El cuerpo sin vida de una persona ha sido hallado en la mañana de este sábado en la playa de Huelin de Málaga capital, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.

El 112 ha recibido un aviso minutos antes de las 08,20 horas de este sábado alertando de que, al parecer, había un hombre fallecido en la citada playa, junto a un merendero.

De inmediato, dieron aviso a los servicios sanitarios, a la Policía Local, a Cruz Roja, a la Guardia Civil y a Policía Nacional, que han confirmado el fallecimiento de la persona.

Desde la noche del pasado 29 de abril se buscaba a una persona que se había adentrado en la playa de la Misericordia y no había salido. Así, se activó un dispositivo de búsqueda. No obstante, no ha trascendido si se trata de la misma persona.

Adif recupera este jueves la conexión ferroviaria de alta velocidad con Málaga, tras la reparación de los daños ocasionados por las intensas y prolongadas lluvias el pasado 4 de febrero a la altura del municipio malagueño de Álora, cuando se produjo un desprendimiento de tierras y el colapso de un muro de contención.

La circulación en la línea de alta velocidad que une Málaga con Madrid y otras capitales andaluzas se restablece, por tanto, antes de este puente de mayo y tras una intervención “de gran complejidad y magnitud”, debido al volumen del deslizamiento con más de 200.000 metros cúbicos de tierra y las condiciones del terreno, además de la proximidad de una línea de alta tensión.

Así, tras el colapso, el muro y su entorno se sometieron a un análisis técnico del que se derivó la necesidad de suprimir buena parte de la estructura que continuaba en pie, mediante un plan de trabajo por fases para garantizar la seguridad de las operaciones, y suavizando asimismo la pendiente del terreno. Durante los trabajos, se han movilizado unas 25 máquinas de diverso tipo y hasta 75 personas repartidas en varios turnos de trabajo, cubriendo las 24 horas del día, con el objetivo de agilizar la recuperación de la infraestructura y el servicio ferroviario lo antes posible.

Primer AVE

Renfe será este jueves, 30 de abril, el primer operador en ofrecer un servicio directo de alta velocidad entre Málaga y Madrid, tras la recuperación de la infraestructura afectada por el temporal. De igual modo, tras ello, Iryo y Ouigo vuelven también realizar esta ruta. De esta forma, las tres operadoras volverán a prestar servicio desde el primer momento que Adif abra la línea este jueves a las 12.00 horas.

En concreto, Renfe ha informado en un comunicado que el primer tren directo de la jornada será un Madrid-Málaga con salida a las 09.50 horas y llegada a la capital malagueña a las 12.52 horas. En sentido inverso, el primer servicio de Renfe partirá de Málaga a las 12.00 horas, con llegada a Madrid a las 14.58 horas.

Así, han valorado que Renfe “se consolida además como el operador que ofrece mayor número de servicios en esta relación, con una oferta total de 161 frecuencias semanales y una media de 25 servicios diarios en ambos sentidos”.

Por otro lado, han recordado que bajo el compromiso de la compañía de atención al cliente y de garantizar la movilidad, durante el tiempo que se ha mantenido interrumpido el tráfico ferroviario por los daños del temporal, Renfe ha sido el único operador que ha mantenido activo un plan alternativo de transporte, con autobús, entre Málaga y Antequera Santa Ana.

Planes alternativos

Los planes alternativos de transporte mediante servicios de autobús puestos en marcha por Renfe para garantizar la continuidad del servicio de Alta Velocidad en Málaga -incluidos los servicios Avant desde el corte de Álora- han registrado hasta el pasado 22 de abril un total de más de 275.000 viajes.

De acuerdo con las estimaciones realizadas, y considerando el mantenimiento de estos dispositivos hasta este jueves, el número total de desplazamientos superará los 300.000 viajes.

Este volumen de desplazamientos incluye tanto los viajes realizados durante el Plan Alternativo de Transporte (PAT) en el tramo Villanueva de Córdoba-Córdoba, que permitió mantener la operativa de los servicios de Alta Velocidad entre Madrid y Málaga desde el 20 de enero hasta la reapertura del servicio en Adamuz el 17 de febrero, como los correspondientes al PAT entre Antequera y Málaga, que se puso en marcha el 18 de febrero a raíz del desprendimiento registrado en Álora y que se ha mantenido en funcionamiento hasta la reapertura de la vía.

Asimismo, han precisado que las actuales condiciones de la infraestructura, con tramos en los que la circulación se mantiene por vía única, obligan a ajustar la programación del servicio, modificando los horarios respecto a los vigentes antes del corte de vía.

Iryo

Por su parte, Iryo detalló que volverá con diez frecuencias diarias, distribuidas en cinco servicios por sentido. Dentro de esta programación, están incluidos los servicios transversales Barcelona-Málaga, con dos circulaciones diarias (1 ida y 1 vuelta). Las primeras frecuencias de Iryo este jueves de reapertura tendrán salida a las 15.05 horas de Madrid y a las 18.52 horas de Málaga. A partir del 1 de mayo, la operativa se desarrollará conforme a la programación ordinaria de horarios.

Por otro lado, cabe recordar que la conexión ferroviaria por alta velocidad entre Málaga y Madrid ha presentado problemas desde el trágico accidente de Adamuz (Córdoba) y después por el tren de borrascas, que produjo estas incidencias en la vía a la altura de la localidad de Álora. Hasta ahora se mantenía el servicio de AVE por parte de Renfe pero con un trasbordo por carretera entre Málaga y el municipio malagueño de Antequera.

El Ayuntamiento de Mijas, gobernado por el PP, ha decidido que la noticia del homenaje a Dolores Vázquez, que hace veinticinco años pasó 17 meses en la cárcel condenada por un asesinato que no había cometido, no merece espacio en sus medios de comunicación. Tras publicar una pieza titulada “El Ministerio de Igualdad rendirá un homenaje a Dolores Vázquez”, Mijas Comunicación la levantó horas después porque un concejal llamó por teléfono para dar la orden de retirarla. La noticia carece de “interés municipal”, dijo luego ese concejal, que ha evitado dar más explicaciones.

Este lunes, el Ministerio de Igualdad rindió homenaje a Vázquez con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica, en un acto con la ministra Ana Redondo, quien admitió que se cometió con ella “un linchamiento social e institucional” que supone “una vergüenza compartida”. El homenaje tuvo cobertura en televisiones, radios y medios escritos del país de alcance nacional.

Vázquez y la víctima de aquel asesinato, Rocío Waninkhoff, vivían en Mijas en 1999, cuando ocurrieron los hechos. El crimen causó una conmoción en este municipio malagueño (95.104 habitantes), mencionado durante meses en programas de máxima audiencia y portadas de periódicos.

La alarma social, inflamada por el sensacionalismo mediático y la construcción de un personaje estereotipado en torno a su orientación sexual, fue clave en el error judicial que envió a prisión a Vázquez. Cuando pudo salir de la cárcel, tras casi un año y medio entre rejas en los que sufrió el escarnio público, la mujer se retiró del mundo. No ha vuelto a vivir en Mijas, donde nunca se le ha ofrecido ningún acto de reparación.

“Sin interés” para el PP, “censura” para el PSOE

Mijas Comunicación publicó en su web y difundió en sus redes sociales una previa a ese homenaje el pasado 15 de abril, cuando fue anunciado por el Gobierno. Sin embargo, horas después desapareció. La noticia aparecía en buscadores, pero al pinchar devolvía error. Lo mismo ocurrió con otra noticia sobre la posibilidad de solicitar el trámite de la regularización extraordinaria de migrantes en las oficinas municipales.

Extrañado, el concejal Roy Pérez (PSOE) preguntó en el Pleno qué había pasado con la noticia durante el Pleno del pasado viernes 24. Y allí Mario Bravo, concejal de Hacienda y consejero delegado en Mijas Comunicación, respondió lo siguiente: “Yo la vi, y consideré que no era de interés municipal. Conozco a esta señora y a su entorno. Es posible que se merezca todos los premios del mundo, pero considero que no era noticia de interés para que se publicara en los medios de comunicación municipales. Hablé con la directora y ordené que se retirara esa noticia”. Respecto a la retirada de la noticia sobre la regularización, Bravo descargó la responsabilidad en el otro concejal delegado, Juan Carlos Cuevas, de Vox. Bravo ha rehúsado ofrecer más explicaciones a este medio de por qué ordenó retirar la noticia.

Para Roy Pérez, es un “pretexto para justificar la censura de una noticia” porque parte de una iniciativa del Ministerio de Igualdad. La oposición está escandalizada por que los concejales pasen por encima del criterio periodístico de los profesionales, y lo admitan sin tapujos. “Es una barbaridad. La misión del consejero delegado es la gestión de la empresa. Que se paguen las facturas, las licitaciones… No tiene una labor editorial, para eso está la directora y los directores de área”, observa Josele González, portavoz del PSOE y alcalde de la localidad de 2019 hasta octubre de 2023, cuando fue desbancado por una moción de censura (PP + Vox + concejal no adscrito) que aupó a Ana Mata a la alcaldía.

Mijas Comunicación es una empresa 100% municipal que gestiona la televisión, radio y web públicas del municipio. Tiene un presupuesto de 3,8 millones de euros y cuenta con 38 trabajadores. Después del pacto para la moción de censura tiene dos consejeros delegados, uno del PP y otro de Vox, y los dos han intervenido para ordenar la retirada de sendas noticias: la del homenaje y la de la regularización.

Además de publicar lo que sus periodistas consideran de interés, el medio publica todas las notas de prensa de los partidos con representación, en teoría para reforzar el pluralismo. Por eso, ahora se da la paradoja de que la web tiene publicada una pieza remitida por el PSOE informando de la retirada de la noticia del homenaje a Vázquez, pero no la propia noticia del homenaje.

La construcción de un personaje y una condena sin pruebas

El asesinato de Rocío Wanninkhof y la posterior detención y condena de Dolores Vázquez ocupó cientos de horas de tertulias televisivas y decenas de portadas de medios impresos. Casi siempre, con un tratamiento prejuicioso y sensacionalista que construyó una figura estereotipada de Dolores Vázquez.

Poco antes de la desaparición de Wanninkhof, Vázquez y Alicia Hornos, la madre de Rocío, habían terminado una relación sentimental. Vázquez fue detenida el 7 de septiembre del año 2000, y pronto se sentaron las bases del arquetipo: la lesbiana despechada, fría y calculadora que había matado a la hija de su antigua amante para hacerle daño.

La Guardia Civil ya tenía móvil: los agentes descartaron otras líneas de investigación e indicios que cuestionaban la culpabilidad de la mujer. No había indicios sólidos que la situaran en la escena del crimen, pero el personaje ya había calado, y Vázquez se convirtió en una apestada: meses después, un jurado popular la condenó.

Pasó 519 días en prisión, hasta que en febrero de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la condena por la falta de motivación. También ordenó repetir el juicio, pero eso ya nunca ocurrió: en agosto de 2003 fue asesinada Sonia Carabantes. Cuando detuvo al autor, la Policía comprobó que su ADN estaba también en la colilla aparecida en el lugar donde había desaparecido Rocío Wanninkhof. El asesino de Carabantes y de Rocío era el mismo: Tony Alexander King, un británico residente en la Costa del Sol con un largo historial delictivo, autor de varias agresiones sexuales.

La orientación sexual de Vázquez fue determinante en su condena social, sin la que no puede entenderse su posterior condena judicial. “Se usaron todos los estereotipos atribuidos tradicionalmente a las lesbianas contra ella, desde el análisis de su físico a su supuesta personalidad. Se la masculinizaba y se decía que era desagradable, celosa, maltratadora y despiadada”, explicaba a elDiario.es Beatriz Gimeno, autora de La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008), donde analiza a fondo el caso.

Cuando salió de la cárcel Vázquez no volvió a Mijas, sino que se marchó a Lisboa “enfadada con el mundo y con todos”, según dijo este lunes. Ahora ha perdonado y ha aprendido “a vivir y a querer”. No ha sido indemnizada hasta ahora por los casi dos años que pasó en prisión, ni nadie le pidió perdón, hasta que este lunes tuvo lugar el acto de reconocimiento.

Agentes de la Policía Nacional han detenido al menos a 15 personas en una operación desarrollada en el céntrico barrio de La Trinidad de Málaga capital desde primeras horas de la mañana de este martes. La operación, dirigida por el grupo de Atracos y Delitos Violentos de la Policía Nacional, está coordinada por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, que la ha declarado secreta.

La operación se produce tras la sucesión de tiroteos en esta zona durante las últimas semanas, el último de ellos el pasado 16 de abril poco después del mediodía. La Policía Nacional ha explicado que el dispositivo se ha establecido a raíz de los enfrentamientos violentos entre dos clanes familiares y ha indicado que dentro del operativo desarrollado se ha llevado a cabo la detención de la mayor parte de los investigados.

El dispositivo incluye hasta el momento 21 registros en distintas calles de la zona y la intervención de diez armas de fuego, dinero falso, drogas y otros efectos.

En este dispositivo, según ha precisado el Cuerpo Nacional de Policía, participan un total de 250 efectivos de diferentes unidades policiales, tales como UIP, GOES, GOIT, UPR, BPPJ, y de las comisarías de los Distrito Centro, Norte y Oeste, medios aéreos y guías caninos. Durante toda la mañana, y al menos desde las 06:00 horas, un helicóptero de la Policía Nacional ha sobrevolado la zona como apoyo a la actuación de los efectivos, tanto uniformados como también de paisano, que han desarrollado el operativo a pie de calle.

En las últimas semanas se han producido al menos dos tiroteos en la zona, sin que se hayan producido heridos. En enero también se registraron dos incidentes similares.

El mítico grupo El Último de la Fila regresa a los escenarios tres décadas después con una nueva gira que recorrerá 12 ciudades españolas y que arranca este sábado en el Marenostrum Fuengirola, en Málaga, un reencuentro con el público que afrontan con “responsabilidad”. A ello unen la emoción de volver a Andalucía, una tierra a la que, recuerdan, acudían en sus inicios para tocar “en entrañables casetas” y con cuyo público siempre han sentido una conexión especial, marcada por “una fluidez y una facilidad fuera de lo común”.

Así lo han explicado Manolo García y Quimi Portet en una entrevista concedida a Europa Press, donde han rememorado su evolución desde aquellos primeros conciertos hasta actuaciones en plazas de toros y grandes recintos. En su opinión, Andalucía ha sido siempre un lugar donde han encontrado “un público entregado y receptivo a nuestra propuesta”, algo que confían en volver a vivir en esta nueva etapa.

En este sentido, han querido destacar las “facilidades” recibidas en Fuengirola para preparar los ensayos generales, por lo que se muestran “sumamente agradecidos”. De cara al concierto inaugural en la ciudad malagueña, su deseo es que “el público conecte con la emotividad del repertorio y disfrute tanto como nosotros”.

“Una charla rutinaria de sobremesa”

Respecto a su regreso tras tres décadas, ambos explican que la idea de volver a girar bajo el nombre de El Último de la Fila surgió mientras trabajaban en el estudio en distintos proyectos, al recuperar con “suma facilidad la dinámica habitual” del grupo, lo que les llevó a plantearse de nuevo los directos. “La conversación definitiva fue, curiosamente, una charla rutinaria de sobremesa”, revelan, señalando que “después de esa conversación todo fue muy fácil y natural”.

En este contexto, han asegurado ser “perfectamente conscientes de la expectación que generan estos nuevos conciertos y la asumimos plenamente”, al tiempo que han subrayado que la única manera de responder a ella es centrarse en su oficio y preparar cada actuación con “absoluto respeto” hacia las canciones y lo que significan tanto para el público como para ellos, cuidando al máximo tanto los ensayos como la parte técnica del espectáculo.

En cuanto a este regreso, no descartan que pueda ir más allá de algo puntual, aunque prefieren dejar la puerta abierta y señalan que “ya lo iremos viendo”. “El reto de esos 12 conciertos es suficientemente serio como para concentrar toda nuestra energía en ellos y permitirnos la frivolidad de negligir el futuro por unos meses”, han explicado.

Canciones “altamente significativas”

Por otro lado, Manolo García y Quimi Portet han detallado que estos conciertos se articulan en torno a unas dos docenas de canciones “altamente significativas para nosotros y para el público”, al tiempo que han avanzado que la interpretación será “lo más fiel posible” a las versiones originales. No obstante, han subrayado que “no es un concierto nostálgico en absoluto”, ya que “esas canciones nos continúan interpelando de una forma natural y genuina”.

Asimismo, sobre su vuelta a trabajar juntos, se han sincerado señalando que son dos personas que, “por diversos motivos, tenemos una gran facilidad para trabajar con eficiencia y con absoluto respeto”. En este sentido, han recalcado que ambos son conscientes de que el concepto de El Último de la Fila “está por encima de nuestras individualidades”, aunque han apuntado que “quizá” la única diferencia respecto a etapas anteriores es que ahora están “un poco más relajados”.

En la misma línea, han señalado que su relación siempre se ha caracterizado por un entendimiento sólido en todos los niveles, especialmente en el artístico. “Eso sucedió antaño, continúa sucediendo actualmente y, eventualmente, continuará sucediendo en un hipotético futuro”, han apostillado.

Una música “válida durante decenios”

En este sentido, han explicado que el repertorio del grupo, surgido en los años 80 y 90, pertenece a ese género menor al que les gusta denominar “música popular contemporánea”, en el que las canciones “pueden resultar válidas durante decenios”. “Eso ha sucedido con material musical desde los años 60 del pasado siglo”, afirman, y por ello confían en poder permitirse “la pequeña vanidad de que nuestro material musical pueda también resultar interesante después de prácticamente 30 años”.

En relación con el panorama actual de la música, los artistas han reconocido que es “completamente diferente” al de sus inicios, aunque han subrayado que lo que no ha cambiado es la esencia de su oficio. “Hacemos canciones de música popular para el propio placer y para el presumible placer de nuestros coetáneos”.

Por último, han destacado que existen “muchos artistas” actuales que les gustan, al tiempo que han remarcado que “siempre habrá músicos increíbles haciendo música altamente inspiradora y cada generación tendrá, afortunadamente, sus propios músicos, independientemente del estado y del funcionamiento de la industria”.

Un trabajador de 53 años ha muerto este viernes tras caer por el hueco de un ascensor en Málaga, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se ha producido sobre las 12.19 horas, cuando compañeros de la víctima han alertado que un operario se había precipitado por el foso de un ascensor de un edificio en obras en la calle Ingeniero Francisco Merino.

Al lugar han asistido a la víctima efectivos de Policía Local y Nacional, junto con Bomberos y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quien ha certificado su defunción en el lugar. El 112 ha alertado a Inspección del Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid, interrumpida desde principios de febrero, se recuperará el 30 de abril a las 12.00 horas antes del puente de mayo, según ha confirmado a EFE el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

La línea de alta velocidad Madrid-Málaga lleva varios meses de suspensión, primero por el accidente en Adamuz (Córdoba) a causa del descarrilamiento de un Iryo el pasado 18 de enero –que acabó con la vida de 46 personas– y, posteriormente, por un desprendimiento de tierras cerca de Álora (Málaga) durante un fuerte episodio de lluvias, lo que obligó a cortar el servicio de AVE el 4 de febrero.

Tras el colapso, el muro y su entorno se sometieron a un análisis técnico del que se derivó la necesidad de suprimir buena parte de la estructura que continuaba en pie, mediante un plan de trabajo por fases para garantizar la seguridad de las operaciones, y suavizando asimismo la pendiente del terreno.

Una vez completadas estas operaciones, actualmente se reponen las instalaciones ferroviarias: sistemas de electrificación (catenaria), vías y desvíos, así como los equipos de señalización y regulación del tráfico.

Durante los trabajos, se han movilizado unas 25 máquinas de diverso tipo y hasta 75 personas repartidas en varios turnos de trabajo, cubriendo las 24 horas del día, con el objetivo de agilizar la recuperación de la infraestructura y el servicio ferroviario lo antes posible.

Cifras inexactas

La fecha de reapertura de la conexión ferroviaria directa de alta velocidad anunciada ahora cumplirá con las previsiones que se trasladaron a mediados de marzo, que apuntaban a su restablecimiento a finales de abril, después de que se dieran otras fechas que no pudieron ser cumplidas.

El parón en la línea entre Madrid y Málaga provocó una fuerte polémica política entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía por coincidir con la Semana Santa. El Gobierno de Juanma Moreno pasó de alegar un impacto económico de entre 190 y 200 millones de euros por la falta de AVE a elevarlo a 1.300 millones de euros en línea con las estimaciones del sector hostelero malagueño. Sin embargo, dicho periodo vacacional cerró en Málaga con más ocupación que el año pasado pese a no contar con la vía de tren de alta velocidad reabierta.

En un comunicado, Adif ha trasladado que se restablecerá el servicio “si no hay ningún factor externo sobrevenido”, como ha ocurrido anteriormente, después de una intervención de gran complejidad y magnitud, debido al volumen del deslizamiento (más de 200.000 m³) y las condiciones del terreno, además de la proximidad de una línea de alta tensión.

En la Gerencia de Urbanismo de Málaga hay un expediente de infracción de 1984 pendiente de que se dé traslado al particular del informe del técnico municipal y otro, también abierto hace 42 años, pendiente del acuse de recibo. Hay un centenar largo de casos de los años 80, casi mil procedimientos del siglo pasado y cerca de 13.000 en total que se acumulan pendientes de alguna actuación para restablecer la legalidad o sancionar una infracción urbanística, ya sea una construcción ilegal o la falta de una licencia.

En total, hay 12.823 procedimientos de disciplina urbanística abiertos o en trámite, correspondientes a 9.455 expedientes (ya que un expediente puede generar varios procedimientos). El 70% de ellos no ha pasado las primeras fases del procedimiento. Un 9%, han alcanzado fases de ejecución material o demolición y 618 están en fase de sanción.

Los datos, obtenidos por el grupo municipal Con Málaga (IU + Podemos) tras año y medio pidiéndolos, han causado escandalera en Málaga porque inciden en un déficit que ya motivó denuncias internas, una investigación penal y una comisión de investigación hace poco más de un lustro. La sospecha entonces era que había poco interés político por parte del Ayuntamiento (gobernado desde 2000 por el incombustible Francisco de la Torre -PP-) en agilizar las actuaciones del servicio de disciplina urbanística. Jefes de la Gerencia afirmaron ante un juez que los responsables presionaban para “mirar hacia otro lado” y varios trabajadores confirmaron el vaciamiento de la plantilla de Urbanismo dedicada a estas cuestiones.

“Barra libre” de infracciones

Ahora, Con Málaga vuelve a apuntar al mismo síntoma de un sistema ineficaz que pone “barra libre” a las infracciones, según Toni Morillas, portavoz de la coalición, quien ha reclamado la apertura de una nueva comisión de investigación.

Esta crítica activó de inmediato un resorte en el equipo de gobierno, muy sensible al tema. “Calumniar es gratis”, replicó al día siguiente Carmen Casero, concejala de Urbanismo, quien justificó el atasco en la complejidad y el garantismo de los procedimientos, y dijo que el 74% de los 48.365 expedientes que ha tramitado el servicio están resueltos. Todos los demás “tienen una causa por la que están abiertos”. “Es mentira que de manera intencionada este equipo de gobierno paraliza los expedientes”, añadió. Según dijo, cada expediente puede constar de hasta ocho hitos, cada uno de los cuales tiene que notificarse al interesado. “¿Podría ser más rápido?”, se preguntó: “No está en nuestras manos”.

“Hay que poner al personal donde hace falta”

Casero no mencionó las cuestiones organizativas ni la falta de personal, la principal crítica desde hace años. En cuatro ocasiones, Casero evitó responder a la periodista de la Cadena Ser que le pidió que concretara el número de personas que visitan las obras presuntamente infractoras. “No puede ser que haya un servicio de inspección que solo tenga a tres inspectores”, había reclamado Morillas. En la Gerencia de Urbanismo trabajan alrededor de 320 personas, aproximadamente un tercio de las cuales son técnicos. La cuestión es qué tareas asumen, según varias fuentes. “Claro que hay personal, pero hay que ponerlo a trabajar donde hace falta. Pero si no es tu prioridad…”, lamenta una fuente interna.

De los 320, actualmente hay 14 personas adscritas al servicio de infracciones urbanísticas, según la relación de personal adscrito entregada por el Ayuntamiento a Por Málaga, aunque Casero dijo que eran 19 en rueda de prensa, sin desglosarlos. Eran 18 en 2017, cuando el Ayuntamiento aprobó su Plan Municipal de Inspección Urbanística. Antes había ocho técnicos auxiliares, que son los encargados de realizar las visitas al lugar de la presunta infracción; hoy son tres. Por entonces, había un “instructor de procedimientos sancionadores”. Esa figura ya no existe y los tres técnicos de administración general (licenciados en Derechos) se han convertido en uno.

“Si están desbordados acaba repercutiendo en el servicio”, admite Susana González de Lara, decana del Colegio de Arquitectos, que apunta al posible efecto colateral de generalizar las declaraciones responsables, un mecanismo que permite al ciudadano tramitar sin licencia expedientes menores, a veces sin proyecto técnico. “Puede que algunos aprovechen para excederse, y eso derive en más expedientes de infracción”, lo que añade más volumen para la misma o menor plantilla encargada de restituir la legalidad.

“Málaga no tiene inspectores: sea para ruidos, para la ocupación de vía pública de locales en el Centro, para viviendas turísticas o para infracciones urbanísticas”, denuncia el arquitecto Fernando Ramos, que lleva años documentando estas carencias y observa que nada cambia. Por ejemplo, el registro municipal de solares en ruinas está desactivado desde hace años. “La conservación afecta a la vía pública y a la seguridad de los viandantes. No es aceptable que el Ayuntamiento diga durante 25 años que no encuentra al responsable. Debe actuar subsidiariamente, porque hay una obligación de poner el solar en carga. Si no, es dejación de funciones, y para el propietario es una herramienta para especular”.  

También caducaron por caducidad cientos de expedientes para retirar viviendas turísticas del registro porque el Ayuntamiento no presentó en tiempo su informe, tal y como desveló este periódico.

Una Comisión de Investigación ya constató injerencias

En diciembre de 2017 se aprobó un plan municipal para “mejorar la eficacia de la norma, el cumplimiento efectivo de la ley por sus destinatarios y garantizar el respeto al principio de igualdad”, y precisamente “en atención a la gran cantidad de expedientes” de infracción. En teoría, sigue vigente, ya que se prorrogaba tácitamente si no se aprobaba uno nuevo en cuatro años, pero el Ayuntamiento no da cuenta del mismo. Para evaluar su cumplimiento, el plan obliga a elaborar una memoria de seguimiento y control de las intervenciones, pero tampoco hay constancia. Casero se limitó a señalar que “da resultado” porque en el último año se han abierto más expedientes que nunca.

La aprobación del plan coincidió en el tiempo con la comisión de investigación puesta en marcha en el Consistorio ante el descubrimiento de que unas 7.000 de las 11.834 denuncias urbanísticas presentadas entre 2006 y 2016 estaban sin investigar, con mil archivadas por caducidad.

La Comisión, celebrada durante el único mandato de los últimos siete en que el PP no ha tenido mayoría absoluta, se cerró con conclusiones muy críticas en las que se ponía el acento en la falta de personal y de planificación y la existencia de presiones políticas para dilatar expedientes. Según relataron algunos trabajadores, las técnicas de presión para evitar actuaciones urbanísticas incluían ceses o amenazas de cese (“poner a pegar sellos”), obligaciones de aviso previo de visitas inspectoras al concejal de distrito, falta de medios materiales y trabas para dilatar la tramitación hasta su caducidad. La antigua jefa de negociado, Teresa Domingo, se reunió con el alcalde en 2014 para exponerle estas irregularidades.

Poco después, un juzgado de instrucción investigó a los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares (que siguen siéndolo) y el gerente José Cardador por las presuntas injerencias para entorpecer la tramitación de expedientes de sanción en la urbanización Villas del Arenal, donde muchos vecinos se habían construido pérgolas o anejos ilegales. Domingo y el antiguo jefe de la sección de infracciones confirmaron ante el juez la existencia de “injerencias políticas”, pero la denuncia acabó archivada.

La cuestión del personal laboral

También ha habido polémicas internas. La Gerencia de Urbanismo es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Málaga con un régimen laboral singular. Durante años, tuvo contratados a la mayoría de sus 300 trabajadores como personal laboral que encadenaban contrato tras contrato sin haber superado un proceso selectivo público. Pese a ello, muchos ejercían potestades reservadas a funcionarios, como otorgar licencias o proponer sanciones. Algunos acabaron demandando al Ayuntamiento. En 2024 la Junta de Andalucía y los tribunales (que tumbaron varios procesos selectivos) censuraron la estructura laboral de Urbanismo y obligaron a adaptar la nueva Relación de Puestos de Trabajo a la legalidad.

En 2023, José María Morente fue nombrado gerente con la misión de “pacificar” el organismo. Venía con un extenso bagaje: tras años de incertidumbre, consiguió encarrilar el nuevo plan general de Marbella, y fue decisivo en la elaboración de la nueva ley urbanística de Andalucía (LISTA) como director general de Urbanismo de la Junta. Hay quien cree que llegó a Málaga sólo para una cosa: encajar el nuevo PGOU de Málaga en la LISTA. “Está como figura: firma lo que le ponen por delante, pero no dirige. Tampoco el consejo rector tiene una función clara. En teoría es el órgano de dirección, pero no se dice cuáles son sus prioridades”, alerta una fuente interna, que denuncia falta de dirección.

La gran novedad en los últimos meses es que Málaga ha incorporado la posibilidad, prevista por la LISTA, de que entidades privadas participen en el procedimiento para la concesión de licencias, con el argumento de que dota de “agilidad” al sistema. La oposición denuncia que allana la privatización y consagra la desigualdad de acceso al sistema, reforzando la sensación de discrecionalidad, de la que hay ejemplos: la licencia de la cubierta de la Catedral, el proyecto más ambicioso de los últimos años, se dio en 19 días y sin plan director. La licencia para la reforma del Teatro del Soho de Antonio Banderas se expidió para obra menor.

“Hace falta un modelo de urbanismo que atienda las necesidades de la ciudad”, señala Morillas, que observa en este problema un síntoma de una forma de gestionar: “Hay un modelo de urbanismo absolutamente salvaje y supeditado a los intereses económicos de unos pocos y por otro lado se pone una barra libre para las infracciones urbanísticas”.

La organización de la San Diego Comic-Con Málaga, la franquicia de la popular feria de cultura popular con origen en San Diego, han anunciado este viernes que las entradas a la venta para la edición de este año se pondrán a la venta este jueves 23 de abril a las 10:00, y estarán reservadas a los asistentes en 2025. La Comic-Con Málaga 2026 se celebrará del 1 al 4 de octubre. Aún no se ha desvelado ningún detalle de su programación, que el año pasado contó con Arnold Schwarzenegger como estrella indiscutible.

Cada persona podrá comprar dos entradas: una para sí mismo/a y otra para un acompañante. Las entradas estarán disponibles por jornada (jueves 1 de octubre, viernes 2 octubre, sábado 3 de octubre o domingo 4 de octubre) y también estará disponible un pack de cuatro días.

El precio de la entrada general por día para los mayores de 13 años será de 84,80 euros (gastos de gestión de 4,80€ incluidos), mientras que la entrada para niños y niñas que no hayan cumplido doce años a la fecha del evento tendrá un precio de 37,10 euros (gastos de gestión de 4,80€ incluidos). Tal y como anunció el año pasado, la organización ha subido el precio un 60%: la entrada general ha pasado de 50 a 80 euros.

Para poder adquirir entradas en esta primera ventana de compra anticipada será imprescindible el Registration ID de 2025 y una cuenta de Ticketmaster. Quienes no recuerden su Registration ID o deseen modificar su email asociado a su ID podrán hacerlo. Toda la información para ello estará disponible a partir del lunes. Mientras tanto, SDCC Málaga ha publicado una Guía de compra de entradas que recopila información útil. 

Éxito de público y críticas por la masificación en 2025

La edición europea oficial de la popular convención internacional de cultura pop regresa este año a Málaga después de la primera edición, que se saldó con un notable éxito de público, pero también con críticas y denuncias por la masificación por parte de muchos asistentes, organizaciones de consumidores e incluso de responsables políticos, que animaron a los organizadores a plantear una ampliación del recinto o un mejor uso de los espacios del Palacio de Congresos de Málaga para que el evento ganara accesibilidad.

El evento reúne a fans, creadores, estudios, editoriales y empresas del sector del entretenimiento en torno al cine, las series, el cómic, los videojuegos, la animación y otras industrias creativas. Arnold Schwarzenegger, Aaron Paul (Breraking Bad), Taz Skylar (One Piece), Norman Reedus y Melissa McBride (The Walking Dead), y las estrellas del cómic Jeph Loeb, Peach Momoko y Jim Lee pasaron por Málaga, donde además se estrenaron Tron: Ares y Predator Badlands. La presencia de estas estrellas y de un evento ya muy consolidado en la cultura pop, con una sólida base fan, disparó el interés.

Acudieron alrededor de 100.000 personas, según la organización, que fue sacando a la venta nuevas remesas de entradas a la vista de que se agotaban con rapidez. Cuando terminó el evento dudó de las cifras finales. Su principal responsable entonces, Javier Barbera, llegó a decir que habían sido 120.000 asistentes, lo que, de ser cierto, habría implicado que se superó el aforo, con implicaciones para la seguridad. Finalmente, esa cifra se rebajó a 96.000. En todo caso, muchas más de las 60.000 inicialmente previstas. Todo ello provocó que las colas fueran interminables y que muchos asistentes se quejaran de no haber podido acceder a eventos por los que se habían interesado.

El evento está financiado con dinero público: más de 4,5 millones de euros invirtieron para la pasada edición entre la Junta de Andalucía (3.025.000 Turismo Andaluz y 484.000 la Agencia Digital Andaluza) y el Ayuntamiento de Málaga (986.000). Sobre el papel, bajo la fórmula de promocionar las marcas respectivas, aunque en realidad el evento fue “adquirido” (y así lo admitían los responsables) por Andalucía y la ciudad de Málaga porque encaja como un guante en su estrategia de promoción cultural y turística. El patrocinio se abona a Dentsu Spain, S.L., la empresa que tiene la exclusiva para la explotación en España de la licencia de la Comic-Con.

Hace pocas semanas se presentó la nueva edición en Matadero Madrid, pero poco se desveló allí. La organización señala que se mantendrá el aforo de 90.000 asistentes -22.500 por jornada-, mientras ampliará de forma significativa sus espacios y contenidos con, entre otros, la incorporación de un pabellón adicional de más de 9.000m2 en su Exhibitor Hall, un Artists’ Alley más amplio y un nuevo auditorio.

También ha habido un cambio de responsables. Fernando Piquer ha sustituido a Javier Barbera como director general de San Diego Comic-Con Málaga. Piquer, con experiencia en Movistar, en la animación, los videojuegos y los esports, aseguró en marzo que la pretende “elevar la experiencia del fan”, “cuidar mejor los detalles y a hacer que cada nueva edición sea todavía más memorable que la anterior”. El objetivo “no es meter más gente”, ha dicho en una entrevista con Sur, asumiendo las limitaciones de crecimiento. “Esto es, y seguirá siendo, un evento para fans”. 

La jueza de Instrucción que ha archivado la investigación por la muerte de Haitam durante una intervención policial justifica su decisión en que no hubiera fallecido de no haber consumido drogas.

“Los actos realizados por los agentes de Policía Nacional no han tenido relación causa efecto” con la muerte, según la jueza, que minimiza el efecto de las descargas táser porque “no causan daños más allá de la inmovilización neuromuscular y dolor”, califica las lesiones de leves y no entra a valorar los efectos de la sujeción con presión a nivel de cuello y tórax descrita en el informe forense aportado por la familia. El auto concluye que la “reacción adversa a las drogas” es la “acción causal” de la muerte y que en ella “no intervienen terceras personas”.

La jueza María José Alcázar archivó provisionalmente la causa el pasado 10 de febrero, y tras recibir el informe de autopsia del Instituto de Medicina Legal (IML), desestimó el recurso de la familia, que ahora ha anunciado que apelará.

El auto que confirma el archivo, al que este medio ha tenido acceso, se sostiene en la preeminencia del informe suscrito por dos forenses del IML sobre el informe aportado por la familia y firmado por el doctor Aitor Curiel, Médico Especialista en Medicina Legal y Forense y presidente de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense.

El del IML dice que la muerte tiene su origen en el consumo de drogas que le produjo un “delirio agitado sobre la base de un corazón patológico”, en lo que se basa la jueza para decir que no hubiera muerto sin drogas. El de la familia dice que no hubiera muerto “de no haberse producido los politraumatismos moderados, presión, sujeción, inmovilización, utilización de irritantes y descargas eléctricas prolongadas y reiterativas”.

La jueza descarta que las dos hipótesis pueden ser ciertas al mismo tiempo, concluyendo que la influencia de las drogas excluye la necesidad de investigar el comportamiento policial.

“Reacción adversa”

El auto recoge que la causa de la muerte es “una reacción adversa” al consumo de drogas. Las pruebas toxicológicas realizadas en Sevilla hallaron rastro de cocaína (0,15 mg/l), MDA (0,03 mg/l), cannabis y ketamina (0,07 mg/l) en sangre. La autopsia sólo analiza la concentración de cocaína, para detallar expresamente que es inferior a las concentraciones letales aunque se encuentra “frecuentemente” en “sujetos fallecidos consumidores de cocaína”. Es la única sustancia de la que se concluye que su consumo fue reciente, ya que se encontraron restos sin metabolizar.

La jueza esgrime este informe, que considera más completo que el particular por contener análisis de orina y sangre, para archivar. Además, asegura que ha analizado los vídeos, de los que extrae que la actitud errática y delirante de Haitam reflejaba “tal grado de excitación” que influyó en su muerte y, junto con los análisis, le permite concluir que la muerte “ha traído causa en el consumo de tóxicos”.

La familia de Haitam dispone de un contrainforme, también elaborado por el doctor Curiel, que rebate las conclusiones del informe oficial. Según este nuevo informe, los niveles de sustancias (ketamina, cannabis, MDMA y cocaína) detectados en sangre están dentro de los rangos de consumo recreativo y en fase metabólica avanzada, de modo que no habrían sido consumidas en los momentos inmediatamente anteriores.

“No existe evidencia analítica que sustente una dosis letal o una sobredosis por toxicidad química directa”, señala Curiel, quien advierte además de que, por el intervalo transcurrido entre la muerte y la muestra, y el tejido de donde se extrajeron, las concentraciones recogidas por el IML podrían estar artificialmente elevadas. Según el forense, la probable tolerancia desarrollada por el consumo habitual hace aún más improbable que esas dosis desencadenaran el “desenlace fatal súbito”.

“No es científicamente riguroso atribuir el fallecimiento, con un alto grado de probabilidad, al consumo de estupefacientes realizado en las horas previas”, señala Aitor Curiel, quien concluye que “en ausencia de dosis letales en sangre, la actuación policial se alza como el elemento más claro, objetivo y compatible con la causa que desencadenó el fallecimiento, superando cualquier riesgo derivado del consumo recreativo previo”.

Las táser “no causan daños”, según el auto

A diferencia de la autopsia oficial, que sólo recoge dos descargas, la jueza señala que en los vídeos oye seis detonaciones, dos de ellas después de que un agente diga “engrilletado”. Este medio contó entre siete y once (hay algunas que no se distingue si son una prolongada o dos). La familia asegura que los registros de las pistolas recogen doce (once en la fase crítica) que suman 18,85 segundos de descargas.

La jueza les resta importancia. Asegura que inmovilizan y causan dolor, pero “no duran más de cinco segundos” y “no causan daños más allá de la inmovilización neuromuscular”. El protocolo de uso de la Policía Nacional aprobado en 2021 dice: “6. Normas básicas de seguridad. Vista la capacidad lesiva del inmovilizador eléctrico se deben extremar las medidas de seguridad así como la diligencia en su manipulación y utilización, con la finalidad de evitar que el propio personal policial o terceras personas puedan resultar afectados por un uso indebido del mismo”. Ese artículo añade que “en cualquier contexto” en que se use “se deben observar las precauciones y normas de seguridad requeridas para cualquier arma de fuego”. El protocolo también exige que se use como último recurso para evitar una agresión o contra alguien que, mostrando “resistencia activa”, ponga en riesgo a los policías.

La jueza no aceptó la petición de la familia de Haitam de pedir que se incorpore el protocolo de uso a las diligencias.

Axon, la fabricante de la táser, advierte de que seguir sus instrucciones “reduce” el “riesgo de muerte o lesiones graves” y desaconseja su uso contra personas bajo los efectos de las drogas o bajo “delirio agitado”, porque su uso en “individuos particularmente susceptibles” puede aumentar el “riesgo de muerte o lesión importante”. Haitam dijo a los agentes de que había consumido drogas. Axon también recomienda acortar las descargas, minimizar su número y evitar descargas simultáneas. En los vídeos, los agentes dicen: “Métele más táser” o “¿Le doy yo?”.

Varias de las descargas sobre Haitam fueron en aplicación directa, un modo de uso cuya prohibición ha pedido el Comité contra la Tortura de la ONU. Axon pide “evitar el uso repetido de descargas de aplicación directa [drive-stuns o aturdimiento] en individuos que no obedezcan”.

La familia pide la reapertura

La familia ha aportado el nuevo informe pidiendo la reapertura del caso, y apelará el archivo. “Iremos a la Audiencia Provincial, al Tribunal Supremo y hasta Europa si hace falta”, aseguró a este periódico el hermano de Haitam, que no se explica cómo se archiva la investigación sin ni siquiera tomar declaración a los agentes que participaron en la intervención: “Sólo pido que un juez valore si es justo que no se investiguen estos hechos”.

Amnistía Internacional ha recordado que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de DDHH establece la “obligación absoluta” de llevar a cabo una investigación “rápida, exhaustiva e independiente” ante una muerte bajo control policial, lo que a su juicio no habría ocurrido. La organización, que ha denunciado el uso del táser en el pasado, ha abierto ahora una campaña de firmas para pedir una investigación profunda de la muerte de Haitam y la revisión del protocolo de uso de estas armas.

La familia de Haitam Mejri, fallecido en un locutorio de Torremolinos durante una intervención policial, asegura que recurrirá el archivo de la causa. “Por mucho que quieran dilatar esto, no nos vamos a cansar. Iremos a la Audiencia Provincial, al Tribunal Supremo y hasta Europa si hace falta”, anticipa su hermano Nasser, que ya preveía que la jueza achacaría la muerte al “delirio agitado” de Haitam, causante a su vez de un fallo cardiaco que le produjo la muerte súbita. “Lo que me sorprende es que después de tantas pruebas y datos hayan preferido encubrir esta locura”, señala Nasser, que ha ejercido de portavoz familiar desde la muerte de su hermano.

La decisión de la jueza de instrucción abre ahora la puerta a que una instancia superior valore si hay algún delito en la actuación policial. “Sólo pido que el próximo juez que lea el recurso mire las pruebas; que no me crea a mí o a nadie, sino que vea los hechos y juzgue si es justo que no se investigue esta causa, sin tomar siquiera declaración a los policías”, proclama Nasser, que ve en el archivo elementos de prevaricación judicial que se sumaría a los presuntos delitos de lesiones, torturas, homicidio, omisión del deber de socorro o falsificación documental que observa en los vídeos: “La jueza no ha querido investigar nada. Seguimos teniendo esperanza en que se haga justicia, pero lo que nos ha tocado dejan mucho que desear y se delatan con sus hechos”.

Los abogados de la familia ya presentaron ante el Consejo del Poder Judicial una queja contra la jueza, por entender que ha entorpecido su derecho a la tutela judicial efectiva denegándoles la práctica de diligencias y limitando su derecho a recurrir.

Reacción de partidos, ONG y sindicatos policiales

El archivo de la causa por la jueza provocó este jueves la reacción crítica de partidos de izquierda y entidades de derechos humanos y la celebración de sindicatos policiales.

“Esto no es hacer justicia: es dar portazo a la verdad. El archivo es un insulto y provoca profunda tristeza por Haitam y por su familia. Vergüenza de actuación judicial. Espero que el recurso prospere y se haga justicia”, escribió Toni Valero, uno de los diputados de IU que ha interpelado al Gobierno por este asunto.

“Sin una justicia plegada al racismo y al mantenimiento de los privilegios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se entendería esta impunidad insoportable. Nadie con un mínimo de honradez que haya escuchado los audios de la policía puede archivar este caso”, posteó Ione Belarra, secretaria general de Podemos.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) exigió la reapertura del caso, depuración de responsabilidades penales, transparencia y revisión del uso de las táser.

“La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece claramente una obligación del Estado investigar muertes en contextos de actuaciones policiales”, advierte Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, que cita algunos elementos del caso: el uso de táser a una persona bajo los efectos de las drogas o con delirio agitado [el fabricante desaconseja su uso en esos casos] mediante aplicación directa, “que es más doloroso y puede suponer tortura”, el uso de spray estando inmovilizado... “Hay una discusión sobre la relación causal entre estos elementos de la actuación policial y la muerte de una persona que en ningún momento supuso una amenaza vital para los agentes u otras personas. Es una obligación del Estado investigarlo con todos los estándares internacionales en la mano”, señala Canales a elDiario.es.

En un hilo en X, Amnistía Internacional califica de “inaceptable” el archivo basado únicamente en la autopsia.

Defensa “sin matices” de los sindicatos policiales

En cambio, los sindicatos policiales han celebrado el archivo. “Nadie quería ese resultado y dimos en directo el pésame a sus familiares. Ahora bien, nada justifica el acoso que han recibido mis compañeros desde el primer día y espero que esto pare”, señaló Laura García, portavoz de Jupol, que antes había posteado: “Espero que salgan a pedir disculpas todos los que apuntaron a los #policias como autores de su muerte. Pero esperaré sentada porque no lo harán”.

“Hoy no pedimos aplausos. Pedimos memoria. Y, sobre todo, lo que queremos es que esto sirva para recordar cuál debe ser siempre la razón de ser de los sindicatos policiales: defender a los policías, sin matices y desde el primer instante”, señala Unión Federal de Policías.

Algunos de estos sindicatos difundieron durante días versiones apócrifas que achacaban al fallecido intenciones delictivas. El 10 de diciembre, tres días después de la muerte, Jupol tuiteó: “Todo nuestro apoyo a los compañeros que intervinieron en #Torremolinos ante un sujeto muy agresivo que les recibió al grito de Alá es grande esgrimiendo unas tijeras”.

Los vídeos que muestran la intervención completa (3 horas y 40 minutos) no muestran que les recibiera al grito de “Alá es grande” (sí les dijo que iba a rezar, justo después de decirles “voy a colaborar con vosotros”) ni que “esgrimiera unas tijeras”: no se observa ninguna amenaza y sí que lleva unas tijeras escolares que suelta cuando se lo dicen. Jupol no ha retirado su post.

La jueza sólo apunta al consumo de droga

Tras cinco meses de instrucción en los que ha recabado los vídeos y los informes de autopsia, pero no ha tomado declaración ni a los agentes ni a posibles testigos de los hechos, la jueza María José Alcázar ha concluido que la muerte del hombre se debió únicamente a que el consumo de cocaína le causó un cuadro de “delirio agitado” que le produjo la muerte súbita por una parada cardiorrespiratoria, y que la intervención policial no merece ningún reproche penal.

La jueza sustenta el archivo en el informe oficial de autopsia, que concluye que la muerte de Haitam tiene como “causa inmediata” la “reacción adversa por consumo de sustancias tóxicas” y como “causa fundamental” el “delirio agitado sobre la base de un corazón patológico”. La autopsia oficial rebaja a 19 las 86 lesiones documentadas en el informe encargado por la familia al doctor Aitor Curiel.

La autopsia del IML también reduce las entre siete y once descargas táser que se cuentan en los vídeos a sólo dos, en pierna y hombro. “Hasta ahora sólo teníamos el documento que registra el uso del primer táser, que marcaba que se había utilizado cuatro veces. Ahora tenemos también la del segundo, que marca que se ha usado ocho veces. Son once descargas en la franja crítica con 18,85 segundos acumulados de corriente”, señala su hermano. “Métele más táser”, insiste un agente durante la intervención.

Los forenses han encontrado 0,15 mg/l de cocaína y trazas muy inferiores de ketamina, MDMA y cannabis. Señalan que es inferior a las concentraciones letales, pero la sitúan como causa exclusiva del fallo cardiaco, con la intermediación del “delirio agitado”, un cuadro no reconocido por la OMS y cuyo uso habitual en contextos de muertes en inmovilizaciones policiales han denunciado algunas entidades de derechos humanos.

Los vídeos de la intervención policial

Haitam, que tenía 35 años, falleció el pasado 7 de diciembre durante una intervención de seis agentes de policía que le aplicaron entre siete y once descargas táser de entre 1.000 y 2.000 voltios (todas menos una cuando ya estaba en el suelo y tres de ellas cuando ya estaba engrilletado), le golpearon en la cabeza, le rociaron gas pimienta y le presionaron piernas y tórax para inmovilizarlo durante varios minutos, según se observa en los vídeos. Cuando los sanitarios que trataban de reanimarlo preguntaron qué había pasado, no les dijeron que le habían aplicado la táser.

Haitam había entrado buscando un cargador de móvil, muy agitado y bajo los efectos de las drogas. Forcejeó con el dueño del local, que dio el aviso por un presunto intento de robo, que en realidad no era tal, a tenor de lo que se ve en las imágenes: no cogió dinero de la caja registradora abierta, sino que se limitó a buscar el cargador. No portaba ningún objeto peligroso ni amenazó a los agentes, y sí les dijo en reiteradas ocasiones que iba a colaborar, ofreciendo su mano para que lo engrilletaran.

La intervención policial quedó registrada en cuatro vídeos (dos del local y dos de las cámaras asociadas a la táser) que la jueza incorporó a la causa. Su hermano Nasser subraya que las imágenes muestran una evidencia. “Puedo comprar la subjetividad en la causa de la muerte, aunque cualquiera con dos dedos de frente ve lo que hay y sabe a qué se debe. Pero la falsificación documental [en el atestado] y la desproporción usando táser cuando mi hermano estaba reducido son cosas objetivas que no se pueden refutar”.

La jueza que investigaba la muerte de Haitam Mejri durante una intervención policial en Torremolinos el pasado 7 de diciembre ha archivado la investigación, según han informado fuentes judiciales en un comunicado. El archivo, que no es definitivo, ha sido recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga. El abogado de la familia explica que lo que ha hecho ahora la jueza es resolver negativamente el recurso que él interpuso contra su primera decisión de archivar el caso, a mediados de febrero.

La jueza se basa en el reciente informe del Instituto de Medicina Legal (IML) que concluye que la muerte del hombre, de 35 años, se produjo por una reacción adversa al consumo de sustancias tóxicas que derivaron en un “delirio agitado sobre la base de un corazón patológico debido al consumo de sustancias”.

Según se desprende de los vídeos grabados aquella tarde y desvelados por elDiario.es (dos del local y dos de las cámaras asociadas a las táser) Haitam Mejri recibió entre siete y once descargas eléctricas de entre 1.000 y 2.000 voltios, golpes, gas pimienta y fue inmovilizado presionándole piernas y tronco, después de que entrara, visiblemente agitado, a pedir un cargador de móvil.

Dos informes contradictorios

La familia sostiene que de las imágenes se extrae un uso desproporcionado de la fuerza, y que los seis agentes que intervinieron se excedieron conscientemente, lo que podría constituir incluso un asesinato.

La familia aportó un informe del especialista Aitor Curiel, Médico Especialista en Medicina Legal y Forense y presidente de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense, que concluye que la muerte no se habría producido en ese lugar y en ese momento de no haber mediado una intervención policial como la que se produjo, y documenta 86 lesiones en el cadáver.

También dispone de un contrainforme que rebate las conclusiones del IML respecto a la relevancia del consumo de drogas, y señala que “en ausencia de dosis letales en sangre, la actuación policial se alza como el elemento más claro, objetivo y compatible con la causa que desencadenó el fallecimiento, superando cualquier riesgo derivado del consumo recreativo previo”.  

La jueza de instrucción no ve nada de eso, y sigue el criterio de los dos forenses que firman el informe del IML, atribuyendo la muerte al “delirio agitado” causado por el consumo de cocaína y agravado por unas patologías coronarias (desconocidas hasta ahora por la familia), lo que le habría producido la muerte súbita por una parada cardiorrespiratoria.

Según los forenses, Haitam sufrió un cuadro de delirio agitado caracterizado por la “alteración aguda del estado mental” junto con “agitación psicomotora extrema, hiperactividad autonómica y pérdida del control conductual”. El delirio agitado es un diagnóstico no reconocido por la OMS o por las principales asociaciones de psiquiatría, muy controvertido por su caracterización difusa y su empleo en el diagnóstico de muertes en intervenciones policiales.

Recurso ante la Audiencia Provincial

El comunicado explica que el auto de archivo considera que la autopsia realizada por el IML es más concluyente que el informe de la autopsia presentada por la parte, “que no es concluyente, está basada en hipótesis y es menos completa dado que no analiza algunos restos y fluidos de la víctima”.

La jueza confirma así la decisión que ya adoptó en febrero, cuando archivó a la espera de los resultados de la autopsia del IML, denegando la práctica de cualquier otra diligencia entre tanto.

Aquella decisión, que la familia no pudo recurrir entonces, motivó también que los letrados presentaran ante el Consejo General del Poder Judicial una queja contra la jueza, a la que acusan de vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva. En la queja razonan que no se han practicado diligencias que podrían ser esenciales, como la toma de declaración a los propios policías (ya sea como testigos o como investigados) o la identificación de testigos.

Apoyada también en el criterio de la Fiscalía, la jueza no ha practicado ninguna de esas diligencias en los últimos tres meses, y ha archivado dos días después de recibir el informe del IML.

Fuentes judiciales explican que el procedimiento será remitido en fechas próximas a la Audiencia de Málaga donde serán los magistrados de una de las secciones penales los que decidirán si el archivo es definitivo o, por el contrario, ordenan continuar con la investigación judicial para determinar la existencia de responsabilidades penales.

El informe definitivo de autopsia de Haitam Mejri, elaborado por el Instituto de Medicina Legal, concluye que el hombre, que el pasado 7 de diciembre fue reducido en Torremolinos por seis agentes de policía que le aplicaron entre siete y once descargas eléctricas (según se observa en los vídeos), gas irritante, golpes y presión continuada en tronco y piernas, murió como consecuencia del “síndrome de delirio agitado”, que se habría producido como “reacción adversa” al consumo de drogas, fundamentalmente cocaína, agravada por las patologías cardiacas que padecía Haitam, de 35 años.

La familia Mejri dispone de otro informe, encargado por ellos al doctor Aitor Curiel, que documenta 86 lesiones (entre ellas, las producidas por al menos siete descargas táser de entre 1.000 y 2.000 voltios y una gran herida contusa en la cabeza) y concluye que no habría muerto “en ese momento ni en esa forma” de no haberse producido esa intervención policial.

El síndrome de delirio agitado se describe como un estado de agitación extrema que puede desembocar en muerte súbita. Suele asociarse al fallecimiento bajo custodia policial de personas que han consumido drogas y son inmovilizadas, y es cuestionado por algunas entidades de derechos humanos porque puede enmascarar situaciones de abuso y muertes por asfixia.

Sólo encuentra dos descargas táser

El informe del Instituto de Medicina Legal (IML) llega cinco meses después de la muerte de Haitam, una vez que se han incorporado los análisis del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La muerte de Haitam es “de origen violento” y tiene como “causa inmediata” la “reacción adversa por consumo de sustancias tóxicas” y como “causa fundamental” el “delirio agitado sobre la base de un corazón patológico”, según sostiene el IML, adelantado por Sur y al que este medio ha tenido acceso.

El informe no atribuye a las descargas de táser, las maniobras de sujeción o los golpes que le propinaron los agentes ningún peso en el fallecimiento. Reduce las 86 lesiones documentadas por el doctor Aitor Curiel a sólo 19, ninguna de las cuales supueso riesgo vital y todas “compatibles con mecanismos de compresión y rozamiento probablemente producidas por las maniobras de reducción”.

De las siete descargas que recoge el informe de parte, o las once que cuenta la familia al ver los vídeos, sólo recoge dos, en pierna y hombro. Son las dos que ya consignó la forense que acudió al levantamiento del cadáver, siguiendo lo que le dijeron los agentes.

La conclusión de los dos forenses que lo firman es que Haitam sufrió un “cuadro de delirio agitado”, un síndrome caracterizado por una “alteración aguda del estado mental” junto con “agitación psicomotora extrema, hiperactividad autonómica y pérdida del control conductual”, que puede agraverse por las drogas y “evolucionar rápidamente a muerte súbita”, según el informe.

Un “lugar común” para muertes bajo custodia policial

Se trata de un síndrome controvertido. No está reconocido en el DSM-5 (el manual de referencia en psiquiatría) o por la OMS, pero en los últimos años se ha extendido para explicar muertes durante intervenciones policiales que incluyen la inmovilización mecánica del sujeto.

Algunos especialistas ven en él un cuadro no suficientemente descrito por la literatura científica y sin consenso y que puede servir para atribuir a una causa endógena muertes que, de no mediar la intervención, no se habrían producido. Así lo destaca un informe de Physicians for Human Rights, una ONG internacional de derechos humanos vinculada al ámbito sanitario, que en 2022 concluyó que es un diagnóstico sin fundamento y un “lugar común” para explicar muertes bajo custodia policial en Estados Unidos.

En 2023, el Gobernador del Estado de California modificó la ley procesal para prohibir el reconocimiento del “delirio agitado” como “diagnóstico médico válido o causa de muerte” en los certificados de fallecimiento.

En España, el concepto se importa desde Estados Unidos hace relativamente poco. Un trabajo publicado en la Revista de la Escuela de Medicina Legal en 2009 recopila la literatura científica publicada hasta ese momento: “El estrés producido por la percepción personal de peligro o amenaza a la vida produce un mecanismo de lucha o huida que conduce a un paro cardíaco”. De esta forma, la agitación produce una estimulación del sistema nervioso simpático y una “disminución brusca” de los niveles de potasio tras el cese del forcejeo junto con un incremento en los niveles de catecolaminas que, agravado por el uso de drogas o medicación, o una enfermedad previa, pueden explicar la muerte. Otro estudio de 2010 imputó ocho muertes a este síndrome en Andalucía en el periodo 2003-2009. Ambos estudios están liderados por Fernando Martín Cazorla, autor también de un libro sobre la materia y forense del IML en Málaga, quien no es autor del informe de Haitam.

Mencionado en la respuesta del Gobierno

La forense que acudió al levantamiento del cadáver ya hizo constar que la posible causa de la muerte era “delirio agitado/RADA [acrónimo de Reacción Agónica de Defensa Activa]”. Una de las características de este presunto síndrome es la hipertermia, y el cuerpo de Haitam estaba a 39,6 grados.

El Gobierno también abrió la puerta del delirio agitado en la respuesta parlamentaria que dio a dos diputados de IU, mes y medio antes de que elaborara el informe de autopsia, y a pesar de que la pregunta de los dos diputados no se mencionaba tal síndrome.

El informe del IML se apoya en las pruebas toxicológicas realizadas en Sevilla, que hallaron rastro de cocaína (0,15 mg/l), MDA (0,03 mg/l), cannabis y ketamina (0,07 mg/l) en sangre. El informe sólo analiza la concentración de cocaína, la más alta, y señala que es inferior a las concentraciones letales aunque se encuentra “frecuentemente” en “sujetos fallecidos consumidores de cocaína”. Es la única sustancia de la que se concluye que su consumo fue reciente, ya que se encontraron restos sin metabolizar. El propio Haitam advirtió a los agentes de que había consumido drogas.

El informe del IML también ha hallado varias patologías cardiacas asociadas al consumo de cocaína que habrían influido en la muerte. La familia asegura que en su historial clínico no hay ningún antecedente de estas patologías, y que el único órgano que su perito no ha podido examinar es el corazón.

Archivo provisional hasta recibir este informe

La titular del juzgado de instrucción 1 de Torremolinos archivó provisionalmente la investigación de la muerte de Haitam el pasado febrero, condicionando su reapertura a las conclusiones de este informe. La decisión fue recurrida por la familia, que cree que la actuación policial que se observa en los vídeos grabados por las cámaras del local y las asociadas a las dos pistolas táser usadas por los agentes justifica la investigación por presuntos delitos de lesiones, omisión del deber de socorro, homicidio o incluso asesinato, y cree que hay diligencias que deberían practicarse con independencia de las conclusiones de la autopsia. La familia ha elevado una queja al Consejo del Poder Judicial.

El pasado 7 de diciembre, Haitam irrumpió muy alterado en un locutorio de Torremolinos. Buscaba un cargador para su móvil, y tras forcejear con el dueño, que huyó, desencajó la mampara del mostrador y comenzó a revolverlo todo. Mientras, el dueño llamaba al 112, que dio aviso a la Policía, que envío a una patrulla Zeta (dos agentes) al local con el aviso de un posible robo.

Tal y como desvelaron los vídeos publicados en exclusiva por elDiario.es, el primer agente entró con la táser desenfundada y durante un par de minutos mantuvo con él una conversación en la que Haitam insistió en que quería colaborar y que su única intención era cargar el móvil. Haitam no portaba ningún elemento peligroso (durante unos segundos tuvo unas tijeras escolares que soltó cuando se lo pidieron) ni amenazó a los agentes o les fue hostil.

Cuando fue a darles la mano para que lo engrilletaran se le resbaló el móvil, y al intentar recogerlo se le abalanzaron para sujetarlo, comenzando entonces una intervención de seis policías en la que le dispararon dos táser entre siete y once veces, le golpearon en la cara, le rociaron la boca con spray pimienta y le inmovilizaron colocándose sobre sus piernas y tórax, mientras se animaban a darle “más táser” y él pedía que pararan y advertía de la existencia de cámaras. Con los minutos se fue apagando y murió.

Christine Ruiz-Picasso falleció este pasado lunes, 6 de abril, a las 18.00 horas a los 97 años, en su casa de Provenza, en Francia. Nacida en Francia en 1928, y vinculada al mundo del arte desde joven, era viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo de Pablo Picasso y de Olga Khokhlova, y fue la principal impulsora y artífice del Museo Picasso Málaga (MPM), junto con su hijo Bernard.

El Museo Picasso es el más visitado de Andalucía, con 800.000 visitantes al año. Abrió en octubre de 2003, fruto del empeño personal de Christine, presidenta de Honor junto con quien ostenta la Presidencia de la Junta de Andalucía, y fue punta de lanza en la transformación cultural de Málaga, que hoy cuenta con espacios de referencia como el Pompidou o el Museo Carmen Thyssen.

La idea inicial nació en 1953 de los contactos entre el propio Pablo Picasso y Juan Temboury Álvarez, académico, investigador del arte y por entonces delegado provincial de Bellas Artes de Málaga. El pintor malagueño quería que su obra estuviera presente en su ciudad natal, pero este proyecto quedó frustrado poco después. El contexto político no era el más favorable. 

Cuatro décadas después, Christine Ruiz-Picasso, viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo mayor del artista, acudió a Málaga con motivo de las exposiciones Picasso clásico y Picasso, primera mirada en el Palacio Episcopal de Málaga. Y salió tan satisfecha al contemplar el entusiasmo entre la ciudadanía malagueña por contemplar por vez primera en Andalucía el trabajo de Picasso, que en 1996 reiniciuó el proyecto de su suegro. 

En 1997 la Junta de Andalucía adquirió el Palacio de Buenavista, un palacete del siglo XVI, y poco después, Christine y Bernard Ruiz-Picasso, nuera y nieto del artista, donaron 233 obras a la Fundación Museo Picasso Málaga Legado Paul, Christine y Bernard Ruiz-Picasso, fundada ex profeso para la génesis del proyecto y que es la que actualmente rige el museo. Sigue constituyendo el grueso de la colección del museo. Cincuenta años de que el artista malagueño concibiera la idea, el Museo Picasso Málaga se hizo finalmente realidad: fue inaugurado el 27 de octubre de 2003.

Reconocimientos

Christine recibió en 2003 la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio y ese mismo año fue distinguida como Hija Predilecta de Andalucía en 2003, en reconocimiento a su labor cultural y su contribución al patrimonio artístico de la región. Veinte años después, el Auditorio del museo fue rebautizado como Auditorio Christine Ruiz-Picasso para perpetuar su estrecho vínculo con el recinto. Ella no pudo asistir por motivos de salud.

El Museo Picasso Málaga y la Junta de Andalucía han lamentado la pérdida de una mujer “que dedicó su vida a preservar y difundir el legado de Pablo Picasso, uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

“Su legado como mecenas, promotora cultural y defensora del patrimonio picassiano ha contribuido significativamente a la vida cultural de Málaga, de España y al conocimiento del arte moderno”, han señalado desde el MPM.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha trasladado el pésame de Málaga a la familia, recordando en un mensaje en X que Christine Ruiz-Picasso “fue artífice del impulso cultural de la ciudad”. “Su generosidad, junto a su hijo Bernard, permitió la creación del Museo Picasso Málaga, uno de los hitos de la Málaga cultural, en 2003”. El regidor que ha recordado que Christine “donó el grueso de la colección permanente del museo, contribuyendo a que seamos un referente internacional, acercando la obra de Picasso a las generaciones presentes y a las futuras”. “Transmito con este mensaje el pésame de Málaga a su familia y la gratitud, enorme gratitud, de la ciudad. Descanse en paz”, ha concluido el hilo de mensajes De la Torre.

El primer dato cerrado sobre el turismo en la Semana Santa de Málaga ha zanjado la polémica que se levantó durante semanas a partir de unas previsiones de parte descontextualizadas y el catastrofismo de diversos cargos públicos del PP andaluz. Málaga y la Costa del Sol, cuya Semana Santa estaba “definitivamente perdida” para el turismo (según llegó a decir el responsable de Turismo en Andalucía, Arturo Bernal), no sólo no han perdido turistas, sino que cerraron este periodo (del 27 de marzo al 6 de abril) con más ocupación hotelera, hasta alcanzar el 82,85%, 2,67 puntos más que en 2025. En los días “clave”, del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, la ocupación fue del 85,26%, dos puntos más que el año pasado, según los datos de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS).

Son las segundas mejores cifras turísticas del último lustro, solo superadas por las de 2023, cuando la primera Semana Santa sin ninguna restricción Covid cayó íntegramente en abril y vino acompañada de un tiempo muy benigno. Aquel año la ocupación fue del 84,23% (1,5 puntos más que este año).

Los datos finales de 2026 superan las previsiones iniciales “ligeramente”, según AEHCOS, que llegó a alertar de una caída de demanda del 26% y a las puertas de la festividad previó una ocupación del 73,47% (9,3 puntos menos que la cifra final). La patronal atribuye el error de estimación al turismo internacional y, sobre todo, al buen tiempo, clave para las reservas de última hora: no ha llovido ni un día, y las temperaturas diurnas han rondado los 22 grados. “Los datos de ocupación de esta Semana Santa confirman que la climatología ha ayudado a los resultados”, ha asegurado José Luque, presidente de AEHCOS, que también destaca que se logran “pese a la desconexión ferroviaria”.

Los destinos con mayor ocupación han sido Benalmádena (90,30%), Costa Oriental – Axarquía, (86,67%), Torremolinos (85,85%), Mijas (84,90%) y Málaga – Rincón de la Victoria (84,51%). El turismo internacional (77,95%) triplica al nacional (22,05%). AEHCOS también ha divulgado los datos de marzo. La ocupación hotelera media fue del 78,07%, cinco puntos más que en el mismo mes de 2025.

También han sido positivos los datos de empleo, con un incremento de 14.307 afiliados a la Seguridad Social en la provincia y una reducción de 1.863 personas en desempleo respecto a febrero. Ambas cifras mejoran las del conjunto de Andalucía: la caída del paro es la tercera mejor, tras Cádiz y Sevilla, mientras que el incremento de afiliación mensual es del 1,95%, por el 1,44% en el conjunto de Andalucía. La Confederación de Empresarios de Málaga lo atribuye al “impacto favorable de la Semana Santa”, “a pesar de los problemas generados por la deficiente conexión ferroviaria”.

De semana “perdida” a “mínimo” impacto

Estas cifras confirman los primeros indicadores, avanzados a mitad de semana por el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (quien ya avanzó que impacto sería “mínimo”) y la consejera de Empleo, Rocío Blanco. También corroboran lo que ya advirtió la propia patronal hostelera, cuando su presidente declaró que la Semana Santa no iba a ser “tan mala como se está pintando”.

Quien la pintaba de negro era la Junta de Andalucía, que cebó el enfrentamiento con el Gobierno central por el posible impacto turístico de la interrupción del AVE directo a Madrid, motivado por las obras que se ejecutan a la altura de Álora por el desprendimiento de un talud. ADIF ha dado dos fechas para la reapertura, que ha incumplido, alegando que la obra es mucho más compleja de los previsto inicialmente. Ahora prevé reabrir una de las dos vías a finales de abril, si todo va bien. Entre tanto, Renfe ofrece completar entre Antequera y Málaga en autobús, lo que alarga el viaje hasta las cuatro horas y media.

Esto es un inconveniente para estudiantes y trabajadores, sobre los que se ha pasado de puntillas en este debate. La Junta se centró en el turismo, a pesar de que las encuestas de movilidad muestran que apenas el 10% de los turistas nacionales llega en tren a Málaga. El AVE tiene algo más de peso en el turismo de congresos y el de fin de semana (despedidas de soltero, por ejemplo).

Dos de los consejeros de Juan Manuel Moreno, Carolina España (Economía y Hacienda, además de portavoz) y Bernal (Turismo) tiraron de hipérbole: la consejera, asegurando que Málaga estaba “incomunicada”; el consejero, para darla por finiquitada. Y el propio presidente Moreno esgrimió un dato de parte, sin contrastar, sin contextualizar y sin desglosar para cuantificar el impacto: los famosos 1.300 millones de euros. La patronal se desentendió de esa cifra (“nosotros nunca la hemos dado”) mientras el ministro Óscar Puente acusaba a sus divulgadores de “buleros”.

El debate subió de tono a las puertas de las elecciones autonómicas, amplificado por las descalificaciones del ministro contra algunos periodistas por la derivada del papel de algunos medios en la difusión de un alarmismo económico que no ha tenido reflejo en la realidad.

El portavoz del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido al presidente andaluz y a Francisco de la Torre “que rectifiquen y pidan disculpas a la ciudadanía”, aunque el alcalde, mucho más cauto que sus compañeros de partido, advirtió pronto que la incidencia sobre el turismo no sería tan importante. “El éxito arrollador ha desmontado por completo la campaña de desprestigio” orquestada por los populares, según Pérez, que les atribuye el intento de “dañar a la ciudad para sacar rédito político”. De momento, ni la Junta de Andalucía ni el regidor (más cauto en sus previsiones sobre el impacto de la crisis del AVE) se han pronunciado respecto a las cifras definitivas de AEHCOS.

El torero retirado Ricardo Ortiz ha fallecido en los corrales de la plaza de toros de La Malagueta tras una fuerte cogida por parte de un astado en la tarde de este pasado viernes en su puesto de trabajo.

Así lo han confirmado el Sistema Emergencias 112 y Lances de Futuro, empresa gestora del coso malagueño, que ha confirmado que la muerte del trabajador ha tenido lugar cuando realizaba labores de manejo en los corrales de la plaza de cara a la popular corrida picassiana que se celebra este sábado.

Lances de Futuro ha expresado en un comunicado que el trabajador fallecido es Ricardo Ortiz, quien fue matador de toros de Málaga y trabajaba con la referida empresa en los corrales de la plaza de toros de La Malagueta. “El trágico suceso tuvo lugar mientras se realizaban trabajos de manejo en los corrales, cuando uno de los toros le propinó una fuerte cogida que le provocó la muerte”, ha recogido la empresa en un comunicado.

Condolencias

En cuanto a la gestión de la emergencia, el 112 recibió sobre las 19.45 horas que indicaba que un trabajador había sido pillado por un toro en los corrales de la Plaza de la Malagueta. De inmediato se dio aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local. Fuentes policiales y sanitarias confirmaron el fallecimiento del trabajador, un varón de 51 años, por las lesiones causadas por el animal.

El empresario José María Garzón y el resto del equipo de Lances de Futuro ha manifestado en un comunicado que se une al dolor de la familia de Ricardo Ortiz y de toda la familia taurina malagueña y ha expresado públicamente su pesar por esta pérdida.

Este lunes el alcalde de Málaga, el veterano Francisco de la Torre (PP) hizo las siguientes declaraciones a los periodistas: “Yo creo que al final no va a haber casi incidencia, porque el tiempo nos acompaña muy bien. La gente, a la que le encanta que la Semana Santa transcurra en tiempo bueno, hace el esfuerzo de venir aunque sea tardando más, como se tarda ahora. Creo que la incidencia será mínima”.

Estas declaraciones del regidor, verso libre del PP, a propósito de la repercusión turística (y por tanto económica) de la interrupción por obras de la línea de alta velocidad a la altura de Antequera suponen la enmienda final a varios cargos de su partido en la Junta de Andalucía, que han alimentado el catastrofismo económico durante dos semanas.

La Semana Santa está “definitivamente perdida”, había dicho quince días antes el consejero de Turismo, Arturo Bernal, mientras que la consejera de Hacienda, Carolina España, alertaba desde la estación María Zambrano de que “Málaga está completamente incomunicada” y animaba a los empresarios a demandar a ADIF por las presuntas pérdidas, alimentando así el choque frontal con el Gobierno.

De la Torre, mucho más cauto, apuntala ahora la idea de que la incidencia no será tan grave. Ya lo advirtieron los propios empresarios, sorprendidos por un exceso de alarmismo que ni ellos vieron venir: probablemente la Semana Santa “no será tan mala como la están pintando”.

Los datos definitivos se conocerán después del Lunes de Pascua, pero empiezan a divulgarse algunos indicadores que sostienen esa conclusión, sobre todo en la capital.

El tiempo, factor clave

El alcalde sostuvo sus palabras en lo que le dicen desde la Oficina de Turismo, donde registraron menos consultas el viernes y el sábado que el año anterior, pero muchas más el Domingo de Resurrección.

Fuentes del sector restan peso al indicador, pero hay otros datos: la Encuesta de Ocupación Hotelera muestra que en febrero de 2026, cuando el AVE a Málaga ya estaba interrumpido, hubo más pernoctaciones hoteleras (+1%) en la provincia que en febrero de 2025, un resultado que muestra fortaleza porque va en dirección contraria a la tendencia a nivel autonómico (-1,8%). La clave está en el incremento de la estancia media en Málaga y en el impulso del turismo internacional, que compensa la bajada del nacional, que da síntomas de agotamiento desde hace meses.

Tampoco ve probable un alto impacto el profesor Benjamín del Alcázar, director de la cátedra de estudios cofrades de la Universidad de Málaga, quien presentó el lunes el informe anual que mide la repercusión de la Semana Santa en la economía malagueña, elaborado por la cátedra de estudios cofrades de la Universidad de Málaga. Del Alcázar destacó una clave con mayor incidencia que el tren: las previsiones meteorológicas. En la de 2025, marcada por la lluvia, el impacto fue de 320,5 millones de euros. La de 2023, con un tiempo extraordinario, marcó el máximo: 394 millones de euros. Para este año no se prevén jornadas de lluvia, y sí sol y buen tiempo, con máximas de 25 grados.

En declaraciones a la SER este miércoles, Francisco Moro, presidente de AEHCOS en Málaga ciudad, ha calculado un descenso de ocupación del 6% en los primeros días, “un poquito peor que el año pasado”, pero prevé cifras similares al año pasado a partir de ahora, en torno al 94%, rozando el lleno el Jueves y Viernes Santo. “Sabíamos que por la fuerza y el atractivo de la ciudad la gente al final vendría. Se veía venir y así ha sido”.

Perspectivas “bastante optimistas” de la Junta, cautela en el sector

El PP andaluz, que hace un par de semanas alimentaba las previsiones más negras, ha ido aplicando en las últimas fechas sordina a un debate que cebaba con estruendo hace apenas 15 días.

Tanto el martes como el miércoles, el presidente Juan Manuel Moreno auguró unos “buenos datos” en Andalucía, y dijo confiar que la interrupción desl AVE directo a Málaga “no tenga impacto” o sea “el menor de los posibles”. En esa línea se manifestó la consejera de Empleo, Rocío Blanco: “Parece que, poco a poco, la afluencia [a la Semana Santa de Málaga] se está comportando muy bien”. La consejera confirmó que las perspectivas del sector son ya “bastante optimistas” y avanzó que los datos de paro registrado “apuntan a que vamos a tener una bajada de desempleo notable”.

Incluso el consejero de Empleo, Arturo Bernal, que habló de una semana “perdida completamente”, ha modulado su discurso. Hace una semana confió en “amortiguar” el impacto con el buen tiempo. Este martes pronosticó un descenso de ocupación en la provincia Málaga “en torno a ocho puntos porcentuales”, algo que estaría en línea con el descenso de seis puntos previsto para Andalucía.

Por su parte, AEHCOS (la asociación mayoritaria, que agrupa hoteles, apartamentos turísticos, albergues u hostales de Málaga, interior y Costa del Sol) pronostica una ocupación del 73,47% durante toda la semana, frente al 80,18%, 6,6 puntos menos (por tanto, una previsión mejor que la Junta), y una bajada de cinco puntos los días centrales. AEHCOS, que atribuye el descenso a la “desconexión ferroviaria de alta velocidad”, admite posibles “ajustes de última hora que pueden modificar” las cifras, apuntando a las reservas de última hora, muy condicionadas por la climatología. Sin embargo, su vicepresidente ejecutivo Javier Hernández, asegura a elDiario.es/Andalucía que no van bien, y que se han reducido un 50% respecto al año pasado.

AVVAPRO (la patronal andaluza de pisos turísticos) prevé para esta Semana Santa una ocupación media en Andalucía de entre el 68% y el 70%, con registros algo superiores en las grandes capitales, pero advierte de que el viajero tiende cada vez más a decidir en el último momento, “especialmente cuando las previsiones meteorológicas son favorables”, lo que deja margen para una mejora.

Más desplazamientos por carretera, estabilidad en el aeropuerto

La alta velocidad a Málaga funciona de Madrid hasta Antequera, desde Renfe realiza un transbordo hasta Málaga capital, lo que alarga el viaje entre una hora y hora y media, hasta las cuatro horas y media.

Óscar Puente, ministro de Transportes, aseguró que unas 3.000 personas siguen viajando al día, y Renfe ha reforzado los servicios para Semana Santa. Ouigo e Iryo mantienen suspendidos los trayectos, mientras que Renfe oferta alrededor de 50.000 plazas en estos días, con 15 servicios diarios (16 los domingos). Son unas 90.000 menos que las ofertadas hace un año. Este miércoles no había plazas en la mayoría de trenes para regresar a Madrid en la segunda parte de la semana.

Con todo, los estudios de movilidad turística muestran que en torno a la mitad del turismo nacional llega a Málaga por carretera, y que el tren apenas mueve alrededor del 10%. Para llegar a Málaga sigue habiendo carreteras, el cuarto aeropuerto de España y un puerto de cruceros que sostendrá las cifras de la temporada alta del año pasado (117 escalas y 172.000 pasajeros).

“La gente que quiere venir a Málaga se ha buscado la vida y ha venido a través de otros medios, sé que mucha gente ha venido en carretera”, señaló Blanco. La DGT prevé 730.000 desplazamientos en la provincia, 85.000 más que el año pasado, (+13%).  

La vía aérea se mantiene estable: los vuelos programados son cerca de 6.000, casi el 80% de ellos internacionales.

Un debate sin datos firmes en víspera de elecciones

La vía de alta velocidad entre Madrid y Málaga está interrumpida desde el 4 de febrero a la altura de Álora por la caída de un talud. ADIF ha dado ya dos fechas incumplidas, se remite ahora a la última semana de abril “como mínimo” y atribuye los retrasos a la complejidad de los trabajos.

La línea dura la sostiene Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Local del PP, quien este miércoles ha vuelto a pedir la dimisión de Óscar Puente y le ha acusado de no tomar medidas para paliar el problema y falta de transparencia con las obras. El PP, que ha pedido el expediente completo, ha solicitado sin éxito al Gobierno que bonifique el peaje en las autopistas de la Costa del Sol y Las Pedrizas, vuelos de mayor capacidad, un puente aéreo a precios tasados y ayudas al sector turístico.

Bendodo ha comparecido en la estación María Zambrano acompañado de De la Torre, quien ha insistido en que la ocupación en la ciudad será similar al año pasado, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha subrayado que es la primera vez que ha tenido que venir en avión. Para mañana está prevista la llegada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El debate sobre las pérdidas económicas que la falta de AVE directo está provocando alcanzó su punto álgido hace ahora dos semanas cuando varios consejeros de la Junta de Andalucía pusieron el grito en el cielo a partir de la difusión descontextualizada de una cifra sin atribución ni desglose, 1.300 millones de euros en pérdidas que un diario tituló que se producirían “en Semana Santa”. El propio Moreno se hizo eco y aventó el agravio con otros territorios.

La previsión de los 1.300 millones la había formulado una parte interesada (el presidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol), en privado (en una reunión con la delegada de la Junta en Málaga), recogía pérdidas indirectas (incluyendo las pérdidas indirectas en proveedores o el consumo inducido por los salarios) y no se refería a las pérdidas “en Semana Santa”, sino a la estimación de las pérdidas del sector por la interrupción del servicio directo desde el 18 de enero (fecha del accidente en Adamuz) al 23 de marzo, cuando se suponía que se restablecería la vía, antes del nuevo retraso anunciado por el presidente de ADIF.

“Nosotros esa cifra no la hemos dado nunca oficialmente,” señala Hernández. El Gobierno andaluz la usó de trampolín para, en vísperas de elecciones, lanzarse en tromba por una senda que había ido abriendo en las semanas previas. Encontró réplica en el ministro Puente, que acusó a quienes difundían la cifra de “buleros”. El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, aseguró este martes que la semana “está siendo un éxito extraordinario”, y criticó a Moreno por el “alarmismo irresponsable”.

A falta de cifras definitivas, los tronos y el buen tiempo han enterrado el debate. El año pasado las previsiones se quedaron cortas: la Consejería de Turismo pronosticó un 72,4% de ocupación y al final se alcanzó el 77,4%.

En 2011, en pleno estallido de la crisis económica, una mujer acudió a los servicios sociales de Benalmádena. Esta mujer pidió ayuda para comer, algo habitual entonces, pero también contó una historia inusual: decía ser administradora de una empresa de la que quería desvincularse.

Este municipio de poco más de 75.000 habitantes en la costa del sol malagueña estaba sufriendo especialmente el estallido de la burbuja inmobiliaria: muchas viviendas quedaron abandonadas a medio hacer, cientos de empresas se ahogaban en deudas que trataban de sortear con trucos societarios y miles de familias perdieron su casa. La Delegación de Bienestar Social, dirigida por entonces por el concejal Francisco Salido, abrió ficha a la mujer y empezó a atenderla. Diez meses después había sido desahuciada de su vivienda, pero había firmado una oferta para hacer una obra valorada en 50.000 euros en Puerto Marina, el puerto deportivo de la ciudad.

El caso fue documentado por el interventor municipal en un informe de auditoría que destapó un gran fraude en Puerto Marina. El informe incluía un dictamen pericial sobre algunas firmas en presupuestos de obra: los presupuestos eran falsos, aportados solo para aparentar competencia y sus verdaderos firmantes eran dos personas de confianza de un concejal y consejero delegado del puerto. Meses después, la UDEF tomó declaración a varios empresarios que declararon no saber nada de los presupuestos que supuestamente habían presentado.

14 años después, a finales de 2025, la Audiencia Provincial de Málaga condenó a Salido, concejal de Bienestar Social (Unión Centro Benalmádena) y consejero delegado de Puerto Marina y a José Manuel López Merino, gerente del puerto, a cuatro años y cuatro meses de prisión, por amañar contratos de obra en el puerto.

La sentencia fue dictada a finales de octubre y no es firme. Este caso y el del comedor social, con los mismos implicados, agitaron durante años la política local. La salida de la concejala denunciante del partido local que lideraba Salido facilitó la llegada al poder del PSOE y, a su vez, una purga en el PP con la salida de la alcaldesa Paloma García Gálvez, que había cesado al concejal investigado. El cierre casi simultáneo de ambos juicios es el epílogo en diferido de aquellos años tumultuosos.

Contratos fraccionados, prórrogas y presupuestos “mendaces”

La sentencia confirma lo que ya denunció el interventor hace una década. Salido y López Merino, consejero delegado y gerente de Puerto Marina (empresa municipal de Benalmádena) “se pusieron de acuerdo para favorecer” a un empresario ya fallecido, con la “adjudicación fraudulenta de servicios y obras”, detalla la sentencia de la Audiencia Provincial, dictada el pasado 30 de octubre.

Los magistrados concluyen que Salido y López Merino trucaron la contratación de obras de Puerto Marina valorados en 600.000 euros usando una amplia gama de fraudes: contratos fraccionados, presupuestos adulterados, facturas repetidas, prórrogas y presupuestos “mendaces” de empresas que nunca fueron conscientes de que avalaban la presunta concurrencia pública en licitaciones adulteradas.

Así consiguieron favorecer sistemáticamente a un empresario, ya fallecido, que se embolsó dos millones de euros en cuatro años, casi la mitad de todo lo que adjudicó el Puerto en ese tiempo, según recogió el interventor. Alguna empresa constituida por este empresario fue agraciada con contratos de más de 100.000 euros anuales apenas cuatro meses después de constituirse.

La Audiencia los condena por los delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y falsedad en documento oficial, rebajando la pena por la demora en enjuiciar unas irregularidades cometidas hace tres lustros.

La investigación judicial empezó con un auto de fecha 14 de noviembre de 2012 y concluyó en sentencia de 30 de octubre de 2025. Los magistrados admiten que esta demora no tiene justificación. “Es indudable” que la causa es “compleja”, pero eso “no puede justificar la dilación padecida”, que califica de “superextraordinaria” y no achaca a los acusados.

Licitaciones sin pliegos

Uno tramitaba los expedientes y el otro los firmaba, de forma “arbitraria y manifiestamente injusta”, según los magistrados, que describen un sistema carente de cualquiera de los controles fijados por la ley de contratos. Para esas licitaciones no había pliegos técnicos ni administrativos, de modo que no se establecían criterios de adjudicación ni duración. En alguno de los casos, no había ni proyecto en el momento de empezar la obra, por lo que era imposible contrastarlo con las certificaciones de obra, “pudiéndose facturar la cuantía que se estimase oportuna”, observan los magistrados.

Además, se fraccionaban artificialmente para evitar así rebasar el umbral de 100.000 euros y no tener que sacarlos a concurso público. En teoría se tramitaban como procedimiento negociado invitando a tres licitantes a presentar ofertas, pero en realidad todos los presupuestos los elaboraba el mismo empresario, que tenía varias mercantiles, o se confeccionaban en nombre de empresas y personas que habían contratado antes con Puerto Marina o con el empresario, y no tenían idea de lo que ocurría. El objetivo era dar una apariencia de competencia que no existía. Así llegó aquella mujer a presentar una oferta para hacer obras por 50.000 euros.

El empresario logró de esta forma el mantenimiento de la zona portuaria, el mantenimiento de los jardines, el realce de los muelles de atraque y las obras de peatonalización, todas por importes entre los 100.000 y los 150.000 euros. Además, facturaba un extra por trabajos supuestamente extraordinarios que, según los magistrados, estaban incluidos en los contratos principales. En total, al menos 630.000 euros entre agosto de 2011 y agosto de 2012.

Fuera de la sentencia quedan, en cambio, tres de los cuatro años bajo la lupa y las licitaciones a otro empresario también cuestionadas por el interventor, que valoraba los contratos irregulares en más de tres millones de euros. No consta que el Ayuntamiento haya exigido una responsabilidad contable.

“No culpable” por las cuentas del comedor social

El caso discurrió en paralelo a la investigación de las presuntas irregularidades en las cuentas del comedor social, de las que Salido era también responsable. La Fiscalía pedía para él ocho años de prisión por malversación al no justificar gran parte los gastos del comedor municipal, gestionado por una asociación con fondos públicos, y por infidelidad en la custodia de documentos públicos, que desaparecieron del área de Bienestar Social cuando el interventor se disponía a examinarlo.

De ese juicio Salido y los directivos de la asociación, un de ellos el cuñado de Salido, han sido exonerados: un jurado popular les declaró “no culpables”. Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento (que actúa como acusación particular) han recurrido la sentencia por entender que el veredicto del jurado incurre en errores manifiestos al valorar las pruebas.

Cuando se destaparon los hechos, en 2014, la alcaldesa Paloma García Gálvez (PP) destituyó a Salido (Unión Centro Benalmádena), que vio cómo su grupo político se desmembraba con la salida de Encarnación Cortés, la concejala que había denunciado la trama.

Al interventor, que documentó en un detallado informe las irregularidades por las que ahora se ha condenado a Salido y López Merino, lo purgaron cambiándole de puesto, en una decisión que un juzgado obligó a corregir. El interventor fue jubilado contra su voluntad. Uno de los responsables de las firmas adulteradas es personal de confianza del actual alcalde de Benalmádena, José Antonio Lara (PP).

El cuerpo de Haitam Mejri, fallecido durante una intervención policial en Torremolinos (Málaga) el pasado 7 de diciembre, presentaba “un número total de 86 lesiones externas objetivables”, incluyendo traumatismos “de alta energía”, compresión cervical y descargas eléctricas en torso y flancos. Así se recoge en un informe del doctor Aitor Curiel, médico especialista en Medicina Legal y Forense, elaborado a petición de la familia, que recoge los signos visibles por todo el cuerpo: Haitam recibió golpes o descargas en brazos, piernas, cabeza y tronco, según ese documento.  

El objetivo del informe es determinar la cuantía, distribución y naturaleza de los daños sufridos por Haitam aquella tarde. El documento describe minuciosamente los traumatismos y lesiones que el perito observó en el cadáver cuando tuvo autorización para examinarlo. Amplía de esta forma el primer examen, en el que el perito ya concluía que Haitam murió por una “parada cardiorrespiratoria secundaria a una insuficiencia cardiorrespiratoria como consecuencia de un politraumatismo con sujeción, inmovilización y presión elevada a nivel de cuello tórax y las cuatro extremidades, con utilización de irritantes y múltiples descargas eléctricas con táser prolongadas y reiterativas”.

Aunque padecía una “patología cardiaca previa no mortal a corto plazo”, el doctor ya era claro en aquella primera evaluación: Haitam “no hubiera fallecido en ese momento ni en esa forma de no haberse producido los politraumatismos moderados, presión, sujeción, inmovilización, utilización de irritantes y descargas eléctricas prolongadas y reiterativas”.

14 quemaduras que encajan con “al menos siete disparos o aplicaciones”

Ahora, la ampliación entra en detalles para intentar casar el estado en que quedó el cadáver con lo que se observa en los vídeos de la intervención policial (dos de las cámaras interiores del local y dos de las cámaras asociadas a las pistolas táser).

El cuerpo de Haitam, dice el especialista, tenía 86 “lesiones externas objetivables”: diez en cabeza y cuello, 12 en torso y flancos, 29 en extremidades superiores (16 en el miembro derecho y 13 en el izquierdo); y 35 en extremidades inferiores.

El informe describe las lesiones por el uso de la táser, reflejado en varias quemaduras de segundo grado: el cuerpo presentaba 14 lesiones cutáneas que encajarían con “al menos siete disparos o aplicaciones” en cuatro zonas distintas: clavícula izquierda, brazo izquierdo, región lumbar derecha y dorsal baja derecha. El Gobierno respondió por escrito a dos diputados que las descargas sólo se produjeron en hombro y pierna.

El perito observa que recibió tanto descargas directas (sobre la piel) como disparos por sonda. “Debido a la configuración de estas improntas —que incluyen tanto escaras necróticas por impacto de sondas como quemaduras circulares por contacto directo (drive-stun)—, el hallazgo es consistente con la ejecución de al menos 7 disparos o aplicaciones del dispositivo sobre la economía corporal del sujeto”. Algunos de los disparos se realizan sobre el mismo lugar. Axon, fabricante de las táser, recomienda acortar las descargas y minimizar su número, así como evitar descargas simultáneas.

Además de dispararle, los seis agentes que intervinieron golpearon al hombre, le aplicaron gas irritante y le presionaron en diferentes zonas. Entre otras, Haitam tenía una lesión contusa en la cabeza “de gran amplitud que afecta a la región frontal”, alargada e irregular. Sus características “sugieren” una “transmisión de energía cinética de gran intensidad”. En los vídeos se observa a un agente que golpea a Haitam en la cabeza usando un cartel metálico. El especialista señala que el golpe pudo ser de tal fuerza que causara una “depresión” de la pared anterior del seno frontal.

También registra una lesión en el cuello “compatible con maniobras de contención y compresión extrínseca cervical”, por ejemplo un “mataleón”, y una marca que sugiere “lesión por pisada o aplastamiento” en la nuca y dorsal superior. Según se observa en los vídeos, un agente aseguró a los servicios médicos que “en ningún momento” le habían presionado sobre tórax o cuello.

La mayor parte de las lesiones se acumulan sobre el brazo derecho y las dos piernas, especialmente en los tobillos, sobre los que los agentes estuvieron de pie alrededor de 15 minutos con el fin de mantenerlo inmóvil.

“Correlación” entre las lesiones y los vídeos

Curiel resalta que “existe una correlación topográfica entre las lesiones objetivadas y los vídeos visionados” y que todas se produjeron cerca de la hora del deceso: “Todas las lesiones presentan signos de vitalidad (intra-vitam), con respuestas inflamatorias activas que indican su producción en un lapso temporal cercano al fallecimiento”.

A la vista de lo anterior, Curiel concluye que “el mecanismo causal es multitraumático”, “predominando las lesiones producidas mediante el uso de gran fuerza cinética e instrumentos de contención mecánica”. Haitam presentaba un “politraumatismo de moderada-elevada energía”.

Haitam entró aquella tarde en un locutorio de Torremolinos pidiendo un cargador. Estaba muy alterado, presumiblemente bajo efectos de algún estupefaciente. Tras forcejear con el dueño, está salió corriendo y llamó al 112, quien alertó a la Policía, que acudió por un presunto robo. El vídeo completo registrado por las cámaras del local no sostiene esa hipótesis. Tampoco muestra amenazas o la actitud intimidatoria con los policías o terceros. Haitam reiteró en varias ocasiones que quería colaborar, insistió en que sólo quería cargar su móvil y ofreció su mano a la policía. Pero cuando se la dio, y el agente intentó engrilletarlo, el móvil se le escurrió e intentó recuperarlo forcejeando con el agente. Veinte minutos después había muerto.

Los vídeos de aquella tarde, desvelados en su integridad por elDiario.es, muestran que los agentes golpearon en la cabeza, presionaron a Haitam sobre piernas, hombros y tórax, y descargaron su pistola táser (entre 1.500 y 2.000 voltios) en varias ocasiones. Once, según la familia, “al menos siete”, según el perito.

La jueza espera la autopsia del Instituto de Medicina Legal

Aitor Curiel examinó el cadáver minutos después de que la familia recibiera autorización judicial para recuperar el cuerpo. Habían pasado unos veinte días desde el fallecimiento. La familia tomó la precaución de documentar en vídeo el traslado desde el Instituto de Medicina Legal hasta la sala de autopsias para no romper la cadena de custodia.

La ampliación complementa el informe de autopsia encargado por la familia al doctor Curiel,  que debe servir de contraste al informe que elabore el Instituto de Medicina Legal, que aún no ha sido entregado.

El pasado 16 de febrero la jueza, con el apoyo del fiscal, archivó provisionalmente la investigación hasta que llegue el informe definitivo de autopsia del IML, pendiente del análisis toxicológico. Razona que hasta ahora no hay ningún “elemento jurídico ni fáctico” en la causa “que posibilite una calificación jurídica distinta de fallecido”.

En las diligencias ya constan el atestado, el informe balístico de las táser, las cámaras de seguridad y el informe preliminar de autopsia, pero la jueza ha ido rechazando otras diligencias propuestas por la familia (como la toma de declaración de testigos o investigados y el aseguramiento de las comunicaciones) hasta recibir el informe definitivo de autopsia.

Los abogados de la familia han elevado una queja al Consejo General del Poder Judicial. Creen que estas decisiones ponen en riesgo la investigación por la posible alteración de pruebas, y denuncian que está bloqueando su derecho a recurrir al no dar trámite a sus escritos.

El Gobierno central ha acordado incluir en el censo estatal de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática el monumento erigido en Palma en homenaje a los “héroes” del Crucero Baleares, uno de los responsables del bombardeo llevado a cabo en 1937 contra la población que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista, episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'. Se trata del primer elemento franquista del archipiélago en ser incorporado en este registro estatal, una decisión que ya ha sido comunicada formalmente al Ayuntamiento de Palma para que proceda a su retirada.

Paradójicamente, este mismo jueves, el pleno del Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, ha ratificado, a iniciativa de ambos partidos, la inclusión del monumento en el Catálogo municipal de Edificios y Elementos Protegidos, lo que le otorga el máximo grado de protección patrimonial. No solo eso. Tras conocer la decisión del Ejecutivo central, el Consistorio ha anunciado que la recurrirá en los tribunales y de que hará valer “todas las vías legales necesarias” para impedir su ejecución.

La incorporación de la edificación en el censo estatal se sustenta en un informe de la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática que concluye que el monumento forma parte del aparato simbólico de la dictadura. La resolución emitida este jueves señala que el monolito debe entenderse como un ejemplo del “culto a los caídos” impulsado por el franquismo, una de sus principales herramientas de legitimación política. Un culto que, subraya el documento, constituyó “una de las políticas simbólicas más importantes y persistentes de la dictadura que estuvo destinada a recordar -de forma excluyente y sin ninguna intención de reconciliación ni de mención a los muertos del bando republicano- a los fallecidos franquistas”.

“Caídos por Dios y por España”

La Secretaría de Estado asevera que, ya desde el momento en el que se estaba desarrollando el conflicto bélico, los denominados como “caídos por Dios y por España” contaron con monumentos, misas y homenajes de diferentes tipos como parte de la estrategia legitimadora de la dictadura. “Al ser glorificados, su muerte se convertía en una muerte necesaria por la salvación de España, quedando justificada la guerra (mitificada como Cruzada) y la violencia perpetrada contra el enemigo”, incide.

El monolito, cuya presencia lleva años en disputa política, social y judicial en la capital balear, fue levantado en plena dictadura, en 1947, para homenajear a los cerca de 800 combatientes sublevados que murieron diez años antes en el hundimiento del buque durante la batalla del cabo de Palos, el mayor combate naval de la Guerra de España. Un año antes, el Crucero Baleares protagonizó una de las mayores masacres tras el golpe de Estado de 1936: la llevada a cabo contra los miles de civiles que el 7 de febrero de 1937 se arrojaron a la carretera en dirección este para escapar de las tropas sublevadas que, apoyadas por las fuerzas italianas y los regulares marroquíes, avanzaban desde el oeste. En su huida, los civiles fueron ametrallados por los aviones Heinkel de la Luftwaffe y bombardeados por tres buques que los cañoneaban desde el mar: el Almirante Cervera, el Baleares y el Canarias. Los historiadores calculan que fallecieron más de 5.000.

Sin embargo, mientras el régimen convirtió el hundimiento del Baleares en emblema de heroísmo y martirio nacional, utilizándolo como herramienta de propaganda en todo el país, las víctimas de 'La Desbandá' fueron abocadas al olvido.

Para la asociación Memòria de Mallorca, cuya presidenta, Maria Antònia Oliver, estuvo presente este miércoles en la reunión del Consejo Estatal de Memoria Democrática en la que se informó de la inclusión del monolito en el censo, la medida constituye un paso que no solo reconoce años de reivindicación, sino que podría reabrir la vía judicial para intentar su retirada del espacio público.

En el mismo foro, Oliver puso sobre la mesa otras demandas: la creación de subconsejos territoriales que mejoren la coordinación de estas políticas y la declaración como Lugares de Memoria de espacios clave en la isla, como el Fortí d'Illetes -convertido, entre 1936 y 1941, en un siniestro centro de represión y fusilamiento franquista- o el Mur de la Memòria. También alertó de posibles retrocesos en ámbitos como la gestión de archivos, la identificación de restos humanos o los bancos de ADN. Preocupaciones que, a su juicio, hacen más necesario que nunca reforzar los mecanismos de vigilancia institucional.

Reacciones

La inclusión del monolito de sa Feixina en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática ha sido recibida con valoraciones contrapuestas en el ámbito político y social balear, evidenciando el debate que continúa generando. El Ayuntamiento de Palma ha anunciado que recurrirá la medida en aras a evitar que el monumento sea retirado del espacio público. El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha defendido que “deberán ser los tribunales los que se pronuncien” al respecto, aseverando que el Consistorio no ha hecho más que “cumplir la ley” al modificar el planeamiento urbanístico municipal para catalogar la estructura como patrimonio protegido.

En este sentido, ha subrayado que existe una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que reconoce los valores patrimoniales del monolito y que, a su juicio, avala su protección. “Por encima del Gobierno, gracias a Dios, están los jueces”, ha espetado.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha calificado la decisión del Gobierno como “un paso importante” en la defensa de la memoria democrática y ha defendido que su retirada “es de justicia”. En un mensaje publicado este jueves en la red social X, la también secretaria general del PSIB-PSOE y expresidenta del Govern balear subraya que no se trata de borrar la historia, sino de “dignificarla, reconocer a las víctimas y construir un espacio público coherente con los valores democráticos”.

En la misma línea, Més per Mallorca ha celebrado la decisión del Gobierno y se ha mostrado convencido de que el monumento acabará siendo retirado. El diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha aseverado que el debate trasciende lo estético y se sitúa en el terreno de los valores democráticos: “No puede haber una democracia plena mientras se exalta impunemente la dictadura”, ha afirmado. Por su parte, la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha considerado la decisión “muy positiva”, aunque ha reclamado ir más allá: “Cualquier paso contra la barbarie y la memoria fascista es positivo, pero solo tiene sentido si se actúa con determinación y valentía para acabar definitivamente con ella”. También el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha mostrado su satisfacción, subrayando la paradoja de que esta decisión llegue en un contexto en el que se ha derogado la ley de memoria democrática de Balears, con un PP que, a su juicio, está “absolutamente entregado a los postulados más fascistas de Vox”.

Frente a estas valoraciones, la entidad conservacionista ARCA ha expresado su rechazo a la iniciativa del Gobierno central, augurando que tendrá “poco recorrido”. En un comunicado, la asociación defiende que los tribunales ya han acreditado el valor patrimonial del monumento, que además “está catalogado”, definiéndolo además como “un elemento arquitectónico racionalista creado por un arquitecto ilustre de nuestra ciudad, Francisco Roca Simó, y reconocido internacionalmente”.

La asociación asegura que el monumento fue adaptado a la ley de memoria democrática por unanimidad de los grupos políticos. “Resulta incomprensible la falta de voluntad de consenso y la voluntad de destrucción de patrimonio de determinados partidos”, critica, negando que sa Feixina sea “un monumento franquista”, sino “un hito que clama contra las guerras y las dictaduras”. “Esto es lo que dice el hierro troquelado que lo rodea”, asevera. Con todo, la entidad ha subrayado que siempre ha estado a favor de la ley de memoria histórica pero, ha indicado, el “problema es cuando las interpretaciones se hacen de forma intransigente y falseando la realidad como hace ahora la Secretaría de Estado”.