La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado por asesinato con alevosía al segundo acusado del conocido como crimen de Tabaiba, Antonio J., a quien impone 23 años de prisión y el pago solidario, junto con el otro condenado, José J., de 153.500 euros a los familiares de la víctima, un joven llamado Rubén.

No obstante, la defensa ya anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al considerar que el veredicto no está fundamentado, motivo por el que hace un año fue anulada la primera sentencia, que absolvía a Antonio J.

En el fallo se da por probada la autoría de este último basándose en las conclusiones del jurado popular, cuyos miembros consideraron que las imágenes en las que se le ve entrar en el apartamento de Tabaiba en el que ocurrió el crimen constituyen prueba suficiente de que participó en el asesinato.

No obstante, se descarta que Antonio J. actuara por motivos económicos o a cambio de droga, negocios en los que participaban el dueño del piso y presunto cerebro de la trama, Toño, y Rubén, enfrentados por una deuda de 100.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar sobre las seis de la tarde del 21 de febrero de 2023, martes de Carnaval, cuando los dos condenados, Toño y la víctima entraron en distintos momentos en el edificio para salir minutos después sin Rubén.

Pocas horas después apareció el cuerpo sin vida de Toño en un negocio que tenía en La Laguna.

El fallo hace suya la petición de penas solicitada por la Fiscalía y la acusación particular, mientras que la defensa pedía que la condena no superara los 15 años.

La nueva vista se extendió desde finales de junio hasta principios de julio en distintas sesiones en las que se repitieron, con muy pocas variaciones, los mismos testimonios y pruebas que en la anterior, celebrada un año antes.

Las versiones de lo ocurrido aquella tarde por parte de los condenados son radicalmente distintas. José J. se declaró inocente porque, según dijo, cuando oyó lo que estaban tramando prefirió salir del apartamento y, al volver, observó cómo Antonio J. colocaba una bolsa de plástico en la cabeza del cadáver.

Por su parte, Antonio J. aseguró que había sido engañado para ir a cobrar una deuda sin usar la violencia y que, cuando ocurrieron los hechos, estaba en el baño y oyó los golpes que, según su versión, José J., escondido en el pasillo, propinó a Rubén.

Al salir del edificio mantuvo una acalorada discusión con Toño observada por varios vecinos y que, en el anterior juicio, fue considerada por el jurado una prueba de su inocencia.

El Cabildo de Lanzarote, gobernado por Coalición Canaria y el Partido Popular, ha acordado contratar al abogado José Antonio Choclán para presentar una querella ante el Tribunal Supremo contra la expresidenta insular y diputada en el Congreso Dolores Corujo (PSOE). La corporación ha contratado los servicios del Bufete Choclán por 14.500 euros, más 1.015 euros de IGIC, al límite del importe máximo establecido por la ley para los contratos menores.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, anunció en Radio Lanzarote la querella contra Corujo después de que se conociera que la Fiscalía del Tribunal Supremo había archivado otra denuncia presentada por CC contra la socialista. Esta denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Arrecife por David Monte, director insular de Presidencia del Cabildo y abogado del senador nacionalista Pedro Sanginés. La denuncia fue remitida a los fiscales del alto tribunal, ya que Corujo está aforada ante el Supremo al ser diputada en el Congreso.

Los hechos que denunció Monte se remontan a 2020, cuando Corujo estaba al frente del Cabildo tras diez años de gobierno de Sanginés. El director insular trasladó al Ministerio Público unas supuestas irregularidades en la incorporación del exconsejero Juan Manuel Sosa al grupo de gobierno socialista. Según él, el objetivo habría sido garantizar la legislatura del PSOE y evitar una moción de censura de CC y el PP.

Tres letrados y ''numerosos procedimientos''

Para justificar la contratación del despacho madrileño, el Cabildo argumenta que su Asesoría Jurídica cuenta con tres letrados y un ''número de procedimientos'' desde 2012 de ''numerosos procedimientos''. Aunque el documento no aclara la cifra exacta, el Cabildo mantiene que ''la cantidad de procedimientos y la diversidad de materias hace imposible que desde la Asesoría Jurídica se tramiten todos y cada uno de ellos''. En esta línea, añaden que la especialización de las letradas no incluye el Derecho Penal.

José Antonio Choclán ya ha representado a otros políticos de Canarias. Entre ellos está incluso el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo (CC), que lo contrató para que lo defendiera en el caso Grúas, o la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Choclán también ha defendido a importantes empresarios de las islas, como el lanzaroteño Juan Francisco Rosa o Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas.

El abogado penalista defendió a Víctor de Aldama en el caso Ábalos, que se saldó con cuatro años y medio de prisión para él, 24 para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y 19 y medio para el exasesor Koldo García. Choclán también ha sido contratado por otros concoidos nombres como Julio Iglesias, Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Corinna Larsen.

Una ''persecución judicial''

En una nota de prensa, Dolores Corujo ha valorado que la contratación de Choclán ''no es más que un intento a la desesperada de Oswaldo Betancort'' de mantener viva una ''persecución judicial contra ella''. Además, rechaza que se utilicen fondos públicos ''con el único fin de inhabilitarla''.

Corujo ha recordado que la Fiscalía ha negado de manera tajante la existencia de indicios penales en la denuncia de David Monte, y recuerda que este fue contratado como director insular ''con un sueldo de más de 5.000 euros al mes''. ''Ahora, cuando se demuestra que las acusaciones contra mí carecían de cualquier fundamento, Oswaldo Betancort paga 15.500 euros a Choclán tan solo por la presentación de una querella contra mí, en una huida hacia adelante que tan solo pretende mantener viva una denuncia que carece de todo fundamento'', reprocha la socialista.

''Poco le importa el dinero público cuando dilapida más de cinco mil euros al mes en pagar al abogado CC en el Cabildo y contrata a Choclán, que tan solo por presentar la denuncia cobrará 15.500 euros'', asevera Corujo.

El exjuez Baltasar Garzón ha dicho este jueves que se está produciendo un fenómeno “muy peligroso” para toda la sociedad como es la casi desaparición del principio de presunción de inocencia y ha dicho que en algunos casos, cuando se llega al final del proceso judicial, se han laminado los derechos del afectado.

Garzón, que participa en la clausura del II Campus Internacional Ciudad de La Laguna, sobre la revitalización de la democracia y los derechos humanos, ha dicho a los periodistas que esto no afecta solo a la mujer del presidente Begoña Gómez o al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sino “a toda la sociedad”.

Ha preguntado a los informadores cómo se repara el daño causado a una persona a la que antes de ser condenado o absuelto se le ha destruido la vida y ha pedido que se respeten los tiempos judiciales.

El abogado experto en asuntos internacionales ha opinado que en la causa contra la mujer de Pedro Sánchez no ve, incluso ahora que ya está señalado un juicio con jurado popular, indicios de delitos.

Ha insistido en la necesidad de respetar los tiempos procesales y aunque ha defendido que se hable de ello e incluso se critique, hay que guardar unas fronteras “que creo que definitivamente se han perdido”.

“Y eso es muy peligroso porque puede suponer una especie de vaciamiento de la democracia que se convierte en formas pero no en contenidos” ha dicho el exjuez.

Sobre el caso del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Garzón ha afirmado que una serie de indicios pero una praxis procesal “bastante criticable” y ha lamentado el “laminamiento” que se ha producido hacia la figura del exjefe del Ejecutivo, que, ha reiterado, “está muerto civilmente pase lo que pase”.

Garzón han defendido que existe un 'lawfare' político, jurídico, económico y financiero y un 'lawfare' mediático y ha lamentado que se pueda utilizar el derecho con fines políticos.

“Yo lo sufrí hasta en tres procedimientos simultáneos: uno instrumental , el otro sin base jurídica y el tercero que fue parcial y arbitrario según el Comité de Derechos Humanos” ha concluido.

El posible perjuicio ocasionado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el denominado caso Valka, cifrado provisionalmente en 1,1 millones de euros, ha provocado que el juzgado que dirige la instrucción lo eleve a sumario, ya que las peticiones de pena que cabría plantear contra los investigados podrían superar los 12 años de prisión.

Según el auto dictado por el titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro, el procedimiento de diligencias previas que se seguía hasta la fecha “ya no se acomoda a la naturaleza y gravedad de los hechos que son objeto de investigación”.

El auto, remitido por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), expone que el resultado de la investigación llevada a cabo hasta el momento permite apreciar la existencia de un posible perjuicio superior a los 250.000 euros.

La pieza separada número 5 indaga sobre la compra de agua para riego por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre 2015 y 2022 a precios presuntamente inflados, por los que, entre otros, se investiga a la que fuera concejala socialista Inmaculada Medina, responsable del área de Parques y Jardines.

Los hechos sobre los que instruye Passaro son susceptibles de un delito continuado de malversación de caudales públicos agravado por perjuicio superior a 250.000 euros en concurso con un posible delito de falsedad de documento público, de prevaricación administrativa, de fraude a la Administración, de cohecho y de blanqueo de capitales.

Y es que, según expone el juez, de la investigación se puede afirmar de manera indiciaria que existe un “relevante desfase” entre el suministro realmente efectuado y el facturado, con un sobrecoste para el erario municipal que supera los 1,1 millones de euros.

Estos hechos, y los posibles delitos que se puedan imputar, pueden suponer penas de hasta 12 años de prisión, lo que excede objetivamente del ámbito del procedimiento abreviado.

Por ello, razona el magistrado, procede transformar estas diligencias previas en un sumario ordinario para continuar adelante conforme a las normas generales de dicho procedimiento, tal y como recoge la Ley de Enjuiciamiento criminal.

El Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado la nulidad de actuaciones interesada por las defensas en una causa abierta contra cuatro futbolistas profesionales españoles por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y distribución de pornografía infantil.

Se trata de la grabación de un acto sexual consentido en un club de playa del municipio de Mogán, en el sur de Gran Canaria, el 15 de junio de 2023 y la supuesta difusión de las imágenes de ese encuentro.

La resolución considera que no se ha acreditado la vulneración de derechos fundamentales alegada por las partes.

En un auto notificado hoy, jueves 30 de julio, la magistrada titular de la Plaza número 5 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria rechaza las pretensiones de nulidad formuladas por las defensas en la audiencia preliminar celebrada en audiencia pública el pasado 19 de mayo, relativas a la incautación policial de un teléfono móvil, a la declaración policial de uno de los encausados, a varios autos de instrucción y a la incorporación de determinadas diligencias de investigación obtenidas del volcado de dispositivos móviles.

La resolución subraya que, en el momento de la citación policial, el encausado que alega la nulidad tenía la condición de testigo y no existían sospechas previas sobre su posible participación en los hechos. Tras su declaración, pasó a ser investigado, al reconocer espontáneamente su intervención en la grabación del encuentro investigado.

El auto añade que la incautación del terminal móvil estaba justificada porque los teléfonos eran, a la vez, fuente de prueba e instrumento del delito, y porque existía riesgo de desaparición de los datos. La resolución destaca además que los investigados realizaron copias de seguridad y borraron contenido de sus cuentas antes de la detención, lo que refuerza la necesidad de la medida adoptada.

La defensa también cuestionó la validez de una grabación de WhatsApp incorporada al atestado. La magistrada rechaza esa nulidad al recordar la doctrina del Tribunal Supremo sobre la validez de las conversaciones grabadas por uno de los interlocutores, y señala que, en este caso, no aprecia lesión del derecho a no declarar contra sí mismo ni a no confesarse culpable.

Asimismo, analiza el alcance del perdón otorgado por las víctimas, pero precisa que su eficacia deberá valorarse en el momento procesal oportuno, tras la audiencia de las perjudicadas, al no operar de forma automática sobre todos los delitos investigados. Esto es, que sólo tras escuchar la declaración de las víctimas en el plenario y someterlas a contradicción, se podrá determinar si efectivamente y a todos los efectos legales, estas perdonan a los acusados.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las diligencias incoadas contra la secretaria insular del PSOE de Lanzarote y diputada por la provincia de Las Palmas, María Dolores Corujo, respecto a los pagos recibidos por el consejero Juan Manuel Sosa durante la etapa en que fue presidenta del Cabildo insular.

El PSOE de Lanzarote ha informado este miércoles en nota de prensa de que la Fiscalía concluye que los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal alguna.

Los socialistas consideran que esta decisión “desminte de plano al abogado de Coalición Canaria contratado por (el presidente actual del Cabildo de Lanzarote) Oswaldo Betancort como director insular para instrumentar una cacería judicial contra la líder socialista”.

Por su parte, Corujo ha manifestado su satisfacción por este archivo: “Desde el primer momento sostuve que se trataba de una denuncia política, de una cacería emprendida por Oswaldo Betancort con el único fin de tratar de inhabilitarme como candidata. Hoy, el Ministerio Fiscal me da la razón”.

“Como se recordará, en enero de 2026, Oswaldo Betancort nombró director insular de la Presidencia a David Montes, abogado del Grupo de Coalición Canaria en el Cabildo, a quien el 2 de febrero le encargó que estudiara el expediente de Juan Manuel Sosa”, señala la nota de los socialistas lanzaroteños.

Por su parte, Corujo ha añadido que 25 días después de ser incorporado al Cabildo, estaba presentada la denuncia contra ella, que hoy la Fiscalía del Supremo ha rechazado.

La secretaria insular del PSOE de Lanzarote ha anticipado que a lo largo de los próximos días dará a conocer las acciones que emprenderá “como consecuencia de esta denuncia falsa”.

“No podemos normalizar que se contrate por más de 5.000 euros al mes al abogado de Coalición Canaria para interponer denuncias falsas y tenerlo en los medios día sí y día también difundiendo falsedades como mi pretendida pero inexistente imputación. Ahora es el turno de nuestros abogados”, ha afeado.

“Ninguna nota de prensa devuelve cinco meses de sospecha sobre una persona y sobre su familia, seguida de continuos infundios y acusaciones en los medios de comunicación por el propio denunciante pagado por Oswaldo Betancort desde el Cabildo”, ha concluido Corujo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha impuesto una multa de 840 euros a un letrado por incluir en un recurso de apelación citas jurisprudenciales que no se correspondían con resoluciones reales o que no guardaban relación con las alegaciones formuladas. La Sala considera que esa actuación vulneró el deber de buena fe procesal y el respeto debido al tribunal.

Se trata del segundo caso de este tipo en lo que va de año en las Islas.

El tribunal aprecia que el escrito contenía referencias entrecomilladas, resaltadas en negrita y cursiva, atribuidas al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, que no pudieron verificarse en las bases de datos jurídicas consultadas. Según la resolución, no se trataba de simples errores materiales, sino de una fundamentación jurídica artificial que obligó a la Sala a realizar una comprobación detallada de las citas invocadas.

La resolución indica que el recurso se apoyaba en varias afirmaciones sobre supuestas omisiones de documentación policial y en doctrina jurisprudencial que, en realidad, no existía o no era aplicable al caso. Tras el análisis de la documental y del informe emitido por la responsable del Servicio de Documentación y Bibliotecas del TSJ de Canarias, la Sala concluye que el escrito contenía numerosas citas incorrectas o apócrifas, en concreto al menos 25 sentencias invocadas como jurisprudencia.

El tribunal subraya que la utilización de herramientas de inteligencia artificial no exime al profesional de revisar y verificar el contenido antes de presentarlo ante la Justicia. En este sentido, recuerda que la responsabilidad última del escrito corresponde al letrado firmante y que el uso de estas herramientas debe estar siempre sometido a supervisión humana.

Además de la multa, la Sala acuerda dar traslado de la resolución y de los antecedentes al Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote para que, en su caso, depure las responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponder.

La resolución señala que la sanción se adopta atendiendo a la gravedad de los hechos, la reiteración detectada, la negativa del letrado a admitir los hechos y pedir disculpas y la necesidad de preservar la confianza en el funcionamiento de la Administración de Justicia.

No es el primer caso detectado en Canarias en el que un abogado incluye en un recurso jurisprudencia inventada o presuntamente elaborada por inteligencia artificial. En el pasado febrero, la misma Sala del TSJC multó con 420 euros de sanción a un letrado por citar hasta 48 sentencia falsas sugeridas por Inteligencia Artificial.

Insólito episodio judicial en las Islas. El Supremo ha anulado una sentencia dictada en 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tras constatar que la Sala se había limitado a copiar y pegar “de forma acrítica y mecánica” los argumentos de una de las partes para darle la razón en un pleito sobre un contrato público de asistencia jurídica del Ayuntamiento de Pájara, municipio del sur de la isla de Fuerteventura. Los magistrados eludieron la exigencia constitucional de motivar de forma debida su decisión, concluye el alto tribunal español al resolver un recurso de casación para formar jurisprudencia.

En la resolución ahora anulada, el magistrado ponente, Francisco José Gómez Cáceres, justifica ese copia y pega ante “la brillantez, claridad y solidez” del escrito presentado por el despacho de abogados Montero Aramburu, uno de los bufetes que habían licitado por ese contrato en Pájara. Según este juez, la Sala había llegado a la “convicción firme, sin vacilación ni titubeo alguno”, de que lo mejor era hacer suyas, sin más, las conclusiones del bufete demandante. “Difícilmente podríamos exponer de modo tan sencillo las pegas y obstáculos que hacen legalmente inviable sostener la validez de la decisión que no sin cierto atrevimiento adoptó en su día el Ayuntamiento de Pájara”, recoge la sentencia.

“Sirvan aquí tales impecables consideraciones como instrumento mediante el que queda colmado a cabalidad el deber de motivación que sobre nosotros pesa”, expone el ponente antes de advertir de que, a partir de ese momento, reproducirá de manera íntegra los razonamientos del demandante: “Desde ahora corresponden al texto original las expresiones, vocablos, oraciones, párrafos, etc. destacados mediante el uso de la negrita”.

Lo que se discutía en ese pleito era la adjudicación en el año 2022 del contrato de asesoría jurídica del Ayuntamiento de Pájara, con un valor estimado de 1,2 millones de euros por tres años con opción a uno más. Tras algunos vaivenes motivados por recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, el Consistorio se lo había adjudicado a la UTE (Unión Temporal de Empresas) local Abogados Travieso, Gutiérrez y Cabrera.

El conocido bufete Montero-Aramburu recurrió esa adjudicación por lo que consideraba un incumplimiento formal de su competidora, que por una imposibilidad técnica subió las copias de las requeridas 140 resoluciones judiciales favorables a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Pájara y no donde, según las bases, debía hacerlo: la Plataforma de Contratación del Sector Público. El tribunal de contratos desestimó el recurso de Montero-Aramburu porque entendía que debía primar el fondo (la entrega de las resoluciones) sobre la forma, pero el TSJC sí dio la razón a este bufete reproduciendo íntegramente los argumentos recogidos en el escrito de alegaciones.

Esa sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario -conformada por el magistrado ponente, el mencionado Gómez Cáceres, junto a Jaime Borrás e Inmaculada Rodríguez Falcón- fue recurrida por la UTE perjudicada, que no se resignó a perder el contrato y elevó el caso al Supremo. Sostenía, entre otras razones, que se había vulnerado la exigencia constitucional de motivar las resoluciones al limitarse a asumir los argumentos expuestos por la parte contraria.

La respuesta del Supremo ha sido demoledora. En una sentencia fechada el pasado 29 de junio y que tiene a María Alicia Millán como ponente, el alto tribunal español califica la actuación del TSJC de “singular anomalía”. “El deber de motivación exige que el órgano judicial fundamente su decisión en razones propias, sin que pueda erigir en único soporte argumental las alegaciones de una de las partes”, explica.

No basta, continúa el Supremo, con una “mera adhesión formal o acrítica” a la tesis defendida por una de las partes. El tribunal canario no sólo debió explicitar por qué los argumentos del despacho de abogados Montero Aramburu se consideraban “jurídicamente correctos y adecuados para la resolución de la controversia”, sino también tenía que haber justificado “de manera expresa” el rechazo a las consideraciones de la otra parte.

Para la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Supremo, escudarse en la pretendida calidad técnica del recurso asumido no suple la exigencia constitucional. La sentencia recuerda que la jurisprudencia admite la “motivación por remisión” a otros escritos, pero siempre sobre resoluciones judiciales anteriores, no sobre un escrito de parte.

El alto tribunal considera que, al haber reproducido de manera mecánica las alegaciones del demandante, el TSJC no sólo comprometió el deber de motivación impuesto por la Constitución Española, sino que también “proyectó dudas” sobre la apariencia de imparcialidad del juez, “en la medida en que la resolución se presenta como una simple traslación de la posición de parte y no como el resultado de un proceso intelectivo propio, objetivo y jurídicamente fundamentado”.

La insólita práctica del tribunal canario constituye “una motivación aparente o formal, vacía de contenido jurisdiccional efectivo” que desnaturaliza la labor de los jueces y juezas, redunda el Supremo en su fallo.

Expediente en el Poder Judicial

En esta reciente sentencia, el Supremo no sólo estima el recurso, anula la resolución del TSJC y devuelve las actuaciones para que dicte un nuevo fallo motivado, sino que, además, remite testimonio al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “a los efectos oportunos”.

Alude, en concreto, al artículo 417.15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que califica de falta muy grave “la absoluta y manifiesta falta de motivación de las resoluciones judiciales que la precisen, siempre que dicha falta haya sido apreciada en resolución judicial firme”. Las faltas muy graves cometidas por jueces y magistrados se castigan con suspensión, traslado forzoso o separación de la carrera judicial.

Fuentes oficiales del órgano de gobierno de los jueces han confirmado a este periódico que, a raíz de esa comunicación del Supremo, se ha abierto la preceptiva diligencia informativa, el cauce legal para analizar si existe infracción disciplinaria y determinar, en su caso, la apertura de un expediente sancionador.

Según fuentes consultadas por este periódico, la UTE local adjudicataria del contrato prestó el servicio de asistencia jurídica al Ayuntamiento de Pájara durante cuatro años, un plazo que ya ha finalizado. Por tanto, lo que está en juego ahora es una posible reclamación del despacho Montero Aramburu por los beneficios que habría dejado de percibir.

Su reputación de persona dialogante y amigo de la conversación larga y distendida la demuestra Juan Avello ante cualquier circunstancia, incluida una entrevista periodística. Él mismo lo reconoce ante la primera de sus respuestas. Quizás sean esas dos cualidades algunas de las que le han ayudado a llegar a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras una etapa como decano de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. Pero por mucho que hable no se moja en los asuntos espinosos, como la crisis reputacional que vive la justicia en España: prefiere hablar de lo que él cree que interesa a la ciudadanía aunque una de esas preocupaciones -reconoce- sea la independencia judicial.

Vaya momento más oportuno para ponerse a presidir un tribunal superior, con buena parte de la ciudadanía mostrando abiertamente su desconfianza en el Poder Judicial.

Buena pregunta inicial. A mí me gusta más simplificar las cosas. Las noticias en relación a tribunales son un porcentaje ínfimo de lo que de verdad día a día hace la justicia. Yo estuve en el anterior destino, fui decano [de Las Palmas de Gran Canaria], y me movía mucho por el edificio. El 99% de la Justicia es el señor que recurre la denegación de una prestación de la Seguridad Social, el señor que recurre una denegación de una licencia para abrir un establecimiento, el que recurre porque no le indemnizan por un accidente de tráfico o una cláusula abusiva. Ese es el día a día de la justicia y el porcentaje más elevado. La otra parte tiene su importancia, o le damos mayor importancia de la que puede que tenga. Lo que de verdad le interesa al ciudadano es que cuando su juicio le toque, vaya lo antes posible. Las estadísticas de satisfacción de los ciudadanos con la justicia son francamente favorables. A mi juicio, cuando hay casi un 55 o un 60% de personas que dicen estar satisfechas con la justicia, me parece prácticamente milagroso.

Yo creo que el presidente del TSJ tiene que cumplir su función institucional, su función de defensa de la independencia judicial, porque es un medio para garantizar el prestigio de la justicia en beneficio siempre de la ciudadanía. Que un ciudadano confíe en la justicia es muy importante para la justicia y para él, y para el Estado de Derecho también. Que no es una cosa que la tengamos dada y que pueda ser siempre y en todo momento. Hay que defenderla y hay que concienciar a los ciudadanos, a los periodistas, a los jueces.

Asumir esta presidencia es automáticamente asumir también la de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Que en el caso concreto de Canarias tiene una ventaja: que no hay aforados. ¿Cree que esto debería ser así en todas las comunidades autónomas, incluso en el ámbito estatal, y nos ahorraríamos muchos disgustos?

Aquí el legislador canario, en sus competencias, modificó el estatuto y suprimió los aforamientos. Es una decisión del legislador. Se quitó y no pasó realmente nada. No le veo mayor trascendencia. Yo creo que independientemente de que te juzgue un tribunal u otro, esas son las reglas del juego. Está establecido previamente, lo importante es que te juzgue un tribunal imparcial. Y que tenga la apariencia de imparcialidad y que una vez que te juzgue se puedan interponer recursos pertinentes si la legislación lo permite.

Aquí se suprimieron los aforamientos ¿y realmente cambió algo, pasó algo o modificó en algo la vida de los ciudadanos? A mí me da la sensación de que a los ciudadanos no les importa mucho. Si me dice, ¿quitaría usted los aforamientos? Pues sí o no los quitaría.

Que decidan ellos. Lo que sí garantizaría es que todo el mundo tuviera los mismos derechos y que las garantías procesales se respeten, como no puede ser de otra manera. Y gracias a Dios estamos también en un ámbito de la Unión Europea, con unas garantías y unos estándares mínimos que tenemos que cumplir.

Este respeto que usted muestra por una decisión legislativa, como ha sido la supresión de los aforamientos, sin embargo no está muy generalizado en su gremio. Hemos asistido a protestas, incluso aquí, de gente con toga y con puñetas en la puerta de los juzgados, protestando contra decisiones legislativas. ¿Por qué esa prudencia que usted demuestra no está más generalizada?

Las generalizaciones no suelen ser buenas. Yo creo que no suelen ser frecuentes las concentraciones de jueces y en algunas ocasiones podemos buscar también el ejemplo de los jueces polacos. Cuando el Poder Legislativo adoptaba decisiones que, a juicio de los jueces polacos, eran atentatorias contra los principios generales o contra los principios de separación de poderes o de la independencia judicial, nadie se sorprendió de que fueran todas las semanas a manifestarse en el Parlamento Europeo. Yo creo que los jueces tenemos también libertad de expresión y podemos manifestarnos con total y absoluto respeto, que yo creo que esa es la gran línea divisoria.

Los jueces no podemos estar sindicados, entonces es decisión personal de cada uno. Es importante pensar que los jueces no se manifiestan en contra de un concreto partido político, ni un gobierno, ni nada, ni en su beneficio tampoco, porque encima tampoco nos manifestábamos para que nos subieran el sueldo, sino que nos manifestábamos porque pensábamos, o el que se manifestó, porque esto es una decisión individual y personal de cada uno, que alguna decisión ponía en peligro el beneficio de los ciudadanos y el beneficio del sistema de garantías que tenemos.

Ayer hizo mención expresa y con mucha elegancia y agradecimiento a su antecesor. Sin embargo, su antecesor no estaba, ¿qué le pasó?

Es un tema personal. Yo lo que le puedo decir es que por mi parte, lo lógico y evidente, e hice una mención a su extraordinario trabajo.

¿Pero lo cree así?

Claro, si no, no lo diría. No era una cláusula de estilo, ni un formalismo, lo dije sinceramente y de corazón.

¿Pero le justificó su ausencia de algún modo o no apareció directamente?

No puedo contestar porque yo respondo por lo que yo hago y respondo por lo que yo sé. Yo trabajé con él durante cinco años que fui decano exclusivo y fue miembro de Sala de Gobierno y tengo el mejor de los conceptos [de Juan Luis Lorenzo Bragado]. Además, desde un punto de vista institucional jamás diré nada malo de ningún compañero. Y aparte, porque no tengo motivo. El que haya venido o no haya venido creo que es también una anécdota, es decisión personal de cada uno, asistir o no asistir, yo ahí no puedo entrar ni puedo explicar, respondo por mí. Lo que sí digo es que si dentro de cinco años el consejo que en su momento esté decide que yo no soy o que puede haber un compañero mejor, yo sí iré a la toma de posesión del próximo.

La elección de Gloria Poyatos como madrina junto a su padre en el acto de su toma de posesión, ¿es un gesto de bienqueda, una demostración de la capacidad que tiene usted para las relaciones públicas o que está usted verdaderamente convencido de que se puede hablar con cualquiera, como dijo, y llegar a acuerdos?

Lo dije en el discurso también. Es una decisión tomada con el corazón y con la cabeza. El corazón está de más que yo diga que Gloria es extraordinaria en todos los sentidos, como profesional y como persona, y por lo tanto, ¿qué problema hay? Si es una extraordinaria persona, una extraordinaria compañera, una extraordinaria profesional, qué suerte tengo de que haya sido mi madrina, eso es lo primero. Segundo, que se puede ver o entender, bueno no tengo problema tampoco en que sea, ¿qué porcentaje hay de la carrera judicial que son mujeres? ¿Cómo no va a haber una compañera acompañándome? Mi padre [el magistrado Ramón Avello, que ejerce en Asturias], lo teníamos claro y no había discusión, pero me llevo bien con Gloria, le tengo la mejor de las estimas, es una persona comprometida, buena, cariñosa, responsable. Todo lo que pueda decir es bueno. ¿Que es progresista? Perfecto, fenomenal. Cuando hablo con Gloria de temas de conciliación, ¿cómo no me voy a poner de acuerdo con ella? Si es que tiene razón, si es que es de sentido común, si es que vamos por ahí, ¿qué más da? Que dicen que yo soy conservador, bueno, pero las mujeres tendrán derecho a su pensión y a sus días de descanso y a su paternidad y a su maternidad, en fin, las cosas que antes no había. Si yo estoy de acuerdo con Gloria en todo, ¿será porque ella es progresista? Será.

Juan Avello Formoso (Oviedo, 1975) asume la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avalado por un sólido consenso en la judicatura y tras casi dos décadas de ejercicio en Gran Canaria. El hasta ahora juez decano de Las Palmas toma el timón del alto tribunal autonómico con una visión clara: la necesidad imperiosa de modernizar la Administración de Justicia, reclamar los refuerzos que el sistema pide a gritos y situar a la persona “en el centro” del proceso.

El reto que tiene sobre la mesa es titánico. El Archipiélago lidera desde hace siete años las tasas de litigiosidad en España, con juzgados sobrecargados y atascos históricos, como los miles de expedientes de extranjería que colapsan Tenerife. En esta entrevista, Avello aborda los males endémicos de la justicia en las Islas y también sus fortalezas, analiza las deficiencias tecnológicas y de infraestructuras, reflexiona sobre la lacra de la violencia machista y advierte de que los jueces están sosteniendo el servicio público a costa de su propia salud.

Canarias encadena siete años como la comunidad con mayor litigiosidad de España, ¿qué explica mejor el dato: una sociedad conflictiva, una economía más frágil y dependiente del turismo o una administración que resuelve sus problemas en los tribunales?

Las tres. Hay un libro muy bueno, ‘La factura de la injusticia’, que trata un tema que me interesa, porque creo que realmente al final vamos a tener que ir por ahí. Que funcione bien la justicia es muy importante para la economía. Este libro, de (Juan S.) Mora-Sanguinetti, analiza los factores que inciden en la sobrelitigiosidad. Y son los que dice usted.

Primero, el tipo de actividad económica preponderante. En Navarra, por poner un ejemplo, en zonas altamente industrializadas la litigiosidad es menor, porque para construir una central termoeléctrica se hacen unos contratos del carajo y eso genera menos litigios que el sector servicios.

Después está la población estacional o la población flotante, los turistas que vienen. Aquí la forma de calcular el índice de litigiosidad es: número de procedimientos por número de habitantes. Aquí los 15 millones de personas que vienen aquí, esos algún pleito tendrán, pueden plantear procedimientos, pero no se tienen en cuenta para calcular la media.

Y después, la calidad legislativa. Son los tres factores que tocó usted. La calidad legislativa genera litigios. Si tú haces una ley que no está clara, eso incide también en la litigiosidad. Son los tres factores. ¿Cuál es preponderante aquí, en Canarias? Yo creo que el sector al que se dedica Canarias (el turismo) incide en el índice de litigiosidad, pero eso daría mucho para hablar. (Canarias) también tiene el mayor índice de litigiosidad en la jurisdicción social y los visitantes tampoco se contratan aquí o no vienen a trabajar. Entonces, es una explicación posible y añadida a muchas más cosas, pero eso es para estudiarlo.

Según la última memoria del TSJC, los jueces y juezas canarias son los que dictan más sentencias. ¿Esto es una señal de eficiencia o de una sobrecarga extrema y crónica?

Es un ejemplo magnífico de la responsabilidad de los jueces. Si tú tienes que trabajar un 120% del módulo y estás a 350, es indudable que te está suponiendo un esfuerzo físico y psíquico. Ser juez es muy difícil y yo lo sufrí en mis carnes cuando ejercía la función jurisdiccional con esa responsabilidad que tienes de que sacar el trabajo, porque depende una persona de eso. Tienes que tener, primero, una capacidad resolutiva tremenda, una capacidad de trabajo tremenda y una dedicación mañana, tarde y noche muchas veces. Por tanto, reconocimiento total y absoluto a todas las funciones, a todo el trabajo que hacen todos los jueces de Canarias.

Segundo, pues algo hay que no cuadra, ¿no? Si la previsión de tu trabajo máximo es 120 y estás en 350, está claro que hay algo. Si a usted su jefe le dice que tiene que hacer un reportaje al día y está haciendo diez, pues hay algo que no cuadra, ¿verdad? Los diez reportajes seguro que no son igual de buenos que hacer un reportaje.

Cuando los jueces pedimos algo, nunca pedimos para nosotros, pedimos porque estamos convencidos de que es mejor para el servicio público. Cuando un barco está a punto de hundirse o tiene una vía de agua, ¿qué se puede hacer? Uno, intentar evitar que entre más agua: mediación, más unificación, las cosas que podamos hacer. O dos, sacar más agua: más plazas, más jueces, porque toda la idea de los tribunales de instancia gira un poco en torno a eso. Es decir, que para crear más plazas de juez no sea necesario crear nuevos juzgados con un juez, un secretario, diez funcionarios, el espacio… ¿Qué es lo que hace falta? Pues si un juez está poniendo 700, 800 sentencias al año, por lo menos que haya otro más y que sean 400.

Canarias, además de ser la comunidad autónoma con mayor litigiosidad, fue también la comunidad que más resoluciones dictó. O sea, interpretándolo y traduciéndolo, donde los jueces trabajamos más. Y además, el índice de confirmación de las sentencias dictadas en primera instancia es superior a la media nacional.

¿Y cómo se traduce eso en la salud de los miembros de la judicatura? ¿Están quemados los jueces y las juezas de Canarias?

Generalizar no es bueno. Están comprometidos con su trabajo y son responsables y lo hacen lo mejor que se puede. Y eso, siempre que tenga yo oportunidad, tanto con los periodistas, como en cualquier acto, el compromiso de esta presidencia es reconocer siempre el gran trabajo que hacen los jueces, porque es el gran capital humano que tenemos y porque a costa muchas veces de su salud trabajan en beneficio de los ciudadanos, por la responsabilidad, el compromiso, la forma de ser que tienen los jueces.

Los jueces tenemos cosas de deformación profesional. Yo lo vi en casa. Y tenemos responsabilidad y es un trabajo importante, entonces lo haces con todo el esfuerzo que supone, pero la teoría es que no debería de ser así, pero no por nosotros, que también, sino por la calidad del trabajo que se hace. Podrás hacer mejores sentencias y podrás dar una mejor respuesta a los ciudadanos si el trabajo es razonable y lo puedes hacer bien.

En su toma de posesión dijo que aspiraba a una revolución en la justicia para situar a la persona en el centro. ¿Cómo se materializa esto? ¿Qué cambios puede notar la ciudadanía?

Hay una cosa de todos esos números que estuvimos antes hablando: el mayor índice de litigiosidad, la mayor capacidad resolutiva, el mayor índice de confirmación… En los últimos años siempre se han obtenido por órganos judiciales en Canarias premios de calidad.

El Decanato de Las Palmas de Gran Canaria, cuando era decano Óscar (González Prieto), recibió un premio de la calidad de la justicia. El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, con Tomás (Martín), es pionero, una auténtica referencia a nivel internacional y una maravilla. El programa de atención a las personas con discapacidad del partido judicial de Arrecife también recibió por implementación de nuevas técnicas de gestión. Y recientemente, el protocolo de atención a sanitarios agredidos.

Se hacen las cosas bien, a pesar del trabajo que hay. A lo mejor, precisamente por eso. Poner al ciudadano en el centro de todo parece un eslogan, pero es que es verdad, es que es así, es que no puede ser de otra manera.

Ahora que habla del juzgado pionero de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en Las Palmas de Gran Canaria, ¿se trasladará ese modelo a otros partidos judiciales?

Sí, además la ley orgánica así lo prevé. Y en aquellos partidos judiciales en los que sea posible, se hará. Cuando vas a ese juzgado y ves a las víctimas menores de edad, ves que hay algo digno y si hay algo por lo que de verdad se puede luchar es por la infancia, porque es el futuro de todos nosotros. Si van allí y ven cómo es y cómo se trabaja allí y ven desgraciadamente cómo es en otros sitios, pues se dan cuenta de eso, cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de que eso es mucho mejor.

El sistema de gestión procesal Atlante sigue dando problemas. Hace unas semanas, la Sala de Gobierno del TSJC denunciaba una nueva oleada de incidencias que había paralizado la actividad judicial. ¿Hasta qué punto esta inestabilidad está afectando a los plazos procesales? ¿Hay solución?

Entiendo que el trabajo de los demás es muy complicado. Yo personalmente no soy técnico ni informático y no sé, pero soy respetuoso con el trabajo que hacen los demás. El sistema de gestión procesal Atlante es de los mejores que hay en España, y como cualquier sistema puede fallar, todo el mundo puede cometer algún error. Cuando se detecta el problema, lo importante es resolverlo en un plazo de tiempo razonable. Yo estoy convencido que los responsables de Atlante, de la comunidad autónoma, de la Dirección General (de Relaciones con la Administración de Justicia), desde que surgió el problema lo detectaron e hicieron todo lo posible por resolverlo.

Es su trabajo y su responsabilidad, y yo estoy convencido que tenemos a los mejores profesionales, que tenemos a los mejores encargados del sistema informático, el sistema de gestión procesal en Atlante falló exclusivamente en la provincia de Las Palmas. Tenerife no tuvo incidencias. Personalmente creo que un sistema de gestión procesal correcto. Cuando se estropea, pues genera disfunciones, claro, pues imagínese un hospital si se va a la luz,

Esperemos que no vuelva a pasar, yo estoy convencido que se adoptaron las medidas necesarias, porque igual que nosotros estamos allí, la comunidad autónoma es la competente y estaban muy preocupados, y me consta que estaban muy preocupados, pues se hizo todo lo posible. Esperemos que no vuelva a pasar y que cuando pase se solucione lo antes posible, pero que falle el ordenador desgraciadamente entra dentro de lo posible.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso de Santa Cruz de Tenerife arrastra miles de recursos de extranjería. La memoria del TSJC señala que, al ritmo actual, se tardaría nueve años en resolver todos. ¿Qué medidas concretas propone más allá de pedir recursos al Ministerio, que ya lo ha denegado hasta en cuatro ocasiones?

Lo primero y más importante: tengo que ir a Tenerife cuanto antes. A Tenerife y a todas las islas y a todos los partidos judiciales. Es imposible trabajar si no conoces a las personas. Hay que poner nombres, caras. El problema de Tenerife habrá primero que analizarlo. Hay que sacar el agua, como dijimos antes, y eso pasa necesariamente por dotarlo de más personas. Poca solución más hay. Por tanto, primero identificar el problema. Segundo, hay que pedir y hay que exigir y conseguir los refuerzos necesarios para que puedan sacar ese procedimiento y después, aprendiendo de cara al futuro, intentar que no vuelva a pasar. Intentar que antes de que se genere esa bolsa de procedimientos, tengamos mecanismos para detectar y adelantarnos a ese problema

Canarias tiene la cuarta tasa más alta de mujeres víctimas de violencia machista. ¿Qué refuerzos específicos necesitan los juzgados de violencia sobre la mujer para responder mejor?

Lo mejor sería que no hicieran falta, que no hubiera víctimas. Lo más importante, a mi juicio, es la educación. Me sorprendió muchísimo hace cuatro meses que fuimos a un instituto en el marco del programa Educando en Justicia. Se hace una especie de simulación de juicio.Y era un caso de un chico y una chica que eran pareja y se habían hecho alguna foto íntima, se la habían mandado al novio y el novio las había difundido. Entonces, cuando celebras el simulacro de juicio, se plantean dudas. Y varios preguntaron: Oye, mira, si la foto es mía, ¿puedo hacer con ella lo que quiera? Y no, no puedes hacer con ella lo que quieras, que es otra persona, que es su intimidad. Entonces, vamos a ver si el problema está en chavales de 15 años que piensan que pueden difundir esas fotos. O que le pueden mirar el móvil a su novia.

Para mí, esa sí que es la medida de verdad. Llevamos veintitantos años con la ley y no somos capaces de disminuir el número de víctimas. Vamos a adelantar, vamos a anticipar, que el juzgado entre en funcionamiento ya es un fracaso. Pero es verdad que, desgraciadamente, tiene que seguir existiendo.

Si en todos los juzgados es importante la instalación o el medio donde se desarrolla la función jurisdiccional, en los juzgados de violencia sobre la mujer todavía más, porque hay una víctima, porque lo pasan mal, porque el entorno facilita mucho tu tránsito por ahí.

Claro, otra vez en comparación, ¿cómo funcionan aquí en Las Palmas? Pues con sus cosas mejorables, como todo, pero si lo comparas con Tenerife… El máximo o lo ideal lo tenemos, pues vamos a intentar conseguirlo. Si lo tenemos aquí en Las Palmas, pues en Tenerife seguro que lo conseguimos. Empujando todos en la misma dirección.

Y después, ahora los juzgados tienen nuevas competencias, pues habrá que mirar a ver cómo van los números y reforzar las plantillas, formar a los funcionarios que trabajan en esa jurisdicción. Es una jurisdicción especializada y hay que recibir formación.

¿Cuál es la necesidad más acuciante de renovación de infraestructuras, de la planta judicial?

La planta, los edificios, son muy importantes. El ejemplo nos lo da aquí Las Palmas de Gran Canaria. Disponemos del mejor edificio judicial de España. Al menos, de los que conozco.

Con diferencia es el mejor. Eso se manifestó en que aquí fue mucho más fácil que en otros sitios implantar los tribunales de instancia.

Tenemos el partido judicial de Puerto del Rosario. Tiene tres sedes. Hay que unificarlas. Es urgente y necesario. Santa Cruz de Tenerife tendremos que afrontarlo también. Hay que resolver ese problema. Poco a poco, con paciencia. Yo cuento con la máxima colaboración porque siempre me dieron muestras de ello y siempre fueron extraordinariamente eficaces y eficientes, por lo menos en mi experiencia en el tribunal de instancia de Las Palmas.

La comunidad autónoma sabe cuáles son sus responsabilidades, sabe que tiene competencias en esa materia y sabe que nosotros estamos aquí para ayudar y tirar en la misma dirección e intentar buscar la solución. Esto es economía familiar. También a todo el mundo le gustaría tener un Mercedes, pero si no llegamos al Mercedes y hay que ir en guagua, se va en guagua, pero vamos a intentar organizarnos y con las posibilidades que haya y con la buena disposición y voluntad de la administración con competencias en materia de justicia, pues seguro que se soluciona todo.

El magistrado Juan Avello Formoso tomó este jueves posesión como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un acto celebrado en la sede del alto tribunal en Las Palmas de Gran Canaria y encabezado por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló.

Durante su intervención, Avello definió el inicio de su mandato como “un día de compromiso institucional” y aseguró que recibe el nombramiento “no como un reconocimiento personal, sino como una llamada al deber y al compromiso”. Asimismo, expresó su agradecimiento al Consejo General del Poder Judicial por la confianza depositada en él y afirmó asumir la Presidencia con “ilusión, rigor, cercanía y entrega al servicio de la Justicia”.

El nuevo presidente estructuró su discurso en torno a cuatro compromisos que, según explicó, marcarán su actuación al frente del TSJC: la ciudadanía canaria, el Poder Judicial, los profesionales de la Administración de Justicia y los operadores jurídicos.

En primer lugar, reivindicó que el principal destinatario del trabajo de la Justicia son los ciudadanos. Tras reconocer la labor desarrollada por su antecesor, Juan Luis Lorenzo Bragado, señaló que recibe “un Tribunal Superior más moderno y mejor organizado” y expresó su voluntad de continuar avanzando desde la colaboración institucional.

En este contexto, defendió una Justicia centrada en las personas. “No debemos nunca olvidar que trabajamos con y para personas; en una justicia dominada por las estadísticas, módulos, tasas de pendencia, eficiencia o automatización, aspiro a que la próxima gran revolución en la Justicia sea volver a poner en el centro de todo a las personas”, afirmó.

Avello también tendió la mano a la Administración de la Comunidad Autónoma para seguir mejorando el servicio público de Justicia, subrayando que “invertir en Justicia es invertir en libertad y en progreso económico” y ofreciendo una colaboración “leal” para alcanzar ese objetivo común.

En relación con su compromiso con el Poder Judicial, reivindicó la independencia judicial como una garantía de los derechos de los ciudadanos y no como un privilegio corporativo. “Desde esta Presidencia defenderé con serenidad, pero también con firmeza, la autonomía del Poder Judicial, el respeto a las resoluciones judiciales y la dignidad de quienes ejercen diariamente la función jurisdiccional”, manifestó.

Trabajo colectivo

Asimismo, destacó la importancia del trabajo colectivo dentro de la organización judicial y aseguró que mejorar las condiciones en las que desempeñan su labor jueces y magistrados redunda directamente en una mejor tutela judicial para la ciudadanía.

El nuevo presidente dedicó también una parte significativa de su intervención a reconocer el trabajo diario de fiscales, letrados de la Administración de Justicia, médicos forenses, funcionarios, equipos técnicos y personal de apoyo, agradeciendo especialmente la profesionalidad de quienes le han acompañado durante sus años al frente del Juzgado de Primera Instancia número 2 y posteriormente del Decanato de Las Palmas de Gran Canaria.

Su cuarto compromiso estuvo dirigido a los operadores jurídicos —abogados, procuradores y graduados sociales—, a quienes ofreció “escucha, diálogo y colaboración”, recordando que “el buen funcionamiento de la Justicia no es solo responsabilidad de los jueces, es responsabilidad de todos y de todas” y que “la Justicia está llamada a escuchar y está obligada a explicarse”.

En la parte final de su discurso, Avello tuvo palabras de agradecimiento para sus padres, su esposa e hijos, así como un emocionado recuerdo para el magistrado César García Otero, fallecido recientemente, antes de concluir expresando su deseo de desempeñar el cargo con la misma vocación de servicio que ha guiado toda su trayectoria profesional.

El acto contó con la asistencia de los vocales del Consejo General del Poder Judicial Inés Herreros Hernández y José Antonio Montero Fernández; del secretario general del CGPJ, Miguel Hernández Serna; del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto; del viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez Santos; de la diputada del Común, Dolores Padrón; del presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Carlos Millán; del vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos; de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, así como de representantes de la judicatura, la fiscalía y los distintos operadores jurídicos del Archipiélago.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado una condena al Servicio Canario de la Salud (SCS) por la muerte de una enfermera de 51 años en el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria con cuatro litros de líquido en las cavidades pleurales, e impone una indemnización que suma más de 745.000 euros.

La sentencia remitida por el bufete Henríquez y Carnero Abogados, encargado de la defensa legal de los demandantes, se basa en la doctrina del “daño desproporcionado” para justificar su decisión, ya que las circunstancias en que se produjo la muerte eran incompatibles con la evolución clínica que se esperaba.

En ese sentido, razona que el tratamiento o la técnica quirúrgica empleada en este caso falló sin que los profesionales sanitarios sepan dar una hipótesis alternativa de lo sucedido que sea solvente.

La víctima, una mujer de 51 años con enfermedad de Crohn, fue intervenida quirúrgicamente en el hospital público antes citado en enero de 2022 y como parte del tratamiento, se le implantó un catéter venoso central de inserción periférica para administrarle nutrición parenteral.

Si bien este tratamiento terminó causándole una lesión que hizo que esa nutrición administrada terminara acumulándose en las cavidades pleurales de la paciente, lo que causó su progresiva asfixia, tal y como concluye la sentencia, que ha devenido firme.

El TSJC razona que frente a las pruebas presentadas por la parte de la familia de la víctima, con informes periciales “contundentes”, lo que ha hecho la administración ha sido presentar sus conclusiones en informes documentados en notas clínicas.

Y ha insistido en que la administración, en su recurso, sigue sin probar suficientemente las causas del daño y no ha explicado de manera racional por qué se produjo la muerte de la paciente, fuera por acumulación de linfa o de nutrición parenteral.

“No podemos aceptar como explicación que no se lo explican los propios médicos”, ha concluido la resolución judicial.

Es por todo ello que confirma una indemnización principal de 659.387 euros, además de los intereses legales devengados desde la reclamación administrativa presentada por la familia el 18 de enero de 2023, lo que eleva la cantidad total a percibir por encima de los 745.000 euros.

En su recurso, la administración advirtió una errónea valoración de la prueba en la sentencia de primera instancia dictada por la Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Contencioso-administrativo) cuando señaló que no existe prueba de laboratorio del líquido en los pulmones para determinar si era linfa o nutrición parenteral.

Según la sanidad canaria, sí se llevó a cabo un análisis bioquímico del líquido extraído a la paciente, el cual vendría a demostrar con datos científicos que sí es linfa.

Pero entiende el TSJC que, de existir error en la sentencia, sería “irrelevante” de todas maneras, ya que se está condenando por daño desproporcionado.

En cualquier caso, la resolución, cuya ponente fue la magistrada Inmaculada Rodríguez Falcón, considera que el motivo de impugnación “no es del todo exacto”, ya que el análisis bioquímico consta sólo a través de una nota clínica de los doctores de guardia, que no puede considerarse un informe como tal.

El Tribunal Supremo ha rechazado anular la sanción de 15.001 euros impuesta por la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife a un establecimiento ubicado en la plaza de España y de La Candelaria porque la música habría superado el nivel permitido durante la celebración de la noche de Reyes de 2023.

El propietario del local, Airam Afonso, y sus abogados sostienen que no existieron pruebas objetivas de la infracción y denuncian que la sanción impidió acceder a un recurso de apelación, porque el importe debe ser superior a los 30.000 euros.

El empresario también lamenta que el fallo no aborde las “graves irregularidades”, que se según él, se pusieron en evidencia durante la tramitación del expediente sancionador.

Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo en mayo de 2023 reafirmó la multa y descartó suspender de forma temporal el pago, lo que luego fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y ahora por el Supremo.

Afonso y sus abogados siempre han estado en desacuerdo con la multa dado que en el expediente no se especifica si se superó el aforo ni si se midió el nivel de decibelios, sino que se basa exclusivamente en el testimonio de los policías que acudieron al lugar y no en pruebas objetivas.

Consideran que se produjeron diversas irregularidades durante el procedimiento que afectaron “gravemente” a su derecho de defensa.

Los propietarios del Café Atlantis indican que la fiesta de Reyes celebrada aquella noche fue la primera tras la pandemia (la pandemia fue en 2020), una cita tradicional en el histórico recinto junto a las que se llevan a cabo en otros puntos de la ciudad en esa misma fecha.

Manifiestan su “desconcierto” por la sanción dado que, según su relato, siempre tuvieron cuidado en no incumplir ninguna norma de manera que califican el sonido de “apenas un hilo musical” y dicen que tampoco se superó el aforo, aspectos que no venían recogidos en el expediente.

Indican que con posterioridad han cambiado el enfoque del negocio que a partir de entonces se centra en la oferta gastronómica, más que en la celebración de fiestas, obteniendo importantes premios en el campo culinario.

Ante el Supremo, los abogados presentaron un recurso de error judicial, al considerar que durante la tramitación de la causa se cometió una equivocación de tal calado que obligaría a recibir una indemnización.

Los letrados consideran que este contencioso “pone de manifiesto un problema que trasciende al restaurante y es que cuando una sanción administrativa se fija en una cuantía que impide recurrir en apelación, ”el ciudadano queda sometido, en la práctica, a una única resolución judicial“.

Los abogados del Atlantis estudian ahora promover el incidente excepcional de nulidad de actuaciones frente a la sentencia del Supremo y, agotada esa vía, acudir al Tribunal Constitucional, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales.

Los letrados insisten en que nunca han querido evitar la sanción, “sino garantizar que cualquier ciudadano pueda obtener una revisión judicial efectiva cuando denuncia que un procedimiento sancionador se ha tramitado sin pruebas suficientes y con vulneración de las garantías procesales.

Hasta 56 veces cargaron agua en el mismo estanque dos helicópteros pesados Kamov durante las labores de extinción del gran incendio forestal que se originó el 17 de agosto de 2019 en Valleseco, en las medianías de Gran Canaria, y que se extendió a otros municipios hasta el día 25. Esa balsa de riego tenía una capacidad superior a los 5.600 metros cúbicos.

Aunque se prioriza la recogida en espacios naturales para evitar perjuicios a particulares, la Ley de Montes otorga autoridad al director técnico de las tareas de extinción para “disponer, cuando sea necesario y aunque no se pueda contar con la autorización de los propietarios”, de la “utilización de aguas” y la entrada en fincas forestales o agrícolas.

En este caso, los trabajos provocaron severos daños en la balsa de agua y en las tuberías de riego. Su propietaria, una agricultora de Valleseco, presentó en primera instancia una reclamación de 38.743,03 euros ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Al ver rechazadas sus pretensiones, decidió activar la vía judicial y solicitó que se declarase la responsabilidad compartida del Estado, del Cabildo de Gran Canaria y de la empresa de helicópteros y que se le pagasen los 45.326,01 euros en los que una tasación de la propia corporación insular había cifrado los costes de reparación.

Y es que el Cabildo de Gran Canaria reconoció desde un primer momento la existencia de una relación de causalidad entre los daños que reclamaba la agricultora y las operaciones de los helicópteros y fue el encargada de verificar y tasar los desperfectos a través de un informe emitido por su servicio de Extensión Agraria y Desarrollo Agropecuario.

Sin embargo, la institución insular terminó remitiendo el expediente de reclamación al Ministerio de Transición Ecológica aduciendo que los helicópteros eran de titularidad estatal.

Cruce de acusaciones

La Abogacía del Estado, en cambio, defendía que debía quedar eximido del pago porque el incendio de Valleseco no fue declarado emergencia de interés nacional, de modo que la dirección de extinción correspondía exclusivamente al Cabildo de Gran Canaria. Además, argumentó que los helicópteros Kamov contratados por el Estado actuaban como “un mero apoyo” y que la orden de cargar el agua en esa balsa fue dada por el mando técnico insular.

Por su parte, la empresa contratista (Babcock) alegó que no debía responder por los daños, puesto que sus pilotos se limitaron a cumplir las instrucciones de la dirección técnica.

El debate jurídico que se planteó en la Audiencia Nacional tenía que ver, por tanto, con la responsabilidad de esos daños. Y la Sala de lo Contencioso resuelve la discrepancia declarando que existe una responsabilidad compartida. Es decir, que tanto el Estado como el Cabildo de Gran Canaria como la empresa de helicópteros deben asumir de manera conjunta la indemnización de algo más de 45.000 euros para reparar esos perjuicios.

La sentencia, que tiene como ponente al magistrado Ricardo Fernández Carballo-Calero, alude al artículo 33 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula la responsabilidad concurrente de las administraciones públicas.

Condena solidaria

Para la Audiencia Nacional, no ha quedado acreditado que los daños y perjuicios fueran consecuencia “exclusiva, inmediata y directa” de una orden de la dirección técnica del Cabildo de Gran Canaria ni de una “falta de pericia” de los medios aéreos contratados por el Ministerio para la Transición Ecológica.

No se trata, reza el fallo, de “depurar las relaciones internas” entre las administraciones involucradas. A juicio de la Sala, el caso debe centrarse en “la necesaria responsabilidad solidaria” entre ellas, puesto que el Ministerio y la empresa de helicópteros “han colaborado” con el Cabildo “mediante actividades complementarias” y “ciertamente significativas” a las competencias propias de la corporación insular en la extinción de incendios forestales.

También hubo discrepancias en relación con la cuantía de la indemnización. La aseguradora de la empresa de helicópteros pretendía rebajar los daños a la cifra de 6.801,45 euros, bajo el argumento de que la balsa ya había consumido su vida útil de ocho años y medio y que presentaba un estado de deterioro, admitiendo, eso sí, que los helicópteros habían agravado esos desperfectos con su “actividad de proximidad” para la recogida de aguas.

La Sala, en cambio, asume la tasación de los técnicos del Cabildo de Gran Canaria, que realizó “las comprobaciones oportunas” en el ejercicio de sus funciones de valoración y verificación de daños en cuartos de aperos, alpendres y balsas de riego.

Además de condenar al Estado, al Cabildo y a la empresa contratista a pagar de forma solidaria la indemnización de 45.326,01 euros, la sentencia les impone el pago de las costas procesales. La resolución no es firme. Se puede recurrir en casación ante el Supremo.

El Tribunal Supremo ha rechazado el horario especial de verano del que ha disfrutado el personal de laRadio Pública de Canarias desde 2010, que consistía en la reducción diaria de una hora de junio a septiembre, al considerar que no se han tenido en cuenta los costes y efectos sobre la gestión del ente.

El recorte es declarado “nulo de pleno derecho” por el Supremo en cuanto puede dar lugar directa o indirectamente a incrementos de gasto de personal o de retribuciones y problemas para afrontar las jornadas ordinarias.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estimó en julio de 2025 la demanda presentada por el sindicato UGT (Unión General de Trabajadoras y Trabajadores) contra la supresión del tradicional horario especial de verano del ente público, al considerar que “constituye una condición más beneficiosa incorporada al contrato de trabajo de la plantilla de la emisora”, según informó en su momento el sindicato en un comunicado.

El sindicato pedía que se retomara la reducción desde el 16 de junio al 15 de septiembre y en el período de Navidad entre el 20 de diciembre y el 10 de enero, además de librar en Navidad y fin de año.

No obstante como alternativa proponían que se le diera a cada trabajador una hora de descanso retribuido por cada hora de trabajo, al entender que la empresa había llevado a cabo una modificación sustancial de las condiciones laborales de forma unilateral.

Desde 2010 se había establecido un horario especial de verano que suponía la reducción de una hora cada día durante tres meses pero en 2025, la dirección la retiró y comunicó que se centraría entre el 15 de julio y 31 de agosto, un mes y medio.

El TSJC, sin embargo, ordenó reponer las anteriores condiciones de trabajo, lo que fue recurrido ante el TS por los nuevos responsables de la radio, a los que ahora se le da la razón.

El Supremo considera que el convenio colectivo no regula esta jornada especial, que de forma progresiva podría dar lugar a que el ente público no pudiera prestar su servicio en las condiciones deseables.

La actual dirección argumentó que la “condición más beneficiosa” la habían acordado de forma unilateral los anteriores responsables sin contar con el informe del Gobierno de Canarias para conocer las repercusiones económicas y en la gestión de personal que tiene esta medida.

Santiago Pérez renuncia a seguir ejerciendo la acusación popular en el caso Reparos de La Laguna. La decisión del profesor de Derecho Constitucional, ya alejado de la primera línea política, responde a su profundo desacuerdo con el auto dictado el pasado 16 de julio por la Sección Segunda de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, que ha archivado de forma definitiva la causa para ocho de los nueve investigados. El órgano provincial sólo mantiene viva la causa contra José Alberto Díaz (Coalición Canaria), sucesor en la Alcaldía de Fernando Clavijo, y por un único decreto: la prórroga del millonario contrato de limpieza.

En su escrito de renuncia, al que ha tenido acceso este periódico, el denunciante del caso Reparos carga contra los magistrados por confirmar “de un plumazo” el carpetazo a 80 decretos investigados mediante los que “se comprometieron y pagaron ilegalmente” 83 millones de euros. Para Pérez, resulta “aberrante” reconvertir en “meras irregularidades administrativas” actuaciones que, tal y como advirtió de manera constante la Intervención municipal durante dos mandatos (de 2011 a 2019), eran “nulas de pleno derecho”.

No entiende el exconcejal lagunero que el tribunal admita la “reiteración de esta práctica ilegal” (levantar de manera sistemática los reparos de ilegalidad formulados por Intervención y prorrogar contratos de servicios públicos ya extinguidos) como “fuente de normalización en lugar de lo que es: un factor adicional de agravamiento jurídico”.

Para Pérez, la Audiencia incurre en “errores evidentes” al archivar esos 80 decretos extendiendo para todos ellos la tesis que ya mantuvo el Tribunal Supremo en 2023 para exonerar de responsabilidad penal a Clavijo en la pieza separada que se formó cuando el actual presidente del Gobierno de Canarias se aforó al convertirse en senador.

Según el denunciante del caso Reparos, no es cierto, tal y como afirma la Audiencia, que en todos esos casos la decisión de levantar los reparos de la Intervención municipal se adoptara con un informe previo favorable de los técnicos competentes.

Pérez insiste en que los hechos “contradicen” esa afirmación de la Sala. El denunciante recuerda que, tal y como recogió la Fiscalía Anticorrupción en un informe de 2022 después de un “examen exhaustivo de los expedientes” objeto de investigación, en algunos de esos decretos los informes de los técnicos “coincidían” con las advertencias de ilegalidad de Intervención; en otros, “simplemente se invocaban razones de asegurar la continuidad de los servicios”, y en determinados casos, ni siquiera había informes contradictorias y las prórrogas se sustentaban en la mera voluntad de la autoridad municipal, del concejal.

Sí a Díaz, no a Clavijo

Sin embargo, el detonante de la retirada de Pérez tiene que ver con lo que ha sucedido con la única prórroga de servicios que se sigue investigando, la del contrato de limpieza.

La Sala de lo Penal ha ordenado al juez instructor acotar exclusivamente el caso Reparos sobre el alcalde José Alberto Díaz por haber firmado el decreto mediante el que se extendió el contrato con Urbaser pese a haberse superado el plazo máximo estipulado en los pliegos y, además, con el mismo precio, pese a que la flota de vehículos ya había pasado a ser municipal. La Audiencia considera esa decisión “económicamente relevante” y “sin cobertura técnica suficiente”, puesto que generó un beneficio económico indebido a la empresa, al menos durante los seis meses que se mantuvo esa tarifa (fue modificada después de que el propio Pérez presentara en los juzgados una ampliación de denuncia).

Para el histórico dirigente socialista, resulta “incomprensible” que la Sala omita otro decreto que, a su juicio, reúne “aún muchos más indicios de malversación de caudales”. Se refiere, en concreto, al que firmó en 2012 el entonces alcalde Clavijo para liberar “injustificadamente” a la empresa Urbaser de su obligación de renovar 34 de los 46 vehículos del servicio. Una decisión que, según el denunciante del caso Reparos, ocasionó un daño económico “de mucha mayor entidad” a la hacienda municipal.

Pérez considera que ese daño es “perfectamente determinable”, puesto que la factura que la empresa giraba cada mes al ayuntamiento por la gestión del servicio se configuraba por el coste de explotación, el margen de beneficio empresarial y por la amortización de la inversión. Una inversión que “en el caso que examinamos fue considerablemente reducida por la decisión ilegal de la Alcaldía”, expone el escrito presentado por el denunciante.

Según lo estipulado en los pliegos de condiciones, el contratista tenía la obligación de entregar los vehículos al Ayuntamiento “en perfecto estado de conservación, utilización y funcionamiento” al acabar el contrato. “La no realización del plan de sustitución” daría lugar “a que parte de la flota estuviese depreciada y/o obsoleta al finalizar el contrato, con más de quince años de antigüedad y, por tanto, de dudosa funcionalidad”.

Pérez sostiene, por tanto, que el último auto de la Audiencia puede tener “carácter discriminatorio” con respecto al ahora único investigado, José Alberto Díaz, al omitir un hecho (el decreto de Clavijo) “de mayor gravedad jurídica y muchísima mayor trascendencia económica”, ya que el Ayuntamiento de La Laguna pagó durante más de seis años una factura (de más de un millón de euros al mes) que incluía la amortización de una inversión “que no se había materializado”, de una obligación de la que había exonerado a la empresa el actual presidente del Gobierno de Canarias.

“Se produjo así un nuevo daño patrimonial a la administración municipal, que había pagado con el dinero de los contribuyentes la sustitución de la flota del servicio, que no se produjo, y recibió unos vehículos obsoletos y casi inservibles” concluye el escrito.

El profesor de Derecho Constitucional incide en que el auto de la Sala II del Supremo que archivó la pieza separada contra Clavijo se limitó a analizar los indicios de prevaricación, pero “no se dignó a hacer la menor consideración” sobre “el consistente indicio de malversación”. Entiende, por tanto, que la pieza separada “no debe tener trascendencia alguna con respecto a un decreto indiciariamente constitutivo de un delito diferente”.

Por esas razones, Santiago Pérez ha comunicado formalmente a la Sala que desiste del ejercicio de la acusación popular en esta causa “a todos los efectos”.

Giro de la Fiscalía

Santiago Pérez presentó la denuncia inicial en 2018 y, con posterioridad, varias ampliaciones. En 2023, se quedó solo como acusación después de que la Fiscalía Anticorrupción diera un giro radical en el procedimiento, pasando de sostener una acusación firme a reclamar el archivo de la causa. En un principio, el Ministerio Público advirtió indicios claros de prevaricación continuada, tal y como recogen los informes fechados en marzo de 2020 y abril de 2022 sobre los decretos firmados para prorrogar contratos ya extinguidos en contra del criterio de la Intervención. En aquel momento, la Fiscalía entendía que la actuación de los alcaldes y concejales, al levantar de manera sistemática los reparos, cumplía “sobradamente” con los elementos objetivos del delito.

El punto de inflexión llega en 2023 con el auto de la Sala Segunda del Supremo presidida por el canario Manuel Marchena. El alto tribunal sostuvo que las reiteradas prórrogas de contratos suponían irregularidades administrativas, pero no merecían reproche penal. A raíz de esa decisión, la Fiscalía Anticorrupción modificó súbitamente su posición para alinearse con el sobreseimiento de la causa para el resto de encausados al entender que, aunque los decretos afectaban a distintas áreas y personas, bebían todos de un “tronco común”.

Es decir, extrapolaba la tesis del Supremo a todas las actuaciones investigadas, sin analizarlas de manera individual como había señalado años atrás que debía hacerse.

La perseverancia de Santiago Pérez, con sus sucesivos recursos, ha permitido reabrir el caso Reparos en tres ocasiones. Sin embargo, este último fallo de la Audiencia Provincial ha supuesto un punto de no retorno que le ha llevado a abandonar de forma definitiva una batalla legal de ocho años.

Duro reproche de la Audiencia Nacional a las prácticas de la delegación en Canarias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). En una reciente sentencia, este órgano judicial ha anulado la inspección a una empresa turística isleña, Turisman 2000 e Hijos, tras constatar que Hacienda alargó los tiempos “en fraude de ley” para intentar “burlar” la norma que limita a un máximo de doce meses las investigaciones fiscales.

El conflicto tiene su origen en una liquidación del Impuesto de Sociedades de 2010. La empresa pretendió acogerse a las ventajas fiscales de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) para tributar menos por los beneficios obtenidos de la venta de dos complejos de apartamentos turísticos ubicados en la zona de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria.

La RIC permite reducir drásticamente la base imponible del impuesto (hasta un 90%) si la empresa se compromete a retener esas ganancias para futuras inversiones. Sin embargo, Hacienda sostenía que esa sociedad no podía dotar la RIC en esa operación (y, por lo tanto, no podía reducir su factura fiscal) porque no cumplía uno de los requisitos, el de haber desarrollado “una verdadera actividad económica” de arrendamiento de inmuebles, un negocio “real y activo” en esos complejos, en los años precedentes.

Eso es lo que se discutía de fondo de este pleito: si la empresa había desarrollado o no una actividad real de arrendamiento en esos complejos y si, por tanto, podía acogerse a la RIC.

Sin embargo, lo que reprueba con contundencia la Audiencia Nacional son las formas utilizadas por la inspección de la Agencia Tributaria en Las Palmas para llevar a cabo esta regularización y denegar el beneficio fiscal pretendido por la empresa turística.

El artículo 150.1 de la Ley General Tributaria vigente en aquel momento establecía que las actuaciones de inspección debían concluir en un plazo estricto de doce meses. A juicio de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Hacienda disfrazó el inicio real de sus pesquisas para “burlar” la regla general.

Según el relato de hechos probados de la sentencia, el 18 de octubre de 2012 la inspección dictó un “requerimiento de información” a la empresa para obtener la documentación sobre los complejos vendidos. La sociedad entregó estos papeles tan solo trece días después. Es decir, que en noviembre de 2012 la Agencia Tributaria ya disponía de los datos requeridos.

Sin embargo, en lugar de abrir el procedimiento en ese momento, esperó más de dos años, hasta el 30 de marzo de 2015, para notificar el inicio de las actuaciones, exigiendo a la empresa que aportase exactamente la misma documentación que ya había aportado años atrás. La investigación tributaria finalizó en mayo de 2016.

En el procedimiento judicial, la Abogacía del Estado intentó defender la legalidad de este proceder de Hacienda, pero la Audiencia Nacional es tajante. La sentencia subraya que el departamento de Inspección de la Agencia Tributaria no se sujetó a los plazos de la ley y “enmascaró” el requerimiento de 2012 con “la intención fraudulenta de alargar el tiempo de duración” de la inspección tributaria a la empresa.

Para la Sala, “no tiene ningún sentido” que Hacienda decidiera iniciar el procedimiento de inspección en marzo de 2015 cuando disponía de la documentación “única y exclusiva” desde octubre de 2012. Los magistrados sostienen que “la verdadera finalidad” de los inspectores fue “preconstituir la prueba necesaria” contra la empresa, “dejando al albur de su decisión los derechos del que se ve afectado por la inspección”.

La sentencia advierte de que este modo de actuar “tampoco se ajustó al principio de la buena administración”, que garantiza el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos se resuelvan en un tiempo razonable y proporcionado. En este caso, la empresa sometida a la inspección de Hacienda se vio afectada por esta actuación “aunque fuera intermitentemente, más de tres años y medio”, superando “con creces” el tiempo máximo permitido por lo la ley para llevar a cabo una investigación tributaria.

Por todo ello, la Audiencia Nacional declara que el derecho a liquidar la deuda tributaria está prescrito y, en consecuencia, anula las resoluciones de Hacienda “por no ser ajustadas a derecho” y condena al pago de las costas a la Administración General del Estado.

La sentencia de la Audiencia Nacional no es firme. Contra ella cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de treinta días. Sin embargo, fuentes de la Agencia Tributaria han confirmado a este periódico que el fallo no será recurrido y subrayan que la sentencia no discute el fondo de la regularización efectuada sobre cómo aplicó el contribuyente la RIC, sino que se queda estrictamente en una cuestión procedimental y de forma.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha prohibido al futbolista argentino Sergio Araújo, y exdelantero de la UD Las Palmas, acercarse a menos de 500 metros de su exmujer y la hija de ambos, por una denuncia por presuntos delitos relacionados con violencia de género y la ocupación de una vivienda familiar.

En un auto facilitado este viernes por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), indica que el ahora jugador del Cerro Porteño de la Primera División de Paraguay, tampoco podrá ponerse en contacto con la denunciante ni aproximarse a su lugar de trabajo.

En el ámbito civil, el juzgado atribuye provisionalmente la guarda y custodia de la hija menor a la madre, manteniendo el ejercicio conjunto de la patria potestad hasta que se dicte resolución en el correspondiente procedimiento de familia. Asimismo, mantiene el régimen de alimentos previamente establecido.

La jueza también también ordena también ordena el desalojo de la vivienda familiar por parte de las personas que la ocupaban, disponiendo la entrega de las llaves y la restitución del inmueble a la denunciante y a su hija, “con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso de ser necesario”, subraya el auto.

Asimismo, el auto fundamenta estas medidas en las diligencias practicadas hasta el momento, entre ellas declaraciones testificales e informes policiales que, según recoge la resolución, apuntan a que la vivienda constituía el domicilio habitual de la denunciante y su hija antes de la ocupación objeto de investigación.

El procedimiento continúa en fase de instrucción y las medidas adoptadas tienen carácter cautelar, sin prejuzgar el resultado final del proceso judicial ni la responsabilidad penal de las personas investigadas, señala el TSJC.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha comunicado este viernes a los órganos judiciales la resolución de la incidencia del sistema de gestión procesal Atlante, que había afectado al rendimiento en la provincia de Las Palmas.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acordó el pasado 10 de julio elevar una queja “formal y contundente” al Gobierno de Canarias para denunciar la situación de “parálisis material y absoluta” que padece el servicio de Justicia en las Islas.

La incidencia fue detectada el pasado 8 de julio y, según ha asegurado la Dirección General, “la ralentización del sistema no provocó la paralización ni la interrupción de la actividad judicial”.

“Atlante permaneció operativo durante todo el periodo afectado y permitió continuar con la tramitación de procedimientos, la firma de resoluciones, el envío de notificaciones y el resto de las actuaciones procesales”, ha recordado en un comunicado.

Tras detectarse el problema, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos constituyeron un grupo de trabajo para realizar un seguimiento permanente de la situación.

En coordinación con las empresas responsables del desarrollo, soporte y mantenimiento de Atlante se analizó el comportamiento del sistema y se revisó la infraestructura tecnológica para determinar los elementos que estaban provocando la pérdida de rendimiento.

Asimimo, detalla que, durante estos días se han ido aplicando medidas de ajuste, optimización y comprobación, algunas de forma progresiva, con el fin de evitar cualquier riesgo para la integridad de la información y garantizar que la actividad judicial pudiera continuar desarrollándose durante el proceso de análisis y resolución.

Como resultado de estos trabajos, ya el jueves se llevó a cabo una actuación técnica que ha permitido recuperar los niveles normales de rendimiento del sistema, según las comprobaciones posteriores realizadas en los órganos judiciales de la provincia de Las Palmas.

Por último, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia señala que, aunque la incidencia está solucionada, durante los próximos días se mantendrá un seguimiento reforzado del sistema.

El exalcalde socialista de Arrecife José Montelongo, en la actualidad en las filas de Coalición Canaria (CC), ha recalcado este viernes, tras su absolución en el caso Montecarlo, contra una trama de corrupción en la gestión de fondos públicos, que “una investigación nunca puede convertirse en una condena anticipada”.

El exregidor de la capital de Lanzarote fue absuelto por la Audiencia de Las Palmas en las dos piezas del caso Montecarlo por las que fue juzgado, al igual que el resto de acusados de las mismas, excepto el interventor municipal.

Esta gran investigación comenzó en 2012 y en ella se acabaron juzgando seis piezas distintas.

Montelongo ha recalcado este viernes en una rueda de prensa que “la presunción de inocencia no puede depender del momento político ni del interés que despierte una noticia”.

“Todos deberíamos reflexionar sobre la enorme responsabilidad que supone realizar afirmaciones tan contundentes cuando está en juego el honor, la trayectoria y la vida de otra persona”, ha referido.

El actual director general de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias dimitió en abril de 2016 tras la apertura de juicio oral.

En 2018 fundó, junto a otros militantes socialistas, la Agrupación Socialista por Lanzarote (ASL).

Hoy ha asegurado que volvería a dimitir y que lo hizo porque “la institución debía quedar al margen de una situación que estaba condicionando la vida pública”.

Ha aclarado que ha querido hacer esta comparecencia pública “por salud mental” tras haber necesitado la ayuda de profesionales de este campo a lo largo de estos años.

“Lo que quiero compartir hoy no es una valoración jurídica, es el recorrido personal de alguien que ha necesitado 14 años para escuchar aquello que defendió desde el primer día, que era inocente”, ha dicho.

Montelongo ha subrayado que “una parte de esta historia nunca aparecerá escrita en ninguna sentencia”, donde no se reflejan “el desgaste emocional, la incertidumbre, la presión que siente una persona cuando comprueba que su nombre queda asociado durante años a una investigación y la soledad que provoca descubrir que para muchos la condena llega mucho antes que el juicio”, ha aseverado.

Tras lamentar el daño causado a sus hijos y a su padre, fallecido antes de su absolución, se ha mostrado “convencido” de su inocencia y ha agradecido a CC, y en especial a Echedey Eugenio y Migdalia Machín “que no dudaron en ningún momento que pudiera participar en ese proyecto político”.

El exalcalde de Arrecife ha estimado que las dos sentencias absolutorias de las dos piezas del caso Montecarlo en las que fue juzgado “hablan con claridad”, si bien ha lamentado que “las investigaciones ocupen portadas y que las absoluciones, rara vez, reciban la misma atención”.

“Creo que una sociedad democrática también debería preguntarse qué consecuencias tiene mantener durante 14 años una investigación que termina con dos sentencias absolutorias, qué ocurre con la reputación de una persona, con su familia, con la confianza de quienes le rodean y si ese daño puede repararse completamente”, ha manifestado.

En todo ese tiempo, ha proseguido, “hubo personas que hablaron de su actuación con una contundencia que hoy las sentencias no sostienen. Se hicieron afirmaciones que trasladaban a la opinión pública la idea de que su conducta había sido delictiva, consciente y plenamente acreditada, cuando todavía no existía una resolución judicial”, ha lamentado.

Montelongo espera ahora que “esta experiencia sirva para recordar que la presunción de inocencia no es un formalismo jurídico, es una garantía democrática que protege a cualquier ciudadano y, cuando se debilita, el daño trasciende a la persona afectada y también se resiente la confianza de la sociedad, las instituciones y la propia Justicia”.