El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha avalado la autorización de la central eléctrica hidroeléctrica de Chira-Soria, promovida por Red Eléctrica en Gran Canaria, desestimando un recurso de Turcón- Ecologistas en Acción contra la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública de dicha central.

La Sala recuerda que el núcleo de la controversia planteada por Turcón era de carácter ambiental y se dirigía, esencialmente, contra la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable y condicionada emitida el 30 de julio de 2021. El tribunal precisa que la DIA no puede recurrirse autónomamente, pues se trata de “un acto esencial, pero de trámite”, que “no es susceptible de recurso autónomo”, de modo que debe cuestionarse junto con la autorización administrativa que incorpora sus determinaciones.

El elemento decisivo para la desestimación del recurso es, según la sentencia, la falta de una prueba técnica suficiente que permitiera desacreditar las conclusiones de la Declaración de Impacto Ambiental. La Sala destaca que la demanda estaba acompañada de 51 documentos, entre escritos, mapas, fichas, informes, actas, estadísticas y noticias, pero considera que faltaba un informe pericial técnico que contradijera con precisión el contenido de la DIA.

El TSJC resalta que buena parte de las alegaciones de Turcón no denunciaban una ausencia completa de evaluación ambiental, sino una insuficiente valoración de los impactos. La sentencia diferencia ambas situaciones y concluye que cuestionar la intensidad o suficiencia de una evaluación ya realizada exige una prueba técnica particularmente sólida.

La Sala destaca que la DIA fue adoptada tras una tramitación ambiental extensa y que examinó las afecciones sobre el medio marino, la atmósfera, el suelo, el subsuelo, la geodiversidad, el agua, la vegetación, la fauna, los hábitats, la Red Natura 2000, el paisaje, los efectos socioeconómicos, el patrimonio cultural, la vulnerabilidad del proyecto y los efectos acumulativos y sinérgicos.

La resolución incide en que la declaración ambiental fue favorable, pero condicionada. Según el tribunal, se trata de un documento “de carácter dinámico”, que puede incorporar nuevos condicionantes a la vista de los resultados del programa de vigilancia ambiental. La DIA estableció catorce condicionantes y ordenó la creación de una comisión técnica de seguimiento, con representación de la Comunidad Autónoma, el Cabildo de Gran Canaria y Red Eléctrica de España.

Se trata de un nuevo varapalo judicial para el colectivo ecologista contrario a la construcción de la central, después de que en 2022 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) denegase otro recurso presentado por este colectivo en el que pedía tomar medidas cautelares contra la ejecución del proyecto de la central.

Mientras, prosigue la tramitación de otro recurso presentado por Turcón ante el Tribunal Supremo contra el Decreto del Gobierno de Canarias que autorizó el proyecto de Bombeo Reversible Soria - Chira, La organización acudió al Alto Tribunal después de otra sentencia desestimatoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del pasado mes de abril.

Turcón recordó entonces que el Decreto (noviembre de 2025) del Gobierno canario acordó la ejecución del proyecto denominado Central hidroeléctrica de bombeo Chira- Soria; reformado del proyecto de construcción. Modificado II, promovido por Red Eléctrica de España, SAU y que suspendía el planeamiento urbanístico y territorial vigente para dar encaje al proyecto citado. Un procedimiento, remarca Turcón, “totalmente inédito, sin precedentes, utilizando artículos excepcionales, desprotegiendo varios espacios naturales para legitimar la construcción de la obra en beneficio de Red Eléctrica”.

El senador Javier Armas (Agrupación Herreña Independiente -AHI-) ha endosado al Cabildo de El Hierro facturas por un importe total de 70.474,5 euros para pagar los honorarios de los dos despachos de abogados (y procuradores) contratados para su defensa en el denominado caso Vertederos, que investigó durante cerca de dos décadas el descontrol en la gestión de tres puntos de vertidos de una isla declarada Reserva de la Biosfera en 2000.

El aforamiento de Armas ante el Tribunal Supremo en 2023 disparó el coste de esa factura. Antes de su designación como senador por El Hierro, el dirigente de AHI (aliado de Coalición Canaria) estuvo representado en los juzgados de las islas por un bufete de Tenerife, Mesa Abogados. Las minutas de este despacho ascendieron a 21.400 euros. 

Sin embargo, tras la elevación del caso al Supremo, Armas contrató al penalista José Antonio Choclán, conocido como el abogado de las estrellas. Magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, este letrado ha defendido, entre otros, a Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Francisco Correa, Cristina Cifuentes, Rita Barberá o, más recientemente, al empresario Víctor de Aldama o al cantante Julio Iglesias. 

Choclán asumió la defensa de Javier Armas en octubre de 2023. Catorce meses después, en diciembre de 2024, el Supremo archivó la causa al no apreciar delito en su actuación. Entre medias, el despacho del reconocido penalista asistió al senador en su declaración en el alto tribunal en marzo de 2024 y nueve meses después, en diciembre, presentó un escrito en el que expresaba su oposición a la petición de la Fiscalía para declarar compleja y prorrogar la causa y en el que, además, solicitaba el sobreseimiento del caso Vertederos. 

Por esas diligencias, el bufete de Choclán giró una factura de 48.400 euros (40.000 euros más IVA), más del doble de lo que había costado la defensa de Armas desde la incoación de las diligencias en un juzgado de Valverde hace ya veinte años. 

Más de 100.000 euros: el impacto global para el Cabildo

El aforamiento de Armas en el Supremo no sólo encareció la factura pública del caso Vertederos, sino que también alteró el destino del procedimiento. Antes de que el dirigente de AHI se convirtiera en senador, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ya había fijado fechas para el juicio oral contra Armas y las otras dos procesadas, la exconsejera Claribel González y la funcionaria Fabiola Ávila. La Fiscalía pedía once años de cárcel, cuatro de inhabilitación y una multa de 19.800 euros para cada uno de ellos por un delito continuado con los recursos naturales, otro de prevaricación medioambiental y un tercero sobre la ordenación del territorio. El escrito de acusación del Ministerio Público, que había sido formulado en octubre de 2018, les acusaba de consentir tres vertederos ilegales. 

Todo cambió cuando el Supremo, con el magistrado Pablo Llarena como ponente, decidió archivar la causa especial abierta contra Armas. En abril de este año, la Audiencia Provincial siguió los pasos del alto tribunal y decretó el sobreseimiento libre (definitivo) del procedimiento contra las otras dos procesadas. Lo hizo después de que la Fiscalía cambiara de criterio y pasara de acusar a alinearse con los postulados de la defensa. 

Tras este archivo, las otras dos procesadas también han cargado a las arcas públicas los gastos de defensa. En el caso de la funcionaria Fabiola Ávila, 26.402,37 euros aprobados en un Consejo de Gobierno de junio. En el de la exconsejera Claribel González, 21.746,12 euros aprobados en el pleno que la corporación insular celebró en julio. En total, por lo tanto, el caso Vertederos ha costado en gastos de abogados más de 100.000 euros (en concreto, 118.623,07 euros) a las arcas del Cabildo de El Hierro. De esa cantidad, más del 40% se lo ha llevado el bufete de Choclán que Armas contrató para el Supremo.  

Las razones para indemnizar 

Para que una administración asuma los honorarios de la defensa penal de sus cargos electos o funcionarios deben cumplirse tres requisitos. El primero es que la imputación tenga su origen en actuaciones realizadas en el ejercicio de funciones institucionales, no en su esfera personal. El segundo es que no se aprecie en la conducta del investigado “abuso, exceso, desviación de poder o prosecución de intereses ajenos”. Y el tercero es que el procedimiento termine sin responsabilidad penal, ya sea por absolución tras la celebración del juicio o por archivo o sobreseimiento de la causa antes de esa fase procesal. 

La jurisprudencia del Supremo ha reconocido en distintos pronunciamientos el derecho de un cargo o trabajador público a ser resarcido de los gastos de su defensa en esos casos. Sin embargo, esa doctrina no despeja todas las dudas. En procedimientos similares en otras instituciones canarias, los servicios jurídicos han planteado cuestiones adicionales antes de aprobar el pago: si existía autorización previa para contratar a un letrado externo en lugar de recurrir a los servicios jurídicos de la propia administración o si el importe reclamado se ajusta a los criterios orientadores de honorarios de los colegios de abogados. 

La abultada factura del despacho de Choclán fue objeto de debate en el pleno del Cabildo en el que se aprobó su pago. El acuerdo fue adoptado por unanimidad en octubre del año pasado. Tanto los grupos de gobierno (PSOE, Asamblea Herreña e IUC-Reunir) como los de la oposición (AHI y PP) votaron a favor y Armas, que también es consejero y que llegó a ser de manera efímera presidente de la corporación (antes de una moción de censura liderada por su hermano, el socialista Alpidio Armas) se ausentó cuando se trató este punto. 

Durante ese pleno, y a pesar de respaldar con su voto el pago de esas facturas para resarcir al senador, el único consejero de IUC-Reunir, Amado Carballo, expresó cierta reticencia. “No me hace ninguna gracia votar a favor de la totalidad de los honorarios plasmados. Por ejemplo, una minuta de 40.000 euros (sin IVA) por el trámite ante el Supremo”, dijo este representante en relación con los honorarios del despacho de Choclán. 

“Había que haber analizado cantidades o haber esperado la respuesta de los colegios profesionales respecto a los criterios orientadores en cuanto a costas”, señaló Carballo. El consejero advirtió de que este caso da “vía libre” a la contratación de despachos de reconocido prestigio “a cualquier coste” para que lo pague la administración. 

Por su parte, la consejera María Asunción Amaro, compañera de partido de Armas, defendió el derecho del senador a elegir “la mejor defensa” y señaló que “hay despachos más especializados” en altas instancias judiciales. En una línea similar, el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), celebró el archivo de la causa contra su hermano después de casi dos décadas “en vilo”. “Eso no se paga con dinero”, apuntó el dirigente socialista, que comparó los honorarios de los abogados con el caché de los cantantes. “Hoy cobra 100.000 euros y de repente saca un disco que lo peta y te cobra 500.000 euros. Esto es así. Es el camino correcto tener la mejor defensa para la gente que nos estamos dejando aquí las pestañas”, remató el presidente insular. 

Los acuerdos para el pago de los gastos de defensa de los tres procesados en el caso Vertederos inciden en que no hay ninguna disposición normativa que determine la cuantía de esas indemnizaciones. Sin embargo, aceptan el montante total reclamado por los altos cargos y la funcionaria en todos los casos teniendo en cuenta que el proceso judicial “ha durado más de quince años” y “ha sido elevado a órganos superiores y al Supremo”. 

El precedente de Fernando Clavijo 

El caso de Javier Armas no es el primero en Canarias en el que un cargo público aforado recurre a Choclán y termina trasladando la factura a una institución pública. Su caso recuerda al de Fernando Clavijo (Coalición Canaria). El actual presidente del Gobierno de Canarias también endosó al Ayuntamiento de La Laguna los honorarios del reputado letrado (55.600 euros) por su defensa en el denominado caso Grúas. 

El paralelismo entre Clavijo y Armas no es sólo de abogado, sino también de mecanismo procesal. Un juzgado de La Laguna investigaba a Clavijo por prevaricación, malversación y tráfico de influencias hasta que en julio de 2019 CC decidió convertir a Clavijo en senador, lo que activó su aforamiento y trasladó la causa a la Sala Segunda del Supremo, que entonces presidía el canario Manuel Marchena. Apenas unos meses después, el alto tribunal archivó el procedimiento al no apreciar reproche penal en la actuación de Clavijo como concejal y después alcalde de ese municipio.   

Aquel expediente no estuvo exento de controversia interna. La Asesoría Jurídica municipal se mostró contraria al pago, al considerar que Clavijo debió recurrir a los abogados del propio Ayuntamiento salvo que hubiese mediado una autorización previa y motivada para contratar a un letrado externo. El informe también cuestionaba el importe de las minutas, que superaba ampliamente los criterios orientadores del Colegio de Abogados. Sin embargo, el actual presidente del Gobierno canario presentó alegaciones y un segundo informe, en esta ocasión del área de Presidencia y Planificación, terminó avalando el pago en parte por silencio administrativo, ya que el Ayuntamiento no había respondido en plazo. 

Dos décadas de gestión incontrolada de vertidos

El caso Vertederos se abrió en 2006 para investigar la gestión incontrolada de residuos en El Hierro. La causa se centró en tres puntos de vertidos ilegales: el desguace contaminante de vehículos de El Majano; el vertedero de La Dehesa, dentro del espacio natural protegido del Parque Rural de Frontera, y el ubicado en la montaña de La Cumbrecita. 

El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) ya había denunciado en 2004 y 2005 infracciones como la apertura de zanjas de residuos que se quemaban y enterraban sin control. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) del Gobierno de Canarias también había constatado incumplimientos no subsanados por el Cabildo de El Hierro, responsable de esas instalaciones. 

Tras doce años de instrucción, la Fiscalía solicitó en octubre de 2018 la apertura de juicio oral contra los tres investigados, para los que pidió once años de cárcel. El juicio quedó señalado para octubre de 2023, pero no llegó a celebrarse porque tres meses antes uno de los procesados, Javier Armas, había sido elegido senador y, por tanto, su causa se había elevado al Supremo. La asociación ecologista Ossinisa, denunciante original del caso en 2006, ejerció la acusación popular hasta que se vio obligada a retirarse por la duración de la causa (17 años por aquel entonces) y el coste económico que suponía para sus miembros. 

Los papeles que el Supremo no contempló 

El Supremo archivó la causa especial contra Armas en un auto dictado el 12 de diciembre de 2024 por el magistrado Pablo Llarena. Según esta resolución, el actual senador y consejero del Cabildo de El Hierro no ostentaba en aquel mandato (2003-2007) las competencias delegadas en materia de Medio Ambiente, puesto que no era consejero sino director de área. El auto remarca que no constaban denuncias ni inspecciones sobre los vertederos de El Majano y La Dehesa anteriores a 2008. 

Tras ese archivo, Ossinisa remitió un escrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) para intentar reabrir el caso, al entender que en el sumario existen documentos que contradicen los argumentos esgrimidos por el Supremo. Entre ellos, citaba un informe de la APMUN de 2007 que recoge denuncias del Seprona sobre ambos vertederos en 2004 y 2005 o un escrito firmado por el entonces presidente del Cabildo, Tomás Padrón, en el que identificaba a Armas como una de las personas con competencias medioambientales en la isla. También le hizo llegar varios documentos firmados por Armas entre 2004 y 2007 relativos a la gestión de ambas instalaciones. Sin embargo, las gestiones ante la FGE fueron infructuosas. 

Más de un millón de euros en restauración 

En marzo de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por decenas de vertederos ilegales e incontrolados en Canarias, que operaban sin sistemas de sellado, control de lixiviados ni tratamiento previo. Entre ellos se encontraba el de La Dehesa (también llamado Faro de Orchilla). Esa sentencia obligó a ejecutar de urgencia el sellado y restauración del vertedero. El Gobierno de Canarias encomendó esta tarea a la empresa pública Gesplan por un importe de 496.103,73 euros. Esta actuación fue cofinanciada al 85% con fondos Feder (Programa Operativo Canarias 2014-2020). 

A ello hay que sumar la inversión de 561.252,54 euros sufragada de forma íntegra a través del Fondo de Cohesión de la Unión Europea para completar la planta de tratamiento de El Majano y para evitar el enterramiento incontrolado de basuras en vertederos. En total, por lo tanto, el coste de restauración ha superado el millón de euros.

La instrucción judicial que investiga presuntas irregularidades en la promoción del polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), cobra este lunes una nueva dimensión con la declaración como investigado del director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta. El alto cargo, nombrado por Coalición Canaria, autorizó las obras pese a que un primer informe interno las rechazó y apeló a la “relevancia del turismo para la economía canaria” para defenderlas.

Acosta fue citado el pasado mes de julio por la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 1 de Arona, ante la que también han declarado ya como investigados el jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental del Ejecutivo regional, Valeriano Díaz, y el representante legal y los administradores de la promotora de la iniciativa, Segunda Casa Adeje SL, así como dos técnicos de Costas del Gobierno canario en calidad de testigos.

La causa investiga presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente por la autorización concedida a Cuna del Alma para ocupar la zona de servidumbre de protección de la costa, esto es, la franja de cien metros tierra adentro desde la orilla del mar. En ese espacio se estaban construyendo un restaurante, una piscina al aire libre y un aparcamiento para buggies, entre otras cosas, hasta que la justicia paralizó las obras a petición de la Fiscalía.

La promotora ya había obtenido la licencia del Ayuntamiento de Adeje para construir gran parte de la controvertida urbanización de 420 villas de lujo proyectada en el Puertito, un paraje natural rodeado de espacios naturales protegidos y lugares de interés geológico.

Pero los trabajos en la zona de servidumbre, que solo ocupan el 5,25% de la parcela T2 del proyecto, de unos 45.000 metros cuadrados (el proyecto completo abarca cerca de 430.000), requieren una autorización expresa de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, ya que la normativa es muy restrictiva con respecto a los usos que pueden desplegarse en ella. Es precisamente esa autorización la que investiga la jueza y por la que ha citado este lunes a Antonio Acosta.

Rechazo primero, autorización después

Acosta autorizó las obras el 30 de enero de 2025 tras un recorrido no exento de polémica por los despachos del Gobierno de Canarias.

La solicitud inicial de Cuna del Alma fue rechazada en primera instancia por un técnico autonómico. En un informe firmado en julio de 2024, concluyó que la piscina descubierta, el restaurante y el aparcamiento para buggies “pueden tener otra ubicación” fuera de la franja de protección del litoral. Sostuvo además que esas construcciones “no prestan un servicio necesario o conveniente” al dominio público marítimo-terrestre, una exigencia explícita recogida en la Ley de Costas.

La promotora del proyecto alegó. Describió la playa del Puertito de Adeje como “pequeña” e “incapaz de atender la demanda” estival, aseguró que sus servicios son “a todas luces insuficientes” y se apoyó en jurisprudencia que caracteriza la restauración como un complemento que permite “un mejor disfrute” de la costa.

Segunda Casa Adeje, de hecho, considera “convenientes” las actuaciones que propone para “dar un mejor servicio” a la playa. Y el Ejecutivo autonómico no tardó en darle la razón.

En enero de 2025, un informe firmado por el jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental del Ejecutivo regional, Valeriano Díaz, propuso conceder la autorización a la promotora. Para ello, argumentó que la Administración debe “velar por que [las playas] se encuentren equipadas” y destacó que el futuro restaurante daría servicio tanto a los clientes del complejo como al público general. El documento también concluyó que las alegaciones presentadas por Segunda Casa Adeje habían refutado el criterio expresado por el técnico que rechazó las obras en julio de 2024.

Ese informe fue avalado por el director general de Costas el 30 de enero de 2025. Acosta aprobó la ocupación de los 2.400 metros cuadrados de zona de servidumbre que ocuparían los equipamientos de Cuna del Alma y apeló a la “relevancia del turismo para la economía canaria”, al tiempo que catalogó los locales de hostelería como edificaciones clave para el disfrute de la costa.

En resumen: el Gobierno de Canarias permitió a Cuna del Alma ocupar la franja de protección del litoral porque le viene bien al turismo.

La jueza había dado carpetazo a la querella inicial contra la iniciativa, presentada por la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre (que agrupa a la Asociación de Taxistas Permanentes de El Puertito, la familia Galindo, La Gaveta 20A, el Tagoror Permanente y Rebelión Científica, además de particulares), al considerar que existían autorizaciones administrativas que amparaban las actuaciones, entre ellas la concedida por la Dirección General de Costas.

Pero la Fiscalía recurrió. Entiende que las instalaciones propuestas por Cuna del Alma contravienen la Ley de Costas, en concreto el artículo 47 de su reglamento, aprobado en 2014, que establece que en la franja de protección de la costa solo están permitidas “las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre”.

La jueza acordó entonces reactivar la investigación y paralizar los trabajos a petición del Ministerio Público, pero solo los que se estaban desarrollando en la costa. La magistrada, sin embargo, cerró la puerta a suspender todo el proyecto, como habían solicitado los querellantes, sin entrar en el fondo del asunto y limitándose a señalar que el procedimiento penal solo investiga las actuaciones en la zona de servidumbre.

La plaza número uno de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de instancia de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ha tomado declaración este viernes a la persona detenida el pasado 9 de septiembre por el presunto apuñalamiento de su pareja en Santa Lucía de Tirajana. A petición del ministerio fiscal, a acordado su ingreso en prisión preventiva comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

El hombre, de 40 años, prestó declaración este viernes, pero ya había confesado los hechos, que se produjeron en su vivienda, a la Guardia Civil el día que fue detenido. De hecho, fue él mismo quien alertó de lo ocurrido a las autoridades.

La mujer se encuentra ingresada en un centro hospitalario con heridas de gravedad. La víctima, de 38 años y madre de tres hijos, se encuentra de alta en el sistema Viogén por un caso relacionado con su anterior pareja sentimental, al igual que el agresor.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) defiende la decisión de la jueza de Violencia contra la Mujer Victoria Rosell de dejar en libertad a un hombre detenido tras haber sido grabado en vídeo mientras golpeaba a su pareja, ya que recuerda que el juzgado no puede adoptar medidas en contra de la voluntad de todas las partes.

El diario Atlántico Hoy publica en su página web el vídeo que llevó a la Guardia Civil a detener a esta persona por un delito de violencia machista, en una versión difuminada para preservar el anonimato de los protagonistas, pero en el que se aprecian los golpes del hombre y los gritos de la mujer.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han confirmado a EFE que la jueza Rosell -que ese día sustituía a otro compañero- dictó el sobreseimiento a petición de la Fiscalía, que no aprecia delito, y de la afectada, que niega que fuera una agresión.

La jueza dejó en libertad sin medidas cautelares al detenido después de que la mujer negara en el juzgado que hubiera sido agredida por su pareja y alegara que lo que las imágenes muestran son unas prácticas de su intimidad consentidas por ambos.

El TSJC ha precisado que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 no va a hacer público el auto con las razones que motivan el sobreseimiento, porque contienen datos íntimos y al haberse difundido un vídeo no autorizado se podría vulnerar el derecho a la intimidad de las personas afectadas.

En cuanto a la puesta en libertad del detenido, fuentes del tribunal recuerdan que sin fiscal, sin acusación y sin que el caso afecte a menores, el juzgado no puede seguir adelante y adoptar medidas en contra de la voluntad de todas las partes.

Aunque la legislación española permite seguir adelante con denuncias por violencia machista aunque la mujer afectada no denuncie o incluso lo haya hecho y se retracte, en el proceso penal rige el principio acusatorio, consagrado por varias sentencias del Tribunal Supremo y el Constitucional como una expresión del derecho fundamental la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías (artículo 24 de la Constitución).

Ese principio determina que nadie puede ser llevado a juicio si nadie lo acusa y que no puede ser condenado por lo que no se imputa.

Jueza de carrera antes de su paso por la política como diputada en el Congreso por las listas de Podemos, Victoria Rosell fue delegada del Gobierno contra la Violencia de Género de 2020 a 2023. 

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de la empresa Dehesa de Jandía, vinculada al Grupo Lopesan, para estudiar si el Estado debe compensar a esa compañía con una concesión de uso sobre una playa de Fuerteventura que fue de su propiedad, pero que han explotado terceros contratados por el Ayuntamiento de Pájara desde 1985.

Se trata de la playa del Matorral, en el municipio de Pájara. Una sentencia de 2014 reconoció judicialmente que Dehesa de Jandía había sido la propietaria histórica de ese tramo del litoral hasta la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988, que estableció el carácter público de las playas y otros bienes del dominio público marítimo-terrestre.

Esa norma establece una fórmula de compensación para los propietarios de terrenos que pasaron a formar parte del dominio público: una concesión de uso de hasta 60 años que permite mantener a esos propietarios los mismos “usos y aprovechamientos” que se venían desarrollando hasta entonces.

En la playa del Matorral, sin embargo, esos “usos y aprovechamientos” (que incluyen la colocación de hamacas, la venta ambulante de bebidas y comida y las actividades náuticas) no los explotaba Dehesa de Jandía, sino terceros contratados por el Ayuntamiento de Pájara desde 1985.

Fue en 2015, un año después de obtener por vía judicial el reconocimiento histórico de la propiedad de la playa, cuando la compañía vinculada al Grupo Lopesan reclamó al Ministerio para la Transición Ecológica la concesión de uso prevista en la Ley de Costas.

Pero el Ministerio denegó la petición al indicar que las hamacas y los quioscos eran “servicios de temporada gestionados por el Ayuntamiento de Pájara”, no por Dehesa de Jandía. La empresa recurrió ante la Audiencia Nacional, que avaló la resolución del Ministerio en otra sentencia de 2025. El tribunal consideró que esos servicios no eran usos o aprovechamientos que “beneficiaran” a la compañía y que, por tanto, esta no tenía derecho a ser compensada por ellos. Y sentenció que el consistorio del sur de Fuerteventura había actuado “en el ejercicio de sus competencias sobre servicios de temporadas en la zona de playas”.

La Audiencia sí reconoció, no obstante, un derecho de preferencia a Dehesa de Jandía para la obtención de concesiones destinadas a nuevas actividades en ese tramo de la costa hasta 2048.

Aun así, la mercantil vinculada al Grupo Lopesan presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, alegando que ese fallo “vacía de contenido” su derecho de propiedad histórica sobre la playa del Matorral y denunciando que el Ayuntamiento de Pájara gestionó de manera “improcedente” sus servicios, “en contra” de sus “potestades dominicales”. Algo que, a su juicio, “no elimina” su derecho a ser indemnizada.

Canarias Ahora se puso en contacto con el Ayuntamiento de Pájara para conocer su valoración sobre estas acusaciones. Pero hasta la fecha de la publicación de este artículo, no ha habido respuesta.

En un auto fechado el 7 de julio de 2026, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación de Dehesa de Jandía al considerar que existe interés casacional en determinar si los usos y aprovechamientos desarrollados en un lugar posteriormente convertido en dominio público, y que hubieran sido explotados por terceros y no por el propietario, deben ser compensados con una concesión de uso, en concreto la prevista en el apartado primero de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas.

El Alto Tribunal ha valorado el “imprescindible esfuerzo argumental” de la compañía recurrente, que invocó una sentencia del propio Supremo de 2004 en la que el tribunal entendió que las concesiones previstas en la Ley de Costas no establecen como “requisito” que la explotación de los usos y aprovechamientos hubiera sido realizada por el propietario del terreno. La Sala considera “aconsejable” volver a pronunciarse sobre esta cuestión, ya que aquella fue la única ocasión en la que lo hizo, hace ya más de veinte años.

Conviene recordar que este tipo de concesión tiene una duración máxima de treinta años, prorrogable por otros treinta, y que las empresas o particulares beneficiarios deben respetar de manera escrupulosa los “usos y aprovechamientos existentes”, es decir, las actividades económicas que ya se venían realizando.

En Canarias, uno de los ejemplos más conocidos de este modelo es el de los dos hoteles de RIU ubicados en el espacio protegido de las Dunas de Corralejo, también en Fuerteventura.

Sobre uno de ellos, el complejo Tres Islas, se inició un expediente de caducidad en julio de 2023 después de que personal de Costas constatara un incumplimiento de la concesión de uso por la realización de obras de ampliación del hotel. A día de hoy, no consta que ese expediente haya sido resuelto.

Con respecto al segundo, el establecimiento Oliva Beach, pesa desde febrero de 2024 una orden de demolición emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por el mismo motivo: unas obras que supusieron un aumento de la superficie del alojamiento y que, por tanto, incumplían las condiciones de la concesión. RIU anunció poco después la presentación de un recurso contra esa decisión.

Propietaria desde 1941

La Ley de Costas de 1988 exige que los titulares que pretendan beneficiarse de la concesión de uso que ahora reclama Lopesan demuestren, mediante una sentencia judicial firme, que fueron los propietarios históricos de los terrenos.

La empresa acudió a los tribunales después de que el Estado aprobara en 2005 el deslinde de un tramo de costa de aproximadamente 15.000 metros en la Península de Jandía, en el sur de Fuerteventura, que incluye la playa del Matorral.

Dehesa de Jandía defendió que la Administración había expropiado terrenos de su propiedad. Acreditó que había comprado en 1941 la finca matriz, de unas 35.000 hectáreas (casi la totalidad de la Península de Jandía), a los herederos del marqués de Lanzarote y conde de Santa Coloma, y que, tras varias segregaciones, la parcela afectada por el deslinde había quedado inscrita en el Registro de la Propiedad en 1964.

La Abogacía del Estado, no obstante, sostuvo que era una “mera afirmación carente de prueba” que la abolición del señorío en Fuerteventura en 1812 hubiera dejado intactos los derechos de propiedad a favor de particulares y que, “en todo caso”, la soberanía del Estado sobre la península estaba “fuera de toda duda”. Llegó incluso a negar que la finca hubiera sido inmatriculada por los mencionados herederos en 1865, como había asegurado Dehesa de Jandía. Y, para reconocer su titularidad, en una petición extrema, reclamó a la mercantil que acreditara documentalmente que había adquirido los terrenos antes de la entrada en vigor de la Ley de Puertos de 1880.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Las Palmas de Gran Canaria desestimó en 2011 los intentos de la empresa del Grupo Lopesan de obtener por vía judicial el reconocimiento de la titularidad de la zona.

Pero, en el recurso que presentó ante la Audiencia Provincial, aportó una certificación que demostró que la finca había sido inmatriculada por los herederos del marqués de Lanzarote y conde de Santa Coloma en 1871, ocho años antes de la entrada en vigor de la Ley de Puertos.

El tribunal consideró que la exigencia de la Abogacía del Estado quedaba satisfecha si se demostraba que los “causantes” (los nobles de quienes había adquirido los terrenos) tenían la parcela registrada. Por lo que estimó el recurso y reconoció su propiedad.

Miguel (nombre ficticio) sobrevivía con una pensión de incapacidad de apenas 310 euros cuando, en octubre de 2022, pidió el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, una prestación que protege a este sector de población vulnerable. La respuesta del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) fue inmediata. El mismo día de la solicitud le concedió la ayuda como puente económico hasta su jubilación, prevista en principio en 2035 (ampliada después a 2037). En aquellas fechas, el subsidio rondaba los 465 euros (en la actualidad, los 480), de manera que los ingresos de este vecino de Gran Canaria ascendieron a unos 775 euros al mes.

La sorpresa llegó dos años y medio después, en mayo de 2025. Un procedimiento de control de la administración convirtió esa red de seguridad en una condena de cinco cifras. El SEPE detectó que Miguel cobraba la prestación por incapacidad permanente total desde 2012 y que no cumplía los requisitos para percibir a la vez el subsidio para mayores de 52.

La razón era estrictamente técnica: el solicitante debía haber cotizado al menos 15 años. Sin embargo, Miguel ya había gastado sus cotizaciones anteriores a 2012 para obtener su pensión de incapacidad. Al no acumular suficientes años cotizados desde esa fecha, la administración le reclamó la devolución de cada euro recibido. En total, 14.675,22 euros.

El caso se ha tenido que dirimir en los juzgados. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó recientemente una sentencia que, confirmando la de primera instancia, da la razón al pensionista y le libra de tener que devolver esa cantidad.

El alto tribunal canario ha aplicado la doctrina fijada por el Supremo en sentencias dictadas en septiembre de 2025 y abril de 2026. Los magistrados del TSJC, con Ramón Toubes como ponente, precisan que ese requisito de los quince años de cotización “no aparece diseñado como carencia necesaria para acceder al subsidio de mayores de 52 años”.

La sentencia incide en la naturaleza de este subsidio, pensado para el acceso futuro a la jubilación de un sector vulnerable y con serias dificultades de inserción laboral. “No parece haber ninguna causa que lleve a dejar sin proteger al desempleado mayor de 52 años en tal situación de espera de su jubilación prevista legalmente, siempre y cuando al llegar a esa edad ya tenga a lo largo de su vida laboral la carencia suficiente (el tiempo mínimo trabajado y cotizado) para lucrar la futura jubilación, para lo cual se computarán tanto las cotizaciones posteriores a la incapacidad permanente total como las anteriores”, expone.

El tribunal diferencia la prestación contributiva por desempleo, el paro común, del subsidio para mayores de 52 años. En el primer caso, la exigencia de que los quince años cotizados sean posteriores a la incapacidad permanente total para su profesión habitual sí se aplica para evitar fraudes de ley. Si una persona pierde su trabajo por la incapacidad y opta por cobrar la pensión, no puede usar las cotizaciones previas de ese mismo empleo para percibir a la vez el paro, puesto que ambas cubren la pérdida de la misma ocupación.

No ocurre lo mismo con el subsidio asistencial para mayores de 52, que persigue un fin social distinto. Sirve para proteger a los trabajadores de esa franja de edad en situación de desempleo, dadas sus dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Más en casos como el de Miguel, que arrastra una incapacidad total para ejercer su profesión habitual.

La sentencia del TSJC precisa que el requisito de los quince años es, en el caso del subsidio para mayores de 52, “un efecto reflejo de la exigencia de que en el momento de la solicitud reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social”. Es decir, se articula como un puente hacia la jubilación para este sector de población vulnerable, para evitar que quede en exclusión social.

Por lo tanto, entiende que la interpretación de la administración es incoherente con el espíritu protector de la norma. Transformar el requisito de los quince años en un obstáculo para el subsidio y posterior jubilación “iría en contra de la lógica del sistema”, insiste la Sala para concluir que Miguel puede cobrar a la vez la pensión de incapacidad y el subsidio para mayores de 52 y, en consecuencia, para exonerarlo de tener que devolver al servicio público de empleo los cerca de 15.000 euros que se le reclamaban y para consolidar su derecho a seguir percibiendo esa ayuda hasta la fecha de su retiro.

Más de 450.000 beneficiarios

Según datos correspondientes a 2025 del Ministerio de Trabajo, más de 450.000 personas son beneficiarias del subsidio para mayores de 52 años, la cifra más alta desde que hay registros. Más de la mitad de los parados de esta franja de edad son de larga duración (llevan más de un año buscando trabajo), frente al 38,2% de media general. A través de esta prestación, el SEPE no sólo entrega una ayuda mensual, sino que cotiza por el desempleado para su jubilación al 125% de la base mínima.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha puesto en el punto de mira este subsidio. En un informe publicado en enero de 2026 y titulado ¿Estancados a los 52?, este organismo internacional insta a repensar esta prestación para las personas mayores en España. A juicio de las economistas que firman este informe, su diseño genera un incentivo que cronifica el desempleo de larga duración. La OCDE presiona para recortar la cotización o limitar el carácter indefinido de la sentencia.

Un numeroso grupo de aspirantes a las 37 plazas de bombero del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha presentado recurso para exigir su reincorporación al proceso selectivo. Sostienen que la entrevista personal, el tercer ejercicio de la convocatoria tras las pruebas físicas y teóricas, se extralimitó y fue utilizada como “filtro” para excluir a opositores cualificados, con sospechas de beneficiar a los bomberos interinos del Consorcio: 15 de los 17 han superado todas las pruebas.

Media docena de opositores entrevistados por Canarias Ahora denuncian un denominador común en el desarrollo del tercer ejercicio del proceso selectivo, que estuvo dividido en dos partes. La primera fue un test psicotécnico, consistente en un cuestionario escrito para evaluar trece dimensiones de la personalidad, como la sinceridad, el trabajo en equipo o la inteligencia social. Después tuvo lugar una entrevista personal de 15 minutos con un profesional de la psicología.

El test psicotécnico, de unos 40 minutos, se realizó el 28 de junio de este año, mientras que las entrevistas personales tuvieron lugar los días 8, 9, 10 y 11 de julio.

Para superar el ejercicio, los aspirantes no debían presentar más de cinco de las trece dimensiones evaluadas fuera de rango, o sea, declaradas “no apto”. En el listado de calificaciones solo se les informaba si habían superado o no el ejercicio completo, sin detallar la puntuación obtenida en cada una de las partes.

El procedimiento, sin embargo, partía de los resultados del test psicotécnico, que constaba de 160 ítems de opción múltiple con una escala de respuesta del 1 al 4 (desde “muy en desacuerdo” hasta “muy de acuerdo”). A partir de esas calificaciones, los opositores debían ser entrevistados sobre las dimensiones que se encontraban “por debajo de la puntuación solicitada”, con el fin de “comprobar su posible validación”, según el anuncio oficial de la prueba.

Es decir: los opositores creían que la entrevista personal solo trataría las escalas en las que habían obtenido la calificación de “no apto” en el test psicotécnico, para estudiar si era posible revertir esa valoración. Pero muchos observaron que ocurrió justo lo contrario.

Aspirantes contactados por esta redacción que presentaron reclamaciones formales contra la calificación del tercer ejercicio y tuvieron acceso a los resultados de ambas pruebas comprobaron que, pese a haber obtenido menos de cinco dimensiones calificadas como “no apto” en el test psicotécnico, algunas de las que figuraban como “apto” fueron modificadas después de la entrevista personal y pasaron a constar como “no apto”. De este modo, el cómputo total de dimensiones fuera de rango se elevó a seis, lo que los dejó fuera del proceso selectivo. Ocurrió con opositores que pasaron de tener dos dimensiones “no apto” a seis, de tres a seis o de cuatro a seis.

El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha respondido a estos aspirantes recordando que el propio anuncio sobre el funcionamiento de la entrevista personal establecía que esta tendría carácter “tanto de contraste como evaluativo”. Sus resultados servirían para “confirmar, matizar o, en su caso, refutar las conclusiones derivadas del test de personalidad”, como un elemento adicional para determinar la adecuación de cada candidatura al perfil requerido.

El mismo anuncio, el número 17 de las oposiciones, señalaba además que las bases del proceso selectivo ya advertían de que “en ningún caso la evaluación del resultado de la entrevista vendrá condicionada o vinculada de modo exclusivo a los resultados en la prueba de personalidad, ya que constituyen un elemento previo para que el tribunal pueda orientar, si lo estima conveniente, el contenido de esta”.

Es precisamente esta aparente contradicción en la documentación del concurso (entre el anuncio oficial de la entrevista que establece que las preguntas debían centrarse en las dimensiones fuera de rango y unas bases que permiten utilizarla para refutar las conclusiones del test) la que vertebra los recursos de alzada presentados por un grupo muy numeroso de opositores, algunos de ellos bomberos profesionales en otros puntos del Archipiélago.

Muchos sospechan, además, que este sistema ha beneficiado a los bomberos interinos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que han solicitado sin éxito acceder a la condición de funcionarios de carrera. Son 17 profesionales que ocupan sus puestos desde 2020.

Todos ellos se presentaron al proceso selectivo después de que la justicia rechazara sus intentos de paralizarlo de manera cautelar e incorporarse automáticamente al cuerpo. De los 17, uno quedó excluido en la prueba teórica y otro, en la física. Los 15 que superaron ambas y llegaron a la prueba psicosocial también la superaron.

Ante esto, bomberos que quedaron excluidos del concurso y que prefieren no dar sus nombres sospechan de favoritismo hacia los interinos. Algunos consideran que este grupo debería haber sido ya estabilizado para poner fin al “abuso de temporalidad” en el que se encuentra. Creen, sin embargo, que pudo producirse una presunta desviación de poder en las oposiciones para excluir en la prueba psicosocial a aspirantes con buenas notas en las pruebas teórica y física, además de experiencia profesional, que habrían puesto en riesgo el futuro de los interinos.

El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se ha limitado a responder al respecto que “son cuestiones sobre las que el tribunal ya ha dado respuesta o se encuentra en proceso de ello” y que no va a entrar en “valoraciones u opiniones subjetivas” de los aspirantes. Una fuente muy cercana al tribunal del proceso ha señalado también que esas sospechas son “percepciones personales” y que “si están dentro es porque han superado las pruebas”.

Uno de los recursos a los que ha tenido acceso este periódico detalla que, de los 38 aspirantes que se presentaron a la prueba psicosocial y que trabajan como bomberos en otras administraciones públicas, 19 fueron declarados no aptos, frente al 100% de los interinos, que fueron declarados aptos. El escrito denuncia que estas cifras reflejan “una desviación estadística asombrosa y ajena a las reglas de la probabilidad en los procesos”, y sostiene que la entrevista se utilizó entonces “como un filtro para asegurar la estabilización de personal propio”.

Otro de los puntos polémicos radica en que las bases del proceso exigían que los psicólogos encargados de realizar las entrevistas personales estuvieran colegiados en el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas. Sin embargo, el principal asesor técnico del ejercicio, el especialista Antonio Pamos de la Hoz, está colegiado en Madrid. Es él quien ha firmado las respuestas a las reclamaciones de los opositores que solicitaron conocer sus valoraciones.

Aspirantes entrevistados sostienen asimismo que Pamos de la Hoz no fue quien realizó sus entrevistas, sino otra persona cuya identidad, aseguran, “no coincide con ninguno de los asesores formalmente nombrados”.

Los opositores denuncian que el Consorcio ha pretendido que admitieran “como incuestionable” una valoración técnica cuya autoría “ni siquiera ha quedado plenamente identificada y sin que exista garantía alguna de que quien emitió el juicio fuera realmente quien practicó la entrevista”. También cuestionan que las entrevistas no fueran grabadas, ni en audio ni en vídeo, y que las dimensiones que pasaron de “apto” a “no apto” fueran modificadas de forma genérica, sin identificar las preguntas concretas que motivaron el cambio ni sus respuestas.

Los recursos de alzada invocan por otra parte una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2024 que señala que la “discrecionalidad técnica” de la que disfrutan los especialistas encargados de valorar las pruebas en los procesos selectivos no es un cheque en blanco, sino que debe cumplir tres condiciones: expresar el material o las fuentes de información sobre las que se va a operar; precisar qué se va a evaluar y, por último, justificar por qué la aplicación de esos criterios ha conducido al resultado que “niega la aptitud de un aspirante o que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás”.

Ahora, dicen los aspirantes contactados, se da la paradoja de que, pese a estar en activo en otros puntos del Archipiélago (Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana, Consorcio de Bomberos de Tenerife…) y estar obligados a intervenir como bomberos en situaciones de emergencia en Gran Canaria si fueran requeridos, se les considera “no apto” para ocupar el puesto. Al menos en la isla redonda.

El plazo para presentar los recursos de alzada expiró esta semana. El Consorcio tiene ahora tres meses para responder. Los opositores entrevistados han anunciado que acudirán a los tribunales si sus reclamaciones no prosperan por la vía administrativa.

El magistrado Iñigo Herrero Elejalde, titular de la Plaza dos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), ha sido designado juez de enlace de España ante las autoridades de Estados Unidos de América con acreditación extendida ante las autoridades competentes de Canadá, en virtud de la Orden PJC/892/2026, de 21 de agosto, publicada en el Boletín Oficial del Estado. El nombramiento, formalizado en resolución de concurso por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, reconoce su trayectoria y especialización en el ámbito de la cooperación judicial internacional.

Herrero ya había sido designado en mayo pasado magistrado de enlace de España ante la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, cargo que ahora abandona. La figura del juez de enlace tiene como principal cometido reforzar la cooperación jurídica internacional, facilitando la coordinación entre autoridades judiciales de distintos países, la aplicación de convenios internacionales y la resolución de conflictos transfronterizos.

Experiencia

Iñigo Herrero es un magistrado con sólida experiencia jurisdiccional, especializado en cooperación jurídica internacional, Derecho de familia internacional y redes europeas. Acumula un conocimiento profundo de los mecanismos de la Conferencia de La Haya, amplia experiencia en auxilio judicial internacional y dominio avanzado de inglés, francés e italiano. Accedió a la carrera judicial en el año 2012 habiendo servido en Burgos, Miranda de Ebro y Puerto de la Cruz, interviniendo en comisión de servicio con relevación de funciones en las secciones 1ª, 3ª y 4ª (civiles) de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Ha participado en congresos internacionales (Sevilla, Alicante, París) y es autor de publicaciones relacionadas con cooperación judicial internacional, menores y derechos humanos.

El magistrado es docente desde el curso 2022-2023 en asignaturas del área de Derecho Internacional Privado del Departamento de Derecho Público, Privado y Especial de la empresa de la Universidad de La Laguna. Ha ejercido labores de coordinación técnica en redes judiciales europeas e internacionales, como experto designado por España en reuniones de Comitología de la Comisión Europea).

Es miembro activo de la REJUE (2019–actualidad) e integrante de la Comisión de actualización del Prontuario Judicial de Cooperación Internacional (desde 2024). Desde 2024, es representante en el Grupo Focal de Eurojust sobre Migrant Smuggling, y ha participado en proyectos internacionales y cooperación al desarrollo como experto judicial de corta duración en Serbia, Turquía o Colombia.

El nombramiento de Herrero, que cuenta con informe favorable del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Consejo General del Poder Judicial, refuerza la presencia de España en los organismos internacionales y contribuye al impulso de una justicia más coordinada, eficaz y adaptada a los nuevos desafíos globales.

La Consejería canaria de Sanidad ha tenido que pagar más de 7.000 euros a Gemma Torres, expresidenta del banco público de sangre del Archipiélago, en concepto de vacaciones devengadas y no disfrutadas en el año y medio en que ocupó ese puesto.

Una sentencia firme de la plaza 3 de la Sección Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado de forma parcial un recurso de la ex alto cargo, que fue cesada en diciembre de 2024, meses después de que se descubriera que había mentido sobre su titulación, presumiendo de un grado en Derecho que no tenía.

Tras su salida del Gobierno canario, Torres había reclamado más de 11.000 euros por distintos conceptos. La Consejería de Sanidad aceptó alguno de ellos, como la parte proporcional de las pagas extra o una pequeña diferencia salarial, pero rechazó la indemnización por cese o por vacaciones devengadas y no disfrutadas en 2023 y 2024.

En una sentencia dictada el pasado mes de marzo pero conocida ahora después de que la propia Torres la haya difundido, la magistrada le da la razón a medias. Según el fallo, la administración no logró acreditar que la expresidenta del banco de sangre disfrutara de vacaciones en ese tiempo. Para oponerse a esa reclamación económica, los servicios jurídicos del Servicio Canario de Salud (SCS) presentaron como única prueba de sus descansos las “respuestas automáticas” de su correo institucional en caso de ausencia.

Sanidad defendió que la alto cargo no utilizaba sistema de fichaje alguno. La jueza señala que esas respuestas automáticas del correo no bastan para acreditar que estaba de vacaciones, puesto que no permite conocer el verdadero motivo de su ausencia. Es decir, si saltaba ese mensaje porque estaba de permiso ordinario, extraordinario o de vacaciones.

“Esta misma juzgadora tampoco está sujeta a sistema alguno de fichaje pero, como todo funcionario público, debe solicitar los permisos y vacaciones oportunos y todo queda registrado en su expediente personal”, señala la magistrada, que dice no entender que la administración “no haya sido capaz de demostrar la ausencia del trabajo” de Torres.

Según ha informado la expresidenta del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia con una captura de la transferencia, la administración le pagó a finales de agosto, cinco meses después de la sentencia, la cantidad de 7.481,59 euros como indemnización.

La sentencia rechaza, en cambio, que deba percibir una indemnización por cese. Cuando una persona asume un puesto de alta dirección en el Gobierno de Canarias y no es funcionario de carrera (como es el caso de Torres, que procedía del sector privado), la normativa autonómica le obliga a elegir, justo al tomar posesión del cargo, entre dos opciones: cotizar por desempleo a la Seguridad Social durante el mandato, de manera que, al ser cesada, tiene derecho a solicitar y cobrar la prestación ordinaria (el paro) o recibir una indemnización equivalente a una mensualidad de su sueldo de alto cargo cuando lo deja.

Torres solicitó cobrar esa indemnización por cese cuando dejó el cargo. Sin embargo, el SCS aportó sus nóminas, en las que aparecía reflejado mes a mes el descuento (la cotización) bajo el epígrafe de “desempleo”. Es decir, la sanidad canaria estuvo pagando esas cantidades para que ella obtuviese el derecho a cobrar paro cuando cesara. Esto demostraba que la alto cargo había renunciado a la indemnización en el momento de la toma de posesión.

Por lo tanto, la sentencia concluye que no procede el abono de esa indemnización por cese, por lo que sólo le da la razón en lo referente a las vacaciones no disfrutadas (el resto de pretensiones de la demandante ya habían sido aceptadas por la administración).

El grado en Derecho

Gemma Torres fue la última presidenta del ya extinto Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, integrado desde enero de 2025 en el SCS a través de una dirección general. Fue su primer -y hasta ahora único- cargo en política. En febrero de 2023, cinco meses antes de su nombramiento, había sido designada presidenta de Jóvenes por Gran Canaria, la rama juvenil de Unidos por Gran Canaria, la formación aliada a Coalición Canaria (CC) en la que militaba la actual consejera de Sanidad del Gobierno regional, Esther Monzón.

En mayo de 2024, menos de un año después de tomar posesión del cargo, este periódico publicó que Torres había mentido al afirmar hasta en cuatro ocasiones en comunicados oficiales (uno del propio Gobierno) y entrevistas radiofónicas que era graduada en Derecho por la Universidad Europea de Madrid. Sin embargo, el currículo que tuvo que presentar en el Portal de Transparencia tras la presión sindical demostró que carecía de esta titulación y que, hasta esa fecha, sólo había podido acreditar el Bachillerato.

La consejera mantuvo a Torres en el puesto hasta finales de año. Monzón aprovechó el acuerdo de integración del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia en el SCS para cesar a su entonces presidente y nombrar para el cargo (ya de director general) a otro miembro de Unidos por Gran Canaria, Iván Santiago Falcón, que acabaría dimitiendo diez meses después en medio de una grave crisis en el banco público de sangre y siendo recolocado como asesor en el gabinete de la consejera de Sanidad.

“Cuando llegué había un auténtico caos”

En una nota remitida a este periódico, Torres sostiene que durante su etapa al frente del ICHH mantuvo una dedicación absoluta al cargo y que no disfrutó de las vacaciones que ahora le han sido reconocida judicialmente: “Cuando llegué al Instituto (de Hemodonación y Hemoterapia) me encontré una situación de auténtico caos. Había muchísimo trabajo que hacer, problemas que resolver y una guerra constante. Era imposible desconectar. Mi dedicación al cargo fue del 100% desde el primer día hasta el último. No cogí vacaciones porque estaba completamente dedicada a sacar adelante la institución”.

La ex alto cargo atribuye su salida del Gobierno a “circunstancias políticas y personales” y considera que su trabajo y dedicación “tuvieron menos peso que las relaciones personales dentro del entorno de la Consejería” de Sanidad que lidera Esther Monzón.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha anulado la absolución de una propietaria de una vivienda vacacional en El Hierro que construyó una piscina en suelo protegido al considerar que existen indicios de que es autora de un delito contra la ordenación del territorio.

Ahora el procedimiento regresa al Juzgado de instancia para que otro tribunal unipersonal proceda a la celebración de un nuevo juicio y además se limita la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) que debe basarse en infracciones muy acotadas.

La acusada construyó en diciembre de 2022 una piscina con base de hormigón en forma de L, de unos 35 metros de superficie con zona de descanso, duchas, depuradora y apertura de acceso, todo ello en un suelo clasificado como rústico de protección ambiental paisajística y una parte cultural.

Un perito de la defensa y otro municipal coincidieron durante el juicio en que pese a carecer de licencia la obra sería autorizable si se vincula el uso de la piscina al turístico de la vivienda, lo que no se valoró en el fallo y por ello ahora es anulado.

La Audiencia reprocha al juzgado que justifique la absolución en “conjeturas y posibilidades” como es una posible legalización basándose en unos dictámenes inexistentes y sin tener en cuenta que la piscina se construyó antes de la vivienda vacacional y no consta en la licencia municipal.

Una inspección del Seprona en mayo de 2023 dio lugar al inicio del expediente por disciplina urbanística en el que la promotora pidió la legalización de la obra sin que nunca se llevara a cabo.

Pese a ello, en primera instancia la encausada quedó absuelta, por lo que el Ministerio Público presentó el recurso para que se anulara la sentencia, a lo que acaba de acceder la Audiencia Provincial por error en la valoración de la prueba, insuficiencia y falta de racionalidad en la motivación del fallo.

La procesada, por su parte, ahora propone una nueva prueba consistente en una imagen obtenida por Grafcan y acta notarial para demostrar que la piscina está vinculada a la casa rural, tal y como se anunciaba en varias plataformas.

La respuesta de la Audiencia en no aceptar en este momento esta prueba, aunque indica que si se demostrara esta relación con la explotación turística la piscina sería legalizable, siempre que contara con los informes preceptivos.

Los exjugadores de la cantera del Real Madrid Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García han aceptado una condena de un año de cárcel por pornografía infantil por el vídeo sexual que grabaron en 2023 en Gran Canaria, mientras que el defensa del primer equipo Raúl Asencio ha quedado absuelto (no estaba acusado de este delito, sino de revelación de secretos, del que ha sido perdonado por las víctimas).

La condena, dictada este jueves en plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido pactada con carácter firme por todas las acusaciones y defensas después de que las dos víctimas que aparecen en las imágenes, una de las cuales era menor de edad cuando ocurrieron los hechos (tenía 16 años), hayan confirmado en el juicio que han perdonado a los cuatro jugadores.

Su perdón anula el único cargo al que se enfrentaba Raúl Asencio (revelación de secretos: haber mostrado a un tercero el vídeo que le enviaron los otros procesados a sabiendas de que se grabó sin permiso de las denunciantes) y ha servido para que la Fiscalía se haya avenido a aplicar una atenuante al delito más grave que se imputaba a sus tres excompañeros, el del pornografía infantil.

Antes de que se cerrara esta condena de conformidad, el Ministerio Fiscal pedía cuatro años y siete meses de cárcel para Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, y dos años y medio para Raúl Asencio.

El futbolista Raúl Asencio también ha sido condenado este mes de agosto por conducir casi cuadruplicando la tasa permitida de alcoholemia por el sur de Gran Canaria. Tendrá que pagar una multa de 14.400 euros y se le ha retirado el carné durante ocho meses.

Tras conocerse este mismo miércoles esta condena, que llegó mediante un juicio rápido celebrado en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) el pasado 19 de agosto, el entrenador del primer equipo del Real Madrid, José Mourinho, declaró que “todos cometemos errores, pero acumularlos es una cosa diferente”, y advirtió de que un jugador del Real Madrid lo es “24 horas al día”.

El club, por su parte, ha abierto un expediente al jugador.

Tras conocerse su absolución, Asencio ha difundido un comunicado en sus redes sociales.

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha endurecido este jueves su mensaje hacia Raúl Asencio después de que el futbolista haya sido condenado a pagar una multa de 14.400 euros y a ocho meses sin carnet por conducir bajo los efectos del alcohol. “Todos cometemos errores, pero acumularlos es una cosa diferente”, ha advertido el técnico portugués, que ha recordado que un jugador del Real Madrid lo es “24 horas al día”.

Mourinho ha explicado que habló con Asencio sobre “cosas del pasado” cuando llegó al banquillo madridista, pero que desde entonces no ha querido entrar en situaciones relacionadas con su vida fuera de Valdebebas. El entrenador sí ha destacado su comportamiento dentro del club, especialmente durante su actual lesión.

“En Valdebebas es un profesional de verdad. Cuando estaba bien nadie entrenaba más y mejor que él, ahora que está lesionado es el primero en llegar, el último en salir... Es una dedicación extrema en su recuperación”, ha señalado.

Sin embargo, Mourinho ha marcado una línea clara entre el rendimiento deportivo y la conducta fuera del campo. “Todo lo que haces fuera de tu área profesional daña el prestigio de un club que es intocable. Con esto te estoy diciendo, prácticamente, que no estoy feliz”, ha afirmado.

El técnico también ha confirmado que el Real Madrid ha abierto un expediente al futbolista. “Continuará lesionado mínimo un par de semanas más. Y eso me ayuda a estar fuera de ese problema”, ha dicho Mourinho, que ha evitado pronunciarse sobre si Asencio seguirá contando con él cuando se recupere.

“Lo que define bien mi modo de reaccionar a todo esto es que un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día, siete días a la semana y 12 meses al año”, ha insistido.

El juicio por la difusión de un vídeo sexual

Las palabras de Mourinho llegan, además, el mismo día en que Asencio afronta en Gran Canaria el juicio por la difusión de un vídeo sexual que presuntamente grabaron tres de sus excompañeros de la cantera del Real Madrid con dos jóvenes de 17 y 18 años.

Asencio está acusado de haber mostrado a otra persona el vídeo que llegó a su teléfono móvil y se enfrenta a una petición de dos años y medio de prisión por dos delitos contra la intimidad. No obstante, la Fiscalía ha adelantado que está dispuesta a retirar la acusación si las dos mujeres confirman durante el juicio que han perdonado al futbolista, algo que ya han manifestado durante la fase de instrucción.

La posibilidad de retirar la acusación responde a que el delito que se atribuye a Asencio tiene carácter semipúblico en el Código Penal español. En estos casos, el perdón de la persona ofendida puede extinguir la responsabilidad penal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

La causa penal que investiga las polémicas oposiciones para el acceso de 141 agentes a la Policía Canaria avanza. La jueza que instruye el caso, Ana Isabel de Vega, ha citado a declarar para el 22 de octubre en calidad de investigados al presidente del tribunal, Ángel Nichel Acosta, y al alto cargo que lo nombró para esta responsabilidad, José Manuel González Afonso, director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública en la Consejería de Seguridad que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria).

Además, cinco testigos deben comparecer ese mismo día ante la magistrada titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de cuatro opositores y de una jefa de servicio, todos ellos propuestos por la acusación particular que ejerce el grupo de aspirantes que presentó la denuncia original en Fiscalía.

Tras analizar los hechos, el Ministerio Público apreció indicios de delito en la actuación de los ahora investigados y remitió una denuncia al juzgado decano de Las Palmas. Al presidente del tribunal calificador, Ángel Nichel Acosta, inspector de la Policía Canaria, se le investiga por un presunto delito de falsedad documental y por otro de prevaricación, en su modalidad de aceptación de nombramiento ilegal. Al alto cargo José Manuel González se le imputa otro delito de prevaricación, pero en su modalidad de nombramiento ilegal.

La causa se centra, por ahora, en la designación de Acosta como presidente del tribunal de las oposiciones. Los denunciantes sostienen que este inspector de la Policía Canaria nunca debió ostentar ese cargo porque incurría en causa de abstención al haber participado en la preparación de aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

Uno de los testigos declaró en Fiscalía que durante los años 2020 y 2021 asistió a las clases que Acosta impartía con su propio temario en la academia Forma2, ubicada en el barrio de Tamaraceite de la capital grancanaria y regentada por la pareja del inspector.

Otro de los aspirantes aportó la grabación de una de esas clases, impartida el 13 de marzo de 2021, dos años y medio antes de la publicación de la convocatoria del proceso selectivo en el Boletín Oficial de Canarias (22 de noviembre de 2023). Como publicó Canarias Ahora el pasado enero, se trata de un audio de 70 minutos en el que se escucha al presidente del tribunal explicar a un grupo de aspirantes cómo debían resolver un supuesto práctico, una de las fases principales del proceso selectivo para el ingreso en la Policía Canaria.

“No sé si han venido otras veces conmigo. Yo les voy a transmitir desde mi punto de vista, basándome en mi experiencia en la Policía Autonómica”, dice Acosta al principio de esa grabación. En este audio también se le escucha dar su número de teléfono a un aspirante. Según la Fiscalía, los opositores le pagaban las clases a través de la aplicación Bizum.

La denuncia que remitió el Ministerio Público a los juzgados contiene una novedad relevante con respecto a lo conocido hasta ahora de estas polémicas oposiciones. Se trata del testimonio de una jefa de servicio que había recibido el encargo de realizar la propuesta para el nombramiento de los miembros del tribunal calificador. En su declaración en las diligencias preprocesales de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, esta funcionaria manifestó que no incluyó en ese listado a Ángel Nichel Acosta ni como presidente ni como miembro del tribunal porque tenía conocimiento de que daba clases en una academia y de que, por lo tanto, incumplía un requisito para ocupar el cargo.

La investigación judicial deberá esclarecer, por tanto, qué ocurrió desde ese momento hasta que el director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública firmó la resolución de nombramiento del tribunal calificador el 19 de diciembre de 2024. De hecho, la jueza instructora ha solicitado a la jefa de servicio que aporte todos los correos electrónicos que remitió a los que posteriormente fueron miembros del tribunal, así como las declaraciones responsables que tuvieron que presentar para garantizar que no estaban incursos en ninguna de las causas de abstención previstas en las bases.

Más de un año después del nombramiento del tribunal y ante las numerosas recusaciones formuladas por los aspirantes, el propio González Afonso rechazó apartar a su presidente y dio por buenas sus explicaciones. Acosta defendió entonces que se había limitado a dar de manera ocasional charlas “meramente informativas y preliminares, destinadas a valorar la posibilidad de ofrecer clases preparatorias, sin orientación alguna a superar pruebas selectivas” y que al final desistió de continuar con esta actividad.

En el informe que remitió al director general, Acosta admitió que elaboró un “borrador” de temario para las oposiciones entre 2018 y 2019, pero al mismo tiempo aseguró que “no fue publicado ni utilizado con fines formativos”. Y también negó que hubiera impartido clases de preparación para oposiciones de cuerpos policiales en la academia que regenta su pareja, pese a lo manifestado por los aspirantes denunciados y pese a la grabación aportada.

“Nunca ha existido interacción dirigida a la preparación de oposiciones ni seguimiento personal, ni se ha facilitado información privilegiada o asesoramiento a candidatos ni tampoco existe material distribuido que pudiera otorgar una ventaja competitiva a alguno de ellos”, resumió a modo de defensa Acosta ante la Consejería de Seguridad del Gobierno canario.

Cronología

La convocatoria inicial de las polémicas oposiciones se publicó en noviembre de 2023 con 61 plazas. Cinco meses después, la administración acordó ampliar el proceso selectivo hasta las 141. Durante el proceso se presentaron más de 2.600 solicitudes. Las quejas comenzaron en 2025. Un colectivo de aspirantes cuestionaba la forma en la que se habían desarrollado determinadas pruebas y, en especial, la actuación del tribunal calificador. A las primeras reclamaciones le sucedieron las denuncias en los medios de comunicación y en el Parlamento regional. Al final, un grupo de opositores decidió presentar la denuncia anónima ante la Fiscalía que se sitúa en el origen del procedimiento penal abierto en los juzgados de Las Palmas.

Los denunciantes ponen en duda la imparcialidad del presidente del tribunal y exigen conocer qué ocurrió, quién tomó determinadas decisiones y sobre qué documentación y argumentos. Además de esa presunta irregularidad en la designación de Acosta como presidente del tribunal, los aspirantes pusieron en conocimiento de la Fiscalía determinadas relaciones personales y profesionales entre opositores y miembros del tribunal o miembros del cuerpo de la Policía Canaria que, en su opinión, podían tener relevancia en el proceso.

La Fiscalía no hace mención en su decreto a esos vínculos, pero los denunciantes no descartan que puedan abrirse nuevas líneas de investigación a partir de las declaraciones de octubre. Los aspirantes insisten en que su propósito es conocer si se garantizaron los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al cuerpo de la Policía Canaria.

Los 141 aspirantes que obtuvieron plaza en esta oposición ya han sido nombrados funcionarios en prácticas y continúan en la academia. Cuando la Fiscalía remitió su denuncia al juzgado decano de Las Palmas, los aspirantes afectados solicitaron la paralización inmediata del proseo selectivo, al enteder que su continuidad podría provocar “consecuencias irreversibles y un grave perjuicio tanto para los opositores perjudicados como para la propia credibilidad institucional de la Policía Canaria”.

En un comunicado remitido a Canarias Ahora, los denunciantes advertían de que seguirán ejerciendo “todas las acciones legales necesarias hasta el total esclarecimiento de los hechos”. “Lo que está ocurriendo trasciende unas simples oposiciones. Está en juego la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, en la limpieza del acceso a la función pública y en la credibilidad del sistema”, decían entonces.

La Plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria iniciará este jueves, 3 de septiembre, la vista oral del juicio contra el futbolista del Real Madrid Raúl Asencio y otros tres canteranos por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y distribución de pornografía infantil, al ser menor una de las jóvenes afectadas.

En concreto, se trata de la grabación de un acto sexual consentido en un club de playa del municipio de Mogán, en el sur de Gran Canaria, el 15 de junio de 2023, y la supuesta difusión de las imágenes de ese encuentro.

En el caso de Raúl Asencio, se le procesa por los delitos de revelación de secretos, al exhibir el vídeo a una tercera persona, y por el de pornografía infantil, por hacerlo a sabiendas de que en las imágenes aparecía una menor.

El inicio del juicio, que continuará los días 4 y 7 de septiembre, estará marcado por la figura del perdón del ofendido, ya que las dos denunciantes deberán decidir si aceptan las disculpas de Raúl Asencio.

En junio de este año, la Fiscalía Provincial anunció que retirará la acusación contra Asencio por los delitos de revelación de secretos que se le imputan si las víctimas ratifican esa decisión ante la autoridad judicial, durante la vista oral.

La fiscal del caso recalcó que quiere que se cumplan las formalidades legales, que Asencio se siente en el banquillo y que sea en la vista oral donde pida perdón a las ofendidas y estas se pronuncien.

Así, la responsabilidad penal puede quedar extinguida por el perdón de las ofendidas, ya que al jugador del Real Madrid se le acusa de dos delitos contra la intimidad de carácter semipúblico, en los que la legislación española reconoce esa posibilidad. Además, el defensa tiene a su favor que las dos víctimas ya han retirado la acusación contra él, tras haber sido indemnizadas.

Hace un año, el futbolista del Real Madrid remitió a ambas una carta donde reconoce expresamente que cometió “el error” de enseñar a un amigo el vídeo.

Raúl Asencio ha sido condenado este miércoles en un jucio rápido por un delito contra la seguridad vial por conducir ebrio en la isla de Gran Canaria.

Además del jugador del Real Madrid están procesados también Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, los tres futbolistas a los que se les atribuye el hecho de haber grabado el vídeo durante una relación sexual consentida que mantuvieron con dos jóvenes en un club de la playa de Amadores y de haberlo difundido por WhatsApp a varios contactos y chats colectivo a pesar de las chicas les pidieron que lo borraran.

La solicitud de condena para ellos es más severa: cuatro años y siete meses de cárcel, porque la Fiscalía considera que filmaron y difundieron esas imágenes sexuales sin consentimiento y a sabiendas de que aparecía una menor, lo que le lleva a formular el cargo de distribución de pornografía infantil, delito este en el que un hipotético perdón de las víctimas no tendría efecto legal alguno.

El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio acaba de ser condenado en un jucio rápido por un delito contra la seguridad vial por conducir ebrio en la isla de Gran Canaria.

Según ha adelantado el periódico Atlántico Hoy, Asencio fue interceptado el pasado 16 de agosto en un control preventivo de tráfico en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, concretamente, a la 6.30 horas en el kilómetro 37,5 de la autovía GC-1, cuando conducía un Porsche Macan GTS.

Al realizársele la prueba de alcoholemia, arrojó un resultado positivo de 0,9mg/l. La tasa permitida es de 0,25 (en aire), por tanto superaban en más de tres veces el límite permitido.

Al superar los 0,60 mg/l, se considera que la infracción es un delito penal, que, en algunos casos, puede acarrear incluso penas de prisión. Ese día, Asencio iba acompañado por otra persona que se hizo cargo del coche tras comprobarse que estaba en condiciones de conducir.

A continuación, se celebró un juicio rápido el día 19, que acabó condenando al jugador.

Se le ha impuesto una multa de cuatro meses a razón de una cuota diaria de 120 euros, unos 14.400 euros en total, además de la retirada del permiso de conducir durante ocho meses.

Se trata del mismo jugador que está siendo juzgado, junto a otros tres canteranos del equipo madrileño, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y distribución de pornografía infantil.

De hecho, Asencio debe comparecer este jueves ante la juez de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria en el juicio por caso del vídeo sexual.

El defensa espera quedar libre en esa misma vista en cuanto las dos víctimas confirmen formalmente que le perdonan por haber mostrado esas imágenes (grabadas sin su consentimiento y siendo una de ellas menor de edad en el momento de los hechos) a otra persona cuando las recibió en su móvil, tras haberse disculpado en privado con ellas y haberlas indemnizado.

Los dos hombres detenidos por protagonizar una pelea en plena vía pública en Las Palmas de Gran Canaria el pasado martes por la tarde han quedado en libertad con cargos por delito de lesiones tras pasar a disposición judicial este jueves.

Según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ambos han declarado ante el titular de la plaza en funciones de guardia de Las Palmas de Gran Canaria tras los hechos, en los que uno terminó herido por arma blanca y el otro con contusiones en la cara, según informaron fuentes del 112 de Canarias y de la Policía Local.

El titular del juzgado de guardia ha impuesto a ambos una orden de alejamiento mutua de 500 metros tras escucharles en sede judicial, y continuará la instrucción por sendos posibles delitos de lesiones.

Los hechos que se investigan tuvieron lugar la tarde del pasado martes, sobre las 19:45 horas, cuando estas dos personas protagonizaron una pelea en plena vía pública, en la calle Juan Rejón de la capital grancanaria, por motivos que se están investigando.

Según una portavoz del Cecoes, una de ellas presentaba contusiones de carácter leve en el rostro, mientras que la otra tenía una herida de arma blanca a la altura del pecho.

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para dos alcaldesas y dos exalcaldes de Tenerife por el caso de los vertidos en el polígono industrial de Güímar. El Ministerio Público, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Canarias Ahora, atribuye los delitos de prevaricación por omisión y contra los recursos naturales y el medio ambiente a la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro (PP); la de Candelaria, María Concepción Brito (PSOE); al exalcalde de Candelaria, José Gumersindo García Trujillo (PSOE) y al de Arafo, José Juan Lemes Expósito (ahora en Coalición Canaria). Este último es, en la actualidad, asesor del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo.

El Ministerio Público solicita además para todos ellos una pena de 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público sea o no electivo en el ámbito municipal, insular, autonómico y estatal que comporte la asunción de competencias de decisión o gestión en los ámbitos medioambiental y urbanístico.

Según el escrito, adelantado por El Día y al que ha tenido acceso Canarias Ahora, los dirigentes, ''de forma deliberada y sin justificación'', se ''abstuvieron'' de adoptar las actuaciones administrativas que estaban ''imperativamente obligados'' a tomar para el mantenimiento, la conservación y la adecuación de las instalaciones de evacuación de residuos, control, tratamiento y legalización de los vertidos de aguas residuales al medio marino.

De este modo, ''permitieron el vertido continuo e incontrolado de aguas residuales'' procedentes de todas las empresas del polígono industrial más grande de la isla y de las urbanizaciones. Este polígono abarca una superficie de 1,8 millones de metros cuadrados y delimita por el sur por el área de sensibilidad ecológica de la Reserva Natural Especial. Allí desarrollan su actividad entre 200 y 220 empresas, entre las que se encuentran algunas dedicadas a la industria láctea, cervecera y de lavandería que requieren una autorización ambiental específica por la naturaleza de los residuos que generan.

Según el escrito, el vertido conjunto de agua residual industrial proveniente de entre las 200 y 300 empresas junto a las aguas fecales de las urbanizaciones devino ''en situación de absoluta ilegalidad''. Esto, continúa la Fiscalía, provocó un ''riesgo grave'' tanto para la calidad de las aguas, el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas en las zonas de baño de las playas. En estas zonas, se superó de forma continuada en ''cien veces'' la bacteria fecal E.coli (Escherichia coli), ''quebrando directamente la normativa medioambiental aplicable''.

Una inspección submarina, reza el texto, permitió comprobar que todas las aguas sucias se vertían exclusivamente a través del punto final del ramal sureste y por un único difusor, ya que todos los demás estaban obstruidos. Además, se efectuó la diligencia judicial de recoger muestras tanto a la entrada como a la salida de las instalaciones, que revelaron que no existían ''diferencias apreciables'' entre los resultados de las muestras recogidas a la entrada y a la salida que permitieran deducir que se hubiera realizado un tratamiento sobre las aguas residuales.

En las muestras tomadas en varios puntos de la red de saneamiento se detectaron varios valores como sulfitos y sulfuros totales, detergentes y E.coli que superaban ''con creces'' los límites del reglamento de vertidos, y ''disparados del límite'', aceites, grasas y metales.

Según el Ministerio Fiscal, no fue hasta después de que se incoara la causa penal por los vertidos cuando empezó a revelarse una ''intensa actividad municipal'', entre las que destaca la contratación de una empresa especializada en materia de saneamiento o la contratación de un informe técnico multidisciplinar.

Riesgos para la salud

El escrito de acusación de la Fiscalía establece que se han generado riesgos ''evidentes'' para la salud de las personas, identificados a largo plazo en las propiedades ''cancerígenas y mutagénicas'' de los metales pesados que se puedan adherir a organismos y matrices sólidas, incorporándose a la cadena trófica y, a corto plazo, en los contenidos fecales del vertido.

El Ministerio Público advierte de que la bacteria E.coli puede provocar en zonas de baño infección urinaria, enfermedades gastrointestinales, infección de ojos, irritaciones de piel, otitis o fiebre tifoidea y, en menor medida, infecciones respiratorias o meningitis en recién nacidos. También se detectaron concentraciones de coliformes fecales o la presencia de salmonella.

Además, la continuidad de los vertidos no depurados ha generado ''evidentes'', ''especiales'' y ''significativos'' riesgos para el equilibrio de los sistemas naturales. En concreto, por la potencial alteración de los ecosistemas y reducción de especies o hábitats de interés comunitario, vulnerables o catalogadas en peligro de extinción. Es el caso de los sebadales, que disminuyen en la zona cercana al emisario y aumenta en las más alejadas. La Fiscalía también hace referencia al delfín mular, a la tortuga boba, al delfín común, al cachalote, la pardela cenicienta o el delfín moteado, entre otros.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado a la sección penal de un tribunal que revise su decisión de no suspender la entrada en prisión de una mujer condenada a seis meses por haber sido autora de un delito de estafa.

La procesada y un hombre reconocieron los hechos y aceptaron la pena de cárcel de medio año cada uno y la obligación de indemnizar con 700 euros a la víctima, que pueden pagar a razón de 20 euros mensuales.

Pero acto seguido no se procedió a la suspensión de la entrada en prisión de la condenada pese a que el tiempo es inferior a dos años, límite habitual que se fija para evitar que se ejecuten las penas de privación de libertad, y a que tampoco tiene antecedentes penales.

A ambos procesados se les atribuye haber elaborado “de mutuo acuerdo un arduo plan”, de manera que en noviembre de 2021 se interesaron por la venta de una caldera que una mujer ofrecía a través de una página de anuncios.

Para ello, los encausados se hicieron pasar por responsables del portal web y así consiguieron que le hicieran una transferencia de 200 euros con la excusa de que ya había un comprador al que le habían bloqueado 700 euros.

A continuación, simularon que trabajaban para una empresa de transportes por lo que exigieron un segundo pago, esta vez de 500 euros, cantidades que los acusados hicieron suyas sin devolverlas a la estafada ni prestar los servicios comprometidos.

Una vez aceptados los hechos y su autoría, se presentó un recurso únicamente con respecto a la denegación de la suspensión de entrada en prisión de la mujer que ha sido estimado en el sentido de que el Tribunal deberá pronunciarse sobre este extremo de nuevo, tal y como ha dictaminado la Audiencia.

El Tribunal Supremo (TS) ha aceptado anular la condena impuesta a un conductor canario por un supuesto delito contra la seguridad vial al conducir sin contar con el saldo de puntos suficientes, lo que luego se demostró que se debía a un error en la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El fallo de conformidad de un Juzgado de Granadilla de Abona fue emitido tras un juicio rápido y según el TS es “inauténtico”, una vez que se presentó la acreditación que demuestra la vigencia del permiso de conducir cuando el conductor fue parado para realizarle un control de alcoholemia.

El TS concluye que efectivamente la nueva prueba introduce “dudas significativas sobre la culpabilidad que había sido afirmada en la sentencia” y además acredita “de forma fehaciente e indubitada que no existe elemento penal, lo que determina necesariamente la absolución”.

La condena queda así sin efecto tras la aceptación de este recurso de revisión extraordinario, presentado seis meses después de que el fallo firme fuera emitido.

La defensa del condenado consideró que se daban los supuestos para interponer la apelación, como es que tras la condena se conozcan pruebas que de haber sido aportadas habrían implicado la absolución o una pena menor, dado que en la ley actual basta con que se generen dudas sobre la culpabilidad.

En este caso el encausado demostró “de forma fehaciente” que disponía del suficiente saldo de puntos para conducir en el momento en el que fue detenido, lo que según su abogado pone en evidencia el error de la DGT y su valor como nueva prueba que concluye en la absolución.

Este documento no pudo ser aportado con anterioridad porque la información errónea siguió constando durante varios meses más en los sistemas informáticos y no sería subsanada hasta fechas posteriores, tal y como se recoge en el certificado remitido al TS.

En este caso, “la resolución de la DGT no solo corrige la equivocación, sino que lo hace de manera oficial y fehaciente, demostrando que la imputación carecía de fundamento objetivo desde el origen”, indica el abogado del recurrente, por lo que la condena iba en contra de su derecho a la presunción de inocencia.