Este domingo entra en vigor el Reglamento Europeo que regula la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la Unión Europea (UE), la primera ley del mundo en este sentido. Establece un marco común para que la IA se utilice en la UE de forma segura, transparente y respetuosa con los derechos fundamentales, y exige un control técnico y ético de todas estas herramientas para mitigar los riesgos. Aprobada en 2024, la normativa prevé una implementación escalonada hasta 2028.

El régimen sancionador prevé multas millonarias: hasta 35 millones de euros en el caso de las muy graves, por utilizar por ejemplo sistemas de IA prohibidos; o de 15 millones en el caso de las graves, por incumplimientos relacionados con los sistemas catalogados como “de alto riesgo”.

Los sistemas que conllevan riesgos inaceptables están ya prohibidos desde el pasado año, y entre ellos están los que usan técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas; los que tratan de explotar la vulnerabilidad de las personas (menores, mayores o discapacitados); los que usan la clasificación biométrica para deducir la raza, la religión o la orientación sexual; o los sistemas que usan la 'puntuación social' para evaluar conductas.

Y a estas herramientas 'inaceptables' se acaban de incorporar como sistemas prohibidos --aunque no entrarán en vigor hasta el próximo mes de diciembre-- algunos de los peores usos de la IA generativa, como la creación o manipulación sin consentimiento de contenidos íntimos ('deepfakes sexuales') o cualquiera capaz de generar pornografía infantil.

Marcado como el punto de inflexión del Reglamento, el 2 de agosto se empieza a aplicar el grueso de la norma: todas las obligaciones de transparencia, las reglas que regulan la mayoría de los sistemas de IA y las obligaciones de los proveedores y de los usuarios, pero la Comisión Europea ha aprobado una norma (Omnibus Digital) para simplificar el complejo ecosistema de leyes digitales e intentar que su aplicación sea más gradual y coordinada.

Y aplaza, hasta diciembre de 2027, algunos de los puntos más trascendentes de la ley, entre ellos las exigentes obligaciones que tienen que cumplir los sistemas de IA catalogados como 'de alto riesgo' (por ejemplo los que se usen para evaluar o calificar a estudiantes, para filtrar currículos, para evaluar la solvencia económica de las personas o para fijar el precio de un seguro de vida o de salud).

Información al usuario

Sí entra en vigor el próximo 2 de agosto la obligación de informar a cualquier usuario de que está interactuando con un sistema de IA, pero no el etiquetado obligatorio de los contenidos que se generen con herramientas de IA (con una marca de agua con las siglas AI), que se ha pospuesto hasta el próximo 2 de diciembre para aquellos sistemas capaces de generar contenidos sintéticos (imágenes, vídeos o audios que imiten elementos o personas reales).

Dos años más (agosto de 2028) tardarán en entrar en vigor todas las obligaciones referidas a los sistemas de inteligencia artificial, clasificados también 'de alto riesgo' pero que estén integrados en productos o en servicios ya regulados (como los dispositivos médicos, los asistentes de conducción, los juguetes o los asistentes de la navegación aérea).

Al complejo armazón legislativo europeo se suma el proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la IA que ha aprobado el Gobierno español (en tramitación en el Congreso), que busca adaptar la norma europea al marco de España, que en ningún caso establece un régimen paralelo pero sí lo concreta, lo desarrolla, organiza quién supervisa, cómo se sanciona o cómo se debe usar esta herramienta en el sector público.

¿Regulación versus innovación?

Especialistas en derecho y transformación digital han analizado con EFE el entramado jurídico y el complejo calendario de aplicación del Reglamento Europeo de IA.

El director general de la empresa BIP Iberia --consultora especializada en adaptación a los mercados digitales--, Giovanni Alessandrello, ha apuntado que el mayor riesgo es que las empresas interpreten las prórrogas “como una invitación a esperar”.

En declaraciones a EFE, Alesandrello ha valorado el reglamento como “una prueba de madurez” porque cualquier sistema de IA se debe poder “explicar, gobernar y auditar” y ha rechazado la “falsa” dicotomía que a su juicio existe de que Estados Unidos ha elegido la innovación y Europa la regulación o que este tipo de normas frenen la innovación y competitividad europeas.

“La cuestión no es si debemos regular la IA; el reto es cómo gobernarla sin frenar la innovación, porque sin control puede generar riesgos sistémicos, pero una regulación excesivamente rígida puede impedir que Europa compita. El desafío es encontrar el equilibrio”, ha manifestado.

El abogado especializado en tecnología y derechos digitales Guillermo Hidalgo, de la firma Maio Legal, percibe que el Reglamento aporta reglas claras, porque no es lo mismo regular un chatbot de atención al cliente que un sistema que decide si te conceden un crédito, y se ha mostrado convencido de que la norma puede ser “un sello de calidad para la IA europea”.

Hidalgo, en declaraciones a EFE, ha advertido que la tecnología avanza más rápido que la regulación y es previsible que aparezcan sistemas con un impacto real sobre las personas que queden fuera de los que ya están catalogados 'de alto riesgo', o de la confusión y la complicación que pueden suponer para muchas empresas el calendario de aplicación o el solapamiento con otras normativas (como las de protección de datos) ya vigentes.

La Unión Europea ha lanzado este jueves una convocatoria de licitación para crear hasta siete gigafactorías de inteligencia artificial (IA) en Europa. Este plan trata de impulsar la soberanía tecnológica europea y “su ambición de convertirse en el continente de la IA”, según ha informado la Comisión Europea. España está en la carrera para conseguir que una de estas gigafactorías se instale en nuestro país.

La iniciativa está respaldada por hasta 10.000 millones de euros de financiación europea y nacional con la que se pretende movilizar al menos 20.000 millones de euros de inversión privada en toda la Unión.

Con este paso, se pretende que Europa pueda “desarrollar sistemas avanzados de IA utilizando su propia infraestructura, en consonancia con las normas y valores de la UE”. Las tecnologías de IA desarrolladas en estas gigafactorías cumplirán los estándares europeos en materia de protección de datos, seguridad, ciberseguridad y ética.

A esta licitación se pueden presentar propuestas de consorcios u otras entidades que reúnan a empresas, organismos públicos e inversores privados. Las gigafactorías se podrán establecerse en un único Estado miembro, ya sea en un solo emplazamiento o en varios centros. También podrán incluir desarrollos transfronterizos en varios Estados miembros mediante instalaciones distribuidas de computación de IA. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 12 de noviembre de 2026 y se espera que las decisiones de adjudicación se anuncien a principios de 2027.

Acuerdo con las estadounidenses AMD, NVIDIA y Qualcomm

Aunque la idea es potenciar la soberanía tecnológica europea, como seguimiento del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos, la Comisión Europea ha firmado tres cartas de intenciones con grandes proveedores estadounidenses de hardware: AMD, NVIDIA y Qualcomm, para garantizar que los consorcios tengan acceso al hardware necesario.

La institución europea argumenta que este acuerdo responde a que “la IA avanzada depende de un hardware informático altamente especializado. Los consorcios de las gigafactorías de IA podrán adquirir hardware durante cualquiera de las dos fases de desarrollo a proveedores de Europa o de países considerados socios fiables. Parte de estas adquisiciones podrá destinarse a start-ups y scale-ups europeas, ofreciendo oportunidades concretas para reforzar la cadena de suministro digital europea”.

Un portavoz de la Comisión Europea ha admitido que “no estamos produciendo en Europa chips avanzados de fabricación propia que son esenciales para desarrollar gigafactorías de IA con la capacidad necesaria”.

“La idea es que, allí donde sea necesario, trabajaremos con socios afines y obtendremos los componentes necesarios para estas instalaciones. Posteriormente, estamos completamente abiertos a integrar progresivamente alternativas europeas de hardware y software para complementar las soluciones de socios afines con soluciones y alternativas europeas que llegarán al mercado próximamente”, ha comentado el portavoz de la institución comunitaria.

Financiación y crecimiento del proyecto

La Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU) y los Estados miembros adquirirán conjuntamente capacidad de computación de las gigafactorías. Hasta el momento 18 países miembros de la UE, incluida España, ya han firmado un acuerdo de contratación conjunta con EuroHPC JU: Croacia, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España y Suecia.

Según la Comisión Europea, “la financiación pública actuará como un potente catalizador de la iniciativa, impulsando la inversión privada necesaria para construir y operar estas instalaciones”. El proceso de contratación apoyará hasta siete gigafactorías de IA a través de dos fases consecutivas de desarrollo y dos lotes de financiación, con los Estados participantes igualando la financiación europea.

En la primera fase se respaldarán hasta cuatro proyectos, de los que cada uno podrá recibir hasta 100 millones de euros de financiación europea en la primera fase y hasta 400 millones de euros adicionales por proyecto en la segunda fase. Cada gigafactoría seleccionada en este lote deberá instalar al menos tantos procesadores avanzados de IA como los que están actualmente desplegados en la fábrica de IA más potente de Europa. En la segunda fase, su capacidad deberá aumentar hasta al menos el triple de ese nivel.

En un segundo lote de financiación se apoyará hasta tres proyectos que podrán recibir hasta 200 millones de euros de financiación europea en la primera fase y hasta 800 millones de euros adicionales por proyecto en la segunda fase. Para este grupo, cada gigafactoría seleccionada deberá instalar hasta el doble de los procesadores avanzados de IA actualmente disponibles en la fábrica de IA más potente de Europa. En la segunda fase, la capacidad deberá aumentar hasta al menos cuatro veces ese nivel.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia declaró este miércoles en búsqueda y captura internacional al fundador del servicio de mensajería Telegram, el empresario ruso Pável Dúrov, tras incoar una causa en su contra por cooperación con el terrorismo.

“Dúrov ha sido acusado de colaborar con actividades terroristas. Ha sido declarado en búsqueda internacional”, indicó la entidad en una nota publicada en su portal oficial.

Según afirmó a la agencia rusa TASS el abogado Vladímir Zherebenkov, se trata de una acusación muy grave que podría ser penada en caso de demostrarse su culpabilidad con cadena perpetua.

Además, señaló que Dúrov podría ser arrestado en ausencia en Rusia, tras lo cual las autoridades rusas buscarían su extradición por la vía de Interpol.

El FSB señaló que Telegram, en violación de las leyes rusas, “no eliminó numerosos canales, chats y bots de la aplicación utilizados activamente por las agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones extremistas y terroristas para organizar y coordinar sabotajes y atentados terroristas, asesinatos en masa y fraude cibernético en Rusia”.

“Esto ha provocado numerosas víctimas, incluyendo a mujeres y menores de edad, además de miles de millones de dólares en daños materiales”, sostuvo el servicio.

La entidad señaló que agentes de la inteligencia ucraniana se hacían pasar por muchachas que por medio de engaños lograban recibir transferencias de sus víctimas, tras lo cual las extorsionaban, acusándolas de enviar dinero al enemigo, para implicarlas en ataques contra agentes del orden, incendios contra instalaciones de transporte, energía, comunicaciones e instituciones bancarias.

Además, les obligaban a servir de mensajeros en esquemas de estafas a otras víctimas, delito también penado por las leyes rusas.

En particular, el FSB señaló que a lo largo del último año detuvo a 46 jóvenes rusos con edades entre 18 y 22 años que tras acceder al chatbot de Telegram Daivinchik/Leo, supuestamente un servicio de citas, se vieron implicados en actividades de sabotaje y terrorismo.

Junto a WhatsApp, Telegram ha sido bloqueado en Rusia tras acusaciones de incumplir las leyes locales y no eliminar contenidos prohibidos.

Para su uso después del bloqueo, los rusos recurren a las redes VPN, una herramienta para evadir las restricciones, que se ha hecho muy popular.

En el país funciona también el servicio de mensajería nacional MAX, que usan más de 86 millones de ciudadanos, según las estadísticas oficiales.

Más amenazas de Trump a Europa. El presidente de EEUU ha respondido este viernes a la última multa de la Comisión Europea a Google, de 890 millones de euros, conocida este jueves. En efecto, Bruselas ha impuesto este viernes dos multas que suman 890 millones de euros a Google en sendas sanciones (430 millones y 460 millones, respectivamente) por “favorecer sus propios servicios en Google Search y por imponer restricciones a las empresas para dirigir a los consumidores hacia canales de compra alternativos, a menudo más baratos, en Google Play”.

“¡La Unión Europea vuelve a las andadas y, como de costumbre, apunta directamente contra GRANDES empresas estadounidenses!”, ha publicado este viernes en Truth Social Donald Trump: “Tras haber multado a Apple —sin motivo alguno— con 15.000 millones de dólares, a Meta con 3.000 millones, a Amazon con 2.500 millones y a muchas otras, acabamos de recibir la noticia de que Google —un grupo verdaderamente avanzado y extraordinario— ha sido multado con otros 1.000 millones de dólares, sin explicación alguna”.

El presidente de EEUU añade: “¡Esto eleva el total de las multas a Google a más de 18.000 millones de dólares! Esta práctica ilegal y altamente discriminatoria comenzó a estos niveles durante el primer año de la administración del somnoliento Joe Biden, pero no continuará durante la administración Trump. ¡Estados Unidos de América no es una 'hucha' para Europa, ni permitiremos que lo sea! Iniciaremos de inmediato una investigación bajo la Sección 301 sobre esta práctica de 'ROBAR' a las empresas estadounidenses y, por ende, al contribuyente estadounidense. La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y profundamente poco ética, sobre la cual les he advertido reiteradamente. Las sanciones serán totalmente revocadas y se les impondrá un ARANCEL sustancial a la mayor brevedad posible”.

Con esta nueva penalización, el gigante tecnológico estadounidense suma ya más de 10.000 millones de euros en multas impuestas por la UE, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que confirmó la multa de 4.125 millones de euros contra Google por abuso de posición dominante de Google Search en el sistema operativo Android que se usa en los teléfonos móviles. Además, fue multada con 2.950 millones de euros por prácticas abusivas con la publicidad digital y otros 2.420 millones por abuso de posición dominante en su servicio Google Shopping. Otra sanción de 1.490 millones, que Bruselas impuso en 2019 a la compañía de Sillicon Valley por atentar contra la competencia publicitaria con su plataforma AdSense, fue anulada por el Tribunal General de la UE .

La multa a Google anunciada este jueves se debe al incumplimiento de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2023. La Unión Europea impuso sus primeras multas a las 'Big tech' en 2025: Apple y Meta vulneraron esta normativa y se les sancionó con 500 millones y 200 millones de euros, respectivamente. La normativa digital europea se ha convertido en un punto de fuerte conflicto entre la UE y la Administración de Donald Trump, que ha mostrado su rechazo en forma de amenazas contra Europa en repetidas ocasiones.

Bruselas ha explicado que según la DMA, grandes tecnológicas como Google “no pueden dar un trato preferente a sus propios servicios en los sistemas de clasificación frente a los servicios de terceros. Deben aplicar condiciones transparentes, justas y no discriminatorias para dicha clasificación”.

Además, la Comisión ha constatado que “Google concede un trato preferente a sus propios servicios, que incluye los resultados de compras, hoteles, transporte y deportes, frente a los de terceros en Google Search”. Los técnicos de la institución europea han probado que el gigante tecnológico estadounidense “muestra sus propios servicios de forma más destacada en los resultados de búsqueda, incluso situándolos en la parte superior de la página de resultados o utilizando elementos visuales mejorados y filtros, mientras que los servicios similares de terceros no reciben el mismo nivel de visibilidad”.

La Comisión Europea ha acusado a la red social china TikTok de incumplir las normas de seguridad para menores de edad exigidas por la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). La institución comunitaria considera la configuración de las cuentas de esta red social expone en exceso las cuentas y los contenidos de los menores, cuando las plataformas accesibles para menores “deben garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección en sus servicios”.

Bruselas advierte de que en TikTok, si los menores optan por configurar su cuenta como “pública” significa que “cualquier usuario, incluidos quienes no tienen una cuenta de TikTok, puede acceder al contenido publicado por los menores”. Con esta exposición se podrían dar “contactos no deseados por parte de posibles agresores y al riesgo de que el contenido se utilice para el ciberacoso. Esta funcionalidad ofrece potencialmente a desconocidos una ventana a la vida de un menor”.

La Comisión Europea recuerda que “dado que lo que los menores publican puede permanecer en internet para siempre y acompañarlos hasta la edad adulta, esta función conlleva el riesgo de tener consecuencias potencialmente permanentes”.

Además, los técnicos de a institución europea subrayan que “incluso cuando los menores eligen cuentas privadas, estas pueden localizarse fácilmente a través de las listas de 'seguidos' y 'seguidores' de otros usuarios y sus fotos de perfil siguen siendo accesibles para cualquier persona, incluidos quienes no tienen una cuenta de TikTok. Así, la configuración de las cuentas sigue exponiéndolos a riesgos como contactos no deseados, ciberacoso o comportamientos depredadores”.

Ante estas posiciones que parte de una investigación de la Comisión que empezó en febrero de 2024, Bruselas señala que TikTok “debería modificar la configuración predeterminada de las cuentas públicas de los menores para que, por defecto, su contenido solo sea visible para los usuarios de TikTok que el menor haya aceptado. Aunque los menores de mayor edad puedan tener la posibilidad de compartir sus contenidos con una audiencia más amplia dentro de TikTok, esos contenidos no deberían ser accesibles en ningún caso para una audiencia global fuera de la plataforma” y la red social “debería abstenerse de recomendar el contenido de los menores a otros usuarios”.

Un portavoz de la red social china respondió que “en TikTok las cuentas de adolescentes tienen más de 50 medidas de privacidad y seguridad integradas de forma predeterminada, diseñadas con el asesoramiento de expertos, desde el momento en que se crea la cuenta. Las cuentas de menores de 18 años son privadas por defecto y somos una de las pocas plataformas donde los adolescentes más jóvenes no pueden utilizar la mensajería directa, ni que su contenido sea elegible para aparecer en el feed Para ti. Proteger a los menores en Internet es un objetivo que compartimos, y estamos comprometidos a seguir avanzando sobre la base de nuestro sólido historial de mejora continua. Analizaremos estas conclusiones preliminares mientras seguimos colaborando de forma constructiva con la Comisión”.

Si tras este aviso, TikTok mantiene su política con los menores, la Comisión puede imponer una multa del del 6% del volumen de negocios anual mundial. Según Bloomberg, ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, registró una facturación estimada de 186.000 millones de dólares en 2025.

No es la única investigación que sigue abierta de la institución comunitaria contra la plataforma china. También acusa a TikTok de infringir la Ley de Servicios Digitales (DSA) por el diseño adictivo de sus funcionalidades. Entre las acciones marcadas por la institución europea que la red social china tendría que cambiar están el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones push y su sistema de recomendación altamente personalizado.

La presión sobre Google para que cumpla las normas digitales europeas no para. La Comisión Europea ha impuesto este viernes dos multas que suman 890 millones de euros a Google en sendas sanciones (430 millones y 460 millones, respectivamente) por “favorecer sus propios servicios en Google Search y por imponer restricciones a las empresas para dirigir a los consumidores hacia canales de compra alternativos, a menudo más baratos, en Google Play”.

Con esta nueva penalización, el gigante tecnológico estadounidense suma ya más de 10.000 millones de euros en multas impuestas por la UE, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que confirmó la multa de 4.125 millones de euros contra Google por abuso de posición dominante de Google Search en el sistema operativo Android que se usa en los teléfonos móviles. Además, fue multada con 2.950 millones de euros por prácticas abusivas con la publicidad digital y otros 2.420 millones por abuso de posición dominante en su servicio Google Shopping. Otra sanción de 1.490 millones, que Bruselas impuso en 2019 a la compañía de Sillicon Valley por atentar contra la competencia publicitaria con su plataforma AdSense, fue anulada por el Tribunal General de la UE .

La multa anunciada este viernes se debe al incumplimiento de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2023. La Unión Europea impuso sus primeras multas a las 'Big tech' en 2025: Apple y Meta vulneraron esta normativa y se les sancionó con 500 millones y 200 millones de euros, respectivamente. La normativa digital europea se ha convertido en un punto de fuerte conflicto entre la UE y la Administración de Donald Trump, que ha mostrado su rechazo en forma de amenazas contra Europa en repetidas ocasiones.

“Trato preferente a sus propios servicios”

Bruselas ha explicado que según la DMA, grandes tecnológicas como Google “no pueden dar un trato preferente a sus propios servicios en los sistemas de clasificación frente a los servicios de terceros. Deben aplicar condiciones transparentes, justas y no discriminatorias para dicha clasificación”.

Además, la Comisión ha constatado que “Google concede un trato preferente a sus propios servicios, que incluye los resultados de compras, hoteles, transporte y deportes, frente a los de terceros en Google Search”. Los técnicos de la institución europea han probado que el gigante tecnológico estadounidense “muestra sus propios servicios de forma más destacada en los resultados de búsqueda, incluso situándolos en la parte superior de la página de resultados o utilizando elementos visuales mejorados y filtros, mientras que los servicios similares de terceros no reciben el mismo nivel de visibilidad”.

Además, la Comisión asegura que “Google impide a los desarrolladores de aplicaciones comunicar y promocionar libremente sus ofertas, así como cerrar contratos con usuarios a través de los canales de distribución que elijan, incluidas las tiendas de aplicaciones de terceros”.

Aunque Google recibe un pago en forma de comisión por facilitar la adquisición de un nuevo cliente por parte de un desarrollador externo de aplicaciones a través de Google Play, Bruselas apunta que “la cuantía de las tarifas relacionadas con el direccionamiento que cobra Google y la duración del periodo durante el cual se aplican dichas tarifas exceden lo que se considera compatible” con la normativa europea.

Queja de Google

El presidente de Asuntos Globales de Google y su matriz Alphabet, Kent Walker, ha señalado tras conocer la multa que la DMA “sigue deteriorando los productos de uso diario. Para cumplir con la normativa, nos vemos obligados a eliminar funciones de Búsqueda en tiempo real que los europeos aprecian —como los precios al instante y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes— y a desmantelar las protecciones de seguridad en Google Play. Esto no es competencia justa; es un empeoramiento del producto impulsado por un pequeño grupo de denunciantes con intereses particulares, cuyos platos rotos están pagando las empresas y los consumidores europeos. La regulación debería mejorar los productos, no empeorarlos”.

Hay que recordar que Alphabet, la matriz de Google y YouTube, informó de un beneficio neto de 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32% más respecto al anterior, impulsada por sus servicios la publicidad y YouTube. La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de 402.836 millones de dólares, un 15% más interanual, cifra de la cual unos 60.000 millones correspondieron a los ingresos por publicidad y suscripciones de YouTube.

Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Competencia, ha declarado que “Google no ha logrado un cumplimiento efectivo de la DMA y hemos adoptado medidas firmes pero equilibradas para sancionar estas infracciones. Los mejores productos deben triunfar porque son mejores, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el motor de búsqueda. Y los consumidores europeos tienen derecho a que los desarrolladores de aplicaciones les informen de dónde pueden acceder a las mejores ofertas, incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no obtiene ningún beneficio económico de ello. Esta es la promesa de la DMA: proteger la equidad, la capacidad de elección y la innovación en los mercados digitales en beneficio de todos los ciudadanos europeos”.

Recientemente, la Comisión Europea le impuso a Google dos medidas vinculantes para cumplir con la DMA. Por un lado, se pretende garantizar que los servicios de inteligencia artificial (IA) de la competencia puedan competir en igualdad de condiciones con los propios servicios de IA de Google, como Gemini, al tener el mismo acceso a las funcionalidades de los dispositivos Android de Google. Por otro lado, se pretende “reequilibrar las condiciones de competencia otorgando a motores de búsqueda de terceros acceso a los datos de búsqueda que únicamente Google Search puede recopilar a gran escala”.

Gigantes o medianas, tecnológicas como los gigantes de Silicon Valley o constructoras como ACS, con fondos propios o pidiendo dinero. Empresas de todo tipo se han lanzado a la construcción de centros de datos, que brotan por todo el mundo para ser el anclaje a tierra de la inteligencia artificial. Según los cálculos de Goldman Sachs, el acumulado en infraestructura de IA entre 2026 y 2031 alcanzará los 7,6 billones de dólares, equivalente al gasto sanitario de toda la Unión Europea en los últimos cinco años.

Por eso, para muchos analistas resulta preocupante que algunos de los principales impulsores del negocio de la IA estén alquilando sus chips, al no tener cargas de trabajo suficientes para ellos. Entre ellos se encuentran Meta o SpaceX, que están llevando a cabo esfuerzos titánicos para construir algunos de los mayores centros de datos del mundo. Se calcula que el Colossus I y el II, construidos por la corporación de Elon Musk en Tennessee, suman unos 450.000 procesadores avanzados. Una capacidad de cómputo que ha sido alquilada a Anthropic y Google por no poder ser utilizada internamente.

El movimiento encuentra un reflejo directo en la estrategia adoptada por los de Mark Zuckerberg o el conglomerado japonés Softbank. A principios de julio, ambas compañías entraron en el mercado denominado “nube alternativa” o Neo Cloud, un modelo de negocio enfocado en arrendar capacidad de procesamiento aprovechando la escasez general de chips avanzados de IA. Según el New York Times, Meta está en conversaciones para llegar a un acuerdo de este tipo con Anthropic, valorado en 10.000 millones de dólares por dos años.

La burbuja de la IA ha impulsado la construcción de centros de datos asumiendo que las necesidades de computación crecerán de forma ilimitada y constante debido a la progresiva implantación de esta tecnología. Sin embargo, diversos análisis internacionales avisan de que esa podría ser una previsión demasiado optimista.

Falta de resultados

Un informe del banco suizo UBS detalla que el 60% de las grandes corporaciones han fijado restricciones presupuestarias a los despliegues de inteligencia artificial. El motivo es simple: los costes superan a los beneficios.

“Algunas empresas dijeron a UBS que ya han agotado la mayor parte de sus presupuestos anuales de consumo de IA a mitad de año, lo que ha obligado a recortes inmediatos”, avisa la entidad. “Una compañía informó a los analistas de que había desplegado cinco herramientas de IA internamente... Desde entonces, la empresa ha reducido su conjunto de herramientas a solo dos aplicaciones de IA y ha establecido controles estrictos de uso”, continúa.

El problema, señalan los economistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) David Autor y Neil Thompson, es que la IA sigue siendo muy poco fiable. Es necesario vigilarla de cerca, por lo que su potencial para automatizar roles se frena. “Si dices que necesitas un sistema con un 80% de precisión, puede que no sea tan caro. Si necesitas un 90%, es mucho más caro. Pero si necesitas un 99%, es muchísimo más caro... Muchas empresas están entrando en un escenario en el que quieren automatizar completamente y luego se dan cuenta de que simplemente es demasiado caro hacerlo”, expusieron en una reciente conferencia.

Que puede contagiar a las grandes tecnológicas

Esta falta de resultados por parte de los clientes de la IA no ha sido problema para las grandes tecnológicas que les han suministrado esos productos. Hasta ahora, el sector confiaba en que los rendimientos llegaran por si solos a medida que la tecnología mejora y surgen casos de éxito entre las empresas que la implantan. Pero, de nuevo, esa previsión podría terminar siendo demasiado optimista.

“En mi opinión, existe una desconexión en 2026: mientras que el sector tecnológico estadounidense ha experimentado una fuerte aceleración en el crecimiento de sus ganancias (alcanzando casi el 50% interanual), los sectores que adoptan la IA han visto cómo su crecimiento de ganancias se estanca y comienza a desacelerarse, manteniéndose justo por encima del 0%. Esto generalmente se considera una señal de alarma”, avisa el analista Michael Spencer, autor de AI Supremacy.

Los altos costes de la IA estadounidense y la ausencia de beneficios inmediatos está haciendo que empresas de todo el mundo se giren hacia los modelos chinos, como adelantó elDiario.es. La IA del gigante asiático es más barata, menos demandante en recursos y más personalizable.

Si el flujo de capital del que disfrutan las grandes tecnológicas de Silicon Valley se detiene y la rentabilidad de sus ingentes inversiones en infraestructura de IA queda en entredicho, la corrección financiera podría llegar a ser sistémica. “Si los modelos chinos siguen ganando terreno, los flujos de caja previstos para las hiperescala [las grandes suministradoras de IA y centros de datos] podrían resultar demasiado optimistas”, avisa Torsten Slok, economista jefe de Apollo, uno de los mayores fondos de inversión del mundo.

Si el mercado constata que las previsiones sobre el crecimiento y beneficios de las grandes tecnológicas, las empresas con la cotización bursátil más elevada del planeta, está inflado, podría producirse “una venta masiva” de sus acciones que “arrastre al mercado consigo”: “el problema no se podría contener y se extendería a los chips, la energía, los centros de datos y el S&P 500 (el índice de las 500 mayores empresas de EEUU) en su conjunto”, continúa Slok.

Por eso alquilar chips es una mala señal

Si corporaciones como Meta, SpaceX o Softbank ya están empezando a sentir la necesidad de alquilar una parte de su potencia de cómputo para cuadrar sus balances e impedir que el mercado les penalice. “Eso es bueno para sus inversores, pero sugiere que la ansiedad va en aumento. El tiempo es oro”, avisa el editorial de este jueves del Financial Times.

“En esta temporada de resultados, no preste atención a lo que las empresas planean hacer con la IA, sino a cuándo planean hacerlo”, pide el prestigioso medio económico. Será la prueba del algodón de esa ansiedad. Los próximos resultados trimestrales de Meta, SpaceX y Softbank dirán si el alquiler de capacidad es un ajuste puntual o el inicio de una tendencia. Si otras hiperescala siguen el mismo camino, la señal de alarma que hoy lanzan UBS, el MIT o Apollo dejará de ser una hipótesis para convertirse en un patrón.

En cualquier caso, no todos coinciden en que ese patrón sea el de una burbuja a punto de estallar. El propio Goldman Sachs sostiene que la mayor parte del capital, la infraestructura y las fusiones que definirán la economía de la IA “aún no se han desplegado”. Es decir: para el banco, esto no es el final del ciclo, sino el principio. Pero incluso Goldman reconoce el problema que subyace al alquiler de chips: los chips se deprecian rápido y se quedan obsoletas antes de amortizarse. Es el mismo riesgo que preocupa a Slok, solo que contado desde el lado que financia la fiesta.

Por ello, pide nuevos “instrumentos financieros” para seguir sufragando el despliegue. Tales como financiar deuda para comprar chips con contratos de alquiler de centros de datos que aún no existen. Mecanismos que, viniendo del banco que vendió y empaquetó los productos financieros que terminaron haciendo reventar la crisis de las hipotecas subprime, suenan demasiado a mecanismos propios de una burbuja.

Bruselas rompe los ecosistemas de las grandes tecnológicas estadounidenses que impiden la libre competencia. La Comisión Europea le ja impuesto a Google dos medidas vinculantes, según la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). Por un lado, se pretende garantizar que los servicios de inteligencia artificial (IA) de la competencia puedan competir en igualdad de condiciones con los propios servicios de IA de Google, como Gemini, al tener el mismo acceso a las funcionalidades de los dispositivos Android de Google. Por otro lado, se pretende “reequilibrar las condiciones de competencia otorgando a motores de búsqueda de terceros acceso a los datos de búsqueda que únicamente Google Search puede recopilar a gran escala”.

Google tiene que implementar ambas medidas en 2027. La Comisión ha señalado que los usuarios empezarán a beneficiarse de los cambios en Android a partir de julio del año que viene mientras que deberá compartir los datos de búsqueda con otros buscadores a partir de enero de 2027.

Este mes de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó la multa de 4.125 millones de euros contra Google por abuso de posición dominante del motor de búsqueda Google Search en el contexto del sistema operativo Android que se usa en los teléfonos móviles. Es la multa más alta de la historia que impone la Comisión Europea a un gigante tecnológico.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de Competencia, ha señalado que “la sociedad está atravesando una profunda transformación digital. Debemos garantizar que ese proceso sea justo y que nuestros ciudadanos tengan capacidad de elección. Nuestra decisión ayudará a que competidores más pequeños, ya sean motores de búsqueda o asistentes de inteligencia artificial, puedan competir y ofrecer esa posibilidad de elección, al tiempo que se protege la privacidad de los usuarios”.

Bruselas explica que en la actualidad, los asistentes de IA de terceros en teléfonos Android solo tienen un acceso limitado a funciones clave de este sistema operativo. Sin ese acceso, los asistentes de IA alternativos “no pueden competir en igualdad de condiciones con los propios servicios de IA de Google, que disfrutan de acceso completo”.

Como consecuencia de esta falta de competencia, “los asistentes de IA de terceros ven limitada su capacidad para ofrecer servicios innovadores, lo que los hace menos atractivos para el 60% de los usuarios de la Unión Europea que utilizan un dispositivo Android”, explican desde la Comisión.

Con la decisión adoptada por Bruselas, “los usuarios podran activar el asistente de IA de su elección mediante comandos de voz, de forma similar al comando 'Hey Google'. Los usuarios también podrán utilizar asistentes de IA de terceros para realizar acciones en aplicaciones en su nombre”.

La Comisión pone como ejemplo de tareas que se podrán hacer con asistentes de IA de terceros “reservar un taxi, recibir sugerencias de respuestas relevantes en aplicaciones de mensajería o preguntar al asistente de IA sobre un lugar que hayan visitado recientemente”.

Un portavoz de Google ha comentado que las decisiones de la Comisión “ponen en riesgo la seguridad y la privacidad de millones de europeos” ya que “amenaza la seguridad de los dispositivos al otorgar a aplicaciones externas permisos sensibles y potentes sin garantías. Esto ocurre mientras la propia agencia de ciberseguridad de la UE advierte que 'los fundamentos de la seguridad son más importantes que nunca en la era de la IA'”.

Datos de búsqueda de Google para terceros

La otra medida que debe implementar la tecnológica estadounidense es “compartir sus datos de búsqueda con otros buscadores”. La Comisión asegura que “el intercambio de datos es fundamental para el desarrollo y la optimización de motores de búsqueda de terceros. Contribuye a crear unas condiciones de competencia más equilibradas frente a Google Search y fomenta la aparición de servicios de búsqueda innovadores, incluidas alternativas centradas en la protección de la privacidad”.

Bruselas añade que la medida contiene orientaciones para Google sobre cómo compartir datos, ya que hasta ahora la propuesta planteada por la propia tecnológica ha sido “ineficaz”. Por ejemplo, aclara que los chatbots de inteligencia artificial que ofrecen funciones de búsqueda podrán acceder a los datos compartidos y que, siempre que los datos estén anonimizados, Google deberá compartir la misma información que utiliza para optimizar sus propios servicios de búsqueda.

La Comisión asegura que se garantiza la anonimización de los datos de búsqueda mediante un método de anonimización en varias capas, desarrollado en estrecha colaboración con expertos internos y externos en privacidad. La decisión permite que Google evalúe, antes de compartir cualquier dato, si hacerlo con un tercero concreto plantea riesgos graves para la ciberseguridad o la protección de datos. Compartir los datos también es lucrativo para Google, ya que la Comisión ha establecido “una fórmula equitativa para calcular el precio de los datos compartidos”.

En este sentido, el gigante estadounidense ha denunciado que resulta “preocupante que las búsquedas privadas de los europeos queden expuestas a empresas desconocidas, sin una anonimización adecuada de los datos y sin el conocimiento ni el consentimiento del usuario. Esto debilitaría la privacidad de los ciudadanos, pondría en riesgo los secretos comerciales de las empresas y comprometería la seguridad nacional”.

La Administración del Ciberespacio de China (CAC), el regulador chino de Internet, dio finalmente luz verde al gigante tecnológico estadounidense Apple para utilizar sus servicios de inteligencia artificial (IA) en sus teléfonos inteligentes iPhone, tras dos años de espera.

La tecnológica californiana lanzó sus funciones de IA en EEUU en 2024 y en Europa un año más tarde, pero sus clientes en China se vieron obligados a esperar durante dos años, debido a que las autoridades exigen a todos los proveedores de este tipo de servicios que obtengan una licencia oficial antes de ofrecerlos. Apple contará con los gigantes tecnológicos locales Alibaba y Baidu como “socios técnicos”: un portavoz de la primera confirmó que su modelo Qwen estará “integrado en las experiencias” del sistema operativo iOS para los usuarios en China, permitiendo acceder a sus funciones de generación de texto e imagen.

A nivel global, Apple colabora con Google y con OpenAI (desarrolladora de ChatGPT) para ofrecer algunas de sus funciones de IA, pero las normativas chinas sobre herramientas que emplean esta tecnología obligó a la compañía a buscar socios locales para este mercado.

En un comunicado publicado en su página web oficial, el CAC apunta que la autorización (concedida también a servicios similares de Huawei o la surcoreana Samsung para 'smartphones') tiene por objetivo “facilitar el desarrollo innovador y el uso regulado de los servicios de IA generativa”.

Por el momento, señala el diario hongkonés South China Morning Post, esta licencia aplica únicamente a los iPhone, y no queda claro si otros dispositivos de Apple como las tabletas iPad o los ordenadores Mac podrán utilizar estos servicios, denominados Apple Intelligence.

Si bien la concesión de la licencia es un “paso importante”, el analista de Counterpoint Research Ivan Lam matiza que no significa que Apple Intelligence vaya a estar disponible de forma inmediata para los clientes chinos, los cuales, según sus pronósticos, deberán esperar a finales de este año o a principios de 2027.

Decenas de empleados de Meta acusan a la compañía de redes sociales de utilizar herramientas de inteligencia artificial para seleccionar a los trabajadores que debían ser despedidos en un reciente recorte de plantilla. Los afectados, que han presentado una demanda contra la empresa, sostienen que esos sistemas de IA los señalaron después de solicitar permisos, bajas por maternidad o adaptaciones de jornada relacionadas con una discapacidad.

La demanda, presentada el lunes ante un tribunal federal del distrito norte de California, se refiere al recorte de plantilla de aproximadamente 8.000 empleados (10% de la plantilla) llevado a cabo en primavera por Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. Según la denuncia, la compañía utilizó una “constelación de sistemas internos de inteligencia artificial”, incluidos sistemas de evaluación del rendimiento basados en IA y datos de monitorización de pulsaciones de teclado y actividad laboral, para determinar quién debía ser despedido.

“Meta no elaboró la lista de despidos a partir del criterio razonado de directivos que conocían el trabajo realizado”, afirma la demanda, de 71 páginas. En su lugar, los 26 trabajadores incluidos en la denuncia sostienen que la empresa utilizó sistemas de IA “para puntuar, clasificar y seleccionar a los empleados que debían formar parte de la lista”.

Los demandantes solicitan una resolución judicial preliminar que impida a Meta completar los despidos mientras se tramita el caso. También reclaman medidas que podrían incluir la reincorporación a sus puestos, salarios atrasados, compensación por acciones perdidas, beneficios laborales y otros daños.

Un debate regulatorio en auge

La toma de decisiones mediante IA en el ámbito laboral se ha convertido en una cuestión cada vez más polémica, a medida que los trabajadores expresan preocupaciones sobre sesgos, privacidad y confianza, y los reguladores examinan la legalidad de estas herramientas. Estados de EEUU como California, Colorado e Illinois han aprobado en los últimos años leyes o regulaciones destinadas a proteger a los trabajadores frente a sesgos relacionados con la IA y los llamados “sistemas automatizados de decisión”.

La demanda contra Meta sostiene que las herramientas de IA de la empresa recopilan datos sobre clasificaciones de rendimiento, productividad y otros indicadores laborales. Sin embargo, esos datos dejan de generarse cuando un empleado está de baja médica o disfrutando de un permiso familiar. En el caso de las personas con discapacidad, esos indicadores también pueden verse reducidos.

Los empleados que ejercieron su derecho a permisos protegidos fueron seleccionados de manera desproporcionada para los despidos, basándose en puntuaciones que no solo no tenían en cuenta esos permisos, sino que en la práctica penalizaban a los trabajadores por ejercer derechos legalmente reconocidos

Texto de la demanda

“El resultado fue que los empleados que ejercieron su derecho a permisos protegidos fueron seleccionados de manera desproporcionada para los despidos, basándose en puntuaciones que no solo no tenían en cuenta esos permisos, sino que en la práctica penalizaban a los trabajadores por ejercer derechos legalmente reconocidos”, afirma la demanda.

Una de las demandantes es una científica que se encontraba en permiso prenatal aprobado y recibió la notificación de despido apenas dos días antes de dar a luz. Otro demandante, un ingeniero, asegura que recibió una “evaluación rebajada” debido al tiempo que estuvo de baja por una lesión. Otro caso es el de un directivo en baja médica que fue despedido apenas 16 días después de comenzar su permiso.

Un portavoz de Meta ha rechazado las acusaciones. “Estas afirmaciones carecen de fundamento y no se basan en hechos”, ha declarado en un correo electrónico enviado a The Guardian. “La gestión de la plantilla y las decisiones organizativas han sido y son tomadas por personas, no por inteligencia artificial”.

Estas afirmaciones carecen de fundamento y no se basan en hechos. La gestión de la plantilla y las decisiones organizativas han sido y son tomadas por personas, no por IA

Meta

Meta puso en marcha a principios de este año un programa de monitorización de empleados basado en IA. El sistema estaba diseñado para registrar pulsaciones de teclado, movimientos del ratón, historial de navegación, mensajes, correos electrónicos y datos de ubicación en dispositivos corporativos. Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta, explicó que el objetivo era entrenar los sistemas de IA de la empresa a partir del comportamiento de sus propios trabajadores.

“Los modelos de IA aprenden observando cómo hacen las cosas personas realmente inteligentes”, afirmó Zuckerberg en una reunión interna, según informó The Information. “La inteligencia media de las personas que trabajan en esta empresa es significativamente superior a la de la población general que puede realizar tareas”.

Un polémico sistema de monitorización

La demanda sostiene que Meta puso en marcha el programa de monitorización con poca publicidad y sin obtener el consentimiento de los empleados. Según la denuncia, la empresa informó de la iniciativa mediante una publicación interna de escasa visibilidad, realizada por un ingeniero y no por un directivo de alto nivel. “En algunos equipos, los empleados no recibieron ningún aviso para otorgar consentimiento o reconocimiento, y al menos inicialmente no existía ninguna forma de excluirse del programa”.

La oposición interna creció rápidamente durante los meses siguientes, lo que llevó a Zuckerberg a anunciar en junio la suspensión del programa. El cambio de postura se produjo después de que más de 1.600 empleados firmaran una petición denunciando que el sistema vulneraba su privacidad.

En la demanda presentada el lunes, los abogados de los trabajadores solicitan al tribunal que autorice de inmediato una auditoría independiente de las herramientas de IA de Meta. Argumentan que dicha auditoría permitiría esclarecer por qué los 26 empleados afectados —todos ellos de baja o con adaptaciones aprobadas por discapacidad— fueron seleccionados para el despido.

“Meta mantuvo deliberadamente en secreto el funcionamiento de su proceso de selección de despidos frente a sus empleados”, señalaron los abogados en un comunicado enviado por correo electrónico.

Según la representación legal, los demandantes seguirán siendo empleados de Meta hasta el 22 de julio, fecha en la que está previsto que comiencen a hacerse efectivos los despidos. Alegando riesgo de represalias, los abogados han pedido al juez que permita a los demandantes permanecer en el anonimato y que dicte una orden para preservar su situación laboral mientras se resuelve el arbitraje.

“Una vez que estas desvinculaciones sean definitivas, los daños serán irreversibles: pérdida de cobertura sanitaria subvencionada por la empresa durante el embarazo, la recuperación posparto o tratamientos médicos en curso; extinción de derechos de permiso sujetos a plazos; pérdida de acciones aún no consolidadas; y consecuencias migratorias para algunos trabajadores”, avisan los abogados.

La carrera de la inteligencia artificial tiene muchos frentes. Los modelos de frontera, tales como ChatGPT o los últimos sistemas de Anthropic que están en el centro de las discusiones geopolíticas, son solo uno de ellos. Bajo la superficie se libran otras competiciones. Una de las menos visibles, pero igual de decisiva es la de quienes diseñan los chips que se usarán para entrenar y ejecutar la IA, así como la tecnología que sirve de base para ello. Es un campo en el que las empresas están intentando meter el pie y que podría facilitar la competición en todos los demás.

Dos de los nombres propios de esa apuesta son Multiverse Computing y Openchip. La primera fundada en San Sebastián en 2019, la segunda en Barcelona en 2021. Dos startups que han recibido un fuerte apoyo del Gobierno por su potencial para poner las bases de centros de datos más sostenibles made in Spain, empezando por el concurso de la gigafactoría europea.

Esta iniciativa, con la que la UE quiere impulsar hasta cinco grandes infraestructuras para el desarrollo de modelos de frontera repartidas por el continente, ha colocado a las dos jóvenes empresas en el punto de mira. La startup de origen vasco está directamente involucrada en el proceso, con un 4% del capital de la sociedad que gestionará la candidatura de la gigafactoría española. Su contrapartida catalana podría estarlo muy pronto, puesto que ACS (uno de los socios mayoritarios del proyecto, junto a Telefónica y Banco Santander) está en conversaciones para convertirse en su accionista mayoritario.

El foco de ambas es reducir el consumo energético de la inteligencia artificial innovando en su infraestructura, pero su enfoque es diferente. Mientras que Multiverse intenta aplicar física cuántica a los modelos actuales para reducir hasta un 80% su factura eléctrica y una pérdida marginal de precisión, Openchip va directamente al corazón del problema: los chips.

Los mismos modelos, pero mucho más eficientes

Multiverse Computing nació de la idea de aplicar ciencia de frontera a los modelos de inteligencia artificial para hacerlos más ligeros y más baratos de ejecutar. Esas técnicas proceden de la física cuántica, el campo que promete revolucionar la computación en los próximos años. Pero en este caso no se trata de usar ordenadores cuánticos, aún muy inestables, sino de aplicar algunas de sus matemáticas a sistemas convencionales. Así “pueden alcanzar regímenes que antes se consideraban fuera del alcance de las capacidades computacionales clásicas”, detalla la startup.

De esta forma, Multiverse puede comprimir los modelos que ya están en el mercado, haciéndolos entre 4 y 12 veces más rápidos y generando un ahorro de costes y energía del 50 al 80%. A cambio, solo una pérdida “marginal” de precisión: “Se nota en tareas de razonamiento matemático complejo o generación de código muy específico, donde hay poco margen de error. En cambio, en clasificación, resúmenes o asistentes conversacionales, la mayoría de usos empresariales, es prácticamente indetectable”, explica a elDiario.es Enrique Lizaso, su director ejecutivo.

Esta tecnología le ha granjeado a Multiverse Computing más de 120 clientes en sectores como energía, banca, telecomunicaciones y defensa. También un nutrido grupo de inversores, como Telefónica, HP, Toshiba y múltiples fondos nacionales e internacionales. Entre ellos se encuentra el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que ha entrado en su capital con 166 millones de euros. Actualmente, cuenta con algo menos de 500 empleados.

La SETT, también conocida como la SEPI digital, opera bajo un modelo de coinversión: entra en las rondas de financiación de las startups españolas, alcanzando como máximo el 49% del capital. Un apoyo que permite a las empresas llegar a doblar la financiación que obtienen de inversores privados mientras impide que pierdan su anclaje con el territorio. “Nuestro objetivo es generar soberanía tecnológica”, explicó su director, Javier Ponce, en un reportaje de elDiario.es: “Que esa tecnología se quede en el territorio y no venga un fondo extranjero, como ha ocurrido en el pasado, compre la empresa y se lleve la tecnología fuera”.

Multiverse ha recibido ya dos inyecciones de dinero público de esta forma, una en 2025 de 59,2 millones de euros, y otra a finales de junio, de 107 millones. Esta última ha coincidido con el anuncio de la participación de la startup en la gigafactoría española, con un 4% del capital. “Nosotros aportamos la capa del software del centro de datos: modelos de IA optimizados, orquestación de GPUs, servicios de IA y soberanía. De este modo, hacemos que la infraestructura sea potente, pero también eficiente y soberana”, avanza Lizaso.

Chips abiertos y menos voraces

Uno de los proyectos de mayor calado geoestratégico en los que trabaja el Barcelona Supercomputing Center (BSC) gira en torno a RISC-V. Se trata de una arquitectura abierta para diseñar chips que podría reducir la dependencia europea de Intel o Nvidia. Openchip nació en 2021 como una iniciativa impulsada por el BSC junto a la ingeniería GTD para trasladar ese conocimiento al mercado.

Hoy es una de las apuestas más ambiciosas para desarrollar una industria europea de semiconductores avanzados orientados a la inteligencia artificial y la supercomputación. Ha recibido unos 261 millones de euros de apoyo público: unos 111 millones del PERTE chip (financiado con fondos europeos); 35 millones de la Generalitat de Catalunya, que posee un 5% de su capital; y otros 115 millones de la SETT, que cuenta con aproximadamente un 16%.

“Con una plantilla de 300 empleados, las unidades de procesamiento de chips que desarrolla, basadas en código abierto (RISC-V), tienen una eficiencia energética superior a otras soluciones. Por tanto, permite reducir el consumo de energía de los centros de datos que las usen”, explicó el Ministerio para la Transformación Digital en junio, cuando se confirmó esta última inversión.

“La necesidad de computación es muy alta y la necesidad de procesar datos de distintos sitios también lo es. Ahora bien ¿a qué coste?”, se preguntaba Cesc Guim, director ejecutivo de Openchip, durante el último Mobile World Congress, donde fue una de las startups invitadas para representar a España. Allí presentó una tecnología que permite a los chips revisar los modelos de IA antes de ejecutarlos para comprobar si han sido hackeados. “Nuestro objetivo es ayudar a Europa a tener aceleradores de inteligencia artificial y facilitar su adopción con soluciones que sean sostenibles, pero sobre todo centradas en la seguridad”, añadía Guim.

Openchip, en cualquier caso, está lejos aún de la fase operativa en la que sí está Multiverse. Actualmente, se encuentra desarrollando su primer prototipo. Sus primeros chips comerciales podrían llegar en 2028. Con todo, su tecnología ya ha llamado la atención de ACS, que está estudiando convertirse en su accionista mayoritario.

Se trata de una alianza que podría terminar resultando clave para la candidatura de la gigafactoría española, de la que la constructora presidida por Florentino Pérez es uno de los socios principales. Pero no solo: ACS se ha convertido en uno de los mayores contratistas de centros de datos del mundo. Si la tecnología en la que trabaja Openchip consigue chips comercialmente viables, la multinacional española tendría en su mano la capacidad de independizarse de los gigantes tecnológicos estadounidenses para llenar estas infraestructuras de los servidores necesarios para operar.

A falta de una confirmación oficial, la startup guarda silencio. “No hacemos comentarios sobre especulaciones y rumores del mercado”, comunicó una portavoz a este medio sobre la operación con ACS. “Openchip mantiene conversaciones con diversos socios y potenciales inversores como parte de su estrategia de crecimiento. Ofreceremos información actualizada si se produce algún avance significativo”.

ACS mantiene conversaciones para entrar en el accionariado de la compañía Openchip and Software Technologies, en la que han desembarcado también el Gobierno y la Generalitat de Catalunya, según han confirmado a EFE fuentes del mercado. La información, adelantada por El Confidencial, subraya que el grupo presidido por Florentino Pérez podría hacerse con una participación mayoritaria en la sociedad.

Desde ACS no han querido hacer comentarios al respecto. El pasado 29 de junio, el Consejo de Ministros autorizó que la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) invierta casi 116 millones de euros en la empresa Openchip para impulsar el diseño de chips de alto rendimiento y con mayor eficiencia energética para la IA y la supercomputación.

Openchip fue fundada en 2021 como una iniciativa entre el grupo de ingeniería GTD y el consorcio Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). La inversión de la SETT se suma y coordina con la autorización concedida previamente por el Govern de la Generalitat para la entrada de la administración autonómica en el accionariado de Openchip, que cuenta con una plantilla de 300 empleados.

En un comunicado enviado a elDiario.es, la empresa ha negado un acuerdo inminente. “Openchip mantiene conversaciones con diversos socios y potenciales inversores como parte de su estrategia de crecimiento. Ofreceremos información actualizada si se produce algún avance significativo”, manifiesta.

Las unidades de procesamiento de chips que desarrolla, basadas en código abierto, tienen una eficiencia energética superior a otras soluciones. Por tanto, permite reducir el consumo de energía de los centros de datos que las usen.

A comienzos del mes de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y altos ejecutivos de ACS, Telefónica y Santander se reunieron en la Moncloa para impulsar el consorcio público-privado que aspira a desarrollar la primera gigafactoría avanzada de IA en España, un proyecto en el que Francesc Fajula será el responsable ejecutivo.

El proyecto prevé una inversión cercana a los 5.000 millones de euros y está a la espera del lanzamiento de la convocatoria de la Comisión Europea para presentar su propuesta, una candidatura multisede en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid) para alojar la infraestructura tecnológica.

El consorcio estará impulsado por el Gobierno de España (que ostentará el 47,99 % de las acciones) y la Generalitat de Catalunya (1%), mientras que en la parte empresarial Telefónica tendrá el 15,67% del accionariado, el mismo porcentaje que ACS y Banco Santander, y Multiverse Computing contará con el 4% restante.

Meta ha anunciado que va a retirar una función de IA que permitía a los usuarios manipular las imágenes públicas de otros usuarios de Instagram, tras recibir una avalancha de críticas tanto de expertos, organizaciones de la sociedad civil como sindicatos de artistas y de los propios miembros de la plataforma.

“Nuestra intención era ofrecer una herramienta creativa útil y dar a las personas control sobre si su contenido público podía utilizarse de esta manera. Hemos escuchado las críticas de que esta función no cumplía ese objetivo, por lo que ya no está disponible”, ha expresado la corporación de redes sociales, propietaria también de Facebook y WhatsApp, en un comunicado.

Meta lanzó el pasado martes “Muse Image”, el primer modelo de generación de imágenes creado por su nuevo “Laboratorio de Superinteligencia”, un equipo en el que ha invertido decenas de miles de millones de dólares. Su intención es que el modelo estuviera profundamente integrado en Instagram, por lo que iba a permitir que cualquier usuario manipulara las imágenes publicadas por los perfiles públicos de la plataforma.

Esas fotografías alteradas podrían luego publicarse en Instagram sin que su autor original tuviera que dar permiso para ello recibiera ningún tipo de notificación, puesto que la opción venía activada por defecto. Este diseño, y el potencial impacto en la privacidad de los usuarios generaron en seguida una oleada de críticas contra Muse Image. Expertos en protección de datos avisaron en conversación con elDiario.es que la herramienta violaba incluso las leyes europeas.

SAG-AFTRA, el mayor sindicato de actores de Hollywood, afirmó en un comunicado “cualquier cosa que no sea una aceptación clara y evidente de este tipo de usos de las imágenes de los usuarios de Instagram es inaceptable, y supone un error de cálculo absoluto de la opinión pública respecto a los peligros y daños evidentes inherentes a dicho uso”. Muchos actores y actrices reconocidos alertaron a sus seguidores de esta nueva función a través de Instagram y explicaron como desactivarla.

“Ningún nombre, imagen, apariencia, voz ni obra creativa de ninguna persona debería ser utilizada por terceros, incluidos los modelos de inteligencia artificial, sin un consentimiento claro y documentado”, coincidía la Creative Artists Agency, una de las mayores agencias de representación de talento del mundo.

Por el momento, Meta no ha hecho más comunicados al respecto sobre sus para su nuevo generador de imágenes. Su desactivación, no obstante, recuerda a lo sucedido con el generador de imágenes de Grok, la IA de X, que también tuvo que ser desactivada en apenas unos días por la red social de Elon Musk. La gran diferencia en aquel caso fue que en ese corto período de tiempo la herramienta desencadenó uno de los mayores ataques machistas de la historia vividos en estas plataformas, con más de tres millones de imágenes sexualizadas de mujeres creadas sin su permiso, incluidas las de unos 23.000 menores de edad.

Apple ha acusado este viernes a OpenAI de robar secretos comerciales mientras la creadora de ChatGPT desarrolla su propio hardware, lo que supone una quiebra en la colaboración entre el fabricante del iPhone y la empresa de inteligencia artificial.

Apple afirma en la demanda presentada ante un tribunal federal de California que el robo de secretos comerciales formaba parte de un “patrón coordinado de conducta indebida a nivel institucional” por parte de OpenAI, informa AP.

“Este caso trata sobre el robo de secretos comerciales de Apple por parte de antiguos empleados de la empresa en beneficio de OpenAI”, dice el escrito: “Apple interpone esta demanda para poner fin a esta situación”.

Dos antiguos empleados de Apple que ahora trabajan para OpenAI también figuran como demandados.

Uno de ellos es Tang Tan, que ayudó a diseñar el iPhone, el Apple Watch y el iPod y ahora es director de hardware de OpenAI. El otro es Chang Liu, un antiguo ingeniero eléctrico al que, según Apple, se le confiaron algunos de sus proyectos de desarrollo de productos más sensibles antes de que Liu dejara Apple para incorporarse a OpenAI a principios de este año.

OpenAI nunca ha revelado exactamente qué tipo de dispositivo está desarrollando, pero lo ha descrito como una nueva forma de interactuar con la IA que vaya más allá de “los productos e interfaces tradicionales”.

Forma parte de una iniciativa más amplia para crear una encarnación física de los últimos avances en IA, una década después de que Amazon y Google introdujeran en los hogares altavoces inteligentes capaces de interactuar por voz y sin pantalla. La demanda alega que este proyecto se basó, en parte, en conocimientos sustraídos a Apple.

“El incipiente negocio de hardware de OpenAI se asienta sobre cimientos inestables, podridos hasta la médula por su dependencia ilegal de secretos comerciales sustraídos”, afirma la demanda.

Apple ha declarado que comenzó a investigar si parte de su información confidencial se había visto comprometida y descubrió “un patrón de robo” de secretos comerciales de Apple por parte de antiguos empleados que pasaron a ocupar puestos en OpenAI.

La demanda alega que tanto Liu como Tan accedieron a información y archivos confidenciales de Apple desde OpenAI. Entre las acusaciones, Apple afirma que Liu accedió y descargó varios archivos confidenciales relacionados con el hardware en un dispositivo proporcionado por Apple que conservó tras su salida de la empresa, informa AP.

También alega que Tan ordenó a candidatos a un puesto de trabajo en OpenAI que aún trabajaban para Apple que llevaran “piezas reales” de Apple a sus entrevistas en OpenAI.

Apple afirma en la demanda que se puso en contacto con OpenAI en febrero para plantear sus inquietudes en una fase temprana de su investigación, pero señala que OpenAI no respondió.

Un portavoz de Apple ha declarado este viernes que la empresa “siempre defenderá el duro trabajo y las innovaciones de nuestros equipos, y estamos tomando todas las medidas adecuadas para hacerlo”.

Apple solicitó ayuda a OpenAI hace varios años, ya que se había quedado rezagada en la carrera por la IA tras la llegada de ChatGPT.

Las dos empresas se asociaron en 2024 para utilizar ChatGPT como un “motor de respuestas” basado en IA en el iPhone, cuando la tecnología Siri integrada no lograba satisfacer las necesidades de los usuarios. Pero esa colaboración ha derivado en rivalidad.

En su estrategia de expansión, OpenAI contrató al antiguo diseñador de Apple, Jony Ive, para supervisar un proyecto destinado a crear un dispositivo basado en IA que, según muchos analistas, podría llegar a hacer competencia a los productos de Apple.

El año pasado, OpenAI anunció que estaba trabajando en una colaboración secreta en materia de hardware con Ive para ser pioneros en una nueva forma de comunicarse con la inteligencia artificial.

Como parte de dicha colaboración, OpenAI adquirió io Products, una empresa de productos e ingeniería cofundada por Ive, Tan y otras dos personas, en una operación valorada en casi 6.500 millones de dólares.

Esto llevó a una startup tecnológica poco conocida, iyO Inc., a demandar a Ive y al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, por infracción de marca registrada debido a la similitud del nombre y a las interacciones pasadas entre ambas empresas.

La startup también demandó a uno de sus propios antiguos empleados por filtrar presuntamente un boceto confidencial de un producto aún no lanzado de iyO, y posteriormente añadió a la demanda acusaciones de robo de secretos comerciales contra Tan.

La demanda de Apple también incluye a io Products como demandada.

La demanda de Apple se produce en un momento en que OpenAI está estudiando la posibilidad de salir a bolsa en Wall Street y se enfrenta a una mayor competencia por parte de rivales como Anthropic y Google.

OpenAI redujo algunas de sus iniciativas empresariales a principios de este año para centrarse en su producto principal, ChatGPT, pero ha seguido trabajando en el desarrollo de un dispositivo, según declaró la directora financiera de la empresa, Sarah Friar, a Associated Press esta primavera: “Tenemos un dispositivo de consumo que saldrá a la venta a finales de este año”.

Las acusaciones por incumplir las leyes europeas siguen ahogando a Facebook e Instagram. La Comisión Europea ha anunciado este viernes que ambas redes sociales de Meta tienen “un diseño adictivo” con lo que incumplirían la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Bruselas señala a la compañía de Mark Zuckerberg porque “no ha evaluado adecuadamente los riesgos que plantea el diseño adictivo de sus plataformas para el bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos los menores de edad y los adultos vulnerables”.

Según la Comisión, características de diseño como “las recomendaciones altamente personalizadas, la reproducción automática y el desplazamiento infinito, que muestran constantemente nuevos contenidos a los usuarios alimentan el impulso de seguir desplazándose por la pantalla y hacen que el cerebro entre en un 'modo piloto automático', contribuyendo a desarrollar hábitos poco saludables y un uso compulsivo de las plataformas”.

Por otro lado, también se acusa a Facebook e Instagram de “ignorar la información disponible sobre el tiempo que los menores pasan en Instagram o Facebook durante la noche y sobre cómo la optimización de formatos como los reels y las stories puede favorecer un uso excesivo o compulsivo de estos servicios”.

Medidas “claramente insuficientes” de las redes sociales

Tanto Facebook como Instagram han puesto en marcha algunas medidas para mitigar los riesgos, que la Comisión advierte que son “claramente insuficientes”. Por ejemplo, explican los técnicos de la institución europea, las herramientas de gestión del tiempo de uso de Instagram y Facebook, incluidas las que están activadas por defecto para los adolescentes, “pueden desactivarse fácilmente y no consiguen reducir ni controlar de manera significativa el tiempo que los usuarios pasan en estas plataformas”.

Por otro lado, los controles parentales de Meta “solo son realmente eficaces si los padres o tutores poseen conocimientos técnicos suficientes y dedican tiempo y esfuerzo a comprender su funcionamiento”, lo que reduce su eficacia. Además, iniciativas de sensibilización de Meta, como los consejos sobre salud mental disponibles en la página independiente 'Centro de Seguridad' “no rebaja el riesgo asociado al diseño adictivo de Facebook e Instagram”.

Facebook e Instagram están bajo varias investigaciones

Esta acusación es la segunda en pocos meses a la que se tiene que enfrentar el gigante tecnológico estadounidense, ya que Bruselas también imputó a ambas redes sociales por infringir la DSA al “no identificar, evaluar y mitigar el acceso a sus servicios por parte de menores de 13 años”.

Ambas acusaciones son graves y pueden acabar con una multa de hasta el 6% del volumen mundial de negocio de las redes sociales. Meta facturó 168.016 millones de euros en 2025, de los que el grueso, 164.010 millones de euros, fueron gracias a la publicidad que gestionan sus redes sociales.

En caso de que la tecnológica estadounidense no quiera que el proceso siga adelante y acabar con una multa multimillonaria, la Comisión le indica que debe introducir cambios en el diseño tanto de Instagram como de Facebook: “Desactivar por defecto funciones especialmente adictivas como la reproducción automática (autoplay) y el desplazamiento infinito (infinite scroll), implantar pausas efectivas para limitar el tiempo de pantalla (screen time breaks) y modificar el sistema de recomendaciones para que esté menos orientado a maximizar la interacción de los usuarios”.

Las acusaciones que ha anunciado la Comisión este viernes forman parte de una investigación que se inició en mayo de 2024. Además de la causa por permitir el acceso a los menores de 13 años, Bruselas también investiga a Facebook e Instagram por los denominados efectos de «agujero de conejo» (rabbit hole effects), generados por el diseño de los sistemas de recomendación de Facebook e Instagram, que podrían explotar la vulnerabilidad y la falta de experiencia de los menores.

Sony dejará de producir videojuegos de PlayStation en formato físico a partir de 2028. Sus famosos discos, que acompañan a la firma desde la PlayStation 1 de 1994, pasarán a mejor vida y con ellos, las cajas que han servido de trofeo para millones de jugadores durante tres décadas. La empresa japonesa asegura que solo sigue “las preferencias de los consumidores y la industria” y, de hecho, podría ser emulada próximamente por la otra gran plataforma, Xbox. No obstante, la decisión pone fin a una era en los videojuegos y ha generado protestas tanto entre jugadores como entre las tiendas que los venden.

“A medida que las preferencias de los consumidores y la industria del entretenimiento en general se alejan cada vez más de los discos físicos en favor de lo digital, la producción de discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen en las consolas PlayStation se interrumpirá a partir de enero de 2028”, ha comunicado Sony. “Después de esta fecha, los nuevos juegos estarán disponibles en PlayStation Store y en tiendas físicas únicamente en formato digital”, añade.

La firma japonesa afirma que la “transición no afecta a los juegos que ya se lanzaron o se lanzarán antes de enero de 2028 en formato físico”, pero sí aparecerá antes de esa fecha en sus principales buques insignias. El esperado GTA VI, que lleva 8 años en desarrollo y cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 19 de noviembre, no tendrá una versión física. La caja, que sí se venderá en tiendas, solo incluirá un código de descarga para el formato digital.

“Esta es una evolución natural para Sony Interactive Entertainment, que busca adaptarse a las tendencias de consumo, ya que la preferencia general por los medios digitales supera con creces la de los discos físicos. Esta transición nos permitirá alinearnos mejor con la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder a los videojuegos y jugarlos hoy en día”, añade Sony.

Aproximadamente el 85% de las ventas de videojuegos durante el último trimestre de Sony fueron digitales, según las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de marzo. Y si bien la empresa lo enfoca como una decisión meramente comercial, lo cierto es que la medida parece querer aliviar la presión sobre las acciones de la compañía, que habían caído un 20% desde que comenzó 2026.

Problemas en la mayor industria cultural

La industria de los videojuegos se ha convertido en la mayor industria cultural del planeta. Según los datos de la consultora IDC, su facturación se acerca ya a los 175.000 millones de euros al año, más que el cine y la música juntas. Sin embargo, sus dos gigantes, Sony y Xbox, atraviesan problemas económicos.

Sony arrastra el fracaso de la compra del estudio Bungie, autor de sagas como Halo y Destiny, por unos 3.000 millones de euros. Tras una serie de lanzamientos poco exitosos, las últimas cuentas de la compañía japonesa evidenciaron que el estudio le está suponiendo un agujero de pérdidas millonarias, de unos 480 millones de euros solo en el último trimestre. Una crisis similar atraviesa a su competencia Xbox, que esta semana anunció el despido de 3.400 trabajadores. “Nuestro negocio hoy no está sano. Operamos con márgenes entre tres y diez veces inferiores a los de plataformas y empresas similares”, justificó su consejera delegada.

El fin de los formatos físicos en ambas plataformas (diversas filtraciones apuntan a que las próximas vídeoconsolas de las dos marcas no incluirán ninguna versión con lector de discos) supone un alivio de costes. Los juegos digitales eliminan los costes de producción y distribución de discos, así como la necesidad de dejar margen para que los minoristas añadan su comisión.

En el caso de Sony, el anuncio supuso un respiro para sus acciones de casi un 8%, que ayudó a mitigar la caída arrastrada desde enero. Tras esa subida, su consejero delegado vendió la mitad de los títulos de la compañía que poseía, en una operación que le reportó casi 5 millones de dólares.

Los juegos digitales y la cuestión de la propiedad

La decisión de Sony de abandonar el formato físico ha reavivado el debate sobre la propiedad real de los videojuegos digitales. Aunque los usuarios pagan por ellos de igual forma a como lo hacen por los discos físicos, en la práctica lo que se adquiere es una licencia de uso vinculada a una cuenta y sometida a las condiciones de la plataforma. Esto implica que el acceso al juego depende de que el servicio siga operativo y de que el distribuidor mantenga los derechos necesarios para ofrecerlo.

Es precisamente este argumento el que ha expresado la cadena de tiendas Game para criticar la decisión de Sony. “Cada vez que desaparece una edición física, perdemos la libertad de disfrutar de nuestra afición tal y como queremos: la posibilidad de prestar un juego a un amigo, de revenderlo, de coleccionarlo, de conservarlo o, simplemente, de elegir dónde y cómo lo compramos, sin monopolios”, ha manifestado la empresa en un comunicado.

“Para millones de jugadores no es solo una caja en una estantería: son recuerdos, colecciones, ediciones especiales, historia del videojuego y, sobre todo, derechos como consumidores”, continúa Game: “Nos quieren hacer creer que esto es una evolución natural, pero nosotros creemos que el futuro no debería construirse eliminando opciones, sino ampliándolas. Digital y físico pueden convivir; de hecho, llevan años haciéndolo”.

Esta misma reivindicación se lee en foros y redes sociales de todo el mundo, con miles de aficionados llamando incluso al boicot contra Sony.

Protestas y llamamientos al boicot

Las cuentas oficiales en redes sociales de PlayStation quedaron en completo silencio durante varios días después del anuncio del fin de la producción del formato físico. Este martes retomaron las publicaciones, lo que fue aprovechado por decenas de miles de jugadores para expresar su disconformidad con su decisión.

La primera publicación en X del perfil de PlayStation acumula ya 65.000 respuestas con quejas, memes y críticas por el final de los discos, con miles de jugadores compartiendo imágenes que aseguran que “sin discos, no hay compra”.

La animosidad ha continuado en las siguientes publicaciones de la marca, que ha retomado su actividad de redes normal. “Las compras digitales son licencias, no propiedad. Sony puede revocar el acceso. Esto genera preocupaciones sobre la propiedad a largo plazo, la preservación de juegos, la reventa, el préstamo y la dependencia de servidores/tiendas”, reza la nota de la comunidad que los usuarios han incluido en una de las publicaciones, una herramienta de X mediante la cual se puede añadir contexto a un tuit sin el consentimiento de su autor original.

Las quejas han avivado también el debate sobre la preservación de los videojuegos como patrimonio cultural. A diferencia de un libro o una película en formato físico, un videojuego digital puede dejar de ser accesible cuando desaparecen las tiendas en línea, expiran los acuerdos de licencia o los servidores dejan de funcionar. Museos, investigadores y organizaciones dedicadas a conservar la historia del medio llevan años alertando de que buena parte del catálogo de videojuegos corre el riesgo de perderse simplemente porque las plataformas no tienen ningún incentivo económico para mantenerlos.

Es una preocupación que comparte por ejemplo Fran Cifaldi, fundador de Video Game History Foundation y una de las figuras más reconocidas en este ámbito. Tras el anuncio de Sony, el especialista sostuvo que, mientras la industria no ofrezca una vía legal para garantizar la conservación de los juegos, las copias no autorizadas seguirán siendo la única alternativa para preservar parte de ese legado. “Como director de una institución dedicada a la preservación de videojuegos históricos, y habiendo dedicado toda mi vida adulta a esta causa, puedo afirmar que esto es cierto. Hemos intentado colaborar con la organización gremial del sector para encontrar una vía legal, pero se niegan a ofrecer una alternativa viable”, ha afirmado.

Este martes, Meta anunció el lanzamiento de una nueva herramienta de generación de imágenes con inteligencia artificial que se implantará gradualmente en sus servicios. El nuevo modelo, llamado Muse Image, tendrá una implantación especialmente profunda con Instagram, su red social de fotos y vídeos. Hasta el punto de permitir que cualquier contenido publicado por un perfil público de la plataforma sea usado como base para manipularlo o generar imágenes nuevas.

La duda tras el lanzamiento de Muse Image entre algunos especialistas era si Meta habilitaría esta opción en la UE de la misma forma que en EEUU, donde la posibilidad de que las imágenes sean manipuladas por la herramienta está activada por defecto para todos los perfiles públicos. Preguntada por elDiario.es, la compañía ha asegurado que la función “está disponible globalmente” y que la única manera de bloquearlo es hacerlo manualmente desde los ajustes, sin hacer distinciones para los usuarios europeos o las especiales reglas de privacidad de la UE, por las que Meta ha sido sancionada en repetidas ocasiones.

En este momento la herramienta está disponible a través de la aplicación Meta AI y el navegador web, así como en WhatsApp y en las Historias de Instagram para los usuarios de EEUU. Para generar contenido a partir de imágenes publicadas en Instagram, basta con que alguien etiquete un perfil público (utilizando su @) y podrá usar Meta AI para crear una imagen basada en esa fotografía.

Por ejemplo, un usuario puede escribirle a Meta AI “genera una imagen de @usuario en la playa” o “viste de payaso a @usuario”, y el sistema tomará las fotos públicas de esa cuenta para construir la imagen solicitada, sin que la persona etiquetada lo sepa ni lo autorice.

Para desactivar la opción, es necesario abrir el apartado “configuración” desde la aplicación de Instagram, accesible desde las tres líneas de la esquina superior derecha de la pantalla del perfil. Después, hay que desplazarse hasta la pestaña “Compartir y reutilizar”. Aquí es donde aparecerá una opción denominada “Permitir que las personas usen tu contenido en Instagram y con funciones de IA en Meta”, que es necesario apagar. Si no aparece esta opción, es debido a que Meta aún no ha extendido las nuevas funciones a ese perfil en concreto, por lo que es necesario esperar a que lo haga.

Puede violar la normativa europea

Esta configuración basada en deshabilitar la opción y no al contrario es lo que más critican los especialistas. Muchos usuarios con el perfil público, como músicos, artistas o profesionales de todo tipo que utilizan Instagram para compartir su trabajo podrían ver cómo sus publicaciones pueden ser manipuladas por las herramientas de IA de Meta sin su consentimiento. La plataforma no avisa al autor original cuando otro usuario utiliza sus contenidos como base para generar imágenes nuevas.

“No recibirás ninguna notificación sobre el contenido creado mediante las funciones de IA de Meta”, indica la página de ayuda de la compañía. Este contenido manipulado podrá aparecer, además, en el buscador público de Instagram si el usuario que lo generó lo publica en abierto.

“Desde el punto de vista de la normativa, no es lo mismo 'poder oponerte' (opt-out) que 'consentir activamente' (opt-in)”, explica Jorge García Herrero, abogado especialista en protección de datos. “Si tú te abriste una cuenta de Instagram en 2020, antes de la fiebre de la IA generativa, tu 'consentimiento' a los términos y condiciones no podía comprender, no podría referirse a funcionalidades como esta novedad de Muse image”, con la que cualquier usuario puede “invocar tus fotos públicas para generar lo primero que se le pase por la cabeza”, detalla.

Esto viola el RGPD. Si tú te abriste una cuenta de Instagram en 2020, antes de la fiebre de la IA generativa, tu 'consentimiento' a los términos y condiciones no podía comprender, no podría referirse a funcionalidades como esta

Jorge García Herrero — abogado especialista en protección de datos

El abogado es claro: el diseño de la nueva herramienta no respeta la normativa europea de privacidad. “Esto no sólo viola el RGPD (la norma que exige el consentimiento activo y separado para hacer esto), también implica la responsabilidad compartida de Meta por cualquier lesión al honor, intimidad o propia imagen que un usuario sufra por las ocurrencias 'generativas' o 'sintéticas' de otro”, asevera.

Herrero recuerda que el Tribunal de Justicia de la UE ya se ha posicionado sobre la manipulación de imágenes personales con herramientas de IA. El pasado diciembre, los magistrados sentenciaron que “es responsabilidad de la plataforma cerciorarse de que 'el usuario que genera' cuenta con el consentimiento u otra base legal para utilizar datos o imágenes ajenas”. “Pero es obvio que esto a Meta le da igual”, denuncia.

Protestas

Meta ha presentado la herramienta como una manera de personalizar las publicaciones de otras personas de manera “colaborativa”. “Ya sea que quieras diseñar una invitación personalizada para un evento, crear un concepto creativo colaborativo o generar un gráfico personalizado, etiquetar un nombre de usuario permite que Meta AI utilice fotos públicas para crear una imagen lista para publicar”, dice en su blog oficial. No obstante, el diseño de la herramienta hace que el usuario pierda cualquier control sobre los contenidos generados a partir de sus propias imágenes.

Este hecho ha producido que se generen críticas masivas contra Meta en EEUU, donde las nuevas funcionalidades ya están ampliamente implantadas. La Creative Artists Agency (CAA), una de las mayores agencias de representación de talento del mundo, ha afirmado en un comunicado que “ningún nombre, imagen, apariencia, voz ni obra creativa de ninguna persona debería ser utilizada por terceros, incluidos los modelos de inteligencia artificial, sin un consentimiento claro y documentado”.

Ningún nombre, imagen, apariencia, voz ni obra creativa de ninguna persona debería ser utilizada por terceros, incluidos los modelos de inteligencia artificial, sin un consentimiento claro y documentado

Creative Artists Agency

“La verdadera innovación pone a los creadores en el centro: respeta sus derechos, protege sus medios de vida y les da un control real, en lugar de cederlo a las plataformas. Hemos trasladado nuestras preocupaciones a Meta en nombre de nuestros clientes, expresando nuestro desacuerdo y nuestra posición sobre la necesidad de un enfoque más responsable. Pedimos a Meta que haga de la protección la opción por defecto en Muse Image, y no la excepción”, añade.

En España, actrices cómo Ester Expósito han alertado de cómo estas herramientas se están utilizando para manipular imágenes sin permiso de las personas que aparecen en ellas, muchas veces con objetivos machistas o sexualizantes.

La decisión de Meta llega además pocos meses después del escándalo de sexualización de imágenes protagonizado por Grok, la IA de X. A principios de este 2026, la red social de Elon Musk habilitó la opción de manipular con IA cualquier imagen publicada de forma abierta en la plataforma, lo que desembocó en una avalancha de creación de imágenes sexualizadas de mujeres y niñas, que vieron como sus fotografías eran manipuladas para mostrarlas en ropa interior o bikini sin su consentimiento.

La UE y diversos países alrededor del mundo abrieron investigaciones al respecto. Los estudios posteriores del escándalo indicaron que Grok llegó a crear 3 millones de imágenes sexualizadas, incluidas 23.000 que mostraban a menores. En su comunicación con elDiario.es, portavoces de Meta han explicado que sus herramientas están diseñadas con medidas de seguridad para ayudar a “evitar la generación de contenido perjudicial”.

Meta ha revelado en un documento judicial que los fiscales generales de cuatro estados de Estados Unidos le reclaman sanciones por valor de 1,4 billones de dólares (880.000 millones de euros) en el marco del litigio que acusa a la compañía de diseñar Facebook e Instagram para generar adicción entre los usuarios jóvenes. La demanda, a la que ha tenido acceso la agencia Reuters, sostiene que la empresa oculta los riesgos de sus plataformas para la salud mental de los menores.

La cuantía de la multa aparece en la respuesta de Meta a los escritos de los fiscales generales, en los que estos explican cómo debería calcularse la sanción económica. La cifra, que equivale prácticamente a la capitalización bursátil total de la compañía, que este martes cerró en 1,54 billones de dólares. “Una sanción de tal magnitud no tiene precedentes en la historia de la aplicación de la legislación en materia de protección del consumidor”, ha protestado la dirección de Meta en sus alegaciones.

El proceso sale a la luz semanas antes de que comience el juicio, que tendrá lugar en la localidad de Oakland, en California. Los estados demandantes son California, donde Meta tiene su sede legal, a la que se han unido los fiscales generales de Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Estos calculan la penalización multiplicando el importe de las multas contempladas en sus leyes locales por el número estimado de adolescentes afectados.

El fiscal general de California, Rob Bonta, ha señalado que el proceso judicial busca obligar a Meta a asumir su responsabilidad por haber antepuesto los beneficios económicos a la seguridad infantil. “Meta ha antepuesto los beneficios a la seguridad de los niños y ha agravado la crisis de salud mental que, según observamos, está afectando a toda una generación de niños estadounidenses. El Departamento de Justicia de California espera poder exigir a Meta que rinda cuentas plenamente en el juicio que se celebrará en agosto”, ha afirmado un portavoz.

Este proceso forma parte de una ofensiva judicial a gran escala en el país. Veintinueve estados han demandado a la corporación en la justicia federal por recolectar información de menores sin el consentimiento de sus tutores, vulnerando la legislación estadounidense de privacidad infantil. El juicio de agosto ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers unificará estas reclamaciones junto con las acusaciones específicas de los cuatro estados sobre el diseño adictivo de los servicios. A esta vista le seguirá otro juicio en febrero del próximo año en el que participarán otros 14 estados.

La presión sobre el sector se ha incrementado tras los recientes reveses en los tribunales. El pasado marzo, un jurado del estado de Nuevo México condenó a Meta a abonar 375 millones de dólares tras probarse que la empresa engañó a los consumidores locales.

Meta niega los cargos argumentando que la adicción a las redes sociales no es una condición psiquiátrica reconocida. La jueza del caso rechazó el mes pasado el intento de la compañía de suspender el proceso, al considerar que existen discrepancias sobre si las aplicaciones se dirigen a los niños. Otras empresas del sector como Snapchat, Alphabet (Google) y ByteDance (TikTok) afrontan miles de reclamaciones similares en los tribunales estadounidenses por el impacto de sus algoritmos de recomendación en la población menor de edad.

La campaña de demandas en EEUU tiene un eco en el resto del mundo a través de diversas propuestas de regulación para prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. Australia fue el primer país en aprobarla, con resultados contradictorios, mientras que en España, Francia y Reino Unido se encuentra en tramitación parlamentaria.

España, junto a Francia y Kenia, han impulsado la creación de una alianza que integrarán una veintena de países con el objetivo de garantizar una inteligencia artificial “respetuosa y saludable” para la infancia. La iniciativa, constituida este martes en Ginebra bajo el amparo de Naciones Unidas, se denomina Coalición Internacional para los Derechos y la Protección de la Infancia en la Era de la Inteligencia Artificial.

“Algunos milmillonarios han estado haciendo mucho dinero con los datos de nuestros niños. Esto debe terminarse. Es hora de que sean responsables”, ha declarado durante la presentación de la coalición el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

El representante del Gobierno español también ha expresado la necesidad de impedir que la inteligencia artificial reproduzca las dinámicas de captación masiva de datos personales, así como de imponer medidas que frenen que “niños y adolescentes” puedan “acceder a sitios donde les pueden hacer daño” en Internet.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha emprendido una campaña a nivel internacional para defender que los magnates tecnológicos deben ser responsables legales de los daños que ocasionan sus plataformas. También de imponer la verificación de edad digital, una medida que en España se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria y que se ejecutaría a través de la aplicación Cartera Digital Beta.

La alianza formalizada hoy en Ginebra cuenta con el respaldo de Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, República Checa, El Salvador, Estonia, Indonesia, Italia, Japón, Luxemburgo, Marruecos y Países Bajos. Asimismo, se han sumado la UE, Unicef (la agencia de la ONU de protección a la Infancia), la Unesco (su homóloga para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

La propuesta regulatoria de la Coalición pretende “desarrollar sistemas de IA seguros, fiables, dignos de confianza, respetuosos con los derechos de la infancia y con un enfoque centrado en las personas”. También se comprometen a “garantizar” que las opiniones de los menores “contribuyan de forma significativa al diseño, el despliegue y la gobernanza de los sistemas de Inteligencia Artificial que les afectan, en consonancia con su derecho a ser escuchados”.

El documento ratificado hoy se sustenta en las conclusiones del primer informe del Panel Científico de la IA, que confirma que “estas tecnologías crean nuevas oportunidades, pero también amplifican riesgos como la manipulación, el contenido dañino, la generación de pornografía y material de abuso sexual infantil a partir de deepfakes y la segmentación algorítmica de menores”, explica el Ministerio en un comunicado.

La inciativa de la Coalición coincide con la aprobación en Consejo de Ministros de la nueva ley de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, con la que busca combatir la difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial, los conocidos como deepfakes, entre otras cuestiones. Tras la luz verde del Gobierno, el documento está listo para empezar su tramitación parlamentaria en el Congreso.

Copiar las mejores estrategias, para luego mejorarlas y abaratarlas a través de financiación estatal masiva y una competencia brutal en el mercado interno. Es una política industrial que China lleva décadas perfeccionando y que le permite desarrollar empresas capaces de asaltar el mercado global una vez que salen al exterior. Así es como Europa se está llenando poco a poco de coches eléctricos chinos, como antes ocurrió con los paneles solares. Es, también, la estrategia que guía su próximo gran desembarco: la inteligencia artificial.

El primer gran momento de la IA china sucedió a principios de 2025 con el modelo DeepSeek-R1. Entonces, este pequeño laboratorio con sede en Hangzhou demostró que podían desarrollarse grandes modelos de IA con una fracción del coste de entrenamiento en el que estaba incurriendo su competencia estadounidense. Su publicación borró de un plumazo más de un billón de dólares de capitalización de las grandes tecnológicas estadounidenses, de los que 590.000 millones correspondieron a Nvidia.

Sin embargo, aquel primer “efecto DeepSeek” tuvo escaso impacto para el gran público. El uso de modelos chinos siguió siendo residual en el usuario medio. Pero no en todos los sectores ocurrió igual: en áreas especializadas, como desarrollo de software o aplicaciones empresariales, sistemas como DeepSeek o Qwen (el modelo de la multinacional china de comercio electrónico Alibaba) empezaron a ganar cada vez más cuota de mercado, llegando a liderarlo en algunas categorías.

Una tendencia que ha tenido un punto de inflexión entre principios de mayo y finales de junio. El uso de la IA para propósitos profesionales se ha disparado casi un 80%, con los modelos chinos llevándose la mayoría de ese crecimiento.

Según los datos de uso de OpenRouter, una plataforma que agrupa cientos de modelos de IA y deja a desarrolladores y compañías elegir entre ellos, los seis sistemas más usados ahora mismo son de origen chino.

Claudio Feijoo, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid especializado en economía y tecnología chinas, explica que hay varios motivos detrás de este vuelco. Y avisa de que esto es solo el principio: “El resultado de todo esto es una ola de inteligencia artificial china que nos va a llegar para la que no estamos preparados. Va a ser básicamente más competitiva y va a apoyarse en las ventajas industriales que tiene China, que de alguna manera también destruyen el liderazgo de Estados Unidos”.

Siempre más barato

No hay sorpresas aquí. Las empresas chinas han conquistado el liderazgo a las estadounidenses ofreciendo un producto más barato. Pero, en esta ocasión, se ha basado en una estrategia en dos niveles que ha terminado desembocando en que sus sistemas de IA se conviertan en la solución obvia para muchas empresas.

A nivel profesional, el negocio de la IA funciona por pago por uso: cada consulta se cobra en “tokens”, las fracciones de texto que consume una IA al leer o generar una respuesta. Cuanto más larga o compleja es la interacción, más tokens se gastan y más se paga.

Ellos dicen: ¿qué es lo que está marcando el precio del mercado, los tokens? Pues vamos a abaratarlos subvencionado la energía que consumen los centros de datos

Claudio Feijoo — catedrático y director para Asia de la Universidad Politécnica de Madrid

A esto se suman los llamados “agentes”, programas que pueden automatizar desde la escritura de código hasta múltiples procesos empresariales, y que son la base del sorpasso de Anthropic a OpenAI. Sin embargo, este sistema dispara el coste de la IA porque es la máquina la que decide cuántos pasos realiza para completar cada misión (y por consiguiente, cuántos tokens consume). El caso más famoso es el de Uber, que tuvo que aplicar una restricción al uso de IA entre sus empleados tras quemar todo su presupuesto anual de IA en abril. Walmart, Amazon y Cisco también han aplicado medidas parecidas.

Los modelos chinos ofrecen herramientas similares pero mucho más baratas. Hasta 20 veces más baratas, según los datos de OpenRouter. Pueden hacerlo, en parte, por la política industrial china de “subvenciona todo lo que puedas”, explica Feijoo: “Ellos dicen: ¿qué es lo que está marcando el precio del mercado, los tokens? Pues vamos a abaratarlos subvencionando la energía que consumen los centros de datos, o construyendo centros de datos públicos donde entrenar los modelos”.

La apuesta china por los “pesos abiertos”

La estrategia de guerra de precios tradicional de la industria china solo cuenta una parte de la historia. La segunda clave es la apuesta del gigante asiático de dar más libertad a sus clientes para personalizar y programar los modelos de IA, en contraposición a los sistemas cerrados característicos de las multinacionales estadounidenses. Feijoo explica que los sistemas chinos tampoco pueden ser considerados de “código abierto” puesto que no dan datos sobre el entrenamiento de los modelos, pero sí de “pesos abiertos”.

Un modelo de “pesos abiertos” permite al usuario descargar el sistema de IA, modificar algunos parámetros según sus necesidades y ejecutarlo en sus propios servidores. Esto hace que no dependa de la nube de la empresa que lo creó ni que tenga que pagar por cada consulta. Es esta política, unida a los costes disparados de la IA derivados del modelo de tokens y agentes, la que ha impulsado como nunca a los modelos chinos.

La unión de los pesos abiertos y la guerra de precios ha hecho que el uso empresarial vire muy rápidamente hacia modelos chinos como DeepSeek, MiMo (Xiaomi), MiniMax, Hy3 (Tencent) o GLM-5.2. Este último está desarrollado por la empresa Z.ai, quien afirma haber igualado algunas de las capacidades de Mythos, el modelo de Anthropic que ha puesto en alerta a la ciberseguridad mundial.

“En un mundo en el que cada vez se recurre más al uso de tokens y a la inferencia, los modelos de peso abierto ganan en valor relativo y competitividad. La relación coste-rendimiento cobra mayor importancia”, dice Michael Spencer, analista especializado en inteligencia artificial y autor de AI Supremacy.

Ese momento puede ser uno de los más importantes a nivel estructural para el negocio de la IA. Spencer lo denomina “Apocalipsis de los tokens”: “El Apocalipsis de los tokens es ese momento crucial en el que las empresas se dan cuenta de que utilizar modelos chinos de pesos abiertos o modelos de código abierto desarrollados en Occidente se ha convertido en una necesidad. Creo que julio de 2026 será ese momento. Si estoy en lo cierto, podría frenar el crecimiento de los gigantes de la IA como Anthropic, OpenAI, Google, SpaceX, Meta y otros”.

“Esto también supone un gran reto para la burbuja de la IA”, avisa.

IA china en los productos chinos

Hasta ahora, los datos han ofrecido señales de cómo China está dándole la vuelta a la carrera de la IA en sectores especializados. Pero el negocio real, tanto para el gigante asiático como para el resto del mundo, es llevar esta tecnología al uso cotidiano del gran público. Y aquí también ha tomado la delantera.

Aprovechando su estatus como la “fábrica del mundo”, uno de los principales pilares del último Plan Quinquenal de Pekín, centrado en la IA, se denomina “Embodied AI”, que podría traducirse como IA corpórea o IA encarnada. Se trata de incorporar sus sistemas de IA a los coches eléctricos, los drones, los robots, los electrodomésticos, los juguetes y todos los dispositivos susceptibles de incorporarla.

“Para los legisladores de China, este tipo de inteligencia artificial 'incorporada' es una vía atractiva para lograr una profunda integración de la IA en el tejido económico y social. Los beneficios percibidos incluyen impulsar el crecimiento, aumentar el poder económico y militar y (posiblemente) alcanzar la inteligencia artificial general”, detalla el Mercator Institute for China Studies (MERICS), el mayor centro de investigación europeo especializado en China.

La estrategia fía buena parte de su éxito a la extensión de los robots humanoides, un sector casi marginal en occidente pero que está explotando en el gigante asiático. En 2025, cerca del 90% de los robots humanoides fabricados en el mundo salieron de China. Mientras un modelo occidental como el Atlas de Boston Dynamics supera los 120.000 euros, empresas chinas como Unitree ofrecen su robot G1 por algo más de 11.600 euros.

La dependencia oculta

En un momento en que Europa presta más atención que nunca a las dependencias derivadas de la adopción de determinadas tecnologías, la estrategia china para extender su IA al resto del mundo representa un reto. En muchas ocasiones, explica Claudio Feijoo, la integración pasará desapercibida y quedará oculta, quizá hasta que sea demasiado tarde.

“Imagínate que eres una empresa que tiene zapaterías y desarrollas una IA para la gestión de stock basada en un modelo chino. Lo haces tan bien que empiezas a comercializarlo como una tecnología propia”, propone el profesor. Ese producto tecnológico empezaría a evolucionar por su cuenta, haciéndose más grande sin que nadie note que, por debajo, tiene un modelo chino. “Ese es el tipo de dependencias que nos vamos a encontrar”, continúa.

Ante esta situación, Feijoo avisa de que en Europa “no estamos bien preparados para gestionar esta ola que se nos viene”. Las autoridades comunitarias han preparado controles para las inteligencias artificiales chinas que operen en el continente, pero el experto adelanta que se trata de un sector demasiado dinámico. “Los modelos de IA se actualizan cada muy poco tiempo”, recuerda, explicando que un determinado modelo podría recibir luz verde una vez, pero recibir modificaciones sustanciales en sus siguientes versiones: “¿Cómo vamos a gestionar esto? Yo no lo tengo muy claro”.

elDiario.es ha contactado con la Comisión Europea para preguntar por los mecanismos de acción ante la IA china, pero no ha recibido respuesta. Con todo, Feijoo señala que Bruselas es consciente de la situación. “Cada vez tenemos más instrumentos legales y ahora la partida está en si los queremos utilizar y cómo”, concluye.