La acampada por el desahucio de Mari Carmen no es el 15M. No desmerece en absoluto la iniciativa, pero conviene asentarse sobre bases ciertas en toda acción que se emprende, y es algo que también se está perdiendo. De momento, ha eclipsado la manifestación ultra de la mañana, y ha vuelto a poner el foco con rotundidad en el problema de la vivienda en España que precisa urgente solución.

Asombra que en solo 15 años desde el 15M se muestre tal desconocimiento de lo ocurrido porque esta vez ni siquiera parece la intención habitual de manipular. Pero, desde luego, aquello no vino de fallos de la socialdemocracia, como dicen, ni lo organizó Podemos -que tardó tres años en formarse- y no propició en sí mismo el triunfo absoluto del PP de Rajoy en todas las elecciones que siguieron: generales, municipales, autonómicas y al parlamento europeo.

En el 15M, solo y nada menos, cristalizó un hartazgo supremo que venía precedido de varios factores de enorme peso (no es que ahora falten ni mucho menos, pero no son exactamente los mismos). En primer lugar, la crisis del capitalismo de 2008, que nos hicieron pagar en recortes a los ciudadanos.  A “la socialdemocracia” precisamente la crujió la Troika para que se callara. Es decir, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI. A Grecia la machacaron y se ensañaron con Portugal y España. El PP contribuyó a dañar a nuestro país en su línea habitual. Rajoy se iba a Bruselas a poner las cosas peor de lo que estaban. “Europa ha cantado las cuarenta a Zapatero”, declaró de inmediato, en línea con toda la plana mayor de su partido. Desde hacía tiempo pedían menos gasto público, algo que aplicó a rajatabla cuando llegó a La Moncloa. Hasta el bueno de Obama llamó a Zapatero para que claudicara e impusiera también recortes.  Y lo hizo. Hasta reformar la Constitución, a medias con Rajoy,  para fijar como norma -y mantener el principio de “estabilidad presupuestaria”- pagar a los acreedores antes que atender las necesidades de los ciudadanos. “Su pago gozará de prioridad absoluta”, dice textualmente. Y esto ocurrió ya en agosto, con las plazas llenas. Rajoy sabía lo que firmaba, parece que sus votantes no.

Pero había mucho más. Las primaveras árabes en particular, como precedente. Allí fructificaba el escándalo, revelado con pruebas por Wikileaks, de cómo sus dictadores les habían robado mientras les mantenían en la pobreza. Las trampas reveladas influyeron en la revuelta en Túnez, el primer país en estallar. Wikileaks confirmó que la familia de Ben Ali atesoraba un 60% del PIB de todo el país. Y a ellos les habían subido un 50% el precio del pan.

El precio del pan fue decisivo en todas las revoluciones, es un clásico. También confluía en 2010/11 una crisis alimentaria, especulativa, de productos básicos como el trigo y el maíz en los mercados internacionales -donde cotizan y fluctúan-, paralela a la crisis financiera. El detonante fue en Tunez. Por el suicido de un joven de 26 años, Mohamed Bouazizi, vendedor ambulante de fruta. La policía le confiscó su carrito violentamente. Y él se inmoló prendiéndose fuego. Sus llamas terminaron de prender la mecha. Una chispa que incendió una reseca pradera de despotismo, corrupción y desigualdad social que iba -y sigue yendo- desde Marruecos al golfo Pérsico.

Otros países levantaron su indignación también a primer plano, a su manera y con sus problemas. Con el común denominador del hartazgo por el abuso del sistema sobre la sociedad. El FMI, solo o en compañía de otros -la UE desde luego-, repartía créditos y tijera.

El 15M español -también hubo un Occupy WallStreet- fue considerado el movimiento más serio y riguroso de todos. Allí, en aquellos círculos improvisados en el suelo, mucha gente aprendió nociones de economía básica para saber detectar los cuentos de los que se vale la codicia para ejercer su explotación.

Todo eso, como mínimo, es el poso del 15M. Pero imaginen al sistema ante semejante perspectiva de una ciudadanía informada y con el temple de no dejarse engañar más. Y, como si hay dos Españas, la otra, la derecha, se asustó en serio y corrió a votar al PP en todas las elecciones. Esta es la lección que hay que aprender ahora. Porque en este tiempo, en estos 15 años, han aprendido a protegerse mejor y se han extendido los bulos y con ellos la opinión que quiere disolver toda idea con fundamento. Mientras se mantenían algunos problemas y se añadían otros. La vivienda como gran negocio para la especulación.

Los lemas del 15M, sin siglas, ni partidos, iban directos a un cambio profundo: “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. Votar al PP de Rajoy supuso mucha más tijera y rescatar con dinero público al sistema bancario. No creo que ni uno solo del 15M votara eso pero parece que son más los acomodaticios, los cobardes, los que van directamente a apoyar a los especuladores porque a menudo algo les toca.

Hay que solucionar el problema de la vivienda con la valentía del 15M, con sus soluciones imaginativas, y con mucha menos ingenuidad para detectar los peligros. Andaban también por las calles de Madrid en la mañana del domingo y, los que no en ese momento pero sí son iguales, se parapetan en sus cómplices y hasta sicarios mediáticos.

Por no haber ahorrado, por vivir por 500 euros durante 70 años en una de las mejores zonas de Madrid, por no haber previsto la crueldad del sistema, perdón, la seguridad jurídica que le esperaba en la última etapa de su vida; por aprovecharse de leyes franquistas, por ir contra el sacrosanto derecho de propiedad, por privilegiada y por caradura y por dejarse utilizar por la izquierda perroflauta. Todo esto se ha dicho y escrito en redes sociales, digitales truchos, columnas de opinión y tertulias varias, y se ha expresado a voz en grito y sin ahorrar calificativos porque está de moda la crueldad y porque muchos buenos ciudadanos se están reposicionando a toda pastilla ante la posible llegada a la Moncloa de Feijóo y Abascal después de 8 años de comunismo bolivariano, es decir, de socialdemocracia flojita. Todos muy molestos porque, sin previo aviso, a la derecha cómodamente instalada en la crisis de Ceuta le ha salido una Maricarmen que desbarata su agenda. 

Con el auge de la extrema derecha en Europa y la llegada de Trump al poder en su segundo mandato culminó un proceso de descalificación de la empatía y el altruismo que ya se venía rumiando en un Occidente atravesado por diferentes crisis económicas, sociales y de identidad. Se impuso el “malismo” como contraposición al “buenismo”, un neologismo peyorativo usado por la derecha para hablar de posturas éticas y solidarias que, según ellos, son irreales y poco eficaces cuando no causan males mayores de los que pretenden remediar. Criticas que podrían haber sido constructivas (alegar que la inmigración es positiva, pero puede tener consecuencias negativas que hay que prever y paliar, tanto en las comunidades de acogida como en los propios inmigrantes) derivaron rápidamente en crueldad y lo que Borges denominaba “la lógica peculiar que da el odio” (la solución es cazar y expulsar al inmigrante que viene a robar nuestros recursos y crear inseguridad). 

Se escribieron artículos y libros sobre la empatía tóxica, y a ese tren se subieron trumpistas y oligarcas, etnonacionalistas y populistas, neoliberales y antiguos conservadores, porque no hay nada más eficaz y que consuma menos esfuerzo que hablar a las tripas del votante y no a su capacidad crítica. Consensos y valores universales como los derechos humanos, la cooperación y la ayuda a países y personas más vulnerables se han convertido en debilidades ideológicas propias de personas manipulables o, en el peor de los casos, manipuladoras. Ajenos a una realidad cada vez más desigual, se imponen las visiones de suma cero: si alguien gana algo es porque otro lo pierde. El progreso de todos es una utopía: o eres cazador o eres cazado, si no quieres ser verdugo te convertirás en víctima. Esa lógica lo destruye todo, desde la cooperación entre naciones a la convivencia en los barrios y se ha visto con toda crudeza en el desahucio de Maricarmen, símbolo de un problema estructural gravísimo en la mayoría de países desarrollados. 

Defender que no se puede poner de patitas en la calle a octogenarias que no han dejado de pagar el alquiler un solo mes de su vida supone, para algunos, defender que cada uno puede vivir donde le plazca sin pagar un euro y a costa de sufridos propietarios como los protagonistas de esta historia, que no serán fondos buitres pero parecen buitres sin fondo. Las derechas (y el PSOE) saben que muchos españoles llevan un rentista codicioso dentro, aunque a duras penas lleguen a fin de mes, y que viven el cuento de la lechera disfrutando de la subida de los precios de su modesta vivienda en propiedad, olvidando que siempre necesitarán un techo para ellos mismos y sus hijos. 

El trasvase brutal de rentas de inquilinos a propietarios contradice los relatos alarmistas de personas arruinadas porque el inquilino les dejó de pagar un alquiler tan excesivo que debería considerarse usura. La posibilidad de alquilar a precios no abusivos existe, pero no la utiliza ni el modesto dueño de un trastero. El último argumento es que la defensa de Maricarmen acabará perjudicando a las otras Maricármenes que no encontrarán quien las alquile. Sorpresa: eso ya está pasando, con Maricarmen o sin ella, desde hace años. Hay herederos como los caseros de Paquita, otra anciana con orden de desalojo de su casa del madrileño barrio de La Latina, deseando que esas viejas que han construido comunidad se larguen de una vez, a una residencia o al otro barrio, para trufar el suyo de pisos turísticos. El que no vea que puede ser el próximo o próxima Maricarmen está ciego de solemnidad. Los centros de las ciudades no pueden ser coto exclusivo de ricos, expats y turistas en busca de sensaciones y experiencias porque el 90 por ciento de los ciudadanos acabaremos en guetos, sin posibilidad de prosperar y sin movilidad social, viajando cada día a los barrios pudientes para trabajar y dar servicio. No solo se heredan los pisos, también la desigualdad. 

El pánico que la movilización social ha causado en formaciones como Junts puede permitir al gobierno aprobar el decreto de vivienda que había quedado enterrado. Quedan 48 horas para negociar, con la esperanza puesta en el próximo martes y en un momento clave de final de legislatura. Si sale adelante también será culpa de Maricarmen, y su dignidad y lucha de años para que no la echen de su casa y de su vida. 

Un periodista contaba en Onda Cero que Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, los buitres que han desahuciado a Mari Carmen, estaban devastados porque creían que su empresa iría a la quiebra por la mancha de reputación. Estaban asustados porque no paraban de recibir correos y llamadas que le tenían la centralita colapsada y que hasta recibió en la sede de la empresa el obsequio de una caja de animales vivos que incluía cientos de cucarachas. Al fin y al cabo no solo de Maricármenes se alimentan los buitres e igual necesitan más proteína.

Gente a la que quiero mucho y que se encuentra de baja médica se ha dedicado estos días a llamar todo el tiempo a la empresa de los dos buitres desde la cama, a inundarlos de correos, a darles por saco lo que le ha permitido su situación porque no podía a ir a manifestarse a su empresa. No son bots, son gente indignada que ha realizado un ejercicio de activismo para demostrar que somos muchos los que estamos dispuestos a hacerles sudar sangre a quienes crean que pueden hacer lo que quieren, destruir la vida de la gente humilde y continuar con sus negocios de mierda sin que les genere ningún coste.

Los dos empresarios, los dos buitres, tuvieron miedo, solo un poco del que han hecho pasar estos años a Mari Carmen y lanzaron un comunicado para decir que igual ahora sí dejaban que se quede a vivir en esa casa con un alquiler normal. Es tarde. Ya sabemos lo que pretenden cuando el miedo los ha acongojado, cuando se ha empezado a hablar de expropiarles el inmueble. Se creían que esta iba a ser otra vez más de esas que suceden con normalidad en la que podían humillar y machacar a una pobre mujer indefensa dejándole sin su techo. Se pensaban que era rutina, que mandarían a la policía a dar hostias, que le dejarían en la calle con los recuerdos de los últimos 70 años y su cuerpo maltrecho en una silla de ruedas y que podrían seguir con su miserable negocio esperando sacar beneficio del inmueble y seguir buscando otra vivienda con algún inquilino muerto de hambre dentro para comprarlo más barato, cambiarle las condiciones el alquiler de manera unilateral, joderle la vida y así seguir girando la rueda de los beneficios a costa de la vida de la clase trabajadora. Pero esta vez no, esta vez nos ha encontrado organizados, valientes y con la rabia enquistada entre los dientes.

El Sindicato de Inquilinas tiene la capacidad de canalizar el miedo, la frustración, el odio y la incertidumbre hacia la acción política y la autodefensa. La mayoría de gente que está a punto de perder su vivienda llama a esa puerta desesperada por encontrar alguna salida colectiva a su infierno individual. Y el sindicato se lo proporciona y cada vez tiene más fuerza. Ahora hay muchos rentistas, desalmados, propietarios, grandes o pequeños, que saben que como se les ponga en frente esa masa colectiva que es el inquilinato organizado tiene que tener mucho miedo porque van a poner su cuerpo, van a tener un ejército de hormigas tocacojones y van a señalarlos en sus propias casas y empresas.

Mari Carmen nos ha enseñado que funciona la presión social. Que si conocemos el nombre de los buitres que se esconden tras un fondo, sicav, pyme o su puta madre con siglas, vamos a organizarnos para señalarlos, presionarlos y hacerles la vida igual de jodida que ellos se la quieren hacer a quienes pueden perder sus casas. Vamos a enseñar vuestros nombres, vuestras caras, vamos a seguiros allá donde tengáis la empresa, os vais a quedar sin ese anonimato que os protege del mismo modo que hacéis que toda España vea la intimidad desnuda de personas como Maricarmen. Os lo vais a tener que pensar dos veces antes de poneros enfrente del hartazgo de aquellas personas a las que despojáis de todo.

Ser unos buitres no os va a salir a cuenta, ser un canalla no va a valer la pena y antes de que invirtáis para comprar una casa con un inquilino dentro tendréis que meter en la cuenta de resultados lo que os va a costar limpiar las oficinas de cucarachas y el precio para el abogado que vais a usar para perseguir a los miles de ciudadanos que vais a tener detrás haciéndoos entender que cuando tocáis a uno tocáis a todos. Ya que la clase política no es capaz de dar solución a las exigencias de quienes pueden perderlo todo vamos a hacer que esas empresas que quieren ganar dinero con la miseria ajena tengan que valorar si es conveniente tocar a otra Maricarmen, porque igual es el último negocio que hacen.

Era una historia de Ken Loach, protagonizada por alguien pequeño e indefenso golpeado en los huesos por el sistema: porque el porcentaje de discapacidad se quedaba corto, la fecha del contrato no entraba en el plazo correcto y, sobre todo, los buitres habían decidido ensañarse. Los personajes de Loach son maltratados hasta la extenuación por gente sin cara. El agotamiento dio con Maricarmen en el hospital. Confieso que estaba convencida de que no ocurriría. Pensé que a la jueza se le ablandaría el corazón, o que las instituciones presionarían. Pero no. Acabó mal, como las películas de Ken Loach.

Para los políticos hay un momento arriesgado: cuando la realidad entra en escena por la fuerza. Los partidos se esfuerzan en imponer en la agenda los temas más convenientes y el marco de discusión más favorable. El desahucio de Maricarmen es la realidad haciendo saltar por los aires todo cálculo narrativo. 

Hace más de 15 años, cuando el 15M ocupó las plazas, el debate sobre la vivienda se centraba en los desahucios. Poco después vimos cómo se forzaba la narrativa de la okupación para hablar de vivienda. Había mucho interés político y mediático en convencernos de que el gran problema era ese. Faltaban los hechos: 25.000 desahucios anuales, frente a 15.000 denuncias de ocupación. Con una gran diferencia: los desahucios son el eslabón más violento del problema de los precios de la vivienda, que condiciona a millones de personas. También fue una gran oportunidad de negocio para las aseguradoras y los vendedores de alarmas.

La realidad de los desahucios ha regresado, pero no seguimos en el mismo sitio, sino en uno peor: hemos dado muchas vueltas, hemos perdido 15 años y mucha gente está sufriendo. Que se vea esta realidad incomoda a muchos, porque da igual que uno sea izquierdista o de derechas: los desahucios, sobre todo de gente vulnerable, nos avergüenzan. No constituyen un modelo conservador de sociedad, sino un modelo cruel, con el que casi nadie se identifica. 

En las encuestas del CIS, la vivienda figura como problema grave, primero o segundo, incluso entre quienes se ubican en el 6 y el 7 ideológico, es decir, derecha y centro-derecha. La única manera en que los dirigentes del PP o Junts pueden contrariar a sus votantes es reenmarcando el problema de la vivienda: por eso hablan de okupas e inquiokupas.

Maricarmen acabó en una escena de Ken Loach, saliendo de su casa en camilla, y el país entero se conmocionó. En su rostro cristalizó la pregunta que aún nos estamos haciendo todos: ¿vivimos en un país donde, legalmente -y esta legalidad es lo más siniestro-, se protege más la inversión de dos señores que a una señora de 87 años con un 50% de discapacidad? 

Salvo gente como Ayuso y Milei, casi nadie quiere vivir en un país así. Pero esa es la realidad que ha quedado al descubierto esta semana: no queremos vivir en un país que protege más una inversión que a nuestra abuela. Y eso multiplica la presión sobre todos los partidos para alcanzar un acuerdo. El PSOE y Sumar se sienten urgidos a aprobar un decreto ley el próximo martes y, en las semanas siguientes, el resto de los partidos tendrán que pronunciarse. 

El mismo día del desahucio de Maricarmen, la prensa preguntó a Alberto Núñez Feijóo sobre ello: “Vengo a otra cosa”, dijo. Lo malo con Feijóo es que no sabemos bien a qué ha venido. Con Ayuso no hay duda: vino a continuar dando guiones a Ken Loach mediante la operación en la que lleva más de una década el PP de Madrid. Vendieron casi 5.000 viviendas públicas a fondos buitre en 2012 y 2013. El efecto llamada fue inmediato: desde entonces en el cielo de Madrid sobrevuelan gentes sin rostro que no nos ven como una ciudad con personas dentro, sino como un recurso a explotar.

Somos un país que avanza cuando los medios humanizan un problema complejo. Ocurrió con el asesinato de Ana Orantes en 1997. Su muerte obligó a mirar una realidad violenta que el juez había ordenado legalmente. Espero que la desgracia de Maricarmen surta el mismo efecto. Y esto vale para el Gobierno progresista: si ha venido a algo es a solucionar este problema. 

Uno de los mantras que más he escuchado acerca del desahucio de la señora Maricarmen es que la situación de su alquiler estaba “fuera de derecho”. No seguí el caso desde el principio, pero cuando estuve leyendo los pormenores de lo que había ocurrido en torno a su piso del barrio de Retiro pensé que, sí, seguramente y sobre el papel, el alquiler que la señora, recordemos, de ochenta y siete años, estaba pagando, no se ajustaba a derecho; cosa de la que, por otro lado, tampoco estoy seguro porque no soy jurista.

Como es evidente, tengo estómago, corazón y alma y, por más que Urbagestión, con la ley en la mano, pueda tener razón en que el piso es suyo y puede disponer de él como quieran, no me entra en la cabeza cómo alguien puede dormir tranquilo después de sacar en camilla a una señora de ochenta y siete años de la casa en la que ha vivido setenta; una casa a la que llegó a mediados de los años cincuenta con un contrato firmado por su padre y de la que se ha largado a mediados de los dos mil veinte con una sentencia firmada por una jueza. Entre ambas firmas cabe un país entero.

Menos todavía me entra en la cabeza los que lo aplauden desde fuera, los que defienden a capa y espada a los propietarios y, en último pero no menos miserable lugar, los que frivolizan con el drama de esta señora. Hay que elegir y ser coherentes: o “prioridad nacional” o “yo a esa vieja no la conozco”. Hay toda una cadena de desalmados, que empieza por quien solicita el desahucio, pasa por quien lo firma, quien se pone un uniforme de policía y lo ejecuta, y acaba con quien lo jalea en Twitter. Esa gente tiene un argumento, y ese argumento es la ley. La ley es la ley, dicen, con la satisfacción del que acaba de encontrar la frase que le ahorra todas las demás; es un argumento lapidario que aparece para cerrar la conversación, como un salvoconducto con el que uno puede atravesar un desahucio sin mancharse los zapatos y sin tener que preguntarse —porque pa' qué— qué va a ser de una señora con una pensión de 1.300 euros en el Madrid de hoy en día.

Porque, además, la ley permite desahuciar a Maricarmen, evidentemente. Lo que no hace la ley es obligar a desahuciarla, ni que haya que hacerlo pase lo que pase y caiga quien caiga; la ley solo abre una puerta, pero cruzarla o no es cosa de cada uno; en ese trecho que va de lo que se puede hacer a lo que uno decide hacer es donde cada cual se retrata. Porque no es lo mismo cumplir la ley a regañadientes y sabiendo que algo falla en el sistema, que presentarte voluntario para aplicarla o jalearla, con entusiasmo y violencia, a cada mínima ocasión.

Lo curioso es que, durante siete décadas, la ley ha estado de lado de Maricarmen, pero ahora los devotos de la legalidad, que además, por lo que sea, son todos de derechas, han estado calificando su contrato de renta antigua de chollo injusto; la ley se ha vuelto sagrada y perfecta el día en que empezó a jugar a favor del propietario. Pasa la misma cosa cuando la norma se inclina, aunque sea un poquito, hacia el lado de los que menos tienen: un tope —legal— a los precios del alquiler es intervencionismo; si un comité de la ONU cuyas resoluciones España se ha comprometido a atender pide que se suspenda un desahucio, es una injerencia o papel mojado; si se prorroga una moratoria para familias vulnerables, es un regalo a los okupas. En esos casos, da igual. La ley solo es la ley cuando jode a los de siempre.

Nos dejó petrificados, indignados, conmovidos. La dignidad de Mari Carmen, la anciana desahuciada a los 87 años del que ha sido su hogar durante casi toda su vida. Su padre le dijo que no se rindiera nunca. Y ella, a pesar de su dolor, contagiaba su fortaleza incluso sentada en una silla de ruedas dado que las piernas ya no la sostienen. Lo cierto es que el impacto de este desahucio ha movido voluntades como nunca, aquí y fuera. Medio mundo sabe lo ocurrido con ella, lo han contado las principales cabeceras internacionales y ha protestado hasta la relatora de la ONU que había pedido proteger a la anciana española y ha censurado a la jueza que ejecutó la orden de desalojo. Ha tenido tal efecto que los dueños de Urbagestión, dos primos leoneses, se retractaban y ofrecían este viernes al Ayuntamiento de Madrid el piso de Mari Carmen para que le implemente un alquiler social. Y tras haber rechazado incluso cobrar el abusivo total que pedían, facilitado por personas que fueron a parar el desahucio. El Ayuntamiento de Madrid rechaza la oferta de Urbagestión para el piso de Maricarmen, porque dice no cumple los requisitos necesarios, pero se abre una mediación. Suena a hueca la oferta. Pero la bola ya ha salido y no va a ser fácil pararla porque contiene razones irrenunciables ya.

 Por ejemplo y no es en absoluto accesorio: un fallo grave de la operación ha sido permitir abusos como los ejecutados por la policía nacional contra los activistas que intentaban parar el desahucio, de gran violencia en algunos momentos. Hasta personas que pasaban por allí sufrieron un trato inadmisible. La delegación del Gobierno en Madrid ha abierto una investigación, dice. Aquí hay un ministro que sobra, Grande Marlaska, también por acciones impropias de la policía en Ceuta. E igualmente Margarita Robles, por las palizas de militares a migrantes en la ciudad autónoma, acreditados en los videos que ha ofrecido en primicia elDiario.es.

Frente a todo eso, y movidos por el desahucio de Maricarmen, lo llamativo -y alentador- es que hay miles de jóvenes entre quienes le han mostrado su apoyo en las calles. No todos son, ni mucho menos, alevines de fascistas como gusta destacarse. Estos comprenden el problema de la vivienda porque también lo sufren, y afortunadamente parece que han encontrado en Mari Carmen un motivo para no rendirse. La empatía y la humanidad también cuentan y es reconfortante comprobarlo.

Hay una serie de puntos básicos en el marco general de la vivienda. España apostó siempre por situarla como un producto de mercado, sujeto a especulaciones, que como un bien social. A diferencia de otros países europeos, por cierto. También por la propiedad frente al alquiler, porque “alquilar es tirar el dinero”, se decía. Hasta que se ha ido imponiendo la codicia del lucro máximo, abierto a todo tipo de inversionistas, usureros y agiotistas y ya es inaccesible tanto comprar como alquilar. Al tiempo, convertían las ciudades, sobre todo el centro, en parques temáticos para turistas expulsando a los vecinos de toda la vida. Con el beneplácito o el dejar hacer de la política.

Tarea ardua revertir semejante dislate, con tanto dinero y poder detrás. Pero se impone hacerlo. Y existen ya quienes se han propuesto conseguirlo, tanto políticos como sus votantes. Nueva York ha apostado por ello eligiendo a Zohran Mamdani. Y Berlín, esa isla en medio de la propia Alemania. Siempre fue diferente también en esto.

Miguel Ángel García, corresponsal de TVE en Berlín entonces, elaboró una excelente información en el verano de 2011 ante la fuerte demanda de vivienda que se estaba dando en la capital alemana, incluso por parte de españoles. Elena Noman, de inmobiliaria Brickberlin, declaraba: “Por el precio de una plaza de garaje en una ciudad como Madrid o Barcelona de 30.000 ó 50.000 euros, te compras un apartamento en Berlín” y “por el precio de un piso bien ubicado en una zona buena de Madrid o Barcelona, aquí te compras un edificio completo”. Lo mostraba con un ejemplo gráfico: acababa de vender una vivienda de 50 m2 a un inversor español. Esa vivienda estaba ya alquilada por 550 euros al mes, aportando una rentabilidad anual bruta del 10%.

La candidata de Die Linke, la izquierda, Elif Eralp, acaba de ganar las elecciones en Berlín con las expropiaciones de vivienda a grandes tenedores inmobiliarios como bandera, habla de propietarios de más de 3.000 viviendas, que los hay. Por supuesto con indemnizaciones. El 80% de los berlineses viven de alquiler y también han padecido un brutal aumento de sus mensualidades.

Pues bien, el canciller Merz, el gran derrotado, el que está hundiendo a la conservadora CDU a niveles no conocidos por el partido, se ha revuelto como suele hacerlo el establishment y acelera una ley para detener las pretensiones de Die Linke. Los socialdemócratas alemanes están con él. El debate está siendo duro estos días, pero Die Linke afirma que “el Gobierno federal no logrará imponer la prohibición de las expropiaciones”.

Se puede.

Y, si les parece “muy fuerte” la expropiación -que no debería para determinados casos-, se ha de implementar una legislación que al menos acabe con los abusos en los desahucios. De propietarios particulares grandes tenedores, de fondos buitre sin duda y de bancos, pero otra vez nos topamos con el trato reverencial del que gozan por parte de los políticos. No reflexionamos sobre el hecho de que, si cuesta lograr mayorías sobre vivienda, es porque una buena parte del Congreso entiende que su público electoral está con los especuladores. Y habría que ser mucho más consciente de lo que se vota, y más coherente.

 Y no digamos en las Comunidades Autónomas. Cuando Ayuso habla con desprecio del caso de Mari Carmen -a quien ni siquiera citó por su nombre-, una anciana más de quien prescindir, por cierto, es porque tiene muy claro para quién gobierna. Al parecer, muchos de sus votantes, no. Esto de 2025 lo repite cuando tiene ocasión, de hecho estuvo en una reunión de fondos buitre la víspera del desahucio de Mari Carmen con similar discurso.

Vivimos, a otros niveles, en un círculo vicioso. Si por las medidas de este Gobierno, sociales -nada radicales-, están haciendo al mandato de Aznar lo que pueden hacer quienes disponen de poder desestabilizador, y sufrimos una amenaza permanente de golpe de mano, ¿se puede ir más?

Por supuesto, y se debe. Algunos lo intentan, y ya empieza a ser un clamor en la sociedad reclamarlo. Esas calles que se siguen llenando de gente indignada por el desahucio de Mari Carmen parecen haber llegado al límite de lo soportable. Y hay más signos de hartazgo incluso a altos niveles. No es ninguna anécdota que la Asamblea general de la ONU casi se vaciara cuando iba a tomar la palabra el genocida Netanyahu.

Algo sí está ocurriendo y no sabemos si va a ser una actitud permanente de fuerza o algo que logren disolver los políticos del sistema y los esbirros mediáticos que trabajan para ellos que bien a fondo se emplean. Está por ver si es el hartazgo extremo irrenunciable o volverá a ser apaciguado. Así lo han hecho otras veces. Desde luego, dudosamente la rectificación de Urbagestión -caso de concretarse en términos efectivos que en este momento está bastante en duda- va a parar la indignación desatada, hasta que no se resuelvan los problemas existentes. Lo cierto es que afectan a muchas más personas. Hay desahucios todos los días, y dificultades para adquirir o alquilar una vivienda. Y es un tema de imprescindible y urgente solución.

Con gran dolor por su parte, partiendonos el corazón a muchos verla abandonar su hogar, el detonante ha sido esa anciana de voluntad férrea, valiente como se es cuando se tienen muchos años bien vividos, con coherencia precisamente. Ojalá vuelva en efecto a su casa, y le ayuden a limpiar el polvo mugriento que dejó su violenta expulsión. Y ojalá la política se dirija de verdad al bienestar de las personas. Ayuda el seguir en la brecha.

El encuentro esta semana de Zohran Mamdani y Donald Trump fue de nuevo entre extraño e hipnotizador. La habilidad de flautista de Hamelín del alcalde de Nueva York para gestionar el ego y la ira del presidente de Estados Unidos es digna de estudio. Pero había algo importante más allá del espectáculo. Mientras sorteaba las preguntas sobre los ataques a la prensa y su relación con Trump, Mamdani tenía un foco claro, que repetía sin parar: Sunnyside Yard. 

Sunnyside Yard, en Queens, en Nueva York, es el patio ferroviario más concurrido de Estados Unidos y también el nombre de un sueño urbanístico que puede definir el próximo capítulo de la ciudad. El proyecto complejo y costoso, que requiere enterrar las vías, necesita la autorización y la ayuda del Gobierno federal. Mamdani asegura que puede haber más de 12.000 viviendas asequibles en un nuevo barrio con parques, escuelas y clínicas. Necesita permisos y dinero del Gobierno para un plan de 21.000 millones de dólares que ha despertado entusiasmo y escepticismo en el distrito.

Vaya como vaya este proyecto, desde que llegó al ayuntamiento en enero Mamdani tiene el foco claro: la vivienda. Y, para ello, una de sus apuestas es construir más, no solo poner más impuestos a los propietarios más ricos -que también- o proteger a los inquilinos más vulnerables -que sin duda-. De hecho, algunas de sus iniciativas clave están dirigidas a la construcción, sea utilizando terrenos públicos, sea financiando a promotores inmobiliarios que construyen viviendas asequibles o sea recortando burocracia. 

El héroe de la izquierda en Estados Unidos y en Europa no ha gastado su tiempo en insultar a rivales políticos –y tiene muchos– ni a los fondos buitre, sino en actúar más allá de las palabras, hasta dónde puede y sin dejarse atar por las etiquetas. Su foco es construir, también con empresas privadas, y hacer pagar más impuestos a quien más puede y sobre todo a quien más daño ocasiona a los vecinos, incluidos los fondos que quieran hacer negocio a toda costa con la vivienda. 

Mamdani, como casi cualquiera en política pública que se arremanga, sabe que no es ni fácil ni inmediato resolver el problema de la vivienda en una gran y deseada ciudad. Y a la vez que hay que ponerse a ello, con paciencia y proyectos que tal vez den fruto cuando otros estén en el poder. Todavía es difícil saber si conseguirá aliviar, cuándo y cuánto el agujero en la vida de la gran ciudad, pero la prioridad está clara. No valen excusas sobre la falta de competencias o lo malo que es el de enfrente (y mira que tiene argumentos).

Le gusta hablar del arreglo de 229.000 baches en el último año, un 27% más que en el mismo periodo del año anterior. “La política de los baches va a devolverle a los neoyorquinos la confianza en su Gobierno”, decía una portavoz hace unos días. “Si no podemos arreglar las cosas pequeñas, ¿cómo van los neoyorquinos a confiar en nosotros para arreglar las grandes?”.

Las grandes requieren más tiempo, pero Mamdani también ha acelerado el número de viviendas asequibles y ha ofrecido más plazas para personas que vivían en la calle. 

El insulto y la simplificación en los que viven instalados políticos de todo pelaje en España pueden servir para movilizar a los más fieles, incluso para ganar elecciones. Pero no resolverán los problemas más graves, que se hacen bola y estallan de la manera más inesperada y a menudo a favor del autoritarismo. Eso es lo que ha entendido y pone en práctica Mamdani. 

Las sonrisas, la cercanía y el saber estar del alcalde socialista ayudan a que amigos y enemigos bailen a su son. Pero lo que determinará su éxito o su fracaso son las acciones concretas, sobre todo para lo que más afecta a la vida diaria e inmediata de las personas. Por eso no para. Por eso hace lo que haga falta con una concentración impecable en el objetivo. Los imitadores pueden tomar nota. 

Varias instalaciones clausuradas, más de una docena de intoxicados, entre 150 y 200 comidas tiradas a la basura, una denuncia en comisaría, una empleada de baja médica durante una semana, una retahíla de versiones contradictorias y varias mentiras… Ni fue una performance, ni fue una anécdota que mereciera una cerrada ovación de la bancada popular, como captaron las cámaras del hemiciclo. 

Lo de la diputada del PP Ana Vázquez, que nunca se caracterizó ni por su exquisitez semántica ni por sus amables formas, merece, además de la más contundente sanción de cuantas prevé el Reglamento de la Cámara Baja, el oprobio de sus correligionarios. No pasará. Todos pían en privado contra la parlamentaria gallega, pero ninguno se atreve a hacerlo en público. Por cobardía o por una mal entendida lealtad a las siglas.

Que alguien como Ana Vázquez represente, en el Parlamento o en los platós de televisión, a un partido que aspira a regresar algún día al Gobierno de España mancha al PP, mancha la política y mancha la democracia. Entrar al hemiciclo con un bote de gas pimienta, exhibirlo alegremente desde el escaño, mentir sobre su contenido y, después, endosarle el marrón a un subordinado que al manipularlo provocó varias intoxicaciones y el cierre de algunas dependencias, refleja el grado de desnutrición moral que se puede alcanzar en la vida pública. Y también hasta dónde la derecha está dispuesta a llegar en su proceso de hermanamiento con Vox. 

Si los de Feijóo -porque el caso que nos ocupa solo les afecta a ellos- no están dispuestos a hacer una reflexión sobre la responsabilidad institucional que comporta ocupar un escaño y sobre los límites que no debieran cruzarse en una democracia parlamentaria es que han perdido todo sentido crítico y les importan un bledo las consecuencias de lo provocado por su infame diputada. 

Ni han pedido perdón ni exigirán a Ana Vázquez que dimita y entregue el acta de diputada, que es lo que en buena lógica corresponde. Cualquier partido que presume de defender las instituciones y la ley -y el PP lo hace hasta la náusea- tendría que ser el primero en exigirlo. Pero en lugar de ello, los populares jalearon y ovacionaron la astracanada de su colega.

Vázquez no es una diputada cualquiera, es secretaria nacional de Interior del PP, miembro de su Comité Ejecutivo Nacional y la persona que Génova 13 ha designado para que represente al partido en varios programas de televisión. Si Feijóo entiende que quien introduce en la Cámara un arma de defensa personal es un ejemplo a seguir, es que definitivamente ha renunciado a la palabra, a la política y a la decencia. 

Dicho de otro modo: el aplauso casi unánime que recibió Ana Belén Vázquez de sus compañeros de grupo parlamentario convierte una abyecta acción individual en un problema de partido, mucho más cuando ha trascendido que la dirección del PP conocía las intenciones de la diputada y nadie la disuadió de semejante disparate.

Habrá que esperar a conocer el atestado policial que los servicios de seguridad de la Cámara Baja entregarán en breve al secretario general y a la Presidencia, además de los informes de los servicios médicos y de otros departamentos del Parlamento que se vieron afectados. Luego, la Mesa, previsiblemente el próximo martes, abordará el asunto y determinará la sanción que merece Vázquez, que debiera sin duda alguna ser la máxima, de acuerdo al Reglamento. El artículo 101 es claro y rotundo sobre los supuestos en que se puede determinar la suspensión  temporal de la condición de diputado o diputada por razones disciplinarias. Y uno de ellos es “cuando portare armas dentro del recinto parlamentario”. Si no se aplicara este precepto, ¿qué sería lo siguiente?

Y ya, luego, que la diputada Vázquez se defienda en un hipotético proceso penal, que tampoco es descartable, ya que con una denuncia de por medio de una de las afectadas por el gas pimienta, el Congreso tendrá que dar traslado a la Fiscalía del esperpento vivido esta semana en el Congreso.

Alguien del PP que vierte gas pimienta en el Congreso, envenena el aire, y todo termina en gente llorando y con dificultad para respirar. Huyo de las metáforas fáciles, pero esta es de las que no puedes rodear, te tropiezas con ella por mucho que quieras esquivarla. Necesitábamos un símbolo de estos tiempos irrespirables y que mueven al llanto, y alguien le dio al botoncito: ffffsssssss...

En los últimos días el gas pimienta ha entrado de lleno en la conversación pública, para contento de los fabricantes de sprays que están agotando existencias. Empezó en Ceuta, donde la crisis fronteriza, azuzada por el alarmismo y los discursos de odio, ha llenado bolsos y algunas mochilas escolares con esta arma de autodefensa; pero también ha acabado en los ojos y vías respiratorias de menores migrantes, rociado por militares. El mismo gas irritante corrió alegremente durante el desahucio de Maricarmen, donde activistas y vecinos fueron también gaseados por la policía, además de arrastrados y apaleados. Y alcanzó las portadas y los memes cuando la diputada del PP y su torpe asistente montaron en el Congreso una charlotada digna de Mortadelo: “El caso del gas pimienta”, se titula el tebeo, aunque Ibáñez lo rebautizaría como “El caso del gas boniato”, en su estilo.

Hasta ahí la broma, que no es el gas de la risa. Hablamos de una sustancia tóxica que provoca llanto y asfixia, y que desde los lavabos del Congreso debe de haberse propagado por las calles y de paso por los medios, tertulias y redes sociales, de ahí las ganas de llorar que muchos tenemos, y lo irrespirable que se nos está quedando el país, el mundo, la vida.

Será por el gas que nos pican tanto los ojos cuando vemos el desahucio de Maricarmen, que es un solo caso entre miles, pero que reúne y representa todo lo que está mal en la crisis de vivienda, de ahí su fuerza icónica y su capacidad movilizadora. Si a una mujer octogenaria y de salud delicada, la sacan por la fuerza una empresa, una juez y un ejército de antidisturbios delante de las cámaras, qué no sufrirán quienes a diario pierden sus casas y acaban compartiendo piso o regresando con los padres a edades impropias, alquilando habitaciones que un día tampoco podrán pagar, o viviendo en caravanas, tiendas de campaña y sitios peores. Y todo ello teniendo trabajo y nómina, no quiero pensar dónde acabarán viviendo otros en peor situación económica. En un cementerio, por ejemplo.

Será también por el gas que nos pican los ojos y nos arde la garganta, no de pena sino de coraje, cuando leemos y oímos todo lo que ayer mismo se decía sobre la propia Maricarmen pocas horas después de desahuciada: “quería vivir en el Retiro por 500 euros, así yo también”, “no era precisamente una pobrecita”, “anda que no habrá ahorrado en tantos años de alquiler barato”, “la señora no quería irse a una residencia”, “la izquierda instrumentalizando el dolor”, “mucha pena, pero qué pasa con el derecho a la propiedad privada”, “ahora algunos echan de menos las leyes franquistas”, “en qué casoplones vive esa izquierda que se indigna tanto”, “utilizan a Maricarmen para tapar Ceuta”… Y todo esto en medios y tertulias habituales, no hablo de redes sociales. Viendo la miseria e impiedad de algunos, es cuando además de lágrimas y asfixia, me puede el asco. Será también por el gas pimienta ambiental.

Mientras desahuciaban a Maricarmen en una camilla, la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L rechazaba las alternativas que se habían planteado para evitar su salida. Habían recibido ofertas externas para asumir el alquiler de 2.650 euros, pero la cuestión no era ya cuánto podía pagar Maricarmen (o quien lo hiciese por ella), sino cuánto podría llegar a valer potencialmente la vivienda sin MariCarmen dentro.

Mientras desahuciaban a Maricarmen, a poca distancia se celebraba en Madrid el gran encuentro internacional de inversión inmobiliaria ‘The District’. Era la primera vez que el evento se celebraba en Madrid y allí estaban invitados algunos de los principales líderes y directivos del Real Estate, el nombre que se le da ahora al negocio inmobiliario para que parezca que los edificios son un valor sin vecinos. Me gusta lo de ‘The District’ porque inevitablemente me recuerda a los distritos de ‘Los juegos del hambre’, con los que resulta sencillo establecer ciertas analogías. Isabel Díaz Ayuso afirmaba desde ‘The District’ que ella está en contra de intervenir los precios de la vivienda y añadía que cada vez más propietarios tienen miedo de poner sus viviendas en alquiler porque “todos son problemas”. No iba a tenerlos todos Maricarmen. También hay que pensar en la angustia de ver subir el precio de la vivienda que te paga otro. 

Mientras desahuciaban a Maricarmen, bastantes personas decían, con insondable humanidad, que cómo se le ocurría a una anciana pretender seguir viviendo por unos quinientos euros al mes enfrente del Retiro. ¡Nada menos que enfrente del Retiro! ¡Quién se cree Maricarmen, acaso una nueva rica extranjera del barrio de Salamanca! Como si cuando su familia se mudó a ese piso, hace más de 70 años, aquella zona fuese lo que es hoy, como si una mujer de 87 años no deseara únicamente seguir viviendo en el hogar de toda su vida y no en una residencia ajena a ella. 

Mientras desahuciaban a Maricarmen, la ministra de Vivienda explicaba que el Gobierno había intentado mediar con la empresa propietaria y habían tratado de “hacerles entender”, como si fuese un niño que deja los juguetes tirados por el salón. Que Isabel Rodríguez suela apelar a la solidaridad o al entendimiento, allí donde se esperan leyes, alimenta bastante el hartazgo.

Mientras desahuciaban a Maricarmen, Víctor Soriano, asesor adscrito a la Secretaría Primera del Senado, decía que “Tener 87 años no te da derecho a vivir a costa de otros en una vivienda noble de un barrio burgués”. Hay afirmaciones que se explican solas. 

Mientras desahuciaban a Maricarmen también había otros desahucios, naturalmente. A pocos kilómetros también se desahució a David y a su hijo de un piso de obra social adquirido por un fondo buitre que ni siquiera se sentó con los vecinos. Ellos apenas merecieron espacio en la prensa porque a veces parece que necesitamos que una historia reúna circunstancias extraordinarias para recordar que las ordinarias (y los desahucios por desgracia lo son) están a la orden del día.  

Mientras desahuciaban a Maricamen, y a David a su hijo (entre otros), se diluía un poquito más el concepto de hogar. Porque cuando expulsan a alguien de su casa no lo expulsan solo de unas paredes con vigas, sino de todas sus referencias emocionales, su barrio, sus comercios, sus vecinos, su anclaje, sus recuerdos. Da la sensación de que hemos perdido el concepto de “hogar”, convertido en “vivienda” y después en “activo”. Y ya sabéis que los hogares tienen personas, mientras que los activos tienen rentabilidad. 

Mientras desahuciaban a Maricarmen, muchos juristas recordaban que la ley es la ley y que, jurídicamente, el procedimiento ha sido impecable. Y es verdad, pero llama la atención que algunos muestren siempre el legalismo más solemne en causas en las que quien sufre es el de abajo.

Y no exactamente mientras desahuciaban a Maricarmen, pero pocos días antes, Albert Rivera proponía como solución al problema de la vivienda irse a vivir una o dos horas de Madrid. Acabo con esto porque parece que hemos aceptado como inevitable que quienes trabajan, estudian, cuidan, consumen, sostienen, socializan y moldean una ciudad quizá ya no puedan vivir en ella. Y no puede ser. 

Nunca le he prestado demasiada atención a las elecciones legislativas en Marruecos, sé perfectamente quién manda allí: Hassan II en mis años mozos de corresponsal en Rabat, su hijo Mohamed VI desde 1999. A lo sumo, estos comicios, que suelen tener una escasa participación popular, sirven para reflejar la correlación de fuerzas en el seno del majzén, la élite del país.

Leo que las legislativas celebradas este miércoles 23 de septiembre pueden concluir con el nombramiento como primer ministro de Fouki Lekjaa, el presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol. No me extrañaría: los excelentes resultados de la selección marroquí en los dos últimos mundiales han sido alegrías compartidas por la gran mayoría de sus compatriotas. Aún más, la participación como organizador de Marruecos, junto a España y Portugal, en el mundial de 2030 es el gran pretexto para la actual mejora de las infraestructuras en el país magrebí, algo semejante a lo que supusieron para España los fastos de 1992.

Pero no solo de balompié vive el ser humano. A comienzos del otoño de 2025, ya se registraron en Marruecos protestas callejeras de los más jóvenes, la llamada generación Z. Pedían que se gastara menos dinero en construir estadios de fútbol y más en sanidad y educación públicas, en fomento del empleo y aumento de los salarios. Y hace dos meses, más de 70.000 chavales y chavalas se anticiparon a las legislativas al escapar de Marruecos y penetrar a la brava en Ceuta.

Acaba de decir Pedro Sánchez en Nueva York que las autoridades marroquíes fallaron a finales de julio en materia de control de su frontera con Ceuta. Es una perogrullada y supongo que, si Sánchez no la había explicitado antes, fue tan solo por no liarla más. Al fin y al cabo, se necesita la colaboración marroquí para repatriar a la mayor parte posible de esos miles de migrantes que todavía deambulan por Ceuta.

Por acción, omisión o ambas cosas a la vez, Marruecos metió mucho la pata facilitando el asalto masivo a Ceuta. No solo porque ha prendido fuego a la leña de la morofobia y la islamofobia de la derecha carpetovetónica, que ni de coña quiere que se resuelva esta crisis. No solo porque ha puesto en serios apuros a un Gobierno de Sánchez que venía practicando la política de buena vecindad con el país magrebí. También, y sobre todo, porque ha desvelado clamorosamente el malestar de la juventud marroquí. Pese al discurso oficial sobre lo bien que va el país, decenas de miles de niños, adolescentes y jóvenes están dispuestos a jugarse sus vidas para alcanzar lo que ellos ven como el sueño español y europeo.

El Marruecos de Mohamed VI es mejor que el de Hassan II, lo dice alguien que vivió allí en los llamados años de plomo. Pero ese alguien, un servidor de ustedes, constata también con pesar que el reinado de Mohamed VI no ha suplido las enormes carencias de Marruecos en materia de libertades, derechos y justicia social. Aunque menos asfixiante que tantos otros países árabes y musulmanes, resulta evidente que Marruecos no es un Canadá democrático que pueda asociarse de modo natural a la Unión Europea.

Siempre esperpéntica, Isabel Díaz Ayuso ha dicho que, de ser ella presidenta del Gobierno español, habría roto las relaciones con Marruecos. Es una tremenda gilipollez, créanme. Entre incorporar a Marruecos a la Unión Europea y romper relaciones con el vecino septentrional, media ese espacio de pragmatismo y conllevancia por el que han transitado Felipe González, Zapatero, Rajoy y Sánchez.

A España no le conviene estar a la greña con Marruecos, digan lo que digan los que ahora parecen pregonar una repetición de la toma de Tetuán y la batalla de Wad-Ras de 1860 o, si no, de la guerra del Rif de 1909-1927. A los españoles las broncas con Marruecos solo nos han traído muerte, pobreza, insurrección popular y golpismo militar. La diplomacia se inventó para cosas como negociar y, si es preciso, reconvenir en privado.

Marruecos seguirá reclamando la soberanía de Ceuta y Melilla, pero los españoles no tenemos que echarnos al monte por ello. También nosotros decimos que Gibraltar es español, ¿no? Mientras esa reclamación sea retórica, como lo es la española respecto al peñón, los dos países pueden sostener relaciones comerciales, económicas, humanas y culturales mutuamente provechosas. Y si les interesa mi opinión, les diré que yo creo que Ceuta y Melilla deben ser lo que deseen sus poblaciones, al igual que Gibraltar. Así que el mejor seguro de españolidad para Ceuta y Melilla es que también sus musulmanes quieran ser ciudadanos españoles, como los llanitos prefieren ser británicos.

Un último apunte: arrojarse en los brazos de los Estados Unidos de Trump y el Israel de Netanyahu no es tan inteligente como quizá algunos piensen al sur del Estrecho. En primer lugar, Trump y Netanyahu no tienen amigos, tan solo vasallos. En segundo, ¿está seguro el majzén de que los marroquíes se han olvidado de Jerusalén y los palestinos? Y por último, la geografía es la que es: desde el Mirador de los Perezosos de Tánger se ve España, no Nueva York o Tel Aviv.

Una imagen vale más que mil palabras. Y las de ayer, en las que una mujer de 87 años era sacada a la fuerza de su casa por una empresa que pretende cobrar hasta seis veces más al próximo inquilino, lo decían todo sobre la situación a la que hemos llegado en materia de vivienda.

Viendo a Maricarmen abandonar su casa en camilla, no pude evitar recordar otra instantánea de los años posteriores a 2008 en los que las primeras familias empezaban a ser desalojadas de sus viviendas tras no haber podido hacer frente a la hipoteca. En uno de aquellos desahucios alguien captó una imagen que también acertó a explicarlo todo: mostraba a una familia en la calle, esperando no se sabe muy bien qué, los niños sentados sobre unas cuantas maletas y, a su lado, una pequeña montaña hecha con las pertenencias que habían podido sacar de su casa.

Entonces, como ahora con Maricarmen, había un cierto reflejo de pensar que aquello era un caso límite, una rareza, algo que solo le pasaba a un puñado de gente atrapada en una sucesión de catastróficas desdichas. Como cuando te dicen que un pariente lejano tiene cáncer y te pones a hacer preguntas como para poder construir la ficción de que esa persona tiene algo que la hace más vulnerable a la enfermedad que tú. 

Haríamos bien en no repetir el error. Lo que le pasó este miércoles a Maricarmen no es una especie de lotería de la mala suerte que le toca a una persona concreta. Es un fenómeno estructural que nos afecta a todos.

La cosa es esta.

En los últimos quince años, y sobre todo desde la pandemia, en el panorama financiero confluyen dos fuerzas opuestas. Por un lado, los tipos bajos, los estímulos y las inyecciones de liquidez de los bancos centrales de prácticamente todo el mundo han inundado el planeta de dinero barato. Por otro lado, la digitalización y la emergencia de una generación entera de técnicos y profesionales universitarios han cambiado de arriba abajo las reglas del juego económico: han llevado al límite la capacidad productiva de los países y, con ello, han hundido los precios de los bienes que habían sido el centro de las economías industriales. Resultado: una montaña de dinero barato que se ha quedado sin destino productivo.

De la suma de ambas cosas sale lo que podríamos llamar una “burbuja total”: una masa inmensa de capital ocioso que no encuentra acomodo en la economía productiva y que busca por dónde colarse, no para crear valor, sino para extraer rentas como sea y de donde sea, de los Estados o de los ciudadanos.

Las consecuencias más crudas y más evidentes son la gran burbuja inmobiliaria que se ha producido en todo Occidente y en China y el crecimiento de la bolsa estadounidense, que muchos hemos tildado de burbuja. Pero detrás de estos dos grandes fenómenos, hay uno menos conocido, que es el que estamos observando en el caso de Maricarmen. El private equity es un tipo de fondo de inversión que acumula capital para comprar empresas que no cotizan en bolsa. En un sentido amplio, formarían parte de este tipo de inversión tanto la empresa que ha desahuciado a esta octogenaria, como Housers, esa “startup” que se vendía como una bicoca y acaba de dejar a sus inversores en la ruina. 

En estos años el private equity ha tenido su propia fiebre del oro. En 2021 batió todos los récords de operaciones y, solo en Estados Unidos, en 2025 volvió a superar el billón de dólares invertidos en un año. Estos fondos acumulan en todo el mundo 7,5 billones de dólares –algo así como el 12% de toda la riqueza global–, de los que 2,7 billones son fondos que sus inversores ya han comprometido y que todavía no han sabido dónde colocar. En la jerga lo llaman dry powder, pólvora seca. Y esa pólvora caduca: si no la gastan dentro del plazo pactado, pierden el dinero y las comisiones. La presión por invertir es enorme.

Como las grandes industrias ya tienen dueño, esa pólvora se ha ido metiendo donde ha podido: en pequeños negocios dispersos y de proximidad; esos de los que ninguno podemos prescindir. En España lo han hecho con las clínicas veterinarias, con las dentales –donde un solo fondo controla unas 300– con las residencias de mayores, donde la mayor operadora, en manos de un fondo, suma más de 18.000 camas; con las tiendas y los centros comerciales, donde la inversión creció un 30%, hasta rozar los 2.700 millones de euros el año pasado, un 50% por encima de la media de los cinco años anteriores; y con la vivienda, donde el estadounidense Blackstone se ha convertido en uno de los mayores caseros del país. Solo en 2025, el capital privado invirtió en España más de 7.000 millones de euros en más de mil operaciones, un récord histórico. Todo lo que tiene un local, una clientela fija y un barrio que depende de él está en el objetivo de estos fondos. 

Esta burbuja del private equity está detrás de la subida generalizada de los precios (y del deterioro de los servicios) que hoy puede observarse en cualquier gran ciudad del mundo. Desde el aumento de los alquileres de los locales comerciales, que ha obligado a cerrar a varios centenares de ellos este año y que amenaza al 80% de las librerías madrileñas, hasta la subida de las tarifas de las empresas que, una vez adquiridas por los fondos, soportan enormes presiones para dar más beneficios.

Todos estamos probando ya, en pequeñas dosis, un aperitivo de lo que le ha pasado a Maricarmen. Cada vez que uno de estos fondos se hace con un trozo de ciudad, nos desahucia un poco a todos: del bar donde nos tomamos el café, de la clínica donde nos tratan los dolores, del dentista donde les ponen la ortodoncia a nuestros hijos. Y no nos desahucian para innovar ni para traer algo nuevo, ni para sustituir un servicio anticuado por otro mejor, sino para dejar las cosas como están, llevarse un pedazo mayor de la tarta y volver a invertirlo en más desahucios, o repartirlo en otro sitio. A veces, a miles de kilómetros de aquí.

En 2011 nos llevó varios años, muchos más desahucios, un rescate y darnos de bruces con la factura que nos dejaron los convidados a aquella fiesta, darnos cuenta de que los desahuciados no eran solo los de la foto. Ojalá no cometamos esta vez el mismo error: Maricarmen somos todos.

El desahucio de Maricarmen, de 87 años, es una fotografía exacta del sistema en el que vivimos. Una mujer que llegó con diecisiete años a una vivienda del barrio madrileño de El Retiro en 1956, y en la que ha vivido desde entonces. Esa casa está llena de sus vivencias y de sus recuerdos, incluyendo el de sus padres, que fallecieron allí. El Estado, con jueces y policías, ha ejecutado el desahucio para garantizar el derecho a la propiedad de sus actuales propietarios, que adquirieron el edificio entero para hacer negocio con él.

Los diferentes gobiernos no han estado a la altura de la situación. Según se recoge en prensa, el ayuntamiento de Madrid ha ofrecido llevarla a un centro de acogida o buscarle una habitación en una residencia a más de 30 kilómetros de su casa y por un precio que no puede pagar. El alquiler que tenía que abonar Maricarmen en su vivienda de toda la vida era de 500 euros mensuales, pero los nuevos propietarios le exigen ahora 2.650 euros y su pensión de unos 1.350 euros no llega a tanto; tampoco para ninguna residencia. Por su parte, el gobierno de España asegura haber intentado comprar la vivienda, pero que el fondo lo rechazó. Y ya está, como si eso fuera todo el abanico de opciones por parte de la política. El resultado es una forma de inercia institucional que convierte la impotencia gubernamental en el resultado habitual.

Se dice que el Gobierno no puede hacer más dentro de la ley, lo que es una verdad a medias. Con las leyes actuales puede hacer poco, pero las leyes se cambian, y además no son tan estrechas como se pretende. Para empezar, la Constitución establece que la función social de la propiedad delimita su contenido y admite incluso la expropiación por causa de interés social. El problema es que decir que no hay margen es aceptar que las normas actuales son las correctas. Y resulta que es bastante obvio, especialmente en el caso de la vivienda, que el marco jurídico sigue otorgando a la propiedad privada una capacidad de extracción de rentas que, la mayoría de las veces, entra en conflicto con la función social de la vivienda. Un entramado jurídico que antepone el derecho a emplear la vivienda como inversión antes que como derecho humano a un techo digno es un despropósito que crea casos como el de Maricarmen de manera recurrente. 

El caso de Maricarmen es en cierta medida excepcional porque, gracias a su incansable y costosa lucha —los que la conocen afirman que en los últimos cinco años ha visto gravemente mermada su salud—, hemos podido poner cara y relato a su caso concreto. Pero como ella hay decenas de miles de familias que se ven obligadas a abandonar sus viviendas por la codicia de los propietarios, que a veces son fondos de inversión pero otras veces son otros ciudadanos que creen que tener una propiedad les da derecho a seguir exprimiendo los bolsillos de sus compatriotas. Y cuando las familias no quieren o no pueden aceptar la subida de los alquileres, que detraen el dinero que podría dedicarse a más bienestar, la inmensa mayoría de estas familias abandonan sus viviendas de alquiler en silencio, pero con los sueños rotos y mayor incertidumbre de futuro. En este sentido, el desahucio de Maricarmen encarna un problema de época. 

La inmensa mayoría de las veces las viviendas se han encarecido sin que medie ninguna reforma que justifique esa elevación de precio. No es que los propietarios hayan realizado una reforma y ahora la casa valga más. El precio ha subido, o más bien disparado, porque el suelo es escaso y porque la acumulación de inversión pública, actividad económica, infraestructuras y densidad social del entorno lo ha convertido en un lugar deseado. Así, el precio aumentado de las viviendas se debe a la comunidad entera, que ha progresado. Ponga esa misma vivienda en el desierto y verá que no vale ni un euro más de lo que costó construirlo. Su extraordinario valor es posicional, vinculado al lugar del suelo. Así, la vivienda de Maricarmen vale tanto porque su barrio es hoy algo mucho más activo y dinámico que en 1956. No es mérito del propietario, que simplemente aprovecha esta circunstancia —debida a la comunidad, es decir a todos— para enriquecerse a costa de los inquilinos y, en este caso, de una mujer de 87 años. Y la ley lo permite.

Si ante todo esto el gobierno es incapaz de cambiar las leyes, poniendo orden en el mercado para que la vivienda deje de ser un activo financiero con el que hacer dinero y se limita a ser el lugar donde se satisface el derecho humano a vivir bajo techo, entonces estará siendo cómplice de un estado de las cosas absolutamente injusto. En España se da la circunstancia de que gobierna una coalición de izquierdas, que además se encuentra desde hace años bajo asedio por todas las derechas del país —no solo las políticas—, y que, adecuadamente, alerta sobre el crecimiento de la extrema derecha y la posibilidad de que lleguen al gobierno. Pero, ¿qué ofrece este gobierno en materia de vivienda que sea efectivamente distinto que lo que proponen las derechas radicalizadas y la extrema derecha? ¿Qué tipo de solución real propone este gobierno progresista al hecho de que para una parte creciente de la población poder tener una vivienda, o mantenerla, dependa de la bondad de sus propietarios? 

Se me objetará, con razón, que el gobierno ha dado algunos pasos en los últimos años y que, por ejemplo, ha empezado a desarrollar políticas de vivienda pública y ha destinado recursos crecientes al parque público. Pero la pregunta real es si esas medidas tienen una escala suficiente para alterar la estructura de un mercado en el que la vivienda sigue funcionando fundamentalmente como activo de inversión. Mi respuesta es que no, y que eso es precisamente lo que el gobierno buscaba, es decir, no molestar demasiado la rutina de los agentes económicos que conceptualizan la vivienda como una inversión. Y no se puede soplar y sorber a la vez.

No hay política de izquierdas creíble si la vivienda sigue siendo un paraíso para los rentistas. La alternativa va por grados, pero existe. Para empezar, contratos indefinidos, como los que protegieron a la familia de Maricarmen durante medio siglo y que una ley, y no la fuerza de la naturaleza, extinguió. También derecho público de tanteo y retracto en las ventas de edificios enteros. En tercer lugar, que la comunidad recupere por vía fiscal las plusvalías del suelo que ella misma genera. Y, en cuarto lugar, un parque público de vivienda a la altura de los países que lo tienen. Nada de eso es realmente radical. Lo violento, radical e inhumano es sacar de su casa a una mujer de 87 años porque el barrio que ayudó a construir se ha vuelto demasiado caro para ella y hay agentes financieros deseando hacerse millonarios a costa del resto.

Maricarmen lleva años con una garra de acero en el estómago, una espada de Damocles encima, aunque en realidad tenga edad para regar sus plantas, ver las noticias y dar paseos por su barrio mientras charla con sus vecinos de toda la vida. Ahora vivirá en un albergue, en casa de algún familiar o de la caridad de alguna escritora anónima. Pero no es lo mismo vivir que durar.

Nunca dejó de pagar sus 500 euros de alquiler, pero la empresa que compró su piso quiere más de 2.000 y lo ha conseguido gracias a una maniobra judicial para dar por acabado un contrato de renta antigua que estaba en vigor. Este miércoles han pesado más esos 2.000 euros mensuales para una empresa acaudalada con unos buenos abogados que una vida humilde y digna que se apaga. Miles de personas en la calle no se quieren adaptar a esa injusticia. Millones de españoles, desde sus casas, tampoco.

Preguntados los actores del sistema –desde los juzgados a la policía, ayuntamiento, empresa– revelan que no pueden dejar de hacer lo que están haciendo. ¿No es acaso una empresa una entidad cuya lógica existencial es la rentabilidad? ¿Acaso puede un juzgado desobedecer las instrucciones que salen de su mismo corazón? ¿No es la policía un brazo orgánico para que se cumplan las leyes? ¿No es cierto que el Ayuntamiento de Madrid tiene problemas para encontrar “alternativas habitacionales”? Si el PP, Vox y Junts hicieron caer a principio de año la moratoria de desahucios, ¿qué pueden hacer las administraciones desamparadas de normativa? Pero, ¿no se arreglaba todo con “prioridad nacional” y los españoles, como la castiza Maricarmen, iban primero?

El “sistema”, que es un conjunto de decisiones imbricadas que toman las personas, está hecho para perdurar y tiene, a veces, pereza procesal. A menos que alguien de esa cadena se arriesgara y se plantara para cortocircuitar lo que puede ser tan legal como inmoral e injusto. Un gesto político, una presión para extirpar y romper el cable que ha llevado a Maricarmen a la acera de su calle. Descolgar el teléfono y llamar a Urbagestión. La sentencia de la que parte todo es un clavo no extirpable, pero hay muchos actores que pueden tomar medidas de modulación, y lo harían si Maricarmen fuera su madre.

No hace una semana que conocíamos los detalles de cómo la Comunidad de Madrid había comprado un ático, no muy lejos de la casa de esta mujer, con una necesidad desconocida y una finalidad dudosa, por más de 6 millones de euros. Para que se quedaran a dormir autoridades de visita (¿y los hoteles?) o para autoridades de Madrid (¿no tienen casa?). Mientras, los ciudadanos las pasan canutas para vivir de alquiler y mantenerlo, que es ya todo un reto.

Este “sistema” –palabra como coartada para esconder la incapacidad o falta de agallas de las personas que manejan sus palancas y no se atreven a quebrar el camino o hacerlo transitable para las personas normales– es capaz de perpetuar una injusticia como el desahucio de Maricarmen porque se pone fino y dice que no puede hacer otra cosa.

Pero cuando quiere, no es tan fino y es capaz de rubricar y blanquear una operación administrativa dudosa, mal justificada (según la propia interventora) y permitir que se lleve adelante, como la compra del aticazo. Porque el sistema es, en realidad, los poderosos que lo conocen y tienen información. El sistema es una construcción, un espejo para que no podamos mirar a un culpable a los ojos.

El desahucio de Maricarmen no se resolvía hoy. Se debió resolver en el Congreso hace años, y con gobiernos centrales, comunidades y ayuntamientos comprometidos hace décadas en aumentar viviendas y limitar la especulación salvaje. Con un alcalde de Madrid y una presidenta dispuestos a tomar cartas y parte defendiendo a la que debía de ser “una de los suyos”. Tomar parte es algo más que poner al Samur a la puerta de quien va a acabar sus últimos años desvalida y despojada del apoyo institucional que merecía.

Un portavoz de la Organización Mundial del Comercio propone la vuelta a la esclavitud en África. Un directivo de una petrolera anuncia en rueda de prensa un plan para convertir a los muertos por contaminación en petróleo. Altos funcionarios desvelan planes demenciales, ejecutivos de multinacionales confiesan acciones criminales.

En los años noventa y principios de siglo, el colectivo activista Yes Men montaba performances a medio camino entre el arte y el activismo para desenmascarar al gran capital. Su estrategia siempre era la misma: sus dos cabecillas, Jacques Servin e Igor Vamos, se hacían pasar por ejecutivos de grandes empresas, altos funcionarios o portavoces ministeriales, perfectamente trajeados y con la acreditación colgada al cuello, se colaban en encuentros internacionales y ruedas de prensa para lanzar discursos que parecían auténticos, hasta que se descubría que era una sátira. En Youtube pueden encontrar vídeos de acciones como las del primer párrafo.

En los últimos años los Yes Men perdieron gas, porque la vida política y empresarial se volvió en sí misma paródica, y cada vez costaba más saber si estábamos ante una broma o no. Para entendernos, Trump parece una creación de los Yes Men, y algunos seguimos esperando el momento en que se desvele la gran broma.

Parecían ya fuera de juego, pero los Yes Men han vuelto por la puerta grande: se han plantado en Madrid, haciéndose pasar por organizadores (jaja) de una cumbre de “líderes mundiales de inversión inmobiliaria” (jaja), a la que han llamado “The District” (jaja), y han troleado al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para que les dejen celebrarla en Ifema (jaja), y convencido a los CEOs de fondos de inversión y empresas de capital riesgo de todo el mundo para que participen (ja, ja y ja). Se lo deben haber pasado bomba redactando un programa lleno de términos en inglés totalmente inventados: Affordability, PropTech, Investment Resilience, Crowdlending… Risas, risas, risas.

Para poner la guinda a la gran broma, han convencido a Isabel Díaz Ayuso para que inaugure el evento fake. Cuando todavía humea el escándalo de su ático millonario, los cachondos de los Yes Men han hecho creer a la presidenta madrileña que aquello es de verdad un evento de inversores que buscan “oportunidades de negocio” en los juegos del hambre de la vivienda madrileña y española, y el mejor foro para que ella haga una defensa del libre mercado. Y todo en la misma semana en que pretenden desahuciar a Maricarmen. Mis aplausos, muchachos.

Imagino que los sindicatos de inquilinas y colectivos vecinales que protestan contra The District están en el ajo, guiño-guiño, codazo-codazo, y hacen como que están indignadísimos de que se monte una feria del inversor inmobiliario en una de las ciudades más despiadadas de Europa en materia de vivienda. Estoy deseando que destapen por fin la farsa, que salgan en mitad de una de las conferencias y hagan pedorretas, saquen pancartas, tiren confeti y desvelen que sí, que hemos picado, que era todo un montaje para desenmascarar el monopoly que hace dinero gordo con nuestra miseria.

Porque lo contrario, que no fuese una parodia y de verdad nos montasen en toda la cara un salón de capital inmobiliario a la búsqueda de “oportunidades de negocio”, amadrinado por Ayuso, significaría que los que hoy se ríen son ellos, de nosotros.

Friedrich Mertz aludía a la creciente “fascinación que despierta el autoritarismo en nuestra sociedad” para justificar la debacle de los democristianos en las recientes elecciones de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Por primera vez desde la fundación de la República Federal, en 1949, la CDU se queda fuera de un parlamento regional. Se convierte en fuerza extraparlamentaria, como lo había sido la extrema derecha alemana hasta agosto de 2014, cuando consiguió entrar en el parlamento de Sajonia (sin Anhalt) con el 9,7% de los votos. Doce años después. Alternativa por Alemania (AfD) rozó el 44% de los votos en Sajonia-Anhalt y el 38,2% en Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Es el mundo al revés, sin duda, pero no puede decirse que sea un hecho inesperado, uno de esos cisnes negros sobre los que especulaba Nicholas Taleb. Esta —también— es la historia de una muerte anunciada. Y lo peor es que no tiene visos de solucionarse si los análisis descansan de manera simplista y simplificadora sobre esa nueva “fascinación por el autoritarismo” que le sirve al canciller para meter en el mismo saco a AfD y a Die Linke, cuya candidata fue la más votada en las elecciones municipales de Berlín con un programa centrado en la crisis de la vivienda y del alquiler en la capital de la República, proponiendo medidas semejantes a las que sirvieron a Zohran Mamdani para ganar en Nueva York. Elif Eralp, futura alcaldesa de Berlín, es hija de padres turcos exiliados. Mamdani, por su parte, tiene orígenes ugandeses y sobre todo indios. Parece que la nueva política de izquierdas es cosa de expatriados, de outsiders de un sistema político cuyos principales representantes –conservadores, socialdemócratas y liberales— se han estado pasando la patata caliente de la gobernabilidad sin dar respuesta a los cada vez más acuciantes y concretos problemas de una ciudadanía harta de oír que “no hay alternativa” a un capitalismo desenfrenado que lo convierte todo en mercancía susceptible de ser vendida o comprada atendiendo exclusivamente a la maximización de beneficios. En 1987, el Gordon Gekko de Oliver Stone afirmaba que “la codicia era buena”. En 2010 rubricó la frase asegurando que «ahora es legal».

El programa de la extrema derecha alemana, como el de todos sus correligionarios, también asegura preocuparse por los problemas cotidianos de la gente, incluida la vivienda. Pero para solucionarlo echan mano de lo que el sociólogo Richard Seymour ha llamado “nacionalismo catastrofista” (disaster nationalism), que se caracteriza por una fijación por las fantasías del colapso y, sobre todo, por la canalización del resentimiento y la humillación individuales —económicas y sociales— hacia una nueva política de la crueldad y una violencia compartida hacia colectivos más vulnerables: los inmigrantes, sobre todo. Es lo que Pablo Stefanoni llama en su reciente y muy recomendable libro, Un fantasma recorre el mundo, el «malismo». Y es, exactamente, lo que está pasando en Ceuta. La agresión a una diputada ceutí, a un activista y a una abogada especializada en derechos humanos es una buena muestra de que las palabras exaltadas acaban provocando mucho más que simples incendios verbales. Hablar de “invasión” por parte de Vox es un ardid electoralmente interesado. 

Porque el monocultivo informativo del problema ceutí —que existe, sin duda— no solo beneficia a la extrema derecha patria y a unos populares que intentan darles caza con más dosis de tremendismo y dejando que el problema se le enquiste al Gobierno. Lo peor es que desplaza el foco de atención de otros problemas que urge solucionar cuanto antes, a riesgo de que el colapso deseado por los extremistas acabe con los andariveles de la democracia, ya tambaleantes. Por ejemplo, la pobreza laboral. En 2025, el porcentaje de personas que, a pesar de tener trabajo, estaban en riesgo de exclusión social subió hasta casi el 16%. Si tenemos en cuenta que hemos alcanzado el récord de afiliación activa a la Seguridad Social, con 22,5 millones de personas, es evidente que la distancia entre las boyantes cifras macroeconómicas y las depauperadas economías domésticas es una de las claves que más y mejor explican ese malestar que sirve de combustible electoral a las extremas derechas aquí y en todo el mundo. 

¿Y qué decir de la vivienda? La semana pasada, el PSOE se abstuvo en una proposición de ley que abogaba por prohibir que empresas y fondos buitres compraran casas y edificios con fines especulativos. Los socialistas arguyeron que la propuesta generaba inseguridad jurídica y que es mejor aumentar la fiscalidad a compras de extranjeros no residentes y penalizar los pisos vacíos, cosas que no han hecho hasta el momento. Pero el mayor obstáculo para solventar el problema de la vivienda en España es legislativo: nuestro marco regulador se ha orientado durante décadas a proteger la seguridad del tráfico mercantil y la rentabilidad de la inversión inmobiliaria. Aquí el inversor siempre gana y por eso se invierte a espuertas. Hace pocos días hemos sabido que las ejecuciones hipotecarias del segundo trimestre de este año han aumentado un —brutal— 27,5% interanual: más de la mitad se firmaron en plena burbuja inmobiliaria, entre 2005 y 2008. 

Veinte años pagando una hipoteca para acabar perdiendo el dinero y la casa. Eso también es una catástrofe. 

Se acrecienta la sensación de apocalipsis tras mucho tiempo de no hacer nada por evitarlo, aun alertando de cómo se gestaba. Fuera tenemos a un individuo que tira bolsas de basura rotuladas con los nombres de medios informativos que le disgustan, desde la Casa Blanca donde reside. Los que -dice- “hablan mal de él”. Trump, el presidente de los Estados Unidos, es responsable de grandes daños a la economía mundial como la subida de precios de los combustibles, por ejemplo, que repercute en mucho y en todas partes. Además de dar grandes pasos en la destrucción de la democracia. Aquí, el panorama es de una tensión tal que hasta los más proclives a venerar lo establecido parecen algo preocupados. Esto, en nuestro país se solventa repartiendo culpas y cargando tintas.

Es para preocuparse. El estallido de violencia ultra en Ceuta, hasta con agresiones a personas a cargo de una turba exaltada supone un hito de trascendencia. Fueron estimuladas por bulos, nada casuales, en absoluto democráticos, por varios medios de intoxicación, también llamados eufemísticamente informativos. Han crecido por esporas. Con toda impunidad. Porque su siembra de odio no tiene nada que ver con la libertad de expresión.

Lo peor es que a la bulosfera oficial se suman medios digamos normales. Programas como Espejo Público, incluso Telemadrid, también difundieron los bulos sobre la identidad de quienes terminaron asaltados en Ceuta. La desinformación termina siendo masiva. Y, cuando hace daño a personas y a la propia sociedad, ha de ser punible, cueste lo que cueste. No es libertad de expresión, insistamos, son mentiras con intención de ocasionar un perjuicio.

La actitud del PP está siendo deplorable. Evidencia una vez más su objetivo de conseguir la Moncloa a cualquier precio. Ha sido una sucesión de renuncios a sus propias palabras, de obstaculizar soluciones, de estimular la confrontación y con ella la violencia, para poner ahora una tirita (verbal) sobre las heridas abiertas y pensar que así cumplen.

Solo en eso se puede fundamentar la marcha, que secundando a Vox y a la ultraderechista Sociedad Civil Española, plantea el PP para dar un “ultimátum” al Gobierno: convocar elecciones antes del 15 de noviembre o “paralizar el país”. ¿Ultimátums en democracias? Esto es pura oclocracia: el gobierno de las turbas, claramente inspirado por lo que creen haber logrado en Ceuta, sobre todo a partir del ataque a la diputada y las ONG. Huele todo a acción premeditada y con decisivos concurrentes.

Cada vez es más siniestra la sombra de lo que se avecina con un gobierno PP/Vox (o viceversa) que tantos dan por hecho. Preocupante por cualquier lado que se mire. Existe otra vida fuera de este túnel oscuro que puede verse perturbada. Un equipo del hospital de La Paz ha descubierto una técnica que podría eliminar la inmunosupresión en pacientes trasplantados, que tanto condiciona su vida. Ante este gran avance médico, piensas que esto también se acabará en el reinado de la codicia de esta derecha española, una de las más sucias del planeta. Estas cosas son las que importan, no las pugnas de partidos, aunque el que triunfa en estas es quien condiciona todo lo demás.

Se suman las amenazas de otro cariz, sus vendettas, su desinformación que es la tónica ya de los medios a los que subvencionan o apuestan sin tapujos por esa vía de gobierno para España. Hasta exilio y cárcel. La violencia en Ceuta y ya en otros muchos lugares da pistas bien claras. Y también algunas actuaciones judiciales que se ofrecen con el mismo descaro y ante las que nadie que puede hace nada. Nadie, nada ¿lo vemos claro?

El gobierno de Sánchez actúa con una tibieza preocupante ante las amenazas que se ciernen sobre este país. Claro que su presidente está siendo acosado a unos niveles que se asemejan a los sufridos por Lula Da Silva en Brasil. Y parece bastante ingenuo -no sé si es la palabra adecuada- creer que las urnas le resarcirán de tanto atropello. Lo del juicio a su mujer, con un premeditado escarnio público ante un jurado es el sumun. Los hitos mediáticos de las resoluciones de Peinado, que demuestran la impune animadversión de este individuo en funciones de juez, al hacerlos coincidir con viajes internacionales del presidente. Y el que nadie -de quienes pueden- está dispuesto a detener este escándalo. “El juez Peinado ha llevado adelante una instrucción sesgada y ridícula contra Begoña Gómez que, más que retratarle a él, retrata al Poder Judicial que lo ha consentido”, define aquí el abogado Carlos López-Keller. Terrible retrato pues.

Dice el portavoz del PP Borja Semper que los insultos se acabarán cuando el PP trinque el poder total -me permito traducirlo a mensaje real-. Puede que ni aun así, pero es triste gracia admitir estos métodos. Porque son ejemplo de toda una trayectoria política.

En Ceuta el Gobierno lo ha hecho mal. El PP lo hubiera hecho peor y lo está haciendo como “oposición” de forma torticera. Y si alguien cree que, como Vox, se va a oponer a lo que mande el amo Trump en idilio con Marruecos e Israel es que vive en otro mundo.

Feo panorama tenemos. En donde los socios del gobierno priman a veces sus intereses electorales sobre los intereses de la sociedad, cuando con este panorama no hay mucho que esperar y como si tuviéramos todo el tiempo del mundo.

La futura alcaldesa de Berlín, hija de emigrantes turcos, promete intervenir los precios de los alquileres y socializar las viviendas de los fondos de inversión. Ése es el camino. La vivienda, y, también, liberar a la sanidad de las garras de la especulación que le imprime el PP. La lista de cuanto se debe hacer. Y no se hace.

He dejado para el final al PSOE “pata negra” que, por cierto, la está sacando estos días para posicionarse. Y para ponerla delante de Sánchez a ver si tropieza y cae del todo. Encabritados con el ministro Óscar Puente que no se calla ante nada, no se les oye ni media palabra crítica de acciones flagrantes de otras personas y partidos. Pero, sobre todo, no paro de preguntarme cuando leo lo de los Page, González, ¡hasta Corcuera sale! y sus periodistas que los tiene ¿A qué PSOE reivindican las viejas glorias del partido? ¿Al que maquilló con notable efectividad de democracia este país y dejó intactas las estructuras del franquismo? La justicia, el ejército en su momento, el poder de fuerzas empresariales que se habían forrado con el régimen se conservó tal cual estaba. La justicia conservó grandes zonas de lo que ya se llama “el marchenismo”, crecidas incluso en estas décadas, y así nos vemos.

Te decías entonces: claro, es que no se puede ir más allá dadas las circunstancias, que es la excusa que se pone siempre, siempre, para perdonar lo que no se hace.  ¿Quién lo arregla ahora? Entre zancadillas por un lado y puente de plata con todo tipo de soportes para el otro.

Hay una pregunta más, sí. Es necesario saber si la jefatura del Estado todo lo que tiene que hacer cuando la democracia se derrumba es poner cara seria ante las soberbias autoexculpaciones del Poder Judicial, de ser ese el motivo del gesto.

Es de extrema urgencia reaccionar ante lo que ataca a la democracia y debe hacerlo el gobierno en primer lugar con contundencia. Aunque algunas de las acciones más enérgicas dependan de las peculiaridades que se avistan en la justicia en algunos casos cuando rozan los temas políticos.

Algunos no tenemos tiempo de pasar otra vez por varios años de democracia “orgánica” como decía Franco. Nadie merece pasar por ese calvario salvo quienes se aprovechan de él. Al borde del precipicio, no implica caerse, ni tirarse con los ojos cerrados: cabe darse la vuelta.

De todas las frases que el alcalde de Nueva York, Zorhan Mamdani, pronunció tras ganar las elecciones, hubo una que resumió el espíritu de su campaña y por qué logró obtener más de un millón de votos: “La esperanza sigue viva”.

Menos de un año después, Elif Eralp, una admiradora suya, ha logrado imponerse en Berlín. Ahora debe forjar una coalición con Los Verdes y el SPD para poder gobernar. La ciudad alemana será un bastión frente a la extrema derecha, como otras grandes capitales, desde Roma a París, Londres o Barcelona. La excepción es Madrid, en manos de una derecha con unas formas y un programa intercambiables con el de la extrema derecha.

Ambos, Mamdani y Eralp, cuya personalidad va más allá de las siglas de sus partidos, han sido capaces de transmitir ilusión en las formas, con campañas modernas, y en los mensajes, sin temor a ser tildados de radicales por referirse a “la clase trabajadora” o prometer medidas que sí son ambiciosas para frenar la crisis de vivienda.

En Nueva York se va a congelar, a partir del próximo octubre, el alquiler de un millón de apartamentos. Por su parte, la candidata de Die Linke ha abierto la puerta a la expropiación de más de 200.000 viviendas en manos de fondos privados. El tiempo dirá si las medidas son efectivas, pero al menos intentan romper con la percepción de que hay poco que hacer por falta de competencias o de convicción.

Además, los dos son políticos que han entendido algo que en España parece que ni el PSOE ni los que se sitúan a su izquierda acaban de comprender: una cosa es que la extrema derecha sea un peligro (que lo es) y otra es pensar que solo con el discurso del miedo basta para retener a los votantes. En el pasado funcionó, pero ya no es así.

Tampoco la condescendencia es una fórmula que sirva para retener al electorado y evitar que se vaya a la abstención o cambie de papeleta. Es algo que el propio Mamdani subrayó también en ese primer discurso como ganador. El trato paternalista, la simpleza de que cada vez más electores “votan mal” o minimizar los errores propios también pasan factura.

En la entrevista que concedió recientemente a El País, el alcalde de Nueva York citaba unas prioridades que serían replicables en otras ciudades. Una de sus iniciativas estrella, los supermercados públicos que ahora el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quiere copiar, es de las más llamativas. No solo el bolsillo explica el avance de la extrema derecha, pero sin atender a las conversaciones diarias de la calle, donde preocupa más la cesta de la compra que las instrucciones judiciales controvertidas, tampoco se entiende por qué las perspectivas electorales en España son las que son.

Otra de las promesas de Mamdani es mejorar el transporte público. Aquí, solo hace falta intentar moverse en Rodalies para que se entienda que el enfado de sus usuarios, que no se resuelve con mensajes del ministro del ramo en X, está más que justificado.

La extrema derecha española no es distinta de la del resto. Se alimenta de propagar el racismo y alimentar una imagen nostálgica de un país que solo existe en su imaginario sepia. A su favor juega una derecha que le copia medidas y que le ha dado entrada en las instituciones.

Hoy en España no ha emergido aún una nueva figura que sea parecida a Mamdani o a Eralp. Alguien que contrarreste con aire fresco el vendaval reaccionario, que hable de manera desacomplejada de seguridad o calidad de vida sin emular las recetas de la derecha, pero sin entregarles esas banderas ni embarrar más el debate público. Un discurso que permita pasar de lo antiguo a lo nuevo, en expresión del alcalde de Nueva York.

No es en absoluto nuevo el debate sobre el acceso de menores a los instrumentos de nuevas tecnologías, notablemente el teléfono móvil, las tabletas y los ordenadores. Cuando digo nuevo lo hago en relación con el tiempo que estos elementos llevan aquí. Y, desde luego, tampoco es novedoso el debate sobre la relación de nuestros menores con internet y con las redes sociales. Aunque, en realidad, todo es lo mismo, pues ninguno de esos instrumentos tendría el interés que tiene si no nos proporcionara la puerta de acceso a internet y a las redes.

Ciertamente, se ha generado un gran debate sobre el acceso a espacios cuyo control no tenemos ni parece que podamos tener. Y me refiero tanto a la ciudadanía como a los poderes públicos, en los que parece que ahora existe una enorme preocupación.

Preocupación lógica derivada de la situación en la que nos hallamos: dominación y poder de la tecnología, en lo que se ha venido en llamar “tecnodominación”; invasión de prácticamente todos nuestros espacios vitales; falta de formación suficiente y adecuada para su manejo consciente, útil y controlado; escaso conocimiento de los sujetos que dominan realmente estas redes; el inmenso poder de las corporaciones en estos sectores, constituyendo un nuevo capitalismo -el “tecnocapitalismo”- absolutamente carente de regulación eficaz; la casi nula implicación pública interna e internacional y la correspondiente falta absoluta de control público de estos espacios, pese a haberse dedicado grandes inversiones de dinero público para equipamientos varios que han permitido que el “ciberespacio” haya ocupado todo el terreno y, en cierta medida, también nos haya facilitado la vida y el acceso al conocimiento.

No es desdeñable la realidad de que, por supuesto, las nuevas tecnologías nos permiten acceder ampliamente a bienes y servicios de todo tipo y que constituyen una ventana al mundo como nunca antes en la historia. Y que ello ha permitido también “democratizar” esos valores.

Y, por tanto, de esta manera, si bien hubo un tiempo en que creímos que este “ciberespacio”, además de ilusionarnos, captar toda nuestra atención y generar esperanza, podría ser un bien de dominio público o cuasi público, lo cierto es que de ello ya no existe casi ni el recuerdo, pues resulta algo imposible de imaginar cabalmente en la actualidad. Ahora, este espacio genera beneficios económicos imposibles de calcular y, además, permite el control y la dominación de ideas y personas. O sea, se ha hecho una buena avería. Y, por supuesto, sin la necesaria intervención pública para su regulación y control -en ninguna parte-.

Pensemos en la Inteligencia Artificial (IA) y todo el debate suscitado en torno a ella. Pensemos en los intereses existentes en torno a su no regulación o a su regulación y las diferentes posiciones de los Estados Unidos y China, por poner un ejemplo -el ejemplo-. Recordemos que la UE aprobó en 2024 la primera norma en el planeta sobre esta materia, el Reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, con un calendario gradual de aplicación que llegará hasta agosto de 2028 y que, a estas alturas, ya debe estar siendo aplicado en su mayor parte. ¿Alguien ha percibido algo? ¿Tiene la UE capacidad de garantizar, como dicho Reglamento pretende, en esencia, que los sistemas de IA sean seguros, éticos y respeten los derechos fundamentales? Más bien parece que no será así, dado que los núcleos reales de decisión nos pillan realmente lejos, tanto que no sabemos dónde se encuentran.

Pues si ya para la población adulta la cosa está complicada, hay una evidencia clara de su especial afectación a las personas menores. Los datos son apabullantes, muy similares en diversas fuentes: en España, más del 80% de los niños entre 10 y 12 años y hasta un 98% de los adolescentes tienen presencia o están registrados en al menos una red social; la edad media en la que un menor recibe su primer teléfono móvil con acceso a internet se sitúa en los 9,6 años; el 78,3% de los alumnos en los últimos cursos de Educación Primaria ya utiliza alguna red social, dato que asciende al 92,5% en la adolescencia, y un 75,8% participa en tres o más plataformas de manera activa. Y, en cuanto al tiempo de uso, también la cosa es muy seria: entre los 8 y 12 años, el 29% de los niños y el 23% de las niñas usan redes sociales entre una y dos horas al día, con un control parental mayor en estas edades que en la adolescencia, claro está.

Conocemos también los graves problemas de agresiones y vejaciones de todo tipo por estos medios, así como la difusión no consentida de imágenes. Y los nuevos problemas psicológicos de ansiedad por desconexión.

Pues si todo esto ya lo conocíamos, el debate se ha acentuado tras conocerse las conclusiones del Informe PISA el pasado 8 de septiembre, a cuyo tenor España cae y llega a mínimos históricos en lectura, matemáticas y ciencias, habiendo el alumnado de 4 de la ESO retrocedido en tres años el equivalente a un año escolar, y estando por debajo de la media de la OCDE.

Lo destacable de ello es que, a lo que ahora interesa, entre las causas más relevantes de estos tremendos resultados, se subraya el uso abusivo de “las pantallas” tanto en los hogares como en las aulas y su consecuencia inmediata de dificultades para leer y comprender textos de más de 400 palabras, con peores resultados en los menores de familias con mejores condiciones económicas y que, por tanto, tienen mayor acceso a dispositivos electrónicos. Realmente, los datos son muy ilustrativos de la situación real.

Y ahora comienza de verdad la carrera por la regulación, la limitación y, en su caso, la prohibición de acceso de los menores a los entornos digitales. Una carrera en la que España no estaba mal posicionada, toda vez que algunas medidas limitativas -acceso a las redes sociales de los menores de 16 años- ya constan en el “Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales”, cuya tramitación fue aprobada el 10 de septiembre de 2025 por el Congreso de los Diputados. Tramitación que, al parecer, continúa, sin que, un año después la Ley se haya aprobado. 

Una carrera que comenzó en Australia, país en el que, desde diciembre de 2025, rigen medidas importantes contra el uso de redes por los menores, sin que consten resultados especialmente esperanzadores. Y que siguió en Francia, que aprobó el 21 de julio del presente año una Ley prohibiendo el acceso a las redes sociales de los menores de 15 años. Ley dejada sin efecto a los pocos días, el 14 de agosto, por el Consejo Constitucional -¡qué envidia que en tan breve tiempo se decida sobre la adecuación de una Ley a la Constitución!- por entender que la norma contenía una vulneración desproporcionada de la libertad de expresión y de comunicación de la población juvenil y por considerar que la medida en cuestión no es “adecuada, necesaria ni proporcionada”. Veremos lo que sucede en adelante, dado que el presidente Macron ha pedido al primer ministro que formule una nueva medida “jurídicamente sólida” que tenga en cuenta las indicaciones del máximo tribunal de Francia.

Carrera a la que se suma ahora la UE que, por boca de la presidenta de su Comisión, la Sra. Von der Leyen, anunció la pasada semana en su discurso sobre el Estado de la Unión una propuesta para fijar reglas comunes sobre el acceso de los menores a las redes sociales, avanzando la distinción por edades, negando tal acceso antes de los 13 años y permitiendo cuentas personales a partir de los 15 años, así como medidas reforzadas de protección hasta alcanzar al mayoría de edad. Aunque no conviene olvidar que no se trata de una auténtica novedad, pues la posible adopción por la UE de medidas similares ya se había aprobado el pasado 26 de noviembre de 2025 al votar los miembros del Parlamento Europeo un informe -con 483 votos a favor, 92 en contra y 86 abstenciones- en el que se expresa la profunda preocupación por los riesgos para la salud física y mental de los menores en el entorno digital y se propone una edad mínima armonizada en toda la UE para el acceso a redes sociales y plataformas, edad que sería de 16 años en general y de 13 años para el caso de contar con el consentimiento parental. Ahora falta materializar la propuesta.

Y, en lo que más cerca me toca, el pasado jueves, el lehendakari Pradales anunció en el debate de política general en el Parlamento Vasco, que Euskadi se sumará a la estrategia europea en este terreno, proponiendo la prohibición de acceso a las redes a los menores de 15 años y anunciando un Acuerdo Social de uso responsable de las pantallas en los centros educativos y en los hogares.

No tengo duda de que por esta senda van a transitar otros líderes políticos e institucionales, porque es “lo que toca”.

Ahora bien, entiendo que también corresponde ahora tomar otras decisiones de las que se habla menos, pues son menos efectistas y más difíciles de implantar. Ciertamente, la cuestión no es si los menores deben dar la espalda a las nuevas tecnologías, sino si es o no prudente entregar dispositivos móviles a menores, herramientas que muchos adultos ni siquiera sabemos controlar. Hoy ya no es posible -ni conveniente ni deseable- dar la espalda a las ventajas de los dispositivos que permiten acceder a internet, pues pueden facilitar el aprendizaje, la creatividad y la participación social.

Pero ello exige una auténtica alfabetización digital que quienes ahora somos adultos no hemos recibido -y, desde luego, se nota-. La clave está en educar a los menores para desenvolverse en el mundo digital, con conocimiento de sus potencialidades y de todos sus riesgos. Solamente así podrán superarse los problemas que se derivan de su estrecho contacto con el entorno digital de manera prematura sin educación específica. Y ello, por cuanto que el mundo digital no está pensando en modo alguno en el superior interés del menor sino en la captación de usuarios, extracción de datos y ganancias millonarias.

Por tanto, las limitaciones tienen razón de ser, pero la prohibición total no es la solución, pues no cabe ya poner puertas al campo, sino que ha de limitarse, controlar y educar, que siempre es más difícil y más costoso en todos los sentidos que la prohibición drástica y generalizada.

Por otra parte, una decisión de limitaciones y/o prohibiciones sin formación específica en pensamiento crítico va a dificultar un acceso seguro y razonable al entorno digital al alcanzar la mayoría de edad.

Finalmente, pensemos también en nuestro papel de adultos y nuestra relación con el contexto digital y su influencia en los menores que nos rodean. ¡Alguna responsabilidad tenemos también, sin duda, en toda esta situación!

Cada tres años se repite la liturgia. Se publican los resultados de PISA. Tiemblan los cimientos del sistema educativo. Los titulares decretan el hundimiento o la remontada. Cada actor encuentra en las cifras la confirmación de lo que ya pensaba, y, a las tres semanas, el debate se apaga hasta la siguiente entrega. Pasada ya la tormenta de la última edición, con sus malos datos para España en general y para algunas comunidades en particular, quizá sea buen momento para preguntarnos ¿qué estamos midiendo exactamente cuando medimos, y qué dejamos de discutir cuando aceptamos que la medida o la cifra alcanzada acaba siendo el debate?

La politóloga Deborah Stone lleva décadas insistiendo en algo que parece obvio y no lo es. Los números que cada uno utiliza no son inocentes. Antes de contar hay que clasificar, y clasificar es decidir qué cosas cuentan como descripción de lo que queremos analizar. Toda cifra acaba siendo el resultado final de una cadena de decisiones previas. ¿Qué se pregunta?, ¿a quién?, ¿cómo se agregan los resultados?, ¿qué se deja fuera de la cuantificación?, e incluso ¿qué desaparece de la vista en cuanto el número se publica?. Los números, dice Stone, no hablan por sí solos como muchas veces decimos. Lo que nos dicen, finalmente, es en qué pensaban quienes los diseñaron. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, funcionan en el debate público como si fueran la realidad misma. Son simultáneamente evidencia y argumento, son dato y acaban siendo sentencia.

El caso PISA es un ejemplo de manual. Fijémonos en dos episodios recientes. El primero el que aparentemente llevó a algunos responsables de la cosa en Cataluña de retocar la muestra de alumnos examinados para dejar fuera a quienes previsiblemente harían bajar los resultados. Más allá del juicio que merezca la ocurrencia, lo revelador es lo que parece que justificaría el desaguisado, es decir que el objetivo ya no sería conocer el sistema sino mejorar el marcador. Cuando el indicador se convierte en la meta, deja de medir lo que decía medir. Y de paso queda a la vista lo que sería la operación de fondo, o sea decidir quién entra en la muestra es decidir qué alumnado “cuenta” como sistema educativo. Pero aquellos con más desventajas, por mucho que quieras hacerlos invisibles, son aquellos que precisamente deberían ser los más relevantes pedagógicamente hablando. 

El otro tema también es relevante. La conversación pública sobre los últimos resultados acabó girando casi monográficamente en torno a las pantallas culpándolas de todas las desgracias. Aunque, curiosamente, el propio informe no les dedicaba un gran espacio y desde luego no establecía las relaciones causales que luego se les atribuyó. ¿Cómo se explica? Lo que muestra es que el número, la cifra, una vez se ha publicado, acaba siendo un recipiente vacío que cada cual llena con lo que es su diagnóstico favorito. La cifra da la alarma y el relato lo ponen otros desde sus posiciones de partida. En ese sentido el relato de las pantallas reúne todas las ventajas. Es más o menos intuitivo, acaba señalando un culpable que es exterior a la escuela, permite proponer medidas visibles e inmediatas y, sobre todo, no obliga a hablar de todo lo que queda oculto tras las pantallas. Ni de obsolescencia del modelo educativo, ni de financiación, ni de segregación escolar, ni de condiciones del profesorado, ni de la relación entre pobreza infantil y aprendizaje. Variable esta última que es precisamente la que más pesa en los propios datos de PISA y la que menos titulares ha generado.

Este es el mecanismo que Stone describe. En el baile de cifras no discutimos más, discutimos menos. La aparente objetividad del número facilita que clausuremos precisamente las preguntas que deberíamos mantener abiertas. ¿Qué escuela queremos? ¿Cuál es su papel en una sociedad atravesada por la incertidumbre, la diversidad y la desigualdad? ¿Qué debe saber y saber hacer alguien que tendrá que vivir en ese nuevo mundo en el que estamos entrando aceleradamente? PISA mide, con solvencia técnica, una porción acotada de competencias en tres ámbitos, en un momento dado, con pruebas estandarizadas. Es información valiosa. Pero no mide el vínculo, ni la convivencia, ni la capacidad de la escuela para compensar orígenes, ni la formación de ciudadanía, ni casi nada de lo que cualquier familia consideraría esencial al elegir dónde educar a sus hijos. Confundir el termómetro con el diagnóstico, y el diagnóstico con el proyecto, es el error que tendemos a repetir cada tres años.

Con todo ello no queremos decir que debemos renunciar a medir. Se trata de recordar que toda medida es una representación entre muchas posibles, y de preguntar quién estaba en la habitación cuando se decidió qué contar. ¿Estaban los docentes? ¿Las familias de los barrios donde se concentra el fracaso? ¿O solo quienes necesitan rankings comparables entre países? Un sistema educativo que trate de gobernarse a golpe de PISA acabará pareciéndose a lo que PISA puede medir. Que, no nos engañemos, es bastante menos que lo que la educación debe ser.

La calidad de un sistema educativo no cabe en una cifra por resultona que sea. Discutir sobre calidad es establecer una conversación plural sobre equidad, sobre el sentido de educar, sobre qué sociedad queremos que la escuela haga posible. Esa conversación exige datos, muchos y buenos, usados como representaciones discutibles y no como veredictos. Contar, decía Stone, no sustituye el hablar. Cada tres años lo olvidamos. Quizá va siendo hora de invertir la liturgia y conseguir que las cifras abran el debate en lugar de cerrarlo.