Mis amigas afganas están desoladas al contemplar que los torturadores, violadores, pederastas y asesinos de sus congéneres son tratados como personas en la UE sin tener en cuenta su perversión. Mis amigos socialistas viven momentos de depresión y frustración al ver caer torres tan altas en el barro de la corrupción. Mis familiares que votaban a la derecha están desencantados o alarmados por el cariz de la alianza del PP con Vox. Mis amistades norteamericanas pasan la vida con miedo evitando utilizar el español o hacer críticas a Trump por temor a ser escuchadas y perseguidas. Una de mis exalumnas me ha preguntado si es justo que un delincuente se vaya de rositas tras reconocer haber robado seis millones de euros. Veo lógico que los hijos de mi vecina estén furiosos porque la avaricia de sus caseros los ha devuelto a la casa materna. Leo en elDiario.es que el sistema de acogida a menores inmigrantes ha dejado en desamparo a un adolescente senegalés enfermo al salir del hospital. Mi colega y madre sola con dos hijos se desespera porque no llega a fin de mes y el juez ha dictado una pensión de 200 euros al padre de su hijo, que no le llega ni para pagar la guardería… y etc.

Con un mundo del revés a como debiera ser, tengo que creer a la sabia Mary Beard para no perder la ilusión de vivir y con ese ánimo poder pensar que ningún tiempo pasado fue mejor sino mucho peor. Debemos consolarnos así porque ella conoce bien la vida de nuestros ancestros como experta en el Mundo Antiguo. “Nuestros antepasados hicieron el mundo como es. Nosotros podemos decidir en qué se convertirá”, dice el historiador Yuval Harari, en el tercer libro de su trilogía “Imposibles”. Pero este pensamiento nos hunde más en la pesadumbre porque sabemos que ese “nosotros” con capacidad para cambiar el futuro es un puñado de poderosos tecnócratas que no tiene buenas intenciones ni se mueve por intereses loables sino por el mero lucro y ansias de poder. Y otra vez, encontramos motivos para el desaliento. 

En realidad, lo que nos ocurre al sentir tanta desolación, a pesar de vivir en una sociedad avanzada, con las necesidades esenciales cubiertas y derechos básicos asegurados, es que somos víctimas del “síndrome de las expectativas”. Es un concepto que se aplica al estado de ánimo de los partidos políticos que esperan excelentes resultados electorales y obtienen muchos menos votos de los esperados. Tras recuperar la democracia, en España hemos ido avanzando en todos los terrenos y nuestro bienestar medraba a medida que se perfeccionaba el sistema político e institucional. Todo iba, aparentemente, a mejor. Pero la globalización internacionalizó todos los extremos de nuestra existencia; las relaciones humanas y sociales cambiaron e incluso modificaron nuestros gustos y prioridades electorales, en función de acontecimientos que muchas veces están lejos de nuestras manos, decisiones, deseos.  

Como vivimos acostumbrados a mantener altos niveles de exigencia a nuestros gobernantes, no podemos aceptar que las instituciones se corrompan, incumplan con su papel o perviertan las tareas que les están encomendadas. Como teníamos un ascensor social para llegar a la universidad desde familias trabajadoras, podíamos hipotecarnos para formar un hogar aunque tuviéramos varios trabajos para mantenerlo y nos permitíamos tener siempre llenita la nevera, creímos que eso sería siempre así o mejor. Pero lo que ha ocurrido es todo lo contrario y no lo podemos asumir sin desfallecer en el camino. Me lo dijo mi hija en un diálogo sobre pasado y presente propio de una boomer y una milenial: “Mamá, es que pasar de menos a más es fácil pero ir de más a menos es más duro”.

Los populistas de derechas en Europa identifican la UE con el enemigo que les resta autonomía y confisca la voluntad política de sus ciudadanos para ponerla en manos de tecnócratas a quien nadie ha votado. De ahí la falacia de los conservadores británicos pro-brexit que convencieron a su pueblo de que “Europa nos roba” -un lema similar al de los soberanistas catalanes con “España nos roba”- hasta el punto de provocar la ruptura de Reino Unido con la UE a base de mentiras según se ha podido comprobar con el fiasco de los resultados.

Para España, sin embargo, la Unión Europea es un ente idealizado porque nos sacó del aislamiento de la dictadura, nos aceptó en un ámbito de derechos y libertades que nunca antes habíamos conocido. Sin olvidar que entramos con todos los demás países en el euro y, a pesar de los sacrificios, nuestra economía se benefició de su integración en uno de los bloques económico que importan en el mundo. Sobre todo, para la ciudadanía, la Unión es la depositaria del canon de la democracia, de la justicia y el buen gobierno. Pero eso también se ha acabado.

Resulta que esa instancia superior que creíamos mítica se está desmoronando, da claros signos de depravación al abandonar sus principios en aras de la vergonzosa extradición de campos de personas migrantes más allá de sus fronteras. En esa misma deriva, esta semana pasada, la UE ha terminado por caer en su deslegitimación como referente humanitario al tratar de tú a tú con los seres más execrables de los que tenemos noticia hoy. Invitar, reunirse o hablar con los malvados varones que gobiernan y mortifican al pueblo afgano es lo más rastrero que se podía hacer por parte de esos funcionarios de manos blancas que creen estar libres de culpa por limitar sus actuaciones a un “carácter técnico”. El cinismo – algo que no es novedoso en esas instancias- les ha llevado a tapar sus vergüenzas y esconder el lugar de la cita que imaginamos similar a las conversaciones de Fausto con Mefistófeles. Así han vendido el alma de Europa a estos asesinos y violadores que han impuesto la desaparición de las mujeres en Afganistán. Como dijo la periodista afgana refugiada en España, Khadija Amín, “la UE le ha puesto una alfombra roja a los talibán”. Y a las mujeres europeas nos ha matado de vergüenza.

El PP de Cataluña cerró ayer su primer congreso en 8 años y allí Alberto Núñez Feijóo ahondó en la nueva estrategia de su partido respecto al procés, la amnistía y Puigdemont: “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”. Ya lo había verbalizado Miguel Tellado un día antes, con su versión a la catalana de “lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”: “Lo que sucedió en Cataluña en el 2017 sucedió en 2017”. Deberíamos estar acostumbrados a que el PP monte tremendos carajales en la calle por la aprobación de leyes y políticas que después asumen y hasta celebran como si la idea hubiera sido suya: ahí están el divorcio o el matrimonio homosexual. Como en esas ocasiones, la amnistía ya es cosa de un pasado muy lejano y bien está, ahora toca recoger los frutos de la audacia de Pedro Sánchez, a quien ven cercado por los casos de corrupción. Quién se va a acordar de las concurridas manifestaciones en contra de la amnistía de 2023 y 2024 o del acoso diario en la sede de Ferraz de los cachorros de Vox reunidos para “putodefender España”, como lloraba un joven de derechas, o de los vaticinios sobre el presidente ilegítimo que rompía España cada día entregándola a los traidores. 

Deberíamos haber sospechado algo cuando el “Pujol, enano, habla castellano” se convirtió en hablar catalán en la intimidad y los pactos del Majestic pero España está dispuesta a caer siempre en la misma trampa pepera. Los gritos de “¡Puigdemont, a prisión! ya son como lágrimas en la lluvia, el Noviembre Nacional nunca tuvo que ver con el PP y Feijóo pide, y lo hace cada día, que apriete el botón electoral al hombre al que hasta hace poco quería ver entre rejas. El PP aprovecha el rencor de la alta magistratura que se sintió ofendida en lo más profundo de sus togas por la ley de Amnistía que osaba dejar sin efecto la sentencia del procés y, al mismo tiempo, intenta atraer a Junts y a los catalanes de derechas con el argumento de ”pelillos a la mar, aquí no ha pasado nada“. ¿Dónde está la bolita? 

Era evidente, pese a la sobreactuación general, que PP y Junts estaban condenados a entenderse porque comparten ideas (muchas de ellas obsoletas) sobre fiscalidad y economía y una pulsión inagotable por defender a rentistas, empresarios y “gente de bien” frente a trabajadores, inquilinos y demás alborotadores. Lo que une el libre mercado intervenido a favor de los ricos que no lo separe una pequeña discrepancia sobre el concepto de tu nación o mi nación. Pero este entendimiento solo era posible una vez que Pedro Sánchez hubiera solucionado el problema constitucional y territorial más grave que ha tenido España. Un problema creado a pachas por nacionalistas españoles y catalanes (una vez que unos y otros dejaron de estar moderados por el pragmatismo de políticos como Jordi Pujol), que alimentaron el conflicto hasta la náusea del resto de españoles y catalanes. No hay mayor reconocimiento a la labor de Sánchez que el hecho de que PP y Junts voten juntos en el Congreso. 

Feijóo perdona a Puigdemont y Puigdemont perdona a Feijóo, siendo los dos conscientes de que el tablero nacional e internacional se ha movido tan a la derecha que los ha dejado sin la posibilidad de tener mayorías por sí solos, en España y en Cataluña. Siendo el antisanchismo una fuerza poderosa entre la derecha sin proyecto, Junts duda porque unas elecciones generales les pueden volver irrelevantes en el Congreso y Feijóo no les necesitaría para nada una vez derribada la línea roja, más mental que real, de formar gobierno con los ultras de Vox. Feijóo sueña, por su parte, con recuperar votos en Cataluña, donde es irrelevante y residual, porque soñar es gratis y porque es muy cansado gobernar contra los catalanes. Con esa fantasía en la cabeza, hasta se ha reconciliado con Alejandro Fernández, reelegido presidente del PP catalán y que siempre ha cuestionado el acercamiento a Junts. Mientras tanto, Aliança Catalana y Vox cabalgan sobre la derechización del mundo, que posee una gran dosis de mezquindad y creación de chivos expiatorios, y aplauden en silencio el acercamiento de PP y Junts porque es una prueba para los más cafeteros de que solo quedan ellos.

España sigue siendo un país vivible porque la izquierda aún conserva poder y puede impulsar políticas valientes y transformadoras, pese a la unión de fuerzas diversas y poderosas en el otro lado. Lo sabe hasta Feijóo, que está ansioso por recoger los frutos de la amnistía de Sánchez después de años de incendiar a sus votantes con la salvación de España. A la hora de votar, solo necesitamos memoria. 

Los debates sobre periodismo son una de las cosas que más me aburre de la profesión, pero mucho más cuando esos mensajes se trasladan a la opinión pública y se convierten en debate nacional porque tenemos que asistir a espectáculos bochornosos de hipocresía en la profesión y también en los lectores y los consumidores de información. A nadie le importa el hecho de acceder a información reservada en fase de instrucción cuando es lo suficientemente jugosa para sus intereses, le importa cuando afecta a alguien que le cae bien o defiende sus mismas ideas. La filtración de la agenda y las conversaciones de José Luis Rodríguez Zapatero han vuelto a poner en el debate público el caso de las filtraciones. Lo ha hecho porque es un personaje que tiene muchos defensores. Porque la vergüenza de esa filtración, que lo es, se ha dado miles de veces en democracia sin que movamos una sola ceja. Si el hecho nos escandaliza nos tiene que escandalizar cuando afecta a Bárcenas si somos de izquierdas, y cuando afecta a Zapatero si somos de derechas. Pero eso da igual. Somos unos hipócritas y unos cínicos. 

Filtraciones de información reservada fueron los mensajes de la reina Letizia a Javier López Madrid cuando le mandó apoyo tras su implicación en el caso de las tarjetas black. El mensaje era este: “Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)”. ¿Está justificado conocer un mensaje privado de la reina Letizia a un amigo suyo por mucho que nos parezca censurable apoyar a un implicado en un caso de corrupción? Pues diría que no. Que no es suficientemente relevante como para vulnerar el secreto de las comunicaciones por mucho que esté en un sumario al que no hemos tenido acceso y pueda tener cierto valor informativo. ¿Vale menos la intimidad de la reina Letizia que la de José Luis Rodríguez Zapatero? Pues si somos republicanos, de verdad, en un sentido cívico mucho más amplio que el de denostar a la monarquía tendríamos que defender que el secreto de las comunicaciones y el valor de la intimidad son derechos fundamentales que no pueden ser vulnerados a la ligera. Si analizan cada filtración poniéndose ante un espejo puede que no les salga un retrato bonito. 

Este diario donde escribo publicó, e hizo muy bien, unos audios enmarcados en el caso Lezo entre Ignacio González y Eduardo Zaplana en el que hablaban de cómo colocar a jueces y fiscales en plazas convenientes para sus intereses. Esa información estaba bajo secreto de sumario. No se podía tener acceso a ella, pero la tuvieron y la publicaron. A nadie nos importó. Hicimos bien. En el caso de la investigación a Jorge Fernández Díaz por la Kitchen, que años después está en fase de juicio oral, se conocieron audios en fase de instrucción que corrieron por todas las redacciones. Se publicaron porque tenían valor informativo. Por cierto, en ese sumario también hay mensajes vergonzantes para periodistas que van de dignos que se cruzaron con el secretario de Estado de Interior. Porque ese es otro debate, la responsabilidad de los medios a la hora de publicar esos mensajes que no tienen valor informativo, yo creo que de manera general la prensa progresista tiene más clase a la hora de filtrar que hay cosas que sabemos que no tienen más que interés de descrédito, chisme o humillante y no informativo. Porque uno de los problemas principales es que tenemos una prensa que muchas veces da vergüenza y publica mensajes inmersos en las causas que solo tienen valor para humillar a alguien que les cae mal. Porque no, no tiene ninguna importancia, ni tiene valor informativo, saber con qué periodista cenó José Luis Rodríguez Zapatero. Porque como se abra ese melón habrá muchos que estén rezando para que jamás se conozcan los mensajes que se cruzan con el jefe de gabinete de Ayuso o en qué áticos que cenan y con quién. Que todos sabemos cosas. 

Las filtraciones se han convertido en debate, ciertamente, por la vergüenza de condena al Fiscal General del Estado como método disciplinante por perseguir las corruptelas del novio de Isabel Díaz Ayuso. Ese caso es una de las vergüenzas más oscuras de nuestra justicia. Pero no se puede obviar que se produjo porque las filtraciones, cuando parten de un funcionario público son un delito, el problema no es que se investigara esa filtración, el problema es la desproporción con la que se actuó y que solo se actúa, no ya con desproporción, sino de ninguna manera, en otros casos donde se producen filtraciones tan delictivas como esas. Al Fiscal General, además, se le condenó sin pruebas y reconociendo que no sabían si lo había filtrado él u otra persona. Pero en este artículo hablamos de otras cosa; de la base moral que hay tras la afectación que fingimos al tener acceso a información a la que no tenemos derecho acceder al estar en fase de instrucción. 

A nadie le molestan las filtraciones en genérico, solo molestan las filtraciones que perjudican al espectro ideológico que cada uno defienda porque se usarán esas filtraciones sin rubor cuando nos cae mal el encausado. Eso también sirve para el que replica esas informaciones desde sus perfiles en redes sociales como lector y ciudadano crítico, porque si está mal, está mal también moralmente difundirlo y ampliar su alcance. Desde la izquierda todos hemos defendido con vehemencia la necesidad de conocer el correo electrónico del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso a pesar de que no teníamos por qué conocerlo. Yo creo que tiene valor informativo y puedo defenderlo, pero estoy seguro de que habrá muchos que defiendan lo mismo en casos en los que yo no creo que lo tiene. En todos los casos acceder a esas filtraciones es irregular porque la ley no lo permite. 

La ley de enjuiciamiento criminal dice en su artículo 301 que todas las diligencias en fase de instrucción, lo que llamamos sumario, son de carácter reservado hasta la apertura del juicio oral. Solo entonces se convierten en públicas. Es decir, toda la información que conocemos en la actualidad sobre cualquier proceso sobre el que no se ha abierto juicio oral tiene carácter reservado y solo puede ser consultada por las partes. Sirva como ejemplo que el juicio de las mascarillas que ha terminado con la condena de José Luis Ábalos a 24 años de cárcel comenzó en abril de 2026. Pues llevamos hablando sobre noticias que emanan de la instrucción del caso desde septiembre de 2023. Casi tres años publicando informaciones y comentando noticias a las que por ley no teníamos que tener acceso. Ni que decir tiene que muchas de esas noticias tenían que ver sobre la vida privada de José Luis Ábalos y que no tenían nada que ver con el caso. A nadie nos molestó, a nadie le indignó, a pesar de que el exministro se ha quejado amargamente, y con razón, de esa indefensión. ¿Tenían valor informativo? Algunas sí, otras no, no importó. Nunca se investigó. 

Quienes filtran, son, en una inmensa mayoría, abogados y procuradores de las acusaciones particulares que están en procedimientos mediáticos precisamente para eso, para generar daño a partir del acceso privilegiado a una causa y con eso regar de noticias a medios de comunicación de su cuerda sin esperar a la resolución del caso. Para ellos filtrarlo no es delito, solo sanción administrativa. Es importante constatar que el daño se genera independientemente de la ideología del encausado y de que nos caiga peor o mejor. Porque desde la izquierda nunca nos hemos quejado de que en el caso Kitchen o Gürtel, o el de las tarjetas black, se afectara a la reputación de los encausados cuando antes de que hubiera una resolución condenatoria difundiéramos toda la información del sumario. Hace muy poco asistí extasiado al hecho de que el PP tuviera información que está en los sumarios cuando ellos son acusación popular en todos y cada uno de los procesos judiciales de ámbito político que estamos teniendo. ¿Pero para qué creen que se personan en esas causas? ¿Por responsabilidad cívica? ¿O por tener información privilegiada que filtrar? Nos hacemos los tontos de maneras insospechadas. 

Hay casos conocidos de insignes jueces y fiscales que filtraron información reservada sin que hubiera ningún tipo de consecuencia. Porque todos intuimos hasta saber con poco margen de duda quién filtró la causa del procès antes de que se publicara y da lecciones de integridad desde el Tribunal Supremo. Porque el fallo del procès se filtró, de manera reconocida y sin esconderse y nunca jamás se inició ninguna investigación. ¿Importó que se filtrara? ¿Alguien se escandalizó? Pues tampoco. Hay dos maneras de afrontar este debate, desde la hipocresía y el cinismo o entendiendo lo que supone la vulneración de derechos fundamentales también de aquellos que nos caen mal, pero comprendiendo a su vez que legislar en serio sobre las filtraciones implica cambiar la ley para condenar a los periodistas y los medios que publican esa información reservada que en muchos casos tiene un indudable valor informativo y hace que los ciudadanos pueden tener acceso a información vital para el ejercicio libre de su acción política. Eso se hace en muchos países. ¿Quieren eso? ¿De verdad lo quieren? Puede que sí, si es así yo creo que no saben lo que dicen.

A menudo el periodismo no puede hacer más de lo que hace. Y es poco. Pero en fin, no quiero llamarlo “periodismo”, esa abstracción, porque somos gente con cara y apellidos. Mea culpa, la primera. 

Me disponía a escribir sobre la semana política y, leyendo las aperturas de los periódicos europeos, he encontrado un dato que me había pasado inadvertido: en cinco días han muerto 212 personas en España a causa del calor (entre el domingo 21 y el jueves 25 de junio). Curiosamente lo encontré en The Guardian, después lo confirmé en la agencia Efe. 

Doscientas doce personas son muchas pero los medios estábamos hablando del poder. Empezamos con la condena más dura que se ha impuesto a un ministro. Lo de que la sentencia sea ejemplarizante me parece peligroso: la justicia no tiene que ser ejemplar, sino justa. Y lo más alejado de la justicia que muchos hemos visto en nuestra vida es la impunidad de facto lograda por Aldama. 

La condición de posibilidad de la corrupción es que se encuentren dos personas: corruptor y corrompido. Si falta uno, no hay caso. Pero como al corruptor la televisión se le da bien, media España ya tiene claro que la víctima de la trama de las mascarillas no fue la hacienda pública, es decir, todos nosotros, sino Aldama. Para la pedagogía institucional la semana no ha podido ser más redonda.

El debate parlamentario del miércoles fue a cara de perro, nada nuevo, aunque la aspereza sube un grado. La distancia de los socios es cada vez mayor, esto sí es nuevo. El ingenio de Feijóo ha inventado un concepto político, también innovador: la “indisciplina” del Gobierno respecto al Congreso, porque le han pedido al presidente que dimita y no les hace caso. Muchas novedades, lo comprendo, pero no suficientes para obviar la muerte de 212 personas.

La vulneración de la intimidad de Zapatero, cuyas conversaciones sobre detalles de peluquería con su secretaria son ya parte de la historia de la infamia del poder judicial y periodístico, cerraba una semana epatante: la ciudadanía asiste a la conversación política como al circo romano. El pulgar sube y baja, lo importante es que el suspense no acabe nunca y el espectáculo continúe.  

Entretanto, 212 personas han muerto por el calor extremo estos días en España, según el MoMo, nuestro sistema de monitorización de la mortalidad diaria. Muchos de los fallecidos contaban más de 65 años e incluso más de 85. 

Son 212 de nuestros compatriotas: han tenido la desgracia de morir en su casa o en el hospital, en silencio. Si hubieran fallecido en un atentado o en un accidente de tren, el país se habría detenido a mirarlos, habrían generado días y días de titulares. Esto significa algo muy claro: no estamos mirando de frente las consecuencias más letales del cambio climático.

La masacre de la ola de calor ha resultado aún peor entre nuestros vecinos europeos. Se ha batido récord de temperaturas en varios países: en Reino Unido han llegado a los 36,9ºC; en Suiza, a 38,8º. En la web de booking se triplicó el uso del filtro “aire acondicionado” en junio. Quienes se lo pueden permitir se mudan a hoteles con aire para salvar a sus bebés del calor extremo. 

En un reportaje en The Guardian leo que Samira, que vive en un séptimo piso a las afueras de París, llora porque en su casa se alcanzan más de 40 grados. No puede dormir, se asfixia. Allí no es que no tengan aire, es que ni siquiera usan toldos. La adaptación resulta urgente en todo el continente.

Los científicos afirman que quizá este sea el verano más fresco de los próximos años: y ya lo hemos oído antes. Podemos prever que en los próximos años seguirá muriendo gente en cada ola de calor. Los poderes públicos deben hacer políticas para disminuir el impacto, pero los medios también debemos adaptarnos. 

Tenemos el oído afinado para las bombas y los golpes, las tragedias que matan a muchos de golpe. La muerte minúscula, en cambio, escapa al radar de los titulares. Los muertos del cambio climático son y seguirán siendo silenciosos, salvo que afinemos en la detección y la forma en que confeccionamos titulares. Ni todas las historias relevantes versan sobre el poder, ni podemos permitirnos ignorar a los muertos del cambio climático.

Cabe concluir que la corrupción política es endémica.

El Gobierno de Mariano Rajoy cayó en las circunstancias que todos recordamos: con el PP condenado “como partícipe a título lucrativo” en el caso Gürtel y con el bolso de Soraya Sáenz de Santamaría en el escaño vacío del susodicho M. Rajoy.

El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en las circunstancias que todos conocemos: con el PSOE perforado por dos secretarios de Organización adictos al dinero ajeno, con el exministro José Luis Ábalos en prisión, con el “patriarca” socialista José Luis Rodríguez Zapatero bajo investigación y el susodicho Sánchez asegurando, sin muchos argumentos, que “no todos somos iguales”.

Cabe concluir que la corrupción institucional es un mal crónico. Desde los GAL de Felipe González a la “policía patriótica” de Mariano Rajoy, desde las “cloacas” del PP (espionaje a Luis Bárcenas) hasta las del PSOE (lo de Leire Díez), desde las privatizaciones para amiguetes de José María Aznar hasta los delirios del CIS de José Félix Tezanos o la rotunda parcialidad de determinados programas de RTVE (con Aznar o con Sánchez), se percibe un mal uso continuado de las instituciones públicas.

Cabe concluir que el sistema judicial muestra gravísimas deficiencias, quizá en parte por falta de recursos, quizá en gran medida por desgana o falta de profesionalidad de ciertos jueces. No hablo de personas concretas: como es previsible, igual que en la política, hay titulares de juzgados que no conocen la decencia.

Algo muy grave es la filtración automática a la prensa de los sumarios, sean secretos o no, y la difusión de informaciones personales irrelevantes para una investigación pero jugosos para un titular. Eso tan grave se ha convertido en norma. Y no pasa nada. Algo aún más grave es el manoseo partitocrático de la justicia. Tampoco pasa nada.

Por supuesto, los medios de comunicación saben ser cínicos cuando les conviene: mientras deploran (o dicen deplorar) las filtraciones judiciales interesadas, son sus primeros beneficiarios. Y las exprimen a gusto. Más a gusto cuanto más se ajustan a su línea editorial. Por no hablar de quienes publican mentiras a sabiendas: esos medios forman parte de la corrupción política e institucional.

El descrédito es general.

Pero eso no es lo peor. ¿Quién arregla esto? O, siendo más posibilistas, ¿quién es capaz de hacer algún esfuerzo para que las cosas no sigan pudriéndose?

Yendo al nivel de máxima responsabilidad, el correspondiente al Gobierno central, hay dos posibilidades. La tarea podría recaer en el propio Pedro Sánchez si lograra componer, cosa que parece improbable, una nueva mayoría tras las próximas elecciones. O bien, como parece muy posible, en el PP de siempre, el de Ayuso y Rodríguez y Feijóo, coaligado con una formación tan turbia (política y financieramente) como Vox, surgida de las aguas populares más cenagosas.

Ambas posibilidades resultan, en principio, desalentadoras.

Y este es el panorama que nos espera para cuando baje un poco el calor. 

No sé cuántos de ustedes han visto Toy Story 5, pero, si no lo han hecho y tienen intención de hacerlo, ya les advierto de que esta columna de opinión contiene algún que otro espóiler. La nueva aventura de Woody, Jessie y Buzz y el resto de los juguetes de Bonnie introduce la presencia de las pantallas en la vida de la pequeña protagonista. La niña, ya casi adolescente, está en esa edad en la que lo que más desea es tener amigas, sentirse aceptada, pertenecer… pero no es fácil porque Bonnie no es una cría al uso (ninguna lo es). Ahí es donde aparece una tablet como llave para socializar con otras niñas a través de una plataforma social. Efectivamente, lo consigue y entra en un universo donde otras chicas (las guays) marcan qué hacer, cómo vestir, qué decir y hasta qué merece la pena desear. Bonnie quiere ser su amiga, tener amigas y parecerse a ellas y ahí es como esa amistad la empieza a exigir que cambie. Va dejando atrás aquello que es importante para ella y también lo que la hacía diferente. En ese grupo de amigas lo importante no es ser ella misma, no la quieren así, la quieren si es como ellas dicen que sea. Por eso, cuando actúa de forma distinta descubre que el precio de salirse del guion que fija el grupo es la burla, el rechazo y hacerla sentirse sola y mal consigo misma, es ridiculizarla.

Toy Story 5 no plantea la dicotomía de pantallas sí o pantallas no, sino que más bien deja al descubierto cómo los espacios de “socialización” de las personas menores de edad y las y los jóvenes que se crean a través de esas nuevas tecnologías pueden llegar a funcionar como cámaras de eco que las anulan y manipulan. Es de sobra conocido que todas y todos necesitamos pertenecer. No hay nada patológico en ello, muy al contrario, ese anhelo forma parte del desarrollo de cualquier persona, especialmente entre quienes están en ese momento evolutivo y emocional de madurar. El conflicto surge cuando el precio de pertenecer a un grupo consiste en dejar de pensar, dejar de ser uno mismo o empezar a creer que solo existe una manera correcta de vivir, de vestir, de hablar o de entender el mundo. Eso es precisamente una cámara de eco y, en las redes sociales, esta dinámica se produce con enorme facilidad gracias a unos algoritmos que potencian contenidos, discursos, ideas y desinformación. 

Más allá de los algoritmos, o más bien, aprovechando el impulso de esos algoritmos, esa dinámica de cámara de eco se puede identificar porque crea un entorno en el que las mismas ideas se repiten, se amplifican y terminan percibiéndose como verdades incuestionables porque apenas entran voces discrepantes. Si participas reproduciendo la dinámica ya eres parte del grupo y tienes su reconocimiento y refuerzo, “su amistad”. Por eso, no consiste solo en recibir información afín, sino que esa información rebote constantemente entre las personas que piensan igual, reforzándose una y otra vez. La repetición genera una falsa sensación de verdad y una idea no parecerá cierta porque haya sido contrastada, sino porque el grupo la reproduce a partir de que la haya dicho, sugerido o escrito un influencer o una persona a la que otorgamos autoridad y en la que confiamos. De esa manera, poco a poco las personas de ese entorno cada vez están más aferradas y convencidas de las propias creencias “incuestionables”.

Del método de la “cámara de eco” se sirven muchas plataformas digitales y también formaciones políticas, grupos o sujetos que las usan para difundir desinformación, fake news o campañas de desprestigio con finalidades claramente nocivas y peligrosas. Las cámaras de eco aumentan el sesgo de confirmación y hacen que cualquier opinión distinta se perciba como falsa, absurda, malintencionada o incluso peligrosa. Es un mecanismo extraordinariamente útil para quienes quieren manipular, a modo de ejemplo se puede nombrar la fachosfera que lleva años aprovechándolo, no para convencer a toda la sociedad, sino para radicalizar progresivamente a chicos jóvenes que encuentran en determinados mensajes y en la construcción de enemigos el sentido e identidad que sienten haber perdido o amenazado por las feministas y el feminismo.

La cámara de eco refuerza que esos espacios terminen funcionando como grupos cerrados que convierten el relato del grupo en el único digno de confianza. La polarización está servida, no porque nazca de tener opiniones fuertes, sino porque se ha dejado de escuchar cualquier voz distinta a la autorizada. Cuando eso ocurre, hay un impacto, un daño en las personas de ese entorno, quienes no solo terminan creyendo que solo existe una forma correcta de pensar acaba viviendo porque discrepar, implica ser rechazado, sea expulsado del grupo y quedarse solo. Cuando la espontaneidad, la libertad de pensamiento, la diferencia, la crítica… se sustituye por la obediencia al grupo y la identidad propia por la identidad colectiva, el resultado no suele ser una persona más libre ni más feliz, sino alguien más vulnerable, más dependiente de la aprobación ajena y, paradójicamente, mucho más sola y atormentada. Y esto Toy Story lo cuenta muy bien con la historia de Bonnie, tener amigos es importante, pero no a cualquier precio. Hay grupos a los que es mejor no pertenecer.

El pasado domingo Colombia eligió presidente. Ganó Abelardo de la Espriella, “el Tigre”, por un margen de menos de un punto sobre el izquierdista Iván Cepeda. Todavía no sabemos gran cosa de lo que hará con el aparato del Estado, pero hay quien ya empieza a preguntárselo en voz alta: la periodista y abogada Carolina Botero escribía hace pocos días que, aunque el plan de gobierno de De la Espriella no detalla ninguna arquitectura concreta de vigilancia, sí se alinea con el guion que ya conocemos de la ultraderecha regional, y todo apunta a que Colombia no será la excepción. Un profesor citado en la misma columna de El Espectador aportaba el dato que sostiene esa sospecha: cerca del 40% de la inteligencia artificial que los gobiernos latinoamericanos despliegan ya se usa para vigilancia, sin que importe demasiado el color del gobierno que la activa. No hace falta más para entender de qué va esta nueva derecha. Es esa cifra.

Palantir es esa cifra hecha empresa. La fundó el multimillonario ultraderechista Peter Thiel con el respaldo temprano del brazo inversor de la CIA, y desde entonces ha pasado de unificar las bases de datos de las agencias de inteligencia estadounidenses a procesar la información con la que ICE persigue a inmigrantes en Estados Unidos. En Latinoamérica ya empezó, hace tiempo, su proceso de expansión: en Ecuador ha abierto una oficina y tiene un contrato firmado con la aduana de Noboa. En Argentina, de momento, solo ha habido un intento de cortejo. Thiel se paseó por Buenos Aires en abril, fue al Superclásico, se reunió con el gobierno de Milei, y nadie sabe qué se firmó ni si se firmó nada. Lo de Colombia es, todavía, una sospecha bien fundada. Pero el patrón ya está puesto sobre la mesa: cada gobierno de esta nueva ultraderecha regional acaba, antes o después, llamando a la misma puerta.

La cuestión es que Palantir es el último eslabón de la cadena de los oligarcas tecnológicos, que empiezan con las redes sociales y sus algoritmos derechizando a los votantes y acaba con Palantir, que entra en escena justo cuando el poder ya está repartido, y hace algo más duradero que ganar unas elecciones; puede volver un resultado electoral casi imposible de revertir. Su consejero delegado, Alex Karp, lo explicó él mismo sin necesidad de que nadie le sonsacara nada, en una charla en público en el DealBook Summit de The New York Times. Le preguntaron si su empresa construía una base de datos para vigilar. Dijo que no. Pero matizó enseguida: si alguien ya está siendo vigilado legalmente, su software puede usar esos datos sin problema. Y sus “enemigos” -la palabra es suya- están vigilados con su producto. Y él, dijo, apoya eso al cien por cien. No hay ninguna empresa que hable de “enemigos” en una presentación de resultados. Palantir sí, porque no es una empresa corriente: es la empresa que decide, en la práctica, quién es perseguible y quién no, en función de quién paga la licencia.

Un gobierno que gana una elección por la mínima, como acaba de pasar en Colombia, normalmente tiene que gobernar con cuidado: necesita pactos, necesita no espantar a la mitad del país que no le votó, necesita dejar espacio para que esa otra mitad pueda organizarse, protestar, presionar, y algún día intentar ganar la siguiente vez. Eso es, básicamente, lo que entendemos por alternancia democrática. Pero si ese gobierno tiene acceso a una herramienta capaz de cruzar en segundos los registros del Estado, los movimientos bancarios, las comunicaciones, las redes sociales y la geolocalización de cualquier ciudadano, esa necesidad de tener cuidado desaparece. La oposición ya no se enfrenta a un gobierno con mayoría parlamentaria: se enfrenta a un gobierno que sabe, en tiempo real, quién organiza qué, dónde se reúne, con quién habla y de qué vive. Eso no hay manifestación o movimiento que lo resista, aniquila cualquier oposición antes de que aparezca.

El problema de esta distopía es que ya está ocurriendo en Estados Unidos. Los sistemas de Palantir han dado a las autoridades de inmigración acceso a información de veinte millones de personas, multiplicando su capacidad de identificar y localizar objetivos de menos de tres de cada diez intentos a casi ocho de cada diez. La vigilancia ha dejado de ser una actividad pasiva. Ahora, el Estado encuentra a quien quiere encontrar, cuando quiere encontrarlo. Aplicado a opositores políticos, a periodistas, a activistas de derechos humanos, supone el fin de la posibilidad de resistir. Y esa es la razón por la que la pregunta de Carolina Botero importa más de lo que parece. No es solo si De la Espriella tendrá una agenda de vigilancia. Es si, una vez la tenga, alguien en Colombia podrá organizarse para frenarlo dentro de cuatro años; o en Ecuador, o en Argentina, o en Estados Unidos. 

Hay valores que cuando se rompen no suelen recuperarse si no es con cambios profundos. La confianza es uno de ellos, la que inspiran personas, grupos e instituciones por su credibilidad. Una sustancia, tan firme y tan frágil como el cristal, que al fracturarse no tiene fácil compostura. En absoluto, si se hace añicos. Y vivimos tiempos de grandes quiebras de valores que deberían ser sólidos y que empiezan a no parecerlo.

Al ver esta semana que Junts votaba con Vox la propuesta del PP para echar por fin a Pedro Sánchez del gobierno -con una fórmula no establecida- recordé, como tantas veces me ocurre, a mi inolvidable amiga Àngels Martínez Castells, fallecida hace dos años. Qué hubiera dicho, en una de nuestras interminables charlas, aquella antifascista radical al ver a Junts en esas compañías. De izquierdas irrenunciable, seguía llamando President a Puigdemont, al reivindicar el derecho a poder decidir. Si quieren echar un vistazo a quién fue Àngels, entenderán cómo podría sentirse al ver a Junts votar junto a quienes no son precisamente un paradigma ni de la honestidad ni de la democracia. Traicionada, creo.

Así nos sentimos muchos ante quienes fueron volviendo del revés sus chaquetas, si alguna vez la tuvieron de verdad del lado progresista; ético, sobre todo. Porque no son evoluciones de madurez, hay actitudes actuales imposibles de aunar con un pasado sin trampas. Lo fuimos sabiendo, claro. Hasta llegar, por ejemplo, a ese Felipe González que suscitó tantas esperanzas en 1982 “brindando por la esperanza y el trabajo bien hecho”... ése que él terminaría haciendo a la perfección: el suyo. Ahora, podrido de dinero como tantos otros de sus colegas “críticos”, comparece siempre que Pedro Sánchez necesita una soga al cuello. Diría que es el político que más ha traicionado a la sociedad que le apoyó, porque esto va así: hacen el doble de daño las personas en las que confías que aquellas que ofrecen escasas expectativas desde el principio. Y en aquellos momentos tan críticos de superación de la dictadura, González se percibía como un ancla firme al progreso.

Las desavenencias con Sánchez surgen -como ya hemos recordado varias veces- porque se negó a dejar gobernar a Rajoy -que no contaba con mayoría- como quería González. Lo mismo que los autollamados “Críticos del PSOE” que siempre encuentran un hueco en las páginas de la prensa de derechas. Quieren liquidar a Sánchez y lo argumentan de esta idílica forma: “Nuestro espíritu socialista se siente dolido y abochornado mientras se resquebraja la confianza en la política y las instituciones democráticas”. El jefe de esta facción es el exministro ultraliberal Jordi Sevilla.

Volviendo a Junts, hasta yo me siento traicionada por aquel Lluís Llach maravilloso que nos llevó a estirar con él la L´Estaca, el que hablaba del viaje a la Itaca de la vida y me contaba en las entrevistas para TVE el valor de la utopía.

Las decepciones no vienen de ahora, por supuesto, ha sido un proceso al que asistimos estupefactos desde hace tiempo. Y que no se circunscribe a nuestro país solo. Por él sabemos que en lo último que se puede confiar es en los traidores a la sociedad.

Lo de la justicia española, eso sí que es de nota. Claro que siempre hemos sabido de su ideología mayoritaria, pero en personas con tan altos cometidos cabría pensar -ingenuamente, si quieren- que, en la evaluación de los hechos, la aparcan para comportarse con la máxima rectitud. Y lo que vamos viendo demuestra que ni mucho menos lo hacen todos, aunque les moleste tanto oírlo.

Es lo del fiscal general Álvaro García Ortiz en un bochornoso juicio, la nauseabunda instrucción de un proceso, sin base también, a la esposa de Pedro Sánchez y lo mismo a su hermano. La utilización política de todo ello. Claro que parece haber casos de corrupción en el PSOE, aunque ni de lejos como los perpetrados por el PP, pero no son esos. Lo de Zapatero es otra cosa.

Todavía estamos a la expectativa de qué hay de cierto -más aún: de delictivo- en las acusaciones al expresidente socialista que parecía, este sí, paradigma de la honestidad. Y del progreso democrático, que cuenta y mucho. Siempre le maltrataron por ello desde la oposición. Y hay un cierto tufo a contaminación también en todo esto. Ahora bien, si no era tan ejemplar como parecía, se ha de calibrar en su justa medida.

Lo que está siendo absolutamente abominable es su exposición en la plaza pública contraviniendo derechos fundamentales. Divulgar por la entrega a organizaciones de extrema derecha hasta sus agendas personales no es un error, invalida a la justicia de un Estado de Derecho. Nadie, ni el juez, ni las acusaciones particulares, ni ningún político, aguantaría esa exhibición al desnudo que se le practica, inspirada, parece, por el odio y destinada sin duda a su destrucción como persona. Igual que hacen con todas sus dianas señaladas. El colmo es que el juez Calama, a quien competía preservar ese contenido, pida una investigación -¿de con qué mano lo distribuyó?- y, a la vez, ofrezca a la Hacienda Pública personarse como perjudicada por las joyas de la famosa e hiperdivulgada caja fuerte. Prejuzga la culpabilidad del investigado y lo difunde a los cuatro vientos. Es espeluznante.

Desnuden las agendas y móviles de Aznar -el de la soflama golpista-, de Ayuso, su novio y su voz aguardentosa en la Comunidad de Madrid con sueldo público, y daría para una saga de varios capítulos. Pero ni siquiera ellos merecen algo que se sale por completo de lo que un Estado de Derecho debe garantizar. Y si no se entiende así, las cosas están mucho peor aún de lo que parece.

Esta infecta conculcación de los derechos fundamentales de Zapatero nos muestra de qué manera la justicia y el periodismo pueden traicionar su propia esencia y a la sociedad a la que se dirigen. Porque el presunto periodismo tiene una gran parte de culpa. Hace falta un cuajo importante para publicar, comentar y criticar, agendas que les han llegado fraudulentamente con detalles completamente ajenos a los hechos en cuestión. Algunos miembros de la pocilga mediática hasta presumen de ello como si su labor de investigación hubiera ido más allá de abrir un correo que alguien les mandó ilegítimamente.  

Lo peor es que ni siquiera es un hecho aislado, cada vez son más y de mayor grosor en este escenario de puertas giratorias de la indignidad. Y grandes sectores de la sociedad, víctimas y cómplices a un tiempo, las consumen con la boca abierta a lo que caiga.

Echen un vistazo a cómo anda ya la cosa.

Nada ni nadie decepciona más que aquellos en los que se ha creído. Quizás hay bastante de autoengaño, aunque sea grande la pericia de los expertos en esta clase de corrupción moral. No hablemos sin embargo de emociones sino de los daños objetivos que hacen este tipo de personas, doblemente graves cuando afectan a instituciones y al conjunto de la sociedad.

Y ya que empecé hablando de Àngels Martínez Castells, les dejo con una especie de epitafio que dejó, útil para alzarse sobre el manto de los rastreros: “Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie”. Lo escribió la poeta estadounidense Emily Dickinson y yo misma lo suscribo.

Venga, enséñame tus whatsapps. Abre el móvil, ahora, sin aviso previo, y déjame leer tus conversaciones, todas, íntegras, literales, sin aclaraciones ni contexto. Déjame leer lo que hablas con tu pareja, con quien no es tu pareja, con tu hermana hablando de tu pareja, con tu madre hablando de tu hermana, con amigos, con amigos hablando sobre otros amigos, con los compañeros de trabajo hablando de la empresa, las bromas que ríes en el grupo de antiguos colegas del instituto, los chistes incorrectos, el humor negrísimo, los cotilleos y maldades, las pequeñas mentiras sin importancia y las grandes, las confesiones propias y ajenas, y el grupo que tienes contigo mismo y que usas para anotar tus cositas.

¿Hasta dónde me dejarías leer? ¿Qué mensajes querrías dejar fuera, cuáles borrarías ahora mismo si temieses su lectura? ¿Hasta dónde soportarías que los leyera yo, otras personas, los aludidos, cualquiera, todo el mundo, que se publicasen en prensa y reprodujesen en pantallazos en la tele? La respuesta es obvia: ningún mensaje. Cero. No hace falta ser un delincuente, ni un adúltero, ni un mal amigo ni un imbécil chistoso, para encontrar terrorífico que tus WhatsApp puedan ser leídos sin tu consentimiento. El WhatsApp es intimidad absoluta, intimidad profunda. Más íntimo incluso que tus búsquedas en Google o tus preguntas a ChatGPT, que tampoco querrías enseñar.

Si eres un personaje público, la violación de tus conversaciones privadas tiene un plus de exposición mediática y escarnio. Si además estás siendo investigado, su difusión equivale a una confesión de culpabilidad. Y si encima eres el pimpampum elegido por la derecha política, mediática y judicial para hacer daño al gobierno, entonces ya hablamos de linchamiento.

Ya no nos acordamos, pero hace unos meses condenaron al Fiscal General del Estado, y uno de los indicios admitidos en su contra era el borrado de su móvil. Algo debía de esconder, razonaron los inquisidores. Lo que García Ortíz temía, con conocimiento de causa, era que sus conversaciones, todas, terminasen en manos de las acusaciones populares, y de ahí a las portadas de los medios. Tanto si contenían secretos de Estado como si se referían a su vida más privada.

El último violado en su intimidad es el ex presidente Zapatero. Si hubiese borrado sus conversaciones al saberse investigado, hoy lo acusarían de destruir pruebas. Como no lo hizo, los mensajes con su secretaria, todos, también los ajenos a la causa, han acabado en manos del PP, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y así hasta ocho acusaciones “populares”. Ahora ya sabemos para qué se personan algunos como acusación en todas las causas: disfrutan acceso prémium a las actuaciones. Para impedir más filtraciones, el juez ha decidido que en adelante solo tenga acceso una de ellas, la que coordina a todas: el PP. Muy tranquilizador.

Y todavía puede dar gracias Zapatero de que la UDEF no se llevó también su teléfono personal, que si no, hoy estaríamos leyendo su chat con los amigotes del instituto. Me parece terrorífico que normalicemos que las conversaciones privadas de alguien puedan acabar en las portadas. Lo mismo si solo dan juego como cotilleo, que si son utilizadas como pruebas de nuevos delitos distintos a los que motivaron su intervención. Qué miedo y qué vergüenza y qué asco.

“Eran gente descuidada, Tom y Daisy. Destrozaban cosas y criaturas, y luego se volvían a su dinero o a su enorme descuido, o a lo que fuese que los mantenía juntos, y dejaban que otros limpiaran el desorden que ellos habían causado”. Las palabras de El gran Gatsby de Scott Fitzgerald sobre la irresponsabilidad descuidada de las personas más ricas y poderosas (el texto en inglés dice “careless people ”) son actuales. Sirven para los magnates de las redes sociales o la inteligencia artificial –de ahí viene el título del libro sobre Meta que tienes que leer, Los irresponsables–, pero también para incontables políticos.  

No dejaba de pensar esta semana en esa frase mientras veía el recién estrenado documental sobre el Brexit de la BBC por el décimo aniversario de la salida del Reino Unido de la UE. El reportaje está construido a través de entrevistas con los principales líderes políticos de las dos campañas opuestas, sin apenas comentarios. Los políticos cuentan lo que pasó, en particular, en los últimos meses antes del referéndum. Lo que más me sorprende es el desenfado, el descuido incluso con el que hablan casi todos.

Llama la atención la visión del Brexit como un juego político más dentro de los líos de los partidos frente al enorme e irreversible daño causado para los ciudadanos y las empresas del Reino Unido –y también la pérdida para la UE, en particular para sus instituciones.

El aplomo con el que David Cameron habla de su apuesta, una táctica con la que intentaba quitarse de encima a los tories a su derecha y a la emergente extrema derecha. La obsesión de Jeremy Corbyn con los políticos que odiaba dentro y fuera de su partido, y por encima de cualquier consideración sobre el país. La ironía y la ligereza de Boris Johnson al recordar el show que montó mientras decidía si apoyaba quedarse o marcharse de la UE. El desapego con el que Nigel Farage se refiere al asesinato de Jo Cox, la diputada laborista que hizo campaña contra el Brexit y fue víctima de un nacionalista británico, que disparó y la acuchilló hasta la muerte en la calle. 

El final del documental es un buen resumen. Boris Johnson cuenta su reacción, entre risillas, cuando ganó el Brexit y las dudas sobre qué hacer entonces. “No teníamos un plan sobre qué hacer después. No pensábamos que nuestro cometido fuera tener un plan”, dice, sin perder el gesto casi divertido. 

Que no había un plan y menos uno que lograra poner de acuerdo incluso al Partido Conservador quedó claro durante los cuatro años que tardó el Reino Unido en salir oficialmente de la UE. Todavía se siguen desplegando los términos de la salida diez años después del referéndum mientras el actual y saliente Gobierno de Keir Starmer intenta poner parches de alivio contra sus efectos dañinos. La sucesión de primeros ministros que no han conseguido dar respuesta a los problemas del país en este contexto es otra muestra de que los planes hasta ahora han sido muy defectuosos. 

La vuelta atrás es difícil, casi imposible. Pero escuchar a esos políticos hablar con tal descuido y egocentrismo sobre lo que pasó hace diez años recuerda por qué el país odia (bastante en general) a sus políticos y, sobre todo, lo peligrosa que es la arrogancia en el poder. Fue un juego... Un juego con fuego. 

“Personaje”, “desquiciado”, “sinvergüenza” y, de nuevo, el “hijo de puta” que nunca falta y siempre camufla tras el cansino “me gusta la fruta”. Era jueves y Ayuso actuaba en Tele 5. Siempre elegante, siempre institucional, siempre exquisita y siempre educada, con un fondo intelectual al nivel de Séneca. El mismo espectáculo y el mismo bochorno. Cada vez que Isabel Díaz Ayuso pisa un plató de televisión no defrauda entre ese público cuñado que disfruta con el insulto y la procacidad. Donde esté la insolencia que se quite la educación. Ya saben. Marca de la duquesa de Quirón. 

Tiene la responsabilidad de un gobierno autonómico que representa a 8 millones de madrileños, pero ha convertido al presidente del Gobierno de España en el centro gravitacional de su existencia. Política y personal. Sin Pedro Sánchez, Ayuso no es nadie. Lo sabe ella y lo sabe España entera. Ha construido su marca sobre un principio tan básico y tan viejo como la misma política: si tienes un enemigo al que odiar, no hay necesidad de tener programa. Funciona a corto plazo. Pero envenena en el medio. Y puede matar en el largo. Y ocho años con la misma fijación son ya demasiados. 

Si hiciéramos inventario del catálogo de los improperios que ha dedicado al presidente del Gobierno desde que habita en la Puerta del Sol, sería inabarcable y también digno de estudio clínico: que si “okupa”, que si “dictador”, que si “mentiroso compulsivo”, que si “amenaza para la democracia”, que si “peligro para España”, que si “destructor de la nación”...

Da igual lo que se le pregunte que la respuesta es siempre la misma. Por eso lo revelador en ella ya no es la virulencia, sino la repetición obsesiva de ofensas mezcladas con mentiras que extrae de digitales para los que la verdad habita en un planeta demasiado lejano como para ir a buscarla.  

Ayuso, siempre con la mirada perdida, carga contra Sánchez con la misma frecuencia que cualquier humano respira. Sin pensar y sin poder evitarlo mientras el Madrid real, no el de los posados ni el de los medios que le bailan el agua, tiene las listas de espera sanitarias más largas de la historia reciente, los colegios con aulas prefabricadas y una crisis de vivienda que ella ni siente ni padece porque habita en un piso y un ático pagados por su pareja. Esto último gracias a la millonaria facturación que el novio gira cada año a Quirón, el gigante de la sanidad privada con el que casualmente multiplicó por ocho sus ingresos cuando empezó su relación. 4,4 millones de euros entre 2021 y 2023 para ser exactos, según un informe de Hacienda remitido al juzgado.

Pero la baronesa de Madrid de esto apenas habla. Y cuando lo hace es para denunciar “una operación de Estado” contra su novio, ese ciudadano particular que salió del anonimato por un fraude fiscal de 350.951 euros entre 2020 y 2021 y cuyo abogado propuso llegar a un acuerdo con la Fiscalía, tras admitir la comisión de dos delitos, para evitar la cárcel. En su desvarío habitual, denuncia ahora un presunto espionaje, con micrófonos ocultos incluidos, al directivo de Quirón para el que trabaja su pareja y hasta una conspiración para acabar con su figura política, como si ella no hiciera suficiente para arrastrar su crédito cada día. Claro que de espionajes y “quirones” podría preguntar a su colega Cristina Cifuentes, que algo sabe sobre quiénes y por qué participaron de su caída del olimpo.

Hasta entonces, debería abstenerse de igualar España con una dictadura porque la que hubo en este país durante 40 años dejó víctimas que aún esperan la reparación que les niega el partido en el que milita y en el que, dicho sea de paso, orbitan algunos de los herederos de aquel abominable franquismo. 

En la última temporada de El ala oeste de la Casa Blanca, el candidato demócrata a la presidencia del gobierno de EE.UU. está en serios apuros. Su contrincante, Arnold Vinick, le saca una pegajosa ventaja en las encuestas. Por más que los demócratas intentan recortar, la experiencia de Vinick y la habilidad política de su spin doctor, Bruno Gianelli, neutralizan una y otra vez sus maniobras. Entonces ocurre algo que debería cambiarlo todo: una central nuclear en California sufre un accidente que amenaza con convertirse en un desastre. Vinick siempre ha sido pro nuclear mientras que Matt Santos, el demócrata, ha abogado por sacar las centrales del pool energético. Sobre el papel, la crisis debería hundir la campaña republicana.

Pero la política rara vez sigue el guion.

A medida que pasan los días, Alda resiste los ataques, mantiene su apoyo a las nucleares y lo convierte en una demostración de convicción y de principios. Tan bien lo hace, que termina recuperando la iniciativa. Mientras tanto, en el campo demócrata crece la desesperación: la victoria parece escurrirse entre sus dedos justo cuando debería ser más fácil agarrarla.

En esa tensión, un asesor demócrata descubre que Vinick había hecho lobby para facilitar la puesta en marcha de la central. Si esa información sale a la luz, coinciden todos los protagonistas, la campaña republicana estará acabada. Es el tipo de revelación de la que nadie, ni los mejores operativos, se recupera.

Pero Vinick también sabe que los demócratas tienen esa información. Y hace un cálculo político brillante: no intenta ocultarla y no intenta adelantarse. Espera. 

Su estrategia consiste en producir una calma tensa. Desaparecer del plano, no decir nada y dejar que sean sus adversarios quienes la hagan pública. Cuando eso ocurra, responderá acusándolos de utilizar una tragedia para obtener ventaja electoral. La discusión dejará de centrarse en la central nuclear y pasará a girar en torno a la falta de escrúpulos de Santos. La historia del lobby quedará enterrada bajo otra más poderosa y podrá salir reforzado del momento más difícil de la campaña. 

En la oposición en España debieron perderse ese episodio. De otra manera no se explica la alegría con la que celebran la sucesión de sentencias, filtraciones y decisiones judiciales difíciles de explicar que estamos viviendo.

En la opinión pública —al menos, en la izquierda-– esas actuaciones cumplen una función muy parecida a la revelación de los documentos sobre la central nuclear. Los casos de corrupción son una vergüenza para el gobierno, pero si las sentencias se perciben como injustas o interesadas, la lectura jurídica queda inmediatamente sepultada por una nueva historia que es, quizá, la única capaz de tapar o de neutralizar el olor que desprende en estos momentos el PSOE. La idea de que existe una parte del aparato judicial que está dispuesta a estirar la legalidad para conseguir que solo gobierne quien cuenta con su beneplácito.

Y este es un momento de bochorno político en la izquierda. Es verdad, parece que no queda nada a lo que agarrarse que no esté cubierto de mierda –perdón por la expresión. Pero bochorno es, de hecho, la palabra más adecuada para describir este momento. La sensación se parece mucho a la que precede a una tormenta de verano, cuando el calor y la humedad quedan atrapados bajo una capa de aire frío y la atmósfera adquiere esa densidad extraña que hace que todo parezca inmóvil. El aire se vuelve tan pesado que cuesta respirar y todo el mundo está como loco porque empiece a llover y se nos quite el dolor de cabeza. 

No hay más que abrir un periódico para comprender que hoy la realidad compartida se ha vuelto tan densa que mucha gente está pidiendo a voces que pase algo que acabe con este impasse. Y en España, este país que arrastra un déficit crónico de emprendedores económicos, nunca han faltado los emprendedores políticos. Hoy las redes sociales están llenas de ellos: los hay a izquierda y derecha, aunque abundan especialmente en la extrema derecha.

En El ala oeste de la Casa Blanca, al final del episodio, la camarilla demócrata capitula. El jefe de gabinete de Santos envía a una colaboradora a filtrar la historia a la prensa, con tan buena suerte que ella llega a cumplir su misión justo en el momento en el que los periodistas acaban de encontrar la noticia por sí mismos. Salvados por la campana, la campaña de Vinick se ve atrapada entre un montón de preguntas de difícil respuesta sobre la central y los demócratas terminan por ganar las elecciones. 

Si yo tuviera que anticipar qué va a ocurrir en los próximos meses, diría que no será un tiempo manso. Al contrario: no me sorprendería que esta demostración de fuerza del deep state judicial impulsara la confluencia que las izquierdas alternativas no han conseguido conjurar por sí mismas. Tampoco descarto que haya, como está pidiendo mucha gente, algún tipo de escisión o de movimiento en el PSOE. Si Pedro Sánchez consigue retomar la iniciativa y hacer un relato de la ofensiva judicial, tampoco sería extraño que la derecha piense que a Feijóo se le ha vuelto a escapar el presidente y haya bamboleos a ese lado de la bancada. En última instancia, tampoco perdería de vista la posibilidad de un nuevo momento Podemos, donde una iniciativa ciudadana harta del espectáculo bochornoso que nos están dando, suba a la palestra. Esa calma tensa, esa frustración silenciosa que se respira en la sociedad de hoy nos dice que la tormenta está cerca, lo que nadie puede decir exactamente es cuándo va a comenzar.

Me siento a escribir esta columna y, para qué mentirles, lo que más me afecta objetivamente es el calorón que hace en este ático madrileño, en toda España, en todo el mundo desde Algeciras a Estambul. Pruebo a crear corrientes de aire entreabriendo ventanas y no da el menor resultado: no se mueve ni una sola hoja de papel, la flama no baja ni un grado. Así que enciendo el aire acondicionado con un gesto malhumorado, no me gusta un remedio pasajero cuyo consumo de energía puede agravar la enfermedad de un planeta sobrecalentado.

Me digo que deberíamos estar hablando de esto. De cómo enfrentarnos por enésimo año consecutivo a un verano de temperaturas plusmarquistas. De cómo ajustar los horarios laborales para que se empiece de madrugada y se termine al mediodía, sobre todo en los trabajos al aire libre. De cómo reducir nuestra dependencia de los putos combustibles fósiles, algo que ni el cierre bélico del estrecho de Ormuz ha logrado introducir en la agenda de los mandamases. De cómo acelerar la sustitución de vehículos de gasolina y gasóleo por eléctricos. De cosas de este tipo que atenúen, al menos, el apocalipsis climático.

Pero no estamos hablando de esto, más allá de la conversación con un vecino en el ascensor. En España estamos hablando de cuándo caerá Pedro Sánchez y se celebrarán esas elecciones legislativas que el PP y Vox piensan que serán la guinda que culmine el pastel de su absoluto control del país. Debo ser un tipo raro porque yo desearía que esas elecciones se celebraran cuando tocan, el próximo verano; no veo ninguna razón verdaderamente dramática para adelantarlas. El turismo sigue llegando a nuestro país, la economía sigue creciendo y creando empleos, la inflación está muy lejos de los dos dígitos, la seguridad ciudadana es razonable, los conflictos territoriales están desinflamados… No veo la necesidad de gastar el tiempo, la energía y el dinero de los contribuyentes adelantando los comicios.

Ahora bien, yo no soy dueño de ningún medio de comunicación y son, precisamente, las televisiones, los periódicos y las redes sociales los que, desayuno, comida y cena, nos sermonean con que la situación política es insostenible. Se basan en la cantidad de casos judiciales abiertos contra el entorno personal y político de Sánchez, casos algunos de los cuales yo veo más falsos que un euro de madera y otros más sobreactuados que las caídas en el área del, por lo demás, excelente delantero brasileño Vinícius.

Eso sí, la ofensiva política de la derecha judicial española da miedo, mucho miedo. Ya ni se toman la molestia de disimular su doble rasero, su arbitrariedad y su inquina a los zurdos. Condenan expeditivamente sin pruebas a un fiscal general mientras el delincuente confeso en el origen del caso sigue de rositas. Quitan el pasaporte a la esposa del presidente en un asunto de chichinabo. Condenan a un exministro socialista posible autor de algunas golferías a más años de cárcel que a un asesino en serie. Sueltan y recompensan económicamente al empresario corrupto que denunció al exministro. Acusan a un expresidente con la prueba de una conversación entre terceros sacada extrajudicialmente de un móvil en Estados Unidos. Y así todo. Van a por los rojos sin tapujos ni complejos.

A mí todo esto me suena a golpe de Estado blando, a 23F judicial, pero mi opinión pesa poco, no soy dueño, ni tan siquiera director, de ningún medio. Así que supongo que Sánchez tendrá que terminar disolviendo anticipadamente las Cortes porque ya le advierten de que, si no lo hace, él también irá p'alante, terminará sentado en el banquillo por cualquier fruslería, como su esposa y su hermano. Se celebrarán, pues, elecciones anticipadas, las ganará con mucha probabilidad la coalición del PP y Vox y España se incorporará a la gran familia ultra formada por Estados Unidos, Argentina, Honduras y Colombia.

Todo esto alegrará sin duda a los jueces, los telepredicadores y los empresarios de derechas, ampliamente mayoritarios en sus respectivos gremios. También, por supuesto, a Felipe González y otros nostálgicos de aquella época en que el PSOE no hacía políticas de izquierdas ni de coña. Y puede que asimismo a los independentistas que viven de la confrontación territorial y los ultraizquierdistas que añoran vivir en las cavernas. Pero hoy lo importante para mí es que nada de esto aliviará el calor que padecemos, el que llega a superar en 17 grados lo normal en esta época del año, ni el que vendrá en los veranos de la próxima legislatura. Tampoco evitará las inundaciones catastróficas y los incendios forestales salvajes.

Al revés, gobernados por los negacionistas del cambio climático en ayuntamientos, comunidades autónomas y La Moncloa, se promoverá aún más el consumo del petróleo y el gas del Amigo Americano y los jeques del Golfo, se reducirá la promoción de las energías limpias, se jibarizarán las brigadas forestales y triunfará la lucha contra las inundaciones desde un reservado en El Ventorro. Eso sí, tendremos corridas de toros subvencionadas a punta pala.

Hay un personaje en España que se presenta como la persona que destapó la corrupción del PSOE y que, dotado con esa legitimidad, va de plató en plató haciendo afirmaciones estrafalarias y de dudosa credibilidad que, en todo caso, alimentan y consolidan los prejuicios de los conservadores. Aldama, que ha sido tratado con suma generosidad por parte del Tribunal Supremo, es el nuevo héroe de la derecha de este país. Y es también, desde hace más de un año, parte destacada de su cultura pop.

Lo llamativo no es que un personaje de estas características ocupe horas de tertulias y titulares de prensa, porque de esos hay muchísimos, sino la extraordinaria facilidad con la que una parte de la sociedad ha suspendido sus propios criterios morales para convertirlo en una figura admirada. Se trata de una inversión de valores muy reveladora de la polarización política contemporánea, donde ya no importa quién eres ni qué has hecho, sino contra quién disparas.

El año pasado la derecha puso mucho empeño en convertir la expresión “Pedro Sánchez, hijo de puta” en la “canción del verano”, como dijo el cantante Juan Magán y otros portavoces a los que, para variar, no les importó contribuir a la degradación política que supone popularizar insultos a figuras públicas. Pero mientras los exabruptos contra el presidente corrían como la pólvora en verbenas y fiestas de pueblo, y no siempre espontáneamente, en una frecuencia distinta también proliferaban otros cánticos tales como “por Aldama, por Aldama” —en versión flamenca, cantado por uno de los Morancos— y un mucho más explícito “Aldama libertad y si no la hay, manifestación nacional” que él mismo subió a sus redes como ejemplo del “sentir popular”. No es ninguna tontería, ya que la popularidad de Aldama constituye el síntoma visible de un proceso político mucho más profundo, a saber: la construcción deliberada de un personaje útil para una determinada batalla cultural.

¿Cómo puede un empresario corrupto convertirse en objeto de admiración e incluso de celebración pública? La única forma de explicarlo es precisamente atendiendo al papel instrumental que juega en una causa mayor: la de desgastar y tumbar al gobierno de coalición progresista. Las derechas nunca toleraron perder el gobierno en el año 2018, pero mucho menos aceptaron que los comunistas se sentaran también en el Consejo de Ministros desde el año 2020. Desde entonces han intentado casi todo para cambiar esa situación, siguiendo aquel claro consejo de Aznar de que “quién pueda hacer, que haga”. Pero aquella ofensiva ideológica, mediática, judicial y hasta policial terminó chocando con la voluntad popular expresada en julio de 2023, que revalidó al gobierno de coalición. 

La derecha perseveró en esta estrategia, claro, pero pronto encontró un aliado inesperado: la corrupción del PSOE, un regalo que los ladrones de Ábalos, Cerdán y compañía han ofrecido a los reaccionarios de nuestro país. Conviene no minimizar la importancia de este hecho, como hace cierta izquierda en ocasiones. Lo cierto es que la corrupción debilita electoralmente a quien la protagoniza, pero también proporciona munición política, legitimidad discursiva y cohesión emocional a sus adversarios. Por eso la derecha ha mordido a la presa y no la va a soltar: han encontrado un punto de gran vulnerabilidad del gobierno y de Pedro Sánchez. Pero como nunca es suficiente, necesitan sobredimensionar el fenómeno para que parezca realmente un problema de todo el gobierno de coalición. Y ese es precisamente el papel de Aldama. Él ya no es únicamente un empresario investigado, sino que se ha convertido en un personaje político. Y, como ocurre con todos los personajes políticos exitosos, su relevancia no depende tanto de la veracidad de lo que cuenta como de la utilidad simbólica que adquiere para quienes lo escuchan.

Seamos claros: Aldama es un fantasma y no sólo un delincuente. Durante la fase de instrucción el juez acreditó que muchas de sus “confesiones” no se ajustaban en absoluto a la verdad o eran acusaciones sin pruebas; en algunos casos fueron directamente mentiras desmontadas por el juez, y que obligaron al propio Aldama a tener que rectificar para evitar problemas mayores. Así, durante el juicio Aldama no sólo aportó evidencias que ayudaron a esclarecer el caso, aspecto que sostiene la desproporcionada generosidad con la que el Tribunal Supremo ha tratado su situación, sino que también se dedicó a esparcir basura a fin de que el problema pareciera mucho mayor de lo que ya era. Y desde el principio estaba claro que, si Aldama quería ganarse la simpatía de la derecha de este país —parte de su propia estrategia de supervivencia legal— tenía que ir a por la caza mayor: Pedro Sánchez y su gobierno.

Ahí reside su atractivo para la derecha sociológica de este país: se presenta como un héroe que se enfrenta al gobierno de Pedro Sánchez y que puede conseguir, sueñan ellos, que acaben todos en la cárcel. En sus manifestaciones más recientes ha vuelto a incidir en que tiene material comprometido de Pedro Sánchez, al que sin prueba alguna llama “el number one”, y ha predicho que acabará en la cárcel. Para completar su relato de héroe contra villano, ha declarado solemne que tiene miedo por él y por su familia; un tono victimista que lleva dos años utilizando a fin de presentarse como contrapunto de un supuesto gobierno totalitario dirigido por Pedro Sánchez. No importa si algo de todo esto es verdad o tiene el respaldo de pruebas; lo que importa es que la derecha de este país le da verosimilitud y escucharlo refuerza sus prejuicios sobre qué tipo de gente gobierna España en este momento. Por esa razón, Aldama se ha convertido en un héroe que merece reconocimiento, cariño y cuidados. Exactamente lo que está recibiendo en las verbenas y fiestas populares, en los medios de comunicación donde se le invita a compartir sus invenciones, y también en los juzgados —que ponderan mejor lo cierto y lo falso, pero que no escapan de su atractivo ideológico e instrumental—.

Este va a ser un verano curioso. En algunas verbenas y fiestas populares convivirán dos fenómenos reveladores de nuestro tiempo político: insultar al presidente del Gobierno democráticamente elegido y celebrar a un empresario que participó en tramas corruptas. Es una inversión moral extraordinaria, pero congruente con un tiempo político donde la ideología reaccionaria ciega cualquier consideración moral o de decencia. La derecha de nuestro país ha convertido la derrota del gobierno de coalición en el único horizonte político, haciendo desaparecer toda coherencia y permitiendo que cualquier personaje dispuesto a contribuir a esa tarea sea rápidamente rehabilitado. La pregunta que debemos hacernos es por qué una parte de la sociedad ha decidido convertir a este personaje, un corrupto, en un referente.

Por si quedaba alguna duda, el debate sobre la corrupción ha confirmado por qué Núñez Feijóo no presenta una moción de censura. Perderla en votos sería lo de menos. Lo grave es que la perdería también dialécticamente y por goleada.

Pedro Sánchez podrá gustarte más o menos, pero hizo el discurso que tenía que hacer. Fue claro, directo y coherente. No rehuyó ningún tema y tuvo respuesta para todos.

Esas respuestas te convencerán o no. Pero son claras: la trama corrupta hay que tragársela y asumir el desgaste, pero no toca a la financiación del partido; el rescate a Plus Ultra está blindado y las causas contra su familia van más allá de lo jurídico y lo penal para adentrarse en el terreno de la caza y captura. Si fuera una escena en una serie de Netflix esperarías al siguiente episodio a ver qué pasa y si consigue o no salir de esta.

Su tono firme y pausado destacó especialmente comparado con el vendaval de descalificaciones, insultos y faltadas que desató Núñez Feijóo desde la tribuna. De la sauna a la cloaca hay mucha coherencia y el padre de Patxi López se revolvería en su tumba, llega a afirmar en los momentos más bajos de su soflama. Ni propuesta, ni alternativa, ni mensaje; limítese a hacer lo que yo le diga, señor Sánchez. 

Toda la contundencia política que le suministra al líder de la oposición el asfixiante listado de casos y escándalos que ahoga al Gobierno se convierte en parodia a fuerza de abusar del chascarrillo y el esperpento. Si fuera una escena de una serie de Netflix, no se la comprarías y buscarías otra cosa en el menú porque ya sabes lo que viene y cómo acaba: en las mismas elecciones que lleva pidiendo desde julio del 2023.

No, Pedro Sánchez no es Starmer, ni España se parece al Reino Unido, ni el PSOE al implacable Partido Laborista. Este martes abundaban los columnistas y tertulianos que hacían la comparativa melancólica entre el primer ministro británico, que se va dos años después de una victoria histórica, con una mayoría muy cómoda en el parlamento y sin escándalo conocido; y nuestro presidente, asediado por tierra, mar y aire (es decir, en el frente político, el judicial y el mediático), con un ministro condenado a 24 años de cárcel, gobernando sin mayoría y sin presupuestos, y ahí sigue.

Cada vez que cae un gobierno en Europa, oímos los mismos lamentos comparando con el español. Y no hay semana que no caiga un gobierno en Europa: en los últimos ocho años ha habido seis primeros ministros en el Reino Unido (siete con el que entre ahora), otros siete en Francia, seis en Austria, seis en Rumania, ocho en Bulgaria, cinco en Eslovenia, cuatro en Finlandia, Eslovaquia, Bélgica, Lituania y Letonia, tres en Alemania, Italia, Estonia, Suecia, Países Bajos o Irlanda, dos en Portugal, Polonia, Hungría, Dinamarca… Y así podría seguir con los 27 países de la Unión Europea, pues todos han tenido cambios en el ejecutivo en estos ocho años. Todos, menos dos países: Croacia, cuyo primer ministro es el más longevo (Plenkovic, desde 2016 en el cargo). Y España, con Pedro Sánchez en Moncloa desde 2018.

“¡Por menos dimiten en Europa!”, nos gusta decir en España para criticar la resistencia a irse de nuestros políticos. Entre los dimisionarios del párrafo anterior ha habido, además de alternancias electorales, algunos casos de corrupción, crisis políticas, pérdidas de mayoría parlamentaria, presupuestos tumbados, derrotas en elecciones regionales, rechazo ciudadano, luchas internas de poder o simple agotamiento. Sánchez tiene un poco de todo, y ahí sigue. Y tampoco es una excepción en la tradición española, pues de todos los presidentes de nuestra democracia hemos dicho alguna vez eso de “por menos dimiten en Europa”: González con sus escándalos, Aznar con el rechazo ciudadano a la guerra, Zapatero con la crisis económica, Rajoy con los recortes sociales y la corrupción…

Por menos dimiten en Europa, pero Sánchez resistirá la sentencia de Ábalos, resistirá la comparecencia de este miércoles en el Congreso, y resistirá los próximos informes de la UCO, reveses judiciales y derrotas parlamentarias. Podemos poner el foco en Sánchez y su bunkerización, o en quienes lo sostienen, y en quienes no son capaces de tumbarlo. Quizás la explicación no es Sánchez, sino el miedo a un mal mayor que mantiene prietas las filas en su partido y entre sus socios. Y la incapacidad de la derecha para ser alternativa, que después de ocho años de “peor gobierno de la democracia” no son capaces ni de presentar una moción de censura. Y por cosas así también dimiten en Europa.

“Solo hay dos clases de personas: proxenetas y putas”. Este es el lema de Andrew Tate, influencer de la manosfera, cercano a la familia Trump y acusado de múltiples delitos de trata de personas, violación y agresión. Tate citaba al proxeneta de Chicago Ken Ivy, autor de libros como “Pimpology” o “El arte del ajedrez humano”, que enseñan a los hombres a triunfar en la vida adoptando las reglas de conducta de un proxeneta: manipulación, violencia, dominación. Andrew Tate y su hermano Tristan se enriquecieron ejerciendo como proxenetas digitales de numerosas mujeres que ofrecían contenido sexual en internet, dando cursos (a hombres) de cómo montar un negocio en OnlyFans y creando contenido (para hombres) desde la premisa de que las mujeres son el enemigo o simple terreno para la conquista y el abuso. 

Andrew Tate es el extremo más violento de lo que está sucediendo en OnlyFans, la plataforma de pago de contenidos sexuales bajo suscripción, creado hace 10 años, y que ya forma parte de la cultura popular. En la última temporada de Euphoria, el personaje interpretado por Sydney Sweeney decide abrirse un OnlyFans para costearse las flores de su boda. En el libro La cuarta vida de Blanca Cuervo, de Alba Quintas, último premio SM de literatura infantil y juvenil, la protagonista se inicia en una plataforma llamada La Trastienda, trasunto de OnlyFans. En los próximos meses, Alauda Ruiz de Azúa estrenará en Movistar Plus su nueva serie, que también aborda el tema de las plataformas que ofrecen contenidos sexuales. Esto da idea de la popularidad de este servicio, que se vendió desde el inicio bajo la idea de empoderamiento de mujeres jóvenes que monetizan su juventud y su capital erótico bajo sus propias reglas y que ha resultado ser, oh sorpresa, otra vía de explotación sexual. El negocio de OnlyFans se ha llenado de “managers” y agentes, en su mayoría hombres, que actúan como proxenetas virtuales, llevándose un buen porcentaje de los ingresos; los usuarios de la plataforma son hombres en su mayoría, 8 de cada diez, y las creadoras de contenido sexual son en su mayoría mujeres jóvenes, 9 de cada diez. 

En un momento en el que muchos hombres jóvenes creen que el feminismo no es necesario cuando no es perjudicial para los hombres, se perpetúan las mismas dinámicas de poder de siempre, condicionadas por las narrativas de internet y las ideas triunfantes de la manosfera. Andrew Tate recomendaba a sus seguidores técnicas como esta: “Después del sexo, compórtate con dureza con ella, y pídele que te haga la comida o vaya a buscarte una bebida para testar su maleabilidad. Si responden bien, puedes introducirlas en tu negocio de sexo virtual”. Las nuevas empresas de gestión y marketing de OnlyFans siguen las reglas de Tate, hombres enseñando a otros hombres a comercializar, vender y sacar provecho de los cuerpos de las mujeres. No solo estamos lejos de abolir la prostitución convencional (un 28% de los hombres españoles reconoce haber pagado por sexo), hay nuevas formas de explotación que jamás conducen al empoderamiento de las mujeres. 

Las chicas en OnlyFans (ya hay más de 3 millones en la plataforma) se autodenominan creadoras de contenido, cuando en realidad están grabando contenido sexual, dirigidas por un “manager”, un hombre, que les dice qué tienen que publicar para un público potencial de 300 millones de fans, la mayoría hombres. Contenido misógino, explotación sexual, falso empoderamiento, nuevos formatos, viejas dinámicas de poder. Otra vez, el triunfo de los proxenetas. 

Cualquiera que albergue una mínima duda sobre lo que se está perpetrando en España, no tiene más que ver la impaciencia con la que el clan aguarda la caída del presidente del gobierno por la que tanto han trabajado. No logran entender que se resista al largo acribillamiento del que es objeto. Porque una cosa es la crítica a acciones de gobierno -dado que, aunque también lo intentan, las cifras van mucho mejor que en el pasado- y otra la sistemática destrucción de su persona y su entorno que practican. Otra vez, después de un fuerte golpe, el tío se levanta como si nada, piensan indignados. Que condenen por corrupción a su exministro y antiguo Secretario de Organización es grave; a 24 años, desproporcionado, y un agravio comparativo con otros casos similares que ni se tocan o sobreseen.

La prensa, organizada en la soflama golpista de Aznar “el que pueda hacer que haga”, a quien condena a toda plana otra vez es al presidente, dando por sentenciado “al sanchismo” y, por ciertas, muchas cosas más que tampoco están probadas. Muy definitorio otro dato: sin pudor alguno especulan con el “calienta, Julito”, dando por hecho que la escandalosa “condena” al corruptor Aldama, dejándole hasta el millonario botín de sus delitos, es una llamada a la delación con una diana precisa. No detallan si de la conocida como Fiscalía Anticorrupción o incluso del Tribunal Supremo. Pero si dejan claro que el soplo, cierto o no, va dirigido a cazar la pieza mayor: Zapatero. Julito se libra sean cuales sean sus supuestos delitos, pero cae el expresidente. Las irregularidades son tan manifiestas, el descaro es tan flagrante que cuesta entender cuele como lo está haciendo, hasta con aplausos. Repugna en estos términos.

Quizás es que son muchas horas diarias dedicadas a triturar el periodismo -y si nos ponemos, la democracia- en ciertos medios y hasta en ciertos programas. Aldama es la estrella mediática ya y, desde este lunes, el paradigma de la moralidad del clan golpista. No para de hacer declaraciones a los medios del ramo sobre la que dice segura entrada de Pedro Sánchez en la cárcel. La empresa que pudre el periodismo desde diversos Horizontes, entrevistó al corrupto en prime time con lo que le queda de sus mermadas estrellas informativas. Más claro no se puede poner. Anímense, ciudadanos, al lucrativo negocio de la corrupción que, previo pillar de por medio a alguien del PSOE, les va a salir redondo. ¿Cómo puede casar en la decencia de cualquier persona?

Y ves que remontar todo esto es extremadamente difícil cuando, buscando cómo informa la prensa internacional seria de la tragedia que vive España, se limitan también a relatar lo que dicen unos y otros. Como mucho, dado que intervienen con sesgos en la información también. Y, así te encuentras, en el Le Monde francés que cuentan lo que dijo en el juicio Aldama, sin oponer en este caso, ni la mínima aclaración. Es muy preocupante cuando la sentencia del juicio a Ábalos no ha recogido para nada estas afirmaciones:

“Durante su interrogatorio ante el tribunal, el empresario Víctor de Aldama afirmó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era el líder de la ”banda organizada“ que encabezaba la red y que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dirigido desde 2017 por el jefe de gobierno, se había beneficiado de financiación ilegal a través de estas comisiones indebidas”.

El artículo de nuestro director, Ignacio Escolar, sobre cómo a Aldama la corrupción le ha salido “a devolver” pese a las mentiras que ha dicho, contiene la más precisa información. Incluso aclara un tema que ya se está poniendo en cuestión en medios españoles: que Aldama cobró legalmente las mascarillas. “Aldama cobró 3,7 millones de euros por las mascarillas. Entre el cohecho a sus socios y la multita del Supremo, se quedará con 3,1 millones de euros”, explica -más ampliamente- Escolar. Cualquiera dispone pues de fuentes para ser más ajustados en un tema tan serio y con tanta repercusión real. Pero es un signo de los tiempos, el periodismo internacional también está perdiendo rigor a borbotones.

El New York Times hace algo parecido, sin perder el tiempo en ver lo que realmente sucede aquí, cuando sí investigan temas de su país. Yo creo que es importante destacar este aspecto porque está contribuyendo a extender la destrucción personal de Pedro Sánchez perpetrada en España.

Lo que ocurre en Estados Unidos con Trump y sus “enemigos” a abatir, tiene similitudes. Ahora está lanzado contra el Dr. Fauci, al que prometió destruir ya desde la pandemia porque el pobre intentaba salvar a los ciudadanos y Trump practicó otra especie de terapia de terracitas y cervezas con similares resultados letales a los de allá donde se hizo. Quien parece ser el jefe de la comisión del Senado que le convoca, anuncia que el que ha sido asesor de todos los presidentes como uno de los principales expertos mundiales en enfermedades infecciosas “NO testificará voluntariamente ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado”, dice, y él le ha citado exigiéndole que acuda.

Muy a destacar también cómo Trump y Marco Rubio están usando sus influencias -algunos informadores hablan de trampas- para hacerse con gobiernos afines en toda Latinoamérica. Muy igualados en votos, terminan por vencerse del lado más ultra, como parece va a pasar también en Colombia. Sin duda ayudan enormemente los poderosos amigos y grandes beneficiarios de las políticas de Trump en Silicon Valley. Hasta aquí llegan los métodos que, como ocurre en X de Elon Musk, invisibilizan cada vez más a los usuarios progresistas. Y nadie ha conseguido encontrar otra vía de comunicación universal de influencia parecida. Muy atentos de nuevo a cómo ponga en práctica sus planes anunciados Peter Thiel desde Palantir. Díganme si viendo todo esto y más, es normal que tantos ciudadanos vayan tan contentos al precipicio.  Y de esta toxicidad disponible se benefician cuantos trabajan para llegar al poder sin escrúpulo alguno en los métodos.

¿Cómo es posible que se traguen tantas trolas y se acepten tantas cesiones sin oponer siquiera resistencia? Hasta dejar con su botín al corrupto que delata o creer que Feijóo puede ser un símbolo de regeneración ética. Hay claves comunes.

Solo hacían falta unos medios de comunicación masiva y, con su ayuda, una degradación de la escala de valores que situara como primer e inexcusable objetivo el dinero, a cualquier precio. Si hace algo menos de un siglo se hubiera sabido el truco, el mundo llevaría ya muchos años disfrutando de las mieles de los fascismos. Arrinconando seres humanos por no ajustarse a su modelo, destruyendo a los enemigos del sistema, insistiendo en el culto a la estupidez social para que todas las arbitrariedades fueran aceptadas como necesarias. Incluso el latrocinio de los privilegiados, porque hay enriquecimientos que sonrojarían hasta a una momia.

A todo esto, Sánchez resiste y es el segundo presidente con más tiempo en el poder después de Felipe González. Pese a tener que gobernar en coalición y sin mayorías absolutas en el parlamento y todas las trabas y zancadillas que hemos visto. Y cuesta entender que no utilice los instrumentos de los que se supone puede disponer un gobierno para poner las cosas en su lugar. Porque el daño que se ha hecho a la democracia para tumbarle puede ser irrecuperable. No es hora, en mi opinión, de sacar agravios pasados desde la política progresista. Esto se parece mucho a una guerra y hay que saber de qué lado se está. Y también que la mayoría de la población se encuentra, simplemente, entre los perdedores. Y, por mucho que acaten, no tienen a un tribunal que les conserve los privilegios obtenidos con su actitud nefasta e incluso punible por el daño inferido al conjunto de la sociedad.

Cuando se acumulan unos cuantos trienios en este oficio, una acaba tocando muchos palos. Uno de los más interesantes fue colaborar en un trabajo titulado Llums i taquígrafs, una exhaustiva investigación y, al mismo tiempo, una recopilación que aspiraba a convertirse en un atlas de la corrupción a través de los casos más destacados de Catalunya, la Comunitat Valenciana y Balears.

El objetivo era cartografiar, en cuatro volúmenes, todas las causas en una especie de caja negra de la corrupción, pero también del fraude y la impunidad. Para ello partimos de un principio acuñado por el periodista Xavier Vinader y que sigue plenamente vigente: “El combate contra la corrupción es fundamentalmente un combate ético, político y sociocultural”.

Han pasado diez años desde la publicación de aquel trabajo y semanas como esta demuestran que aún queda mucho por hacer.

Mostraré rápidamente mis cartas para que quede clara mi opinión: me escandaliza que un secretario de Organización del PSOE, ministro y portavoz del partido en la moción de censura que desalojó al PP del Gobierno por diversos motivos, entre ellos la corrupción, haya actuado como lo hizo.

Sorprende que su partido siga escudándose en que se trató de un “comportamiento individual”, puesto que, sin los resortes del Gobierno y el poder que ostentaba en el PSOE, le habría sido imposible actuar como presuntamente lo hizo. Y resulta directamente indignante (o debería serlo) que se sostenga que nadie, absolutamente nadie, sospechó nada ni tuvo conocimiento de los hechos.

También escandaliza que un corruptor, por mucho que haya colaborado con la justicia, no tenga que devolver, como mínimo, los 3,7 millones de euros obtenidos en concepto de comisión por la venta de mascarillas al Ministerio de Transportes. Y que parte del ecosistema político y mediático de la derecha haya convertido a ese corruptor en un héroe que se pasea por los platós con una vanidad ofensiva.

Así que ambas cosas son indignantes: lo de Ábalos y lo de Aldama. Pero mientras el segundo es un empresario corrupto, pretendidamente espabilado aunque de comportamiento deleznable, de los que siempre ha habido y probablemente siempre habrá, el primero debía ser un garante del servicio público, la integridad y la honradez. Más aún después de la moción de censura contra la corrupción que facilitó su llegada al Gobierno.

En estos días, en los que se ha vuelto a homenajear a la añorada Montserrat Roig con motivo del 80 aniversario de su nacimiento, conviene recordar también que la escritora defendía que la democracia se aprende en casa. “Ser demócrata no es una actitud política; es una actitud ante la vida”, decía.

Ser demócrata implica, entre otras cosas, denunciar y condenar toda corrupción, sin excepciones. De hecho, lo más fácil es criticar la de aquellos que ideológicamente nos resultan más lejanos. La de los cercanos nos incomoda y nos duele. Pero no por ello deja de ser corrupción.

En el caso que nos ocupa, el de Ábalos, Koldo y Aldama, la sentencia del Supremo es tan dura con el exdirigente del PSOE y su escudero, Koldo García, como benevolente (y difícil de comprender) con un delator que sigue lanzando acusaciones falsas contra ministros y exministros.

La cifra de 24 años de cárcel que ha recibido Ábalos, por sí sola, es llamativa. Se explica por la pluralidad de delitos (hasta seis: organización criminal, tráfico de influencias, malversación y tres de cohecho) a los que ha sido sentenciado.

El cumplimiento efectivo serán 16 años y medio. A los que creen que todavía es poco, recuerden que pasar una sola noche en la cárcel ya tiene efectos en cualquier persona, sea cual sea su apellido y su patrimonio. En el caso del exministro, incluso podría haber sido peor: el propio Supremo fija la horquilla de penas de cada delito en su mitad inferior (para incrementarlas, tendría que haberlo justificado).

El encaje de bolillos que el Supremo ha realizado en relación con Aldama, por más inédito y sorprendente que resulte (y que el propio corruptor ya ha utilizado para animar a otros implicados en causas que afectan al PSOE a colaborar con la justicia), no surge de la nada.

Lejos de cargar las tintas contra el Gobierno, como el Supremo ha hecho en alguna ocasión olvidando que su función no es ejercer de oposición al Ejecutivo, el Alto Tribunal justifica su decisión respecto a Aldama. El razonamiento tiene un punto de voluntarismo —lo primero que hizo el corruptor fue acudir a un plató de televisión en lugar de guardar silencio y prepararse para cumplir el año de trabajos en beneficio de la comunidad impuesto por la sentencia—, pero no puede calificarse de arbitrario puesto que la sentencia lo justifica.

Por un lado, el Supremo alude al “fracaso de los controles internos” que, en plena pandemia, permitió los amaños y sobornos en los contratos de mascarillas. Por otro, señala un camino para “incentivar y fomentar” la colaboración con la justicia en los casos de corrupción.

Ojalá esta doctrina se aplique con el mismo criterio a todos y no beneficie únicamente a una misma parte. Los primeros interesados en que sea así deberían ser los jueces. En sus salas, como en nuestras cocinas, también nos jugamos la democracia.

Keir Starmer, el primer ministro británico, acaba de anunciar su dimisión. En diez años, desde el referéndum del Brexit, en junio de 2016, el Reino Unido ha tenido seis primeros ministros y pronto, probablemente después del verano, tendrá el séptimo. La conservadora Liz Truss ocupó el cargo durante solo 49 días, el mandato más breve de la historia moderna británica. En las últimas elecciones generales, en julio de 2024, los laboristas obtuvieron 411 escaños, una mayoría aplastante, pero ahora están de capa caída, han tenido una estrepitosa derrota en las últimas elecciones regionales y locales, locales y regionales (perdieron más de 1400 concejales) y las encuestas anuncian la posibilidad de un próximo gobierno de Reform UK, el partido de Nigel Farage (para entendernos, la derecha trumpista). 

Así las cosas, Andy Burnham, el popular alcalde laborista de Manchester, acaba de ser elegido diputado con el 54,8 % de los votos en la elección parcial de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra. Ha derrotado a su principal oponente, el candidato de Reform UK con 20 puntos de ventaja, cuando las encuestas auguraban un resultado muy ajustado, y ha abierto así el paso para sustituir a Keir Starmer. Su victoria aplastante, escribe el periódico The Guardian, “hace casi inevitable la próxima llegada de Burnham a Downing Street”. 

En esta situación crítica, Tony Blair no ha tenido mejor idea que publicar una suerte de manifiesto en el que critica no solo a Starmer sino también a Andy Burnham, acusándoles de abandonar el “centro político”, de alimentar una “capacidad casi infinita de autoengaño”, de “jugar con fuego” y de hacer probable una futura derrota electoral.

“Dirigí el Partido Laborista durante 13 años, a lo largo de tres elecciones generales”, afirma Blair, que lamenta que el partido se niegue ahora a “aprender del único momento en sus 120 años de historia en que se logró el éxito”. En términos generales, la intervención de Blair parece calculada para generar el máximo malestar en el Labour, tanto por lo que dice como por el momento elegido, cuando se decide el destino del partido laborista en los próximos años. 

Una vez alcanzado el poder, sostiene Blair, Starmer debería haber abandonado los proyectos de cero emisiones, las leyes de derechos laborales, el aumento del salario mínimo y los cambios en el régimen fiscal, y debería haberse volcado “por completo en hacer que las empresas se sientan respetadas y apoyadas”. En la misma línea, Blair afirma que el Reino Unido, en lugar de socavar la alianza atlántica, debería haber apoyado a Trump en su ataque contra Irán y en su visión de una OTAN más fuerte. 

El gobierno, según Blair, además de restablecer unas buenas relaciones con Trump, debería eliminar todos los obstáculos al crecimiento empresarial relacionado con la IA, reformar radicalmente la planificación urbanística, revertir su política energética en el Mar del Norte y reformar en profundidad el sistema de bienestar social. “Sin una agenda de esta naturaleza, radical pero sensata, Gran Bretaña continuará su largo declive hacia el descenso a segunda división”, concluye Blair.

¿Cómo debe entenderse esta iniciativa de Blair? En su “Diccionario de ideas recibidas”, Gustave Flaubert dio la vuelta a la expresión “dormirse en los laureles” y escribió, de manera sucinta y lúcida: “Laureles: impiden dormir”. Según el autor de “Madame Bovary”, los laureles conquistados, en vez de comportar el riesgo de adormecer a quienes los reciben, pueden provocar más bien ansiedad e insomnio. Está muy bien visto, y no es difícil encontrar casos que ilustran esa extraña insatisfacción.

Además de la reflexión de Flaubert sobre los laureles conquistados y el insomnio que producen, puede evocarse el discurso que pronunció Bertrand Russell cuando le concedieron el Premio Nobel, en 1950. Se titulaba “¿Qué deseos son políticamente importantes?”. En él afirmaba que las motivaciones psicológicas son el motor real de la política, y comentaba cuatro impulsos que consideraba entre los más dominantes: la acquisitiveness, el deseo de adquirir la mayor cantidad posible de bienes, no forzosamente materiales—, la rivalidad —incluido el perjuicio del adversario, aunque el precio a pagar sea oneroso—, la vanidad —la sed de ser reconocido— y el afán de poder. 

Russell no descartaba los móviles idealistas en el ejercicio de la política, como el altruismo o la fraternidad; todo lo contrario. Pero alertaba sobre el peso de las motivaciones negativas y concluía afirmando que la educación de la inteligencia es la única vía para encauzar los impulsos humanos más primitivos hacia fines constructivos.