorios se convierte en un vaso comunicante entre rentismo y fascismo.

Hoy se podría estar jugando un segundo round de las plazas, de Sol a la Porticada, pero no solo: hoy hay sindicatos de la vivienda y de inquilinos además de las PAH, y quienes se preocupan de librar cotidianamente este pulso se autodenominan “militantes”, algo que podría ser un paso adelante respecto a la organización del 15M. Si el otoño o las multas minaran la permanencia sostenible en las plazas, quedarían estructuras de trabajo que han mostrado su potencia colectiva, y parece que no hay esa letal obsesión por enfoques unitarios: todas las formas de lucha son necesarias y cada una debe sumarse a aquella con la que se sienta a gusto. Se trata, de facto, de una idea que asentó el 15M: aprender a trabajar por lo que nos une, minimizar lo que nos separa. Y hoy la vivienda tiene una potencia singular porque atraviesa a prácticamente todo el mundo: todo lo que se haga en su favor, sumará.

La cuestión común es la necesidad de abrir paso a otra mirada acerca de qué puede y qué no puede aceptarse, qué es bueno para la mayoría social, qué clase de mundo estamos construyendo cuando alguien puede enriquecerse indefinidamente a costa de una necesidad imprescindible y básica. Cualquiera, hasta el rentista más cerril y egoísta, sabe que la vivienda no es una mera estructura física, arquitectónica e inmobiliaria, sino una prolongación del cuerpo, de la vida, de nuestro mundo y nuestra identidad, respuesta a nuestras humanas necesidades de protección y seguridad. Un mundo que habitamos y no solo ocupamos. Quien mira sin alma dice ‘ocupaciones’ donde las más moramos en ‘habitaciones’.

Los decretos han decaído. Pero, a cambio, hemos descubierto, entre otras vitales cuestiones, que seguimos sabiendo luchar; que siempre podremos luchar juntas para torcer el brazo a quienes instauran consensos sociales que nos roban la vida a las mayorías; y que la «Generación Z», esa que la exdiputada del PP y filósofa Montserrat Nebrera acusó de ser «de cristal», no solo no se rompe por ser sensible y expresarlo sino que, además, está comandando un movimiento por la vivienda en el que podemos y debemos participar todas, y cuyo símbolo, unas llaves agitadas en el aire, podría transformar la (in)cultura de la vivienda en el Estado español.

Porque, más allá y más acá de la regulación de los alquileres temporales y por habitaciones, que en Cantabria necesitamos como el agua; de una nueva moratoria de desahucios; de las compensaciones por impago cuando no se ofrece alternativa habitacional; de los límites —siempre parciales— a la especulación; más allá de las medidas concretas, escasas, iniciales… se está disputando algo sin lo cual ninguna de ellas puede sostenerse mucho tiempo: el sentido común.

Batalla a batalla, luchando colectivamente, podremos ganar la «guerra de los lugares». Amor para las que luchan.

¡Cómo han cambiado las cosas! Según la prensa de la época, entre 1975 y 1978, con Arias Navarro y con Suárez al frente del Gobierno, ningún político en ejercicio quiso inaugurar el Monumento a Luis Carrero Blanco en Santoña, un homenaje al número dos de la dictadura franquista. Hoy, en pleno 2026, VOX, el PP y el PRC se ponen de acuerdo para intentar impedir que la Ley de Memoria Democrática de 2022 permita retirarlo o resignificarlo. Lo que en la Transición daba vergüenza, hoy, en una democracia desmemoriada, corre prisa.

“Había muerto ya Franco. No era la dictadura. Había muerto ya Franco”, ha insistido en el Parlamento de Cantabria el diputado Íñigo Fernández (PP). Los hechos dicen otra cosa. El Ayuntamiento de Santoña aprobó levantar el monumento el 29 de diciembre de 1973, unos días después del atentado de ETA que mató a Carrero Blanco y casi dos años antes de la muerte de Franco. El proyecto, encargado a Juan de Ávalos, escultor del “Valle de los Caídos” (Cuelgamuros), se presentó públicamente en febrero de 1975 y lo sustancial se ejecutó entre abril y octubre de ese año. La prensa publicó fotografías de la obra el 16 de noviembre, cuatro días antes de que muriera el dictador. Es, por tanto, un monumento concebido y construido durante la dictadura. Es un monumento franquista de arriba abajo.

Es cierto que Franco no llegó a inaugurarlo, pero lo habría hecho de no ser por sus problemas de salud y sus continuos cambios de agenda en el verano y el otoño de 1975. Primero anunció su presencia para septiembre, aprovechando un viaje en el Azor desde San Sebastián a Santoña. Después lo aplazó a octubre, para acudir con el príncipe Juan Carlos. Franco murió el 20 de noviembre de 1975 sin haberlo inaugurado.

Tras su muerte, nadie quiso hacerlo. Eran los años del desmontaje del régimen franquista, los de la llamada Transición, y ningún cargo político, ni en Cantabria ni fuera de ella, se prestó a rendir homenaje a Carrero Blanco, símbolo perfecto del régimen dictatorial que se intentaba dejar atrás. 

Ese vacío institucional lo ocupó la extrema derecha, que ha hecho del monumento uno de sus principales espacios de exaltación del fascismo. Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva, celebró allí algunos actos entre 1976 y 1978, hasta llegar a escenificar, el 7 de mayo de 1978, una inauguración de facto. “No se puede servir a dos señores a un tiempo”, dijo entonces, en alusión a los ausentes, a quienes oscilaban entre la dictadura y la democracia. Casi medio siglo después, esa frase de Blas Piñar se vuelve contra quienes hoy se dicen demócratas y no actúan como tales: ¿Se puede ser demócrata en 2026 y, mediante un ardid legal, blindar un monumento fascista para evitar que, ley en mano, una sociedad democrática deje de amparar la exaltación del fascismo?

VOX, el PP y el PRC (este último, primero con un voto a favor y después con una abstención facilitadora) han aprobado avanzar en la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural (BIC). La iniciativa no busca proteger un patrimonio cántabro, sino bloquear la aplicación de una ley estatal usando la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria como herramienta, esa misma que mantienen escondida en un cajón cuando se trata de proteger las cabañas pasiegas o los palacios barrocos que acaban convertidos en hoteles. Por eso ya no lo llaman “monumento a Carrero Blanco”, sino “escultura de Juan de Ávalos”, como si el arte flotara sobre la política y el escultor del “Valle de los Caídos” fuera un artista cualquiera.  

Decenas de bienes patrimoniales cántabros esperan que la Consejería de Cultura, que dirige Luis Martínez Abad (PP), tramite y apruebe su declaración de BIC; entre ellos, desde hace varios años, la casa natal del escritor José María de Pereda en Polancu. Para el monumento a Carrero Blanco no habrá lista de espera: será un BIC exprés. Todo lo exprés que haga falta para que VOX, el PP y el PRC impidan que se cumpla una ley democrática. VOX y el PP mantienen una conocida agenda reaccionaria, pero lo del PRC ha sorprendido mucho: pocos esperaban que este partido aprobara el uso espurio de las herramientas de protección patrimonial para sostener la exaltación pública de un régimen dictatorial y de la mano derecha de Franco.

Para alarmar sobre la orden de retirada recibida, VOX y quienes votan con ellos hablan constantemente de “derribo” y de “demolición”. La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática permite algo mucho más interesante: la resignificación. Es decir, la retirada del homenaje a la figura y a su pensamiento, y la resignificación de la obra en un espacio público plenamente democrático. Eso es lo que hacen las democracias maduras: no veneran los monumentos de sus dictaduras, ni ensalzan a los dictadores y a sus colaboradores, sino que los desactivan, reorientando el sentido de una evidencia material de la dictadura y de sus violencias.

En los años de la Transición, ningún político en ejercicio quiso inaugurar el monumento a Carrero Blanco. En 2026, diputados/as electos/as de VOX, del PP y del PRC se disponen a blindar a ultranza uno de los principales símbolos de la dictadura franquista en Cantabria. En 2027 habrá elecciones, y votar será también elegir qué Cantabria queremos: una plenamente democrática, libre del fantasma del fascismo y del franquismo, o una que le guarda el sitio a Carrero Blanco, pilar del aparato represivo de la dictadura. Hace casi medio siglo ningún político en activo quería mancharse con este monumento. Hoy hay tres partidos en el parlamento cántabro, VOX, el PP y el PRC, con prisa por blanquearlo.

En “Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal”, Hannah Arendt sostuvo que el mal no necesita multitudes fanáticas. Su tesis era más incómoda: puede ejecutarse a través de personas normales que han renunciado a pensar por su cuenta y no se permiten cuestionar lo que se les ordena. Eichmann, el funcionario que organizaba deportaciones alegando cumplir órdenes superiores, fue juzgado en Jerusalén y ejecutado en Ramla en 1962. Desde Núremberg el asunto está zanjado: nadie puede escudarse en una orden para hacer algo ilegal. Y conviene recordar lo que suele olvidarse al citarla: alguien ideó esas órdenes y alguien las firmó. El eslabón intermedio quizá no vea el final de la cadena; quien la diseña sí lo ve.

La banalidad del mal admite grados muy distintos, con consecuencias incomparables. Decirlo no es equiparar situaciones, sino advertir de un mecanismo que reaparece en escalas modestas. Si entonces fueron los judíos, hoy son los inmigrantes las cabezas de turco: en Ceuta, la avalancha de julio dejó 141 muertos según Caminando Fronteras. El ICE de Trump está provocando tragedias humanas a diario, niños sin sus padres, deportaciones a países africanos de nativos sudamericanos.

Cuando las reglas de convivencia entre países ceden ante el interés del más fuerte, la inmoralidad se contagia de lo grande a lo pequeño: Trump secuestra a Maduro y dice que gobernará Venezuela hasta nueva orden. Netanyahu, con una orden de detención de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Gaza, sigue protegido mientras se sanciona a los jueces de ese tribunal. El mensaje es que el poderoso hace lo que le conviene y a los demás nos toca obedecer.

En Cantabria hemos sabido que los Servicios de Admisión de los hospitales públicos de la comunidad recibieron en abril una instrucción interna con el guion a seguir para derivar por teléfono a pacientes en lista de espera al Hospital Santa Clotilde. 

Si el paciente se niega, debe informársele de que los recursos de ese centro “están considerados como propios del Servicio Cántabro de Salud por el convenio singular existente”; y si mantiene su negativa, “entendemos que renuncia a la misma y procederemos a su anulación”. No se le mantiene en lista para lo que necesitara en un hospital público: se le cancela la solicitud que un médico había indicado.

Santa Clotilde es un hospital privado que conserva estructura, organización y personal con independencia del SCS, y atiende a pacientes públicos al amparo de un convenio singular cuyo coste es de unos 16 millones de euros al año durante los próximos 16-20 años. 

Que ese convenio permita computar sus recursos como de utilización pública no lo convierte en un centro propio, ni convierte en obligatoria una derivación que la Consejería, por otra parte, presenta como voluntaria. 

Ahí está lo insostenible: la instrucción fabrica una renuncia que el paciente nunca declaró y hace que Admisión anule una indicación clínica que no le corresponde revocar.

¿Quién firmó la orden? ¿A quién beneficia? Caben muchas respuestas, pero a mí me interesa otra pregunta: ¿alguien se planteó el daño que provoca? 

Quien lleva meses esperando enfermo para ser atendido recibe una llamada de su hospital de siempre y escucha que, si no acepta ir a un centro privado que no conoce, se le niega esa atención. 

El daño llega en el momento de máxima vulnerabilidad, cuando del sistema en el que uno confió toda la vida se espera amparo y no un ultimátum. Una lista de espera no es una lista de la compra de la que se tacha lo que estorba. Presionar a un enfermo para que acepte lo que no quiere es vergonzoso, ilegal y, según cómo se ejecute, puede llegar a ser delictivo.

No verlo así al escribir esa orden, ni al cumplirla obedientemente, sólo se explica por el clima del todo vale, en el que el ser humano común -el que sólo pide comer, tener techo y ser atendido cuando enferma- cuenta como un cero a la izquierda. Hubo una época en que una instrucción así habría provocado un rechazo unánime. Que hoy haya que explicarla es la medida de lo que hemos perdido.

La vida social y la experiencia política no se desarrollan ni expresan exclusivamente a través de discursos racionales: movilizan los afectos. Es algo que parece obvio pero nos ha llevado siglos entender filosóficamente. Hoy no son pocos los autores y autoras que plantean modos de comprender las dinámicas sociales en su nivel más fundamental como circuitos de afectos que nos hacen asumir ciertas posibilidades de vida y no otras. Que vivamos, por ejemplo, en una sociedad neoliberal que no solo justifica sino que bendice la competencia, la explotación y una carrera despiadada en la que solo sobrevivan los más afortunados no deja de ser resultado de la aceptación de cierta forma de vida, que valida unos afectos y no otros, y que necesita de esos afectos para seguir imponiéndose.

Dicho esto, no parece difícil admitir que, en la tesitura actual global, el miedo parece haberse convertido en un afecto político central en la construcción de nuestros vínculos sociales, tanto desde la perspectiva de las relaciones interpersonales como desde la perspectiva más amplia de las relaciones políticas. El auge actual de la extrema derecha muestra hasta qué punto el miedo puede ser políticamente movilizado, ayudada por demasiados altavoces mediáticos que legitiman su marco mental criminalizando la pobreza o el propio fenómeno migratorio.

El miedo es políticamente relevante no tanto porque sea una emoción “interior” de individuos aislados, sino porque circula socialmente, se fija a ciertos cuerpos y objetos, y ayuda a producir fronteras entre un “nosotros” y un “ellos”. Si tengo miedo a perder el trabajo, a no poder pagar el alquiler o a que mi barrio sea inseguro puedo buscar a otros con quienes afrontar esa amenaza, ya que el miedo puede producir vínculo y hacernos buscar protección y proximidad; pero también, y este es el tipo de reacción al miedo que hoy se extiende, puede llevar a buscar un “ellos” al que culpabilizar, un chivo expiatorio, y construir una comunidad meramente reactiva, un “nosotros” cuya cohesión no proviene de la protección recíproca sino de la normalización de la idea de que hay que machacar a un tercero. En resumen, el mismo miedo puede producir cohesión colaborativa o por exclusión, lo que muestra que no determina la política por sí mismo: importa a qué objeto se adhiere y qué explicación se construye alrededor de él.

La segunda de las salidas al miedo permite entender que el atractivo actual de la extrema derecha entre sectores populares y clases medias no responde a la brillantez de sus teorías conspiranoicas, sino a que el miedo a la inseguridad económica y la vergüenza por no alcanzar el éxito pueden alimentar resentimiento, ira y, finalmente, odio hacia personas migrantes pobres, junto con un repliegue identitario producto de la búsqueda de autoestima en pertenencias exclusivas y estables como la nacionalidad, la etnia, la religión o los roles tradicionales. Esta salida se acompaña, eso sí, de explicaciones sencillas y omniabarcantes que reducen el mundo a una batalla de “ellos” contra “nosotros”.

Entonces, por ejemplo, el muy razonable miedo a no llegar a fin de mes o que nuestros hijos e hijas tengan peores condiciones de vida no produce solidaridad sino que lleva a buscar chivos expiatorios sobre la falsa presuposición de que no son los de arriba quienes acaparan más cada vez desposeyéndonos de todo al resto, sino los de más abajo, las personas migrantes pobres, quienes, rebañando migajas, nos empobrecen. Tal es la forma en que la derecha más extrema ha impulsado mentiras que cohesionan mediante el odio, desde la vieja ficción antisemita de una conspiración judía mundial, explotada por el nazismo, a “el gran reemplazo”, teoría conspirativa actual, tan absurda como funcional al capitalismo neoliberal, que sostiene, por supuesto sin hechos que la avalen, la existencia de una conspiración para sustituir a los europeos por población migrante. Denominan su respuesta “Remigración y reconquista” y este próximo fin de semana será reivindicada en las calles de Santander por nazifascistas de distintos puntos de Europa, junto con la defensa de una expulsión indiscriminada de menores migrantes que se encuentran desamparados y solos, ignorando deliberadamente las garantías especiales de protección que les corresponden. Disturbios antimigrantes en Reino Unido, atentados terroristas supremacistas en Alemania y asaltos racistas, razzias contra menores migrantes, azuzadas por activistas ultra, o la fractura de la convivencia que normaliza el señalamiento del diferente en Ceuta ilustran la realidad terrorífica que promueven. 

Ante semejante panorama, no basta con salidas sencillas como creer que “el fascismo se cura leyendo” o su equivalente de considerar que todos los fascistas son estúpidos. De entrada, para que dejara de aspirar a convertirse en admisible para el sentido común — recuperando una fuerte censura social hacia el nazifascismo— sería esencial reducir las condiciones que causan el miedo, la inseguridad, la ira… tan relacionadas con la precariedad y la inseguridad. Desde luego promoviendo respuestas solidarias a esa crisis sistémica permanente llamada capitalismo neoliberal e interviniendo en problemas como la vivienda, la precariedad laboral o el fortalecimiento de redes comunitarias de cuidados, pero también tratando de disminuir las condiciones sociales, discursivas, afectivas y materiales que hacen posible la difusión y el éxito de este tipo de ideas y actitudes. Toca preguntarse qué relaciones, afectos, instituciones, formas de vida y formas de lo común habría que producir para hacer menos habitable esta ideología nefasta. 

Entonces, se vuelve evidente una cuestión: no es suficiente con combatir a los fascistas, identificando sus eventos y confrontándolos mientras siga el miedo y las condiciones que permiten fijarlo a determinados cuerpos convertidos en amenaza. Porque, de hecho, podríamos estar combatiendo a sujetos fascistas y, sin embargo, seguir reproduciendo lógicas autoritarias, binarismos rígidos, homogeneizaciones del grupo propio o fascinación por el poder… Microfascismos que nos hacen ver que el adjetivo «fascista» no es aplicable únicamente al otro exterior.

Confrontar a quienes ya se han organizado políticamente en torno al fascismo puede cumplir funciones tácticas importantes como disputar el espacio público, impedir su normalización, aumentar sus costes de organización, hacer visible el rechazo social o acompañar a quienes son objeto de su violencia. Lo que no puede hacer, por sí solo, es desactivar las condiciones que producen nuevas adhesiones. Y hay que preguntarse si las habituales formas de construcción afectiva del espacio político resultan adecuadas para disminuir su atractivo social actual y permiten incorporar a la lucha antifascista a personas que hoy no participan.

Hoy en día es imprescindible impedir que esta tendencia prospere, y debemos hacerlo todas aquellas personas que, de una manera u otra, creemos en la democracia y en un mundo en que quepamos todas las personas, por eso, la lucha antifascista debe ser acogedora también para las adultas mayores, o para quienes tienen miedo, o para quienes no pueden exponerse físicamente, no comparten una estética militante o, no siendo habituales en las calles, pueden aportar desde el sindicalismo, la cultura, los cuidados, la investigación, el periodismo, el barrio o simplemente la presencia en momentos clave como este.

Y esa es la línea en que me gustaría ver florecer a partir de la manifestación antifascista y antirracista que el sábado 26 de septiembre partirá de la Plaza de los Derechos Humanos: un antifascismo habitable, para disputar la calle a los fascistas pero, sobre todo, para hacer más segura nuestra vida y nuestros barrios para niños y adultos migrantes, personas LGTBIQ y cualquiera que se salga de la norma, que de una u otra manera, al final somos todas. Fuera racistas de nuestros barrios… dentro un común habitable para cualquiera. 

«… os doy y os concedo la villa de San Emeterio, para que la habitéis en sus accesos y salidas, tanto por tierra como por mar, a vosotros y a vuestros sucesores por derecho hereditario para que la poseáis para siempre».

Es cierto que fue hace mucho, pero hubo un puerto en el Cantábrico que se llamaba San Emeterio. Cuando Alfonso VIII, rey de Castilla, casó con Leonor Plantagenet, hija de Enrique II, rey de Inglaterra, y de Leonor de Aquitania, reina de Francia, le entregó en carta de arras las rentas de ese puerto. Corría el año 1170 y Leonor tenía nueve.

En 1187 el rey, influido sin duda por su mujer, otorga un fuero a la villa de San Emeterio. Le decimos fuero a la norma que regulaba determinados aspectos de la vida política, económica, penal y social. Un fuero daba libertad frente a los señores feudales a los acogidos a él. El que nos ocupa promocionaba el comercio marítimo por las costas del norte. Entre otros motivos porque era un fácil medio de contacto con las posesiones de las que Leonor era titular, tanto en la Francia continental como en la Inglaterra insular que su familia gobernaba.

El fuero concedido fue una trasposición del de Sahagún, con alguna variación que tenía en cuenta el carácter costero de la población. Por ello el artículo 31 establecía que «si alguna nave que viniera a la villa de San Emeterio fuera hundida y rota de todo lo que se pueda encontrar de su dueño entre las cosas que contenía la nave, nadie se la lleve ni intente cogerla por la fuerza». Es decir, prohibía el raque, para aportar seguridad al comercio marítimo. Esta y otras medidas facilitaron el desarrollo de la villa durante la baja Edad Media, convirtiéndola en el auténtico puerto de Castilla.

Ocho siglos después la población seguía allí, en la costa cantábrica, pero habían cambiado algunas cosas. Su nombre, por ejemplo, había evolucionado a Santander. Y su categoría: ya no era una simple villa, sino una ciudad, capital de una región. Ciudad que tenía un ayuntamiento, perfectamente consciente del papel que el fuero había jugado en la prosperidad de la población. En consecuencia encargó una obra que lo recordara al mejor escultor disponible por aquí, Jesús Otero. El monumento resultante es una obra sencilla, que exhibe el artículo 31 mentado. Puede visitarse en la plaza del rey Alfonso XIII.

Entendemos el desconocimiento mayoritario de los santanderinos de la existencia de dichos fuero y escultura, pues hay aspectos de nuestra historia local que desde las instituciones nunca han sido excesivamente promocionados. Precisamente en sentido contrario, hace unos días se debatió en el Ayuntamiento de Santander una propuesta del Partido Socialista a fin de dar mayor relevancia a la obra que Otero esculpió por encargo del propio ayuntamiento. La propuesta fue rechazada por 14 votos frente a 12. Como la existencia de dicho fuero nos parece un tema de absoluto interés, nos sentamos a reflexionar sobre el alcance de esta negativa.

Recientemente, a instancia de la Fiscalía, se sustituyeron algunos de los nombres del calllejero que el franquismo y gobiernos posteriores habían establecido en loor de los ganadores de la guerra civil. Uno de esos cambios fue dedicarle una calle a la reina Leonor Plantagenet, por primera vez en la historia de la ciudad. Una acción que nos complace. Pero no nos parece suficiente dedicarle una calle y que no haya ningún tipo de explicación, y eso es lo que vinculamos con la negativa de la mayoría del consistorio a dar mayor relevancia al Fuero y a la obra de Otero.

La foto que encabeza este artículo muestra que el estado de conservación del monumento deja bastante que desear. Resolver esto sería la primera medida para mostrarle respeto.

Pero además creemos que lo correcto en una ciudad contemporánea -¡que se ha pasado lustros presumiendo de ser una Smart City!- sería colocar junto a todos los monumentos un QR, un recurso tan sencillo que la mayor parte de los bares lo tienen en sus cartas. Un QR que remitiera al usuario a toda la información pertinente. Como parte del argumento para rechazar la proposición del Partido Socialista es que la explicación oportuna ya la daban las guías turísticas en las visitas guiadas, quedamos anonadados: se nos viene a indicar que cuando pasemos por delante de este monumento, o de cualquier otro, y queramos saber algo sobre él, tenemos que ponernos en contacto no sabemos con cuál de las empresas que se dedican al paseo de turistas por Santander.

Como los STV nunca vamos a hacer eso, significa que esa parte de la información, si de verdad existe, solamente se les entregará a los turistas; que se privatiza esa parte de la cultura, del conocimiento y de nuestra historia para que la empresa de no sé quién se lo explique a los visitantes. Recordemos el apartado final del fuero: «… os doy y os concedo la villa de San Emeterio, para que la habitéis en sus accesos y salidas, tanto por tierra como por mar, a vosotros y a vuestros sucesores por derecho hereditario para que la poseáis para siempre».

Para acabar: apoyamos la instalación de QRs que remitan a la información del monumento. El Partido Socialista defendió esto en el pleno. Y además vamos a proponer otra medida que no ha aparecido, que sepamos, en lugar alguno.

Cuando en 1987 se celebró el octavo centenario, la plaza del Ayuntamiento estaba ocupada por la estatua ecuestre del dictador. Pero el Fuero es el origen de la hoy ciudad de Santander, y seguramente pocas ciudades españolas tienen un origen tan marcado y relevante. El Fuero convirtió una aldea y territorio de poco más de tres leguas en una villa que es la ciudad actual. Constituyó un Concejo que sin solución de continuidad es el presente Ayuntamiento: nos parece razón suficiente para que el monumento de Otero, cuyas modestas dimensiones no supondrían un estorbo, sea instalado en la plaza en la que subsiste esa institución.

Por vergonzoso y antidemocrático que pueda parecernos a una cantidad nada despreciable de cántabras y cántabros, el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria siguen financiando con nuestro dinero la matanza espectacularizada y cruenta de toros de lidia. Este año la aportación del Ayuntamiento a la Plaza de Cuatro Caminos ha sido de 70.000 euros, el doble que el año anterior, algo que justifican por la elevación de los costes de mantenimiento del recinto debido a su uso como Escuela Taurina. Si se toma como referencia el último dato conocido —diez alumnos en 2023—, esa cantidad equivaldría, a modo de comparación, a 7.000 euros por estudiante:, un monto con el que se podían equipar, por ejemplo, varias ludotecas, con muchos más beneficiarios.

La cuestión resulta todavía más grave porque no se trata solo de conservar un edificio o tolerar una afición adulta: las instituciones cántabras participan activamente en su reproducción infantil mediante entradas a novilladas para menores, escuelas taurinas y productos como los TauroCromos, presentados por la propia alcaldesa. Cantabria reproduce así dos de los mecanismos denunciados por la Fundación Franz Weber y otras organizaciones de protección animal, en sus comunicaciones al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas: atraer a la infancia como público y formarla para intervenir directamente en el hostigamiento y muerte de animales. Ya en 2018, este Comité pidió a España apartar a los menores de tales espectáculos para prevenir efectos nocivos sobre su desarrollo psicológico y moral.

Pese a que no hay una encuesta pública reciente sobre el interés cántabro en el mantenimiento de las corridas taurinas, los datos disponibles difícilmente permiten presentarlas como expresión de la voluntad popular ni mucho menos como una fiesta con arraigo en nuestra tierra, como pretende el argumentario del Partido Popular. La Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales del Ministerio de Cultura establecía que apenas el 2,3% la población cántabra había asistido a algún festejo taurino en 2021-2022, frente al 11,8 % registrado dos décadas antes: una caída cercana al 80%. Los sondeos estatales recientes muestran que el 77% de la población española considera inaceptable el uso de animales en las corridas.

La tauromaquia es, en Cantabria, un claro ejemplo de privatización de los ingresos y socialización de los costes. La empresa adjudicataria de la Plaza de Toros de Cuatro Caminos, Lances de Futuro, explota comercialmente la Feria de Santiago, pero la ciudad conserva el edificio, financia sus déficits y paga las obras necesarias para mantener operativo el ‘coso’. En 2015, la Feria finalizó con un déficit de 76.000 euros, lo que llevó al Ayuntamiento de Santander a realizar una aportación adicional de 125.000 euros al presupuesto anual sumado a la partida de 100.000 euros que ya había gastado en los festejos taurinos del ejercicio, mientras la sociedad pública dependiente del Ayuntamiento repartía más de 750 abonos de forma gratuita y de modo discrecional. En 2016, el propio gobierno local reconocía que necesitaba alrededor de 100.000 euros públicos para cerrar las cuentas a cero, motivo por el cual se llevó a cabo la externalización. Pero después llegaron 300.000 euros para rehabilitación en 2023 sumados a las aportaciones municipales anuales. La “Feria del Norte” puede resultar rentable para la empresa que vende las entradas, pero la infraestructura municipal que la hace posible no ha demostrado autosuficiencia ni de lejos.

Ahora, el poder judicial, tan dado en los últimos tiempos a dejarnos claro que sustenta sus decisiones en prejuicios ideológicos, vía la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, suspende la previa anulación del contrato para garantizar que los festejos taurinos se desarrollen durante la Semana Grande señalando que paralizarlos dejaría la programación festiva de la ciudad “irreconocible”. Opina la sentencia, como si de un gestor cultural protaurino se tratase, que sin corridas la Semana Grande de Santander quedaría “alicorta” o “deprimida”, lo que obviamente no es una categoría jurídica ni un hecho probado sino una valoración cultural que aventura la identificación de toda la ciudadanía con una afición particular.

La Declaración de Nueva York sobre la Consciencia Animal, firmada en abril de 2024 por investigadores líderes en neurobiología, etología y filosofía, ha establecido un consenso científico sin precedentes a afirmar que existe una fuerte evidencia de consciencia no solo en mamíferos y aves, sino también una “posibilidad realista” en todos los vertebrados y muchos invertebrados, lo que exige considerarlos éticamente en nuestras decisiones. En el caso del toro, la cuestión relevante estriba en establecer qué estados negativos produce la lidia y qué justificación podría autorizar su producción deliberada. Ni la tradición, ni el arte, ni la conservación de una raza, ni la libertad del espectador justifican su dolor, porque todos ellos son bienes humanos comparativamente secundarios frente al interés elemental de las víctimas animales de no ser atormentados y asesinados.

Las investigaciones de neurocientíficos como el estadounidense Jaak Panksepp, que estudió los sistemas emocionales básicos compartidos por numerosos mamíferos, permiten comprender que las emociones animales no son meras proyecciones antropomórficas. La embestida del toro puede entenderse etológicamente como una combinación de defensa, miedo, activación, intento de eliminar una amenaza y respuesta al dolor en una plaza cerrada, donde el animal no puede escapar.

La defensa taurina suele apoyarse en un estudio dirigido por Juan Carlos Illera para afirmar que el toro apenas siente dolor porque libera grandes cantidades de endorfinas. Pero, además de ser un mero estudio preliminar que reconoce varias limitaciones metodológicas, tal conclusión no se sostiene: que el organismo active mecanismos naturales para soportar una agresión no significa que la agresión deje de doler. Una revisión veterinaria posterior, encabezada por Daniel Mota-Rojas, muestra que las endorfinas no convierten el daño en ausencia de dolor: evidencian, más bien, un cuerpo tratando de sobrevivir a las agresiones que se le infligen.

La matanza pública de toros no es un vestigio aislado, sino una expresión extrema de lo que Horkheimer denominó “razón instrumental”, que reduce la vida a recurso, mercancía o espectáculo. La misma lógica que agota ecosistemas y convierte el planeta en materia disponible transforma aquí el cuerpo, el miedo, la resistencia y la muerte de un animal en fuentes de emoción, identidad y rentabilidad. Y se trata de desprecio por la vulnerabilidad que tampoco se detiene en la frontera de especie, pues el poder ha animalizado y bestializado históricamente a los seres humanos que quería excluir. La razón instrumental tampoco protege necesariamente a quien empuña la espada: históricamente ha convertido también cuerpos masculinos de extracción popular en materia de riesgo, disciplina y promesa de ascenso social. Eso no iguala al torero con el animal —solo el primero puede consentir, decidir y, al menos formalmente, abandonar esa práctica—, pero revela que el negocio taurino explota, de manera radicalmente desigual, la vulnerabilidad de ambos.

Coincido con la lúcida y siempre ética Concepción Arenal, que, en sus Artículos sobre beneficencia y prisiones, ya en 1877, sentenciaba: “En la Plaza de Toros hay una fiera, sí, pero no es el toro, sino el público. Esta es la grande y repugnante fiera, cruel e insensata”. Arenal criticó con vehemencia el efecto moral de este espectáculo sangriento, que consigue “disminuir en el hombre las dotes que le constituyen tal, la facultad de conocer y de sentir”. Algo que se comprueba, por cierto, cuando se protesta ante ellos y ellas, como se hará de nuevo el 24 y 25 de julio a las 17.30 en la entrada de la Plaza. Y a quienes la horterada ceremonial que rodea el asesinato de víctimas animales los hace sentirse autorizados a hablar de “arte” les observo, de la mano de Pío Baroja, quien declaraba abiertamente en 1917 que la matanza ritualizada de toros le producía “asco”, y que “la crueldad, como la estupidez, cuanto más adornadas son más odiosas”.

Las reiteradas invocaciones del Gobierno del Partido Popular al fantasma del comunismo, se han evaporado esta semana cuando en Cantabria se ha recibido con todos los honores y parabienes al embajador de China, representante de una dictadura comunista.

La alergia a la ideología, a la que nuestras autoridades del Partido Popular apelan con notable frecuencia para desacreditar toda política de regulación del libre mercado, se ha disuelto en complacencia ante una oportunidad de hacer negocio.

El dinero ha vencido nuevamente los escrúpulos de quienes denostan constantemente el comunismo -en este caso bajo el paraguas de una dictadura- y predican que es contrario a su ética.

El diplomático comunista desayunó con empresarios cántabros del sector de la automoción, visitó el Puerto de Santander y fue recibido por la presidenta Buruaga y el consejero de Industria Eduardo Arasti. Todos estrecharon su mano con naturalidad. “Cantabria quiere ser un socio estratégico para las empresas chinas”, declaró con entusiasmo la presidenta. Al señor Yao Ying se le ha intentado vender hasta La Pasiega.

Quizá es que la referencia al comunismo ya se reduce exclusivamente a Cuba, que está muerta de hambre y que resulta más fácil utilizar como ejemplo de fracaso ideológico y social. A ella se refieren más directamente las críticas. Cuando desde el Gobierno de Cantabria rechazan poner límites a los alquileres en las zonas tensionadas argumentando que es una medida comunista.

Pero sucede que la realidad ha desmentido a quienes equívocamente equipararon el sistema capitalista con la libertad. China ha demostrado que el capitalismo es tan feroz que puede convivir en cualquier sistema -como una superbacteria resistente en cualquier ecosistema- y que, de hecho, funciona incluso con más eficiencia en una dictadura donde, entre otras cuestiones, no resultan tan molestos los derechos laborales como en España.

También es verdad que a veces resulta facil abrazar el comunismo cuando ya se parece tanto al altavoz del capitalismo de la derecha, que llama absentismo a no ir a trabajar por estar enfermo o que pretende que los trabajadores cobren menos por una baja laboral. “Tiene más razón que un santo”, sentencia Ayuso sobre los cuentos chinos de su jefe Feijóo.

“En esta calle puedes herir a un hombre a navajazos”, nos dijo un paisano mal encarado, con gran sobresalto nuestro: ¿era un amenaza? ¡No habíamos hecho más que pedir dos vinos y todavía no habíamos empezado a tomarlos!

“Ya sé lo que estáis pensando” -siguió el tipo- “Que eso es posible en todas. Pero aquí además puedes pasar el resto de tu vida sin salir de ella: primero te llevan al hospital a atender tus heridas; más tarde al juez, y después a la cárcel a cumplir condena…, y todo, todito, en la calle Alta”.

El paisano tenía razón. Esa calle tenía todas esas cosas porque era el centro de la vida en la ciudad. Hoy ha cambiado mucho. La prisión provincial, por ejemplo, que en tiempos albergó a muchos amigos nuestros (ninguno de los cuales había acuchillado a nadie), desapareció completamente.

Muchas otras cosas habían desaparecido antes, desde su nacimiento en el siglo xvi, cuando se llamaba Fuera de la puerta', nos cuenta Simón Cabarga. Entonces la ciudad estaba construida en aquella loma y al norte, sur y este sólo había marismas y bahía, según refleja perfectamente el libro Santander según José Luis Casado Soto, en el que se ve gráficamente la evolución de la ciudad.

Pero otras permanecen. No ha desaparecido el hospital de san Rafael, fundado en 1791, uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Aunque hoy no atenderían en él a nuestro presunto navajero: los médicos que trabajan allí lo hacen como diputados del parlamento de Cantabria, que eso es lo que es actualmente. También perdura el número 30 de la misma calle, que pasa por ser el edificio habitado más antiguo de Santander. Y muy próxima se encuentra la iglesia de la Consolación, el único edificio plenamente barroco de la ciudad, construida como tantas veces sobre los restos de otros edificios, en este caso sobre los de un antiguo hospital de san Pedro, el santo a quien se dedican las fiestas populares del barrio y da nombre a una de sus calles.

En los años 60 del pasado siglo se construyó en la calle Alta el que fue durante décadas palacio de justicia y sede de los colegios de abogados y procuradores. Tampoco allí juzgarían hoy al navajero: sigue siendo un edificio judicial, pero ahora lo ocupan los juzgados de lo social. El arquitecto Benlloch La Roda lo diseñó de forma que en la fachada principal fueran encastrados 18 bajorrelieves con la justicia como motivo central, una de las obras más singulares del escultor de Santillana, Jesús Otero, uno de los más importantes escultores de nuestra región.

José María Pereda, el escritor que dejó recogida la vida de santanderinos de su época en sus novelas costumbristas, situó la más conocida en aquel entorno y calle, reflejando la vida de marineros y pescadores. Tanto es así que la bajada de la calle Alta a lo que hoy es la plaza de las Estaciones y calle Cádiz se hace a través de una rampa antiguamente conocida como el paredón y hoy como Rampa Sotileza, en cuyas paredes hay un texto recortado en papel aluminio de la obra homónima de Pereda, de la artista santanderina Concha García. En el mismo lugar se encuentra la escultura denominada Hacia el futuro, del portugués Baltazar Torres, consistente en una columna de hierro y bronce, coronada por una mujer vestida de rojo que mira con un catalejo hacia la bocana del puerto. La Sotileza de Pereda es también el motivo de un mural enorme diseñado por José Ramón Sánchez, en el 29 de la calle Alta.

Hay algo que no mencionó nuestro amigo acuchillador, que podía hacerse en la calle Alta…, y durante un tiempo únicamente allí: jugar a la quiniela. Un invento de uno de los hijos de Sota que llevaban el bar La Callealtera.

La calle Alta tuvo la importancia que todo esto indica porque allí vivían los mareantes, la gente de la mar, y por allí pasaban las carretas que aprovisionaban la ciudad. Dejando el camino de Becedo para pasear, nos cuenta Pepe Simón Cabarga. Y los mareantes eran parte tan esencial de la ciudad que constituían su propia organización, el cabildo, que legislaba y decidía sobre lo que les afectaba en particular, en lo que la legislación y las autoridades generales no entraban. Tenían su propia autoridad, el alcalde de mar. A pesar de que las calles que formaron el cabildo de Arriba están muy deterioradas, puede apreciarse en ellas restos de la vida de entonces, al contrario de lo que ocurrió en el otro cabildo, el de Abajo, que desapareció completamente en la reordenación urbana. A cien metros del ayuntamiento, con un auge del turismo tan inédito como descabellado, el cabildo de Arriba es hoy una golosina para promotores inmobiliarios: dentro de poco no quedarán ni las ruinas.

Por todo lo dicho, y más que nos hemos dejado, no sorprende que los callealteros sigan llevando con orgullo eso de ser callealteros, ni que a algunos santanderinos se les llene el cuerpo de emoción cuando se habla del cabildo, y se diría que están dispuestos a ponerse manos a la obra para proceder a su inmediata rehabilitación. Pero pongamos las cosas en su sitio: sabemos que eso no va a suceder, aunque la excusa de la lacra de la prostitución y de la droga ya no sirva, pues están prácticamente desaparecidas.

Lo que sí resulta sorprendente, en cambio, es que una población ilustre ignore y olvide su propia historia. Ese cerro conocido como Calzadas Altas, una calle que tiene en sus cimientos el pasado milenario de la ciudad, está olvidado en las rutas turísticas que organiza el Ayuntamiento, olvidado por los jardineros municipales, carente de mobiliario urbano, de embellecimiento, de empedrado adecuado, de iluminación atractiva.

A nuestro Cabildo de Arriba le debemos mucho más que eso.

La Consejería de Educación ha reunido al Observatorio de Convivencia para explicarnos que está satisfecho aunque haya habido casi el doble de casos de acoso escolar en Cantabria. En su opinión, hay los mismos que otros años porque cada vez se detectan “mejor” -presume abiertamente- y por eso han subido de 16 a 31.

Ojalá fuesen solo esos. No podemos ser tan ingenuos de pensar que todos los niños y jóvenes que lo sufren se atreven a denunciarlo. Sobre todo porque frecuentemente lo que viene después tampoco soluciona ni alivia el conflicto. En ocasiones hay que soportar los recelos y desconfianza hacia la denuncia que con excesiva frecuencia se califica de 'chiquillada', una percepción común entre la propia inspección educativa que se extiende entre la propia Fiscalía de menores que en ocasiones zanja el asunto pidiendo al agresor que escriba una carta pidiendo perdón a la víctima, lo que contribuye a que se sienta impune para poder seguir actuando así.

Las conclusiones del consejero han sido extremadamente complacientes, pero se queda en la superficie de los datos de la denuncias. Nada informa a cerca de cuántos de esos casos se resuelven, en qué plazo -los procesos en muchas ocasiones quedan en manos de profesores sin la formación necesaria para ello y se dilatan durante un año mientras la víctima sigue compartiendo espacio con los agresores- y sobre todo con qué resultado. Que en la mayoría de las veces es un fracaso, una derrota, porque es la víctima la que se tiene que ir del colegio. Por cierto, suele ser la primera opción que ofrecen las autoridades educativas. Ellos, los agresores, se quedan en el mismo colegio con el riesgo de que acosen al siguiente de la lista porque nadie trabaja con ellos y con sus familias un proceso de reeducación.

Quizá en sintonía con cierta malentendida benevolencia que a menudo reduce el asunto a chiquilladas, los propios docentes son cada vez a menudo también víctimas de sus propios alumnos y reciben faltas de respeto o incluso agresiones.

Caer en la autocomplacencia y el aplauso cuando las cifras crecen a pesar de que muchas víctimas no se atreven a denunciar por temor a represalias mayores o a ponerse en el escaparate de la primera línea no contribuye a mejorar la situación. Falta diligencia, protección, sensibilidad y un proceso posterior de seguimiento y apoyo que cure a las víctimas y también ayude a los agresores a reconducir y examinar su conducta.

El consejero de Educación “celebra” que el año pasado no haya habido un caso tan mediático como el que se sufrió un menor con discapacidad en el IES Torres Quevedo de Santander. La cuestión no es si las víctimas recurren al escaparate de los medios de comunicación, por desgracia muchas veces necesario para que las hagan caso y tomen medidas, sino que los patios de los colegios sean espacios seguros. Todas las casas parecen limpias cuando no se mira debajo de la alfombra.

No hay duda de que estamos instaladas en la cultura del simulacro. Todo se mueve en planos paralelos en los que el sucedáneo es más jugoso que el original. Yogur sin yogur, salchichas sin carne, cerveza sin alcohol y piscinas para hacer surf a pocos kilómetros de las olas de verdad.

Todo empezó, quizá, con los parques temáticos. Esos lugares en los que viajar por el mundo o por el pasado sin salir de un recinto en el que moverse con una pulsera mágica que -una vez pagado el costoso importe- permite navegar sin subirse a barco alguno. Todo siguió, quizá, con las redes sociales, donde simulamos tener amigos y amigas que no abrazan, simulamos los diálogos sin conversar, simulamos los enfados en pantuflas y simulamos los activismos sin riesgos.

La vida en un simulador si eres de la clase social ‘adecuada’, si tienes el dinero para evitar la vida real, el barro, el viento, los mosquitos, los resbalones. Vivir tiene eso: es hermoso y es incómodo. Nunca entendí la gente que viajaba hasta el Caribe para luego regresar refunfuñando cargados de fotos y de quejas sobre los mosquitos, sobre la lentitud de los locales o con quejas sobre la gastronomía local. Ahora, cada vez más, se puede ir al Caribe sin ir al Caribe. Sexo simulado a través del porno cibernético, amor simulado a través de mensajes desprovistos de sudor, escalada en rocódromo para esquivar el viento y la rugosidad de las piedras de verdad.

Y ahora, la ‘genial’ idea de los que diseñan este parque temático llamado Cantabria es una piscina para hacer surf, lejos de los riesgos del mar, del olor a alga y de los picotazos de las medusas -que haberlas las hay-. Lo increíble no es que unos empresarios sin cabeza pero con ambición se les ocurra la idea y compren terrenos al lado de un cementerio. Lo alucinante es que sea el Gobierno el que presente la balsa como una nueva atracción para aquellos que vendrán a Cantabria y no pisarán la arena.

Confieso que es desconcertante la ruta que se dibuja para nuestro territorio. Entre columpios gigantes, tirolinas con curvas, faros de colorines y realidad aumentada en el Faro Santander, la vida real sólo quedará como una condena para aquellas que, penando en la clase obrera, no puedan comprar la pulserita de marras o el acceso con huella a los recintos donde el simulacro se convierte en la otra realidad, la alternativa, la aséptica, la triste, la estéril.

En la fachada del Ministerio de la Verdad, “Miniver” en la neolengua de la distopía orwelliana 1984, se podían leer las tres consignas del Partido: “La Guerra es la Paz”, “La Libertad es la Esclavitud” y “La Ignorancia es la Fuerza”. La neolengua tenía como objetivo manipular a la población y para ello se dedicaban a cortar, simplificar y destruir palabras como medio para limitar el alcance del pensamiento. En la misma línea, llamaban Ministerio de la Paz o “Minipax” al encargado de gestionar los asuntos bélicos, a saber, la guerra eterna con otras superpotencias. No tan lejos de 1984, nuestro actual Ministerio de la guerra se denomina Ministerio “de Defensa”, una forma de dulcificar la realidad que es, en sí misma, neolengua.

A Pedro Sánchez, que nos llenó de esperanza al entonar el “No a la guerra” para, a renglón seguido, aumentar el gasto en defensa, no le gustó el término “rearme” del plan para mejorar las capacidades militares de los países europeos propuesto por Von Der Leiden como “Rearm Europe”. “Hay que dirigirse a la ciudadanía de otra manera”, manifestaba desde Bruselas. ¿Qué pretendía realmente con eso? ¿Se mostraba como un iluso, un cínico o un fan de la neolengua de la Oceanía orwelliana? Lo cierto es que hubo un poco de las tres opciones, pero su praxis, la de su gobierno, es de rearme, no hay duda. Finalmente, el plan se ha ido aprobando en fases con la aséptica denominación “Preparación 2030”, y el enfoque del cambio ha sido meramente terminológico porque lo que nombra es el engranaje del régimen de guerra que se está imponiendo mundialmente y contra el que son indispensables las decisiones más allá de las declamaciones.

Así, en Moncloa no convencía el término “rearme” pero las cifras de la Comisión Europea y de la OTAN han hecho que se imponga con severidad el principio de realidad: el gasto militar español en 2025 creció un 35% respecto al año anterior. España ha puesto en marcha el mayor proceso de rearme industrial y militar desde la profesionalización de las Fuerzas Armadas, que incluye una combinación de nuevos Programas Especiales de Modernización del Ministerio de Defensa y el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa del Ministerio de Industria. El plan ReArm Europe, que compromete 800.000 millones de euros —alimentado por ingeniería contable para ocultar la deuda pública— y la exigencia aliada de elevar el gasto militar al 5% del PIB para 2035 constituyen el marco económico de un giro bélico atlántico en el que España se sitúa a la cabeza del incremento presupuestario militar, con una subida histórica que ya se acerca el 3% del PIB.

Este panorama de rearme, disimulado o no, se financia mediante un indiscutible coste de oportunidad social y ya se traduce en Europa en recetas de austeridad selectiva: recortes en la ayuda al desarrollo, congelación de pensiones, hachazos a las ayudas por discapacidad y globos sonda para retrasar la jubilación a los 70 años. Es la traslación exacta de la consigna de 1984: el bienestar social debe sacrificarse en el altar de la disuasión y, aunque el Gobierno asegure que no afectarán a partidas de asuntos sociales como Seguridad Social, pensiones, Educación o Sanidad, los gastos previstos representarán un retroceso en el bienestar de la población, porque afectaran indefectiblemente al resto de ministerios  poniendo en peligro el ya maltrecho Estado de bienestar. Súmese que, según denuncia el Centre Delàs d´estudis per la pau, la inversión armamentística destruye valor social y empleo en comparación con la economía real: por cada mil millones de euros, el sector militar apenas genera 11.600 puestos de trabajo, frente a los 20.000 de la sanidad o los 29.000 de la educación.

Y este régimen de guerra tampoco se sostiene solo con partidas presupuestarias: necesita una profunda reconfiguración cultural que devuelva el nacionalismo marcial al núcleo de la identidad europea. La infosfera, hoy más que nunca, es un campo de continuación y ampliación de la escalada militar y se ocupa de atender al hecho de que el engranaje belicista necesita, además de presupuestos milmillonarios, una masa humana que los ejércitos profesionales ya no logran captar de forma voluntaria. A ello se debe que el fantasma del servicio obligatorio —visto hace una década como una reliquia del pasado— recorra de nuevo el continente: desde los modelos nórdicos de selección forzosa hasta el reciente regreso de la “mili” en Letonia y Croacia, pasando por los modelos híbridos de una Alemania que ya obliga a sus jóvenes a censarse militarmente a los 18 años y obliga a los hombres de entre 17 y 45 años a solicitar un permiso del Ejército para salir del país más de tres meses. Dinamarca ha ampliado la duración del servicio y ha extendido la obligatoriedad a las mujeres, para quienes hasta ahora era algo voluntario.

En España, aunque el discurso oficial niega la vuelta al cuartel forzoso, la maquinaria mediática y cultural ya está en marcha para tantear a la opinión pública. Aprovechando el 25 aniversario de la suspensión de la mili —que no está abolida y sigue en la Constitución oculta tras el deber de defender España— El País Semanal sacaba en portada su globo sonda con el reportaje “¿Lucharías por tu país?” deslizando, de manera sibilina, debates sobre el alistamiento obligatorio o la necesidad ciudadana de combatir porque “en tiempos de amenazas la cuestión es qué tipo de ejército necesitamos”. Así opera lo que el análisis crítico denomina “régimen de guerra”, uno tal que quiere hacernos creer que la necesidad de rearme es indiscutible, para regocijo de empresas militares como Indra o Air bus y para desdicha de la democracia. No se trata de una coyuntura, un momento o un episodio de las relaciones internacionales, sino de una tendencia y una decisión del capitalismo mundial.

Detrás de una estética pulcra de publirreportaje, El País nada incluía en sus páginas sobre el modo en que la maquinaria bélica sigue cobrándose víctimas y no sólo en los lugares en conflicto, también en los eslabones más vulnerables de la cadena que encuentran en el ejército una forma de huir de la pobreza y la precariedad. Casos como el del joven legionario de origen boliviano Kevin Parra Mejía, un muchacho de 23 años fallecido en Ceuta tras sufrir un desvanecimiento en plena instrucción física bajo las órdenes de un superior que, según declaraciones de compañeros, desoyendo sus síntomas con un cínico “esta película me la conozco yo”, le obligó a seguir corriendo hasta desplomarse.

Dentro de toda esta estrategia de normalización de la violencia y la guerra es donde cabe entender que este año se haya colado un stand del Ministerio de Defensa en Felisa, Feria del libro de Santander. Y es en ese contexto donde hay que protestar enérgicamente en contra de que un evento cultural se deje utilizar así. Por ello, la Asamblea Cántabra contra el Rearme ha puesto en marcha una petición en Change.org para que se retire el Stand y ha publicado su posicionamiento en Briega denunciando cómo la presencia de este Ministerio en Felisa “responde en realidad a la necesidad de justificar y normalizar una política suicida, la carrera armamentista en la que estamos inmersos”, invitando a acompañarles en su protesta los días 26 de junio y 3 de julio, a las 19 horas en la Plaza Porticada.

En la misma línea de denuncia, el Ágora solidaria Cultura y Memoria Luis Toca ha lanzado un comunicado en el que su presidenta, la escritora María Toca, ha ironizado además: “”Si el Ministerio de Defensa participa en una feria literaria, quizás quienes nos dedicamos a la literatura deberíamos acudir a los desfiles militares a leer poemas de paz y amor“. Toca ha criticado otro de los inexplicables errores de Felisa este año, la presencia del defensor del sionismo Marcos Barnatán. Y es que si la cultura permanece indiferente ante el genocidio palestino, ya no es que sea neutral, es que se convierte en cómplice. 

La ironía de Toca desarma, con la precisión de la palabra, la puesta en escena de nuestro particular Minipax en el espacio público. Que los tanques necesiten mimetizarse entre libros no es una anécdota festiva sino la constatación de que el pensamiento crítico está perdiendo la partida contra la neolengua del nuevo militarismo global.

Si Felisa permite que los manuales de instrucción militar ocupen el espacio del ensayo, y que la apología de las armas desfile con impunidad por nuestra feria cultural, estará contribuyendo a que la barbarie sea el único horizonte posible. Si hay quien quiere hacernos creer que la guerra es la paz, deberemos responder que la insumisión y la rebeldía a esa oscura neolengua es nuestro orden.

La universidad pública de Cantabria acaba de hacer un descubrimiento revolucionario que Einstein, Rawls y todos los filósofos de la justicia social se perdieron por el camino: el criterio definitivo de equidad es el código postal. Primer año de carrera gratis, pero solo para quien tiene la fortuna de residir bajo el sagrado techo autonómico. Las demás, ya saben: matrícula, alquiler, luz, transporte y la compra. Pequeños detalles. Porque todas sabemos, desde tiempo inmemorial, que el derecho a la educación no lo proclamó ninguna Constitución: lo otorga el padrón municipal.

Visualicen la poética estampa del aula magna: dos estudiantes comparten apuntes, escuchan al mismo profesorado y aspiran al mismo título. Sin embargo, está quién estudia gratis por aquello de haber tenido la sabiduría de nacer -o simplemente domiciliarse- en el territorio sagrado de la comunidad protectora que apoquina la tarifa completa -¡Ah, se siente! -  ¡Qué forma tan sutil y elegante de implantar un apartheid financiero en las aulas! ¡Chapeau! Y a los Cantabros y Cantabras que tengan que ir a estudiar a otros Campus, a esas criaturas, nada de nada. Por disidentes.

Si de verdad quisieran democratizar el acceso a la Universidad con dinero público -concepto que parece haberse vuelto marciano- la solución es de primero de primaria: repartan el maldito presupuesto entre todo el alumnado. Rebajen la matrícula a todo el mundo de forma proporcional.

Pero no, es mejor montar un apartheid financiero ¿para asegurar el voto de las familias locales? No, no, ¡qué mal pensada! Es pura vocación pedagógica.

¡Qué brillantez estratégica, qué sarcasmo institucional, qué obra de arte! Al que viene “de fuera” vamos, de Asturias, Castilla, Cataluña, Andalucía, Extremadura o de Sebastopol, ese intrépido, esa audaz, que ya tiene que empeñar un riñón para pagar una habitación compartida en un piso compartido a precio de suite de hotel con mil estrellas, la brillante lógica local les castiga cobrándoles las tasas íntegras. En cambio, a quien no gasta un céntimo en vivienda ni manutención se le exime del pago. Es una redistribución de la riqueza invertida sencillamente magistral digna de manual. Total, ¡qué derecho tienen las periferias a venir a gastar su dinero en nuestros comercios si no votan a los politicastros de turno!

Por favor, señores y señoras estrategas: dejen de disfrazar el egoísmo electoralista con el noble traje de la “democratización”. Discriminar y repercutir económicamente a un alumno o alumna por su lugar de residencia no es defender la universidad pública, es montar un club privado con el dinero de toda la ciudadanía.

Y una última pregunta, guardada para el final, no vaya a ser que asuste al principio: ¿y si detrás de la obsesión por premiar el empadronamiento no hubiera solo una política educativa clasista, casposa y brutalmente antidemocrática, sino una estrategia para atraer población, justificar más suelo urbanizable y alimentar ese modelo tan conocido que convierte la vivienda en negocio y al vecindario de toda la vida en obstáculo a expoliar,  -¡Uins! perdón- a expropiar?

Mientras tanto, los precios suben, la ciudad pierde a su vecindario de siempre con sus costumbres y hábitos y la especulación sigue ganando. Casi nunca la guinda es el problema. El problema suele ser la tarta que se esconde debajo. Y, sobre todo, quién se la está comiendo.

Es extraño ser un partido de acumulación. Quiero decir, que cuando una formación política ha crecido alrededor de un liderazgo fuerte, de un discurso indentitario y de la consecución de cuotas de poder, parece que la disolución de las ideologías es una bendición. Todo el mundo cabe, todo es posible. Pero el todo es posible hace casi imposible la coherencia y las situaciones grotescas pueden germinar como setas.

El Partido Popular no tiene problemas en esta materia. Tiene ideología desde su fundación tardofranquista, no la esconde, y sólo tiende a profundizar en su origen —lo que lo empuja al nacionalcatolicismo casposo de Vox, su escisión hooligan—. En la otra banda, podríamos afirmar que gran parte del problema del PSOE es su disolución ideológica, la mítica búsqueda del centro puede llevar a un viaje sin rumbo y a un café descafeinado con todos o para todo siempre que se preserven las cuotas de poder. Eso podría explicar el amor ‘laico’ al Papa o a la familia real, la confusa posición en materia ecológica o el alineamiento con la patronal antes que con las y los trabajadores. El PSOE empezó hace casi siglo y medio siendo socialista, ahora, es un partido de poder (sea eso lo que sea).

En el caso del PRC es más complicado. Nació sin mácula ideológica y eso, aunque usted no lo crea, ya es una ideología. Nació aferrado al territorio y eso, aunque usted sí lo crea, es una ideología muy potente.

La defensa de las identidades como razón de ser nos empujó a conflictos terroríficos a finales del siglo XIX y durante buena parte del XX. Ahora, en pleno siglo XXI, las identidades vuelven a ser eje tribal, imán de votantes, lema para agitar sentimientos. Hace unos días, en un acto organizado, precisamente por el PRC, escuché a un defensor de la identidad asegurar —con vehemencia, por cierto— que el patrimonio cultural de Cantabria es patrimonio fósil, que tocarlo es un atentado contra el ser identitario. Eso es ideología —como todo, por cierto—.

No sé, es verdad, qué identidad se defiende cuando el partido se suma a la defensa del infame monumento a Carrero Blanco en Santoña. Esta ofensa a la democracia y a los derechos humanos no es justificable. El PRC ha tratado de explicar que como a Carrero Blanco lo mataron unos terroristas hay que salvar su homenaje. Imaginen si hubiera tenido éxito algunos de los intentos de matar a Adolf Hitler en Alemania. El PRC defendería que merece salvar sus bustos porque fue “víctima del terrorismo”.

Esta votación en el Parlamento no es anecdótica. Muestra un ‘despiste’ ideológico que termina definiéndose como ideología. Es imposible ser oposición y gobierno al tiempo —esto a lo que este partido de acumulación lleva años haciendo—, es imposible ser un defensor de los derechos humanos y, al tiempo, de los homenajes a los violadores de los mismos.

Ya sé que hay un debate intenso sobre qué hacer con ciertos monumentos que mancha calles y plazas. No solamente con aquellos que remiten a la dictadura o al golpe de Estado, sino los relacionados con las vergüenzas coloniales o con las tropelías militares. Entiendo que es legítimo pedir que se destruyan y que también lo es solicitar una resignificación para que la ciudadanía entienda la trazabilidad del personaje o de los hechos que se ensalzan. No es fácil elegir en esta dicotomía, pero lo que no es legítimo es pedir que se declare Bien de Interés Cultural y que se ‘proteja’ sin más. Ya vivimos un episodio parecido con la pirámide de los italianos, en el Puerto del Escudo. Poco se podía hacer desde Cantabria ante una protección oficial decidida en otra comunidad autónoma ante la petición de una asociación de ultraderecha. Pero lo de Santoña no tiene anchoa de Revilla que lo sostenga. ¿Cómo se explica que el PRC argumente su apoyo al gobierno del PP para hacer un cortafuegos a Vox y que, después, vote a favor de proteger un monumento que está a la derecha de Vox?

La falta de ideología es una ideología y la laxitud en ciertas materias es la brecha por la que se expanden todos los virus antidemocráticos. Creo que el PRC está a tiempo de rectificar y, aunque en este país no dé puntos, muchos agradeceríamos un mea culpa público. Excepto que apoyaran esta protección a conciencia y… entonces… la cosa sería mucho peor —de lo que ya es—.

Miguel Ángel Revilla tiene muchas virtudes y muchos defectos. Como cualquier ser humano. Pero ninguno de ellos tiene que ver con su estatura, con el color de su piel, con su sexo o con… su edad. Pero cuando Revilla, ejerciendo un derecho arcaico conocido como “libertad de expresión” manifiesta en público su opinión sobre el partido político Vox, entonces su flamante diputado en el Congreso —de cuyo trabajo poco sabemos— y ex responsable de la formación en Cantabria atribuye las declaraciones a una “muy mala vejera” y a que “chochea mucho”. Más allá de la tremenda discriminación por edad —edadismo— y de la falta de respeto y de educación, Del Valle es el espejo de su propio partido y su partido es el espejo de la Cantabria y de la España que decidió instalarse en un tiempo que dejó de existir, en unos mitos que jamás ocurrieron y en un futuro que debemos evitar que acontezca.

La verdad es que a Vox le sobra mucha gente en esta región. Deberemos expulsar a todos los que hayan nacido en terceros países y que no sean millonarios —esos no son extranjeros migrantes peligrosos, ya saben— y a todos los que hayan nacido en Burgos, en Palencia o en Cuenca —a ver si todo dios va a venir a chupar de una Cantabria que no es infinita—; deberemos recluir en las casas a las mujeres para que críen y limpien y sacarlas con mantilla sólo en Semana Santa y en la feria de Julio; deberemos crucificar a cualquier cura que hable de bondad o de solidaridad; y, ahora, nos querrán imponer que toda persona por encima de los 65 años sólo se dedique a gastar y a viajar mientras espera la muerte. De hecho, el propio Del Valle ya debería retirarse porque roza la edad de jubilación.

Todo es tan demencial y esperpéntico que parece una caricatura, material para el guion de un humorista. Pero Vox nos ha acostumbrado a que la caricatura supere a su propia realidad. Es cierto que su política vive de la lógica de la “verdad alternativa” trumpiana y que a ellos y ellas la realidad no les atraviesa. Prefieren vender un humo tóxico antes que constatar que el mundo del que hablan no existe y el que prometen jamás existirá.

Su “prioridad nacional” es inviable con el marco legal vigente, así que es postureo ultra, sacada de pecho de ultras sin más ideas. La nueva “prioridad juvenil” choca de frente con una sociedad de la longevidad que debería celebrar que personas de 80 u 85 años sean activas en el arte, en la economía, en el tercer sector o en la política.

Para Vox, Trump es un modelo aunque se duerma en las ruedas de prensa y sus héroes cercanos o superan los 60 o están muertos y enterrados hace décadas o siglos. Pero a este partido la incoherencia no le afecta. Los ultras pueden insultar, escupir, agredir o incendiar el ya precario clima social, pero luego utilizan la técnica de la victimización para responder a los cuestionamientos —de hecho, hay que montar una ONG en apoyo a la pobre Leticia Díaz por los ataques insoportables que recibe por haber fundado una ONG que ayuda a los menores migrantes—.

Lo triste no es que un señor mayor como Del Valle ataque a otro señor mayor o que nieguen su propia gerontocracia arremetiendo contra aquellos que cuestionen sus estrategias o su ideario —ese revoltijo de tópicos racistas, xenófobos, racistas, lgtbifóbicos y ahora edadistas—, sino que unos cuantos jóvenes —minoría, por suerte— y muchas personas adultas y mayores —en número significativo— abracen la bandera de la bilis que les ofrece Vox a cambio de sentirse arropados por una gente que no dudará en venderlos, traicionarlos o insultarlos en cuanto no les sean necesarios.

Lo triste es que el partido de la supuesta derecha ‘civilizada’ pacte y transija ante estos talibanes nacionales, lo lamentable es que con mis impuestos y los suyos el señor Del Valle viva como dios —con permiso del Papa— y utilice la tribuna pública para esparcir el veneno.

La identidad del odio y del insulto al ‘otro’ que ofrece Vox es placebo para hoy y violencia para mañana, es guerra cultural con alto riesgo de transicionar a guerra real, es banderita de España en la muñeca como grillete identitario, es trinchera antisitema sin munición para responder a los desafíos actuales y futuros.

La generación que estudió forzosamente el catecismo sabe que los evangelios predican que la hipocresía en un obstáculo para la fe y, por tanto, condenan duramente a los fariseos. El otro día, en la presentación del informe anual de Cáritas se denunciaron los graves problemas de acceso a la vivienda, los alquileres abusivos y las dificultades para encontrar un techo que se multiplican cuando uno es de otro país o tiene otro color de piel.

Resultó que en ese contexto el obispo de Santander, de cuerpo presente en la rueda de prensa, enardeció -se empoderó, en ese lenguaje influencer ya tan manido- y echó una reprimenda a los políticos porque no hacen nada para solucionar esta cuestión. Dijo que cada vez es más escandaloso y que se nos prometen cientos y miles de viviendas que no aparecen por ningún lado.

Arturo Ros tenía razón. Prácticamente todos los mortales comulgan con este sermón, aunque no sean de su parroquia.

Pero, a la vez, tal vez sea conveniente recordar a su eminencia la paja en ojo ajeno por un discurso imprudente, en el sentido de que lo que predica no concuerda con lo que hace. Más allá de la innegable labor social que asume Cáritas, por la debilidad endémica de un sistema estatal de protección social que no ha sido nunca capaz de llegar a donde se necesita.

El obispo critica a los políticos por no resolver el problema de la vivienda mientras su propio ministerio acaba de vender el edificio de los franciscanos, en la céntrica calle Perines de Santander, para hacer 24 pisos turísticos. Cuatro mil metros cuadrados -el Obispado se quedó solo con la iglesia y la sacristía- que han salido al mercado urbanístico y de lo que se ha beneficiado la iglesia católica como, por otro lado, cualquier hijo de vecino en esta deshumanizada progresión especulativa.

Justificará el obispo que la iglesia necesita dinero para mantener su obra social y sus propiedades exentas de impuestos, algunas de ellas procedentes de la avaricia -pecado capital- de las inmatriculaciones, pero aún así el discurso desafina de largo. Más aún cuando, esta emergencia de vivienda que él denuncia nos invita a mirar de reojo a Corbán, un mayúsculo seminario desaprovechado por la falta de vocaciones -también campo de concentración de la dictadura: otro disgusto para la alcaldesa Gema Igual- que tal vez podría improvisarse para acoger a los exiliados de la especulación urbanística y turística que no va a frenar. “No vamos a estropear la gallina de los huevos de oro”, espetó el otro día con franca ordinariez ética la alcaldesa cuando los socialistas reclamaron que, al menos, sí vienen tantos turistas que paguen una tasa como en otras geografías nacionales.

Lo más gracioso ha sido comprobar como aquellos personajes paródicos, cercanos a la caricatura, que se sentaban en la primera fila en la misa del domingo siguen vigentes en lo contemporáneo manteniendo su cuota de hipocresía. El consejero de Vivienda, Roberto Media, y la alcaldesa de Santander -como en una escena de Berlanga- no se dan por aludidos con el discurso del obispo y han girado la cabeza para mirar hacia los bancos de atrás. Cómo va a ser que a ellos les señale el dedo de Dios. La culpa es del demonio Pedro Sánchez que va directo al mismo infierno al que algunos querían enviar al Papa Francisco.

Tampoco cierta hipocresía por parte del Obispado puede empañar la escandalosa realidad que no se puede aliviar con paños calientes. Como las 285 viviendas de alquiler social que nos lleva prometiendo el Gobierno de Buruaga toda la legislatura, una tirita insuficientemente ridícula por mucho que dupliquen las que había antes.

O como la tramitación de una Ley de Vivienda enfocada hacia la 'okupación' cuando el mayor de los problemas es el mercado turístico. Un texto legal que ni siquiera hace el esfuerzo de prohibir que se especule con la vivienda protegida aprobando su protección permanente -como sucede desde hace veinte años en el País Vasco- para que no pueda venderse en el mercado libre.

Tampoco contribuye a una solución razonable que ahora tengamos que volver a comprar con dinero público las viviendas de la SAREB -la sociedad que crearon los bancos para comercializar las viviendas que embargaron a sus propietarios- que ya había comprado el Gobierno de España para destinarlas por fin a quienes las necesiten.

Como predican en los púlpitos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

Hace muchos años, una amiga se preguntaba de forma retórica para quién trabajaba y yo le ahorré la respuesta punzante con cierta rotundidad hiperbólica: “Siempre se trabaja para el enemigo”. Entre este extremo caricaturizado y la ingenuidad de quienes piensan que la compañía que les emplea es “su” empresa hay un abismo que se agranda con la falta de conciencia de clase (de clase obrera, claro está).

Leo cómo un supuesto sindicalista empleado en la factoría de la multinacional Nestlé en La Penilla asegura a una periodista de este medio: “Antes era nuestra empresa, era mi empresa... Desde el ERE es 'la' empresa': ha cambiado la empresa y cambiamos nosotros”. Siento decirle al sindicalista sin conciencia de clase que ni antes era su empresa, ni ahora lo es. Nunca lo ha sido.

En otro pasaje del reportaje que analiza la relación “identitaria” de la gente de La Penilla con la fábrica, un hombre “que ha dedicado 40 años de su vida” a la compañía, explica: “Es que ha sido nuestra vida. Hemos estado ahí viviendo todo el valle de 'La Nestle'. Había un cierto sentimiento de toda la gente como algo tuyo”. Otro errado. Nada era tuyo, sólo el tiempo y la mano de obra que le vendías a la empresa por un salario a cambio de que alguien se forrara en Suiza, primero, y, ahora, vaya a saber usted dónde.

‘La Nestle’ es Nestlé S.A. y, además de los accionistas individuales que compran y venden acciones en el mercado, sus principales ‘dueños’ corporativos son fondos de inversión privados como BlackRock, UBS Fund Management o The Vanguard —los mismos que nos estrangulan en otros sectores, como el financiero, el inmobiliario o el tecnológico— o el Norges Bank Investment Management —el fondo donde el Gobierno de Noruega ‘juega’ con los pingües beneficios del petróleo o del gas que no siempre se explota en las condiciones más éticas imaginables—.

Pues eso, una vez aclarado de quién carajo es ‘La Nestle’, las y los trabajadores quizá deben bajarse de ese ‘vínculo’ identitario porque es falso, torticero y hace mucho daño. El compromiso de un trabajador con una empresa —y más si es una multinacional sin una trazabilidad clara— se reduce —y no es poco— a cumplir lo firmado en el contrato. Pero, a partir de ahí, y armados de conciencia de clase obrera, lo que toca es defender los derechos, empujar a la propiedad para lograr mejoras, no consentir recortes injustificados o intentar —a punta de fuerza— que el modelo de negocio sea lo menos perverso posible.

El problema no es que Nestlé S.A. quiera recortar puestos de empleo, el drama es el tipo de relación enfermiza que muchos trabajadores y trabajadoras y la mayoría de sindicatos han establecido con empresas como esta.

Hace unos días sabíamos que había más candidaturas a la “salida voluntaria” de Solvay que plazas negociadas entre empresas y sindicatos para el ERE propuesto. Las prejubilaciones encubiertas nos cuestan dinero a todos y todas y así sectores como la industria pesada o la banca se han desembarazado de miles de empleados apoyándose en el sistema público de prestaciones.

La pérdida de puestos de trabajo industriales no sólo es un drama individual para cada una de las personas afectadas —cuando no es un medio regalo negociado—, sino que suponen para el territorio la pérdida del único sector de empleo que puede generar mejoras en las condiciones de trabajo por la plusvalía que generan sus productos. Esto jamás podrá ocurrir en la hostelería, en los cuidados o en el sector servicio, donde la mayor parte de la ganancia está en la tacañería con los contratos y con las condiciones de estos, no en el valor de la mercancía.

Ni ‘La Nestle’ ni ninguna empresa ha sido nuca “tu empresa”. Siempre son de uno o varios dueños que se apoyan en un aparato coercitivo de empleados premium —normalmente denominado como departamento de Recursos Humanos y dirigidos por un CEO que sigue siendo un pinche empleado— para despedir, recortar o manipular a distancia mientras ellos vienen de vacaciones a una villa de lujo en Cantabria y reservan en esos restaurantes con estrella Michelin a los que probablemente ningún empleado de ‘La Nestle’ ha ido o irá jamás.