La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, propondrá al Gobierno el nombramiento de Jaime Serrano-Jover como nuevo fiscal superior de Canarias, plaza que estaba vacante tras dejar el puesto María Farnés Martínez.

Además, ha propuesto a Ernesto José Vieira como teniente fiscal de la Fiscalía de la comunidad autónoma, en sustitución de Demetrio Pintado.

Peramato, una vez celebrado el Consejo Fiscal, propondrá un total de 22 nombramientos de altos cargos de la Fiscalía para su nombramiento por el Consejo de Ministros, según ha informado la Fiscalía General del Estado este jueves.

Según la Fiscalía, Peramato ha decidido en función de “criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de sus respectivos planes de actuación”.

Así ha acodado el nombramiento de María Isabel Martín como nueva fiscal superior de Madrid, lo que supone el relevo de Almudena Lastra, la fiscal que declaró contra Álvaro García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por revelar datos reservados.

La plaza de fiscal jefe de Lugo no ha recibido candidaturas, por lo que tendrá que ser convocada de nuevo.

Como se esperaba, Lastra, que aspiraba a mantenerse en el puesto de fiscal superior de Madrid en el que lleva cinco años, será sustituida por María Isabel Martín López, desde 2018 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía, órgano de apoyo de la fiscal general.

Peramato ha destacado su “alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia”, además de su plan de actuación “para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público”.

Una pieza clave en el equipo de la fiscal general del Estado será María José Osuna, nueva fiscal de Sala jefa de la Inspección Fiscal, tras cuatro años al frente de la Fiscalía de Tarragona. El teniente fiscal de la Inspección será Juan José Criado.

Otro nombramiento relevante será el de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien llegó a estar investigada junto al anterior fiscal general en la causa por revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, y que asciende al Tribunal Supremo como fiscal de lo Social.

Por su parte Pilar Fernández, mujer de García Ortiz, dejará la Fiscalía de Menores en Madrid para volver a Galicia, donde será la nueva teniente fiscal de la Fiscalía de la comunidad autónoma.

La fiscal de Sala jefa de la Sección Civil del Supremo seguirá siendo Pilar Martín Nájera, igual que Pedro Crespo seguirá al frente de la Fiscalía del Tribunal Constitucional. Antonio Romeral seguirá como teniente fiscal en Anticorrupción.

Por su parte, María Eugenia Hernández Fernández obtiene plaza en la Audiencia Nacional.

El nuevo fiscal jefe de Baleares será Adrián Salazar, hasta ahora teniente fiscal en ese territorio; en Castilla-La Mancha sigue Emilio Fernández; en Aragón María Asunción Losada; y en Extremadura Francisco Javier Montero.

El nuevo fiscal provincial de Cuenca será José Ernesto Fernández; en Burgos se mantendrá José Fernández Mérida; en Castellón María Díaz Berbel.

Antonio Mateos será teniente fiscal de la Fiscalía de Extremadura; Carolina Santos, de la de Cantabria; y José Rogelio Muñoz seguirá en la de Andalucía.

Fuentes de la Fiscalía han destacado que de los 22 nombramientos hay seis de la Asociación de Fiscales, otros seis de la Unión Progresista de Fiscales, y el resto son no asociados.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la sentencia que absolvió a un vecino de Tenerife acusado de agresión sexual, desestimando los recursos presentados por el fiscal y la acusación particular.

Los hechos juzgados ocurrieron de la noche del 22 al 23 de febrero de 2023, cuando el procesado pernoctó junto con otras personas, entre las que se encontraba la víctima, de 15 años de edad, en un domicilio familiar.

Fue la madre de la menor quien denunció ante la Policía los hechos al día siguiente.

La sentencia que ahora confirma el TSJC, dictada el 15 de julio de 2025 por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, estableció que no quedó finalmente acreditado que el procesado, aprovechando que la menor dormía a su lado, se aproximase a ella e intensase agredirla sexualmente por medio de tocamientos.

Los propietarios de la emblemática Casa del Médico Bartolomé Apolinario Macías, más conocida como la casa del doctor Apolinario, situada en el número 17 del paseo de Las Canteras, en las Palmas de Gran Canaria, han presentado un recurso ante el Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el Decreto 11/2025, de 24 de febrero, por el que se incluía el inmueble en el Frente Ecléctico de Las Canteras, declarado Bien de Interés Cultural en 2025.

Así lo ha corroborado este lunes la alcaldesa, Carolina Darias, en una declaración a los medios, donde además ha defendido la licencia de demolición que en su día concedió el Consistorio de Las Palmas de Gran Canaria para la actuación urbanística solicitada, al no estar en ese momento dentro del catálogo de edificaciones protegidas de la ciudad.

En su lugar, se planteaba levantar un edificio con seis viviendas y un establecimiento comercial, hasta que en 2022, el Gobierno regional y el Cabildo de Gran Canaria paralizan, de forma cautelar y con carácter urgente, la demolición del inmueble, en aplicación de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, y así comenzar con la elaboración de un expediente que terminaría el 24 de febrero de 2025 con la declaración de BIC del Frente Ecléctico de Las Canteras, donde se incluiría una serie de edificaciones en la categoría de Conjunto Histórico.

No fue hasta este lunes, cuando el Boletín Oficial de Canarias (BOC) emitió un anuncio de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno canario que emplaza a los interesados a personarse en la causa.

Se trata de un inmueble representativo de la arquitectura doméstica perteneciente a la época en la que comenzó a perfilarse el paseo de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Una muestra de arquitectura culta, tradicional y urbana de autor, fechada en los inicios del siglo XX que lleva la firma de Laureano Arroyo y Velasco. Este arquitecto catalán también proyectó el hospital de San José, contratado igualmente por Bartolomé Apolinario Macías, diseñando dos proyectos en la misma época: uno de arquitectura doméstica y otro de destino económico y socio sanitario. Un arquitecto que impulsó el eclecticismo en la capital grancanaria donde trabaja como arquitecto municipal, desde 1888 hasta 1910, año en el que fallece.

El Frente Ecléctico de Las Canteras incluye algunos de los edificios y tipologías edificatorias más antiguas y singulares de la playa y zona. El primer edificio de uso público sociosanitario y popular, el edificio histórico de mayor fachada, la iglesia, la escuela y la casa de los Padres Franciscanos, el primer hotel, un edificio residencial colectivo, el uso singular del estilo cottage como moda de casa de recreo de costa, y una vivienda entre medianeras de pequeña escala: la Casa del Doctor Bartolomé Apolinario Macías.

El empresario Víctor de Aldama ha declarado este miércoles en el juicio que sigue en el Tribunal Supremo que el asesor ministerial Koldo García le pidió que pagara una comisión al entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), por los contratos de las mascarillas, pero que este nunca lo pidió y “no se pagó” y tuvieron “problemas en Canarias”.

Aldama ha cifrado entre 3,5 y 4 millones de euros las entregas de dinero al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al exasesor de este Koldo García, de los que en torno a dos millones ya se los había dado desde el inicio de la relación y hasta 2020.

Lo ha declarado ante el Tribunal Supremo en el juicio que se celebra contra el reconocido comisionista, Ábalos y Koldo García por el posible cobro de mordidas a cambio de contratos, entre ellos de mascarillas durante la pandemia.

Durante su declaración, que ha comenzado a las 10.00 de la mañana, Aldama ha respondido a la Fiscalía sobre unas anotaciones de gastos intervenidas en su ordenador donde Ábalos figuraba con el nombre de gran, porque era el gran jefe, y Koldo García como Goblins, al que denominaba así, tal y como ha confesado, por el protagonista de una película que era un “tío alto y feo”.

Ha reconocido que le “daba igual” de dónde saliera el dinero para pagar a Ábalos y su exasesor los 10.000 euros mensuales que les entregaba y ha dejado claro que ambos podían contar siempre con esa cantidad, que no se descontaba de las otras que podría haber. Los 10.000 euros eran “como un regalo” y no contaban en el cómputo general, ha enfatizado.

Aldama ha intentado en declaraciones anteriores implicar a Ángel Víctor Torres en la supuesta trama corrupta, pero sin aportar ninguna prueba de ello. De hecho, la investigación realizada por la UCO concluyó sin hallar ningún indicio de delito en el ministro y expresidente canario. Es más, Aldama situó a Torres en un piso en Madrid con prostitutas y el ministro pudo demostrar con pruebas que en esa fecha se encontraba en Canarias con su familia. Pese a que Aldama acusa sin pruebas, el PP ha pedido en diversas ocasiones la dimisión del ministro, dando por buenas las afirmaciones que han sido demostradas falsas.

Los tres magistrados que aspiran a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) han expuesto este miércoles ante el Consejo General del Poder Judicial sus proyectos basados en disminuir la litigiosidad, en un nuevo modelo organizativo y en el apoyo a los jueces.

El juez decano del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avello Formoso, el magistrado de lo Contencioso-Administrativo, Jaime Borrás, y el actual presidente, Juan Luis Lorenzo Bragado, han expuesto sus proyectos ante el órgano que decidirá su elección.

Avello, la litigiosidad como principal problema de la justicia en Canarias

Juan Avello ha defendido un programa de actuación centrado en la mejora del servicio público de la justicia y la reducción de la litigiosidad en el archipiélago.

Según ha dicho, Canarias es la comunidad autónoma con mayor índice de litigiosidad, una situación que, según ha indicado, “afecta no solo a los derechos de los ciudadanos, sino también a la imagen misma de la justicia”.

Ha abogado por la elaboración de protocolos con los colegios de abogados para evitar suspensiones de juicios por coincidencia de señalamientos y, junto a la fiscalía y las audiencias provinciales, la creación de un grupo de trabajo para establecer buenas prácticas en las conformidades previas al juicio oral.

El candidato ha subrayado que “el correcto funcionamiento de la administración de justicia no es solo responsabilidad de los integrantes del poder judicial, sino de todos los operadores jurídicos”, y ha planteado medidas de sensibilización e implicación en este ámbito.

En relación con la organización, ha defendido reforzar la atención a jueces y ciudadanos mediante reuniones periódicas, visitas a los partidos judiciales y la mejora de los sistemas de atención, además de la extensión de protocolos ya existentes en determinados ámbitos.

Asimismo, se ha mostrado partidario de la incorporación de la perspectiva de género en todas las jurisdicciones al señalar que “no es una opción, es un mandato legal”.

Lorenzo reivindica su mandato y apuesta por la continuidad

Por su parte, el actual presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, ha defendido ante el Consejo General del Poder Judicial la gestión realizada durante su mandato y ha apostado por la continuidad como “la opción más adecuada” para la gobernanza del sistema judicial en el archipiélago.

Lorenzo ha aseverado que los “setenta y tres compromisos” asumidos al inicio de su etapa “están cumplidos” y ha destacado el “óptimo funcionamiento de la sala de gobierno”, con reuniones periódicas, implicación de sus integrantes y más de “dos mil ochenta y cinco acuerdos”.

El candidato ha enumerado distintas actuaciones desarrolladas durante su mandato, como la reactivación de la comisión mixta, la renovación de las memorias anuales, la actualización de los portales de transparencia y la implantación del expediente judicial electrónico, así como iniciativas en materia de formación, igualdad y organización territorial.

Entre los logros, ha resaltado la puesta en marcha de los tribunales de instancia, la creación del juzgado de violencia sobre la infancia “pionero y referencia internacional” y la gestión de situaciones como la crisis migratoria, para la que se adoptaron medidas de refuerzo y un proyecto piloto de apoyo a la resolución mediante inteligencia artificial.

Ha planteado propuestas para el próximo mandato, entre ellas consolidar el nuevo modelo organizativo, poner en marcha la comisión autonómica de calidad del servicio público de justicia y promover medidas frente a la sobrecarga de trabajo.

También ha propuesto impulsar un centro permanente de estudios en materia de inmigración y continuar desarrollando la agenda estratégica con refuerzos en los medios personales y materiales.

“La continuidad es la opción más adecuada”, ha manifestado, al tiempo que ha opinado que quien “conoce el territorio” y “ha gestionado situaciones complejas” está “en mejor posición para acompañar el proceso de transformación del sistema judicial”.

Borrás: una presidencia basada en objetivos y apoyo a los jueces en Canarias

Por último, Jaime Borrás ha defendido ante el Consejo General del Poder Judicial un modelo de gestión basado en objetivos concretos, seguimiento de resultados y apoyo a los jueces.

Borrás ha comentado que la presidencia “no puede ser una instancia interpretativa”, sino que debe basarse en “datos concretos” como tiempos de resolución, señalamientos o ejecución, con el fin de detectar desviaciones y actuar sobre ellas.

En este sentido, ha planteado la necesidad de fijar objetivos y participar en la planificación del trabajo, así como en la resolución de conflictos, con una implicación activa de la presidencia en el funcionamiento de los órganos judiciales.

El candidato ha hecho hincapié también la importancia del apoyo a los jueces y al resto de operadores jurídicos, al indicar que cuando un profesional plantea problemas “hay que apoyarle” y trasladarle que cuenta con el respaldo de la presidencia.

Ha incidido en la necesidad de evitar diferencias relevantes en los tiempos de respuesta entre órganos judiciales y ha reclamado una mayor coherencia en la actuación jurisdiccional en el conjunto del archipiélago.

Asimismo, se ha referido a las particularidades territoriales de Canarias y a las diferencias de medios entre islas, al tiempo que apuntó a problemas organizativos y a la falta de herramientas tecnológicas adecuadas en algunos casos. 

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha mantenido la pena de cinco años de cárcel para un acusado de corrupción de menores del que habrían sido víctimas tres internas de 15 años de un centro de menores, que acudían de forma frecuente a su domicilio.

El TSJC ratifica la absolución del cargo de agresión sexual.

Según el fallo, cuando estaban en su vivienda, el procesado llevaba a cabo tocamientos y practicaba sexo oral a cambio de dinero, tabaco o una bicicleta.

Una vez que el director del centro de menores tuvo conocimiento de lo que ocurría presentó una denuncia en sede policial y se le impuso al acusado la medida cautelar de prohibición de comunicarse con las jóvenes o acercarse a menos de 300 metros de ellas mismas.

Además, se solicitan otras obligaciones como permanecer en libertad vigilada durante cinco años, no poder participar en actividades educativas o recreativas en las que estén presentes menores y acudir a un curso de orientación sexual.

La defensa negó que el acusado diera drogas o bebidas a las jóvenes y como prueba dijo que de lo contrario lo habrían notado los responsables del centro.

Además argumentó que no hay evidencias de que le enviaran fotos sin ropa y que desconocía la edad real.

La Sala considera que la actitud huidiza y evasiva de las jóvenes durante el juicio demuestra que estaban involucradas en este tipo de actividades por dinero.

En el juicio, el director del centro afirmó que este tipo de situaciones se daban cuando iban al instituto, si bien las menores, tal y como reconoció a preguntas de la defensa, tienen permisos de salida para la reintegración con las familias y salidas de autonomía controladas. 

La autoridad judicial (plaza 2 de Las Palmas de Gran Canaria) que instruye el denominado caso Valka, tras tomar declaración este martes a la exconcejala Inmaculada Medina y escuchar la petición del fiscal y la réplica de las partes, ha acordado imponer a la investigada como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.

Así lo han informado este miércoles el departamento de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Según el auto, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, el juez basa su decisión en que “la gravedad de los hechos investigados (que presentan, siempre de forma provisional, un carácter continuado y un relevante impacto económico sobre el erario público), unida a la posición institucional que la investigada ha venido ocupando, permite apreciar un riesgo de elusión de la acción de la justicia que, sin ser necesariamente intenso, sí resulta real y digno de prevención”.

Además, considera que “no puede desconocerse que la eventual responsabilidad penal que pudiera derivarse de los hechos investigados comporta consecuencias de entidad suficiente como para generar incentivos de sustraerse al proceso, lo que justifica la adopción de medidas que aseguren su sujeción al mismo”.

A ello añade que “la propia naturaleza de la operativa investigada, desarrollada en el ámbito de la gestión pública y sustentada en la actuación coordinada de distintos intervinientes, aconseja extremar las cautelas para garantizar el adecuado desarrollo de la investigación. La posibilidad de desplazamientos fuera del territorio nacional, en ausencia de medidas de control, podría dificultar la disponibilidad de la investigada para la práctica de diligencias, especialmente en una causa que presenta una notable complejidad y una previsible prolongación en el tiempo”.

Por otro lado, el magistrado señala en el auto que la exconcejal, como responsable de Parques y Jardines entre 2015 y 2022, habría intervenido de forma reiterada en la fase decisoria de varios expedientes de gasto vinculados al suministro de agua, figurando como firmante de todas las facturas emitidas durante años.

Expone que dichas facturas se habrían elaborado sin respaldo en consumos reales, utilizando datos inflados o no verificados y sin lectura de contadores ni control técnico.

“Muy tranquila”

A su salida de los juzgados este martes, la exconcejala de Servicios Públicos de Las Palmas de Gran Canaria afirmó estar “muy tranquila” tras su comparecencia, en la que dijo haber contestado “a todas las preguntas”.

En este procedimiento, la Fiscalía Anticorrupción acusa a Medina de haber facilitado el presunto expolio de más de 400.000 euros a las cuentas del Consistorio en compras de agua para riego realizadas entre los años 2015 y 2022, mediante facturas que supuestamente inflaban los consumos realizados.

Concejal de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria durante 14 años (2007-2011 y 2015-2025), Medina renunció en noviembre a todos sus cargos y a su acta de edil tras conocerse la querella que había formulado en su contra la Fiscalía.

Como hizo en ese momento, Medina manifestó este martes que dejó la corporación con la “conciencia tranquila” y “mirando de frente a todo el mundo”, porque no tiene “nada que ocultar”.

En cuanto a la relación de amistad que supuestamente tenía con el empresario Felipe Guerra, también imputado en la causa y cuya empresa Guerra Patrimonial presuntamente “inflaba” las facturas de agua, ha señalado que era la “misma relación social” que ha mantenido “con todas las empresas” que han trabajado con el Consistorio “en todos estos años de mandato”.

Además, ha señalado que sus cuentas bancarias no han sido objeto de investigación en la causa.

Medina ha agradecido el hecho de que se haya pospuesto a este martes su citación, que estaba fijada para el pasado mes de marzo, pero se pospuso porque estaba enferma.

En el caso Valka figuran también como imputados el exjefe de Parques y Jardines Miguel Ángel Padrón y el exresponsable de la unidad técnica de ese departamento municipal Sergio González Cuba.

La investigación de esta pieza separada del caso Valka trata de aclarar lo sucedido con cuatro contratos de suministro de agua en tomadero y de riego de jardines de Las Palmas de Gran Canaria adjudicados a la empresa Guerra Patrimonial FGG, sociedad a la que se investiga como persona jurídica por cohecho y malversación de caudales públicos y cuya administradora única es hija de Felipe Guerra.

La exconcejala de Servicios Públicos de Las Palmas de Gran Canaria Inmaculada Medina (PSOE) ha afirmado estar “muy tranquila” tras haber declarado este martes ante el juez que la investiga por el caso Valka, en una comparecencia en la que dice haber contestado “a todas las preguntas”.

En este procedimiento, la Fiscalía Anticorrupción acusa a Medina de haber facilitado el presunto expolio de más de 400.000 euros a las cuentas del Consistorio en compras de agua para riego realizadas entre los años 2015 y 2022, mediante facturas que supuestamente inflaban los consumos realizados.

Tras su declaración durante dos horas ante el magistrado Rafael Passaro como imputada por delitos de malversación agravada, falsedad, prevaricación y fraude, el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, ha solicitado que se le imponga como medida cautelar la retirada de pasaporte, una petición que no ha secundado la acusación ejercida por el Ayuntamiento, han indicado a EFE fuentes personadas en la causa.

En declaraciones a los periodistas a su salida de los juzgados, acompañada por su letrado, Medina ha declinado informar sobre el contenido de las respuestas que ha dado a las preguntas que le han formulado.

Ha dicho que mantiene un “máximo respeto” a todas las decisión judiciales y que está a disposición de la justicia para lo que pueda necesitar y ha abundado en que ahora puede “respirar” porque ha podido prestar declaración y responder a todas las cuestiones que se le han formulado con “total tranquilidad”.

Concejal de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria durante 14 años (2007-2011 y 2015-2025), Medina renunció en noviembre a todos sus cargos y a su acta de edil tras conocerse la querella que había formulado en su contra la Fiscalía.

Como hizo en ese momento, ha vuelto a manifestar que dejó la corporación con la “conciencia tranquila” y “mirando de frente a todo el mundo”, porque no tiene “nada que ocultar”.

En cuanto a la relación de amistad que supuestamente tenía con el empresario Felipe Guerra, también imputado en la causa y cuya empresa Guerra Patrimonial presuntamente “inflaba” las facturas de agua, ha señalado que era la “misma relación social” que ha mantenido “con todas las empresas” que han trabajado con el Consistorio “en todos estos años de mandato”.

Además, ha señalado que sus cuentas bancarias no han sido objeto de investigación en la causa.

Medina ha agradecido el hecho de que se haya pospuesto a este martes su citación, que estaba fijada para el pasado mes de marzo, pero se pospuso porque estaba enferma.

En el caso Valka figuran también como imputados el exjefe de Parques y Jardines Miguel Ángel Padrón y el exresponsable de la unidad técnica de ese departamento municipal Sergio González Cuba.

La investigación de esta pieza separada del caso Valka trata de aclarar lo sucedido con cuatro contratos de suministro de agua en tomadero y de riego de jardines de Las Palmas de Gran Canaria adjudicados a la empresa Guerra Patrimonial FGG, sociedad a la que se investiga como persona jurídica por cohecho y malversación de caudales públicos y cuya administradora única es hija de Felipe Guerra.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha abierto una pieza disciplinaria a un abogado por citar dos sentencia inexistentes del Tribunal Supremo y el Constitucional en su recurso de apelación contra el fallo que condenó a los miembros de una banda de narcotraficantes de Lanzarote.

La Sala de lo Penal detectó esa irregularidad, que considera “intolerable”, al revisar la sentencia de la Audiencia de Las Palmas que impuso penas de hasta seis años de cárcel por tráfico de drogas a nueve personas que introducían cocaína en Lanzarote.

Para combatir esa resolución, uno de los abogados defensores invocó una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 y otra del Tribunal Constitucional de 1990, que le servían para cuestionar la documentación que justificaba la actuación de la Policía.

El TSJC remarca que el letrado presenta esas citas jurisprudenciales como centrales en su recurso, las entrecomilla y resalta en negrita, y fundaba en ellas una grave consecuencia procesal: la posible nulidad de las actuaciones.

Sin embargo, añaden los magistrados, hay un problema: los párrafos con la supuesta jurisprudencia que menciona el letrado no aparecen en las sentencias citadas, ni en otras con una numeración conexa.

La sentencia del Supremo que invoca “no solo no guarda ninguna relación con esta cuestión (documentación de las diligencias policiales) sino que no contiene ni ese texto, ni ninguno parecido”, explica la Sala. Y lo mismo sucede con la sentencia del Constitucional, que “ni contiene este texto transcrito, ni uno parecido, ni trata de esta cuestión directa o indirectamente”.

Para el TSJC, no se trata de un “mero desliz o error venial”, sino de una conducta “intolerable” por parte del letrado que puede merecer una corrección disciplinaria.

Los magistrados comparan lo sucedido con la otro caso reciente en el que detectaron que un abogado había invocado jurisprudencia inventada por una aplicación de inteligencia artificial, sin hacer una comprobación para verificarla.

“Esta conducta tiene otro efecto, que es el de la pérdida de la confianza en la profesionalidad técnica, lo que conduce a desviar la tarea judicial a la comprobación de las citas jurisprudenciales invocadas en los escritos de los profesionales, lo que conduce a una ralentización de las resoluciones”, advierte. “Los órganos del Poder Judicial no pueden quedar pasivos ante estas conductas”, remacha.

Respecto al fondo del asunto, el TSJC rechazada los recursos y confirma las condenas dictadas por la Audiencia de Las Palmas para los narcotraficantes juzgados en esta causa.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este lunes la propuesta de distribución territorial de las 200 nuevas plazas fiscales para este año, ocho de ellas en Canarias.

En un comunicado, el Ministerio ha detallado que supondrá en el archipiélago un incremento del 5,8% de su plantilla actual.

En este sentido, señala que “se trata de la mayor creación de plazas fiscales de la historia y supondrá un incremento de la plantilla actual del Ministerio Fiscal del 7,13%, al pasar de 2.804 plazas a 3.004. 

El ministro ha subrayado en una rueda de prensa, junto a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, que la propuesta se ha elaborado teniendo en cuenta tanto la carga de trabajo como el dimensionamiento actual de las plantillas. Por eso en las comunidades más grandes, como Cataluña, Andalucía o Madrid, la distribución se hará por encima de la media nacional.

Así, la propuesta de distribución por territorios será la siguiente: Andalucía tendrá 38 nuevas plazas, lo que supondrá un incremento del 7,44% de su plantilla actual; Cataluña tendrá 35, (un 8,01% más); y Madrid tendrá 32 nuevos fiscales, lo que implica aumentar su plantilla un 9,38%.

Además, la comunidad que más verá crecer su plantilla porcentualmente es Murcia, con 7 nuevos fiscales y un incremento del 9,72%.

En la Comunidad Valenciana se crearán 20 plazas fiscales (6,94%); en Canarias y Castilla-La Mancha, 8 (5,8% y 8%, respectivamente); y en Castilla y León y Galicia, 7 (5,07% y 4,52%, respectivamente).

Baleares tendrá 5 nuevas plazas (6,85%); en País Vasco y Extremadura se crearán 4 plazas (4% y 6,15%, respectivamente); en Asturias, 3 (5,66%); y en Cantabria, Navarra, Aragón y La Rioja, una (3,03%, 4,17%, 1,49 % y 7,14%, respectivamente).

El incremento en los órganos centrales como la Fiscalía General, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y los servicios especiales alcanzará los 18 fiscales, lo que supondrá aumentar su plantilla un 9,23%.

El coste de la creación de estas plazas es de más de 22,5 millones de euros.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto por conformidad la pena de 12 años y medio de cárcel y pago de 300.000 euros a un acusado de un homicidio cometido en 2024 en el sur de Tenerife, cinco meses después de haber cumplido otra pena de 15 años y medio por un asesinato.

Los hechos tuvieron lugar en julio de 2024 en unos apartamentos de Adeje cuando por causas desconocidas el hombre de 35 años atacó a la víctima golpeándole en la ducha y asfixiándolo, introduciendo agua caliente en las vías respiratorias y apretándole el cuello hasta fracturarlo.

El fallecido sufrió lesiones en la cara, en las extremidades y en la espalda, quemaduras de segundo grado por el agua caliente que afectaron hasta el 15 % del cuerpo en la cara y brazo interno, tórax, parte del abdomen y pelvis.

Pese a que debía haberse llevado a cabo un juicio con jurado, la Fiscalía presentó un escrito en el que se incluía la pena de cárcel y responsabilidad civil que aceptó el procesado y a la vez que por videoconferencia intervino la hermana del fallecido cuyo visto bueno al acuerdo había exigido el Ministerio Público.

Los cambios legales permiten alcanzar una condena de conformidad en los procedimientos ante Jurado si las partes la aceptan excepto cuando existan discrepancias entre el Tribunal con la calificación del delito. En este caso concurrieron los requisitos sin oposición de la hermana, único familiar que tenía el fallecido en cuanto a los años de condena y la responsabilidad civil por lo que no fue necesario celebrar una vista con Jurado.

La Audiencia Provincial consideró que concurría también la agravante de reincidencia y fijó penas accesorias como la inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena y libertad vigilada por 7 años tras salir de prisión.

La Audiencia Nacional ha validado la renuncia de la empresa RIU, propietaria de los hoteles y apartamentos Oliva Beach, en Fuerteventura, respecto a tres proyectos de reforma presentados en 2017, dos de los cuales habían sido rechazados por incumplir la Ley de Costas.

El tribunal desestima así el recurso de la Asociación Ecologista El Turcón, que se oponía al cierre del procedimiento administrativo. El colectivo teme aún así que los futuros planes de modernización supongan una ampliación de la ocupación en el dominio público marítimo-terrestre de las playas de La Oliva.

La resolución recuerda que la entidad cuenta desde 2003 con una concesión de 59.700 metros cuadrados, prorrogada en 2016 por un plazo de 75 años. Dicha prórroga impone la obligación de mantener las instalaciones en perfecto estado, pero prohíbe taxativamente cualquier aumento de volumen, altura o superficie.

En 2017, la sociedad planteó tres proyectos para la reforma del Hotel Riu Oliva y la construcción de piscinas en los apartamentos y, aunque la Dirección General de la Costa y el Mar dio su conformidad a la primera actuación, rechazó las otras dos por no ser autorizables según la normativa vigente.

Tras recibir hasta siete requerimientos para subsanar las deficiencias y presentar un proyecto único y firmado por técnicos competentes, la empresa optó por solicitar el desistimiento y dar por concluido el expediente, petición que ahora ratifica la justicia.

La Audiencia Nacional subraya que es legalmente posible aceptar este desistimiento siempre que no contravenga el ordenamiento jurídico. Asimismo, recuerda que existe un expediente sancionador contra la empresa por la ejecución de obras no autorizadas que ya derivó en una multa en 2022.

Por su parte, los ecologistas instan al Ministerio para la Transición Ecológica a supervisar con rigor cualquier futuro proyecto de rehabilitación para garantizar que se limite estrictamente a la conservación y mejora de lo ya existente sin invadir más espacio dunar.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acordó en 2024 declarar la caducidad de la concesión del hotel al constatar incumplimientos de las condiciones establecidas. RIU anunció inmediatamente la presentación de un recurso contra la decisión, que ordena la demolición del complejo hotelero.

El Tribunal Superior de Justicia de Canaria (TSJC) ha avalado el cambio de turno de un trabajador de Correos en Las Palmas de Gran Canaria para poder atender a sus hijos menores, uno de ellos una adolescente de 16 años con problemas psiquiátricos.

En concreto, la Sala de Lo Social, en su sede de Las Palmas, ha reconocido el derecho del hombre a cambiar su turno de tarde al de mañana para poder asistir a sus hijos.

Así lo ha informado el TSJC, que agrega que se revoca así el fallo de instancia que le denegaba al trabajador el cambio de horario y le reconoce el derecho a fijar su jornada en turno de mañana, de lunes a viernes, de 07.00 a 14.30 horas, además de una indemnización de 3.500 euros por daño moral.

La sentencia destaca que el caso debe analizarse con “perspectiva de adolescencia” respecto de la hija de 16 años, que sufre ideas autolíticas y que está en tratamiento médico, distinta de la perspectiva de infancia aplicada al hijo menor.

Asimismo, el fallo recoge que Correos alegó en su respuesta al empleado la necesidad de reforzar el turno de tarde por razones de operativa y reparto en 24 horas, pero concluye que, a la vista de los hechos probados, esa razón abstracta debía ceder ante las necesidades familiares acreditadas.

También añade que la negativa empresarial produjo un daño moral resarcible, atendiendo al impacto de género, infancia y adolescencia que aprecia en el caso.

La Sala ha entendido que “el cuadro descrito en una adolescente de 16 años es clínicamente relevante y potencialmente urgente, precisamente por tratarse de una adolescente con ideación suicida”, añadiendo hay que hacer una interpretación adecuada y finalista de los derechos de conciliación familiar y laboral del trabajador.

“Debemos necesariamente decantarnos por la petición justificada de concreción horaria del demandante, debiendo ceder, en este caso, la abstracta razón organizativa esgrimida por la empresa”, concluyó la sentencia.

Finalmente, el TSJC ha resaltado que la resolución revoca la sentencia de instancia y reconoce de forma expresa la adaptación horaria solicitada, fijando un criterio “especialmente relevante” por su lectura diferenciada de la adolescencia frente a la infancia en contextos de salud mental y conciliación.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y ha ordenado que la actual calle Arquitectos Saavedra y Díaz Llanos recupere su anterior denominación, calle Tolerancia.

El tribunal ha declarado “nulo de pleno derecho” el decreto dictado en 2020 por la Alcaldía.

En su resolución, el TSJC recuerda al Ayuntamiento que la nulidad absoluta produce efectos desde el principio y por tanto establece que “el decreto anulado ha de considerarse como si nunca hubiese existido”.

“A todos los efectos, en esta Muy Leal, Noble, Invicta y Muy Benéfica Ciudad, Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife nunca ha existido una calle llamada Arquitectos Saavedra y Díaz Llanos”, según el tribunal.

Puesto que el fallo aún es recurrible ante el Tribunal Supremo, el TSJC indica que, una vez la sentencia sea firme, la corporación local “deberá desplegar todos los actos necesarios para borrar cualquier rastro del cambio de denominación”.

El nombre de calle Tolerancia había sido instaurado en el año 2008 en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, en sustitución a la denominación dedicada a García Morato.

Sin embargo, en 2020, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, optó por rebautizar la vía en honor a los citados arquitectos mediante un decreto de urgencia, eludiendo el preceptivo acuerdo del pleno municipal.

Tras el recurso impulsado por el abogado Antonio Padilla, un juzgado anuló el cambio en 2023.

El Ayuntamiento apeló entonces ante el TSJC e intentó emplazar a los familiares de los arquitectos para que defendieran la nueva nomenclatura, pero al no personarse ninguno de ellos, el contencioso volvió al juzgado original, que volvió a dar la razón al abogado.

Esto desembocó en un nuevo recurso municipal ante el TSJC, cuyo fallo definitivo trasciende ahora.

El TSJC ha desmontado los argumentos del Ayuntamiento, que intentó justificar la omisión del pleno aludiendo a la avanzada edad de los homenajeados para tramitar el decreto por la vía rápida.

En la sentencia, los magistrados recuerdan que “la regla general en nuestro país es que las calles se dedican a personas ya difuntas”.

Además, señala que los méritos sobresalientes de estos profesionales no surgieron “el día anterior al decreto”, sino que su trayectoria es dilatada, por lo que el Ayuntamiento “ha tenido años para tomar esta decisión”.

El tribunal reprocha a la corporación que recurra a la urgencia cuando es ella misma quien contribuyó a generar premura por su propia “pasividad”.

Afea además que, si había tanta prisa, “no se comprende que la inauguración formal se demore después todo un cuatrimestre”.

Al TSJC no le consta ningún informe técnico ni jurídico que avale la excepcionalidad de la medida y concluye que el expediente de Alcaldía “está huérfano de todo trámite”.

El cauce legal correcto pasaba por efectuar una consulta previa a los grupos políticos o aportar un informe que demostrara la necesidad urgente del cambio en base a una demanda ciudadana, unas herramientas procedimentales a las que el Ayuntamiento “nunca recurrió”, según la sentencia. 

Segundo varapalo para Municipalistas Primero Canarias en su batalla legal contra la dirección de Nueva Canarias- Frente Amplio Canarista (NC-FAC). La jueza de la Plaza 2 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado un nuevo intento de paralizar la declaración de tránsfugas de los altos cargos electos que abandonaron NC para enrolarse en el proyecto impulsado, entre otros, por el actual alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa.

Es el segundo auto en poco más de un mes. El primero fue dictado el 6 de marzo por la magistrada Beatriz Rallo, titular de la plaza 4 de la misma sección. En aquella ocasión, el Bloque Nacionalista Rural (BNR) -partido de Sosa- y el concejal de San Bartolomé de Tirajana Samuel Henríquez solicitaron medidas cautelares inaudita parte (sin escuchar a la otra parte) para suspender los acuerdos que el partido había adoptado en diciembre de 2025. Su objetivo era evitar que se hiciera efectiva la condición de “tránsfugas”, ya que ello implicaría pasar a ser concejales “no adscritos”, lo que limitaría sus derechos políticos y económicos en los ayuntamientos.

Esa primera resolución reconocía que existía una urgencia real para adoptar la medida cautelar, ya que NC había notificado las resoluciones a los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y de Moya. Sin embargo, denegó la suspensión de esos acuerdos al entrar a valorar el fondo del asunto. Basándose en el Pacto Antitransfuguismo, la jueza concluyó que no concurría la “apariencia de buen derecho”. El auto determinó que el abandono de las filas de NC sin el consentimiento de este partido para recalar en el BNR no estaba previsto en el pacto electoral del frente amplio canarista y suponía, a primera vista, “una transgresión y un fraude de ley”.

Apenas un mes después, otro juzgado frustra el segundo intento de Primero Canarias para frenar esa declaración de tránsfugas. Sin embargo, esta vez el portazo llega por defectos de forma.

En este segundo auto, dictado el 9 de abril, la magistrada Noemí Lázare ha denegado otra petición de medidas cautelares sin entrar en el fondo del asunto. La jueza señala en esta resolución que , aunque la demanda fue presentada formalmente en nombre y representación del BNR, “se desconoce quiénes son las personas físicas demandantes y qué cargos ocupan tras las elecciones de 2023”.

La resolución afea a Primero Canarias que no especifique este dato básico en su demanda y agrega que sólo es posible deducir que afecta a miembros del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, entre ellos el propio alcalde (que ahora dice militar en el BNR), por la documentación adjunta aportada.

Y si el primer auto se refería al acuerdo del Consejo Político Nacional de NC en diciembre de 2025, este segundo alude al adoptado el 14 de marzo. Entre los puntos del orden del día figuraban “el inicio de la tramitación de los expedientes disciplinarios” y propuestas vinculadas a “varios casos de transfuguismo”.

Sin urgencia justificada

Primero Canarias optó por la vía excepcional de pedir medidas cautelares inaudita parte. La Ley de Enjuiciamiento Civil exige para ello acreditar razones de “urgencia o necesidad”. Según la reciente resolución judicial, la nueva formación “no alegó ni justificó cumplidamente” este extremo, limitándose a advertir de un perjuicio inminente basándose en referencias “genéricas”.

El mayor reproche de la jueza radica en la falta de concreción. La resolución sostiene que Primero Canarias pidió “con carácter absolutamente genérico” la paralización de todos los acuerdos adoptados por el Consejo Político de NC el 14 de marzo, incluidos aquellos que en nada afectaban a los declarados tránsfugas.

Para la magistrada, “es evidente que no puede pretenderse” una suspensión general, ya que en el orden del día figuran puntos como los asuntos de urgencia o el apartado de ruegos y preguntas, que “nada tienen que ver con el objeto de estas medidas”.

El auto constata que Primero Canarias “ni siquiera ha cumplido el requisito procesal necesario de ofrecimiento de caución”. La ley exige a quien solicita una paralización de este tipo que ofrezca una caución (fianza) suficiente para responder de forma rápida y eficaz por daños y perjuicios.

Ante ese cúmulo de defectos formales -falta de urgencia acreditada, petición genérica, demandantes sin identificar y ausencia de fianza-, la magistrada ha denegado la medida cautelar solicitada y, al igual que en el primer auto, ha impuesto el pago de las costas a Primero Canarias.

Contra esta segunda resolución denegatoria cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas en el plazo de veinte días.

El Gobierno de Canarias ha aprobado el diseño y la estructura de la Oficina Fiscal de Canarias, un órgano destinado a dar soporte y apoyo a la actividad del Ministerio Fiscal en el archipiélago.

Su creación, según ha informado este lunes la Consejería de Presidencia, Justicia y Administraciones Públicas, responde a la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del servicio público de Justicia, que según este departamento culmina un proyecto iniciado en 2018 “y que había quedado paralizado en la anterior legislatura”.

La consejera del área, Nieves Lady Barreto, ha señalado que la puesta en marcha de esta estructura responde al impulso derivado de la nueva normativa estatal y a los acuerdos alcanzados en la comisión mixta entre la Consejería y la Fiscalía en 2025.

La Oficina Fiscal se articula bajo la dirección de la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, y se estructura en torno a la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma, que incluye su sección territorial; las fiscalías provinciales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con sus respectivas secciones territoriales y especializadas; y la Fiscalía de área de Lanzarote-Puerto del Rosario.

El diseño contempla un modelo “flexible” que se adapta al tamaño y características de cada oficina, con áreas funcionales como apoyo a la jefatura, apoyo procesal y a la investigación y soporte general, añade la nota.

Según establece la orden, la dirección de cada oficina fiscal corresponderá a las jefaturas de las fiscalías, mientras que el personal al servicio de la Administración de Justicia dependerá funcionalmente de estas y orgánicamente de la Dirección General competente en medios personales.

La estructura incluye distintos tipos de puestos, como los de libre designación, singularizados y genéricos, añade la nota.

Entre los primeros, la Consejería ha destacado la figura del coordinador de la Oficina Fiscal, encargado de la planificación, organización y supervisión del funcionamiento, así como de la gestión de medios y personal.

Entre los puestos genéricos figuran los de gestor y tramitador procesal-administrativo y auxilio judicial.

Asimismo, se crea una Unidad de Apoyo al Fiscal Superior, que asumirá funciones de representación institucional, comunicación, atención al ciudadano, elaboración de informes, estadística y gestión de recursos humanos y materiales. 

La Audiencia de Las Palmas ha condenado este lunes a un joven acusado de haber asesinado a puñaladas a otro en el parque Arnao de Telde, en Gran Canaria, en mayo de 2024 tras admitir los hechos y pedir perdón a la familia de la víctima.

El presidente del tribunal, Pedro Herrera, ha dictado sentencia 'in voce', en la misma sala de la vista que se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria, ante el acuerdo al que han llegado la Fiscalía, que en un principio reclamaba 20 años de prisión, y la defensa del acusado.

El procesado, de origen marroquí y que tenía 18 años cuando cometió el asesinato, deberá indemnizar a los padres del fallecido, también natural de Marruecos, con 100.000 euros, y una vez que cumpla las tres cuartas partes de la pena de prisión impuesta será expulsado de España con la prohibición de no poder entrar de nuevo hasta pasados 10 años, ha indicado el magistrado.

El acusado se encontraba residiendo de manera ilegal en España y el día de los hechos, el 31 de mayo, compró en un establecimiento cercano al parque un cuchillo de grandes dimensiones con ánimo de acabar con la vida del otro joven, también de 18 años, que se encontraba en el parque y al que había conocido en Lanzarote, isla a la que habían llegado en patera.

El procesado, tras comprar el cuchillo, el cual se escondió debajo de su ropa, donde ya llevaba otro que iba a utilizar con el mismo fin, se dirigió al parque Arnao, donde ya sabía que estaría la víctima.

Una vez allí, se dirigió hacia la víctima y, sin darle posibilidad de defensa, sacó de manera sorpresiva ambos cuchillos y, con uno en cada mano, comenzó a apuñalarle repetidas veces en el cuerpo, dirigiendo uno de ellos hacia el corazón.

Esta puñalada se hundió 19 centímetros entre la cuarta y la quinta costilla, seccionándole la arteria aorta, lo que le provocó un choque hipovolémico que le produjo la muerte antes de que llegaran los efectivos sanitarios.

Tras el ataque, el acusado huyó del lugar “a la carrera”, si bien fue posteriormente detenido y lleva en prisión provisional desde el 3 de junio de 2024.

El acusado había llegado de Lanzarote tres días antes de los hechos y vivía de okupa en Telde junto al fallecido y otros tres jóvenes, también marroquíes, que presenciaron el suceso, han indicado fuentes cercanas al caso.

Al haber llegado a una conformidad no ha sido necesario constituir el tribunal del jurado que iba a juzgar el caso esta semana. 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado la primera sentencia que estima íntegramente un recurso contra la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria para su adaptación a la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las de ordenación del turismo de Canarias. La Sala declara que el instrumento es nulo de pleno derecho, por haberse tramitado para adaptarse a una ley que, en el momento de su aprobación definitiva, ya había sido derogada.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en su sede de Las Palmas concluye, en la primera sentencia que se conoce en respuesta a los recursos contra la revisión del PIO (en los próximos días habrá nuevas resoluciones), que resulta incompatible aprobar una revisión urbanística “para adaptarse a una normativa derogada” y que carece de sentido mantener en el planeamiento referencias a unas Directrices de Ordenación General ya expulsadas del ordenamiento.

En su resolución, también rechaza la interpretación del régimen transitorio defendida por la Administración, al entender que “no se ha respetado el propio régimen transitorio” de la Ley del Suelo de Canarias.

El procedimiento se refiere a la revisión del plan insular aprobada definitivamente por el Pleno del Cabildo de Gran Canaria el 29 de diciembre de 2022 y publicada en enero de 2023. La sentencia subraya que la continuidad de la tramitación bajo la normativa anterior no puede amparar la aprobación de un instrumento “vacío de contenido” por haberse quedado sin efecto la base legal a la que pretendía adaptarse.

La resolución impone además las costas a las partes vencidas. Contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del propio TSJC.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a un agente de la Policía Nacional en el sur de Tenerife al que la Fiscalía acusaba de haber informado a su suegro sobre una supuesta investigación en marcha. En concreto, se acusaba al agente de revelar la titularidad de un coche, pues sus familiares se sentían vigilados y aparentemente le preguntaron si podía ser “de delincuentes”.

Sin embargo, según la Fiscalía, se trataba de un vehículo policial camuflado en un operativo por presunta posesión de armas y municiones sin permiso en un almacén del sur de Tenerife, en la que al final no se vio involucrado el suegro del policía.

Tras realizar un primer contacto el 16 de diciembre de 2022 con el procesado, éste llevó a cabo seis consultas sobre la matrícula en la base de datos policial y a partir de aquí comunicó a su suegro que no había información sobre el coche.

En la sentencia se recoge que nunca quedó acreditado que el acusado fuera consciente de que esta respuesta diera lugar a un perjuicio grave al dispositivo de vigilancia, hasta el punto de que el Ministerio Público consideró que fue la causa de que se frustrara la operación.

En el fallo dado a conocer este viernes se recoge que tras valorar la prueba, incluyendo declaraciones de Asuntos Internos de la Policía Nacional y el análisis de un teléfono móvil, no hay evidencia de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

“No se acredita que el acusado supiera que el vehículo era policial ni que revelara información reservada con intención de frustrar la investigación”, se indica en la sentencia. La absolución se basa en que, según la Audiencia Provincial, para confirmar el delito hubiese sido precisa una “revelación” que causara daño grave o afectara a informaciones merecedoras de abrir procedimiento penal, más allá de una falta administrativa. Durante el juicio, la defensa planteó la nulidad de actuaciones por superarse los plazos de instrucción, argumento que fue desestimado apelando a jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS).

El alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña (Unidos por Betancuria), ha negado este jueves ante el juez los presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada, malversación de caudales públicos y acoso laboral por los que se le investiga tras una denuncia de Fiscalía.

Cerdeña ha declarado ante el juez de Instrucción número tres de Puerto del Rosario tras haber sido citado en calidad de investigado tras una denuncia presentada por el fiscal Tomás Fernández en 2025 a raíz de que una trabajadora del Ayuntamiento pusiera al Ministerio Fiscal en conocimiento de presuntas irregularidades.

Esta empleada, que ejerce como asesora jurídica y jefa de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Betancuria desde 2012, había desempeñado, ocasionalmente, labores como secretaria e interventora municipal.

Uno de los expedientes en los que se detectaron supuestas irregularidades concierne a unas obras de reposición de muros y pavimentaciones por un valor de 419.310 euros adjudicado mediante un procedimiento negociado sin publicidad, ya que el concurso público había quedado desierto porque la empresa que se iba a encargar de estos trabajos no presentó la documentación en tiempo y forma.

Finalmente, se acabó adjudicando a esa misma empresa además de haber nombrado como órgano de contratación a la Junta de Gobierno cuando el competente es el pleno municipal.

Según la denuncia de Fiscalía, el alcalde ordenó mediante una resolución del 12 de agosto el pago de una certificación del citado expediente por valor de 53.000 euros como si fuera un contrato menor, algo que no podría ser porque supera la cuantía máxima para ese tipo de contratos.

Por ello, el Ministerio Fiscal considera que “ni el pago corresponde a un contrato menor, pues se trata de un procedimiento negociado sin publicidad; ni podría nunca corresponder, dado el importe y por imperativo legal, a dicha figura contractual”, y que debe ser el pleno el órgano competente para la adjudicación.

En la denuncia se citan otros dos presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa: el primero junto con un supuesto delito de malversación de caudales públicos, al poner la Fiscalía el foco en la adjudicación a dos empresas externas, en el mismo año y por contratos menores, “las funciones públicas legalmente no delegables de asesoría jurídica municipal”.

Además, según Fiscalía, “sin justificar la necesidad” para ello, al existir en el Ayuntamiento una funcionaria con dicho puesto.

En este caso se hace hincapié en la supuesta “infracción de la figura del contrato menor, al realizarse dos contratos con objeto, al menos parcialmente, coincidente, en el mismo año y por importe superior conjunto a 15.000 euros, en aparente perjuicio del Ayuntamiento”, puesto que la funcionaria titular cobra precisamente por esos servicios jurídicos que se externalizaron.

En la denuncia de Fiscalía también se encuentra la exclusión de forma reiterada de las Mesas de Contratación del Ayuntamiento de Betancuria de la funcionaria titular, colocando en su lugar a una interina, lo que para el fiscal supone un presunto delito de acoso laboral por denegar a la funcionaria titular el acceso a la tramitación de expedientes o documentación necesaria para el desempeño de sus funciones.

A la salida del Juzgado, el alcalde no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación, pero sí su abogado, Raúl Miranda, quien ha explicado que tanto el primer edil como la secretaria del Ayuntamiento han “negado todas las acusaciones”

Miranda ha aclarado que, respecto a los hechos denunciados, entienden “que no se ha cometido ningún tipo de delito”, y que no ve que existan “infracciones ni siquiera de carácter administrativo”, sino que toda la denuncia se cimienta sobre “interpretaciones de la ley”.

Además se ha mostrado confiado en que con las declaraciones como investigados del alcalde y de la secretaria se zanje la instrucción, y ha rechazado la acusación de acoso laboral asegurando que “se ha puesto en marcha el protocolo correspondiente, que no se ha podido culminar” todavía