Un juzgado de lo contencioso de Santa Cruz de Tenerife ha dado la razón al grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capital, que denunció que el Instituto Municipal de Atención Sociosanitaria (IMAS) se negó a darle la información que había requerido.

El expediente en cuestión se refería a la adjudicación del servicio de ayuda a la dependencia y contenía las solicitudes de posibles empresas licitadoras que aspiraban a hacerse con la prestación.

Tras la solicitud inicial de información, la Presidencia del IMAS tardó ocho meses en responder a la portavoz del grupo Socialista, Patricia Hernández, un plazo que según el Juzgado, “se antoja a todas luces excesivo y desproporcionado”.

Para añadir que haber sido finalmente remitida la documentación a instancias judiciales “resulta ineluctablemente improcedente” y supone “una gruesa falla” en los principios de transparencia y publicidad a la hora de garantizar la labor fiscalizadora de la oposición para cumplir la legalidad.

La oposición solicitó acceder al expediente en noviembre del pasado año y, ante la respuesta dilatoria del organismo autónomo, consideró que esta pasividad vulneraba su derecho fundamental, por lo que acudió a los tribunales.

Hernández apeló al derecho fundamental de conocer directamente esta información como cargo público y consideró que, tras transcurrir cinco días desde la fecha de la solicitud sin obtener respuesta, se estaba ante un silencio positivo.

La concejal sospecha que detrás de esta negativa se encontraba la divergencia entre el informe del IMAS del mes de enero de 2025 y el que finalmente se tomó como base para ser sometido a dictamen del Consejo rector a finales de ese año para realizar la adjudicación, que era el solicitado.

El Ayuntamiento consideró que la concejal ya había tenido acceso a esta información como miembro del órgano y entendía que el cauce al que recurrió Hernández no era el adecuado y que en todo caso se estaba ante una “infracción de legalidad ordinaria”.

El consistorio cuestionó que la concejal hubiese solicitado los documentos originales y no las copias, que según afirmaban eran “meros informes preliminares de contenido interno sin carácter oficial”.

El fiscal coincidió en que la demora en la entrega del expediente resultó “de todo punto injustificada”, supuso una infracción y que nunca existió una voluntad de estimación real de la solicitud.

El Juzgado reprocha que la concejal jamás accedió a la información hasta que acudió al tribunal, de manera que por un lado se negaba que fuera un expediente, sino sólo documentos internos y luego se dijera que al entregarlos habían cumplido con su obligación legal.

También apunta que existe copiosa jurisprudencia en la que se avala el derecho de los concejales a acceder a la documentación necesaria para desempeñar sus funciones, especialmente si están en la oposición.

El fiscal superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover González, ha defendido este viernes una reforma legislativa que permita a los tribunales perseguir delitos graves cometidos durante las travesías migratorias fuera de aguas jurisdiccionales españolas, especialmente cuando ningún otro Estado reclame su investigación.

Durante la presentación de la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2025 en una comisión del Parlamento de Canarias, Serrano-Jover ha advertido de las dificultades para actuar ante asesinatos y agresiones sexuales cometidos en esas circunstancias y del riesgo de que queden impunes.

El fiscal se ha referido a problemas surgidos en Lanzarote con casos de agresiones sexuales ocurridas fuera de aguas jurisdiccionales españolas y ha asegurado que el Ministerio Público ha explorado todas sus posibilidades de actuación dentro de los límites legales.

“Se ha estirado el chicle”, ha señalado para describir el intento de persecución de esos delitos, pero ha precisado que la Fiscalía no puede actuar contra lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula los supuestos de atribución de jurisdicción a los tribunales españoles.

Según ha explicado, el Tribunal Supremo ha apuntado hacia la posibilidad de asumir la investigación de hechos ocurridos en aguas internacionales cuando ningún otro Estado lo reclame, pero ha considerado que esta vía exige una interpretación “muy forzada” y ha defendido que sería necesaria una modificación expresa de la norma.

Serrano-Jover ha señalado casos en los que se arroja por la borda vivas a personas que viajan en las embarcaciones, incluidos menores, y ha advertido de que pueden quedar impunes actos de “extraordinaria gravedad” y de “extraordinaria violencia”.

Dificultades con el Pacto Europeo de Migraciones

El fiscal también ha reclamado mayor coordinación entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario para atender a los menores migrantes no acompañados y ha señalado problemas competenciales pendientes de resolver en la aplicación del pacto migratorio europeo.

En particular, ha aludido a las dificultades para determinar quién debe acompañar a los menores durante los triajes y ha explicado que esas personas no deben tener conexión ni participación en otras fases del procedimiento.

“No estamos llevando a cabo la aplicación del tema en las condiciones que aparecen expresamente recogidas en el pacto migratorio que entró en vigor el 12 de junio del año 2026”, ha asegurado.

El fiscal ha indicado que persisten discrepancias competenciales sobre estos triajes que podrían acabar ante los tribunales, cuando lo deseable es que ambas administraciones se pusieran de acuerdo.

Sobre la memoria de 2025, ha explicado que las fiscalías canarias tramitaron 1.106 expedientes de determinación de edad, de los cuales 373 correspondieron a Las Palmas y 733 a Santa Cruz de Tenerife, además de 3.004 expedientes de tutela.

En cuanto a los delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, en Las Palmas se dictaron 26 sentencias, todas condenatorias salvo una, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se incoaron 129 diligencias previas y se formularon 14 acusaciones por modalidades agravadas de estos delitos.

Preguntado por la incidencia de la inmigración en la comisión de delitos, Serrano-Jover ha respondido que no dispone de datos y ha rechazado la utilidad de establecer una vinculación que, según ha señalado, no está demostrada y no contribuye a resolver los problemas. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso presentado por el PSOE de Santa Cruz de Tenerife contra el acuerdo adoptado en el pleno de la ciudad del 19 de diciembre de 2025 para subir la tasa de basuras en el municipio.

El PSOE ya había advertido de la posible nulidad del acuerdo e incluso animó a los vecinos que ya hubieran pagado a reclamar la devolución.

La sala considera que dicho cuerdo, alcanzado por Coalición Canaria y el PP, así como la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de gestión de residuos de competencia municipal que aprobó, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 157, de 29 de diciembre de 2025, no se ajustan a derecho y son, por tanto, nulas.

La resolución no se pronuncia sobre la cuantía de la tasa, si bien detalla que la anulación total deriva de que el impuesto “no puede tener naturaleza tributaria”, al participar una sociedad privada que presta el servicio en la ciudad y existir unas condiciones de riesgo económico vinculadas al contrato, por lo que el cobro “debería figurar como una prestación patrimonial de carácter público no tributario”.

La Sala condena al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dirigido por José Manuel Bermúdez (CC), a pagar las costas del proceso.

Contra la sentencia cabe recurso de casación en el plazo de 30 días.

La autoridad judicial en funciones de guardia de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado el secreto de sumario en la instrucción que trata de indagar qué ocurrió en la madrugada de este miércoles en el interior de una vivienda de Almatriche en la que se halló el cadáver de un hombre, junto a una mujer que presentaba heridas por arma blanca.

Según ha informado este jueves la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la decisión sobre qué órgano judicial debe proseguir con la instrucción se tomará presumiblemente la semana que viene.

Será en ese momento, con el avance de la investigación a cargo del juzgado de guardia, cuando se decida si la instrucción prosigue en los juzgados de Violencia Contra la Mujer o, por el contrario, se mantiene en la sección de Instrucción como hasta el momento.

El juzgado investiga lo sucedido en la madrugada en una vivienda de la carretera de Almatriche, en la capital grancanaria, en la que sobre las 05:00 horas fue hallado por agentes de la Policía Nacional el cadáver de un hombre con un corte en el cuello, así como una mujer con heridas de arma blanca que tuvo que ser trasladada para su atención hasta un centro hospitalario.

Con la investigación todavía en fase inicial, la Policía no ha podido confirmar si se trata de un caso de violencia de género o no. 

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a un total de 37 años y seis meses de prisión al hombre que recientemente compareció ante el jurado acusado de matar a cuchilladas al hermano de su pareja e intentar acabar con la vida de esta en el garaje donde ambos dormían.

Los hechos sucedieron en Fonsalía, en el municipio de Guía de Isora, la madrugada del 27 de noviembre de 2022, según ha recordado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La sentencia, dictada el 26 de octubre de 2026 por el magistrado de la Sección Quinta de la Audencia que presidió el tribunal popular, da forma jurídica al veredicto de culpabilidad que el jurado emitió por unanimidad. Lo condena por un delito de asesinato consumado, un delito de asesinato en grado de tentativa y dos delitos de amenazas graves.

El jurado ha considerado probado que el acusado y la mujer habían mantenido una relación sentimental y de convivencia de unos dos años, durante la cual vivieron y trabajaron juntos en el local de la Playa de San Juan, donde él ejercía como peluquero.

Según los hechos probados, esa situación le permitía “tener pleno control sobre el día a día de su pareja, a la que de ordinario no dejaba salir sola del inmueble y frente a la que mostraba una actitud de superioridad por su condición de hombre, desplegando un patrón de dominación, celos y control”.

Cuando ella encontró trabajo en un restaurante de Fañabé en julio de 2022, el acusado se opuso, “temiendo que gracias a su actividad laboral llegara a regularizar su situación administrativa en España y dejara de depender del mismo”. En los días anteriores al crimen, el acusado amenazó dos veces a la mujer con una navaja de afeitar de la peluquería.

El 23 de noviembre, en una guagua, sintió celos de otro pasajero porque ella podía mirarlo, y le dijo que “si levantaba la cabeza habría sangre”. Dos días después se presentó en el restaurante antes de que acabara su jornada, entró en la zona de vestuarios y le exigió que se cambiara y se fuera con él “o le haría daño a todos”.

Al salir, insultó a gritos a los compañeros de trabajo de la mujer. Tras ese episodio, ella se refugió en el garaje donde vivía su hermano. Hacia las 03.00 de la madrugada del 27 de noviembre, el acusado entró por una ventana con un cuchillo de unos veinte centímetros y, “al grito de os voy a matar a los dos”, se abalanzó sobre los hermanos mientras dormían.

Primero hirió al hombre en un muslo y después golpeó a la mujer en la cara, la sujetó por el pelo, le golpeó la cabeza contra la pared y le asestó al menos dos cuchilladas en la cadera y el muslo izquierdos, hasta que ella llegó a desvanecerse.

Cuchillo en mano

Mientras tanto, el hermano salió a la calle a pedir auxilio, pero el acusado lo persiguió “cuchillo en mano” y lo alcanzó en la vía pública. Allí le dio una puñalada “mortal de necesidad” que le atravesó el corazón y le causó la muerte.

El jurado apreció alevosía en los dos ataques, porque el acusado aprovechó la oscuridad y el sueño de las víctimas y actuó “de manera inopinada, sin darle tiempo a reacción alguna”.

La mujer sufrió lesiones que tardaron 180 días en curar y le dejaron dos cicatrices, además de un síndrome de estrés postraumático que tardó 420 días en remitir y le ha dejado secuelas.

La defensa sostuvo que el acusado había entrado en el garaje para recuperar una llave, convencido de que no había nadie, y que fue el hermano quien lo atacó con un cuchillo, que acabó clavándose en el forcejeo. También alegó que el acusado sufría entonces un brote psicótico agudo relacionado con el consumo habitual de cannabis.

El magistrado rechaza ambas tesis con dureza. Califica la primera de “versión con la que se pretendía en esencia eludir la apreciación del delito de asesinato, y que no solo aparece carente del más mínimo apoyo probatorio, sino que además es absolutamente contradicha” por la prueba practicada.

Sobre el supuesto trastorno mental, la sentencia recoge que el médico forense apreció ya en diciembre de 2022 “una alta sospecha de simulación de síntomas psicóticos” y que las psicólogas forenses coincidieron con él. El magistrado subraya que el acusado empezó a decir que oía voces más de un día después de los hechos, cuando ya estaba detenido y a punto de declarar ante su abogado.

Huída

Recuerda además que, durante la huida, llegó a plantearse salir del país y que fue detenido en la estación de guaguas de Los Cristianos mientras pedía tranquilamente un cigarro. “No parece ser esta la lógica de una persona que en el momento de los hechos estuviese en medio de un brote psicótico”, razona.

Concluye, asimismo, que todo indica “un claro control y un frío cálculo de sus opciones, incluida la de simular o exagerar una afirmada sintomatología psicótica”, y que sus recuerdos aparecen “claros, ordenados y estructurados”. En cuanto al cannabis, afirma que no se ha aportado “la más mínima prueba” de que tuviera alteradas sus capacidades y que su motivación fue el dominio sobre la mujer, “esa, y no otra, fue su única motivación para asesinar a Felipe e intentar asesinar a María”.

Por el asesinato consumado del hermano, el tribunal le ha impuesto 20 años de prisión. Por la tentativa de asesinato de la mujer, con las agravantes de género y parentesco, 14 años. Por cada uno de los delitos de amenazas, a los que se suma además la agravante de reincidencia porque ya había sido condenado en 2020 por amenazas a una expareja, le ha impuesto un año y nueve meses.

El magistrado no acoge la petición de las acusaciones de aplicar las penas máximas. Aun así, las fija “muy por encima en todo caso del mínimo legal”, en una extensión intermedia para el asesinato y “cercana a su máximo legal” para los delitos cometidos contra la mujer.

Para ello ha valorado “la absoluta indefensión y desamparo de las víctimas” y “la frialdad y violencia con la que se condujo”, así como que regresó poco después al lugar para buscar su teléfono móvil “con total despreocupación tanto de la suerte de Felipe, que iba perdiendo poco a poco la vida tendido en el suelo”, como del estado de la mujer, que gritaba pidiendo ayuda.

El límite máximo de cumplimiento efectivo se fija en 30 años, y el condenado no podrá acceder al tercer grado penitenciario hasta haber cumplido la mitad de las penas. Al salir de prisión quedará sometido a diez años de libertad vigilada.

La sentencia le prohíbe también acercarse a menos de 500 metros de la mujer y comunicarse con ella durante un plazo que supera en diez años la duración de las penas de prisión. En concepto de responsabilidad civil deberá pagar 150.000 euros a las dos hermanas del fallecido, y a la superviviente otros 20.000 euros por las lesiones físicas y 25.000 euros por los daños psicológicos.

Una jueza de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha decretado el ingreso en prisión provisional de cinco individuos acusados de haber asaltado una vivienda en Vecindario el pasado sábado y de haber amenazado ese mismo día a otras dos personas en la calle con catanas y machetes.

A uno de los cinco detenidos se le imputa además un posible delito de agresión sexual a una mujer que acudía a comprar drogas a la vivienda ocupada donde residía este grupo.

Según relatan cinco autos dictados por la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, los hechos sucedieron en la madrugada del 24 de octubre en el barrio de Los Llanos, en la calle Ifara.

En ese lugar, presuntamente, los “cinco varones magrebíes portando catanas, cuchillos y palos y sin motivo alguno” acometieron contra dos hombres que se encontraban por la calle y los persiguieron.

Uno se refugió en su coche, pero lo sacaron fuera a punta de cuchillo, y luego corrió hacia un comercio, pero también lo empujaron a la calle a golpes y le sustrajeron el vehículo, siempre según la reconstrucción provisional de los hechos.

Ese mismo día, relata la jueza, los detenidos participaron en otro altercado violento contra una serie de personas que tuvieron que encerrarse en una casa, una vivienda contra la que presuntamente acometieron con machetes y palos, causando graves desperfectos.

Uno de los procesados fue detenido mientras llevaba agarrado por el cuello a un hombre que, según los testigos, es el dueño de la vivienda donde los sospechosos residen de forma irregular.

Uno de los detenidos está también implicado en una denuncia de una mujer que asegura que la violó cuando fue a comprar droga a la vivienda donde residían los sospechosos, hechos por los que se ha deducido testimonio a un Juzgado de Violencia contra la Mujer.

La jueza imputa a los cinco delitos de amenazas, lesiones y robo con violencia, a los que se suma el procedimiento por agresión sexual abierto contra uno de ellos

Un juez ha ordenado el ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza, para un hombre detenido por la Guardia Civil cuando transportaba 354 kilos de hachís en un todoterreno que habían sido descargados de una lancha neumática en la costa este de Fuerteventura.

Al detenido se le imputa un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas por unos hechos ocurridos en la madrugada del 8 de octubre, de los que ha informado este lunes el instituto armado en un comunicado.

Tras detectar a la neumática cuando arribaba a una playa del municipio de Antigua, la Guardia Civil cerró la zona con el despliegue de varias patrullas de la isla, que lograron interceptar el vehículo cuando abandonaba el litoral.

La droga incautada estaba distribuida en seis fardos de grandes dimensiones y varios paquetes dispersos por el habitáculo del vehículo que conducía el detenido. 

La Audiencia de Las Palmas juzgará esta semana a un hombre que se enfrenta a 15 años de cárcel tras presuntamente atacar con un cuchillo a su pareja, de “forma sorpresiva y repentina”, y propinarle tres puñaladas en el cuello cuando se encontraba en el dormitorio de la vivienda que compartían en Arrecife (Lanzarote).

Según el escrito de acusación, difundido por la Fiscalía este domingo, en el acusado, D.O.C.P., al que atribuye un delito de intento de asesinato en grado de tentativa, concurren las circunstancias agravantes de parentesco y de género.

Además de la pena de 15 años y un día de cárcel, el Ministerio Público pide que el procesado indemnice a la víctima con 100.000 euros.

Así mismo, reclama que al acusado se le imponga la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros y comunicarse con ella por un tiempo de 20 años.

Según los hechos que relata el Ministerio Fiscal en su escrito, tras el ataque, la mujer logró llamar a emergencias, y decir que había sido apuñalada y cuando se presentaron los agentes en el domicilio, en el que aún se encontraba el acusado, ella les manifestó que no podía abrir la puerta porque no tenía las llaves.

La víctima sufrió heridas profundas por las que requirió tratamiento médico quirúrgico y 152 días para su cura y estabilidad.

A consecuencia de las lesiones, la víctima sufre secuelas consistentes en perjuicio estético en relación a las cicatrices de las heridas y por estar localizadas en una zona corporal visible, así como trastornos neuróticos derivadas del estrés postraumático, señala la Fiscalía.

El acusado D.O.C.P. se encuentra privado de libertad por esta causa desde el 10 de marzo de 2025. 

Un informe del grupo de investigación de la Guardia Civil ha localizado que, antes y después del colapso en septiembre de 2020 de la empresa de criptomonedas Arbistar, radicada en el sur de Tenerife, se produjeron cuantiosos movimientos de bitcoins mediante sistemas destinados a dificultar el origen del dinero.

En concreto, se detectaron “envíos masivos” de criptomonedas a personas del entorno de Arbistar, sin arbitraje ni un patrón común, hechos que la Fiscalía atribuye a los tres fundadores de la compañía, con Santiago Fuente Jover a la cabeza.

Los cálculos de la Guardia Civil apuntan a que, en la fecha del desplome, fueron derivados a otras billeteras 881 bitcoins, que pocos meses más tarde alcanzaron un valor de 32,5 millones de euros, según un auto de la Audiencia Nacional recientemente emitido.

Una vez trascendió la debacle de la empresa, entre enero y marzo de 2021, en las billeteras de los imputados se localizaron movimientos de entrada y salida de más de 20.000 bitcoins, equivalentes entonces a 710 millones de euros.

La trama Arbistar está considerada una de las mayores estafas piramidales con criptomonedas en España.

Según la investigación, llegó a defraudar más de 200 millones de euros y afectó a unas 32.000 personas entre mayo de 2019 y septiembre de 2020.

Tras la causa penal por estafa, organización criminal y falsificación de documentos, los dos principales responsables de la compañía fueron condenados a 16 y 11 años de cárcel, mientras que ahora se ha abierto otro procedimiento por blanqueo de capitales.

En fechas cercanas a aquellas en las que la empresa empezó a informar a los inversores de problemas de liquidez para afrontar pagos, se utilizó el denominado servicio “mixing”, empleado para anonimizar y dificultar el rastreo de la procedencia de los fondos.

Pese a ello, se identificó que algunas de las personas beneficiadas eran familiares de los administradores. Cuatro permanecen investigados, mientras que otras ocho no han podido ser identificadas.

En abril pasado, la Audiencia Nacional acordó abrir una pieza separada de investigación por un posible delito de blanqueo de capitales, después de que los dos principales responsables de la compañía hubieran sido condenados.

El nuevo procedimiento se inició a partir de un informe de la Guardia Civil sobre las transacciones de criptomonedas, solicitado por la Policía Judicial de Tenerife, y de otro elaborado por el grupo de ciberinteligencia criminal sobre el funcionamiento de los “Community Bot”.

En aquel auto se incluyó a cuatro nuevos investigados, que habían quedado absueltos en la pieza principal por estafa, así como la apertura de otra pieza de responsabilidad civil contra un exdirectivo.

El recurso actual ha sido presentado por uno de los condenados a 11 años de prisión por estafa, que alega indefensión, incumplimiento de plazos y supuestas irregularidades.

La Fiscalía pidió desestimar el recurso al considerar que el auto original no incluía las transferencias a favor del Club Arbistar, en las que aparecen varios investigados y que fueron realizadas antes y después del colapso.

El recurrente también se opuso a la petición de la Fiscalía de ampliar el ámbito de investigación e imputar a más personas, al considerar que únicamente se buscaba incrementar su implicación en el procedimiento.

Según el auto, este investigado, junto con Fuente Jover y otras dos personas, realizó transferencias de importantes cantidades de criptomonedas a favor de los nuevos imputados.

En marzo, la Audiencia Nacional rechazó la petición de la Fiscalía de ampliar la lista de encausados, decisión que ahora queda anulada al entender el tribunal que no puede suponer una “garantía de impunidad” para los posibles responsables de la trama. 

Un juzgado de Santa Cruz de Tenerife ha anulado el cese de Luis Santos Jara como jefe de la Policía Canaria. En una sentencia firmada este miércoles y recurrible en apelación, la magistrada de la Plaza 4 de lo Contencioso-Administrativo reconoce el derecho del comisario principal a ser reincorporado, con efectos retroactivos, al puesto del que fue apartado formalmente en abril de 2024. 

La jueza reprocha a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), que adoptara esa decisión sin motivación suficiente y sin informes que la justificaran. La sentencia incide en que Santos Jara fue sustituido al día siguiente de reincorporarse a su puesto tras una baja laboral. La resolución también considera ilegal el nombramiento de Antonio Almenara, el actual jefe. 

La demanda se dirigía contra la resolución del director general de Seguridad, David del Pino (subcomisario en excedencia de la Policía Canaria), que desestimó el recurso contra el cese. 

El conflicto con la consejera

Santos Jara es el único comisario principal de la Policía Canaria, el escalafón más alto del cuerpo autonómico, que dirigió desde 2012. Ejercía la jefatura en comisión de servicios hasta que fue relevado formalmente en 2024 por Almenara tras un conflicto con la consejera.

El enfrentamiento con Nieves Lady Barreto arrancó en el verano de 2023. La consejera abrió una información reservada contra Santos Jara por un rumor que le hizo llegar Del Pino sobre supuestas críticas del alto mando a la gestión del Gobierno de un incendio forestal en Tenerife.

Tanto ese expediente como el posterior disciplinario acabarían siendo archivados y el comisario principal denunció a la consejera por seis presuntos delitos, entre ellos acoso laboral, prevaricación y falsedad documental.

Santos Jara fue relevado en la jefatura por Almenara, un subcomisario que fue ascendido de manera temporal a comisario y que, en el momento de su nombramiento, era el cuarto en la escala de mandos. Hasta entonces, el Gobierno siempre había respetado el escalafón. 

Un cese como “represalia o sanción”

En su demanda, firmada por la abogada Ángeles Padilla, el anterior jefe de la Policía Canaria deslizaba que su cese respondía a una “represalia o sanción” por ese enfrentamiento con la consejera. Según recoge la sentencia, Santos Jara se reincorporó tras una baja el 25 de abril de 2024 y al día siguiente la consejera dictó la orden que dejó la jefatura en manos de Almenara. El 10 de mayo se revocó la comisión de servicios del comisario principal con efectos retroactivos. 

A la jueza le llama “poderosamente” la atención de que Santos Jara no fue sustituido como jefe durante su incapacidad temporal, sino tras su regreso. “Por algún motivo, cuando no estaba, no importaba quién hiciera sus funciones. Sin embargo, cuando se reincorpora, no se quiere que las realice” el comisario principal, destaca la sentencia. 

La magistrada precisa que no le corresponde determinar si el cese de Santos Jara se acordó “como represalia, castigo o sanción”, pero sí que la decisión de la consejera no es ajustada a derecho y se adoptó “sin cumplir con las prescripciones legales para poder hacerlo, ni siquiera con algo tan básico como el motivo que estaba previsto para la revocación de la comisión (de servicios) y sin contar con informes que justifiquen esta actuación”. 

La resolución subraya que el expediente de información reservada abierto a Santos Jara fue archivado unos días antes de su cese como jefe de la Policía Canaria. Después, la Consejería le abrió un expediente disciplinario que también acabó en carpetazo. 

Solo la vuelta del titular de la plaza

La jueza remarca que solo había una causa para cesar a Santos Jara como comisario jefe: la incorporación de un nuevo titular. “No consta en el expediente administrativo, ni tampoco se ha manifestado en la contestación a la demanda” que Almenara “sea titular de la plaza”, sino “todo lo contrario, ejerce las funciones por el mismo sistema de comisión de servicios”. 

La sentencia destaca, además, que no hay ni un solo informe, expediente disciplinario o actuación de la Consejería de Seguridad que justifique que la comisión de servicios de Santos Jara hubiera finalizado por algún motivo. 

También descarta el argumento del director general de Seguridad sobre el Plan Estratégico 2024-2027. David del Pino lo había invocado para justificar la necesidad de una jefatura “plenamente activa y diferenciada de las tareas del comisario principal” con el objetivo de “contar con una policía de proximidad centrada en la excelencia”. 

Y es que, además de que ese plan fue firmado 14 días antes del nombramiento de Almenara, tampoco estaba contemplado entre los motivos para poner fin a la comisión de servicios. 

Un nombramiento contrario a la ley 

El fallo también analiza el nombramiento de Almenara como jefe de la Policía Canaria y concluye que no se ajustaba a la ley de creación del cuerpo autonómico. Según el expediente, es subcomisario y ejercía funciones de comisario en comisión de servicios. La norma obliga a elegir al suplente entre los comisarios principales o, en su defecto, entre los del empleo inmediatamente inferior, y no consta informe que justifique que no había otros mandos con un lugar superior en el escalafón para ocupar el puesto. 

La sentencia estima íntegramente la demanda de Santos Jara y condena a la administración al pago de las costas. Es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un plazo de quince días. 

A la promotora de la urbanización Monte Carrera, en la localidad de Arguineguín (Mogán), ya solo le queda el Supremo para tratar de legalizar las 37 viviendas y tres locales que construyó sin licencia en la planta baja del complejo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado el recurso que la empresa Carrera Ground Floor presentó contra la sentencia de primera instancia, que ya había avalado la orden de restablecimiento de la legalidad dictada por el Ayuntamiento de Mogán, firme en vía administrativa desde 2022. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario ha impuesto además a la promotora el pago de las costas procesales, con un límite de 5.000 euros. La sentencia, notificada el pasado lunes a las partes (el Ayuntamiento de Mogán y la comunidad de propietarios figuran como demandados), no es aún firme. Se puede recurrir en 30 días en casación ante el Supremo. 

Una denuncia vecinal destapó el caso en 2020. La Policía Local constató que la empresa estaba ejecutando obras sin licencia para derribar los muros de cerramientos de la planta baja y transformar los sótanos y almacenes en 37 viviendas habitables en pleno confinamiento por la pandemia de Covid-19. Los agentes sorprendieron a los operarios trabajando en las instalaciones.

La licencia urbanística original autorizaba la construcción de 131 viviendas con una altura máxima de dos plantas. Sin embargo, la promotora levantó una tercera altura no permitida. Para no tener que demoler toda la construcción, el Ayuntamiento de Mogán permitió entonces tapiar la planta baja con muros perimetrales para que computara como sótano o zona de almacenamiento.

Años después, la empresa volvió a intentar darle tres alturas derribando esos muros de cerramiento y transformando los sótanos en viviendas para comercializarlos como uso residencial, pese a que no contaban con licencia municipal ni cambio de uso autorizado.

A raíz de la denuncia vecinal y la actuación de la Policía Local, el Ayuntamiento abrió expediente a la empresa en 2021 y, a través del departamento de Disciplina Urbanística, ordenó la demolición de las obras ilegales. La resolución adquirió firmeza en vía administrativa en enero de 2022.

La promotora decidió llevar esa decisión a los tribunales. Carrera Ground Floor alegó que la transformación de los sótanos en viviendas se había consolidado más de cuatro años antes de que el Ayuntamiento de Mogán le abriera el expediente de disciplina urbanística y que, por tanto, la infracción ya había prescrito.

Además, sostenía que esas viviendas se encontraban en un régimen de “fuera de ordenación” y que, en consecuencia, no se podían demoler. La tesis de la empresa era que, al haberse construido originalmente con tres plantas (pese a que la normativa no lo permitía) y al haber permitido el Ayuntamiento que se quedara así (con la solución del cerramiento de los sótanos), el edificio quedaba asimilado al “fuera de ordenación” y, por tanto, no afectado por la orden de restablecimiento de la legalidad urbanística.

En apoyo de esta tesis, Carrera Ground Floor aportó un certificado de antigüedad suscrito por el arquitecto Sergio Álvarez en 2019. El informe acreditaba el estado constructivo de las unidades en el momento de la visita: sostenía que el muro perimetral no existía y que sugería que algunas viviendas del sótano ya estaban acabadas, aunque no determinaba con precisión cuántas.

Tanto el juzgado de primera instancia, en una sentencia dictada en abril de este año, como ahora el TSJC rechazan los argumentos de la empresa. Ambas resoluciones coinciden en que la demolición de los muros del sótano devolvió la edificación a un estado de ilegalidad al sobrepasar de nuevo el número de plantas autorizadas. Además, durante la vista oral se puso de manifiesto que las viviendas carecían de comprobación de uso urbanístico y de conexiones de agua y luz.

En esta última sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, con el magistrado Óscar Bosch como ponente, reprocha a la promotora que en su recurso de apelación se limitara a reproducir de forma literal los argumentos que ya había esgrimido en primera instancia.

El alto tribunal canario concluye que la jueza ponderó de manera razonada los informes técnicos, las fotografías, las declaraciones de los peritos y el testimonio de los agentes de la Policía Local.

El TSJC asume, por tanto, el relato de la sentencia de primera instancia. La urbanización se levantó con tres plantas cuando la normativa permitía dos. Al convertir la planta baja en sótano, las obras quedaron legalizadas. Después, al derribar esos muros de cerramiento, la promotora volvió a superar las alturas autorizadas. Para la Sala, este hecho excluye que pueda hablarse de un edificio fuera de ordenación, puesto que era legal hasta esa actuación posterior.

El tribunal también cuestiona el certificado de antigüedad que aportó Carrera Ground Floor. La sentencia incide en que el propio arquitecto admitió que su informe no verificó el uso urbanístico de esa edificación ni la licencia original. Tampoco concretó cuántas viviendas estaban terminadas.

Un plan de ‘amnistía’ paralizado

En paralelo al frente judicial, la promotora intentó una maniobra para amnistiar las 37 viviendas mediante la tramitación del denominado Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU) en Loma II. Esa iniciativa privada planteaba ceder al Ayuntamiento de Mogán 625 metros cuadrados para zonas verdes a cambio de incrementar la edificabilidad del complejo en 3.120 metros cuadrados, la cifra exacta necesaria para legalizar los sótanos.

Ese plan, que contaba con el beneplácito del gobierno municipal liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán), se topó con la oposición frontal de los vecinos y de la oposición. La comunidad de propietarios Monte Carrera Green Garden Club alertó de que los terrenos que la promotora pretendía permutar no eran de su propiedad exclusiva, sino elementos comunes.

Después de la sentencia de primera instancia, el Ayuntamiento se vio obligado a paralizar el plan.

NC critica “la pasividad” del gobierno local

Para Juan Manuel Gabella, portavoz de Nueva Canarias (NC) en Mogán, esta sentencia confirma “una actuación urbanística irregular” y pone de manifiesto “la pasividad con la que ha tratado este asunto” el Ayuntamiento de Mogán. A juicio del concejal canarista, el gobierno liderado por Bueno debió haber actuado “con más contundencia” cuando los vecinos y su partido denunciaron esas obras en 2020.

Gabella señala que no era posible convertir en viviendas esos sótanos porque esa tercera planta “no estaba recogida en el proyecto y tampoco lo recogía la normativa de aplicación”.

El edil de NC recuerda que el Ayuntamiento abrió la puerta a legalizar 37 viviendas que ya tenían orden de derribo. “Nos opusimos en el pleno a ese plan y, por tanto, yo creo que es una buena noticia para los vecinos que viven allí y, evidentemente, para el respeto a la normativa urbanística vigente y un tirón de orejas” para el gobierno de Onalia Bueno.

Canarias registró al cierre del segundo trimestre del año la mayor tasa de litigiosidad del país, con 51,49 casos por cada mil habitantes, muy superior a la media nacional, que fue del 39,35 por mil.

Los órganos judiciales españoles registraron en el segundo trimestre de este año 1.933.412 nuevos asuntos, lo que supone un 0,6% menos que en el mismo periodo del año pasado, según el balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta reducción obedece al descenso en el orden civil, en el que la entrada de asuntos cayó un 3,7% , ya que entre los pasados 1 de abril y 30 de junio las demás órdenes jurisdiccionales recibieron un mayor número de asuntos que en el mismo periodo del año anterior.

El informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales muestran también un descenso interanual del 9,9% del número de asuntos resueltos, que sumaron en el segundo trimestre un total de 1.846.627, lo que supone una media de 430,15 por órgano judicial y un incremento del 3,4% de la pendencia, siendo 4.856.010 los que quedaron pendientes al final del periodo.

En el orden civil ingresaron 815.301 nuevos asuntos, un 3,7% menos que un año antes, y los resueltos sumaron 774.636, un 19,3% menos, descendiendo la pendencia al quedar en trámite 2.772.757, un 2,9% menos que al final del segundo trimestre de 2025.

En el penal los asuntos registrados ascendieron a 923.465, cifra muy similar a la registrada en 2025, con un alza del 1,1%, y se resolvieron 889.945, un 1,6% menos, quedando en trámite 1.316.124 asuntos, un 15,9% más.

En el contencioso-administrativo se registraron 53.217 nuevos asuntos, un 2,7% más, y se resolvieron 54.619, un 6,8% menos, quedando pendiente 222.359, un 2,7% más.

En el social ingresaron 141.392, un 7,1% más, y se resolvieron 127.400, un 1,7% más, quedando pendientes 544.710, un 12% más.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido muy similar a la de hace un año, con 39,35 asuntos por cada mil habitantes frente a los 39,83 del segundo trimestre de 2025.

Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (51,49), Asturias (43,32), Madrid (43,05), Cataluña (42,44) y Murcia (40,97).

Los territorios que registraron una tasa inferior a la nacional fueron Andalucía (39,03), Baleares (38,03), Cantabria (37,32), Comunidad Valenciana (36,33), Galicia (35,66), Castilla y León (35,33), Aragón (34,03), Navarra (33,52), Castilla-La Mancha (32,34), Extremadura (31,93), País Vasco (29,35) y La Rioja (28,81).

El jurado popular ha declarado culpables este miércoles por un delito de cohecho al teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava y al empresario de Lanzarote Ángel Ramón Tejera de León, ambos acusados en el juicio por el caso Cuarteles celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid.

Además, los miembros han manifestado su oposición a la suspensión de la pena y al indulto que pudiese darse en la sentencia.

Así lo han señalado en la causa en la que se ha investigado si Jarava favoreció al empresario Tejera de León con la adjudicación irregular de 120 contratos menores entre 2008 y 2019 en 13 comandancias repartidas por el territorio español por un valor total de 3,3 millones de euros, presuntamente a cambio de dádivas como viajes, estancia en hoteles o entregas de dinero en efectivo.

De este modo, el jurado popular ha concluido por unanimidad que todos los hechos por los que han sido acusados Vázquez Jarava y Tejera de León han sido probados.

El teniente general, según ha deliberado, recibió una cuantía aproximada de 40.000 euros en dádivas y dinero en efectivo por parte de Tejera de León, quien era contratista de la Guardia Civil y que conocía que Vázquez Jarava era el encargado de crear partidas económicas.

Asimismo, han probado que esta descentralización de crédito se adjudicaba a las comandancias en las que, previamente, recomendaba las labores de las empresas de Tejera de León, lo que desde las diferentes jefaturas del instituto armado se consideraba una orden -tal y como han relatado a lo largo del proceso-.

En esta línea, el Ministerio Fiscal ha solicitado que se le imponga la pena máxima de prisión pro este delito , un año de cárcel según recoge el Código Penal, dado que recibió unas dádivas por un valor de 40.000 euros, ante lo que asegura que “la causa publica, la credibilidad y el funcionamiento de la administración ha quedado entredicha”.

Además, tanto la Abogacía del Estado como las acusaciones particulares de las asociaciones UGC y ASESGC -ambas pertenecientes a la Guardia Civil- se han adherido “en idéntico sentido” a la petición del fiscal.

Por el contrario, los letrados que han defendido a Vázquez Jarava y a Tejera de León han solicitado una rebaja de la pena y han anunciado que, una vez está redactada la sentencia, interpondrán los recursos pertinentes por dilaciones indebidas, dado que la causa se ha prolongado durante mucho tiempo -comenzó en 2019-.

De este modo, tras el veredicto el juez instructor dictará una sentencia en consideración con las peticiones de Fiscalía, Abogacía del Estado, acusación particular y defensa.

La Justicia dejará en manos de Marruecos investigar una violación grupal en una patera que llegó a Lanzarote en septiembre. La Sección de Violencia Sobre la Mujer de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Arrecife ha resuelto archivar las actuaciones en España por falta de jurisdicción de los tribunales españoles, ya que ni los supuestos agresores ni la víctima son nacionales ni residentes en el país y porque la agresión sexual habría ocurrido ''fuera del mar territorial español'', según el auto al que ha tenido acceso Canarias Ahora.

Los hechos fueron denunciados por una mujer de Guinea, que llegó a Lanzarote el 16 de septiembre tras una travesía en la que perdieron la vida al menos tres personas. La superviviente relató haber sufrido violencia sexual por parte de otros ocupantes de la neumática durante la travesía iniciada en Agadir (Marruecos) con destino a Canarias.

En el curso de la investigación, señala el auto, se tomó declaración a la denunciante, se practicaron reconocimientos e informes médicos o periciales y se identificó como investigados a tres hombres que viajaron en la patera. Según ha podido saber este periódico, la víctima de los hechos no los identificó, sino que lo hizo un testigo.

Según la declaración de la víctima, los hechos denunciados habrían ocurrido ''durante el segundo y tercer día de navegación'', cuando la embarcación, que tardó ''tres o cuatro días en llegar al puerto de Arrecife'', se encontraba ''fuera del mar territorial español''. ''Estos elementos sitúan los episodios denunciados fuera del mar territorial español'', añade el auto.

Además, según el auto adelantado por La Voz de Lanzarote, tampoco consta que ''la embarcación enarbolase pabellón español''. El documento señala que ''tampoco consta que los investigados fueran españoles o residentes habituales en España con anterioridad a los hechos, ni que la denunciante tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España en el momento en que aquellos se habrían producido''.

Aun así, el Juzgado acordó el 19 de septiembre la prisión provisional comunicada y sin fianza de los tres detenidos, y ratificó su decisión el 21 de septiembre. Sin embargo, el día 24 se decretó la inmediata puesta en libertad de los detenidos tras un informe del Ministerio Fiscal que solicitaba la medida por falta de competencia de los tribunales españoles.

En esta línea, el Juzgado concluye que los hechos descritos son susceptibles de integrar una conducta de violencia sexual contemplada en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Sin embargo, no se da ninguno de los supuestos que permitiría a España investigar el caso.

Comunicación a Marruecos

El auto deja claro que la decisión de archivar las actuaciones en España ''no contiene juicio alguno sobre la veracidad de la denuncia, la existencia del delito o la participación de los investigados''. Así, señala que la falta de jurisdicción española no debe impedir que los hechos denunciados y las pruebas recogidas puedan ser conocidos por autoridades que sí tengan competencias para investigarlos.

Así, el auto acuerda remitir el testimonio y los informes al Ministerio de Justicia para su traslado a las autoridades competentes del Reino de Marruecos, por ser el país del que partió la embarcación. Además, acuerda que se curse igualmente la comunicación a las autoridades competentes de la República de Mali y Burkina Faso, de donde son nacionales los investigados, y también de Guinea, país de origen de la víctima.

Sobre qué vías tiene ahora la víctima para estar protegida, la abogada Loueila Sid Ahmed Ndiaye responde a este periódico que, por un lado, puede recurrir el auto. Por otro, explica que si la jurisdicción española no se fundamenta en el territorio sino en el principio de persecución extraterritorial, el artículo 23.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) solo permite perseguir el delito mediante querella de la persona agraviada o del Ministerio Fiscal. La querella, indica la abogada, permite proponer diligencias, solicitar medidas cautelares y de protección y ejercer los derechos del Estatuto de la Víctima.

Por otra parte, la letrada advierte de que ''en ningún otro procedimiento de violencia sexual se hubiera hecho lo que de alguna manera se hizo con estas personas, pero se permite porque son personas que han llegado en una embarcación''. ''Los hechos están claros, la mujer llegó destrozada y ocurrieron. Lo que hay que determinar es quiénes realizaron estos hechos, porque ella no los identifica, únicamente los identifica un testigo'', añade.

Además, añade que en el momento de la llegada, la embarcación no estaba completa, ya que había personas hospitalizadas y muchos desaparecidos en el mar. Según las cifras de Caminando Fronteras, al menos 14 personas podrían haber desaparecido en la travesía.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la sentencia que obligaba a Puertos Canarios a completar el expediente de concesión solicitado por Cementos Especiales de las Islas, S.A. (CEISA) sobre el puerto de Santa Águeda, en Arguineguín, y a resolverlo en un plazo de seis meses. El tribunal considera que esa orden carecía de sentido, porque cuando el juzgado dictó su fallo la Administración ya había respondido a la empresa: le había denegado la concesión.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Suay Rincón, estima el recurso de apelación de Puertos Canarios, órgano dependiente de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno regional. Devuelve las actuaciones al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas, que deberá dictar una nueva sentencia y decidir sobre el fondo, es decir, si CEISA tiene o no razón. El TSJC no se pronuncia si hay que otorgar a la empresa la concesión que reclama ni se pronuncia sobre si tiene derecho a ella.

El litigio se remonta a marzo de 2021, cuando CEISA pidió a Puertos Canarios una nueva concesión sobre el puerto de Santa Águeda hasta el 22 de julio de 2046, prorrogable otros 30 años. La cementera argumentaba que su cantera de puzolana (material básico para la fabricación de cemento), su fábrica de cemento y el puerto forman “un todo funcional indivisible”. Por eso reclamaba que la concesión portuaria, que vencía en enero de 2023, durara lo mismo que la concesión minera, prorrogada en 2016 hasta 2046.

Puertos Canarios no contestó y CEISA acudió a los tribunales en enero de 2022 contra esa desestimación por silencio administrativo. Durante el proceso, la empresa llegó a pedir que se le reconociera un derecho “reglado” a obtener la concesión.

Con el pleito ya avanzado, el 4 de diciembre de 2024, el Consejo de Administración de Puertos Canarios dictó una resolución por la que se denegaba la concesión. Las dos partes la aportaron al juzgado a principios de 2025. CEISA, sin embargo, decidió no ampliar su recurso para impugnarla.

En julio de 2025, el juzgado estimó parcialmente la demanda de la empresa. Anuló la desestimación por silencio y ordenó a Puertos Canarios completar el expediente y resolver en seis meses. Entendía que el juez no podía otorgar por sí mismo la concesión, porque faltaban trámites como la fijación del canon. Las dos partes recurrieron esa sentencia.

El TSJC da ahora la razón a Puertos Canarios en un punto concreto: el juzgado de instancia partió de que el expediente seguía abierto cuando ya estaba cerrado, y además lo sabía, porque ambas partes se lo habían comunicado. “El pronunciamiento judicial ordena una actuación cuya finalidad inmediata ya se había cumplido”, señala la Sala en su sentencia.

El tribunal advierte además del “irresoluble e indeseable escenario” que habría creado ejecutar aquel fallo porque la Administración tendría que dictar una nueva resolución para sustituir a la de diciembre de 2024. Según la Sala, esa resolución “de forma deliberada no se ha cuestionado en la litis”, goza de la presunción de legalidad propia de los actos administrativos y es “plenamente válida y eficaz”. Los magistrados añaden que no cabe reprochar a la Administración que resolviera tarde, porque la ley la obliga a dictar resolución expresa aunque haya vencido el plazo.

La Sala no entra en el resto de cuestiones planteadas. No resuelve si CEISA estaba obligada a ampliar su recurso a la resolución denegatoria, una controversia que, según dice expresamente, “no es el debate aquí”. Tampoco se pronuncia sobre los argumentos de fondo de Puertos Canarios, que niega que exista una unidad funcional entre cantera, fábrica y puerto y que la concesión sea un derecho reglado de la empresa. Al quedar anulada la sentencia, el tribunal tampoco examina el recurso de CEISA, que pedía que se condenara a la Administración a tramitar la concesión en sentido favorable.

La valoración de Puertos Canarios

En un comunicado hecho público avanzada la noche de este lunes, Puertos Canarios ha valorado “favorablemente” la sentencia. Sostiene que el tribunal “acoge el argumento defendido” por el ente público: “No procedía ordenar” que completara un expediente y resolviera una solicitud sobre la que su Consejo de Administración “ya había adoptado una decisión expresa”.

Para este órgano público, el fallo “pone en valor el trabajo de sus servicios jurídicos y la importancia de defender las decisiones administrativas con argumentos documentados y por los cauces legalmente previstos”. También reconoce, según sus argumentos, “la corrección de su planteamiento sobre una cuestión esencial: el juzgado debía tener en cuenta que el expediente ya estaba resuelto”.

Puertos Canarios admite que el TSJC “no concede a CEISA la nueva concesión ni resuelve definitivamente sobre la procedencia de su otorgamiento”. Puertos Canarios afirma que “mantiene su respeto al derecho de defensa de la empresa y a los pronunciamientos judiciales que correspondan”.

Durante el proceso, el juzgado rechazó por extemporáneo un informe del director gerente de Puertos Canarios, de agosto de 2024 y desfavorable a la concesión, porque se aportó cuando ya estaba cerrada la fase de prueba.

La sentencia no es firme, puede ser recurrida en un plazo de 30 días hábiles. El tribunal no impone las costas a ninguna de las partes por la complejidad del asunto.

Valoración de Ceisa

Cementos Especiales de las Islas (CEISA) ha comunicado haber recibido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero ha señalado que esta no se pronuncia sobre el fondo del asunto y devuelve el procedimiento judicial al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria, donde se inició. Por lo tanto, “el procedimiento judicial sigue abierto y CEISA seguirá defendiendo sus intereses por los cauces legales”. En la actualidad, CEISA cuenta con las medidas cautelares que amparan su actividad en la fábrica de cemento, concluye la compañía.

Un juez de Las Palmas de Gran Canaria ha retirado el pasaporte a la viuda del empresario Ángel Ferrera y le ha obligado a comparecer dos veces al mes en su Juzgado mientras se investiga si su muerte se debió a la enfermedad que padecía u otra causa natural, o puede tratarse de un homicidio.

Según ha adelantado Canarias 7 y ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia, el Juzgado de Instrucción número 7 tiene abierta una investigación penal contra la viuda del expresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, María T.V., por las sospechas de su familia sobre las circunstancias de su muerte.

Mientras la investigación sigue adelante, el magistrado ha dictado tres medidas cautelares sobre María T.V.: le ha retirado el pasaporte, le exige comparecer personalmente cada quince días y le ha impuesto una fianza de 160.000 euros.

Ángel Ferrera falleció el 15 de agosto de 2022 a los 79 años tras luchar durante la última etapa de su vida contra un cáncer de pulmón con metástasis, pero parte de su familia no tiene claro que muriera por causas naturales.

De hecho, sus hijas pidieron (y consiguieron) una orden judicial para detener la incineración del cuerpo que había organizado su viuda hasta que se le practicara la autopsia.

Según Canarias7, en las muestras del cuerpo que se tomaron en la autopsia, el Instituto Nacional de Toxicología ha hallado trazas de mercurio, cadmio y manganeso en concentraciones superiores a las habituales.

Mientras se averigua su procedencia y se dilucida si fue o no víctima de un homicidio, el juez instructor ha accedido a imponer a la viuda las medidas cautelares que le solicitaron las hijas del empresario, con apoyo de la Fiscalía. 

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la condena de siete años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife para un entrenador de baloncesto de un club de Tenerife por agredir sexualmente a una menor.

La sentencia, hecha pública este lunes, desestima el recurso de apelación del acusado y mantiene cinco años de presión por un delito de agresión sexual con prevalimiento de superioridad y otros dos años y medio por ciberacoso.

Igualmente la Sala mantiene una pena de nueve años sin poder comunicarse con la víctima y otros seis años de inhabilitación para trabajar con menores, siete años y medio de libertad vigilada y el abono de una indemnización en favor de la víctima por importe de 10.000 euros.

La sentencia considera como hechos probados que el hombre aprovechó su relación de jerarquía y confianza plena para iniciar en junio de 2021 conversaciones de WhatsApp con la menor, inicialmente circunscritas a temas deportivos pero después evolucionaron gradualmente hacia insinuaciones, propuestas y mensajes de contenido explícitamente sexual y pornográfico.

Así, el 21 de marzo de 2022, tras quedarse a solas al término de un entrenamiento en el polideportivo Las Delicias (Santa Cruz de Tenerife), el acusado condujo a la menor al vestuario y empezó a agredirla sexualmente hasta que recibió la llamada de su madre, quien acudió a recogerla y la sorprendió saliendo del baño junto al entrenador.

La Sala confirmó la validez de los mensajes pese a la negativa de la defensa y defendió que se evaluaran los dos delitos de forma autónoma e incidió en la gran diferencia de edad entre el entrenador (27 años) y la menor (14 años), aparte de su ascendencia sobre ella y la confianza que tenía de los padres.

Igualmente negó que hubiera contradicciones en el relato de la menor y descartó atenuantes en el caso.

Contra la sentencia aún cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Canarias ha vuelto a ser la comunidad con mayor tasa de rupturas matrimoniales de todo el Estado durante el segundo trimestre de 2026, con 57,9 demandas por cada 100.000 habitantes, por delante de Cantabria y la Comunidad Valenciana.

Según los datos que ha facilitado este lunes el Consejo General del Poder Judicial, los órganos judiciales del archipiélago registraron entre marzo y junio de este año un total de 1.307 demandas de separación, divorcio o nulidad matrimonial, lo que supone un incremento del 13,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior (1.150).

Así, entre abril y junio se presentaron 825 demandas de divorcio consensuado, un 15,5 por ciento más que en el segundo trimestre de 2025, cuando se registraron 714, según se desprende de un comunicado remitido por la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Por su parte, los divorcios no consensuados sumaron 445 demandas, frente a las 397 del mismo periodo del año anterior, lo que representa un aumento del 12,1 por ciento.

Las demandas de separación de mutuo acuerdo se mantuvieron en 28, la misma cifra que un año antes, al tiempo que las separaciones no consensuadas descendieron un 20 por ciento, al pasar de diez a ocho.

Asimismo, se presentó una demanda de nulidad matrimonial, al igual que en el segundo trimestre de 2025.

En cuanto a los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio, se registraron 272 demandas consensuadas, un 25,9 por ciento más que las 216 presentadas entre abril y junio de 2025.

En cambio, las demandas no consensuadas sumaron 457, frente a las 456 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento de apenas el 0,2 por ciento.

Los procedimientos consensuados sobre guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales menores o con discapacidad con medidas de apoyo de progenitores alcanzaron las 523 demandas, un 23,9 por ciento más que en el segundo trimestre de 2025, cuando se contabilizaron 422, mientras que los no consensuados aumentaron un 19,6 por ciento, al pasar de 362 a 433. 

La representación legal de Jennifer Brito, desahuciada el 13 de octubre por falta de pago de la vivienda donde residía junto a sus dos hijos menores en el barrio de Pedro Hidalgo de Las Palmas de Gran Canaria, ha recurrido la diligencia por la que se ejecutó el lanzamiento, cuya nulidad pide.

Así lo ha informado este sábado en un comunicado el movimiento vecinal Derecho al Techo, que ha denuncia que la solicitud de protección presentada antes del desalojo, un informe municipal que declaraba la vulnerabilidad de esta familia, “no recibió una respuesta específica”, por lo que pide “que se examinen las posibles consecuencias jurídicas de esta omisión”.

El recurso de reposición contra la diligencia de ordenación de 9 de octubre de 2026, dictada por la plaza nº 7 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, se ha presentado el 15 de octubre y cuestiona que la resolución judicial “se remitiera a un auto anterior, de 9 de septiembre, sin dar una respuesta específica a las nuevas solicitudes de protección presentadas los días 1 y 8 de octubre, al amparo del Real Decreto-ley 29/2026, publicado el 7 de octubre y en vigor desde el día 8”, el conocido como decreto Maricarmen.

“La solicitud de protección se presentó antes del lanzamiento y debía examinarse conforme al régimen jurídico invocado por la defensa. El recurso sostiene que era necesario determinar expresamente si concurrían los requisitos para aplicar las medidas previstas en la nueva normativa y si correspondía suspender provisionalmente el lanzamiento mientras el tribunal resolvía mediante auto”, expone Derecho al Techo en su nota.

Este movimiento recuerda que la afectada “se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad social, económica y residencial” y que, “según el informe municipal de 13 de octubre de 2026, la unidad familiar carecía de una alternativa habitacional conocida que garantizara su alojamiento inmediato”.

Como este informe se emitió después de la diligencia recurrida, la defensa de Jennifer solicita que “el informe y las demás constancias documentales se incorporen y valoren en el procedimiento”.

“No se trata de exigir que los tribunales dicten necesariamente una resolución favorable a las familias, sino de reclamar que sus peticiones sean examinadas conforme a la legislación aplicable y que se resuelvan de manera expresa y fundamentada, especialmente cuando está en juego la pérdida de la vivienda habitual de una familia con menores”, asevera el escrito de Derecho al Techo. 

El magistrado de guardia ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el joven que fue detenido en pleno robo a una joyería el pasado martes, en el Centro Comercial Las Arenas de la capital grancanaria.

Así lo adelantó a última hora el periódico La Provincia, donde señala que el joven, de 20 años, acumula dos decenas de antecedentes policiales, la mayoría por delitos contra el patrimonio.

La plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria atribuye al joven un presunto delito de robo con violencia en un establecimiento abierto al público.

El sospechoso fue detenido por vigilantes de seguridad durante el robo, cometido en la planta baja del centro comercial, en torno a las 21.30 horas, mientras que otros tres lograron huir en un coche, un Seat Arona de color blanco.

El momento en que los vigilantes atraparon a uno de los ladrones fue grabado y en las imágenes puede verse cómo el asaltante opone resistencia hasta que es reducido e inmovilizado en el suelo. En el vídeo, que ya circula por redes sociales, se ve cómo otro de los ladrones, encapuchado y vestido de negro, intenta en un primer momento acercarse, pero sale corriendo inmediatamente en dirección contraria, perseguido por otros vigilantes.

Además, la zona se ve llena de humo ya que, según las mismas fuentes, los ladrones accionaron un extintor para dificultar la visibilidad en su huida.

Quema de vehículos

El pasado jueves saltó la noticia de que varios coches habían sido incendiados durante la madrugada en la calle Aconcagua de Las Palmas de Gran Canaria. Según ha confirmado la Policía Nacional, entre ellos se encuentra el Seat Arona de color blanco con el que huyeron los atracadores de la joyería del Centro Comercial Las Arenas.