Neptuno y Venus, las esculturas de la polémica en Málaga, seguirán presidiendo la entrada al Puerto desde la ciudad al menos un año más. El alcalde la ciudad, el Presidente del Puerto y el autor de las obras, el ceutí Ginés Serrán, han encontrado una fórmula para materializar la indisimulada intención de que sigan sobre los pedestales, incumpliendo el compromiso que adquirió el Puerto en marzo.

Entonces, tras dos meses de intensa polémica en la ciudad por la estética, la ubicación y el coste, se firmó un acuerdo de comodato para disponer de las estatuas durante seis meses “sin posibilidad de prórroga”. Ese plazo vence este miércoles, pero el Ayuntamiento ya ha pedido al Puerto que las mantenga, y el Presidente del Puerto confirma a este medio que lo aceptará este mismo miércoles. La fórmula: el comodato acaba, pero ahora el artista dona las esculturas a la ciudad, el Consistorio pide al Puerto que las deje donde está y este da autorización.

“La solicitud del Ayuntamiento la tramitaremos favorablemente, como casi todo lo del Ayuntamiento, siempre que no entorpezca la operativa portuaria”, anticipa Carlos Rubio, Presidente del Puerto, quien asegura que cuando se comprometió a que las esculturas bajarían del pedestal el 16 de septiembre no tenía una agenda oculta: “Es que no teníamos ni idea de lo que iba a pasar” ¿Y qué ha pasado? “Que a la inmensa mayoría de la gente le ha gustado, y el Ayuntamiento, que ahora es el titular de las obras y tiene competencias en materia de Cultura, nos ha pedido que se queden. Si no lo pidiera, las desmontaríamos mañana”, argumenta Rubio.

El Ayuntamiento dice ahora que dentro de un año decidirá otra vez si esa es la “ubicación deseada”. El PSOE pide que se abra un proceso de participación ciudadana “real” con una encuesta ciudadana. “Lo que se presentó a Málaga como una instalación temporal corre el riesgo de convertirse en permanente por una decisión tomada desde un despacho y sin que la ciudad haya podido pronunciarse”, señala Mariano Ruiz Araujo, portavoz socialista. Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, ha pedido la retirada.

El debate va mucho más allá de la estética o de las posibles irregularidades administrativas o contables: se trata de con qué criterios se gestiona un espacio público muy singular, ubicado en el tránsito de la fachada marítima al Centro Histórico de la ciudad.

80.000 euros de coste

Rubio y el Puerto tenían la intención inicial de que las esculturas permaneciesen a la entrada del Puerto durante al menos 25 años, pero la oposición frontal de instituciones como la Academia de Bellas Artes, el cuestionamiento de algunos consejeros y la división de opiniones de los ciudadanos le llevaron a parar y modificar el contrato con Serrán. El comodato se rebajó a seis meses, y se añadió una estipulación para recoger que no había posibilidad de prórroga. Además, el autor quedaba obligado a desmontarlo todo a partir de este miércoles, bajo penalización de 1.000 euros semanales si no lo hacía.

Ahora, Rubio decide prorrogar la permanencia de las estatuas, pero esgrime que no incumple lo firmado, porque aquel contrato se extingue y entra en escena una nueva “situación jurídica”: el Ayuntamiento, nuevo propietario, pide permiso para subirlas donde ya están. Y él tendría competencia para dar ese permiso, porque es una autorización por tiempo inferior a un año.

Las autorizaciones demaniales generalmente devengan tasa, salvo excepciones. De ser así, sería a cargo del Ayuntamiento. El Puerto ya gastó 80.000 euros en adecuar los pedestales al peso de las estatuas. “Se gastaron ese dinero cuando nos deben conceptos salariales desde 2022”, protesta Justiniano Sen, vocal de UGT en el Consejo de Administración del Puerto. Ese gasto está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas. La posición del Presidente quedaría más comprometida si, tras el desembolso de hace seis meses, los pedestales quedaran ya sin uso.

Supuesta voluntad ciudadana o dinámica “clientelar”

La continuidad de las estatuas era algo que muchos vieron venir incluso cuando se anunció la decisión salomónica de limitar su exposición a seis meses. En este medio año, han caído en saco roto la petición de algunas instituciones culturales malagueñas (la Academia de Bellas Artes, el Ateneo, el IEUS y la Sociedad Económica de Amigos del País) para que la Junta de Andalucía interviniera por ser un lugar a pie del Centro Histórico (Bien de Interés Cultural). También se ha archivado una denuncia ante Fiscalía.

Entre tanto, se ha ido cociendo el plato con el uso de las esculturas para ponerles banderas de celebración por la victoria de la selección española de fútbol y el ascenso del Málaga CF, hasta llegar a la semana pasada, cuando Serrán anunció que había entregado 12.000 firmas pidiendo su continuidad y el alcalde Francisco de la Torre (PP) avanzó que pediría al Puerto que las mantenga.

El motivo es una voluntad supuestamente mayoritaria de la ciudadanía, de la que sin embargo no existe ninguna constancia documental. Tampoco las concejalas Carmen Casero y Mariana Pineda han anunciado encuesta alguna cuando han explicado que el Ayuntamiento volverá a decidir en septiembre de 2027. Las instituciones culturales han denunciado “dinámicas clientelares de información y opinión” que pretenden “confundir el gusto personal o una determinada opinión mayoritaria con el juicio cultural y estético”.  

Potenciar la “estética clásica” frente a la “obra contemporánea”

Toda esta polémica empezó cuando la Academia de Bellas Artes difundió un comunicado muy duro con las obras, que tildó de “kitsch” y “propias de la estética Marvel”, dos meses antes de que se colocaran. Hasta entonces, pocos sabían que el Puerto había aprobado de tapadillo, sin apenas debate, ceder durante 25 años su espacio más simbólico a estas estructuras creadas por Ginés Serrán.

La intención del artista, según dice, es sólo homenajear a su padre, natural del pueblo malagueño de Villanueva del Trabuco, y para ello cede y expone gratuitamente esas piezas: Venus con un sol mide cinco metros de altura y pesa 1,9 toneladas; Neptuno con red de pesca mide 7,5 metros y pesa 2,25 toneladas, y dos leones de 750 kilos cada uno, si bien el Puerto adaptó las columnas que los sostienen con datos erróneos. Juntos forman Las Columnas del Mar.

Mariana Pineda, concejala de Cultura, quien es también Historiadora del Arte, ha evitado hasta en tres ocasiones valorar el conjunto, alegando que “no es una obligación del cargo”. Luego ha asegurado que existe un informe técnico con “datos objetivos” que definen la “idoneidad”, pero se ha enredado al explicarlos, aludiendo a una recuperación de la “estética clásica” frente a la “obra cultural contemporánea que se estaba introduciendo en la ciudad”. Y ha advertido que otras ciudades han acabado incorporando obras a priori temporales, como Julia, de Jaume Plensa en Madrid, las seis esculturas de Tony Cragg en Valencia, o 'The Bay Lights', de Leo Villarreal, en el puente de San Francisco.

El incendio forestal declarado este domingo en el paraje Ermita del Rosario en la localidad de Benahavís (Málaga), ha obligado al desalojo preventivo de 50 personas de la urbanización Montemayor Alto mientras los efectivos luchan para que las llamas no alcancen las viviendas. El siniestro ha obligado a confinar el municipio y ha producido tres heridos: una persona ha sufrido quemaduras al intentar apagar el fuego, otra ha resultado afectada por inhalación de humo y un bombero forestal se ha fracturado una muñeca al sufrir una caída. La lucha contra el incendio se mantiene tras una noche que ha sido “activa”.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) llegó a enviar un mensaje Es-Alert para confinar a la población, aunque no todos lo han recibido tras interrumpirse la comunicación telefónica en la zona al resultar afectada una antena. El siniestro (que se encuentra en el nivel 1 de emergencia, lo que supone implica un riesgo superior al normal pero todavía moderado) ha provocado el confinamiento preventivo de varias zonas de la localidad y la movilización de 22 medios aéreos, además de 200 efectivos del Plan Infoca.

En una atención a medios desde el Puesto de Mando Avanzado a última hora del domingo, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha indicado que, de las tres personas que han resultado heridas, una de ellas ha sido trasladada al Hospital Regional Universitario de Málaga con quemaduras y permanece en observación.

Tres personas heridas

Un bombero del Infoca ha sufrido una fractura de muñeca tras una caída y otra persona ha sido atendida por inhalación de humo, aunque su hogar no se ha visto afectado por las llamas. Un particular, un hombre de 78 años, presenta quemaduras externas en el 30-35% de la superficie corporal y ha sido evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital Regional Universitario de Málaga. Otro particular ha sido atendido por inhalación leve de humo y dado de alta en el lugar.

Ninguna vivienda ha resultado perjudicada por las llamas, aunque sí se han registrado daños en elementos como terrazas, entradas o rejas. Al hilo, ha destacado el trabajo de los bomberos y del dispositivo Infoca en la protección de las urbanizaciones y la atención a las incidencias.

Sobre la evolución del fuego, la principal dificultad radica en que se ha luchado contra un fuerte viento de levante que ha soplado de 30 a 35 kilómetros por hora, pero con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. A ello se une la complicada orografía del terreno, con barrancos y cuencas. “Se trabaja por contener la cabeza, que avanza a mucha velocidad”, en un incendio que ha definido como “muy alargado”, de ahí que “lo más importante era volcarnos en proteger a la población, porque estamos en una zona de extraordinario peligro y el fuego se ha metido por en medio de la urbanización”.

Las características del fuego ha hecho que haya ido evolucionando y presentado diferentes alineaciones. Por el momento, el objetivo prioritario es contener la cabeza y evitar que avance hacia el norte, mientras los efectivos trabajan también en la protección de la urbanización Montemayor y La Coja.

Confinamiento del municipio

Las previsiones apuntaban a que durante la noche disminuirían las rachas de viento, hasta bajar a en torno los 14 kilómetros por hora, aunque se auguraba una noche “activa”. El dispositivo trabaja “al máximo” para contener el fuego, especialmente en la cabeza del mismo y las zonas habitadas.

En cuanto al origen del fuego, sobre las 12.37 horas del domingo el Servicio de Emergencias 112 recibió una llamada que alertó del incendio en el municipio, concretamente a la altura de la Ermita del Rosario y las zonas habitadas por población. En vistas de que podía afectar a los vecinos de la localidad, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) envió un mensaje Es-Alert a la población sobre las 14.34 horas del mediodía con el objetivo de confinar a la población.

Algunos vecinos pudieron no recibir este mensaje, dado que la zona en la que ha tenido lugar el fuego ha afectado a la conexión por cable que ha impedido la continuación de la comunicación móvil y ha creado afectaciones en esta alerta. A la población se le ha indicado que debe seguir las instrucciones del 112 y de los operativos que se encuentran en la zona. Entre las recomendaciones hechas está evitar riesgos, que los habitantes de la zona se confinen en una vivienda o edificio de mampostería y cerrar las puertas y ventanas de las viviendas, así como proteger a las personas más vulnerables, entre ellos niños, personas mayores y enfermos ante la presencia de humo.

Un paciente con viruela del mono se encuentra ingresado en el Hospital Costa del Sol de la localidad malagueña de Marbella, centro que ha iniciado todos los protocolos establecidos para estos casos.

En relación con este caso, adelantado por Málaga Hoy, desde la Delegación de Sanidad han señalado que “como en todos los casos de infecciones, se toman las medidas oportunas según los protocolos, por lo que no existe ningún riesgo”.

Asimsmo, han indicado que el hospital “dispone de la infraestructura necesaria para abordar este tipo de casos y se toman las medidas oportunas según los protocolos establecidos”.

Más estrellas, más espacio y propósito de enmienda. A falta de apenas 20 días para que miles de fans traspasen su icónico portal, la San Diego Comic Con ha presentado en Málaga la segunda de las tres ediciones (al menos) que la ciudad acogerá de la gran convención de la cultura popular y el entretenimiento. La cita es del 1 al 4 de octubre.

Donde en 2025 triunfó Terminator, este año se espera a Frodo y Sam; si el año pasado una estrella de Sensación de Vivir, aquella mítica serie de la factoría Aaron Spelling, se paseó entre fans por la capital de la Costa del Sol, este año le toca a la tripulación al completo de la Rodger Young de Starship Troopers, la película de culto de Paul Verhoeven; y donde hace doce meses alrededor de 100.000 fans llenaron hasta rebosar el Palacio de Congresos de Málaga, este año se esperan cifras similares, pero para un espacio mayor, mejor definido y con mejores recorridos.

El reto es multiplicar las caras conocidas que dan valor a este evento (algo conseguido, según sus responsables) y, sobre todo, garantizar que para para todos los asistentes sea una experiencia satisfactoria más allá de la emoción de ver a sus ídolos. “Llevamos meses pensando en los espacios, los flujos y contenidos”, ha admitido Fernando Piquer, nuevo responsable de la cita, que ofrecerá 300 horas de contenido en los 60.000 metros cuadrados del Palacio de Congresos y las zonas exteriores habilitadas.

La masificación y los errores organizativos enturbiaron el disfrute el año del debut. Hubo fans que se pasaron horas en colas, que se alargaban por kilómetros hasta cruzarse unas con otras, y quienes se volvieron de vacío tras invertir cientos de euros. Las organizaciones de consumidores registraron cientos de quejas, los fans volcaron su frustración en redes y el clamor fue tal que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde Francisco de la Torre dieron un tirón de orejas público a los organizadores. Tanto la Junta de Andalucía (a través de Turismo Andaluz y de la Agencia Digital Andaluza) como el Ayuntamiento de Málaga patrocinan el evento con tres millones de euros y 980.000 euros por edición, respectivamente.

Dentsu, que tiene la licencia para el evento en Europa, fue poniendo a la venta sucesivas remesas de entradas al ver que las que salían volaban. Tras marcarse un objetivo inicial de 45.000, llegaron a admitir que habían rebasado el aforo previsto para el recinto (120.000 asistentes en cuatro días, dijo su director), antes de corregirse y rebajar la cifra a 100.000.

“Queremos una Comic Con preparada para el fan”

La dirección del evento, con nuevos responsables al frente, sabe que aquella imagen lastró el éxito de la primera edición y dice que no volverá a ocurrir: habrá más espacio, al añadirse 50.000 metros cuadrados cubiertos en el exterior del Palacio de Congresos con 90 stands para firmas de artistas, expositores, los funkos o exposiciones de arte, y un nuevo estudio para encuentros más cercanos con las estrellas; se dinamizarán los flujos para evitar los cruces de cola que colapsaron el recinto el año pasado; y se pondrá a disposición de los fans una agenda virtual para ayudarles a organizarse y reservar los eventos a partir del 25 de septiembre, previa activación del “perfil del fan”.

“Queríamos escuchar, trabajar con humildad, construir una Comic Con preparada de verdad para el fan”, ha explicado Fernando Piquer, admitiendo implícitamente que eso no sucedió el año pasado. Piquer, quien ha sustituido a Javier Barbera como director ejecutivo de la cita, sí aporta una sólida experiencia en el entretenimiento, los videojuegos y los e-sports. “La experiencia del año pasado ayuda a saber cómo organizar las cosas para que todo el mundo pueda estar a gusto”, ha advertido este miércoles el alcalde De la Torre. El objetivo, insisten ahora, es que todo el mundo salga contento. “El aforo es 90.000, pero si vemos que hay que restar lo haremos. No buscamos el sold out. Si sucede, estupendo, pero lo que buscamos es la calidad”, resumen.

Las entradas, que en la primera edición costaban 50 euros, ahora cuestan 84,80 € para adultos y 37,10 € para menores de hasta 12 años, con los gastos de gestión ya incluidos.

John Romita Jr., Starship Troopers y Los Serrano

En cuanto al cartel, la presentación en Málaga apenas ha añadido novedades a lo que ya se sabía desde que sus grandes estrellas se desvelaron en Madrid a principios de julio. El evento sigue los pasos del original en San Diego: estrellas televisivas, del mundo del cómic y de todo aquello que pueda tener alguna relación con la cultura pop (los videojuegos, las miniaturas, el cosplay), capaces de atraer al fandom de cada uno de esos mundos. Figuras por las que esos fans se desplazarían desde cualquier otra parte de España e incluso de Europa. El objetivo (cumplido, según Piquer) era multiplicar por cuatro el número de estrellas la primera edición.

En ese espacio hay también concesiones a lo mainstream si cabe sostener la vinculación con el universo propio de la San Diego Comic Con. Arnold Schwarzenegger, invitado de honor de la primera edición, es una figura universal, una estrella super gigante en términos astronómicos. No hay otra comparable en esta edición, pero sí muchas más estrellas: Elijah Wood y Sean Austin (Frodo y Sam en El Señor de los Anillos); Jason Lee y Kevin Smith (Mallrats); Christopher Lambert (Los Inmortales); Mira Sorvino (Poderosa Afrodita); el elenco casi al completo de Starship Troopers (Casper Van Dien, Denise Richards, Michael Ironside, Dina Meyer y Jake Busey); o Karl Urban (The Boys). Además, la concesión patria al reparto de Los Serrano, con Antonio Resines al frente.

Eso, en cuanto al cine y a la televisión. En el cómic, la segunda gran pata de la SDCC, destaca el panel de ilustradores de Spider-Man, con con John Romita Jr, Pepe Larraz, Rick Leonardi y Giuseppe Camuncoli; Carmen Carnero (Capitana Marvel, Miles Morales) o Juanjo Guarnido (Blacksad), entre muchos otros.

Pero el objetivo declarado de los organizadores es que cada disciplina tenga sus estrellas. Desde las de nicho, como la pintura de miniaturas, con Ángel Giráldez, o el doblaje, con un elenco de lo mejor en España, a las mayoritarias, como los videojuegos (Dave Jones, creador de Lemmings o Grand Theft Auto, John Romero, de Doom, o Akira Yamaora, compositor de la banda sonora de Silent Hill) o el anime, donde este año destaca la presencia de Shin'ichirō Watanabe, el creador de la histórica Cowboy Bebop.

“Pero no queremos que sea solo una suma de nombres colocados en un programa, sino cuatro días que quieras recordar”, ha matizado Piquer. La idea es que el fan acabe sintiendo que forma parte del evento. “Que comiencen su viaje como héroes solitarios pero tras su paso se marchen formando parte de algo mucho más grande, un equipo”.  

El Ayuntamiento de Estepona, liderado desde 2011 por José María García Urbano (PP), concedió en junio de 2017 una parcela en primera línea de playa para construir y explotar un chiringuito durante cincuenta años. La adjudicataria fue la empresa Gestión de Hostelería Estepona, S.L., una mercantil constituida año y medio antes. Tenía como administrador único a Miguel Vázquez Galiano, de profesión asesor fiscal.

En 2019 Vázquez se convirtió en concejal del PP por Coín y un año después vendió las participaciones de la sociedad adjudicataria del chiringuito con todos sus activos. En junio de 2021, Nido Beach Club empezó a funcionar. El pasado diciembre, Vázquez Galiano fue detenido por la Policía en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales procedentes de prostíbulos. Dejó de ser concejal pocos días antes de que la Policía comunicara públicamente la operación.

Este miércoles, el PSOE desveló la adjudicación inicial a Vázquez Galiano, que hasta ahora no había trascendido, y recordó que está imputado por blanqueo. “Respetamos la presunción de inocencia, pero el Ayuntamiento tiene que explicar a quién adjudicó durante medio siglo un espacio público y qué controles ha realizado posteriormente sobre esa concesión”, señaló Emma Molina, portavoz socialista del PSOE de Estepona.

“[El chiringuito] nos pareció una inversión interesante, pero luego todo fue un calvario”, explica Vázquez Galiano, quien asegura que otras cuatro empresas concurrieron (este medio no ha podido localizar el expediente en el portal de licitaciones) y que García Urbano sólo supo que él era el adjudicatario “dos o tres meses después” de que terminara el proceso. Asegura que, además de su profesión como asesor fiscal, a veces realiza inversiones propias en otros ámbitos, y este fue el caso. Se da la circunstancia de que Coín es el municipio de origen tanto de Vázquez Galiano como de García Urbano. “Claro que lo conozco, como 40 millones de españoles. Pero él no tenía ni idea de que íbamos a pujar”, señala el exedil.

El exconcejal del PP cree que es “ruin” vincular el caso de presunto blanqueo destapado en 2025 con la adjudicación del chiringuito en 2017, y asegura que la investigación contra él está limitada a las presuntas actividades de un cliente de su despacho: “Cuando uno tiene tantos clientes, a algunos no los conoce”.

La concesión fue formalizada el 22 de mayo de 2017 en un documento suscrito por José María García Urbano (como alcalde de Estepona) y Miguel Vázquez Galiano, como administrador único de la concesionaria. El concesionario se obligaba a pagar un canon anual de 19.593 euros por la concesión de 2.194 metros cuadrados de dominio público en la playa.

Exconcejal investigado desde el pasado diciembre

Vázquez Galiano fue detenido el pasado 7 de diciembre junto a otras 18 personas, acusadas de integrar una red que blanqueó nueve millones de euros procedentes de la explotación sexual de mujeres reclutadas en otros países, principalmente en Colombia, en dos prostíbulos de Málaga capital y Cártama.

Se trata de una investigación ejecutada en dos fases por la Policía, y dirigida por un juzgado en Málaga capital. La detonación de la primera fase de la Operación Gargamel, en noviembre de 2024, permitió liberar a 42 mujeres atrapadas en esta red, que ejercía un dominio sobre sus vidas mediante un sistema de control, vigilancia y amenazas, según informó entonces la Policía. Fue una de las víctimas quien dio la voz de alarma. Estas mujeres relataron que las forzaban a mantener relaciones sexuales y las amenazaban con dañar a sus familiares en los países de origen.

En paralelo, operaba una estructura “de cuello blanco” orientada a camuflar el origen del dinero y reintroducirlo en el tráfico legal. La Policía desarticuló esta estructura en diciembre de 2025. Fueron detenidos presuntos testaferros, una notaria, una abogada, el director de una sucursal bancaria y un asesor financiero: Miguel Vázquez Galiano, quien quedó en libertad tras prestar declaración. Nueve meses después de ser detenido, aún no ha declarado ante el juez de instrucción.

Vázquez, que ocupaba la delegación de Patrimonio y Ayudas Europeas en el Ayuntamiento de Coín cuando fue detenido, dimitió días antes de que la Policía desvelase la operación. Entró en la corporación en tras las municipales de mayo de 2019 (es decir, dos años después de obtener la concesión y dos antes de venderla), y ocupó el puesto seis en las listas del PP en las de 2023. El PP le abrió expediente al conocerse su detención. Desde el partido no han aclarado en qué estado se encuentra ese expediente.

“En trámites” para licencia de apertura desde 2019

Vázquez Galiano vendió la concesión en 2021, y esta siguió su curso. Actualmente, Nido es uno de los beach club de moda en la costa de Estepona. Ubicado en Costa Natura, junto a una emblemática urbanización pionera del naturismo en España, cuenta con restaurante, piscina y un club de playa que programa sesiones nocturnas de djs, y está gestionado por el exitoso Grupo Mosh, titular también de Momento (en la Milla de Oro marbellí) o Playa Padre, también en Marbella. Grupo Mosh ha alcanzado sonados acuerdos con el chef Dani García para transformar el icónico local en la antigua sede de Aresbank en Marbella en Motel Particulier o Barnes, un grupo de restauración de alto standing.

Sin embargo, en el caso de Nido Beach Club opera sin licencia de apertura, según una respuesta del área de comercio a una petición de información tramitada por el Grupo Socialista. Nido está “en trámites” para obtener dicha licencia desde 2019, de acuerdo con ese documento. “La licencia lleva su tiempo. Eso es lo normal en la Costa del Sol o en Madrid”, argumenta Albert Beniflah, responsable de Grupo Mosh, que asegura que entre tanto Nido está operando con una declaración responsable al tratarse de una concesión municipal. Tiene unos 80 empleados, asegura. Beniflah no sabe nada de los anteriores concesionarios.

“Queremos saber cómo es posible que un establecimiento lleve cinco años funcionando sin que su licencia haya quedado formalmente concedida. ¿Quién ha permitido que esto ocurra y qué controles ha realizado el Ayuntamiento?”, pregunta Molina. También ha cuestionado al Consistorio si ha autorizado la celebración de eventos nocturnos que molestan a vecinos.

Además, los socialistas quieren saber las circunstancias que rodean al traspaso del chiringuito, que se realizó mediante la venta de las participaciones sociales de la concesionaria a una sociedad de la inmobiliaria Kronos, promotora de una urbanización de lujo en la parcela adyacente, que luego la traspasó a Grupo Mosh.

Según el pliego, el concesionario debe ejercer “por sí” la concesión sin cederla o traspasarla a terceros sin la aprobación del Consistorio. En caso de traspaso, debe abonar al Ayuntamiento una cantidad equivalente a cinco años del canon.

Este medio ha trasladado al Consistorio un cuestionario sobre las circunstancias que rodean esta adjudicación, sin respuesta.

Disputa con la urbanización nudista

Nido Beach Club se inauguró por todo lo alto el 20 de julio de 2021. Unas 450 personas acudieron al estreno. Para entonces ya estaba gestionado por Grupo Mosh. Vázquez Galiano lo había intentado vender a otros interesados por 1,5 millones de euros, según ha podido constatar este medio. Él asegura que invirtió mucho tiempo y dinero en la construcción y los trámites. También explica que dejó la obra en la “estructura”, cansado de los problemas con los vecinos y agobiado por la dificultad para cumplir plazos para la apertura.

La ubicación, en el paraje Costa Natura, es ideal para un negocio de estas características: en plena playa, junto a la lujosa urbanización The Edge de la inmobiliaria Kronos y a medio camino entre Marbella y Sotogrande (ya en la provincia de Cádiz), lo que garantiza una clientela de alto poder adquisitivo. Pero desde el principio encontró una piedra en el zapato: la histórica urbanización nudista Costa Natura. Doscientos apartamentos residenciales y turísticos que conforman un complejo pionero en España, levantado a finales de los 70 junto a la primera playa con autorización para practicar el nudismo.

La convivencia de los naturistas con los clientes del chiringuito fue difícil, al menos los primeros meses. Los primeros se quejaban de que los nuevos bañistas “textiles” (como denominan a quienes sí llevan bañador) les invadían y llegaron a lanzar una petición en change.org para pedir “respeto” a los recién llegados, que se instalaban en tumbonas que excedían el ámbito de la concesión, según denunciaban los nudistas. Los responsables de Grupo Mosh defendían su derecho a vetar el nudismo en el establecimiento o en sus hamacas. “No hemos quitado ningún espacio y le hemos dado vida a la zona. Realmente nunca hubo conflicto: tenían miedo a que se masificara y no ha sido así”, dice ahora Beniflah.

En la ribera izquierda del río Grande se extiende La Jara, un paraje natural moldeado por suaves lomas dedicadas históricamente al cultivo del cereal, del que se nutrían los molinos de Coín y panaderías históricas, como La Curruca. Abundan allí especies como el aguilucho cenizo, algunas de águila (perdicera, culebrera, real), el halcón peregrino y, de cuando en cuando, aparece algún martín pescador con su plumaje chillón. Este verano, sin embargo, predominan las excavadoras y camiones que motean de negro el terreno arcilloso.

Una legión de máquinas está preparando el terreno para plantar placas solares. Aplanan los cerros, abren zanjas, pelan la tierra y clavan las placas a más de 40 grados una tarde de terral a mediados de julio, a pesar de que la autorización administrativa pide evitar obra alguna en estos meses para evitar el impacto sobre aves esteparias y rapaces en época de nidificación.

La presunta irregularidad es una más de cuantas denuncian quienes se oponen a la transformación de La Jara, sellada a muchos kilómetros de aquí: si nada cambia, una gran superficie de placas que esperan empaquetadas junto al camino sustituirá al paisaje agrario tiñendo de negro alrededor de 400 hectáreas (cuatro millones de metros cuadrados) apenas a cinco kilómetros en línea recta de la Sierra de las Nieves, declarado parque nacional hace apenas cinco años gracias a su pinsapar, único en Europa. La instalación lindaría con la zona periférica de protección del parque y con la reserva de la biosfera, e incluso atravesaría bajo tierra un par de kilómetros del parque.

Un informe elaborado en 2024 por los catedráticos de la Universidad de Málaga José Damián Ruiz Sinoga, Matías Mérida y Marcos Castro alerta del impacto sobre la Sierra de las Nieves de estos proyectos, que entonces abarcaban aún más terreno: 728 hectáreas y un “expolio paisajístico” de casi 2.000, además de un consumo de agua de entre 11 y 56 millones de litros anuales en una zona sometida a sequías periódicas.

En 2021 los proyectos en ciernes llegaron a ocupar un tercio del término municipal de Coín y la propia Diputación pidió al Gobierno central y a la Junta una moratoria en las tramitaciones en la provincia. Con el paso del tiempo, algunos de esos proyectos han sido rechazados, otros eran meramente especulativos y otros cuantos han llegado a la fase definitiva: entre ellos, el que linda con la Sierra de las Nieves.

Toda la corporación en contra

La perspectiva de una Jara colonizada tiene en contra a toda la oposición municipal en el Ayuntamiento de Coín (PSOE, Vox, Andalucía X Sí y Por Andalucía), como se pudo comprobar en el último Pleno, en el que se escucharon lamentos por el “impacto brutal” que tendrá. El alcalde Francisco Javier Santos (PP) relató que fue el primero en oponerse, pero asegura que no puede hacer nada, porque el proyecto tiene el aval del Gobierno central, que lo ha declarado de utilidad pública. Sin embargo, el Ayuntamiento ha evitado durante cinco años modificar las normas urbanísticas, lo que hubiese permitido poner condiciones mucho más estrictas. Tampoco ha acudido a los tribunales para paralizarlo.

Ahora, la batalla se libra también ante la opinión pública, que en Coín lleva tiempo a flor de piel por el proyecto de un macrocomplejo turístico sobre el gran acuífero del pueblo. El destino de La Jara también lleva años movilizando a un puñado de objetores. Cada dos semanas, junto al río, informan a los vecinos del impacto que tendrá esto en sus vidas; invitan a periodistas y políticos, piden reuniones y alegan a cada oportunidad. Su esperanza ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el que han interpuesto varios recursos.

“¿Tú crees que cargarse todo esto es ecológico? ¿Cómo pueden poner un polvorín aquí, a los pies del Parque Nacional?”, pregunta Marisa Casal, que encarna la resistencia de la Asociación Valle Natural Río Grande, mientras muestra a ambos lados del camino un paisaje ya pelado.

Una cuestión de rentabilidad: 2.600 euros por hectárea frente a 300

Para los dueños de la tierra la cuestión parece tener más que ver con la rentabilidad que con la biodiversidad o el paisaje. “Desde fuera se ven las cosas muy bien, pero aquí no hay futuro, y esto hay que vivirlo”, explica uno de los propietarios que ha alquilado sus tierras a la promotora y que prefiere no dar su nombre. Tiene 68 años, las ha trabajado sin descanso desde que era un crío y dice que ahora quiere hacer lo que no ha podido antes: “Ver mundo”.

Para él no es fácil, por eso se ha reservado una parcelita para sus gallinas, algunos olivos y una pequeña piscina para disfrutarla con sus nietos. Pero no ve otra opción: el kilo de trigo se paga apenas a 24 céntimos, nada que ver con lo que sacará de alquilar la tierra. No revela cuánto le pagan, ni el total de hectáreas, pero sí cuenta que es un alquiler a 25 años, renovable cada cinco años y pagadero anualmente. Los promotores del proyecto ofrecen dinero abundante y rápido por tierras que la nueva generación ya no está dispuesta a trabajar. Según dijo el alcalde en el Pleno, 2.600 euros por hectárea y año, frente a 300 que puede rendir con cereal.

La mayoría cede, pero no todos. Unos cientos de metros más abajo está Juan, camisa abierta, agua en bandolera, vara en mano para pastorear a sus ovejas: “Los demás tienen cereales, es normal que hayan entrado, pero nosotros es que vivimos de esto, ¿sabes?”. Ahora le quedan unas 500 ovejas, cien fanegas de tierra que van a quedar rodeadas, pocos años para jubilarse y una pequeña nave junto a la casa, pero es que a él le gusta hacer lo que ha hecho toda su vida. Así que respeta a quien cede o vende sus tierras (“es verdad que el campo deja poco”), facilita el trabajo si hace falta, pero él ni vende ni alquila, salvo un “cachito” del que tuvo que desprenderse. No quiere líos.

El regidor aseguró que 108 de los 110 propietarios de Coín han accedido a alquilar sus tierras, una cifra que los activistas cuestionan porque el BOE recoge al menos 324 parcelas “sujetas a expropiación”. “Estuve nueve días, de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Ayuntamiento de Coín, Alozaina, Casarabonela, Álora, Pizarra y Cártama, acompañando a los vecinos que se oponían a la expropiación, ayudándoles a presentar la documentación”, recuerda Casal.

Recursos ante el TSJ de Madrid

La otra gran pata de la estrategia de resistencia está en los tribunales. Sobre el papel, los activistas combaten contra tres parques fotovoltaicos diferentes (inicialmente eran cuatro y de mayor extensión), colindantes y del mismo promotor, autorizados por el Ministerio de Transición Ecológica (por tener capacidad para generar más de 50 MW), además de una gran línea de evacuación eléctrica desde Coín a Cártama.

Orla I y II y Natera están promovidos por sociedades instrumentales de Verbund, la principal eléctrica austriaca y una de las mayores compañías hidroeléctricas de Europa. El 51% de su capital pertenece al Estado austriaco. Muy cerca están previstos también los parques de Arcos VI, Jara y Ardenis, en estos casos con la autorización de la Junta de Andalucía.

El abogado Salvador Campos lleva desde 2021 recurriendo en nombre de la asociación. Primero, frente a las primeras resoluciones de autorización administrativa previa: “El Ministerio tardó dos años en resolverlo, cuando la ley marca tres meses”. Además, se presentaron 356 alegaciones particulares y se opuso el municipio de Alozaina.

También recurrieron la declaración de utilidad pública, que funciona a modo de chantaje, según la asociación: con ella en la mano, los promotores pueden solicitar la expropiación de las tierras si no llegan a un acuerdo con los propietarios, lo que desequilibra la negociación de partida. Casi todos los dueños de las tierras donde se ubicarán los parques han acabado llegando a acuerdos privados con Verbund, pero no ocurre así con muchos de quienes tienen tierras atravesadas por la línea de evacuación, que se han opuesto al levantamiento de las actas previas de ocupación, el pasado abril.

Verbund ha respondido al cuestionario remitido por este medio con un comunicado en el que no cuantifica las fincas expropiadas, los acuerdos que ha alcanzado con los propietarios ni su valor económico, tal y como se le había pedido. La empresa subraya que cumple de forma “rigurosa” la ley y asegura que está “impulsando” un “Programa de Impacto Local” para “maximizar los beneficios de las instalaciones en la región y su entorno”, sin dar detalles de en qué consiste. El Ministerio no ha respondido.

Obras en pleno verano

Ahora, la asociación ha llevado el asunto a los tribunales. La vía en el contencioso es doble: contra la autorización de los parques y contra la línea de evacuación, que atraviesa los municipios de Coín, Casarabonela, Álora, Pizarra y Cártama. Sin embargo, los recursos no paran las máquinas porque no son suspensivos.

La asociación denuncia que los proyectos originales (realizados entre octubre de 2020 y julio de 2022) y el de ejecución no han incorporado los condicionantes de la declaración de impacto ambiental y de la autorización administrativa, que son posteriores.

A finales de junio solicitaron la inspección y paralización urgente de la obra por entender que tampoco se ajusta a lo previsto. En un escrito dirigido tanto al MITECO como a la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, la asociación subraya que los desbroces, movimientos de tierra y retirada de cubierta vegetal van más allá de lo autorizado (que es lo estrictamente necesario para los módulos). Sospechan que el proyecto no recoge un plan de restauración vegetal e integración paisajística para minimizar el impacto; ni prospección de campo para identificar flora amenazada o posibles hábitats de interés comunitario; ni estudio de campo de la avifauna y cronograma para minimizar el impacto, a pesar de que la declaración de impacto obliga a tener en cuenta los ciclos biológicos de las especies protegidas; ni medidas compensatorias por la tala de cientos de olivos, sin contar con la afección sobre especies como el espino negro o el palmito.

Verbund no ha respondido a las preguntas sobre los incumplimientos concretos recogidas en el formulario, pero lo niega todo: “Los proyectos que actualmente promovemos en Coín se están construyendo conforme a las autorizaciones, permisos y licencias otorgados por las administraciones competentes, tanto a nivel nacional, autonómico, como local”. Según la empresa austriaca, la autorización ambiental ya recoge un amplio paquete de medidas preventivas, correctoras, compensatorias y de seguimiento. Lo que denuncian los activistas es, precisamente, que ese documento está siendo ignorado.

Tampoco hay constancia de un estudio sobre el impacto hidrológico y sobre el suelo y el subsuelo de instalar módulos en lomas con una pendiente mínima del 15%. A pie de campo, Tere, la mujer de Juan, dicta sentencia con la experiencia de toda la vida sobre el terreno: “Aquí cuando llueve las tierras andan. Esto no lo conocen ellos”.

“Nadie vigila nada”

La empresa insiste en que, en todo caso, la obra está sujeta a las inspecciones y controles pertinentes. “El problema es que dan la autorización, pero luego nadie vigila nada”, lamenta Casal a los pies del puente de Carranque, donde han llegado a coincidir tres camiones de gran tonelaje.

Tras las crecidas del otoño que arrastraron el de Valenciana, este puente el único que queda en pie; las grietas y las abolladuras muestran el impacto visible del trasiego continuo de vehículos de obra, que en teoría debían acceder a la zona de obras desde Alozaina y Casarabonela y no por este camino, sufragado por los propios vecinos. Cerca de allí, un poste y un cable reposan en la cuneta, apenas señalizados por un cartel de advertencia. Ha pasado apenas una semana del incendio de Los Gallardos cuyo origen apunta a la caída de un poste eléctrico.

La asociación tiene la sensación de estar batallando contra un gigante que ni se inmuta, porque el árbitro que debe vigilar está de su parte. “Presentamos unas alegaciones fundamentadas de 60 páginas y ni contestaron”, lamenta el abogado, que también denuncia que no pudieron acceder a documentación esencial porque la web daba error y nunca se publicó en los tablones municipales: “Ahora hemos solicitado a Coín que nos remita los expedientes y las licencias, y no lo hacen. Es una actuación extraordinaria que debería ser sometida a información pública”.

Nada de esto ha servido contra el gigante que toma forma en las tierras de La Jara.

El Consejo de Transparencia de Andalucía ha resuelto que el Ayuntamiento de Marbella, que impuso a su personal un sistema de control horario basado en la recolección de su huella dactilar y el escaneo de sus rasgos faciales y les obligó a instalar una app de geolocalización, ha vulnerado de forma “muy grave” los principios básicos que rigen el tratamiento de datos biométricos.

El Consejo, que detecta hasta seis infracciones del Reglamento de Protección de Datos (dos muy graves, dos graves y dos leves), confirma así de manera definitiva la suspensión provisional de este sistema de fichaje que ya ordenó hace año y medio. El Consistorio no ha recurrido la resolución, que constata que el sistema era ilegal, pero no impone multa ni le apercibe.

Marbella tuvo en vigor este sistema durante tres años, pero ha tenido que sustituirlo ya por un sistema de tarjetas de radiofrecuencia. En su día pagó 171.000 euros por las herramientas para aplicar el reconocimiento de huellas, a pesar de las advertencias de algunos sindicatos, que sí lograron paralizar el sistema en municipios vecinos como Estepona.

En Marbella fue diferente. En diciembre de 2022, el Consistorio gobernado por Ángeles Muñoz (PP) empezó a comunicar a todos sus empleados, unos 3.600, que debían registrar sus datos biométricos para fichar. Algunos se negaron. Ante su resistencia a entregar su huella o sus rasgos faciales, incluso abrió varios expedientes disciplinarios por una posible falta grave, con advertencia de suspensión de empleo y sueldo durante tres años, que finalmente resolvió con apercibimientos.

El tratamiento de datos biométricos está prohibido de forma genérica, salvo que sea estrictamente necesario para cumplir obligaciones laborales, y siempre que lo autorice un convenio colectivo o el derecho europeo. No es el caso. Marbella siguió adelante con su sistema, aunque la Agencia Española de Protección de Datos ya había dejado claro que estos sistemas son contrarios a la normativa.

La resistencia de alguno de esos trabajadores y sindicatos desembocó en varios recursos y denuncias en vía administrativa y judicial. Cuando Transparencia inició la investigación que ahora concluye, en enero de 2025, el Consistorio suspendió abruptamente el sistema, en el que había invertido 171.000 euros.

Tres resoluciones judiciales en contra

Además de esta resolución de Transparencia, existen al menos tres resoluciones judiciales que han ordenado al Consistorio que suprima los datos personales recabados forzosamente de tres trabajadores, con condena en costas. La primera de esas resoluciones es la sentencia que adelantó este medio en julio de 2025, y en los otros dos casos el Ayuntamiento se ha allanado a lo que se le pedía el día anterior al juicio. Además, hay otros tres juicios señalados por demandas similares interpuestas por el sindicato policial SEALS.

Sin embargo, y pese a las resoluciones tanto de los juzgados como del Consejo de Transparencia, el Ayuntamiento sigue resistiéndose a emitir un Decreto que revoque su decisión inicial o que proceda al borrado generalizado de los datos. El Ayuntamiento ha esgrimido ante los jueces que es suficiente con un certificado de la empresa gestora del sistema de que ha borrado los datos del trabajador que ha reclamado.

“Si Transparencia ha determinado que la toma de datos biométricos ha sido irregular y ha encontrado seis faltas, ¿no debería proceder al borrado de todos los datos biométricos obtenidos irregularmente?”, reclama José Montesinos, secretario general del sindicato. En respuesta a este medio, desde el Consistorio oponen que la resolución de Transparencia no ordena la “supresión” de los datos biométricos, sino la “suspensión” (ahora ya definitiva) de su uso.

Sin evaluación de impacto ni información a los afectados

La denuncia que origina ahora la resolución de Transparencia fue interpuesta por SEALS, que dio la voz de alerta al máximo órgano andaluz para la protección de datos: se habían tomado fotografías de trabajadores de la cara de los trabajadores para establecer un control horario en el Ayuntamiento basado en el reconocimiento de sus rasgos faciales, sin que muchos de ellos dieran su consentimiento; además, el Consistorio obligaba a muchos empleados a instalar en sus móviles una aplicación que registrase su ubicación en cada momento.

El Ayuntamiento de Marbella esgrimió entonces que recopilar las huellas dactilares y los rasgos faciales de sus empleados era la única forma de garantizar el registro diario de su jornada laboral, y razonaba que estaba amparado por su propio reglamento municipal, que establece la “estricta observancia” de la obligación de fichar y que el control de la asistencia, puntualidad y permanencia se llevará a cabo mediante “sistemas mecanizados, relojes, o cualquier otro medio”.

En cuanto a la app, el Consistorio ha defendido siempre que ni empleaba datos biométricos ni se la podía calificar de herramienta de “geolocalización” porque no permitía el rastreo o seguimiento de sus empleados, sino que solo los ubicaba cuando fichaban y si estaban en su ruta.

Transparencia no ha comprado estos argumentos, y ha constatado que Marbella recabó los datos desde septiembre de 2022, hizo obligatorio el sistema biométrico en febrero de 2023 y lo mantuvo hasta marzo de 2025.

Se trata de datos personales especialmente protegidos, pero el Ayuntamiento los recopiló sin la necesaria evaluación de impacto, que sólo realizó siete meses después y sin el contenido mínimo. Por ejemplo, no explicaba por qué no se optaba por algún sistema alternativo de fichaje (como tarjetas o códigos personales), ni contenía una evaluación de riesgos, algo especialmente importante por la asimetría de poder entre empleado y empleador y por la importante afectación a la intimidad que supone disponer de datos biométricos. El Consistorio ni siquiera informó correctamente a sus trabajadores: despachó el asunto con una mera nota informativa en el portal del empleado.

Con esos datos, implantó un sistema de control horario mediante una aplicación que los trabajadores de algunos servicios municipales deben instalar en sus dispositivos móviles, ya sean corporativos o particulares, que recaba datos de geolocalización en el momento del fichaje y continúa utilizándose. Tampoco para esto realizó la necesaria evaluación de impacto, ni informó a sus empleados, tal y como marca el Reglamento de Protección de Datos.

Las resoluciones judiciales y la decisión de Transparencia ponen fin a la controversia, aunque el Ayuntamiento insiste en que no está obligado a borrar los datos recabados irregularmente, y está por ver el destino de la app de geolocalización, a la que Transparencia deja la puerta entreabierta si supera una evaluación de impacto y se informa a los afectados.

Renfe prevé incorporar a partir del año 2028 un total de siete trenes s452 de gran capacidad, de fabricación Alstom, al núcleo de Cercanías Málaga. Estos trenes estarán destinados a prestar servicio en la línea C-1 Málaga-Fuengirola y representan una inversión de 66,7 millones de euros, según ha señalado Renfe en un comunicado. Su llegada permitirá aumentar la oferta de plazas disponible y responder al elevado nivel de utilización de esta línea, que actualmente opera con una frecuencia de 20 minutos entre trenes y se sitúa ya en un escenario de máxima capacidad desde el punto de vista de la explotación ferroviaria.

Los nuevos trenes incorporan seis coches, miden 100 metros de longitud y tienen una capacidad de 245 plazas sentadas y hasta 900 viajeros incluyendo viajeros de pie, permitirá reforzar progresivamente el servicio que presta actualmente el núcleo malagueño, integrado por dos líneas, 23 estaciones y 132 circulaciones diarias de lunes a viernes --114 circulaciones los sábados y domingos--.

Según la compañía pública, la incorporación de estos convoyes “es la mejor alternativa” para reforzar el Cercanías malagueño, que por las características de la infraestructura (vía única en múltiples tramos) no puede reducir las frecuencias por debajo de los 15 minutos aunque incorporase más trenes. La C-1, de 32 kilómetros de longitud, combina tramos de vía doble con otros de vía única. En concreto, dispone de vía doble en varios tramos no continuos --Málaga María Zambrano-Aeropuerto, Campamento-Los Álamos-La Colina, El Pinillo-Benalmádena y Torremuelle-Carvajal--, mientras que prácticamente la mitad de la línea permanece en vía única.

En 2025, el núcleo de Cercanías Málaga registró 15.542.731 viajeros, concentrados en gran medida en la C-1 Málaga-Fuengirola, una línea de solo 32 kilómetros y que en algunos momentos tiene una ocupación del 150% sobre las plazas sentadas, según los datos de Renfe.

Junto a la incorporación de nuevos trenes, Renfe ha anunciado la construcción de un nuevo taller de mantenimiento, con una inversión de 40 millones de euros y comienzo de obra previsto para el próximo año. El anuncio de Renfe no señala fecha de licitación ni ubicación del nuevo taller.

El PP pide explicaciones por la espera

La C1, que une el Centro de Málaga con Fuengirola en un corredor por un amplio tramo de la Costa del Sol que incluye el aeropuerto (el cuarto de España), Torremolinos y Benalmádena Costa, es una de las línea de Cercanías con mayor intensidad de uso (en relación al número de usuarios y los kilómetros de línea) de cuantas existen en España.

Málaga presenta la relación más alta entre viajeros y plazas: registró 17.127.591 viajeros y únicamente 9.933.160 plazas ofertadas, según el Informe anual del sector ferroviario 2024 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esto supone una relación del 172,4 %, la más elevada de los principales núcleos de Cercanías y muy superior al 112 % registrado en Madrid, al 109,5 % de Barcelona y al 93,8 % de Valencia.

El PP de Málaga lleva tiempo imputando al Gobierno un supuesto agravio comparativo por la falta de inversión en este núcleo, tanto por la falta de mejoras en los últimos años (en los que su uso ha crecido al ritmo en que ha aumentado la población) como por la parsimonia con la que avanza el proyecto para un corredor litoral que pudiera ir de Nerja (en el extremo oriental de Málaga) a Algeciras, del que aún no se ha completado el estudio de viabilidad anunciado en diciembre de 2024. Las críticas de los populares habían arreciado en los últimos días, tras conocerse que Renfe tiene previsto destinar 4.000 millones de euros a renovar la flota de Cercanías en Madrid y Barcelona.

Nada más conocerse, el PP de Málaga ha criticado el anuncio de Renfe por tardío e incompleto y ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno. Los populares ponen el foco en que los nuevos trenes de gran capacidad tardarán al menos dos años en llegar, por lo que ha preguntado por escrito al Gobierno qué criterios técnicos, territoriales y de demanda Renfe justifica que estos trenes no “lleguen” a Málaga hasta 2028, “dos años después que al núcleo de Madrid”. El diputado Mario Cortés ha calificado el anuncio de “parche” ante el “clamor existente por el colapso de movilidad” y de “ambiguo”.

También lamentan que el anuncio no contiene un calendario de entrega y puesta en funcionamiento para aclarar si los siete nuevos trenes estarán circulando ya en 2028, ni si se sumarán a los ocho Civia que ahora dan servicio o los sustituirán a todos o algunos, lo que impide conocer el incremento neto de trenes y plazas. Además, el PP critica que las unidades anunciadas para Málaga unidades no son una “nueva contratación específica para Málaga”, sino que forman parte del contrato adjudicado por Renfe a Alstom en 2021 para la fabricación de 152 trenes de gran capacidad, ampliado en 2022 con otras 49 unidades.

Además de por estas cuestiones, el PP también ha preguntado al Gobierno por la falta de mejoras previstas para la línea C2 (Málaga-Álora), cuya “reducida oferta de circulaciones y los amplios intervalos entre trenes de esta línea limitan claramente su utilidad como servicio metropolitano cotidiano y como alternativa eficaz al vehículo privado”.

Veinte años con el mismo material rodante

Renfe ha explicado que la inversión en los nuevos trenes para el núcleo de Málaga se enmarca en el plan de reordenación de flota asociado a la mayor renovación de trenes de Obligación de Servicio Público , después de más de 20 años sin adquisición de nuevo material para estos servicios. Este proceso permite adaptar los recursos disponibles a las necesidades reales de movilidad de cada núcleo y reforzar los servicios con mayor presión de demanda, como ocurre en la C-1 de Málaga.

Los ocho trenes Civia serie 464 que ciruculan actualmente tienen una edad media de 18,9 años, y tienen una vida útil estimada de 40 años. Desde su puesta en servicio estas unidades han efectuado de media dos revisiones R y R2 y tres intervenciones IM4, con una inversión total de 13.130.608 euros para los ocho trenes.

Los dos líneas conectan la capital malagueña con el área metropolitana con municipios de alta demanda turística y laboral, facilitando una alternativa de transporte sostenible, accesible y vertebradora para miles de desplazamientos cotidianos.

6,81 millones para mejorar la accesibilidad

Renfe también ha anunciado que “tiene como objetivo” planificar las obras necesarias para la mejora de la accesibilidad en las estaciones de El Pinillo, Los Álamos y La Colina (todas en el municipio de Torremolinos), con una inversión total prevista para estas actuaciones de 6,81 millones de euros para lograr una mejora integral de la accesibilidad y funcionalidad de las estaciones, con intervenciones en accesos, andenes, pavimentos, bordes de andén, cotas, marquesinas, ascensores, iluminación, cerramientos, equipamientos y pasos inferiores. El objetivo es reforzar el confort de los viajeros, optimizar los flujos de circulación y garantizar el cumplimiento de los criterios de accesibilidad.

En la estación de El Pinillo, el proyecto incluye la remodelación de accesos, la reordenación y adecuación del aparcamiento, la renovación de pavimentos y bordes de andén, la homogeneización de cotas, la prolongación de uno de los andenes hasta los 100 metros, la sustitución de ascensores por nuevos equipos panorámicos y la adecuación integral del paso inferior.

En Los Álamos, las obras prevén la remodelación de los accesos, la mejora de las instalaciones existentes, la sustitución de barandillas perimetrales, la renovación de pavimentos y marquesinas, la sustitución de ascensores por nuevos modelos panorámicos, la reordenación del equipamiento de andenes y la renovación de acabados tanto en el paso inferior como en el paso urbano.

Por último, en La Colina, la actuación contempla la remodelación de los accesos, la reordenación y adecuación del aparcamiento, la mejora de las instalaciones, la ejecución de nuevos cerramientos perimetrales, la renovación de pavimentos y bordes de andén, la homogeneización de cotas, la renovación de marquesinas, la sustitución de ascensores y la adecuación integral del paso inferior.

Más de 150 asociaciones se han adherido a la petición impulsada por la Asociación Trans de Andalucía–Sylvia Rivera (ATA) para que Franyel, la mujer trans venezolana de 35 años asesinada por su pareja en San Pedro de Alcántara (Marbella), sea reconocida institucionalmente como mujer y víctima mortal de violencia de género. La iniciativa ha logrado sumar a organizaciones LGTBIQA+, sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos de distintos territorios. Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera, considera que este apoyo “lanza un mensaje muy claro a las instituciones: esta no es una reivindicación únicamente del movimiento trans”.

Con los registros realizados, ATA solicita al Ministerio de Igualdad y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que tengan en consideración la identidad de Franyel como mujer a efectos de su reconocimiento como víctima mortal de violencia de género y que se adopten criterios que impidan que otras mujeres trans migrantes puedan quedar excluidas de esta protección por una discordancia documental. Esta es también una de las principales reclamaciones respaldadas por las organizaciones firmantes, apuntan en un comunicado.

ATA señala que la Ley 4/2023 reconoció a las personas trans extranjeras que no pudieran rectificar el sexo registral en sus países de origen el derecho a adecuar la documentación expedida en España a su identidad. Sin embargo, “el procedimiento para hacerlo efectivo no se estableció hasta julio de 2026, más de tres años después de aprobarse la ley, como bien sabe el propio Ministerio de Igualdad”, remarcan. Por ello, han enviado una carta tanto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en el que adjuntan el listado de las más de 150 entidades.

15 años después

La Policía Nacional comenzó a investigar este crimen como un episodio de violencia de género, pero, dado que la víctima no figuraba inscrita como mujer porque no había iniciado los trámites administrativos para el cambio de sexo, finalmente tramitaron las diligencias en el ámbito de violencia doméstica en lugar de violencia machista.

La plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella (Málaga), en funciones de guardia decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 58 años detenido por matar a Franyel, con quien mantenía una relación de pareja desde hacía tres meses y a la que siempre ha considerado como mujer, según admitió el presunto autor del crimen.

Así, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque la fallecida era una mujer trans, el asunto será investigado por una plaza de la sección de instrucción y no de violencia sobre la mujer, dado que no se había inscrito aún con la nueva identidad femenina en el Registro Civil, un requisito legal en este ámbito.

“Corregir esta injusticia”

Ante tales circunstancias, Cambrollé apunta que “estamos pidiendo que las leyes cumplan su finalidad: proteger a las mujeres frente a la violencia machista. Franyel era una mujer y fue asesinada por su pareja. Un documento no puede borrar esa realidad”. Además, ha subrayado que la Fiscalía General del Estado ya abordó este asunto: “Quince años después de que la Circular 6/2011 de la Fiscalía estableciera que una mujer trans puede ser considerada víctima de violencia de género aun sin haber rectificado registralmente su sexo, y después de todo lo que nuestra sociedad y nuestras leyes han avanzado, tengamos que volver a pelear por algo que debería estar superado”.

“Lo que se decida con Franyel va mucho más allá de Franyel, estamos hablando de qué respuesta va a dar el Estado a cualquier mujer trans migrante que sufra violencia machista y cuya documentación no refleje quién es. Las instituciones tienen ahora la oportunidad de corregir esta injusticia. Franyel no puede seguir siendo víctima después de asesinada”, concluye la activista trans.

Entre las entidades firmantes, figura la Federación Plataforma Trans, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Federación Ágora, Movimiento contra la intolerancia, La Vall Diversa, así como Podemos, Ruge Madrid, la Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla, Unides por la Diversidad Córdoba, Familias Transformando Castilla La Mancha, el Observatorio andaluz contra la homofobia, bifobia y transfobia o la Asociación latinoamericana Huelva para todos y todas.

El Ayuntamiento de Málaga ha establecido bandera roja y cierra al baño las playas del Campo de Golf-San Julián, Guadalmar, La Misericordia, Sacaba, San Andrés y El Palo. Los resultados de los análisis realizados a las muestras de agua tomadas este pasado domingo por la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) han detectado presencia de la bacteria E.coli en estos puntos del litoral.

Así, según han señalado desde el Ayuntamiento de Málaga, durante los próximos días se irán repitiendo los análisis para hacer un seguimiento de la situación. Las muestras constatan una concentración puntual del parámetro de Escherichia coli (E. coli) superior respecto a los niveles óptimos regulados por el Real Decreto 1341/07 de gestión de la calidad de las aguas de baño.

Labores de limpieza

El Consistorio ha activado el protocolo de advertencia a través de banderas rojas para proteger la salud pública de los usuarios en estos puntos del litoral mientras persiste esta situación.

Por último, han recordado que como consecuencia de la tormenta registrada la madrugada del sábado 15 de agosto, se produjeron alivios en distintos puntos de la ciudad, con vertidos al mar. Además, han señalado que desde el Área de Playas se han venido realizando labores de limpieza y retirada de los restos.

Más de 400 personas se han movilizado la madrugada del viernes al sábado para cumplir con el ritual del anillamiento de los flamencos en la laguna de Fuente de Piedra, en Málaga, una actividad que este año ha permitido marcar 600 ejemplares de los 15.500 pollos censados, el tercer mejor registro alcanzado en este humedal. La operación se ha completado en apenas cuatro horas.

En la operación han participado veterinarios, investigadores y técnicos de la consejería y de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), así como profesionales del Zoológico de Córdoba, que este año ha colaborado en la atención y recuperación de las aves que puedan resultar heridas durante la captura. A ellos se han sumado miembros de Protección Civil, vecinos de Fuente de Piedra y voluntarios.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, ha estado presente en un anillamiento que, ha explicado, constituye “una de las expresiones más representativas de la unión entre la ciencia, la conservación y la participación ciudadana”. Por ello, ha agradecido la implicación de todas las personas que hacen posible una iniciativa de estas características. “Fuente de Piedra vuelve a demostrar que la protección de nuestro patrimonio natural es una tarea compartida, capaz de reunir en torno a un mismo objetivo a investigadores, profesionales, administraciones, voluntarios y vecinos”.

Cuarenta años de anillamientos

El anillamiento de flamencos comenzó en Fuente de Piedra en 1986, por lo que este año alcanza su 40 aniversario. Desde entonces y hasta 2025 se habían marcado 20.777 pollos con anillas cuyos códigos pueden leerse a distancia. Con los 600 ejemplares anillados en esta edición, la cifra acumulada supera los 21.000 pollos, de los cerca de 270.000 nacidos en la laguna desde que comenzó el seguimiento de la colonia en 1984.

Se trata de una de las principales acciones de conservación, investigación y educación ambiental en el territorio andaluz, en la que convergen el conocimiento científico y el compromiso social y ambiental de cientos de personas. La actividad permite en sólo unas horas capturar, identificar, medir y liberar a cada uno de los ejemplares, en una operación perfectamente coordinada.

“Cada una de estas anillas aporta información de enorme valor para conocer mejor a la especie y adoptar las decisiones necesarias para su conservación”, ha explicado la consejera, quien ha puesto de relieve los resultados obtenidos durante cuatro décadas de seguimiento científico. “Este conocimiento acumulado permite estudiar sus desplazamientos, su comportamiento reproductor, su supervivencia y la relación que mantienen con la red de humedales de Andalucía, el Mediterráneo y África noroccidental”, ha añadido.

Buen año de agua, buen año de cría

El marcaje individual de los pollos de flamenco común permite realizar un seguimiento exhaustivo de la especie sin necesidad de recapturas, lo que ofrece información de gran valor sobre su comportamiento reproductor, sus rutas migratorias o la utilización que hacen de los distintos humedales.

Más del 70% de las aves anilladas en Fuente de Piedra han sido leídas alguna vez, acumulando en estos 40 años más de 167.000 registros realizados en 23 países diferentes, desde Guinea-Bissau hasta Chipre. Eso sí, una parte importante de las lecturas, más del 30%, vuelven a hacerse en la misma laguna dada la fuerte filopatría de esta especie.

El año hidrológico 2025/26 ha sido el cuarto con mayor registro pluviométrico en la zona en el último medio siglo, con 663 litros por metro cuadrado hasta la fecha. Ello ha permitido que la laguna alcanzara un nivel máximo de 101 centímetros en marzo, cuando la mayoría de los años no supera los 50 centímetros de nivel, lo que ha favorecido que los territorios de cría presentaran unas condiciones óptimas de aislamiento.

La mayor cifra de parejas registrada

En la segunda quincena de febrero los flamencos accedieron a la isla de Senra, situada en el centro de la laguna, para realizar las primeras puestas. El asentamiento fue aumentando en número de parejas y a mediados de marzo empezaron a ocupar también los Canchones del Suroeste, repartiéndose la colonia entre dos territorios diferentes.

En total, se han contabilizado 35.177 parejas, la mayor cifra desde que comenzó el seguimiento de la colonia de flamencos en 1984. Desde entonces, han nacido en Fuente de Piedra 269.200 pollos de flamenco común. “Las cifras de esta temporada reflejan la extraordinaria importancia de la laguna para esta especie y refuerzan la necesidad de continuar cuidando un espacio natural que forma parte de la identidad ambiental y social de Andalucía”, ha afirmado la consejera.

La actividad ha comenzado de madrugada, con la entrada de los grupos de captura en la laguna para conducir a los pollos no voladores hacia el capturadero. Una vez en el corral, los ejemplares han sido trasladados individualmente a los grupos de marcaje, donde se les han colocado las anillas, además de tomarse medidas morfológicas, muestras biológicas y el peso, antes de su liberación.

Que se muevan, pero que no vuelen

El protocolo aplicado, que es casi un ritual fruto de cuatro décadas de experiencia, garantiza que el proceso se realice sin riesgo para los animales y con el máximo rigor técnico, consolidando esta práctica como una herramienta esencial para la investigación científica.

El dispositivo se ha organizado en seis grupos de marcaje en los que cada participante ha desempeñado una función previamente asignada. La fecha del anillamiento se determina en función de la evolución de la colonia, de manera que la mayoría de los pollos todavía no pueda volar y los ejemplares más pequeños tengan más de 50 días y puedan desplazarse por la laguna sin excesivo riesgo.

La laguna de Fuente de Piedra, en la provincia de Málaga, está reconocida como Humedal de Importancia Internacional desde 1983 conforme al Convenio Ramsar, una clasificación que subraya su relevancia como hábitat para aves acuáticas. Además de su condición de Reserva Natural, forma parte de la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), lo que refuerza su valor ecológico dentro de los espacios protegidos.

En este enclave encuentran condiciones óptimas, además del flamenco común, otras especies como la grulla común en su paso invernal, o la pagaza piconegra en época reproductora.

Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de diez asesinatos por violencia machista tras confirmar como tal el Ministerio de Igualdad el caso de la mujer de 45 años de origen húngaro que fue asesinada por su expareja el pasado 21 de julio en Benahavís (Málaga), el cual en un principio fue descartado como posible caso de violencia de género por el propio Ministerio.

Con ello, la provincia malagueña registraría su sexta víctima mortal por violencia machista en lo que va de año. Según los datos recopilados por Igualdad, consultados por Europa Press, en comparación con el año anterior, la comunidad ha registrado en lo que va de año cuatro asesinatos machistas más tras confirmarse este último caso. En España ascienden a 36 en 2026 y a 1.377 víctimas desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha condenado este nuevo caso de violencia de género, así como el crimen de Melinda, y ha traslado su pésame a los familiares y seres queridos. “La violencia machista mata y nos concierne a todos combatirla, aunar esfuerzos, sensibilizar y seguir reforzando los mecanismos de protección para las víctimas. Hagamos frente a esta lacra desde la unidad”, ha sostenido Moreno.

La comunidad con más crímenes machistas

Por su parte, la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha mostrado sus condolencias por ambos crímenes y ha apelado “a la unidad” de todas las administraciones e instituciones, así como al conjunto de la ciudadanía andaluza, “de hombres y mujeres”, reclamando a todos los organismos “coordinación y lealtad”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su “más rotunda condena” y su “absoluto rechazo” ante este nuevo feminicidio machista y trasladan “todo” su “apoyo” a familiares y amistades de la víctima.

Según datos del departamento, se trataría del décimo asesinato por violencia de género este 2026 en Andalucía y con ello se convertiría en la comunidad autónoma con más crímenes machistas este año. Le sigue la Comunitat Valenciana, con cinco casos; Madrid y Cataluña, con tres respectivamente, y las regiones de Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra y Aragón, con dos respectivamente. Mientras que Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, registran uno cada una.

Aviso al escuchar los gritos

En cuanto a este último caso machista registrado en Benahavís, los hechos tuvieron lugar el pasado día 21 de julio cuando una vecina de la localidad llamó al 112 informando de que estaba escuchando gritos de su vecina pidiendo auxilio. Tras la llamada, la mujer observó a un hombre saliendo del domicilio, realizando un vídeo con su teléfono móvil.

Al llegar los servicios de emergencia al lugar, se encontró en el interior de la vivienda a una mujer fallecida, de 45 años y de origen húngaro, con una profunda herida en el cuello y semidesnuda. Por ello, se inició una investigación para la identificación del sospechoso y su localización, realizándose un cerco policial para interceptarlo y proceder a su detención.

Tras las gestiones llevadas a cabo se comprobó que el sospechoso había emprendido la huida en un vehículo que dejó abandonado en la localidad malagueña de Marbella. Tras recabar indicios que apuntaban a que podría encontrarse oculto en una zona de monte de la localidad de Istán, se realizó un operativo policial sobre diferentes zonas de bosque siendo localizado el pasado día 31 de julio escondido tumbado junto a un bancal.

Confesó el crimen en su diario

Al verse cercado por la Guardia Civil, se produjo un corte en el cuello con un cúter que tenía en la mano, procediendo de inmediato a auxiliarlo hasta la llegada de los servicios sanitarios. El hombre fue trasladado en estado inconsciente al centro de salud de Istán desde donde fue trasladado al hospital Costa del Sol, determinándose que no corría peligro su vida, siendo dado de alta al día siguiente, momento en el que se procedió a su detención.

El presunto autor y la víctima habían mantenido una relación sentimental desde 2018 hasta 2020, momento en el que había cesado la relación y él se marchó a su país de origen. Tras varios años en el extranjero, decidieron retomar el contacto, siendo actualmente compañeros de piso.

Durante el periodo de su huida, el autor escribió un diario en el que confesaba haber realizado el asesinato y que dejó en la entrada de la vivienda de un amigo que lo encontró y entregó a la Guardia Civil. Al detenido se le acusa de los delitos de asesinato y agresión sexual en el ámbito de la violencia de género.

La madre de 49 años de los dos menores, de 10 y 15 años, que murieron en un incendio ocurrido en Benalmádena hace seis días, ha fallecido al no poder superar las heridas que sufrió en este siniestro. Los hechos ocurrieron en un edificio en el núcleo de Arroyo de la Miel de este municipio malagueño el pasado 30 de julio.

La mujer, que tras el suceso había sido trasladada hasta el hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde permanecía ingresada, ha fallecido este pasado martes, según han confirmado a Europa Press. La familia era natural de la localidad sevillana de La Puebla de Cazalla.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, 30 de julio, sobre las 05.40 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió varios avisos informando de un incendio en un piso de un edificio de cuatro plantas en la calle Ónix, donde fue necesario el desalojo de dos plantas del mismo.

Un fuego “muy avanzado”

De inmediato, se alertó al Centro de Emergencias Sanitarias 061; a los Bomberos, que acudieron de los parques de Benalmádena, Mijas y Fuengirola; a la Policía Nacional y Local. Según informó el Ayuntamiento los efectivos a su llegada se encontraron las llamas del fuego “muy avanzadas”.

Los equipos de rescate intervinieron para sacar a varias personas del fuego, aunque se confirmó el fallecimiento de los dos menores; mientras que la madre fue atendida y trasladada al hospital con pronóstico grave y ahora ha fallecido. También, según el Consistorio, uno de los bomberos que participó en el dispositivo resultó herido y varios agentes de policía y bomberos necesitaron atención por inhalación de humo.

El detenido como presunto autor del homicidio de un vecino de Coín (Málaga) desaparecido en 2020 en plena pandemia, y del que fueron encontrados parte de su cuerpo la pasada semana en un camino de la localidad de Alhaurín de la Torre, confesó haber acabado con la vida del desaparecido en su domicilio en Coín, descuartizar el cadáver y posteriormente trasladar los restos a diversos puntos del otro municipio mencionado.

Así lo han informado desde la Guardia Civil a través de una nota, en la que han indicado que la desaparición del hombre, vecino de Coín de 59 años, fue denunciada en 2020 y desde entonces la investigación ha permitido esclarecer los hechos y localizar nuevos restos óseos relacionados con el caso.

El origen de la investigación, denominada Operación Capibara, se remonta a junio de 2025, cuando unos operarios municipales de Alhaurín de la Torre, hallaron un cráneo humano envuelto en una bolsa en el interior de una arqueta en la urbanización Pinos de Alhaurín. Efectivos del Grupo de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga iniciaron las actuaciones. Tras las pruebas genéticas practicadas por el Servicio de Criminalística, se determinó la compatibilidad del perfil ADN con el del vecino desaparecido en 2020.

Detenido hace una semana

Tras la identificación, los investigadores centraron las actuaciones en el entorno social y personal de la víctima. El análisis de documentación, bases de datos y medidas tecnológicas autorizadas judicialmente permitieron focalizar la sospecha sobre un conocido del fallecido. Para la búsqueda del resto del cuerpo, la Guardia Civil desplegó un dispositivo especial en distintas zonas que contó con georradar, drones y guías caninos especializados en restos biológicos.

El pasado martes, 28 de julio, se detuvo al presunto autor, quien confesó haber acabado con la vida del desaparecido en su domicilio de Coín, descuartizado el cadáver y posteriormente trasladado los restos a diversos puntos de Alhaurín de la Torre. Asimismo, el detenido condujo a los investigadores a los emplazamientos donde se recuperaron diversos restos óseos humanos, los cuales se encuentran pendientes de análisis genético para su cotejo definitivo.

La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por el Grupo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Málaga y el Equipo de Policía Judicial de Coín. Un juzgado decretó la pasada semana el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido, que está investigado por el momento por la presunta comisión de un delito de homicidio.

Dos menores de diez y 15 años han fallecido este jueves tras un incendio declarado en una vivienda en Arroyo de la Miel en la localidad malagueña de Benalmádena, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, y el Ayuntamiento del municipio.

Varios testigos dieron la voz de alarma al Teléfono de Emergencias 112 sobre las 05,40 horas informando de un incendio en un piso de un edificio de cuatro plantas en la calle Ónix, donde fue necesario el desalojo de dos plantas del mismo.

De inmediato, se alertó al Centro de Emergencias Sanitarias 061; a los Bomberos, que han acudido de los parques de Benalmádena, Mijas y Fuengirola; a la Policía Nacional y Local. Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado los efectivos a su llegada se encontraron las llamas del fuego “muy avanzadas”.

Los equipos de rescate intervinieron para sacar a varias personas del fuego, aunque lamentablemente se ha confirmado el fallecimiento de los dos menores, mientras que la madre fue atendida y trasladada al hospital con pronóstico grave.

También, según el Consistorio, uno de los bomberos que ha participado en el dispositivo ha resultado herido y varios agentes de policía y bomberos han necesitado atención por inhalación de humo. Por otro lado, el Ayuntamiento de Benalmádena ha lamentado profundamente el fallecimiento de los menores.

Tres días de luto

El Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) va a decretar tres días de luto oficial por el fallecimiento de los dos menores. El alcalde, Juan Antonio Lara, ha trasladado el pésame tras lamentar “una brutal tragedia que nos deja el corazón completamente roto”.

“Hoy un terrible dolor invade nuestra ciudad”, ha señalado en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, en el que ha trasladado su “más sentido pésame a sus familiares, amigos, vecinos y compañeros”. “Nadie nos prepara para afrontar una pérdida así”, ha señalado.

De igual modo, ha señalado que siguen pendientes “en todo momento” de la evolución de una tercera víctima, la madre de los menores, “que en estos momentos permanece ingresada con pronóstico reservado”.

Asimismo, el regidor ha tenido palabras de “consuelo y agradecimiento para los bomberos y policías que han participado en el rescate, algunos de ellos resultando heridos”. “Soy consciente del dolor y la impotencia que sentís y la comparto plenamente con vosotros”. “Descansen en paz”, ha concluido el regidor.

“Me siento amenazada y observada. Me tienen desquiciada. Trabajo con pánico”, cuenta una trabajadora del Hospital de la Axarquía, el centro sanitario público de referencia en la comarca oriental de Málaga. “Somos basura, y como tal quieren sacarnos a la calle”, cuenta otra. “Vienen a mi sitio y hacen como que escupen. ¿Tú crees que yo tengo que soportar esto?”, se pregunta mientras saca de bolso el arsenal de pastillas para controlar la ansiedad, incluyendo un blíster de píldoras de rescate.

Ella fue advertida de una posible suspensión de empleo y sueldo después de que varias compañeras la denunciaran por grabarlas con su móvil, algo que ella niega. Tras declarar, todo quedó en nada. La otra denuncia que está asignada al banco de sangre, un servicio de máxima sensibilidad en el que tiene menos experiencia, en una situación de máxima presión en la que no recibe ayuda.

Ambas han solicitado permanecer en el anonimato para este reportaje, pero ya han puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo que están siendo denigradas a la vista de todo el mundo desde que el sindicato CSIF revelara públicamente que, con el impulso de cargos intermedios, personal del laboratorio del hospital había usado reactivos caducados o que habían perdido estabilidad para realizar análisis clínicos de forma reiterada y deliberada, lo que comprometería la fiabilidad de miles de resultados. El objetivo de esta presunta práctica sería ahorrar en consumibles que vienen en envases que rara vez se agotan antes de caducarse, con el fin de acceder a generosos complementos de productividad.

Antes de dar el paso de la denuncia pública, el sindicato acudió a primeros de enero ante el gerente del hospital, Miguel Moreno Verdugo, que archivó la investigación interna en poco más de un mes sin motivar la decisión. En ese periodo, CSIF la hizo pública, y ante el archivo, la amplió y la presentó ante Fiscalía, que la investiga desde finales de abril.

Poco después, este medio desveló la existencia de mensajes (“Los que estén caducados no los tiréis, yo los aprovecharé en rutina”; “Pueden seguir utilizándose, simplemente leyendo el código del reactivo y cambiando la fecha de caducidad”) y fotografías donde se ven botes con etiquetas no originales o envueltos en film donde se lee “caducado” o “arreglado. Uso” escrito a rotulador.

Este material ha sido incorporado a la denuncia ante Fiscalía, que cuenta también con cuatro testimonios de trabajadores o extrabajadores grabados en vídeo, y ofrece la posibilidad de interrogar a varios más supuestamente dispuestos a corroborar el empleo de esta práctica desde 2020.

El SAS no ha respondido a las preguntas formuladas por este medio, con la petición de que fueran trasladadas al gerente y la coordinadora y la jefa de servicio responsables del laboratorio, y ha remitido en su lugar la misma respuesta que ya dio en su día: no hay “constancia” de que se haya utilizado el material caducado o sin estabilidad, y se ha constatado “con los responsables y el equipo del laboratorio” la “falsedad de estas afirmaciones”.

La coordinadora y la jefa de servicio han reclamado 20.000 euros al sindicato y dos de sus responsables en un acto de conciliación previo a una posible querella por injurias y atentado contra su honor, que terminó sin acuerdo. El sindicato no ha recibido aún ninguna querella.

Denuncia ante la Inspección de Trabajo

“Yo he visto pipetear agitar y rellenar con cuatro botes de distintos colores, no se escondían”, cuenta una de las personas ahora señaladas, quien explica que algunos testigos son reticentes a hablar por el temor a verse salpicados también ellos: “Eso lo ha visto todo el mundo. ¿No les da vergüenza haber engañado a gente con tumores? ¿De qué somos culpables? ¿De decir la verdad? ¿De defender a los pacientes?”.

En este contexto, un grupo de trabajadores y trabajadoras del laboratorio estaría tomando represalias contra varios compañeros y, con especial saña, contra dos, a quienes responsabilizan de haber expuesto al sindicato las presuntas irregularidades que han acabado llegando a la opinión pública y al fiscal. Ambas rondan los veinte años de experiencia laboral en el SAS.

El sindicato CSIF (el que tiene mayor representatividad en el hospital) ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que da cuenta de la situación de “hostigamiento sistemático y documentado”, que estaría “amparado jerárquicamente” por la coordinadora y la jefa de servicio y, en última instancia, por la gerencia.

Desde que estalló el escándalo, la mayoría de las compañeras no les habla, quien se atreve lo hace a escondidas y ellas prefieren desayunar en un parque cercano ajenas a la mirada de otros compañeros en la cafetería, según relatan. Durante el encuentro con el periodista piden cambiar la ubicación en dos ocasiones. Este medio ha podido constatar la existencia de alguna imagen de perfil en redes en la que quienes las atosigan se autodescriben como “las Vengadoras de Laboratorio”.

Las conductas relacionadas por el sindicato incluyen el “aislamiento social deliberado” y su señalamiento como “chivatas”; “insultos habituales y reiterados” por parte de la coordinadora (“basura” y “escoria”); la adscripción de una de las afectadas al área de banco de sangre, donde tiene menos experiencia “para provocar errores imputables a la misma”, y “humillaciones públicas reiteradas y conductas de menosprecio en el entorno laboral cotidiano”.

Informes de la Unidad de Salud Mental y un posible expediente

En los últimos meses han necesitado atención sanitaria por esta situación. Una de ellas ha acudido en dos ocasiones a Urgencias por sendas crisis de ansiedad, según los partes consultados por este medio. Las dos han acudido recientemente a la Unidad de Salud Mental, que en ambos casos ha diagnosticado depresión y ansiedad de origen laboral.

Esta situación se estaría produciendo sin que los responsables del servicio o del hospital hayan tomado medida alguna para evitarla. Al contrario, la gerencia habría contribuido a elevar la presión, según CSIF. La denuncia del sindicato recoge que, una vez archivada la investigación interna, el gerente anunció durante una reunión con los representantes sindicales que expedientaría a las trabajadoras que habrían contribuido a desvelar la práctica presuntamente irregular del laboratorio. Esto supone instrumentalizar el procedimiento disciplinario con una finalidad represora, según el sindicato.

Ambas están convencidas de que buscan cualquier excusa para expedientarlas. Una de ellas explica que responden a sus cuestiones laborales con un “búscate la vida”, que su situación es de máxima presión y que un error en el banco de sangre puede tener repercusiones graves para los pacientes.

La otra ya ha sufrido una investigación interna reciente. Según relata, a mediados de junio recibió un aviso por un cauce no reglado de que acudiera a una cita para una “información reservada” que podía desembocar con una sanción de suspensión de empleo y sueldo. Sólo al día siguiente, el abogado del hospital, encargado habitualmente de instruir los expedientes de información reservada, le aclaró el motivo: seis compañeras la acusaban de sacar su móvil para grabar o fotografiarlas el día en que celebraron en el recinto del hospital el archivo de la investigación de la gerencia por el uso de los reactivos caducados. El instructor preguntó si era cierto que había grabado y qué hacía con el móvil, y le avisó que trasladaría las respuestas al gerente.

Ella asegura que sostenía el móvil en alto porque sus problemas de visión le impiden leer de otra manera. La investigación, de la que no le dieron ni un papel, se archivó, según le informaron desde el sindicato, pero durante dos semanas la mujer vivió angustiada por la posibilidad de quedarse durante meses sin el único sueldo estable que entra en su hogar, con hipoteca y dos hijos. “Yo me quería morir”, recuerda: “No lo perdonaré en la vida, han jugado con el pan de mi casa”. Para entonces, mucha gente sabía de un posible expediente que, por definición, es reservado.

Refuerzo de las responsables de laboratorio

Mientras tanto, las dos personas señaladas en la denuncia ante Fiscalía pueden quedar reforzadas internamente. Por un lado, el Gerente ha asignado a la jefa de servicio de Laboratorio también la jefatura de Anatomía Patológica. Y por otro, ha decidido cubrir la plaza de coordinador/a del Laboratorio lanzando un concurso de méritos, publicado en BOJA el 9 de julio.

Esto es un hito. La publicación y nombramiento de estas plazas en el SAS es una vieja reivindicación sindical, porque hasta ahora estos puestos de coordinadores de técnicos medios o superiores se cubrían con designaciones informales. Este sería el primer nombramiento de este tipo, según CSIF, y tendría el efecto de blindar a quien ganase la plaza. CSIF tiene la sospecha de que la candidata con casi todas las papeletas es la actual coordinadora.

Los movimientos ocurren mientras la Fiscalía investiga el funcionamiento del laboratorio y en mitad del verano, lo que acrecienta algunas sospechas. “Nos parece muy inoportuno. Lanzan una convocatoria para nombrar la primera coordinadora de técnicos del SAS, que va a formar parte del organigrama, ¿y no ponen sobre la mesa que hay una denuncia sin resolver ante Fiscalía por quien es la principal candidata a presentarse? ¿No es más prudente esperar?”, se pregunta una fuente sindical.

La novedosa convocatoria se produce también en plena reorganización de los equipos directivos en el SAS, que incluye el nombramiento de una nueva gerente para la Sanidad andaluza, María de los Ángeles García Rescalvo. Es la quinta gerente del SAS desde que Juan Manuel Moreno alcanzara la presidencia de la Junta de Andalucía. El primero fue, precisamente, Moreno Verdugo, ahora gerente del Hospital de La Axarquía y su área sanitaria.

Los cadáveres de tres migrantes han sido hallados este pasado martes en tres puntos diferentes de la costa de la provincia de Málaga, según han confirmado fuentes de la investigación.

En concreto, uno de ellos fue hallado a unas diez millas de la costa de Mijas, el segundo fue localizado por una embarcación en el mar a dos millas Estepona, y el tercero fue localizado en la zona de Sabinillas, en Manilva.

Según han precisado las citadas fuentes dos de ellos tenían entre 20 y 25 años y se desconoce la edad del tercero. Asimismo, han añadido que estaban indocumentados.

Tras ser rescatados los cuerpos, fueron llevados al Instituto de Medicina Legal Málaga para llevar a cabo las autopsias. Todo apunta a que los cadáveres corresponden a migrantes, aunque la investigación está abierta y se mantienen abiertas todas las hipótesis.

José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), está a un paso del banquillo de los acusados por contratar para el Ayuntamiento a una “amiga íntima” que, según el testimonio de ella y otros indicios, nunca fue a trabajar. El regidor apura ahora sus últimas opciones para evitar que los indicios que ha reunido el juez de instrucción durante el último año y medio lleguen a juicio. Argumenta que ella no ratificó como investigada la confesión que hizo como testigo. Sin embargo, también ella ha presentado un escrito ratificando que nunca trabajó porque nunca recibió instrucciones.

La última oportunidad del regidor para esquivar el banquillo está en los magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga, ante los que ha presentado un recurso contra la resolución del juez que cierra la instrucción y pasa el asunto a la fase de enjuiciamiento. El alcalde esteponero pretende que la Audiencia corrija al juez y archive el asunto. Es un intento a la desesperada: la Audiencia puede revocar el auto de transformación en procedimiento abreviado (a priori, una resolución eminentemente procesal) y zanjarlo todo, pero es muy inhabitual.

En este caso, el juez ha sido elocuente durante la fase de instrucción: en diciembre ya dictó un auto donde subrayaba que había “indicios suficientes” de delitos de malversación y prevaricación, porque el alcalde contrató para el Ayuntamiento a Cristina Pulido “a los solos efectos de que recibiera la nómina correspondiente, sin que tuviera que desempeñar actividad alguna”. La Fiscalía y dos acusaciones populares (Vox y PSOE) también han presentado sendos escritos de acusación, y piden para el alcalde cinco años y medio de prisión como autor de los delitos, y tres años y medio para Pulido como cooperadora necesaria del presunto delito.

Si el caso no se ha juzgado ya es porque en los últimos meses se ha reajustado para que siga por los trámites de un juicio ordinario, y no del tribunal del jurado, como inicialmente estaba previsto. El motivo es que Fiscalía introdujo a última hora en la acusación el delito de prevaricación, que no puede ser juzgado por un jurado popular.

De una confesión a investigada

Ahora, el recurso de apelación de García Urbano contra el auto del juez, al que este medio ha tenido acceso, impugna el propio origen del caso: la declaración ante el juez en otra causa en la que Cristina Pulido dijo, de manera aparentemente espontánea, que García Urbano la había contratado para el Ayuntamiento, pero que ella nunca había trabajado porque nunca le dieron tarea. Pulido era la pareja del funcionario de la policía local que había denunciado al regidor por acoso sexual, y dijo esto como testigo. Aquel caso inicial de naturaleza sexual se archivó, pero antes el juez abrió de oficio una nueva investigación por malversación a partir de la confesión de Pulido.

Un mes después, en enero de 2025, Pulido repitió lo que había contado pero ahora en la nueva causa por malversación, y otra vez como testigo. Y seis meses después, en junio de 2025, el juez la llamó nuevamente, pero esta vez ya como investigada: esa vez se acogió a su derecho a no declarar.

Los abogados de García Urbano solicitan que se declare nula la declaración de Pulido como testigo, porque desde el principio debió de citársela como investigada, informándole de su derecho a no declarar contra sí misma. Y alegan que, sin esta declaración inicial, el caso queda herido de muerte.

La situación guarda similitudes con la contratación irregular de Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec (dependientes del Ministerio de Transportes). Rodríguez contó todos los detalles de su contratación al comparecer como testigo en el juicio contra el exministro en el Tribunal Supremo, el pasado mes de abril. Pero cuando fue llamada ya como imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación por los mismos hechos por la Audiencia Nacional, el pasado lunes, se acogió a su derecho a no declarar. El propio Ábalos ya cuestionó ante el Supremo la “autoinculpación” de Rodríguez.

Ella se reafirma: nunca trabajó

El alcalde sostiene que ella sí trabajó pasando revista al estado del mobiliario urbano o recabando valoraciones a través de las redes sociales, durante 48 días por los que percibió algo más de 5.200 euros, pero al ser cargo de confianza no tenía despacho, acceso a expedientes, redes corporativas, material municipal o control horario. En el relato del regidor, Pulido hacía toda su tarea desde casa o en la calle, sin necesitar pasar por el Ayuntamiento, darse a conocer a sus compañeros o escribir un solo papel, y el resultado lo transmitía sólo al alcalde siempre verbalmente, de ahí que no haya ni un solo documento o mensaje.

Pero la estrategia de la defensa de García Urbano se ha topado con un inconveniente de primeras. La propia Pulido ha presentado un escrito en el que también solicita que se tenga por nula su declaración como testigo, pero a la vez vuelve a insistir en que no trabajó nunca para el Ayuntamiento que le pagaba: “La realidad objetiva es que, pese a su voluntad de desempeñar el puesto a sus reiteradas peticiones de instrucciones, nunca recibió encargo ni función concreta alguna”.

Por otro lado, las acusaciones, la fiscal y el propio juez instructor ya han señalado que, además de su propia declaración, hay múltiples indicios que demuestran que ella nunca trabajó: declaraciones contradictorias entre el alcalde y el concejal responsable respecto a las tareas; el intercambio de cientos de mensajes sin que ninguno se refiera al trabajo; el hecho de que ella se sometiera y estuviera convaleciente de una intervención quirúrgica en esas fechas (sin tramitar baja); o que residiera en Córdoba.

Lo que no hay hasta ahora, por el contrario, es un solo documento, expediente, acceso a cuentas, mensaje, declaración de un compañero o rastro de su trabajo efectivo. El alcalde ha declarado que rendía cuentas verbalmente ante él, de modo que cabe concluir que el único sostén de la tesis de que sí trabajó es la palabra del regidor.

García Urbano ha consignado ante el juzgado la cantidad que el Ayuntamiento pagó en su día a Cristina Pulido, 5.276,92 euros.

Esta no es la única causa en la que el dirigente esteponero, referencia municipalista en el PP, está investigado. Tras recibir una denuncia de Fiscalía, otra jueza lo ha imputado por presunto tráfico de influencias en la adjudicación a una empresa recién creada por su nuera de un restaurante de lujo en condiciones muy favorables y tras un proceso dudoso en las tres últimas plantas del Mirador del Carmen, una fastuosa torre a pie de playa en la que el Ayuntamiento invirtió 16 millones de euros. En este sumario hay un informe de la UDEF que recoge la sospecha de que la adjudicataria en realidad “enmascara” el beneficiario final. La declaración del alcalde aquí se ha suspendido en varias ocasiones.

El 1 de julio de 2021, la Sierra de las Nieves entró en un club reservado a apenas 16 espacios naturales de todo el país. La declaración como parque nacional convirtió a este enclave malagueño en la tercera joya de la máxima protección ambiental en Andalucía, junto a Doñana y Sierra Nevada, y situó al mayor pinsapar de la península ibérica bajo un nuevo paraguas de conservación. Cinco años después, ese reconocimiento se traduce en más de 25 millones de euros de inversión, nuevas infraestructuras, más investigación y una creciente proyección turística, pero también en nuevos desafíos para preservar uno de los ecosistemas más singulares del Mediterráneo.

“Podemos estar cien años cuidando un entorno, pero la mala suerte o un despiste te lo puede quemar en tres horas”, recuerda el director del parque, Rafael Haro. Su reflexión explica por sí sola el momento que atraviesa la Sierra de las Nieves: consolidada como referente ambiental y orgullosa de haber dado el salto a la élite de la conservación española, pero todavía inmersa en la construcción de un proyecto que encara retos como el cambio climático, el riesgo creciente de grandes incendios, la falta de personal y la necesidad de seguir compatibilizando la protección del territorio con un turismo sostenible y el desarrollo de los municipios de su entorno.

La declaración como parque nacional supuso un punto de inflexión para un espacio que ya acumulaba décadas de figuras de protección -parque natural desde 1989, Reserva de la Biosfera desde 1995 o zona de especial conservación dentro de la Red Natura 2000-, pero que hasta entonces no había contado con el respaldo económico ni el reconocimiento que otorga la máxima categoría de protección ambiental en España.

Un lustro de desarrollo

Desde 2021, las distintas administraciones han movilizado 25,74 millones de euros para actuaciones de conservación, mejora de infraestructuras, uso público o dinamización socioeconómica, de los que 16,5 millones proceden directamente de la Junta de Andalucía. Entre las principales inversiones destacan el nuevo centro de visitantes de Conejeras, que abrirá próximamente sus puertas tras una inversión superior a los cuatro millones de euros, la nueva base del Plan Infoca en Istán, trabajos de mejora forestal y restauración de hábitats o proyectos de sostenibilidad turística impulsados por la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves.

Haro admite que el salto respecto a la etapa anterior ha sido “impresionante”. “En estos cinco años se han invertido más de 25 millones de euros. Una cosa absolutamente impensable cuando éramos parque natural”, explica. A su juicio, la principal diferencia no reside únicamente en el dinero recibido, sino en el lugar que ahora ocupa la Sierra de las Nieves dentro de la conservación española. “Somos 16 parques nacionales. La forma en que nos mira el Gobierno central, la Junta o la propia sociedad es distinta. Hemos conseguido entrar en la joya de la corona de los espacios naturales”.

Ese nuevo estatus también empieza a notarse fuera de los despachos. Aunque el director reconoce que todavía es pronto para medir el impacto económico del parque, asegura que el interés por conocer la Sierra de las Nieves no ha dejado de crecer. “Todo el mundo quiere conocer la joya de la corona. A nivel turístico ya se va notando, pero no podemos pretender que de la noche a la mañana esto se triplique o se cuadruplique. Todo necesita su tiempo”.

El pinsapo, la gran bandera de la sierra

Si existe un símbolo que explica por qué la Sierra de las Nieves terminó convirtiéndose en parque nacional, ese es el pinsapo. La sierra malagueña alberga alrededor de 2.000 hectáreas de esta reliquia botánica exclusiva del sur peninsular, la mayor superficie continua existente, una circunstancia que terminó inclinando la balanza para incorporar este sistema natural -hasta entonces ausente en la Red de Parques Nacionales- a la máxima figura de protección. “El pinsapo ha sido, es y será siempre la estrella del parque”, cuenta Haro.

Durante estos cinco años, buena parte de los esfuerzos se han centrado precisamente en mejorar el estado de conservación de estos bosques. Además de tratamientos selvícolas o actuaciones para favorecer la regeneración natural, el parque desarrolla actualmente un proyecto de 1,7 millones de euros destinado a retirar antiguos vallados de protección que ya han dejado de ser necesarios. “Hace décadas se instalaron para proteger la regeneración frente al pastoreo. Ahora esas plantas ya han salido adelante y estamos retirando alambradas, postes y plásticos. Es una mejora ambiental impresionante porque favorece la conectividad de la fauna y mejora muchísimo el paisaje”, explica.

A ello se suman otros proyectos destinados a naturalizar antiguas repoblaciones forestales, restaurar hábitats o mejorar enclaves de alta montaña como el Quejigal de Tolox, además del impulso que ha supuesto la incorporación a la Red de Parques Nacionales para la investigación científica sobre los procesos ecológicos del espacio protegido.

El fuego, el enemigo permanente

Pero si existe una amenaza que concentra buena parte de los esfuerzos de gestión, esa sigue siendo el fuego. El cambio climático, unido al progresivo abandono de los usos tradicionales del monte, ha incrementado la cantidad de combustible acumulado en buena parte de las sierras mediterráneas. Para Haro, ese fenómeno explica por qué los incendios forestales actuales son cada vez más difíciles de controlar. “Podemos estar cien años cuidando un entorno, pero una mala suerte, un despiste o una mala intención te lo puede quemar en tres horas”, advierte.

El director recuerda que el abandono progresivo de actividades como la ganadería extensiva o determinados aprovechamientos forestales ha permitido que el monte gane densidad de forma constante. “El monte sigue creciendo”, recuerda. Esa acumulación de biomasa, añade, convierte cualquier incendio en un potencial episodio de enorme intensidad, como ocurrió hace apenas unos años en Sierra Bermeja.

Para tratar de reducir ese riesgo, el parque ejecuta cada año tratamientos preventivos en las zonas consideradas más sensibles: limpieza de cortafuegos, desbroces, clareos forestales o eliminación de combustible vegetal. Sin embargo, Haro reconoce que las limitaciones presupuestarias impiden actuar simultáneamente sobre todo el territorio. “Quisiéramos limpiar todos los caminos todos los años, pero eso es inviable. Vamos actuando por prioridades y rotando las actuaciones según la disponibilidad económica”.

Las lluvias torrenciales registradas el pasado invierno también obligaron a destinar más de un millón de euros adicionales a reparar caminos e infraestructuras dañadas por las borrascas, una inversión extraordinaria que ilustra cómo los fenómenos meteorológicos extremos empiezan a condicionar también la gestión cotidiana del parque.

Un plan para el futuro

Cinco años después de la declaración, la Sierra de las Nieves sigue siendo, en cierto modo, un parque en construcción. Uno de los grandes objetivos inmediatos pasa por culminar la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), el documento que regulará desde los usos permitidos hasta la conservación de los recursos naturales o las actividades económicas compatibles con el espacio protegido.

“Nunca vamos a tener a todo el mundo contento”, reconoce Haro. “Pero es fundamental que ese plan salga con el mayor consenso posible y que los municipios se sientan partícipes”. El director insiste en que la declaración como parque nacional no debe entenderse como una limitación para los pueblos del entorno, sino como una oportunidad para generar empleo ligado a un modelo de turismo sostenible, similar al desarrollado en otros parques nacionales españoles.

“No buscamos un turismo masivo”, aclara. “Queremos un turismo que venga a disfrutar del parque, que genere riqueza en los municipios, que cree empleo y que siempre tenga como prioridad la conservación. Si no conservamos lo que tenemos, acabaríamos matando la gallina de los huevos de oro”. Pese al balance positivo, Haro no oculta que aún quedan asignaturas pendientes. Además de culminar la apertura del centro de visitantes y seguir mejorando infraestructuras, admite que el parque continúa funcionando con necesidades de personal, medios materiales y financiación. “Hemos hecho una bestialidad en estos cinco años”, concluye. “Pero falta más. Estamos todavía en cuadro de personal, de material y de inversiones. No podemos perder la ambición”.

El Tribunal Supremo (TS) ha absuelto del delito contra la integridad moral a un hombre por comentarios que hizo en la red social X tras la caída a un pozo de Julen, el niño de dos años en Totalán (Málaga) en enero de 2019 que acabó falleciendo, al considerar que fueron expresiones carentes de sensibilidad pero no delictivas.

La Sala de lo Penal del alto tribunal, en una sentencia recogida por Europa Press, estima el recurso del hombre y anula la condena que le impuso un juzgado de lo Penal de Madrid y que después confirmó la Audiencia Provincial, que fue de 18 meses de prisión y el pago de 6.000 euros de indemnización a los padres del niño. En un tuit, el hombre absuelto ha hecho mención a la sentencia publicada en un medio de comunicación, lamentando que se le llame 'tuitero'.

Para los magistrados, que se basan en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esos comentarios, se enmarcan en la libertad de expresión y no encajan en el delito contra la integridad moral, pese a la “falta de sensibilidad” que supusieron para los padres del niño.

“Indudablemente, las expresiones proferidas adolecen de una falta de sensibilidad hacia el dolor de unos padres por la pérdida del menor y que, angustiados, constatan los denostados esfuerzos por salvar la vida de su hijo que accidentalmente había caído en el pozo”, expresan, para mostrar “solidaridad hacia la familia por el sufrimiento que la situación expuesta en el hecho probado refiere”.

Contenido satírico

El hombre alegó, según la sentencia, que sus comentarios eran epigramas de contenido satírico o de critica no dirigidos a vilipendiar a los padres o al menor, sino contra la cobertura mediática del suceso mediante un sistema de propagación de las noticias que a diario se ofrecían por los medios de comunicación desde el lugar de los hechos y que, en su opinión, no aportaban nada.

“Lo relevante para el autor”, indica el Supremo, “era ridiculizar la noticia, la cobertura del hecho, no pretendía agredir al menor y su familia, a la que no conocía ni llegó a representarse la lesión producida a esas personas”. “Eran tangenciales a la publicación de sus epigramas. Si no hay destinatario de la afrenta publicada, no hay ataque a la integridad moral del sujeto pasivo y la conducta se enmarca en la libertad de expresión”, argumenta el tribunal.

Y señala que “la tipicidad del delito contra la integridad moral exige una acción dirigida a infringir un menoscabo grave a la integridad moral”, por lo que, “para no incurrir en una desmesura en su aplicación, la acción degradante ha de ser grave, normalmente reiterada, y tiene que establecerse en un marco de interrelación entre el sujeto activo y el pasivo, de manera que la acción vaya dirigido a agredir el contenido esencial de un derecho personalísimo de la víctima”.

Los mensajes

Cabe recordar que el tuitero publicó los siguientes mensajes en 2022: 'Si es molesto aguantar la obras del vecino, imaginad lo agobiado que tiene que estar Julen con las perforaciones' y 'Julen el espermatozoide de Dios'.

Dos días más tarde, según relataba la Fiscalía durante el proceso penal, escribió seis comentarios: 'Como has podido caer tan bajo Julen', 'El Pozo lo ha hecho un hombre, no? Pues VIOLENCIA MACHISTA', 'Si Julen comiera en Burger King esto no habría pasado', 'Embutidos el Pozo patrocina este rescate', 'Nuevo nicho laboral: infógrafo del caso Julen. Trabajo garantizado hasta 2030' y 'Soluciones habitacionales Julen'.

El día 23 introdujo en su cuenta de Twitter los siguientes mensajes: 'Julen es el `Se ha quedado el condón dentro' de la geología', 'Solo falta que un meteorito caiga en el agujero de Julen' y 'Un juzgado abre diligencias por el caso Julen. ¿Veis como no estaba en el pozo, sino en un carruaje para viajeros?'.

Un día más tarde volvió a escribir tuits como 'Ya han metido a los mineros en el boquete de Julen, con sus croquetas de pollo y sus manteles de hule' y 'Nuevo contratiempo en el rescate de Julen: a los mineros no les caben los cojones en el hoyo'. Por último, el 26 de enero, el mismo día en que fue rescatado sin vida el cuerpo del menor de dos años, escribió 'Hoy se guardara un minuto de silencio por Julen en todos los campos de golf'.

El precedente: el 'tour de la manada'

“Porque la integridad moral forma parte de la dignidad de una persona y es preciso que la acción ataque al sujeto pasivo, de la misma forma que en el artículo 510 del Código Penal la acción va dirigida contra colectivos vulnerables y su contenido debe ser de tal gravedad que comprometa a las normas de convivencia social”, explica.

Al respecto, los magistrados mencionan la sentencia del Constitucional que otorgó en 2025 el amparo a un condenado como autor de un denominado 'Tour de la Manada', con pretendido contenido sarcástico y que señalaba un recorrido por las calles y lugares que culminaron la violación de una mujer en Pamplona en 2016.

El TC destacó, recuerda el TS, que a pesar de la “gravedad” de los hechos y de la “escasa empatía” manifestada con la víctima, no se había abordado el hecho del enjuiciamiento desde la perspectiva objetiva de su relación con la libertad de expresión y creativa.

También indica que el TEDH ha establecido como baremos a valorar en esta materia el contexto en el que se vierte la expresión; las capacidades personales de la persona que las emite, la naturaleza y fuerza del lenguaje empleado, la reiteración del contenido lesivo, el medio utilizado para la difusión, y las condiciones de difusión.

No obstante, el Supremo recalca que “la antijuricidad que, sin duda, rodea el hecho declarado probado puede ser objeto de compensación por la vía de la responsabilidad civil al que se refiere la ley de protección al honor y a la propia imagen”.