Un menor de tres años ha fallecido en la mañana de este miércoles tras caer a una piscina en un cortijo en Periana (Málaga), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El Teléfono de Emergencias 112 recibió, a las 08.30 horas, un aviso de socorro por un menor caído a la piscina en un cortijo. De inmediato, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que llegó a desplazar el helicóptero sanitario, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

A pesar de los esfuerzos de los operativos, no se ha podido hacer nada por salvar la vida del menor. Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el suceso.

Dieciocho personas, nueve de ellas menores de edad, han resultado heridas de diversa consideración al volcar un tren turístico en el que se desplazaban unas 30 personas en la localidad malagueña de Cártama.

El suceso ocurrió alrededor de las 21:40 horas de este sábado en la calle Santo Cristo, adonde se desplazó una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Coín, según han informado este domingo fuentes de la Diputación de Málaga.

Los bomberos realizaron labores de primeros auxilios a los accidentados, en apoyo a los servicios sanitarios, así como labores preventivas y de asistencia en la estabilización del vagón volcado.

El balance es de 18 heridos, nueve adultos y nueve menores de entre 5 y 17 años, que fueron atendidos por sanitarios y trasladados a distintos centros hospitalarios, bien en ambulancia o por sus propios medios.

La Fiscalía de Málaga acusa a cinco personas por formar parte de una red radicada en la capital malagueña, aunque con ramificaciones en otros países, que supuestamente se dedicaba a la explotación sexual de mujeres migrantes a las que trasladaban a España a cambio de grandes cantidades de dinero.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, desde 2010, los procesados formaban una organización, liderada por una de las acusadas, que tenía ramificaciones en otras provincias españolas y en países como Nigeria, de donde procedían la mayoría de las mujeres, Marruecos, Dinamarca y Alemania.

Cada uno de los supuestos miembros, señala la acusación pública en su escrito inicial, al que ha tenido acceso Europa Press, tenía presuntamente una función en esta red, que se encargaba del traslado, alojamiento y régimen de trabajo de las mujeres “con evidente ánimo de lucro”.

Pago de 35.000 euros y ritual vudú

En esta causa se relatan los actos supuestamente realizados por los acusados respecto a dos víctimas, mujeres nigerianas a las que, conociendo “su situación de extrema necesidad y precariedad económica”, convencieron para que vinieran a España a trabajar como peluqueras, aunque en realidad serían explotadas sexualmente.

En uno de los casos, dice el fiscal, la principal acusada sabía que la familia de esta víctima carecía de recursos “incluso para comer” y, antes de partir de su país, se le indicó que debía entregar por el traslado 35.000 euros, además de que “la obligaron a someterse a un ritual de vudú”.

Supuestamente fue obligada a ejercer la prostitución “para así saldar su deuda, de forma que entregaba todo el dinero” e incluso fue enviada a otros países, mientras su hijo pequeño se quedó con esta acusada, amenazándola, supuestamente, con que “no daría de comer al niño si no pagaba y lo entregaría a las autoridades españolas”.

Finalmente, cuando ya no pudo abonar más dinero, dice la Fiscalía, y “dado el temor que sentía por el bienestar de su hijo, acudió a las autoridades alemanas, que finalmente alertaron de la terrible situación de aquélla a la Policía Nacional, que logró que los Servicios Sociales se hicieran cargo del pequeño”.

En cuanto a la segunda mujer, dice el fiscal que también la convencieron dada “la necesidad y precariedad económica” para que viniera a estudiar y trabajar a España como peluquera; un viaje que realizó “en condiciones penosas” hasta Marruecos, donde también la obligaron a prestar “un juramento de juju”.

Según esta acusación, “tras un viaje en condiciones infernales en patera llegó a España”, donde fue obligada por ésta a ejercer la prostitución y como se negara a ello, ya que creía que trabajaría de peluquera, fue golpeada hasta que obligarla, haciendo jornadas de más de diez horas.

17 años de prisión

El fiscal señala en sus conclusiones provisionales que la principal acusada realizó más de 200 operaciones monetarias y recibió “numerosos envíos de dinero de hasta 13 mujeres nigerianas y de tres hombres daneses”. Otro de los procesados es su pareja, que ayuda a los traslados de las mujeres.

Otra acusada, la hermana de la primera, presuntamente también acompañaba a las mujeres y colaboraba en los envíos de dinero, al igual que hacía supuestamente otro procesado; todo esto una vez que las víctimas eran reclutadas en Nigeria por el último de los procesados.

Este juicio está previsto que se celebre este mes de junio en la Audiencia de Málaga. Para el fiscal, los hechos son constitutivos de dos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otros dos de trata de seres humanos en concurso con dos relativos a la prostitución.

Así, solicita en total por todos los delitos que se imponga a cada acusado la pena de 17 años de prisión. Además, considera que los procesados de forma solidaria deben indemnizar a cada una de las víctimas con 25.000 euros.

La plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos (Málaga) ha dictado este viernes una sentencia por la que dos padres de nacionalidad británica detenidos por dejar abandonados a sus tres hijos menores en un hotel de Benalmádena se han conformado con una condena de un año y cuatro meses de prisión por la comisión de un delito de abandono.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), apuntando que el fallo también establece que sean inhabilitados durante dos años y ocho meses para ejercer la patria potestad, de los que durante un tiempo de dos años tendrán prohibido acercarse a menos de 500 metros de los menores.

Asimismo, han indicado que en virtud del acuerdo de todas las partes, el juzgado ha suspendido la entrada en prisión de los progenitores con la condición de que no cometan delitos en un plazo de dos años.

Los menores se encuentran bajo la tutela de los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía que, en cumplimiento de esta sentencia, tiene previsto contactar con el Consulado británico para que traslade a los tres menores a su país, según han apuntado estas mismas fuentes.

Los hechos sucedieron este pasado miércoles, por la noche, cuando se alertó sobre la situación de riesgo de los tres menores, de seis meses, un año y cuatro años, que estarían desatendidos en zonas comunes del hotel. Los agentes de la Policía Nacional desplazados hasta el lugar se hicieron cargo de la investigación y detuvieron a la pareja, un hombre de 41 años y una mujer de 28.

Los niños fueron trasladados a un centro hospitalario y dos de ellos dieron positivo en cocaína. Los tres pequeños quedaron bajo la protección de la Junta de Andalucía.

Un profesor de un instituto de Málaga capital está siendo investigado por presunta agresión sexual a una alumna menor y ha sido suspendido en funciones de manera cautelar.

El hombre de 45 años, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, fue detenido por la Policía Nacional a principios de este mes de junio y la investigación sigue abierta.

Los hechos señalado por la menor en la denuncia habrían tenido lugar en el instituto, al parecer, cuando se quedaban a solas, según ha adelantado diario 'Sur', que señala que el profesor fue detenido y puesto a disposición judicial, quedando en libertad provisional.

A principios de junio se tomó declaración tanto a la menor como al profesor investigado, en el marco de las actuaciones judiciales en curso.

Así, según fuentes de la Consejería a Europa Press, a la espera de la resolución que pueda determinarse tras el procedimiento judicial, la Dirección General de Recursos Humanos acordó como medida cautelar la suspensión de funciones del docente, que fue notificada el 3 de junio.

Una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) ha dejado en el limbo la zona de bajas emisiones (ZBE) de Málaga. Desde el pasado 30 de noviembre, los propietarios de vehículos sin etiqueta ambiental que circularan por la almendra central de la ciudad se exponían a una multa, pero sólo si circulaban con un coche que no estuviera matriculado en la ciudad. Si lo estaban, no tenían nada que temer.

Ahora los magistrados del TSJA dicen que eso no puede ser: las restricciones a la circulación de vehículos no pueden establecerse en función de donde está registrado cada vehículo, porque eso supone una discriminación que vulnera la unidad de mercado y el principio de libertad de empresa.

Las consecuencias de esto están por ver: la Justicia no se opone a que haya un área restringida con otras condiciones, así que el Ayuntamiento está estudiando qué hacer. De momento, tiene un mes para recurrirla ante el Tribunal Supremo.

La resolución zarandea ahora un régimen de restricción al tráfico en 34 calles de la ciudad que el Ayuntamiento tardó en aplicar. La ley de cambio climático de 2021 obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y territorios insulares a adoptar planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación de las emisiones derivadas de la movilidad. Entre otras medidas para facilitar la movilidad sostenible o el uso de transporte público o eléctrico, antes del 1 de enero de 2023 debían establecer zonas de bajas emisiones.

El Ayuntamiento de Málaga arrastró los pies, hasta llegar tarde. Alegó que no había recibido los componentes de las cámaras que vigilan el perímetro, y así alargó hasta noviembre de 2024 la aplicación de la norma, y hasta noviembre de 2025 la imposición de las primeras multas.

El régimen hasta ahora en vigor es así: el primer año todos los coches pudieron pasar sin multa. El segundo (el vigente ahora), sólo podían pasar los que tuvieran etiqueta CERO, ECO, B, C o sin etiqueta si estaban domiciliados en Málaga. A partir de noviembre, sólo los acreditados con etiqueta CERO, ECO o C y los domiciliados en Málaga, cualquiera que fuera su etiqueta o incluso si no la tuviera. Para las furgonetas, la circulación sin restricciones se alargaba cuatro años, pero a partir del quinto el régimen ya era el del resto de vehículos. Los taxis y VTC o vehículos históricos pueden circular sin restricciones.

Este régimen supone que el requisito de la domiciliación en Málaga “afecta a la libre circulación de mercancías y personas, vulnerando el principio de libertad de empresa y de unidad de mercado”, dicen los magistrados, que no encuentran una justificación técnica “proporcionada, ambientalmente imperiosa y no discriminatoria” para esta diferencia de trato.

La Sala anula por eso un Título completo de la Ordenanza de Movilidad, el que afecta a esta normativa, pero no todo lo demás, que sigue en vigor.

Zona vigente, discriminación en cuestión

Vox, que interpuso el recurso, ha celebrado la sentencia que lo estima en parte como un triunfo de sus tesis. El partido ultra veía una motivación exclusivamente recaudatoria en la norma. “Vox ha logrado tumbar la Zona de Bajas Emisiones que restringía la movilidad y castigaba a los malagueños”, dice un post del partido en X.

La realidad es más matizada, porque los magistrados concluyen que la norma estaba justificada de forma “exhaustiva” desde el punto de vista ambiental, y no tumban ni la ordenanza ni la zona, sino la discriminación que permitía, precisamente, que los malagueños empadronados en la ciudad pudieran circular por la ZBE sin ser multados. Una consecuencia probable de este revés judicial para el Ayuntamiento es que ahora se multe también a los malagueños.

“La ZBE está vigente y el sistema sigue captando imágenes”, ha advertido la concejala Trinidad Hernández, explicando que de momento todo sigue como antes: “Los vehículos sin etiqueta no domiciliados en Málaga no pueden acceder y los domiciliados en Málaga que no tengan etiqueta podrán seguir haciéndolo”.

La concejala ha insistido en que la sentencia no “tumba” la ZBE, cuyo perímetro no cuestiona, y concluye que el procedimiento para aprobar la ordenanza fue legal. Estos dos aspectos fueron recurridos por Vox, pero los magistrados rechazan esas alegaciones. “Únicamente determina que las condiciones tienen que ser las mismas para los vehículos domiciliados y los que no”.

La oposición de izquierdas critica la falta de alternativas

La oposición, tanto PSOE y Con Málaga por unos motivos, como Vox por otros, ha sido muy crítica desde el pasado noviembre con la aplicación de la ZBE. La ultraderecha, porque cree que su motivación real no es ambiental. La izquierda, porque entiende que se ha aplicado tarde y sin mecanismos que permitan paliar sus restricciones, como el refuerzo del transporte público o el establecimiento de aparcamientos disuasorios, que el Ayuntamiento anuncia desde hace años pero no ejecuta.

Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, ha calificado este jueves la ZBE de “chapuza” que “castiga a las familias trabajadoras”. Particularmente, trabajadores que han tenido que dejar la ciudad ante el encarecimiento de la vivienda, y que ahora se desplazan a diario a sus puestos de trabajo. Morillas ha pedido al consistorio que no recurra la sentencia, modifique la ordenanza y suspenda el régimen sancionador hasta que haya aplicado medidas de movilidad sostenible y puesto en marcha una red de aparcamientos disuasorios.

Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar una investigación “completa, exhaustiva e independiente” sobre la muerte de Haitam, fallecido el pasado 7 de diciembre de 2025 en Torremolinos (Málaga) durante una intervención de agentes de la Policía Nacional.

En un comunicado han indicado que la iniciativa ha sido presentada en una comparecencia celebrada en el Congreso en la que han participado familiares de hombre, acompañados por el concejal de Podemos en Málaga, Nico Sguiglia, junto a la secretaria general del partido, Ione Belarra, y otros diputados de la formación morada.

Antes de la presentación de la iniciativa, la familia ha mantenido una reunión en la Cámara Baja con representantes de distintas formaciones políticas para trasladarles los hechos ocurridos y recabar apoyos para impulsar el esclarecimiento de lo sucedido y la adopción de medidas que garanticen la protección de los derechos humanos frente a posibles abusos policiales.

La iniciativa parlamentaria insta al Gobierno a garantizar una investigación independiente que analice todas las pruebas disponibles, escuche a los testigos e implicados y esclarezca las circunstancias de la muerte de Haitam, a partir de las imágenes que desveló elDiario.es. Asimismo, plantea impulsar medidas de apoyo, protección y acompañamiento institucional para las familias de personas fallecidas durante intervenciones policiales o bajo custodia.

Por último, la propuesta reclama la revisión de los protocolos de utilización de dispositivos táser y otros medios coercitivos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, evaluando los mecanismos de control existentes y reforzando las garantías para prevenir usos indebidos o desproporcionados y proteger los derechos fundamentales.

“La actuación policial debe ser investigada en profundidad”

En la PNL registrada por Podemos se sostiene que “las grabaciones existentes de los hechos muestran una actuación policial que debe ser investigada en profundidad”. Haitam “fue reducido por varios agentes, recibió múltiples descargas eléctricas con dispositivos táser y sufrió maniobras de inmovilización que, de acuerdo con un informe forense aportado por la familia, habrían contribuido a causarle una insuficiencia cardiorrespiratoria severa”.

Durante la presentación, Sguiglia ha afirmado que “la familia de Haitam lleva meses enfrentándose al dolor de una pérdida irreparable y a una situación de enorme desamparo”. “Lo mínimo que puede hacer una democracia es garantizar una investigación independiente, transparente y rigurosa que esclarezca lo ocurrido y depure todas las responsabilidades que correspondan”, ha dicho.

Asimismo, ha añadido que “este caso interpela al conjunto de las instituciones porque hablamos de una muerte que se produce durante una actuación policial”. “La verdad, la justicia y la reparación para la familia son imprescindibles, pero también lo es garantizar que hechos como este no vuelvan a repetirse”, ha apuntado.

“Exigen una respuesta institucional a la altura”

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado que “las imágenes conocidas de la actuación policial son extremadamente graves y exigen una respuesta institucional a la altura”. “Ninguna democracia puede mirar hacia otro lado cuando existen indicios de una actuación que pudo vulnerar derechos fundamentales y acabar con la vida de una persona”, ha incidido.

Belarra ha defendido que “el Congreso tiene la responsabilidad de impulsar todas las medidas necesarias para que se conozca la verdad y para reforzar los mecanismos de control sobre el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. “La impunidad nunca puede ser una opción”. ha manifestado.

En representación de la familia, Naser Mejri, hermano de Haitam, ha agradecido el apoyo recibido y reclamó justicia para su hermano: “No buscamos venganza. Lo que queremos es saber toda la verdad sobre lo que pasó y que se haga justicia. Haitam era un padre, un hermano y una persona querida por toda su familia. Merece que su muerte se investigue hasta el final”.

“Han sido meses muy duros para nosotros. Lo único que pedimos es que las instituciones nos escuchen, que se esclarezcan los hechos y que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que estamos pasando nosotros”, ha añadido.

Desde Podemos han señalado que “el esclarecimiento de los hechos es una obligación democrática y que resulta imprescindible garantizar mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas ante cualquier actuación policial que pueda vulnerar los derechos humanos”.

La concesión de una licencia para levantar veinte apartamentos turísticos en Málaga a José María García Urbano, alcalde del PP en Estepona, ha pasado este jueves por el órgano político que dirige el Urbanismo de la capital. Y allí, en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, la oposición de izquierdas ha preguntado a la concejala de Urbanismo, Carmen Casero si el Ayuntamiento liderado por Francisco de la Torre (también PP) ha dispensado “trato de favor” a su compañero de filas devenido empresario turístico. Casero ha replicado que todo es legal.

Fuentes del equipo de gobierno insisten en que conceder la licencia es un acto reglado: es decir, que no hay opción a decir sí o no. Pero la oposición subraya que el hecho de que políticos del PP hagan negocio en un contexto de crisis de acceso a la vivienda muy acusada en Málaga no tiene un pase político o ético.

El PSOE ha reprochado al alcalde que cargos del Partido Popular “están forrándose” con la especulación inmobiliaria mientras los malagueños viven un “calvario” inmobiliario, mientras Con Málaga acusa al alcalde de tolerar una “trama especulativa”. El asunto estalla a De la Torre a las puertas de una nueva manifestación por la vivienda, convocada para el próximo 27 de junio.

“Son parte del problema”

La licencia a La Corrala de Capuchinos, S.L., cuyo administrador único es García Urbano, está firmada el 8 de mayo, pero de ella se ha dado cuenta al órgano de gobierno de la Gerencia de Urbanismo este jueves.

Ha sido concedida justo antes de que se lleve a cabo la anunciada moratoria para nuevos apartamentos turísticos, cuyo número se ha disparado en los últimos meses, aunque el proyecto básico lo presentó en mayo de 2024; en marzo de 2025 recibió informe técnico favorable del Departamento de Licencias; en octubre recabó el informe de la Consejería de Turismo; y ahora obtiene la licencia, aunque todavía debe presentar el proyecto de ejecución visado.

Llega sobre la bocina, porque tras semanas de creciente debate, el alcalde anunció el 28 de mayo que prohibirá “cuanto antes” durante un año nuevas licencias de apartamentos turísticos.

Igual que ocurrió con las viviendas turísticas, primero hizo el anuncio y aún no se sabe cuando se materializará la prohibición. La oposición cree que los especuladores juegan con esas ventanas de oportunidad, provocando el efecto contrario al supuestamente pretendido: en el tiempo de descuento, anunciado con un fuerte pitido por el árbitro, los inversores avispados se dan prisa en acelerar el negocio.

La oposición cree que lo hacen con la connivencia del alcalde, al que este jueves tanto el PSOE como Con Málaga han señalado por sus conexiones con los beneficiados, hasta el punto de sugerir un “trato de favor” hacia García Urbano. “Con el anuncio de la medida, pero no puesta en marcha, genera un tiempo precioso para que los suyos hagan negocios: no es lo mismo que un malagueño común obtenga una licencia turística a que lo haga García Urbano. Ahora son parte del problema”, denuncia Mariano Ruiz Araújo, portavoz socialista. “El PP en Málaga está montando una trama especulativa”, resume Toni Morillas, portavoz de Con Málaga.

El precedente de Julio Andrade

El caso de García Urbano, a quien un día se colocó como potencial sustituto de De la Torre en la alcaldía de Málaga, se suma al ya conocido de Julio Andrade, otro delfín del veterano regidor. El exconcejal Andrade explota una vivienda turística en las torres de Martiricos, las más altas de Málaga, cuyos vecinos denuncian reiteradamente los riesgos para la seguridad y la convivencia imposible con turistas desenfrenados.

Andrade, recuperado hace pocos meses como asesor municipal tras su paso por un organismo vinculado a la ONU, registró su piso turístico en enero de 2024, también sobre la bocina: días antes de que entrara en vigor el decreto andaluz, el 22 de febrero. Málaga prohibió meses después los que no tuvieran salida independiente, como sería el suyo, y se hubieran registrado después de esa fecha. Pero Andrade se dio tanta prisa que lo registró antes de escriturarlo antes, según publicó la Cadena Ser.

La sospecha de la oposición de izquierdas, transmitida también por algunos vecinos a este medio, es que hay más cargos públicos y de confianza del PP local con intereses en el boyante negocio turístico. De ahí, que Morillas haya reclamado a De la Torre que haga público qué cargos de su equipo tienen intereses en ese negocio.

A ello se suma que, como desveló este medio, Urbanismo dejó caducar expedientes para la cancelación de más de un millar de viviendas turísticas que incumplen su propia normativa porque no hizo a tiempo los informes que debía aportar.

Una Gerencia de Urbanismo con atasco

Las dudas se acrecientan por el anómalo funcionamiento del departamento de licencias de la Gerencia de Urbanismo, que opera a varias velocidades, según la oposición. El atasco allí ha sido denunciado por el Colegio de Arquitectos y es conocido. El propio regidor lo ha admitido. Málaga estrenó en diciembre una nueva ordenanza para agilizar el proceso, con la que el alcalde dijo que la ciudad se postulaba para ser “líder” en rapidez. Y un mes antes, se anunció un proyecto para aplicar una herramienta de Inteligencia Artificial a resolver el tapón.

Sin embargo, por ahora el Ayuntamiento ni siquiera es capaz ponerle cifras al problema y dice no tener datos concretos sobre lo que tarda una licencia. Esta misma semana, ha denegado esa información a Con Málaga, que había solicitado conocer la demora media entre que se solicita una licencia y se obtiene, tanto ahora, como en los años precedentes. Casero y el gerente de Urbanismo, José María Morente, negaron por escrito la información al grupo municipal de izquierdas alegando que no pueden poner a trabajar a nadie para eso (por el principio de “eficacia administrativa”). Sacar ese dato (una media de días de los expedientes, presuntamente informatizados) supondría la “completa paralización” del servicio, dice la respuesta de Urbanismo.  

El boom de los apartamentos turísticos

La revelación de que García Urbano es uno de los últimos concesionarios de licencia de apartamentos turísticos (si se cumple la promesa del alcalde de aprobar una moratoria “cuanto antes”) ha encrespado a la oposición porque el debate sobre esta modalidad de establecimiento turístico ha subido de decibelios en los últimos meses. Desde la pandemia, su número se ha duplicado: de 173 registrados en enero de 2021 a 362, con más de 9.000 plazas, ahora, más las que quedan por sumarse, porque el anuncio del alcalde no ha hecho más que incrementar el ritmo: en marzo y abril se autorizaron un centenar más en cuatro edificios, con 200 nuevas plazas.

Este boom ha acrecentado la sensación de que Málaga está vendida al turismo a pocos días de una nueva manifestación por la vivienda en la que volverá a señalarse al fenómeno turístico como uno de los principales causantes del encarecimiento del alquiler.

Tras varios amagos y restricciones poco eficaces, el Ayuntamiento de Málaga resolvió no conceder más licencias de viviendas turísticas durante tres años a partir de agosto de 2025. Lo que ha ocurrido es que el globo se infló por otro lado: los apartamentos turísticos, una figura parecida, pero no afectada aún por ninguna limitación, donde los inversores han puesto ahora su dinero en busca de un rédito económico asegurado.

La previsión es que la Costa del Sol superará este verano el récord de 6,2 millones de turistas registrado en 2025. Tanto los hoteleros como la patronal de las viviendas turísticas (que también engloba a los apartamentos turísticos) han anticipado crecimientos, especialmente acusados en el caso de estos últimos, con aumentos de hasta 15 puntos porcentuales.

La Audiencia de Málaga ha condenado a 24 años y medio de prisión a José J.M., conocido como Dinamita Montilla y con varias condenas por crímenes ocurridos a finales de los años 80, por asesinar a tiros a un joven, al que se encontró en Los Montes de Málaga en 2022, tras lo que le robó las pertenencias.

Así se recoge en la sentencia que se dicta tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular, que consideró probado que el 29 de agosto de 2022, la víctima fue a recoger algarrobas a una zona de los Montes, cercana a una parcela con casa de aperos que su familia poseía en ese lugar.

Los jurados también consideraron probado por unanimidad que estando allí el joven se encontró con el acusado, que portaba una escopeta, entablando una breve conversación entre ambos. Tras ello, la víctima se dirigió a una finca cercana, donde “se vio sorprendido por la presencia” del procesado, que lo había seguido.

Así, dice la sentencia, el acusado, tras asegurarse “de la situación de soledad y desamparo en la que se encontraba el joven” y “con la intención de acabar con su vida, de forma inesperada y sin posibilidad alguna de defensa, le disparó con la escopeta que portaba, alcanzándole en el cuello”.

Lo remató en el suelo

La resolución señala que en ese momento la víctima cayó al suelo “donde le disparó nuevamente, esta vez en la cabeza, causando su fallecimiento”. A continuación, accedió a su mochila, “la abrió utilizando el tirador de la cremallera grande” y se apoderó de lo que de valor halló“ y se fue del lugar.

Así, para acabar con la vida del joven utilizó una escopeta que cargó con dos cartuchos semimetálicos del calibre 12, careciendo de licencia para portar arma de fuego alguna.

Por estos hechos, se le condena a 20 años de prisión por un delito de asesinato, con la agravante de reincidencia, además de imponerle la prohibición de residir y acudir a los municipios donde tengan fijado su domicilio la familia de la víctima durante 30 años (diez años superior a la pena impuesta).

También se le condena por un delito de tenencia ilícita de armas, por el que se le impone un año de prisión y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tres años; y por otro de robo con violencia, por el que la condena es de tres años y seis meses de cárcel. En cuanto a la responsabilidad civil, se insta a que indemnice a los padres del joven con 76.790 euros a cada uno, por el daño moral y con 25.000 euros más, también a cada uno, por perjuicio excepcional; así como por los efectos sustraídos a la víctima.

Rastros de ADN

Para llegar a estos hechos probados, los miembros del Tribunal del Jurado tuvieron en cuenta varios elementos de convicción, como los informes policiales y de ADN, por los que se identifica al acusado tras una muestra obtenida de la mochila de la víctima cotejada con sus perfiles genéticos.

El acusado negó haber estado en el lugar donde ocurrieron los hechos, pero el Tribunal señala que “lo cierto es que su ADN fue hallado en la cremallera grande de la mochila que portaba la víctima, algo que no habría podido suceder si el acusado no hubiera estado en ese lugar, pues nunca antes había tenido contacto o relación”.

Los jurados consideraron que “el fin era matar” al joven, para lo que el acusado “se aprovecha de la situación de soledad y desamparo, asegurándose así de llevar a cabo la acción sin riesgo para su persona”. “Como sucedió en las condenas anteriores, se observa que mata y se asegura de que está muerto. José J. es reincidente ya que fue condenado anteriormente por hechos similares”, señalaron.

Además, estimaron que “la intención del acusado fue la de matar a la víctima, no matarlo para asegurarse el robo, sino que lo asesinó y después se apoderó de sus pertenencias”. Los jurados no se mostraron partidarios de la aplicación del beneficio de la remisión condicional de la pena ni de que se formulara posibilidad de indulto de la condena impuesta.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) notificó a decenas de personas que se les había detectado cáncer de colon en el programa de cribado, y ahora va a repetirles las pruebas porque ese resultado puede ser erróneo. Así lo confirma una portavoz oficial del SAS, que achaca los falsos positivos a una “incidencia técnica” ocurrida “hace unos días”, que ya estaría solucionada, sin aclarar cuál fue.

Las muestras afectadas rondarían los 400, según Málaga Hoy, que ha adelantado la información. En origen, el error estaría en la prueba de sangre oculta en heces. Los profesionales detectaron un número de positivos en estos análisis superior al esperable, y activaron el protocolo para revisar el procedimiento. Fue entonces cuando comprobaron que había una “incidencia técnica que podía estar generando falsos positivos”.

Una vez descubierta la incidencia, el SAS ha informado a los distritos sanitarios afectados y ha activado un procedimiento para revisar los casos, contactando con los afectados y ofreciéndoles repetir la prueba. Así lo ha indicado también la consejera portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobiernio ha asegurado que ya se están repitiendo estas pruebas. España ha confirmado la “incidencia técnica” detectada por los propios profesionales del hospital ante un “número excesivamente elevado de falsos positivos”.

“Los propios profesionales del laboratorio fueron los que lo identificaron y, de forma inmediata, iniciaron una revisión del procedimiento porque les extrañó. Comprobaron que había una incidencia técnica que podía estar generando esos falsos positivos”, ha explicado la consejera portavoz en funciones. Esta “incidencia” fue comunicada a los distritos sanitarios afectados y se puso en marcha un “procedimiento de revisión de los casos que pudieran estar potencialmente implicados” para ofrecerles a esos pacientes una “repetición” de las pruebas.

Málaga Hoy recoge el caso de una paciente a la que no sólo podrían haber informado de un falso positivo, sino a la que le remitieron datos médicos de otra persona. En la carta para invitarla al programa de detección precoz imprimieron sus datos por una cara, y los de otra persona, en el reverso. La mujer siguió adelante con el procedimiento, recibió un kit para recoger las muestras y las remitió al laboratorio. Días después recibió una carta con el falso positivo, en la que se aclaraba que eso no significaba que tuviera cáncer, sino que debía practicarse una colonoscopia para confirmarlo, prevista para finales de febrero. Al día siguiente la llamaron: había sido un fallo y debía repetir la prueba. El error, cuenta, la angustió profundamente.  

Segundo cáncer más frecuente en Andalucía

El cáncer de colon es uno de los más frecuentes entre hombres y mujeres de más de 50 años, con una incidencia en aumento en las últimas décadas. En Andalucía ocupa el segundo lugar en frecuencia después del cáncer de pulmón en hombres y después del de mama en las mujeres. Los síntomas bajo los que se presenta incluyen sangre en las heces, cambios en la frecuencia o consistencia habitual de las deposiciones (diarrea o estreñimiento), dolores abdominales y pérdida de peso sin motivo aparente, pero también puede no causar molestias hasta que está bastante avanzado.

El programa de cribado de cáncer de colon en Andalucía está dirigido a hombres y mujeres de entre 50 y 69 años para detectar la enfermedad en fases iniciales, antes de la aparición de síntomas. El SAS estima que su aceptación entre la población diana ha pasado del 20% en 2020 al 42% en 2024, y que la participación se ha incrementado del 39% en 2020 al 65% en 2024.

La incidencia con falsos positivos ocurre meses después de la crisis sanitaria y política ocurrida en Andalucía por los errores en el cribado del cáncer de mama, que supuso que al menos 2.317, según el SAS, no se les practicara la prueba después de recibir un diagnóstico no concluyente. La crisis de confianza y política que generó el caso forzó a Moreno a relevar a la consejera, Rocío Hernández, y le tensó como nunca antes se le había visto a pocos meses de las elecciones. El asunto comenzó abordándose como un “error de comunicación”, después de que la consejería lo limitara a “fallos puntuales”.

Ya por entonces, en octubre de 2025, el presidente del Sindicato Médico Rafael Ojeda alertó de que también había importantes retrasos en el cribado del cáncer de colon en Andalucía, y que el fallo era estructural. Para afrontar la crisis, la Consejería de Salud aseguró que reforzaría no sólo la detección del cáncer de mama, sino también el sistema de cribado de los tipos de cáncer más comunes, los de colon y cérvix.

El Consejo de Gobierno aprobó un Plan Integral que prevé destinar más de cien millones a mejorar los programas, especialmente reforzando la plantilla con hasta 705 nuevos profesionales. La Junta de Andalucía también anunció que actualizaría el contenido de las cartas de invitación que se envían al grupo diana de cada uno de los cribados con una información “clara, comprensible y que motive a la participación”. El objetivo, se dijo, era “recuperar la confianza en el sistema”.

“Con este nuevo Plan de Acción se reforzarán los sistemas de información y trazabilidad, se incrementará el número de profesionales dedicados al programa, se impulsarán campañas de sensibilización ciudadana y se mejorará la coordinación entre niveles asistenciales y con las asociaciones de pacientes”, detalló Sanz al presentar el nuevo programa relativo al cáncer de colon y al de cuello uterino.

José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), va a entrar de lleno en el negocio turístico. El regidor ha obtenido licencia del Ayuntamiento de Málaga para levantar veinte apartamentos turísticos en la capital de la Costa del Sol, donde la proliferación de esta modalidad de establecimientos está generando un ruidoso debate político en las últimas semanas. Tanto, que el alcalde Francisco de la Torre (PP) anunció hace doce días que el consistorio no concedería más licencias durante un año, sin aclarar desde cuándo. “Haremos todo lo posible, con rapidez y solidez jurídica” para fijar la moratoria “cuanto antes”, dijo. Por ahora sigue sin aprobarse y por esa rendija abierta va a colarse el edificio que pretende levantar La Corrala de Capuchinos.

Esta es una de las sociedades “históricas” del alcalde esteponero, constituida en 2003 y administrada por su mujer hasta 2019 y luego por él. Tiene un capital social suscrito de 600.000 euros, pero apenas ha tenido actividad en el tráfico mercantil en este tiempo. En la actualidad su domicilio está en el despacho profesional del concejal Salvador Pedraza, en Málaga capital, donde también tenía su domicilio Inversiones Delmar 2022, la empresa administrada por Nadia Odeh Núñez (nuera de García Urbano) que obtuvo la concesión del restaurante del lujoso Mirador del Carmen, en Estepona. Esa adjudicación, desvelada por este medio, está ahora siendo investigada por el juzgado de instrucción 4 de Estepona, que ha recibido ya tres informes de la UDEF donde se subraya el posible tráfico de influencias.

La Corrala de Capuchinos, que construirá los nuevos apartamentos turísticos en Málaga, tiene licencia de obras del Ayuntamiento para levantar un edificio en una parcela de la calle Eduardo Domínguez Ávila, muy cerca de la Plaza de Capuchinos, con una superficie total de 748 metros cuadrados, que destinaría íntegramente a veinte apartamentos turísticos de categoría “dos llaves”, una piscina en la cubierta y tres plazas de aparcamiento en el sótano. La inversión prevista es de algo más de 1,3 millones, y los alojamientos estarían listos dentro de año y medio. Aunque empezó a tramitarse en mayo de 2024, la concesión de la licencia data del pasado 8 de mayo, y este jueves pasará por el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

El regidor esteponero, que incumple la obligación legal de publicar su declaración de bienes al Ayuntamiento y pone trabas a la oposición para acceder a ella, compatibiliza su cargo con la llevanza del Registro de la Propiedad de San Roque (Cádiz), porque renunció al régimen de dedicación exclusiva. Esto le exime de la prohibición de realizar actividades lucrativas que establece la Ley de Bases de Régimen Local.

Además de gobernar Estepona con mayoría absoluta desde 2011, García Urbano es Presidente de la Comisión de Haciendas Locales y Financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cargo desde el que representa la voz de los entes locales en la reforma de su financiación, que el Gobierno quiere abordar próximamente, o en la posible implantación de una tasa turística.

El regidor no ha contestado a las preguntas de este medio, entre ellas: “¿Considera que la entrada en el negocio turístico condiciona su desempeño como alcalde de Estepona o en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias?”.

Con Málaga: “El PP y sus representantes públicos son sinónimo de especulación”

“El PP y sus representantes públicos son sinónimo de especulación”, ha criticado Toni Morillas, concejala de Con Málaga en el Ayuntamiento y coordinadora provincial de IU, quien ha calificado de “infame e indecente” la concesión de licencia en un contexto de “emergencia habitacional” en la ciudad. “¿Cómo va a prohibir la especulación el PP si es un partido lleno de especuladores? ¿Cómo va a hacer una moratoria si son sus alcaldes y concejales quienes tienen intereses directos en el negocio especulativo?”.

El desembarco de García Urbano como empresario turístico en Málaga se produce en un contexto de fuerte polémica con la figura de los apartamentos turísticos en la capital de la Costa del Sol. Llega a las puertas de la manifestación convocada para el próximo 27 de junio por Málaga para Vivir, que se ancla en el alza de precios y alquileres, la multiplicación de desahucios y el avance de la gentrificación, que ya toca a los barrios.

El manifiesto apunta a quienes “se enriquecen con este modelo de ciudad depredador, rentistas y especuladores”. La ciudad sufre desde hace años una presión inmobiliaria desbocada, con crecimientos interanuales del precio de compra y alquiler superiores al 10%, que hacen que encontrar vivienda asequible sea tarea imposible.

Desde las primeras manifestaciones multitudinarias por esta cuestión el alcalde De la Torre (PP) reconoce que el principal problema en la ciudad es el de la vivienda. Para afrontarlo, tiene un marcha un Plan de Vivienda que va sacando VPO con cuentagotas, pretende reformar el PGOU, ofrece medidas para facilitar la promoción inmobiliaria y pone restricciones legales a los negocios que compiten con las casas. La declaración de zona tensionada la descarta.

En esa línea, desde hace dos años y particularmente antes de cada manifestación, anuncia alguna nueva norma. Sin embargo, nada tiene el efecto de contener los precios. Ante el crecimiento desmedido de las viviendas turísticas (llegó a haber más de 13.000 registradas), fue poniendo medidas restrictivas que no contuvieron su expansión, hasta que, finalmente, fijó una moratoria de tres años con efectos desde el pasado agosto.

Sólo esto ha permitido reducir su número levemente, pero la prohibición de las VUT ha movido el interés de los inversores a la categoría “hermana” todavía permitida: los apartamentos turísticos. Estos tienen que ubicarse en edificios dedicados por completo a esta modalidad (no pueden “compartir” espacio con viviendas) y requieren una licencia empresarial.

Desde la pandemia, su número se ha duplicado: de 173 registrados en enero de 2021 a 362, con más de 9.000 plazas, en la actualidad, según datos del registro andaluz. Un 18% más desde que empezaron las restricciones a las VUT en junio de 2024. En marzo y abril se autorizaron un centenar más en cuatro edificios: 200 nuevas plazas. Basta levantar la mirada: el cartel azul AT se reparte por doquier no solo en el Centro, sino en barrios populares donde proliferan las puertas blancas estandarizadas.

Su exsocio y amigo también en el negocio

La aprobación de esta nueva licencia para García Urbano se produce apenas unos días después de que su íntimo amigo y exsocio Bonifacio Solís comenzara a explotar otra veintena de apartamentos turísticos en los antiguos locales municipales de Estepona que el Ayuntamiento le vendió por la mitad de su valor catrastral. Solís explotará esos establecimientos a través de una sociedad de la que es socio único Omega 93, que a su vez fue socia de José María García Urbano (a través de Nogales de María) y del prófugo Juan Hoffmann en la sociedad propietaria del polémico edificio de Urbanismo de Marbella.

García Urbano, que hace años llegó a postularse como sustituto de De la Torre en el Ayuntamiento de Málaga, afronta un complicado horizonte judicial en los próximos meses. Está a un paso del banquillo por contratar para el ayuntamiento a una amiga íntima que nunca trabajó, y está investigado por otro juzgado por conceder el lujoso Mirador del Carmen a su nuera.

Los delitos que se le imputan en ambos casos (prevaricación y malversación en el primero; prevaricación y tráfico de influencias, en el segundo) conllevan penas de cárcel y de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado a la Audiencia de Málaga que dicte una nueva sentencia en el caso en el que fue absuelto el exedil de Benalmádena Francisco Salido por unas ayudas concedidas en 2011 a una asociación local para un comedor. Así, se estima parcialmente los recursos, pero solo cuanto al delito de infidelidad en la custodia de documento.

Un jurado popular consideró no culpable al entonces edil de Bienestar Social de los delitos de infidelidad en la custodia de documento y de malversación de caudales públicos en relación con el convenio suscrito por el Ayuntamiento con una asociación local para destinar ayudas a actuaciones de carácter social, como un comedor, y los documentos relacionados con estas subvenciones.

La magistrada-presidenta de dicho tribunal dictó una sentencia en la que absolvía al acusado de los dos delitos; pero ahora el TSJA ha estimado parcialmente los recursos de las acusaciones y anula dicha resolución, instando a que se dicte otra por la misma magistrada “y, con libertad de criterio, en relación al delito de infidelidad en la custodia de documentos, se motive y argumente la comisión o no del mismo por el concejal”.

“No era por ello responsable”

Así, se insta a que se llegue “a una conclusión condenatoria o absolutoria por dicho delito” en la nueva sentencia, “tomando en consideración lo que el jurado ha declarado probado desde un punto de vista no técnico ni jurídico, complementándolo, analizándolo y desgranado en derecho sus consecuencias”; pero “manteniendo su contenido respecto del delito de malversación de caudales públicos que se confirma íntegramente”, por lo que se mantiene la absolución.

En cuanto al delito de infidelidad de documentos, según la sentencia dictada en su momento, este acusado, “si bien era el concejal del Ayuntamiento de Benalmádena encargado del Área de Bienestar Social, no era por ello responsable de la custodia de los expediente y la documentación relativa a los procedimientos seguidos en dicha área”.

Se consideró probado que una vez iniciado expediente para comprobar el correcto cumplimiento del convenio, Salido junto con dos de los acusados “retiraron de las dependencias de la Unidad de Bienestar Social copia de las facturas entregadas como anexo” en la memoria justificativa de la subvención 2011 a 2012 y toda la documentación de otras ayudas.

En este sentido, el Tribunal de Málaga se mostró de acuerdo con que se retiró la documentación “sin firmar ningún documento justificando”, pero añadía que cuando Intervención solicitó dicha información los acusados “entregaron la que tenían hasta ese momento”, apuntando que “los gastos están justificados”.

“No se analiza por qué y en qué condición extrajo documentación”

Ahora, el TSJA señala que “si bien el concejal podría no ser el custodio directo de la documentación, no puede excluirse sin más que era el responsable político y de gestión que incluiría al menos cierta responsabilidad en el deber de custodia”, y en tal sentido “no se analiza en la sentencia el alcance jurídico de por qué y en qué condición extrajo la documentación pese, al parecer, la oposición del jefe de servicio”.

“Es incontrovertido que en su condición de concejal se llevó la documentación y no se motiva suficientemente en la sentencia su responsabilidad jurídica sobre la custodia de los documentos y consecuencias normativas de ello sobre el hecho enjuiciado, ni con qué finalidad se llevó la documentación; cualquier otra persona no hubiera podido hacerlo en las circunstancias en que se verificó”, dice el alto Tribunal andaluz.

Por eso añade que “la ausencia de motivación al respecto en la sentencia de la magistrada, que se limita a reproducir la conclusión del jurado en este aspecto, conculca derechos fundamentales en relación al derecho a la tutela judicial efectiva que exige una respuesta fáctica y jurídica, razonada y razonable, a todos los aspectos que son sometidos a debate en el juicio oral”.

Esto lleva a declarar la nulidad parcial de la sentencia dictada, como así se solicita subsidiariamente por el ministerio fiscal, “para que por la magistrada-presidenta, respetándose su decisión y argumentación respecto del delito de malversación de caudales públicos que confirmamos y que deberá permanecer invariable, dicte otra” en relación al de infidelidad en la custodia de documentos y “se motive y argumente la comisión o no del mismo” por el exedil.

Los vecinos de Viky y Francisco no saben a qué hora él la mató a ella de un disparo y luego se quitó la vida, pero todos los que los conocieron coinciden en sus descripciones: ella, que tenía 51 años, era trabajadora, educada y estaba comprometida con la vida comunitaria; él, de 56, era retraído y distante, últimamente estaba casi ausente y apenas se le veía. Esta mañana, a las 7:30, se han encontrado sus cuerpos sin vida, muertos por arma de fuego, en su vivienda de la 12ª planta de un edificio en el barrio de La Palma, en el extremo norte de la ciudad. La Policía Nacional ha confirmado que se trata de un caso de violencia de género. La hipótesis es que él la mató y luego se quitó la vida.

La pareja llevaba décadas residiendo en ese piso de la calle Guadalimar, en La Palma-Palmilla, donde este mediodía aún no daban crédito a lo que había ocurrido. A su hijo de 28 años, trabajador en un restaurante de comida rápida, tuvo que evacuarlo de allí la Policía Nacional esta misma mañana. Ella tenía también otra hija mayor y tres nietos, de los que presumía orgullosa en la calle, cuentan en el barrio.

Los vecinos consultados por este medio conocían a la pareja con más o menos intensidad, pero todos tenían más trato con ella, que presidía la comunidad de vecinos, cobraba las cuotas y limpiaba las escaleras. Vicky era una “buscavidas”, dicen, que durante un tiempo trabajó en la pescadería, también como limpiadora, como cuidadora y en una institución de salud mental.

“Servicial, educada… Era una bellísima persona. Trabajaba para sus hijos”, dicen dos vecinas, que prefieren no dar su nombre. “Me echo a llorar porque eran amigos míos, sobre todo ella, que era muy cariñosa. Yo la apreciaba mucho”, lamenta un vecino. “Estoy impactada, era muy buena persona y comprometida”, cuenta su vecina Davinia a la puerta del edificio en el que vivía. “Era una persona implicada en la comunidad de su bloque, algo fundamental en los esfuerzos del barrio por salir adelante”, se cuenta en el comunicado del Plan Comunitario de Palma Palmilla: “Una mujer muy luchadora y que se esforzaba en hacer equipo con el resto de vecinos de su edificio”.

Francisco era mucho más reservado y el retraimiento se había agudizado en los últimos meses. “Lo vi ayer, y estaba penosillo. Cogió la moto y se fue. Pero esto no se podía esperar. ¿Quién iba a pensar que tenía pistolas?”, cuenta un vecino. No trabajaba, salía menos aunque sí caminaba hasta el colegio Rosa de Gálvez o se acercaba a las rifas algunas tardes, donde lo vieron hace poco.

Las vecinas lo observaban nervioso, creen que bajo los efectos de alguna medicación, pero no refieren signos externos previos de violencia hacia ella. Ninguno de los dos figuraba en el sistema Viogen. Otra cosa es lo que ocurriera de puertas hacia dentro. “Si se quita la vida él, pues mira… Pero a ella no hay derecho, no se lo merecía”, protesta Davinia.

Disparos habituales

El bloque de viviendas está apenas a unos metros del mercado, donde Vicky y su hijo trabajaron durante algunos años. Un poco más arriba está en la calle Guadalimar, generalmente más tranquila que otras de La Palma, dicen los vecinos. Estos son, literalmente, los confines de la ciudad. Al norte de la calle ya es monte y al este, la calle termina en una plazoleta con restos de todo tipo que hace de balcón a unas viviendas levantadas a las bravas o a medio construir.

Cuentan todos los vecinos que aquí los disparos son habituales. No son solo tiroteos; hay quien va al monte a practicar. Por eso, entre la media docena de vecinos consultados hay quienes subrayan que este jueves, en torno a las nueve de la noche, se escucharon cuatro disparos (tres muy seguidos, y luego otro), y también quienes explican que los escucharon el viernes por la mañana. Una vecina de escalera escuchó los disparos de la tarde, no los de la mañana. Ambas cosas pueden ser ciertas, y sólo una tendría que ver con el crimen.

El hallazgo de los dos cadáveres se produjo en torno a las 7:30 del viernes, tras varios avisos al sistema Emergencias 112 Andalucía. El grupo de homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación.

En lo que va de año, 23 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. De confirmarse, sería la 24ª en España, la segunda en Málaga y la quinta en Andalucía. Son 1.364 mujeres desde que se elabora la estadística oficial, en 2003.

La Subdelegación del Gobierno en Málaga está recabando los datos para remitirlos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. El subdelegado, Javier Salas, ha expresado el “rechazo de la sociedad ante la que sigue siendo una gran lacra, la violencia de género”, y ha expresado sus condolencias a la familia y amigos de la víctima.

Los locales de la antigua sede municipal que el Ayuntamiento de Estepona vendió muy por debajo de su valor de mercado hace cuatro años se explotan ya como apartamentos turísticos, a un precio de entre 130 y 250 euros por noche, dependiendo de la temporada. Estos inmuebles junto al puerto deportivo fueron adjudicados en pleno agosto de 2022 por el consistorio a Omega 93, propiedad del constructor Bonifacio Solís, exsocio y amigo personal del alcalde José María García Urbano (PP), en una subasta sin publicidad en medios y mal clasificada en el portal de licitaciones, a la que sólo se presentó la adjudicataria. El precio final, rebajado al máximo legal, fue de 1.245.000, poco más de la mitad de los 2,3 millones del valor catastral de los inmuebles y una cuarta parte del precio que el Ayuntamiento obtuvo años antes por el local contiguo, vendido a la Diputación Provincial.

Hoy, la Perla del Puerto, que así se llaman los antiguos locales, es un conjunto de 21 “unidades de alojamiento” (en realidad, son diez apartamentos con una cama y un sofá cama cada uno) de entre 40 y 60 metros cuadrados con categoría “dos llaves” y un total de 40 plazas, según consta en el buscador de establecimientos turísticos de la Junta de Andalucía. Obtuvo la concesión de la marca hace apenas diez días. Los apartamentos ya terminados ocuparían parte de uno de los locales en planta baja, con una superficie que supone apenas una cuarta parte de lo que Omega 93 compró hace casi un lustro.

Por ahora, Airbnb sólo ofrece la posibilidad de arrendar uno de ellos, Brisa, “con vistas al puerto de Estepona”, “moderno y sorprendentemente espacioso”, situado en “un edificio completamente renovado en pleno puerto de Estepona”. Ideal para vivir la “auténtica esencia de la Costa del Sol” a 166 euros por noche los próximos fines de semana, mínimo cuatro noches. Booking referencia otros tres, pero no están disponibles.

El anunciante de Brisa es Hanami Group, que en su web tiene diez de apartamentos de La Perla. Es una mera gestora. El propietario sigue siendo la empresa que compró los antiguos locales municipales, pero ahora lo es a través de Turismo del Puerto S.L., una entidad constituida en septiembre de 2023, cuyo único socio es Omega 93 y está administrada por Estela Solís, hija del constructor. Su capital social es de 1.347.748 euros, casi coincidente con el precio pagado por los locales municipales.

El negocio pinta bien: la herramienta AirDNA Rentalizer estima unos ingresos anuales de 23.400 por cada uno de los diez apartamentos, 234.000 euros al año por los diez. Otra fuente especializada del sector lo eleva a entre 27 y 32.000 euros al año. Estepona es un destino de moda para el turismo de alto poder adquisitivo gracias a sus playas, sus cuidadas calles y la amplia oferta comercial y gastronómica.

A la vez, es también uno de los municipios más caros para compra o alquiler en una provincia ya de por sí muy tensionada. En los últimos años, el sector inmobiliario local se ha reorientado notoriamente hacia el sector del lujo y la compra de primeras o segundas residencias de ciudadanos extranjeros. En el último año el precio del alquiler y compra se ha incrementado el 9,5% y el 11,6% respectivamente, según Idealista.

Precio final: mitad del valor catastral y una cuarta parte de lo que pagó Diputación Provincial

Este medio desveló en diciembre de 2022 la venta de esos locales municipales, hoy apartamentos turísticos, a Omega 93, una empresa patrimonial del constructor Bonifacio Solís, el mayor adjudicatario de obra pública en el municipio. Omega 93 fue socia de una sociedad patrimonial del alcalde en otra empresa, Nuevos Aires 2002. El Ayuntamiento siempre ha defendido que la venta fue legal y que ambos ya no son socios. Sí siguen siendo amigos y es habitual verlos juntos en actos sociales. La relación entre Solís y García Urbano viene de muy atrás, probablemente de Coín, de donde ambos provienen.

Tras las revelaciones de este medio a finales de 2022, el PSOE llevó el asunto a Fiscalía, pero el fiscal Julio Martínez Carazo archivó en mayo la investigación tras recabar el expediente municipal. Cuatro meses más tarde, en septiembre de 2023, la constructora de Solís fichó al hijo mayor del alcalde, de 27 años, como “director de operaciones”. No tenía experiencia en puestos similares.

La venta de los locales a la sociedad del amigo del alcalde se articuló de manera rápida y estuvo trufada de detalles inusuales, como desveló en su día una investigación de este medio. El 2 de diciembre de 2021, García Urbano inició el proceso con un Decreto para desafectar las dependencias municipales, pues hasta entonces no se podían vender. Tras subsanar la falta de publicación en el Boletín Oficial, llevó el asunto como urgente al Pleno de febrero. Allí, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento seguiría siendo el dueño. Un mes más tarde estaba empezando a subastar los inmuebles.

En estos procesos, el Ayuntamiento está obligado por ley a tratar de obtener el mejor precio para las arcas públicas. Su precio de salida era de algo más de 1,6 millones, teóricamente obtenido a partir de un informe de la arquitecta municipal. Esa cantidad era un 41% inferior al valor catastral (2,3 millones) y estaba más alejada aún de los valores de mercado en esa zona, inmersa en un ambicioso proyecto de renovación urbana, ya culminado, que incluía el Mirador del Carmen en la cercana playa de La Rada.

El precio de los locales se rebajaría aún más. La primera subasta, que no se anunció “porque la ley no obliga” (según dijo el Ayuntamiento a este medio), quedó desierta. Entonces el Consistorio rebajó el precio lo máximo que le permite la ley, un 25%. Lo licitó por segunda vez nuevamente sin publicidad en medios, y sólo apareció en la plataforma de contratación como “subasta de bien mueble”, una rúbrica errónea que impedía que los posibles interesados pudieran enterarse. Tampoco concurrió nadie, de modo que se repitió como expediente “bis”.

A la tercera fue la vencida. El Ayuntamiento dio 15 días naturales (algo inusual) para recabar ofertas y Omega 93 presentó la suya, que fue la única, el 16 de agosto de 2021, media hora antes del límite. “De la primera nos enteramos tarde”, explicó una portavoz a este medio, sin aclarar cómo lo supieron, dado que no apareció en prensa y en el portal de licitaciones estaba mal referenciado. La presidenta de la mesa de contratación fue la concejala Ana Velasco, también vinculada en el pasado a una sociedad del adjudicatario.

El precio final de los locales, menos de un millón de euros a 474,7 euros/metro cuadrado, contrasta mucho con el precio por el que el propio Ayuntamiento vendió el local contiguo de al Patronato de Recaudación de la Diputación de Málaga: una oficina de 372 metros cuadrados y cuatro plazas de garaje que vendió en 2014 por 819.000 euros, a unos 2.200 euros/metro cuadrado. El Ayuntamiento vendió una oficina a la Diputación a más del cuádruple del precio de venta que le puso a los locales de al lado.

La vieja relación del alcalde con la adjudicataria

De este modo, en siete meses el Ayuntamiento desafectó, licitó y vendió su antigua sede a un precio muy inferior al de mercado a un amigo y exsocio del alcalde. Son 2.000 metros cuadrados, que inicialmente eran dos locales en planta baja, entreplanta y oficina, así como 26 plazas de aparcamiento. Durante meses, los trabajadores municipales siguieron ocupando esas dependencias, hasta que pudieron marcharse a la nueva sede municipal.

Después, se acometió una obra interior para dejar una cuarta parte de la superficie de esos inmuebles lista como apartamentos turísticos a finales del año pasado, según fuentes locales, mientras se pasaban a una nueva empresa, Turismo del Puerto, S.L. Su administradora es Estela Solís, hija de Bonifacio, y el socio único es Omega 93. Según información registral, Omega 93 aportó los inmuebles el 25 de octubre de 2023 en escrituras otorgadas ante la notaria Almudena Romero, quien lleva la notaría de la que es titular el alcalde.

Al menos hasta 2016, García Urbano fue socio de Omega 93 en la entidad Nuevos Aires 2002. Así constaba en su declaración de bienes al Congreso de ese año y lo confirmó el propio Solís a este medio, aunque en 2023 aseguró que ya había adquirido las participaciones sociales de García Urbano hacía “dos o tres años”. Ambos son amigos íntimos. El tercer socio en Nuevos Aires era Juan Hoffmann, condenado y prófugo del caso Malaya. Nuevos Aires también es propietaria del edificio ilegal que albergó durante años la sede de Urbanismo en Marbella.

Estela Solís sustituyó a Antonio Zarco (expareja de la concejala Ana Velasco) como administradora de Nuevos Aires en enero de 2024. Para entonces, el hijo mayor del alcalde llevaba varios meses supuestamente ejerciendo como “director de operaciones” de la constructora, cargo que aún ocupa y al que llegó tras renunciar en apenas dos meses al acta de concejal que obtuvo después de que renunciaran dos concejales de la lista encabezada por su padre.

Bonifacio Solís fue también la encargada de levantar el Mirador del Carmen, una fastuosa torre en plena playa que costó más de 16 millones de euros. El alcalde ha sido llamado a declarar ante el juez como investigado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación del restaurante con mirador a la pareja de su hijo, sin experiencia alguna en negocios de ese tipo. Como desveló este medio hace tres años, la sociedad adjudicataria se creó pocas semanas antes en el despacho profesional de un concejal de confianza de García Urbano.

Ocho días y medio después de que las llamas comenzaran a devorar el Hotel Ibis, en pleno Centro de Málaga, y siete días y medio después de que el concejal de Seguridad declarara que el incendio estaba “casi extinguido”, el Ayuntamiento y los bomberos han llegado a la conclusión de que acabar con él totalmente es casi imposible, y de que lo mejor es dejar que el fuego consuma lentamente el material combustible hasta apagarse. “Parece que queda poco. Pero hasta que no tengamos la certeza de que no hay nada combustionando no podemos dar por finalizada la intervención”, ha dicho el jefe del operativo, Salvador Castillo. La concejala de Urbanismo, Carmen Casero no ha podido aclarar si el edificio acabará por derrumbarse o resistirá en pie en estado ruinoso: “No lo sabemos”.

El incendio se originó en la madrugada del domingo al lunes 25 de mayo en el restaurante Grand Café, en la planta baja de un edificio de cuatro (en su extremo sur) y cinco alturas (en el extremo norte). Al poco de comenzar se registró allí una deflagración. Desde entonces, ha consumido de sur a norte el interior del edificio de ladrillo visto, a pesar del constante aporte de agua, con picos de 5.000 litros por minuto. El edificio fue reformado hace un par de años, recuerdan los vecinos. Todavía este martes por la mañana un bombero aplicaba un potente chorro sobre la última planta para aplacar la columna de humo, que el lunes era densísima y negra.

Barrio no ha explicado qué ha pasado entre que lo dio por “casi extinguido”, hace siete días, y el martes, cuando ya apostó abiertamente por dejarlo estar. Asegura ahora que este desarrollo era previsible. “Es la evolución que debe tener un incendio de estas características”, ha respondido Barrio, antes de explicar que el problema está en el material del que está hecho el inmueble.

El edificio se sostiene por un forjado de madera sobre vigas de hierro, lo que limita, cuando no imposibilita, atacar el fuego desde el interior por el riesgo de desmoronamiento, con muchas limitaciones de alcance. “Si hubiera sido cemento u hormigón, el enfriamiento hubiera sido mucho más rápido”, ha explicado. Pasado un tiempo, ya es imposible entrar para acelerar el enfriamiento, porque podría colapsar. “La madera se tiene que consumir, porque no la estamos atacando desde dentro”.  

Falta de personal y medios

El incendio ha reavivado las quejas del Sindicato Andaluz de Bomberos, que mantiene una huelga desde hace nueve años y denuncia que la falta de personal y de medios suficientes tiene relación directa con la dificultad para atajar este fuego. “Todas estas carencias se ven cuando pasa algo como esto”, lamenta Pedro Pacheco, portavoz del sindicato.

Estos días, entre quejas, el Ayuntamiento ha anunciado que la plantilla aumentará un 55% en los próximos meses y un plan de inversiones para renovar la mitad de la flota. Ahora son menos que hace 18 años, cuando la población era inferior y Málaga no tenía la cantidad de turistas que la visitan ahora. Actualmente la plantilla cuenta con 256 bomberos (la mitad de los que tiene Sevilla). Según ha anunciado el concejal, rondará los 400 dentro a principios de 2028, empezando por la incorporación a mediados de julio de 50 nuevos bomberos cuando completen su formación. En las ofertas de empleo para 2025 y 2026 contemplan otras 86 plazas más.

Esto supone un incremento de la plantilla del 55% en apenas 18 meses, y la admisión implícita de que en la actualidad está muy por debajo de lo necesario, como denuncian los bomberos desde hace años. Barrio ha responsabilizado de este desajuste a las tasas de reposición y su falta de actualización porque no se aprueban Presupuesto Generales. “El músculo que se perdió [entre 2009 y 2011] no se ha podido recuperar”, ha justificado Barrio, aunque ahora se van a aumentar efectivos “a pesar de la tasa de reposición”. “Es una excusa, podrían sacarlas porque desde hace años hay 150 plazas presupuestadas sin cubrir”, observa Pacheco, que subraya que en 2019 el programa electoral del PP y Francisco de la Torre contemplaba 122 nuevas plazas: “No sacó ninguna”. Un informe de Recursos Humanos ya advierte que la ley de Presupuestos no limita la tasa de reposición si se trata de plazas de bomberos con dotación presupuestaria municipal, como es el caso.

Algo similar ocurre con los medios. El concejal ha detallado el plan para renovar la mitad de la flota en los dos próximos años. En total, 28 nuevos vehículos (16 pesados y 12 ligeros), de los que “están empezando a llegar” las primeras adquisiciones de una tanda de ocho vehículos. La segunda tanda está en contratación. La inversión prevista, once millones de euros hasta 2028, contrasta con los 1,2 millones invertidos entre 2023 y 2025. En todo caso, una cantidad inferior a los fondos que el consorcio de seguros habría ingresado en la última década (3,5 millones por ejercicio) con el supuesto fin de la dotación del servicio, y que el Ayuntamiento también usa para otras partidas.

“Parece que el plan es que se queme todo”

La rueda de prensa de los dos concejales, acompañados del jefe del operativo, tenía también como finalidad salir al paso de las críticas por la actuación y las dudas por las medidas de prevención frente a un incendio que, para el ciudadano común, tenía mejor perspectiva el lunes por la mañana (hace ocho días) que este martes, cuando además ha empezado a soplar el terral.

En la primera noche no fue controlado ni acotado al restaurante, que contaba con una densa decoración selvática y donde se fumaban cachimbas. “Al llegar estaba ya completamente desarrollado, y se cambió de protocolo de incendio industrial a incendio de vivienda”, cuenta el portavoz del sindicato.

Cuando se extendió a las primeras plantas del hotel los bomberos cambiaron el protocolo de incendio industrial a vivienda. Se llegaron a movilizar seis dotaciones, activando a los refuerzos a través de una aplicación interna que remite un mensaje a todo el servicio en mitad de la noche. “No está organizado, se hace a voluntad, sin que sea obligatorio, porque no quieren pagar disponibilidad”, explica el portavoz.

Los bomberos abrieron un enorme boquete en su cara sur, con el fin de enfriarlo desde el exterior, y en ello se afanaron en las primeras 36 horas, hasta que el martes se trasladó la idea de que ya estaba apagado.Todavía el miércoles 26, cuando se reavivó para sorpresa de casi todos, bomberos al pie del cañón explicaban que era normal y que contaban con que eso iba a ocurrir durante otro día y medio. Pasados otros seis días desde entonces, el final sigue sin llegar

Los propios bomberos admiten su frustración: “Parece que el plan es que se queme todo. No se está haciendo nada. Nos mandan allí y si sale fuego le tiramos, pero a veces se reaviva porque el agua no le da directamente”, señala el portavoz del sindicato, que pide que se estudien opciones para aumentar el aporte de agua y advierte de que hay elementos en la azotea, como un depósito de gasoil, que podría empeorar la situación.

Una deflagración de origen desconocido

Respecto al origen, los concejales han mostrado un vídeo registrado por una cámara de seguridad externa donde se observan las primeras llamas en el interior del Grand Café a las 1:20 de la madrugada y una gran deflagración, con origen aún por aclarar, a las 1:24. Hasta que la Policía Científica no acceda al lugar, algo aún imposible por los escombros, no podrá saberse algo más de esa explosión. Las primeras dos dotaciones llegaron diez minutos después.

También sigue sin estar claro cómo un incendio en una cafetería en planta baja devora por completo un edificio de cinco alturas sin que los mecanismos de autoprotección del hotel sean suficientes y los bomberos sean capaces de atajarlo antes. La cuestión entronca con el modelo de ciudad, porque Málaga tiene rascacielos de treinta plantas tomados por las viviendas turísticas y aspira a construir varios más, algunos con finalidad hotelera.

Tanto el hotel Ibis como el Grand Café cuentan con informe favorable de Bomberos de que las instalaciones cumplen con la normativa, según han asegurado los responsables municipales. El primero, emitido en 2007 e incorporado a la licencia de apertura; en el caso de la cafetería, abierta con declaración responsable en 2017, hay informe favorable previo a la apertura. Sin embargo, ese informe favorable sería también previo a la instalación de un toldo “fonoabsorbente” que dejó la terraza cerrada. Además, el local fue inspeccionado por la Policía en 2024, según ha asegurado el concejal.

La decoración del hotel, con un jardín vertical de plástico similar al que aceleró los incendios de Madrid (dos muertos y seis heridos graves, abril de 2023) y Crans Montana, en Suiza (41 muertos en la pasada Nochevieja), cumplía con el Código Técnico de Edificación, según el jefe de bomberos, que ha explicado que se comprueba la ficha de los materiales y con una inspección in situ.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local del municipio malagueño de Vélez-Málaga han descubierto un criadero de animales el núcleo de Almayate, en la citada localidad malagueña, y han procedido a la detención del responsable del mismo, así como a una empleada, por un delito continuado de maltrato animal, con resultado de muerte, y otro de maltrato animal con fines sexuales mediante procreación intensiva. Han sido liberados 300 animales --perros y gatos-- que han sido cedidos a asociaciones de protección animal.

La veterinaria encargada de la asistencia sanitaria de estos animales también resultó investigada por estos hechos, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado. La operación policial se inició tras localizar una viandante un perro de raza, con una herida grave, en el exterior de la finca donde se comercializaban los animales.

Así, agentes de la Comisaría Local de Vélez-Málaga consiguieron localizar un criadero de animales, tras la declaración de una viandante, que había descubierto en un camino a un perro de raza gravemente herido.

Una vez localizada la finca del animal señalado, los investigadores comprobaron que en su exterior se encontraban varios compradores, que se habían desplazado desde distintos puntos de Andalucía para la adquisición de mascotas.

En el registro efectuado en la propiedad, el cual se prolongó durante tres días debido al alto volumen de animales, los agentes lograron rescatar 300 perros y gatos, los cuales fueron protegidos y atendidos por más de diez protectoras de la provincia de Málaga.

Malas condiciones

El criadero presentaba una acumulación generalizada de excrementos, animales en contacto continuo con residuos, incluidas crías muy vulnerables, existiendo un riesgo sanitario elevado para los animales, muchos de ellos padeciendo enfermedades infecciosas con proliferación de parásitos.

De igual modo, un número amplio de canes presentaba lesiones graves que requirieron operaciones urgentes y algunas hembras reproductoras tuvieron que ser esterilizadas de urgencia tras ser diagnosticadas con infecciones uterinas. También han señalado que, en el interior de una jaula, rodeado de otros animales, se hallaba un gato ya fallecido.

Ante todos los hechos, el propietario de las instalaciones y responsable del negocio, un hombre de 74 años, y una trabajadora del criadero, de 40 años, resultaron detenidos por un delito continuado de maltrato animal y otro de maltrato animal con fines sexuales mediante la procreación intensiva.

Durante este dispositivo policial los agentes también investigaron a la veterinaria encargada de la asistencia sanitaria de los animales del criadero, la cual también prestó declaración en relación con los hechos.

Francisco Javier C., el sacerdote acusado de dormir y violar a cuatro mujeres con las que mantenía una relación de amistad, y además registrarlo en fotografías y vídeos, ha negado todos los hechos en su declaración ante la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Málaga.

Según ha dicho, no son suyas las manos y órganos sexuales que se ven junto a las mujeres sedadas en algunas de las fotos, como tampoco lo sería la voz que se escucha en varios de los vídeos, que han sido geolocalizados y datados por peritos informáticos. “Fran, me estoy agobiando”, llega a decir con voz pastosa una de las mujeres en el vídeo.

Cuando se le ha mostrado una grabación con contenido sexual explícito en la que la cámara se gira y aparece brevemente su cara, ha dicho: “Se ve mi rostro pero no reconozco esa situación. Aparentemente soy yo, pero esa situación no se ha dado”.

El excura ha sugerido que toda la prueba gráfica existente, presuntamente extraída de un disco duro suyo, ha sido elaborada y/o colocada allí por la denunciante en venganza por la resistencia que él tenía a iniciar una relación de pareja con ella, valiéndose de unos presuntos expertos informáticos que tendría en su entorno: “Creo que quería arruinarme la vida y consiguió inventar algo para que así fuera”.

La pericial sobre los vídeos y fotos

Su cara, su voz, las manos y otras partes de su anatomía han sido reconocidas por los peritos que le han examinado, pero hay un eslabón débil para las acusaciones: la cadena de custodia del material, supuestamente hallado en las navidades de 2022 en un disco duro del Padre Fran por su expareja (o amiga con la que mantuvo “escarceos”, según él).

Días después del hallazgo, la denunciante copió el contenido en su ordenador particular, que lo mantuvo durante meses antes de que llegara a la Policía. El primer agente se llevó parte en un pendrive; posteriormente, la unidad especializada hizo un volcado del contenido del ordenador de ella, que es el que ha servido de prueba en el juicio.

Del disco duro original del exsacerdote nunca se volvió a saber: según ha contado él, cuando regresó a Melilla tras el retiro espiritual que le sugirió el Obispado, le habían desvalijado su ordenador, el disco duro, dinero y documentación particular.

Para asegurar la integridad de los archivos, hoy han declarado también peritos informáticos nombrados por el tribunal que, a partir de los metadatos, han corroborado que no han sido alterados, la fecha de las imágenes e incluso la ubicación de los vídeos, tomados según han dicho en el domicilio familiar del cura en Vélez-Málaga, la casa que le proporcionó el Obispado en su destino de Ardales y en un piso de una calle de Málaga donde pernoctó en ocasiones.

“Yo esas imágenes no las he tomado, los hechos no se han dado, las denuncias surgieron a partir de que R. empezara a hacerme la vida imposible. No sé cómo pudo llegar a ese material: ni es mío, ni estaba en el disco duro, ni los hechos se dieron, ni tuve conciencia”, ha repetido en múltiples ocasiones, cada vez que la fiscal o alguna de las acusaciones le ha preguntado por alguna de las ocasiones fechadas en las que, presuntamente, abusó de alguna de las cuatro víctimas.

Su defensa ha aportado un informe pericial que cuestiona la integridad y la trazabilidad de esos archivos como elemento probatorio, aunque no han llegado a decir que la propia cara del sacerdote pudiera haber sido generada con inteligencia artificial, como ha sugerido este.

La Fiscalía y las acusaciones piden 72 años de prisión

Con su declaración, que se ha prolongado durante más de dos horas, se ha cerrado la cuarta sesión del juicio al sacerdote, acusado de cuatro delitos cuatro delitos de abuso sexual con penetración, cuatro delitos de lesiones y cuatro de revelación de secretos, con carácter continuado y las agravantes de abuso de confianza y alevosía, cometidos entre 2012 y 2018.

Según el relato de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, el hombre se valía su cercanía con las víctimas, a algunas de las cuales conocía desde que eran niños, para dormir en la misma habitación con motivo de excursiones o noches de fiesta; las sedaba con algún narcótico muy potente (presumiblemente éxtasis líquido); y luego aprovechaba su profunda somnolencia para tomar fotos y vídeos de ellas en ropa interior, ponerlas en diferentes posiciones, penetrarlas con los dedos o el pene, o masturbarse. Las acusaciones creen que se prevalió de su condición de sacerdote para ganarse su confianza.

De cada víctima hay un centenar de fotos. Fueron identificadas porque estaban clasificadas en carpetas por su nombre. Ninguna supo que habían sufrido esos abusos hasta que la Policía contactó con ellas. Hoy han declarado también expertos en psiquiatría forense que han concretado el daño psicológico que sufren y las terapias que tienen que realizar para superar el trauma.

En el juicio es también parte la Diócesis de Málaga, como posible responsable civil subsidiaria de la indemnización que pudiera concederse a las víctimas. El Obispo de Málaga, José Antonio Satué, pidió perdón en nombre de la Iglesia a las cuatro mujeres y prometió que la Diócesis contribuiría a reparar económicamente el daño si el exsacerdote es condenado, y aunque la Diócesis no lo sea. Sin embargo, en la primera jornada del juicio su letrado pidió la nulidad de todas las actuaciones y una vuelta al inicio del proceso, con el argumento de que podría haber pedido diligencias que exoneraran a la Diócesis de toda responsabilidad.

A lo largo de la semana, han pasado por la Audiencia Provincial la denunciante (expareja del sacerdote), las cuatro víctimas, policías, peritos, miembros de la Iglesia (el ayudante del sacerdote y el vicario de la diócesis de Melilla), amigos y el propio acusado.

La Fiscalía pide para él 72 años de prisión y que indemnice con 300.000 euros a cada víctima, peticiones que reiteran las acusaciones particulares. Ninguna ha modificado la petición de pena, tampoco ha cambiado su calificación la defensa. Este viernes, el juicio quedará visto para sentencia con la exposición de las conclusiones de estas cuatro jornadas de práctica de la prueba.

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional analizaron “cientos y cientos” de archivos informáticos “de carácter sexual” y con “mujeres inconscientes siendo agredidas” en la investigación sobre el sacerdote acusado de supuestamente agredir sexualmente a cuatro amigas, tras sedarlas, y grabar esos momentos. De hecho, en uno de los vídeos se ve la cara al procesado.

Así lo ha dicho la responsable de dicha unidad a nivel central, que llevó la investigación, en su comparecencia en la segunda sesión del juicio a este cura acusado de cuatro delitos de abuso sexual y de revelación y descubrimiento de secretos, en ambos casos con carácter continuado, y otros tantos delitos de lesiones.

Esta investigadora, instructora del atestado, ha explicado que en el material, dividido en carpetas con el nombre de cada víctima, se veía “mujeres inconscientes siendo agredidas”. Al respecto, otro de los investigadores ha apuntado a que el acusado habría utilizado la llamada 'droga de las violaciones', que deja a las víctimas “adormecidas”, que es transparente y que no deja sabor.

La responsable de la UFAM central también ha expresado que cuando se le tomó declaración a las mujeres no sabían nada; “no sabían ni que habían sido grabadas”; de hecho, ha apuntado, dos no quisieron ver las imágenes. “Fue un shock para ellas”, ha dicho, al tiempo que ha considerado que el acusado “se aprovecha” de la condición de sacerdote, que genera en estas víctimas “cercanía y confianza”.

Esta investigadora ha señalado que en uno de los vídeos aparece el acusado, al que “se le ve mientras está agrediendo” a una de las mujeres con “cara libidinosa”, y ha explicado que se hizo un informe para geolocalizar los vídeos y se determinó la fecha de las fotos; mientras que ha apuntado que no es posible precisar estos datos de los pantallazos que también había entre los archivos analizados.

Cómo llegaron los vídeos

Tanto esta investigadora como el instructor del atestado de la UFAM de Melilla ha explicado la forma en que llegó a la Policía Nacional el material, que la denunciante, novia entonces del acusado, encontró en un disco duro en la casa del procesado en dicha ciudad autónoma y copió en su ordenador. Esta puso los hechos en conocimiento de la Iglesia y también de un amigo policía.

Precisamente, este agente también ha declarado y ha explicado que la denunciante le enseñó las carpetas con nombres de mujeres y con archivos “de ámbito sexual bastante alto”. “Le digo que tiene que denunciar y ella es reticente porque era creyente y había intentado hablar con el obispo”, ha señalado, al tiempo que ha precisado que hizo copia en un pen drive del trabajo porque “entendía que había que preservar la prueba del delito”.

Tras tener las imágenes, hizo una nota interna por escrito y lo comunicó a sus superiores. En ese momento, comenzaron las gestiones primero en la UFAM de Melilla, con la participación también de la Fiscalía, y luego en la unidad a nivel central, sobre el material grabado en el pen drive pero también sobre un volcado formal del ordenador de la denunciante, han señalado los investigadores.

En esta sesión de este martes también ha declarado un testigo que era amigo del acusado, al que conoció por participar en campamentos religiosos, quien ha señalado que cuando se quedaban a dormir en las casas del acusado era este el que distribuía las habitaciones y dormía con las mujeres, lo que ha considerado normal por la relación de amistad que tenían.

El incendio declarado en la madrugada del domingo al lunes en un céntrico hotel de Málaga ha quedado extinguido en las primeras horas de la mañana del martes tras arrasar el edificio, y sin dejar daños personales. Pasadas las 10, los bomberos refrescaban la fachada con dos potentes chorros de 1.000 litros por minuto, con la idea de adentrarse poco después en el edificio, que aún humeaba. Los mandos a pie de incendio no han dado explicaciones a pesar de la insistencia de los periodistas. Sí lo ha hecho más o menos a la misma hora el concejal de Seguridad, Avelino Barrios, asegurando que el fuego está controlado y “casi extinguido” y Salvador Castillo, jefe del operativo, asegurando que había sido un incendio “bastante complejo”, en sendos vídeos de poco más de un minuto difundidos en redes sociales, sin posibles preguntas. Los dueños del edificio pidieron hace apenas un mes el inicio del trámite de evaluación ambiental ante la Junta de Andalucía, con el propósito de elevar en tres plantas su altura.

Castillo ha explicado las operaciones que realizaron ayer para tratar de extinguir el fuego. Cuando parecía controlado y aislado en la planta baja, donde se originó, algo cambió y a media tarde se extendió con virulencia a las plantas superiores, hasta arrasarlas. Castillo ha explicado que primero se centraron en atacar el origen y controlar su extensión, y lo consiguieron. “A media mañana esta situación estaba bastante controlada, pero a cosa de las tres de la tarde se inició una reactivación del incendio, bien por colapsos parciales del forjado bien por entradas de aire”.

Los técnicos ejecutaron entonces una maniobra desde el interior con “ventilación y aporte de gran cantidad de agua”, rompiendo parte de la fachada sur, como ha quedado visible. Esto propició un avivamiento parcial, pero permitió bajar calorías al incendio aplicando ingentes cantidades de agua al interior. En esos momentos se vertían alrededor de 5.000 litros por minuto y llegaron a trabajar simultáneamente seis dotaciones de bomberos. En total, unos dos millones de litros se han vertido en ese punto.

Por su parte, Barrio ha concretado la hora de inicio del incendio, la 1:24 del lunes, “previsiblemente” en el interior de la cafetería. Las ventanas se rompieron a causa del calor acumulado en el interior y así se propagó el incendio a las plantas superiores. La activación del plan de autoprotección del hotel Ibis permitió la evacuación de trabajadores y un centenar de huéspedes, que han sido realojados en otros establecimientos.

Barrio ha confirmado también que uno de los escollos que ha dificultado la extinción es que el forjado del interior era de madera, que reposaba sobre una estructura metálica. “Hemos tenido que afrontar la extinción desde fuera con autoescalas y bombas”. El diseño constructivo del hotel y la fuerza y duración del fuego hace prácticamente inevitable la demolición. Por momentos llegó a temerse por su derrumbe, mientras cientos de curiosos contemplaban asombrados un incendio descontrolado en pleno Centro de Málaga.

El incendio ha durado finalmente alrededor de 30 horas, tiempo suficiente para que esta mañana, con las llamas extinguidas, aún fuera necesario refrescar la fachada y el interior con dos potentes chorros antes de dar vía libre a que los primeros bomberos accedieran al interior. El agua resbalaba por la fachada de la cara oeste, y acababa cayendo a las alcantarillas del túnel de la avenida de Fátima, que discurre justo debajo y que ayer quedó cortado al tráfico.

Material de decoración y estructura

Las comparecencias sin preguntas del concejal y el jefe del operativo dejan aún en el aire algunas cuestiones que deberán ir resolviéndose en los próximos días. En primer lugar, relativas al origen del fuego: si se confirma que, como todo apunta, empezó en el interior del Grand Café, ¿contribuyó la intensa decoración selvática a propagarlo?

Estos elementos ya fueron determinantes en la propagación de los incendios mortales en Madrid (dos muertos y seis heridos graves, abril de 2023) y Crans Montana, en Suiza (41 muertos en la pasada Nochevieja): ¿Hay algún control sobre ellos?

Más preguntas por resolver: ¿Tuvo algún papel el “toldo fonoabsorbente” que, con apoyo e inauguración municipal, se instaló en 2018 en la terraza para amortiguar el impacto del ruido? En la práctica, aquella actuación celebrada por el Ayuntamiento (acudieron dos concejales a inaugurarla, y se prometió su presentación en ferias internacionales) supuso el cerramiento de la terraza sobre la vía pública, con la teórica finalidad de reducir el ruido. Pese a ello, durante meses el local siguió instalando mesas junto a la baranda, contraviniendo el espacio habilitado. “La estructura del edificio, al parecer de hierro con vigas de madera, así como el material para la insonorización, están dificultando la extinción, actuando casi todas las dotaciones”, escribió en X la cuenta vinculada a las protestas de los bomberos malagueños.

Aunque el mando operativo ha explicado en su vídeo las dificultades sobrevenidas para la extinción, también queda saber si funcionaron las medidas de seguridad que debe tener el hotel, la sectorización de las diferentes plantas y si era inevitable la calcinación completa del edificio tras un incendio que, según él mismo ha dicho, estaba controlado a media mañana.

Conflicto laboral y falta de medios

Otra cuestión que vuelve a la actualidad es la dotación del Cuerpo de Bomberos, que mantiene un conflicto laboral con el Ayuntamiento por la jornada y la clasificación del personal, y que incluye una huelga que dura ya diez años. Según Andrés Millán, portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos, la dedicación simultánea de hasta seis dotaciones completas al incendio y la generación de otro incendio menor provocó que durante algunos minutos los parques se quedaran vacíos, sin capacidad de respuesta ante otra posible emergencia.

El Ayuntamiento asegura que la demanda simultánea de los dos incendios se cubrió adelantando la hora de entrada alguna de las dotaciones del siguiente turno, que se sumaron así a las seis ya desplegadas. Este sistema de activación de refuerzos no está protocolizado, según denuncia el sindicato. A ello se suma la histórica demanda de carencia de medios materiales. Por ejemplo: la autoescala, con capacidad teórica para 42 metros, no funciona más allá de los 30 por un problema con el software.

Esta mañana, bomberos que llevaban casi 30 horas de tajo sin apenas descanso tampoco entendían las órdenes de permanencia o retirada, que atribuían a un intento de ahorrar en horas extra.

El edificio, situado en el Pasillo Guimbarda (junto al río Guadalmedina) alojaba el Grand Café y un hotel Ibis de dos estrellas de 189 habitaciones en planta baja más tres (al sur) o cuatro (al norte) alturas y capacidad para 387 huéspedes. Fue construido y abrió en 2007, y ahora había solicitado a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía un recrecimiento de hasta tres plantas, aprovechando el decreto autonómico para la reactivación y modernización del sector turístico aprobado tras la pandemia, que ampara el aumento de edificabilidad de hasta un 20% si así se mejora la categoría del establecimiento.

Tenía ya el informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, que hace un año dictaminó que ese recrecimiento no supondría “contaminación visual” sobre el entorno, y también de Cultura, que entiende que no afecta a la zona de vigilancia arqueológica por tratarse sólo de una elevación de plantas. Sin embargo, no ha superado aún la evaluación ambiental, que inició hace apenas un mes.

La Diócesis de Málaga pidió este lunes la nulidad de las actuaciones contra Francisco Javier C., padre Fran, acusado de haber sedado, violado y fotografiado a cuatro mujeres con las que mantenía una relación de amistad entre 2012 y 2018. La Diócesis participa en el juicio como responsable civil subsidiaria: en el caso de que se declarara la culpabilidad del exsacerdote podría quedar obligada a afrontar el pago de las indemnizaciones a las cuatro mujeres, fijada por la Fiscalía en 300.000 euros para cada una.

El letrado de la Iglesia pidió volver al comienzo de la investigación con el argumento de que la Diócesis debió ser llamada antes como posible responsable civil subsidiaria, y que al no haber sido así se vulnera la igualdad entre las partes. La petición del abogado, formulada como cuestión previa al inicio del juicio contra el exsacerdote, fue rebatida por la Fiscalía y por las acusaciones particulares, y rechazada in voce por el Presidente de la Sala de la Audiencia Provincial que juzga al padre Fran.

La petición ante los jueces contrasta con las promesas de restitución ofrecidas el pasado viernes por el actual Obispo de Málaga, José Antonio Satué, quien aseguró que la Diócesis “está dispuesta a colaborar económicamente en la reparación de los daños” producidos a las cuatro víctimas, incluso aunque no fuera condenada.

Aún se desconoce si el acusado podrá responder con su patrimonio de la condena económica que pudiera imponérsele, y el Obispado no ha formalizado el aval que anunció hace casi un año, que daría más seguridad de restitución que una póliza de seguros, según han subrayado los abogados de las víctimas, que han acusado a la Iglesia de poner “trabas” al insistir en una cuestión que ya fue resuelta: “Con sucesivos aplazamientos la Diócesis evita cumplir una resolución [el requerimiento para que preste fianza, bajo apercibimiento de embargo] y ahora pretende volver a suspender el juicio”, denunció uno de ellos.

Hechos ocurridos en la casa proporcionada por el Obispado

Francisco Javier C., de 37 años, está acusado de cuatro delitos de abuso sexual con penetración, cuatro de lesiones y cuatro de revelación de secretos, con las agravantes de abuso de confianza y alevosía. La Fiscalía pide para él 72 años de prisión.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado aprovechaba la relación de amistad y confianza con las víctimas, a las que conocía de encuentros de convivencia religiosa, para cometer los delitos. Compartían viajes y él las invitaba con frecuencia a dormir en casa de su madre o en su casa, cuando empezó a disfrutar de un domicilio propio que le proporcionaba el Obispado en la localidad malagueña de Ardales.  

Entonces, les suministraba algún tipo de narcótico, probablemente éxtasis líquido, que las dejaba en un estado de somnolencia que él aprovechaba para colocarlas en diferentes posiciones, penetrarlas con los dedos bucal, anal y vaginalmente y fotografiar y grabar esos momentos, según el relato de los hechos que hace la fiscal. Ninguna de ellas fue consciente de lo que él les hacía.

Algunos de estos hechos ocurrieron cuando ya era cura y en domicilios del Obispado. Francisco Javier fue ordenado sacerdote en 2017. Los hechos que se juzgan ocurrieron entre 2012 y 2018. Constan fotos y vídeos que documentan accesos carnales a las víctimas en 2017 y 2018.  

La Diócesis denuncia indefensión

Cuando se descubrieron los hechos, en septiembre de 2023, el Obispado trató de personarse como acusación particular (es decir, como víctima), pero fue rechazado tanto por la jueza de instrucción como por la propia Audiencia Provincial, en apelación. Más tarde, dictado ya el auto de procesamiento (es decir, en el cambio de la fase de instrucción a juicio) se personó como responsable civil subsidiario. Hoy su abogado ha comparecido acompañado del abogado de una aseguradora.

Para justificar su pretensión de dar marcha atrás a todo, el abogado del Obispado argumentó este lunes que el hecho de no haber podido participar en la investigación desde el primer momento con la condición de posible responsable subsidiario de la indemnización que pudiera establecerse le ha impedido proponer diligencias y pruebas que podrían eximirle de toda responsabilidad.

Esto habría provocado una vulneración de su derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, por lo que procedería la “nulidad insubsanable de todo lo actuado y la retroacción al momento inicial para que la Diócesis pueda defenderse en igualdad de condiciones”, según expuso.

El letrado sugirió que la Fiscalía había maniobrado para impedirle estar desde el comienzo con la condición que ahora tiene. “¿Por qué no se invitó a la diócesis a personarse como responsable civil subsidiario? Creemos que para evitar que pudiera pedir diligencias de investigación que aclarara si lo era o no. Se podían haber practicado diligencias que aclararan que la diócesis no tiene ninguna participación. Se vulneró claramente sus derechos constitucionales a la defensa”.

El Presidente ha recordado que se anuló inicialmente el auto de procesamiento para permitir la personación del Obispado, y recalcando que no hay indefensión efectiva porque ha podido proponer prueba para el juicio y presentar escrito de conclusiones.

“Como cristiana me sentí desamparada por la Iglesia”

Los hechos fueron descubiertos de forma casual en la Navidad de 2022 por su entonces pareja, que este lunes ha relatado su peripecia para poner en conocimiento de la Iglesia lo que había visto en el disco duro del padre Fran. “Como cristiana me sentí desamparada por la Iglesia”, ha dicho llorando.

Primero se lo contó al ayudante del padre Fran, luego al vicario (quien rechazó hasta cinco reuniones con ella y finalmente se enfadó cuando ella sugirió que estaba tratando de ocultar el caso, según ha relatado la mujer) y luego intentó relatarlo al entonces obispo, Jesús Catalá, sin conseguirlo. Le escribió cartas y le llamó por teléfono advirtiéndole de que había sido testigo de un delito que debía contarle en persona, y acabó presentándose en el Obispado. “No podía creer que me cerraran las puertas”, relató a los magistrados entre lágrimas.

Entre tanto, el padre Fran había sido trasladado de vuelta a la Península, primero a un retiro espiritual, y luego a un nuevo destino como párroco de El Burgo y Yunquera, dos pequeños pueblos de la Sierra de las Nieves, donde siguió ejerciendo el sacerdocio hasta pocos días antes de que la Policía lo detuviera en la llamada Operación Pájaro Espino, en el 11 de septiembre de 2023. Desde entonces está en prisión provisional.

El Obispado trató de llegar a una conformidad con las víctimas antes del juicio, que comenzó a celebrarse este mismo lunes. Este viernes, tres días antes de que comenzara el juicio, el actual Obispo, José Antonio Satué, pidió “perdón, en nombre de la Iglesia, a todas las personas que en ésta y en otras situaciones similares no han encontrado en la Iglesia la comprensión y el apoyo que debieron recibir”.

Satué avanzó que los abogados defenderían que la Diócesis no tiene responsabilidad, pero que si los tribunales declararan la culpabilidad del exsacerdote y exoneraran al Obispado, la Diócesis colaboraría en la reparación económica.