El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES), dependiente del Ministerio de Sanidad y que dirige Fernando Simón, ha elaborado un informe sobre los riesgos de que el virus Nipa llegue a España. Aunque considera que las medidas que se han puesto en marcha hacen que “la probabilidad de detectar un caso autóctono en España sea remota”, piden que se empiecen a tomar algunas precauciones, tanto para quienes viajan a los países afectados como dentro de nuestro territorio.

El virus Nipah se transmite principalmente a los seres humanos a partir de animales como cerdos y murciélagos, ya sea por contacto directo o a través de sus secreciones. Aunque la transmisión entre humanos es baja, la Organización Mundial de la Salud lo considera como un alto riesgo de epidemia, ya que no existe vacuna. Tiene una alta tasa de mortalidad, cercana al 75%, mucho más letal que la COVID-19. Eso si, su contagio requiere un “contacto cercano y prolongado con una persona infectada”.

Apenas hay unos pocos casos detectados –menos de una decena– en India y Bangladesh, pero la alta mortalidad del virus ha obligado a activar protocolos sanitarios en esos países y a activar controles en los aeropuertos.

“Una probabilidad muy baja”

El informe elaborado por el CCEAS en coordinación con expertos de varios ministerios señala que el virus puede derivar en una insuficiencia respiratoria grave, e insiste en que su peligrosidad radica en que no existe “vacuna ni tratamiento”. Pero también indica que desde hace años, regiones de India y Bangladesh registran casos de manera periódica sin que se hayan extendido. Desde su descubrimiento, en 1998, se ha detectado un total de 750 casos.

“Teniendo en cuenta la prohibición de la importación de cerdos vivos y de productos porcinos desde los países afectados, así como la ausencia de especies reservorios en nuestro país, la probabilidad de detectar un caso autóctono en España es remota”, insiste en informe del CCAES. Y añade: “Podría registrarse algún caso importado procedente de las zonas endémicas, aunque con una probabilidad muy baja. El impacto que tendría un caso importado sería muy bajo dada la alta capacidad del sistema de vigilancia y asistencial. Por ello, el riesgo actual para la población de España se estima muy bajo”.

Medidas de higiene y protocolo en España

El virus “no se ha detectado en España y tampoco está presente ninguna especie animal”, pero el informe advierte: “Si bien la probabilidad de recibir en España un caso importado de una zona con transmisión activa, es muy baja, no es descartable”. “En ese caso, la alta capacidad tanto de los sistemas de vigilancia, como de los laboratorios y del sistema asistencial, reducirían en gran medida el impacto de dicha enfermedad”, añade.

Es por eso que el CCAES hace algunas recomendaciones. Las primeras, a los viajeros que vayan a las zonas afectadas: reforzar las medidas de higiene y evitar el contacto estrecho con personas sintomáticas y con animales; no acercarse a zonas donde puedan encontrarse murciélagos, como pozos, edificios abandonados, cuevas o minas; evitar el consumo de savia cruda de palmera datilera y frutas que se encuentren en el suelo o con signos de mordedura por animales; lavar bien y pelar las frutas y verduras antes de consumirlas; y acudir a un centro sanitario nada más notar algún síntoma.

Hay otro capítulo de recomendaciones para las autoridades españolas. El centro que dirige Fernando Simón pide “consensuar un protocolo para la vigilancia a nivel nacional en el que se definan los casos que deben ser investigados y se establezcan las medidas de manejo y control de estos casos y sus contactos en caso de detectarse en nuestro país”.

Además recomienda “asegurar los mecanismos para el envío de muestras al Laboratorio de Arbovirus del Centro Nacional de Microbiología en caso de activarse una alerta por una sospecha clínico-epidemiológica de la enfermedad” y añade que cuando haya un brote fuera de nuestro país se informe “de las zonas donde se estén produciendo a los servicios sanitarios, así como a las Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel, por la posible llegada de personas infectadas”.

Entre enero y junio de 2020, en los meses más crudos de la pandemia, Fernando Simón ofreció alrededor de un centenar de ruedas de prensa. En su papel de responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) asumió el rol de explicar la peor crisis sanitaria en más de un siglo, con la población confinada en sus hogares, el sistema sanitario colapsado y la economía prácticamente paralizada. En una situación de excepcionalidad total, donde hubo aciertos y errores, su presencia en aquellas comparecencias generó confianza en sectores de la población, pero dio lugar también a una corriente de odio alentada por determinados políticos, periodistas y opinadores. 

Ese clima de cierta toxicidad, amplificado con el altavoz de las redes sociales, ha vuelto a manifestarse este verano a raíz del desastre provocado por la ola de incendios, que dejó cuatro víctimas mortales y más de 300.000 hectáreas quemadas. En este caso, la portavoz que se puso a diario al frente de las cámaras fue la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, una política afiliada al PSOE y curtida en el ámbito autonómico, donde fue procuradora y delegada del Gobierno. 

Sus críticas a los Ejecutivos de Castilla y León, Galicia y Extremadura por pedir “imposibles” y crear “polémicas artificiales para no tener que hablar de su propia gestión” de los fuegos la situaron en el centro de los ataques de varios dirigentes del Partido Popular, que la tacharon de “pirómana” y de “hooligan del PSOE”. Los casos de Simón y Barcones no son únicos. 

Científicos como José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, han denunciado incluso haber recibido amenazas como consecuencia de sus explicaciones técnicas sobre la gestión de la dana más devastadora de este siglo en España. Núñez, al igual que Simón, es un funcionario sin adscripción partidista que un día se vio en el ojo del huracán por el mero hecho de difundir información en un momento de crisis. 

Semanas después de dejar atrás las agónicas jornadas de agosto, en las que hubo que acordar el desalojo de 40.000 personas, Barcones defiende que se limitó a “rendir cuentas de la situación” de los incendios ante los medios y a trasladar información veraz. Lamenta el “ruido” y la “crítica feroz” de aquellos días. “Lo dije desde el principio: yo no soy importante. Ojalá ante una emergencia o una catástrofe fuera todo tan fácil como poner en cuestión a una persona. El único enemigo eran las llamas. Mi único objetivo era que los incendios acabaran lo antes posible, no tener que lamentar la pérdida de ninguna vida más y que las personas evacuadas pudieran volver a su vida”, afirma en conversación con elDiario.es. 

Barcones, a quien la extrema derecha de Vox ha denunciado por homicidio imprudente por su gestión de los incendios, insiste en que todo lo que dijo “está acreditado”. Y aunque reconoce que, en el aspecto más personal pudo llegar a tener una ligera sensación de injusticia ante los insultos y difamaciones que recibió en un momento de máxima tensión, trató de no desviar en ningún momento el foco de lo importante: acabar con los incendios. 

La directora de Protección Civil incide en que lo relevante es que esa crítica que “va más allá de la gestión y del objetivo, porque entra en el ámbito de las personas y su cualificación” genera un estado de “confusión” que acaba perjudicando a los ciudadanos. “El ruido impide que la información objetiva, que es clave en situaciones de emergencia, llegue con claridad y que la ciudadanía no entienda cuál es nuestro sistema, cuál es la responsabilidad de cada uno y lo que tenemos que hacer”, sostiene. 

Ataques “sin pies ni cabeza”

El epidemiólogo Fernando Simón sigue al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) casi seis años después de la pandemia. Atrás quedaron aquellos meses de trabajo extenuante, en los que se sucedían las reuniones a horas intempestivas, en las madrugadas y en los fines de semana. Reconoce que entonces —y todavía— recibe reconocimientos, pero también “ataques personales” que en ocasiones hacen “daño”, pero a los que intenta dar la importancia que merecen. 

“En las emergencias no nos centramos en el ruido que pueda hacer la comunicación técnica. Esa no es la parte dura de nuestro trabajo. Cuando estás en plena vorágine de una emergencia sanitaria el objetivo es el control de los riesgos y reducir el impacto lo más posible en la población. La parte de la percepción social de nuestra comunicación la dejamos a un lado para tratarla más adelante porque, en ese momento, hay otros aspectos más urgentes”, afirma. 

Simón reconoce el valor de las discusiones constructivas que permiten “avanzar, desarrollar conocimiento o plantear nuevas bases de discusión” por muy críticos que sean los posicionamientos. E insiste en que los problemas llegan cuando la discusión se tergiversa, se saca de contexto y se busca únicamente el ataque puramente personal. “En muchos casos, los ataques no tienen ni pies ni cabeza. Se basan en cómo te peinas, en cómo te vistes, en si tu familia vive en un sitio o en otro. Son ataques que no tienen absolutamente nada que ver con la comunicación que se está haciendo. Y esos molestan, sobre todo porque exponen a seres queridos”, afirma este médico. 

Cuando llegó la pandemia, Simón llevaba ya ocho años al frente del CCAES, donde lo había situado la que fuera ministra de Sanidad con el PP Ana Mato. Desde allí gestionó también la crisis del ébola, en 2014, que en España no causó ningún muerto y solo un contagio. Entonces fue alabado por su capacidad de divulgar los conocimientos que se tenían sobre la infección y tranquilizar a la población. 

Él mismo recuerda, sin embargo, que también hubo quien tuvo la tentación de decir que estaba blanqueando al Gobierno de Mariano Rajoy, que estaba entonces en la Moncloa y que era quien lo había situado al frente del organismo que vigila los riesgos y amenazas para la salud pública y coordina la respuesta del Estado ante situaciones de crisis que afecten a la salud. “La percepción y lo que se decía entonces en muchas redes era que Fernando Simón era de derechas. Igual que en la pandemia se me vinculó con la izquierda por quién estaba en el Gobierno. Yo tengo mi orientación política muy marcada, pero nunca la he dicho en público”, asevera. 

Acoso a los científicos

Pese a ser uno de los colectivos con mayor reconocimiento social a escala global, los científicos no están exentos de ataques por parte de ciertos sectores cuando la ciencia irrumpe en la primera plana y adquiere un papel central en la vida cotidiana. La revista Science publicó un artículo en 2022 que revelaba que de 321 científicos encuestados un 38% sufrieron acoso por informar de la COVID. 

“En varios países, gente que ejercía las mismas funciones que yo durante la pandemia acabó por retirarse porque no aguantaba el escarnio público que se dio en ese momento. Otros aguantaron incluso habiendo sido agredidos”, afirma Simón. Y cita el caso de un colega griego al que tuvieron incluso que ponerle guardaespaldas. O el del prestigioso virólogo alemán Christian Drosten, que después de meses acabó retirándose de la comisión que evaluaba las restricciones por el coronavirus en el país germano. 

Simón afirma que no consideró la posibilidad de dar un paso a un lado. “Sí planteé que si había alguien que pudiera hacerlo mejor yo estaría encantado de que lo hiciera. Pero si no había nadie dispuesto, no iba a quitarme de en medio. No podía permitir que la información que llegara a la población estuviera sesgada hacia lo que a algunos les podía interesar que se sesgara”, explica más de un lustro después de aquella crisis. 

Un testigo “incómodo”

Entre quienes, en un momento dado, decidieron dar un paso a un lado para cuidar su salud mental está José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana desde 2002 y una de las voces científicas más críticas con la gestión que el Ejecutivo de Carlos Mazón hizo de la riada que causó 228 muertos y dejó a su paso un reguero de destrucción.

Núñez llegó a estar de baja, en tratamiento psiquiátrico y su médica lo derivó incluso a los servicios de asistencia psicológica a las víctimas de las riadas, tal y como él mismo denunció en un artículo publicado en El País. “El desgaste ha sido tremendo. Pero también he recibido el apoyo de compañeros, de gente que no conozco, de universidades. No me he encontrado solo y eso me ha dado fuerza para seguir”, dice en conversación con elDiario.es. 

En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, este funcionario afirmó que Mazón lo había puesto en el punto de mira en una intervención en Les Corts Valencianes, el pasado noviembre, en la que trató de desacreditar a la Aemet por no haber informado con antelación sobre la magnitud de la tragedia. La tesis de fondo del Consell es que ese supuesto retraso en advertir a tiempo sobre la letal tromba que se avecinaba habría provocado la tardía respuesta de la Generalitat. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, volvió a insistir recientemente en el bulo de la falta de información de la Aemet.

Núñez denuncia que antes y después de ese señalamiento ha recibido ataques de agitadores ultra en las redes sociales con mensajes manipulados. “Muchas de las cosas que conté a la jueza solamente las conocía yo porque estuve haciendo un diario de lo que ocurrió el día de la dana con pruebas y demás. Consideré que mi tarea era importante y que el acoso y el señalamiento que estaba recibiendo era en mi condición de testigo incómodo”, sostiene. 

Las querellas de la extrema derecha

Varios de estos portavoces de crisis no se han expuesto solo a la crítica y el insulto. Se han encontrado también con que su trabajo terminaba en los tribunales. La extrema derecha de Vox ha aplicado su receta de querellas ‘spam’ a las caras visibles de las tragedias, por el momento cosechando el habitual éxito de sus acciones judiciales con un pleno de archivos e inadmisiones. 

Su último objetivo judicial es Barcones, doble querellada por su papel en la dana de Valencia y ahora también por los incendios del mes de agosto. La Sala de lo Penal ya rechazó las acusaciones contra ella por el desastre de las riadas y se prepara para hacer lo mismo con respecto a los incendios. “Si se admite a trámite yo iré donde tenga que ir, a mí me han enseñado en casa que con la verdad se va a todos los sitios”, explica Barcones. El reguero de querellas políticas de Vox han generado un cuerpo propio de doctrina en el Supremo: ser portavoz o responsable de una estructura como un Ministerio no hace a alguien penalmente responsable de cualquier cosa que suceda. 

Fernando Simón fue de los primeros en experimentar las consecuencias de esta estrategia de la extrema derecha. Organizaciones ultra como Abogados Cristianos y sindicatos médicos pidieron sentarle en el banquillo porque, según decían sus denuncias y querellas, sus declaraciones públicas habían contribuido a minimizar la magnitud de la tragedia hasta el punto de poner en peligro a la población. Un juzgado de Madrid llegó a abrir una causa contra él por una querella que, como la que presentó el abogado estafador Víctor Valladares, acusaba a Simón de promover la manifestación feminista del 8-M a pesar del riesgo de contagio.  

Vox ha repetido el guion con Virginia “Balcones” —así se refieren a ella en varios puntos de la querella— a raíz de los incendios de agosto. Por el momento, los tribunales han ido en dirección contraria y la única causa penal abierta en torno a estas tragedias es la que instruye una jueza de València contra altos cargos del Gobierno de Mazón y su papel en la gestión de la Dana. 

El escenario se repite catástrofe tras catástrofe de la mano de la derecha. Los portavoces, tengan o no perfil político, son puestos en la diana en cuanto sus declaraciones o datos amenazan el relato de PP y Vox sobre una tragedia o son potencial objetivo de rédito electoral. La factura de ser el enlace entre la Administración y la población en los momentos más complicados de un país sigue siendo, cinco años después de la pandemia, el señalamiento, el insulto y la amenaza del banquillo. 

Fernando Simón, una de las caras más icónicas de la pandemia como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha reaparecido públicamente en un acto organizado por el Ministerio de Sanidad para conmemorar el quinto aniversario del estallido de la pandemia. Dio su última rueda de prensa para informar de cómo evolucionaba la pandemia en julio de 2021.

En una conversación con la ministra Mónica García, Simón ha reflexionado sobre las medidas que se fueron tomando desde el Gobierno y las comunidades autónomas para hacer frente al virus mortal que amenazaba al mundo. El confinamiento fue la más extrema de ellas y “quizá” se podría haber hecho “más suave en algunas circunstancias”, ha admitido Simón. “Lo que se hizo era correcto, pero hemos aprendido que las medidas que se implementaron se podrían afinar mejor. No tiene sentido, por ejemplo, que quien está solo en el monte estuviera en su casa. Entonces era difícil plantear acciones diferentes a las que hicimos con la información que disponíamos”, ha abundado.

Cinco años después, el director del CCAES asegura que “nunca” defendió posiciones políticas que no estuvieran alineadas con el criterio técnico, aunque ha reconocido que sí “hubo propuestas políticas que se pusieron sobre la mesa y conseguimos entre los técnicos del ministerio, de las comunidades, del Instituto de Salud Carlos III que se pararan, se cambiaran o se pospusieran a momentos donde no hubiera impacto grave sobre la salud”.

Con la perspectiva que da el tiempo, asegura que ha recibido “mucho más reconocimiento que crítica, aunque las segundas, siendo minoritarias, tienen mucha más visibilidad”. “Ha habido haters, personas que odian, pero creo que no pueden dirigir ni mediatizar a nuestra sociedad. Yo no voy a dejar –ha dicho– de hacer mi trabajo”.

Lo que no ha aclarado Simón es si se presentará al concurso para dirigir la nueva Agencia Estatal de Salud Pública. La ley que avala su creación está a punto de ser refrendada en el Congreso, tras obtener el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox, y el director del CCAES ha avanzado que no aceptaría ponerse al frente del órgano si fuera una elección a dedo. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha desvelado que sus planes son poner en marcha una convocatoria abierta con un comité evaluador que considere las candidaturas.

“En el mundo no puede haber llaneros solitarios”

Si algo ha cambiado en el mundo desde 2020 es el equilibrio de poderes políticos. Ahora, en pleno ascenso de opciones de extrema derecha, Estados Unidos o Argentina han anunciado que se salen de la Organización Mundial de la Salud, un organismo multilateral clave durante la pandemia de coronavirus.

En una alusión velada a estas circunstancias, Simón ha cargado contra los “llaneros solitarios”. “No puede haberlos por grandes, fuertes y potentes que nos consideremos, no vivimos en un mundo que se ciñe a nuestro ámbito. Tenemos que conseguir que este mundo global pueda trabajar de manera coordinada para resolver problemas como los que vivimos durante la Covid-19”, ha afirmado para añadir a renglón seguido que “mal vamos si tenemos una economía fuerte con poblaciones enfermas”.

La ministra de Sanidad, entonces sin responsabilidades políticas en el departamento, ha dado las gracias a Simón por “transmitir confianza” porque es “una gran herramienta en salud pública”. “Hicimos bien cuando la política se puso por detrás de la ciencia”, ha revisado García, que entonces era la líder de la oposición al Gobierno de la Comunidad de Madrid. La pandemia, según la ministra, “socializó la vulnerabilidad” pero hubo una “contrarreacción negacionista e individualista” que hoy “abarca todas las esferas”.

Al día siguiente de la emisión de un documental sobre el protocolo de la Comunidad de Madrid que privó de trasladar al hospital a las personas que vivían en residencias y eran dependientes, Simón ha despejado posibles responsabilidades del Ministerio de Sanidad en lo que pasó. “Dirigimos las acciones de salud de todos los ministerios pero la responsabilidad técnica recaía en los expertos de cada sector. No creo que el Ministerio debiera hacerse cargo de cosas que no conocían y que cambian mucho de unas comunidades a otras. No se podía actuar en todas las microáreas”, ha defendido.

La crueldad es una herramienta legítima para algunos políticos. Ni siquiera se detiene ante personas que han sufrido el dolor de perder a un familiar. Nadie está a salvo cuando se impone la misión de defender al líder, incluso si la acusación ya se había escuchado antes y no supone una novedad. Poco antes de las once de la noche del domingo, Miguel Ángel Rodríguez respondió con amenazas a las opiniones de familiares de muertos en las residencias de Madrid durante la pandemia aparecidas en la entrevista a Fernando Simón en el programa Lo de Évole (La Sexta). Es su forma de entender la política y de disfrutarla.

“Comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares”, escribió en Twitter. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso pretendía emplear el acceso a datos privados al alcance de la Administración autonómica para ajustar cuentas contra esas personas. Igual eran unas malas hijas que no tenían derecho a llorar la muerte de su madre. Media hora después, fue más allá. “Ya tengo comprobado que la primera señora que sale en #lodesimon no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid”. Rodríguez pasará por encima de cadáveres o los pisoteará con ganas si es preciso para respaldar a Ayuso. “Menudo saco de basura humana”, lo definió esa noche Hugo Martínez Abarca, diputado autonómico de Más Madrid.

Al día siguiente, Rodríguez reconoció que no había dicho la verdad y pidió disculpas. Es llamativo, porque la noche anterior decía haberlo “comprobado”. No había dicho cómo. Se puede deducir que se puso en contacto de noche con responsables de la Consejería de Sanidad o de la de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Seguro que sus interlocutores se cuadraron al recibir la llamada. Su labor también consiste en rebuscar en sus archivos para encontrar munición que Rodríguez pueda utilizar.

“El director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, un cargo pagado con dinero público, no debería caer tan bajo”, le respondió Jordi Évole. Para Rodríguez, los trucos sucios y las amenazas no son sinónimo de caer bajo. Lleva toda su vida convencido de que eso es lo que mejor sabe hacer.

La respuesta del asesor de Ayuso vino a confirmar algunas de las opiniones de Fernando Simón cuando comentó lo que más le molestaba de los peores momentos pasados hace cinco años. “Hay situaciones en las que era testigo de mentiras flagrantes que se decían en voz alta”, dijo. “O de acuerdos de los que luego se dice lo contrario en los medios. En política ves que es la forma de hacer. Es injusto, inapropiado y mezquino usar esas mismas estrategias con personas que ni saben, ni pueden, ni tienen medios para defenderse”.

Simón no comprendía que fuera necesario recurrir a las mentiras o que algunos gobiernos autonómicos, como el de Madrid aunque no fuera el único, no quisieran esperar dos semanas para asegurarse de llegar en las mejores condiciones posibles a lo que se llamaba la normalidad. Lo dijo entonces en mayo de 2020: era absurdo entrar en una carrera absurda por salir cuanto antes de las restricciones. “Me gustaría que no plantearan esto como una carrera”, dijo a los periodistas. Tampoco le parecía bien que se dijera que las CCAA que tenían que esperar más tiempo habían sido suspendidas. Como si fuera un examen de fin de curso.

No sirvió de nada. “El Gobierno castiga a Andalucía”, tituló en portada el ABC de Sevilla con una foto de Simón. La reacción fue similar en otras regiones.

Una de las cosas que él no podía entender era en realidad uno de los elementos básicos de la estrategia del PP de Madrid. Antes de que finalizara la primera ola y cuando ya se veía que Madrid estaría entre las regiones más afectadas de España, Ayuso y Rodríguez decidieron que tenían que vender su gestión como un éxito por encima del número de muertes que se produjeran.

Eso hizo que el PP madrileño difundiera un vídeo que sostenía que Ayuso se adelantó a todos los gobiernos –no estaba claro si de España o de Europa– en la respuesta a la emergencia sanitaria. Sí tomó la decisión de cerrar los colegios, aunque tiempo después se podía dudar del impacto, porque los niños no fueron uno de los grandes factores de contagios. Simón explicó en la entrevista que esa medida le pareció algo prematura, porque, para ser efectiva, debería haber coincidido con otras que limitaran la circulación de personas.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dijo que le resultaba “difícil de entender” la existencia de los protocolos sobre las residencias que impidieron que los ancianos enfermos en las residencias de Madrid fueran hospitalizados. “Esto hizo que hubiera una mortalidad desproporcionada en la Comunidad de Madrid al menos durante el primer año de la pandemia”. Simón no ocultó que hubo situaciones terribles que los profesionales sanitarios debieron afrontar ante la saturación de los servicios hospitalarios: “Puedo entenderlo si un paciente está desahuciado”, pero en cualquier caso son decisiones “que se tienen que tomar paciente a paciente”.

A Díaz Ayuso le enfurece que la oposición madrileña le recuerde los 7.291 ancianos fallecidos en las residencias madrileñas. Es lo mismo que hizo el PP en abril de 2020, cuando Teodoro García Egea exigió a Pablo Iglesias que asumiera “su responsabilidad por la muerte de 16.000 personas mayores en las residencias bajo su tutela”. La tutela de las residencias estaba entonces y ahora en manos de los gobiernos autonómicos.

En un escenario en que los gobiernos europeos afirmaban que estaban siguiendo el consejo de los científicos, fuera cierto o no, algunos partidos decidieron que necesitaban minar la credibilidad de esos especialistas para castigar a sus rivales políticos. Por parte de los sectores más extremistas en la ultraderecha se trató de una auténtica guerra contra la ciencia. Todas las medidas –sobre todo, mascarillas y confinamientos– eran definidas como eslabones de una conspiración para castigar a los europeos.

El odio a esos científicos fue mayor en Estados Unidos y Alemania que en España. En ambos países, Anthony Fauci, director de la agencia de enfermedades infecciosas desde los tiempos de Ronald Reagan, y Christian Drosten, el virólogo que era el principal consejero científico de Angela Merkel, tuvieron que contar con protección policial después de recibir numerosas amenazas de muerte.

En la entrevista, no hubo preguntas a Simón por la polémica de las mascarillas que se ha utilizado en redes sociales de forma recurrente contra él. Se ha referido a ella en innumerables ocasiones, como lo han hecho en otros países. No podían inicialmente recomendar a la gente que llevara mascarilla, porque los gobiernos aún no habían conseguido un suministro estable de todo el material médico que requerían los servicios de salud. Solo cuando eso fue posible, y fue la Unión Europea la que se ocupó de ello, era viable decir a la gente que era imprescindible ponérselas. No puedes obligar a la gente a que lleve mascarilla si le resulta imposible comprarla en las farmacias.

Desde luego los mismos ultraderechistas que hacían esas críticas también afirmaban que las mascarillas era un símbolo del intento del Estado de amordazar a la sociedad.

En EEUU, Donald Trump no llevaba mascarilla y prohibía que la llevara el personal de la Casa Blanca en su presencia. Acabó enfermando gravemente. Nada de esto hizo que los que se oponían a esa forma de protección cambiaran de opinión.

A los científicos les acusaron de no haber descubierto antes la aparición de la pandemia y también de las duras medidas que hubo que tomar como única opción para salvar vidas. Siempre los iban a pillar por cualquier lado. Por una cosa o por la contraria.

En redes sociales, aparece de forma constante un vídeo en el que Simón afirma el 31 de enero que no había motivos para preocuparse. Es una denuncia que también hizo con frecuencia el PP en el Congreso a lo que añadía que el Gobierno no tenía un auténtico comité de expertos. El 13 de febrero, los organizadores del World Mobile Congress cancelaron su congreso de Barcelona. El Gobierno lo consideró una medida precipitada, una opinión arriesgada teniendo en cuenta lo que ya estaba pasando en Italia. Díaz Ayuso pensaba lo mismo, porque dos semanas más tarde, el 26 de febrero, dijo que “es más peligroso el miedo que el propio virus”. A fin de cuentas, ese día sólo había dos contagiados en Madrid. Dos semanas después, todo era diferente.

Hoy Elon Musk exige que Fauci acabe en prisión por considerarlo responsable de la aparición del virus en China. La diferencia con España es que los que reclaman que Simón sea encarcelado solo son agitadores de la extrema derecha digital con muchos seguidores, pero escaso peso político. Pero él no se fue de las rositas. Hasta le crucificaron por aparecer en la portada del dominical de El País con su cazadora de cuero y su motocicleta.

Los científicos sabían lo que no sabían, que era mucho, como reconocieron en todo tipo de entrevistas a lo largo de las distintas fases de la pandemia. Los políticos que cargaban contra ellos solo sabían que así podían ganar votos entre los votantes más enfurecidos y frustrados por las medidas de confinamiento.

Miguel Ángel Rodríguez sabía que lo importante era declarar la victoria y luego proceder a atacar con difamaciones a científicos, familiares de víctimas y rivales políticos. La realidad –incómoda como casi todo lo que se produjo en la pandemia– es que no se puede decir que le haya ido mal en la política madrileña.

El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, ha arremetido este domingo contra los familiares de las víctimas que murieron en las residencias de ancianos durante el coronavirus. Rodríguez ha asegurado que uno de los testimonios emitidos en el programa 'Lo de Évole' era mentira —posteriormente ha tenido que disculparse y reconocer que era verdad— y ha dicho que quiere comprobar “cuántas veces” visitaban a los ancianos fallecidos.

Lo ha hecho, como es frecuente en el jefe de gabinete de Ayuso, a través de Twitter. “Si estos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares. No vaya a ser que es mentira [sic]”, escribió primero. Y después: “Bien: ya tengo comprobado que la primera señora que sale en #lodesimon no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid. Van,os a ver el resto [sic]”. Más Madrid ha registrado una pregunta al Gobierno de Ayuso para saber cómo tiene acceso a estos datos Miguel Ángel Rodríguez.

Según ha explicado el periodista Manuel Rico, la madre de la mujer que habló en Lo de Évole estaba en una residencia de Getafe y murió el 12 de abril de 2020. Su hija es una de las 109 parientes de víctimas que presentaron una denuncia ante la Fiscalía y la semana pasada declaró en el marco de la diligencias de investigación abiertas por el Ministerio Público para analizar la denuncia, según han aclarado también las asociaciones de afectados.

Horas después de difundir el bulo de que tenía “comprobado” lo contrario, Rodríguez ha reconocido que el testimonio sí era el de la hija de una fallecida en una residencia y ha pedido “disculpas por el error”.

El jefe de gabinete de Ayuso se refería a uno de los testimonios que salió en el programa en el que Jordi Évole entrevistaba al epidemiólogo Fernando Simón. “La pesadilla era no saber absolutamente nada (...) Con los protocolos de la vergüenza lo que hizo la Comunidad de Madrid fue privar a los ancianos de recibir esa atención sanitaria. No puede quedar en el olvido”, decía la hija de una mujer fallecida durante la pandemia. Simón declaró que los protocolos de Madrid le resultaron “difíciles de entender” y la responsabilidad se “le tiene que exigir a quien tomó la decisión”.

El conductor del programa, Jordi Évole, también ha desmentido a Miguel Ángel Rodríguez. “Me parece bochornoso estar contestando este tuit a estas horas. Ojalá un día recibas en tu despacho a la persona a la que acabas de calumniar. Lo que estás haciendo es impropio de alguien que ocupa tu cargo. Mientes”.

Las asociaciones de familiares piden su dimisión

Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia han pedido la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez tras sus “inadmisibles” declaraciones. Ambos colectivos, que han coordinado la presentación de una denuncia colectiva en la Fiscalía, han expresado su “rotunda condena” y han lamentado que “difame” a una mujer que perdió a su madre al decir que no tenía a ningún familiar en una residencia madrileña. “Esta última afirmación del jefe de Gabinete de Ayuso es completamente falsa. La persona a la que se refiere tenía a su madre en una residencia de Getafe, donde falleció en abril de 2020. La semana pasada, prestó declaración en la Fiscalía, en el marco de la diligencias de investigación abiertas por el Ministerio Público para analizar la denuncia”, afirman ambas entidades.

“Resulta absolutamente inadmisible que un cargo público como Rodríguez difame de esta manera a una persona que perdió a su madre en unas circunstancias tan dolorosas, acusándola de inventarse que su madre vivía en una residencia de Madrid”, añaden.

Sobre la intención de Rodríguez de “comprobar cuántas veces al año visitaban a sus familiares”, se preguntan “cómo tiene pensado acceder a unos datos que son estrictamente personales y quién es él para 'comprobar' esos datos”.

Hace unos días nos revolvimos en las sillas de las redacciones de ciencia al enterarnos de que una antropóloga de 54 años que acababa de volver de República Centroafricana había sido ingresada en el hospital Donostia de San Sebastián con síntomas sospechosos de ébola. “No, otra vez no”; “pero ¿cómo va a ser ébola, si no hay brotes?”; “ya verás como será Marburgo”.

En medio de esa especie de porra de fiebres hemorrágicas, y deseando que no fuese ninguna de ellas, algunos compañeros de profesión nos preguntamos si a la gente le preocuparía tanto un caso de ébola o Marburgo como a nosotros. De hecho, nos preguntamos si la mayor parte de la gente conoce siquiera lo que es el virus de Marburgo. Nos hemos quedado sin saberlo (y menos mal) porque finalmente, al día siguiente, el Centro Nacional de Microbiología nos informó de que la paciente había dado negativo en las pruebas para ébola, dengue, lassa, fiebre amarilla y fiebre diarreica y positivo para malaria, de modo que se desactivó el protocolo de aislamiento para fiebre hemorrágica y comenzaron con el tratamiento contra el paludismo.

Nos quedamos con más preguntas: ¿qué recuerda la gente del primer caso de ébola contagiado en España en 2014? Han pasado casi diez años moviditos, en los que hemos acabado hasta el moño de estar siempre viviendo momentos históricos, con un procés, el auge del trumpismo, el fin (y puede que también la vuelta) del bipartidismo, unas cuantas elecciones en España y una pandemia que ha dejado millones de muertos, pero también unas vacunas desarrolladas en tiempo récord.

Posiblemente la mayor parte de la gente ya no sea capaz de decir el nombre de la mujer que sufrió la infección por virus del ébola en España en 2014, pero sí el de su perro, Excalibur. Ella era la auxiliar de enfermería del Hospital Carlos III de Madrid Teresa Romero, que se contagió cuando atendía a un misionero repatriado a España desde Sierra Leona. Su caso nos tuvo en vilo durante un mes, el tiempo que tardaron sus fluidos corporales en librarse del virus, y nos emocionamos con la primera imagen de Teresa al terminar su aislamiento, muy delgada, en pijama de cuadros blancos y negros, agarrada de las manos de sus compañeras de hospital.

Es muy probable que, si se diera otro caso así, lo viviéramos de forma diferente. Ahora tenemos conciencia de que somos frágiles ante riesgos infecciosos de los que los científicos llevaban tiempo alertándonos y que tienen que ver con el concepto one health acuñado en la década de los 2000 por epidemiólogos, veterinarios y ecólogos, mucho antes de que estallara la pandemia de COVID en 2020. “Tenemos un solo mundo y una sola salud” es la idea central del enfoque one health; es decir, aquello que les suceda a los animales y al medio ambiente repercutirá en la salud humana, con problemas tan diversos como la resistencia a los antibióticos, la seguridad alimentaria y las enfermedades zoonóticas (las que tienen su origen en animales y se han contagiado a humanos, como se cree que pasó con el ébola y el SARS-CoV-2), que preocupan especialmente a los expertos en salud global. Tenemos más información sobre ciencia porque nos hemos impregnado de ella durante tres años de pandemia; hay más ciencia en los diarios y sabemos que la ciencia proporciona soluciones a situaciones de crisis mundial. Sí, todo eso es objetivamente cierto, pero la reacción ante una alerta sanitaria es emocional. ¿Nos generaría más pánico después de lo que hemos vivido con el SARS-CoV-2 o, al contrario, estaríamos curados de espanto?

El (entonces) alabado Simón

También me pregunto si la mayor parte de la gente recuerda quién fue la persona que se ocupó de informarnos durante aquella crisis sanitaria de 2014: la misma que nos informó durante meses cada tarde en los primeros tiempos de la pandemia porque ese era su trabajo. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) desde 2012, Fernando Simón, fue alabado en la crisis del ébola por su capacidad de divulgar los conocimientos que se tenían sobre la infección y tranquilizar a la población.

Esas alabanzas se repitieron al comienzo de la pandemia, cuando nos explicaba con gráficas la idea de “aplanar la curva”; alabanzas que se convirtieron en críticas meses después. No fue el único; durante una reunión de epidemiólogos en Estocolmo (la Conferencia Científica Europea sobre Epidemiología Aplicada a las Enfermedades Infecciosas), a la que tuve la suerte de asistir en 2022, algunos de sus homólogos de otros países europeos me contaron que habían sufrido experiencias similares, y las relacionaban con el ambiente de crispación y polarización política que estalló durante la pandemia.

Hay una anécdota pandémica que nunca se me olvidará de Simón. Nos convocaron a una sesión informativa online en plena crisis, cuando aún se hablaba de Radar COVID, y alguien le preguntó por “la confianza de la ciudadanía hacia fuentes oficiales, como usted, que es del Gobierno”. Inmediatamente Simón respondió para explicar que él no era un político, sino un funcionario del Estado y cumplía con su obligación de informar, gobernase quien gobernase. En aquel momento me gustó pensar que, además de divulgación científica y sanitaria, ese funcionario acababa de hacer divulgación política sin que ese fuese su trabajo.

Pocos científicos dudan de que vendrán nuevas crisis sanitarias debidas a enfermedades zoonóticas en un mundo globalizado y en plena emergencia climática. Cómo las afrontemos dependerá, en gran medida, de la confianza que depositemos en las instituciones públicas y en las personas que trabajan en ellas para cuidarnos a todos.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha afirmado este miércoles que la obligación de llevar mascarillas en el transporte público se levantará “en breve”. Según declaraciones recogidas por El Heraldo de Aragón, la cara visible del ministerio de Sanidad durante la pandemia ha fechado el fin de una de las últimas imposiciones que dejó la Covid: “Yo creo que en un plazo muy corto, no sé si la semana que viene o la siguiente, se retirará el uso obligatorio de la mascarilla”.

[[ACTUALIZACIÓN | Sanidad pone fecha al fin de las mascarillas en el transporte: 7 de febrero]]

Estas declaraciones van en la línea con las de la ministra de Sanidad que, aunque ha evitado poner una fecha, la semana pasada aseguraba que sería “pronto, pronto, pronto” al ser preguntada por este asunto. Este adjetivo es al que se refieren este mismo miércoles fuentes del departamento que dirige Carolina Darias.

La ministra ha defendido la necesidad de seguir “la hoja de ruta trazada” y analizar la evolución de la situación en China. El brote en el gigante asiático ya supuso recuperar el control de viajeros en los aeropuertos españoles, que Sanidad puso en marcha a principios de enero y que decaerá el 15 de febrero.

“Estamos cada vez más próximos y habrá que ver cómo evolucionan los próximos tiempos para tomar esa decisión pero evidentemente la situación epidemiológica cada vez es más buena, pero hay que ver un poco cómo evoluciona el tema de China para adoptar la decisión”, indicó el pasado 19 de enero en una entrevista en Cadena Ser Canarias. Entonces, Darias ya señaló que de los casi 569 test realizados a viajeros procedentes de aquel país en los aeropuertos solo dos habían dado positivo en SARS-CoV-2 y en ambos casos de variantes conocidas. En aquella intervención Darias aseguró también estar “sopesando” la posibilidad de retirar la obligatoriedad de las mascarillas en farmacias.

Simón, que ha participado en Zaragoza en el ciclo 'Nuevo contrato social: la democracia que nos une', ha reconocido que “las últimas semanas en China han complicado la situación”.

Con todo, el director del CCAES ha explicado que la decisión de retirar las mascarillas no es “únicamente” suya, sino que se tienen en cuenta las consideraciones de los técnicos de las comunidades autónomas y del propio ministerio, a través de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta. Este grupo, que se reunió en diciembre, aún no ha sido convocado, pero el director del CCAES ha señalado que “las propuestas están ya sobre la mesa”.

En la misma línea, ha señalado que “el mensaje no es que se vaya a retirar la mascarilla, sino que ahora la población tiene que ser mucho más responsable y depende de cada uno de nosotros cuando tengamos síntomas, la utilicemos de manera responsable. También si somos personas vulnerables. Y entender que nuestra salud también afecta a los demás”, ha indicado Simón.

Algunas voces venían apuntando la contradicción de mantener la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público, mientras se permitía estar sin cubrebocas en otros espacios cerrados o mal ventilados. “Si tenemos en cuenta los factores de transmisión, se pasa mucho más tiempo en el trabajo que en el transporte público, sobre todo si es urbano. Al mismo tiempo, hay lugares de ocio donde es imposible guardar la distancia de seguridad”, indicaba en este reportaje el presidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública, Javier Segura. Este experto incidía en otra máxima de las medidas sanitarias: si la población nota que son contradictorias o poco eficaces, “expresa su disenso dejando de usarlas”.

Otras voces, sin embargo, sí se muestran partidarias de continuar usando la mascarilla. “Hacerlo en plena temporada invernal, con las temperaturas bajas que estamos teniendo, la actividad intensa en interiores y el incremento de contagios de infección respiratoria aguadas es una verdadera insensatez”, consideraba el epidemiólogo Daniel López Acuña.

La OMS, por su parte, sigue recomendando la utilización de la mascarilla, pero no solo en el transporte público, sino en cualquier lugar donde haya un alto riesgo de transmisión, como en aglomeraciones, espacios cerrados o con mala ventilación y con población vulnerable, que esta temporada se enfrenta además a otros virus respiratorios, como la gripe y el VRS, que han llegado con mayor incidencia tras dos años de menor circulación por el SARS-CoV-2.

El 20 de abril de 2020, el líder de Vox, Santiago Abascal, anunciaba con la trompetería habitual de Vox una querella contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus. Unas semanas antes, un abogado condenado por estafa había presentado varias denuncias contra la decisión de las autoridades de no suspender la marcha feminista del 8 de marzo. La Fiscalía ponía en marcha a su vez más de 200 investigaciones en torno a la muerte de ancianos en residencias de todo el país. Todo eso pasó en el epicentro de la pandemia, cuando el país se acercaba al millar de víctimas diarias.

Casi dos años después, la inmensa mayoría de esas acciones legales han quedado archivadas o al menos no hay constancia de que hayan llegado a juicio. Hasta ahora, el mensaje de los tribunales ha sido claro: la gestión de la pandemia habrá sido buena, mala o muy mejorable, pero no ha sido delictiva en sus diferentes niveles.

Las denuncias y querellas han pedido investigar en los tribunales una veintena de delitos. Desde la prevaricación, por las decisiones que tomaron cargos políticos, hasta el homicidio y las lesiones imprudentes, que buscaban castigar los contagios. También ha habido acusaciones por malversación, la omisión del deber de socorro, los delitos contra el medioambiente, el genocidio o la lesa humanidad. Han ido dirigidas contra miembros del Gobierno, presidentes autonómicos, consejeros de Sanidad, autoridades sanitarias y también contra responsables de residencias de todo el país.

Por el momento, los jueces y la Fiscalía no han entendido que la gestión de la pandemia merezca un reproche penal al margen de lo que han dicho por ahora sus compañeros de los tribunales de lo social, lo contencioso y el Constitucional. Querellas que han sido impulsadas por una gran variedad de acusaciones: hay familiares de víctimas, sindicatos médicos y policiales, partidos políticos, asociaciones y colectivos cercanos a la ultraderecha, acusaciones populares recurrentes en casos mediáticos, criminales condenados por atracos y también Emilio Rodríguez Menéndez.

El 8-M feminista

Fue el caso que pilló a todos por sorpresa. Un abogado ourensano condenado y sancionado por estafar a clientes, Víctor Valladares, se presentaba en la Plaza de Castilla de Madrid y presentaba una denuncia contra el presidente del Gobierno y el entonces delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco, por permitir la convocatoria de la manifestación del 8 de marzo feminista cuando el coronavirus ya hacía acto de presencia en nuestro país. La jueza Carmen Rodríguez-Medel se hizo cargo del asunto y puso en marcha una instrucción en la que imputó a Franco, encargó unos informes de la Guardia Civil que se basaban en bulos y medias verdades para acusar al Gobierno de propagar el virus y miró desde la barrera una crisis profunda en el seno del Ministerio del Interior que todavía colea a día de hoy.

El caso engordó con varias diligencias, Vox y una asociación de oficiales de la Guardia Civil tomaron las riendas de la acusación mientras el familiar de un fallecido intentaba personarse sin éxito. Todo quedó archivado el 12 de junio de 2020. Ese día, la jueza Rodríguez-Medel lanzó una dura batería de reproches a la Delegación del Gobierno en Madrid pero archivó el caso. La Audiencia Provincial confirmó su decisión cinco meses después. El resultado es que José Manuel Franco y el personal de la Delegación no habían prevaricado al permitir las concentraciones del 8 de marzo, y no se les podía responsabilizar de unos contagios en las manifestaciones feministas que nadie podía demostrar con pruebas fehacientes.

Fue el caso que sentó unas expectativas poco razonables para todas las denuncias y querellas presentadas en los primeros compases de la pandemia. Pero tuvo también una amplia proyección política. Las derechas esgrimieron esta instrucción durante semanas en el Congreso de los Diputados para acusar al Ejecutivo central de poner en peligro a la población española a sabiendas del riesgo de contagio con tal de permitir la celebración de las concentraciones feministas. “Gritar 'viva el 8M' es como gritar viva la enfermedad y viva la muerte”, dijo Santiago Abascal en la Cámara Baja poco antes del archivo del caso. El mismo Abascal que celebró esa misma fecha, el ocho de marzo, un mitin de su partido en un pabellón madrileño. Al día siguiente se anunció el contagio de su propio secretario general, Javier Ortega Smith, y otros cargos del partido.

El terremoto causado por el conocido entonces como 'caso 8M' sigue teniendo réplicas a día de hoy. Partido Popular y Vox han utilizado unas declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, en las que aseguraba que ya a mediados de febrero de 2020 convocó a su equipo para estudiar medidas contra el COVID, para solicitar la reapertura de la causa y amenazar con nuevas medidas penales. Pablo Casado, por ejemplo, ha exigido la apertura de una comisión parlamentaria para investigar si el Gobierno ocultó información. Vox directamente se ha dirigido al Supremo para que su querella inadmitida sea resucitada y Valladares ha anunciado lo mismo pero en los juzgados de Madrid. Cuando Díaz lanzó aquella guía que pretendía establecer recomendaciones para las empresas y empleados, esos mismos partidos acusaron a la entonces ministra de Trabajo de alarmar gratuitamente.

La negativa rotunda del Supremo

La sala de lo penal del Tribunal Supremo es precisamente donde más querellas y denuncias COVID han naufragado en el último año. Los magistrados decidieron juntar en un único auto las más de 50 acciones penales presentadas contra Pedro Sánchez, sus ministros y ministras, presidentes autonómicos como Quim Torra, Isabel Díaz Ayuso o Alfonso Fernández Mañueco, y autoridades sanitarias como Fernando Simón o incluso la dirección del Servicio Público de Empleo Estatal. La Fiscalía emitió un único informe en el que apostó por inadmitir todas y cada una de ellas.

La nómina de denunciantes y querellantes que se sumaban a los familiares de fallecidos era muy variada. Vox, Víctor Valladares, Abogados Cristianos, Manos Limpias, HazteOír, el sindicato policial Jupol, Hogar Social Madrid, la asociación Pro-Lege, el Defensor del Paciente, la acusación popular del 'caso Ghali', varios atracadores condenados e incluso Pilar Gutiérrez, conocida en los medios como la 'mujer más franquista de España', entre otros. En esta y en otras causas aparecían y desaparecían asociaciones de afectados que no actualizan sus páginas web desde hace un año o que, directamente, nunca han tenido actividad conocida fuera de estas acciones penales.

El fiscal Luis Navajas despachó una buena parte de las querellas definiendo sus acusaciones como “genéricas”. En diciembre era la Sala de lo Penal del Supremo, encabezada por Manuel Marchena, la que redactaba un auto de casi cien páginas para declarar que un responsable político no puede ser responsabilizado de todo penalmente por el hecho de estar al frente de la cadena de mando de la gestión de la crisis del COVID. Empezaron los jueces recordando que las acciones penales no pueden depender, afirmaron, ni de “la indignación colectiva” ni tampoco del “legítimo desacuerdo con decisiones del Gobierno”. También dijo claramente que una persona no puede ser imputada “por el mero hecho de la posición o cargo que ostente en la organización, por muy alto que este sea”.

Sobre el supuesto ocultamiento de información por parte del Gobierno de la gravedad de la pandemia, el Supremo dijo algo aplicable a las últimas amenazas penales de Vox y Partido Popular: “No bastaría con acreditar que se ocultó información (...) ni siquiera sería suficiente con demostrar que la no adopción de medidas tendentes a evitar las aglomeraciones masivas pudo incrementar el número de contagios”, dijo la sala. Hay que probar una relación directa y precisa entre ese supuesto ocultamiento y cada muerte o contagio y eso, según dijo el Supremo, es imposible: “Cualquier esfuerzo probatorio en esa línea resultaría baldío”. 

El Supremo cerró la puerta a investigar a altos cargos del Gobierno central así como de ejecutivos regionales y responsables sanitarios, pero no cortó el paso a cualquier tipo de acción penal a cualquier nivel. Decidió que todas las querellas y denuncias fueran remitidas a los juzgados de Madrid para que, si lo estimaran conveniente, abrieran sus propias investigaciones para los que no estuvieran aforados. Y eso, por ahora, tampoco ha tenido demasiado desarrollo.

Fernando Simón, la Policía y las residencias

La mayoría de estas denuncias o querellas, interpuestas contra aforados del Gobierno central o de los autonómicos, murieron ahí, pero el resto fueron enviadas a los juzgados territoriales sin que, por el momento, haya trascendido que ninguna de ellas se haya traducido en un juicio por alguno de los múltiples delitos denunciados. Los últimos casos conocidos han sido resoluciones de archivo: el juzgado 13 de Madrid rechazó, con el apoyo de la Fiscalía, una querella de Abogados Cristianos contra Fernando Simón. El juzgado 34 ha archivado también recientemente otra querella del sindicato policial Jupol contra Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional.

Otros casos todavía están en fase de instrucción. El juzgado 1 de Valencia, por ejemplo, admitió hace unas semanas a trámite una querella del sindicato médico CESM por la falta de material de protección, tal y como informó ValenciaPlaza. Lo que sí ha empezado a producir sentencias por la vía penal son los conflictos surgidos en torno a las restricciones de lo peor de la primera ola: condenas por peleas surgidas por la mascarilla o la distancia de seguridad entre ciudadanos, por enfrentarse a la Policía durante el confinamiento o la causa que investiga la patada en la puerta de varios policías en Madrid el pasado mes de diciembre.

Algo similar sucede con las investigaciones penales en torno al fallecimiento masivo de ancianos en las residencias de todo el país. Durante los primeros meses de pandemia la Fiscalía actualizó semanalmente el número de diligencias civiles y penales abiertas, y en algún momento superó las 200 investigaciones puestas en marcha por la vía penal, el mayor porcentaje de ellas en la Comunidad de Madrid. Unas cuantas fueron judicializadas y por ahora un número importante de ellas han sido archivadas. La plataforma Marea de Residencias aseguró hace un año que existían cuatro centenares de estas querellas y tal y como explicó elDiario.es las investigaciones se dirigen más contra los trabajadores que contra los responsables y los protocolos.

El pasado julio, por ejemplo, un juzgado de la localidad madrileña de Leganés archivó su investigación por la muerte de personas mayores en residencias de toda la región. Un auto que avaló la gestión de los centros en la que el juez afirmó: “Es la pandemia que nos acecha la que hizo enfermar a estas personas, y no la actuación de los directores de residencias o consejeros querellados de la Comunidad de Madrid”. Recientemente, tal y como explicó El País, la Fiscalía de Madrid ha entendido que los polémicos protocolos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no prohibieron derivar ancianos enfermos de COVID a hospitales. En Ciudad Real casi todas estas investigaciones también han sido archivadas, la última en la localidad de Tomelloso.

El fracaso, al menos por el momento de la vía penal, contrasta con la acción en otras jurisdicciones. Por ejemplo, la sala de lo social del Tribunal Supremo declaró en octubre del año pasado que los sanitarios de todo el país estuvieron desprotegidos durante lo peor de la primera ola, algo que consideraron responsabilidad del Ejecutivo central y de las comunidades autónomas. “Los sanitarios carecieron de medios de protección necesarios”, dijo la sala cuarta en esa sentencia. A lo largo de 2021 otras resoluciones han declarado lo mismo, por ejemplo, en cuanto a la Ertzaintza.

La oposición a las medidas del Gobierno ha transcurrido sin éxito en la vía penal, pero la oposición, a través de Vox, ha obtenido victorias sonadas en el Tribunal Constitucional al recurrir los dos estados de alarma y la suspensión de plazos del Congreso durante lo peor de la primera ola. Un confinamiento del primer estado de alarma que, poco antes de recurrir, el propio Santiago Abascal había reivindicado como parte del plan de Vox en la tribuna del Congreso.

El doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, ha considerado que exigir el pasaporte COVID en locales de ocio puede ser “una opción” pero ha cuestionado su utilidad en España, puesto que prácticamente el 90% de la población mayor de 12 años está vacunada.

“¿Si todo el mundo está vacunado para qué necesitas saberlo cada vez que entras a un bar, si ya sabemos que lo está?”, ha remarcado a preguntas de los medios este jueves tras participar en la primera jornada del Congreso de Médicos Jóvenes en Toledo.

A su juicio, es una “opción que puede llega a ser útil”, por ejemplo a la hora de viajar, pero no tanto como “algunos” piensan en el ámbito del ocio, considerando que para entrar en locales “el impacto” sería “menos importante” para frenar el avance del virus.

“Alguien lo puede considerar necesario, es una opción para recordar que la epidemia sigue ahí”, ha afirmado Simón, señalando que podría ver más utilidad a esta medida como “incentivo” en países donde no hay una alta tasa de vacunación.

A preguntas de los medios, también ha señalado que no se ha planteado en ningún momento confinar parcialmente a los no vacunados, como sí había hecho esta semana Austria, que este viernes ha ampliado el confinamiento a toda la población.

Las declaraciones se producen en pleno debate sobre la extensión del pasaporte COVID como medida para frenar el incremento de los contagios y evitar medidas que afecten a la población general. En Catalunya el pasaporte COVID ya es obligatorio para acceder al ocio nocturno y a banquetes o actos sociales en los que haya baile en recintos cerrados. Euskadi y Navarra, las dos comunidades con mayor tasa de incidencia de todo el país, han solicitado a sus respectivos Tribunales Superiores la autorización para exigirlo en hostelería y ocio nocturno.

El Gobierno valenciano también ha anunciado esta semana que estudia la aplicación del certificado COVID de cara las próximas navidades. Este documento sería requerido a la entrada a comidas y cenas de empresa, eventos multitudinarios y fiestas de Nochebuena, Nochevieja y Reyes.

Sin embargo, este dilema no es nuevo, sino que fue uno de los temas más discutidos en el Consejo Interterritorial de Salud este verano. Comunidades como Canarias y Galicia implantaron este filtro para acceder a la hostelería en las zonas con una alta incidencia de COVID-19, aunque ya no está en vigor.

Augura “ondulaciones” en Navidad y los puentes

En cuanto a la situación actual, ha confiado en que España no vaya “muy deprisa” en ascenso de contagios a medio plazo y ha augurado “ondulaciones” ante la proximidad de puentes o Navidad.

Ha afirmado que en España “ahora estamos mejor” en el número de contagios a causa de la cobertura de vacunación y, aunque “no se puede garantizar nada”, espera que la incidencia del virus “sea un proceso limitado que vuelva descender y luego vuelva a subir”.

Asimismo, se ha referido a la situación más desfavorable que viven algunos países europeos respecto al aumento de contagios, pero ha pedido no comparar países en los mismos términos porque hay algunos de ellos, como Alemania, que notifican los casos positivos en PCR y no en antígenos, cuando la mayoría de países dan cuenta por ambas vías.

Sobre las vacunas utilizadas en España, ha señalado que “hay datos” que dan a entender que “parecen ser estables a lo largo del tiempo”, algo que “es bueno”, aunque hay que esperar a ver qué pasa en el futuro.

También ha recalcado que la vacunación en España funciona porque se maneja “una información homogénea” al respecto y el sistema sanitario público “da cobertura a la mayor parte” de la población.

“Ha habido mucha presión por que la información fuera la verdad”

Respecto al manejo de la información, ha admitido que en esta pandemia “ha habido mucha presión por que la información fuera la verdad” y la verdad “no la tenemos”.

Del mismo modo, ha reconocido que durante la pandemia ha habido “una caza de brujas” bajo todo su equipo, queriendo acceder a la vida privada de sus miembros.

A los sanitarios presentes en la jornada, les ha dicho que tienen que entender que su respuesta a la crisis es una “más”, y que forma parte de una respuesta “multisectorial”, pero que no es el único criterio.

Sanidad pone punto y final a la única rutina institucional que sobrevivía a la mejoría de los datos de contagios. La ministra Carolina Darias ha cancelado las reuniones semanales con los consejeros de salud de las comunidades autónomas. A partir de ahora se espaciarán, posiblemente cada 15 días. Según fuentes del Ministerio ya no tiene sentido seguir convocando el Consejo Interterritorial de “manera automática” y la ministra aboga por hacerlo “cuando se necesite” en el futuro.

El fin de esta comparecencia una vez a la semana revela algo más: la pérdida paulatina de presencia pública de los iconos de la pandemia. Los referentes informativos que copaban las mañanas, las tardes y las noches en periódicos, radios y televisiones pasan con la buena situación epidemiológica a un segundo plano.

“Ojalá pueda estar fuera de los focos mucho tiempo y que la gente pueda ir olvidándose de las personas y centrándose en los problemas sanitarios”, dijo hace unas semanas Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, en su reaparición en público tras dos meses fuera de los focos.

Durante muchos meses se apostó a diario tras un atril del Gobierno para contar las últimas novedades de una pandemia que tenía angustiada a la población. El portavoz científico terminó convertido –casi al nivel del ministro Salvador Illa– en un icono: en la conversación social se instalaron conceptos epidemiológicos como incidencia acumulada a 14 días o R0, pero también su último corte de pelo o su escapada de verano a surfear en Portugal. La importancia mediática era tan relevante, atravesaba tanto el día a día de la población, que dio ruedas de prensa incluso infectado y en aislamiento en su casa. Se hicieron también camisetas con su cara.

Las comparecencias diarias pasaron a ser bisemanales; después se celebraban únicamente los lunes. Hoy ya no existen y Simón suena como favorito para dirigir el nuevo Centro Estatal de Salud Pública, cuya puesta en marcha está prevista para el segundo semestre de 2022. Salvador Illa, el ministro al que Pedro Sánchez asignó poco antes de la pandemia la cartera de Sanidad porque “tenía una carga menor que otros ministerios” y así tendría tiempo para hacer política en Catalunya, ahora tiene un escaño en la oposición del Parlament.

“Todo tiene su principio y su final. Si se continúa normalizando la situación, y todo indica que vamos muy bien, nuestro papel como responsables de trasladar el discurso se irá diluyendo porque ya no seremos tan necesarios”, indica Amós García Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Vacunología y representante español del Comité Permanente de la OMS para Europa.

García Rojas no sabe cómo pasó de ser un vacunólogo anónimo que había dado sus batallas contra problemas de salud pública fuera de la exposición mediática a posar junto a una pintada que dice “Amos tu eres el cobi” mientras bromea que no sabe si se refiere a la enfermedad o a la mascota olímpica. Cuando estalló la pandemia estaba a punto de jubilarse. “Los profesionales ya nos habíamos batido el cobre frente a problemas de salud pública previos (la infección por VIH, las vacas locas, la gripe porcina...) pero nunca con tanto protagonismo”, recuerda.

El acoso hacia los técnicos que han comunicado la pandemia –y a los científicos que la han investigado, según un estudio publicado por la revista Nature– no es un fenómeno exclusivamente español. El Gobierno británico tuvo que poner un escolta a Chris Whitty, el portavoz inglés para la estrategia contra el COVID-19, al ser zarandeado en un parque de Londres el pasado mes de julio. “Que paseando por una céntrica calle de Las Palmas me llamen a grito pelado 'asesino' e 'hijo de puta' son cosas que me han dejado despavorido”, contaba García Rojas en esta entrevista.

Otro de los rostros ya desaparecidos de la primera línea de exposición es el de Raquel Yotti, exdirectora del Instituto de Salud Carlos III. Fue la responsable del estudio de seroprevalencia que estimó cuántas personas se habían contagiado de coronavirus en España. Una de cada diez, según las últimas conclusiones. Yotti fue nombrada secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia en agosto de 2021.

Pedro Gullón, profesor universitario, investigaba las desigualdades sociales y las enfermedades crónicas hasta marzo de 2020. Un día empezó a llamarle la prensa y llegó a atender a 37 medios en una jornada, cuenta en conversación con elDiario.es. “Es normal que la gente esté cansada de la pandemia y acabará cuando se deje de hablar de ella. Forma parte de la desescalada y es un proceso lento pero constante: menos novedades, menos interés mediático y menos ruedas de prensa”, analiza. “A nivel personal ha sido marciano a más no poder. Ver tu nombre en muchos sitios da un poco de vértigo, incluso síndrome del impostor. Es mucha responsabilidad intentar explicar una realidad que en ocasiones era difícil de entender porque íbamos a matacaballo”, añade.

Los expertos coinciden en que no han sido ellos sino la sociedad quien ha ido construyendo los “conceptos de la pandemia”. “Las medidas no farmacológicas se han ido nombrando así: confinamiento, confinamiento perimetral... Otros conceptos han surgido a base de repetirlos aunque tienen poca base científica como 'vacuna esterilizante'. ¿Alguna lo es, lo sabemos seguro? Son conceptos que han trascendido y se quedan, se instalan en la conversación social”, reflexiona Gullón.

Todos confían en que el interés por la salud pública –y sobre todo la inversión en ella– no decaiga una vez se supere la pandemia. “Espero que una de las enseñanzas sea que es fundamental para afrontar los problemas que asustan a la ciudadanía para que la próxima vez nos coja armados. El sistema sanitario –remata García Rojas– nunca puede ser objeto de recortes”.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha defendido que el proceso de vacunación en España va muy bien, pero el futuro no solo lo determina la vacunación. De ahí que haya avisado de que dejar de usar la mascarilla supondrá “dar un paso atrás”, hasta que al menos no haya más de un 70 por ciento población vacunada.

Simón, que ha participado como ponente en un ciclo de conferencias en Ciudad Real, ha reconocido que el futuro es muy incierto, pues “todo son preguntas”, al tiempo que ha defendido que el futuro pasa por la vacunación y por mantener las medidas de control el tiempo suficiente hasta que la vacuna permita controlar el problema.

“La vacunación va bien, pero el fututo no lo determina solo la vacunación. La inmunidad no solo se puede obtener por vacuna, porque no todos los vacunados se inmunizan, también por haber pasado la enfermedad”, ha precisado Simón, que ha explicado que a fecha de noviembre, se estimaba que el 9,9% de la población era inmune, estadística que oscila entre el 15,4% y 15,8% en estos momentos por haber pasado la enfermedad. “También tenemos inmunes vacunados, con la primera dosis el 12,8% de la población, que da una inmunidad del 75%, y con la segunda dosis, que produce una inmunidad de alrededor del 90%, un 12,5%. Ahora tenemos entre el 40,3 y 40,6% de nuestra población inmune por vacunación y la inmunidad crece al día con la vacuna un 1%”, ha detallado.

“Si 40 de cada cien posibles casos los eliminamos por inmunidad, con la mascarilla, la distancia de seguridad y el buen comportamiento eliminamos un 20, un 30%. No lo sabemos, la probabilidad de infecciones es cada día menor, la inmunidad de rebaño la conseguiremos, si mantenemos el uso de mascarillas, bastante antes de lo que pensamos, pero será de forma inestable. Dejar la mascarilla supondrá dar un paso atrás hasta que no tengamos al menos más de un 70% población vacunada. Pero no estamos tan lejos”, ha reconocido el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Respecto a cómo van a afectar las variantes, ha defendido que habrá que crear nuevas vacunas de siguiente generación que permitan controlar esas variantes que se escapan a las vacunas de ahora. “Pero no sabemos realmente qué va a pasar”, ha admitido.

Dificultad para determinar causas

En otro orden de cosas, y tras asegurar que la epidemia es “gorda”, Fernando Simón ha afirmado que lo interesante no es la magnitud sino la variabilidad por comunidades autónomas, pues la epidemia ha afectado de forma muy diferente a los diferentes territorios. “Algunas de las razones las intuimos, algunas creemos conocerlas pero otras muchas habrá que investigarlas, discutirlas con mucha humildad y no va a ser fácil porque todavía hay muchos sentimientos, muchas peleas, incluso intereses que no van a facilitar para nada una evaluación correcta de todo lo que ha pasado, ni aquí ni en Francia, Alemania o Italia. Aprenderemos mucho, pero no va a ser fácil aprenderlo todo”, ha avisado.

De igual modo, y preguntado en el turno de preguntas sobre cómo evitar el bloqueo de materiales, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha indicado que se las instituciones lo intentan, pero detrás “hay muchos intereses económicos”, pues es muy fácil durante pandemia convencer a las empresas.

A modo de anécdota, ha relatado que el Gobierno de España consiguió convencer a una empresa china para que montase una línea de producción de mascarillas. “Consiguió comprar una máquina para hacer mascarillas en China, único país que las hace. También convenció a una empresa para que montará la cadena de producción, algo que se podría dilatar a una semana. El caso es que cuando la máquina iba en unos camiones para montarla en un avión del Ejército español que había ido a recogerla, en la puerta del aeropuerto, no recuerdo si fueron los servicios secretos de la Embajada de Francia o de Estados Unidos, les ofrecieron el doble de dinero por llevar esa máquina a los aviones de sus países. Y eso pasó con montones de cosas”, ha concluido.

Castilla-La Mancha ha podido confirmar hasta la fecha tres casos de la variante británica de la cepa del SARS-CoV-2 en la región de un total de 88 registrados en España, con datos del 14 de enero facilitados por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Así lo han comentado a elDiarioclm.es fuentes de la Consejería de Sanidad - no se ha publicado información oficial al respecto, solo la transmitida por Fernando Simón- y las mismas fuentes añaden que todavía se está esperando la confirmación de otras muestras sobre las que hay “dudas” y que están pendientes de análisis en el Centro Nacional de Microbiología (CNM), con sede en Majadahonda, en Madrid y dependiente del Instituto de Salud Carlos III.

Las mismas fuentes no han facilitado el lugar dónde fueron confirmados los casos positivos de COVID-19 de la variante británica ni tampoco las circunstancias de su llegada a territorio regional.

Hostelería de España ha exigido una rectificación o el cese inmediato del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ante su “criminalización” a los bares tras afirmar en la rueda de prensa del pasado lunes que “la medida que ha tenido un impacto mayor ahora mismo en el control de la transmisión ha sido el cierre de los bares”.

Esta afirmación, según Hostelería de España, no solo es “del todo falsa” según demuestran los propios datos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, sino que pone de manifiesto una “absoluta falta de responsabilidad”, al no tener en cuenta el “fuerte” impacto que pueden tener sobre un sector motor de la economía nacional, que antes de la pandemia aportaba el 6,2% del PIB y daba empleo a 1,7 millones de personas, siendo el cuarto en generación de empleo.

El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, se ha mostrado contundente y ha exigido a los diferentes cargos públicos “seriedad en su toma de decisiones y respeto” hacia un sector, que desde un primer momento ha actuado con “absoluta responsabilidad” adoptando todas las medidas de seguridad que se han impuesto.

“Estamos hartos de la criminalización del sector por parte de las autoridades y de estar en el foco continuo de las restricciones, a pesar de que los datos de evolución de la pandemia han demostrado que el cierre de la hostelería no tiene un impacto real”, ha señalado.

Según los datos analizados por Foqus a partir del Informe del Ministerio de Sanidad del pasado 4 de diciembre (última actualización disponible), y que ha resaltado Hostelería de España, menos del 2,3% de los contagios se produjo en hostelería, frente a la transmisión en reuniones sociales, que continuaba aumentando, siendo el foco en el 15,3% de los casos.

Para Yzuel, estos datos demuestran que cerrar la hostelería no solo no es la solución a la propagación del virus, sino que tiene efectos contraproducentes en la evolución de la pandemia, ya que aboca a otro tipo de encuentros donde el nivel de contagio es mucho mayor. “La hostelería es la alternativa controlada y segura a otro tipo de reuniones sociales”, ha afirmado.

Hostelería de España también ha señalado como, ante modelos de gestión muy dispares, como puede ser el caso de la Comunidad de Madrid, que ha apostado por la contención del virus sin ahogar la economía, o Cataluña, que optó por el cierre total, los datos demuestran que las curvas son paralelas, sin que el cierre de la hostelería haya supuesto una contención del virus. Lo mismo ha sucedido en otras comunidades autónomas como Castilla León y Andalucía. En el caso de Cantabria, tras dos meses y medio con los interiores cerrados, la tasa de contagios ha subido un 34%, concluye. 

Piensa como piensan los sabios mas habla como habla la gente sencilla

Aristóteles

Si algo sabemos distinguir los profesionales de la comunicación es el olor a carne quemada. Cuando alguien está achicharrado, aunque lo hayamos tostado vuelta a vuelta nosotros mismos, no nos cabe duda de que desprende ya ese tufillo que lo hace inválido para la misión que debe desempeñar. Es un rumor casi unánime en los cenáculos de los medios de comunicación: Fernando Simón está quemado como portavoz. Se trata de un diagnóstico puramente profesional y en él coinciden muchos profesionales que creen que ha llevado a cabo una encomiable, ingrata y sacrificada labor. Una cosa no empece la otra y quizá su último servicio a la nación, a la que tanto ha dado, sea un adiós y que merezca una medalla para reconocerle todo lo que ha hecho por nosotros.

No se trata de una opinión visceral, a mí Simón, al que no conozco, me cae muy bien. Parece un tío afable, jatorra, comprometido y que practica el principio aristotélico con el que ilustro este artículo. Tampoco comparto esa visión sesgada de que ha estado equivocándose y provocando muerte y dolor desde su puesto, porque cualquiera que lea prensa extranjera sabe que ha ido tropezando en las sucesivas piedras que hasta la OMS ha ido sembrando durante el año más largo del siglo. Nos dijo lo de las mascarillas, es cierto, y yo no le hice ni caso, porque soy grupo de riesgo y tenía milagrosamente un paquete en casa, pero esa decisión partió de la OMS y siempre pensé que era debida a la imposibilidad de conseguirlas hasta para los sanitarios, que eran los más necesitados. No, no pertenezco al grupo de los que quieren lincharlo porque piensan que así linchan de paso al Gobierno socialista.

Es una cuestión puramente práctica la que me mueve a decir que la etapa de Fernando Simón como portavoz ha llegado a su fin: ahora mismo desata más animadversión o polémica como portavoz que serenidad aporta y eso significa que ya no está cumpliendo la misión para la que fue designado. Está cansado, está quemado, está desgastado, está devorado. La cuestión es que se sitúa ya en disposición de recibir los agradecimientos y pasar el testigo a alguien de refresco. A fin de cuentas no estamos ante un problema personal sino ante un problema social y colectivo en el que el esfuerzo común es clave para el éxito. Nadie es imprescindible y si ya creas más problemas de los que solucionas, entonces, amigo, sea cual sea tu puesto lo mejor es que te vayas.

Para que nadie me acuse de tomar un partido u otro, para mostrar los argumentos puramente profesionales de esto que observo, he acudido a una tesis doctoral presentada en 2011 por Carmen Thous titulada El portavoz corporativo, un emisor mediático. Es completamente imposible que la doctoranda escribiera pensando en una pandemia como la presente y en Fernando Simón como portavoz y, sin embargo, retrata muchos de los problemas que se observan ahora. Dice Thous que las cualidades de un buen portavoz son la entrega a la causa, la responsabilidad y la mesura y añade la absoluta necesidad de vencer a la vanidad cada día. Es por eso que los grandes portavoces “pagan el precio del sacrificio, pagan el precio de mantenerse como creíbles y pagan el precio de tener que escuchar los clarines de la fama y resistirse a ellos”.

Los clarines, una forma medieval de decirlo, pero en términos modernos podemos afirmar que la exposición mediática continuada produce cantos de sirena a los que resulta muy difícil sustraerse cuando uno no está expresamente entrenado para el trabajo en los medios de comunicación. No es el caso único de Simón, porque yo he visto sucumbir a ese efecto a magistrados, abogados, científicos y hasta controladores aéreos. Por contra, los profesionales de los medios somos tan conscientes de la inconstancia del foco, de su extrañeza, de su contingencia, que verán pocos verdaderos profesionales que no sepan diferenciar perfectamente su misión y su vida del influjo homérico de los focos. Una cosa es que el foco te ilumine y otra muy distinta ir moviéndote por el espacio en busca del círculo iluminado. Esa frase se la oí a un viejo magistrado que criticaba a un juez estrella. Vale para todos.

Los periodistas, los medios, hacen su trabajo cuando les piden más alto, más lejos, más fuerte. Súbete al globo, posa como una vedette, vente a bucear o súbete con nosotros al tren de la risa. En los medios va el pedir y en el personaje está el negar. Qué quieren, yo conseguí que un ministro de Defensa posara en el suelo de su despacho haciendo barquitos de papel. Este caso no es el único, pero alguno de sus últimos fallos sonados tiene que ver con la dificultad que supone para un profano mantenerse siempre alerta cuando hay una grabación en marcha. Así, si te bromean con las enfermeras, te sale el simpaticorro que hay en ti y se te olvida tu papel oficial de imagen de los sanitarios y no contestas cosas como: “No comparto bromear con el papel relevante y sacrificado que llevan a cabo las profesionales y blablabla”. Es muy difícil estar siempre alerta.

Son pequeñas cosas, deslices humanos, que hacen que de pronto las organizaciones colegiales, corporativas claro, de tu país te pidan que te vayas o que lo haga el sector turístico o el cultural o investigadores que han logrado demostrar la importancia de los aerosoles en la transmisión. Ha llegado el momento de que Fernando Simón se haga a un lado, no por una de estas cosas en concreto, ni siquiera por el conjunto, sino porque todas ellas demuestran el agotamiento de la función y porque un portavoz lo que no debe ser jamás es el centro de una polémica.

Yo quiero agradecerle a Fernando Simón tanto esfuerzo y tanta desazón y hasta las canas que seguro que ha echado acompañándonos día a día en ese temor tenso que todos vivimos desde nuestras casas mientras las cifras de muertos iban helándonos el ánimo. Por eso mismo creo que honestamente me toca decirle que está quemado, abrasado, socarrat, para seguir llevando a cabo esta tarea en la que aún vienen tiempos complejos y que, de seguro, no se va a resolver de aquí a unos días.

La credibilidad, la confianza y la seguridad que se transmiten al público son un capital leve que es muy fácil dilapidar, incluso haciéndolo de una forma excepcional. Por eso a veces el mejor trabajo es saber cuándo ha llegado el momento de saludar al público, recibir una ovación y hacer un mutis por el foro. Que la Organización Médica Colegial y el Consejo General de Médicos te pidan que te vayas no es una cuestión fácil de remontar, por mucho que sepamos de la caspa que suele cubrir a estas instituciones muchas veces alejadas del sentir del médico de a pie. Es seguro que hay una explicación y que fue puro cansancio que Simón dijera que ahora “los sanitarios tienen un mejor comportamiento evitando contagiarse fuera de su espacio de trabajo” pero es, sin duda, algo muy feo y muy desagradecido por la crítica directa que supone a la actuación del colectivo que se ha dejado la piel y hasta la vida en la lucha por salvar vidas.

Hay muchas cosas que un tipo bueno y comprometido como Fernando Simón puede darnos aún pero me temo que la de seguir siendo portavoz durante la pandemia no es ya una de ellas.  

Las esperanzas del mundo están fijadas desde hace unas 72 horas en las sedes de la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech. Son los dos socios que están desarrollando la vacuna contra la COVID-19 más prometedora hasta ahora, porque sus estudios preliminares –todavía solo emitidos por las empresas, no en una revista científica– le dan un 90% de efectividad. Eso significa que inmunizaría a 9 de cada 10 personas que se la pongan, frente a otras que han demostrado que lo harían con alrededor de 6 de cada 10. La Comisión Europea ha cerrado este miércoles el acuerdo de compra con ellos de 300 millones, a las que a España le corresponden 30. El ministro Salvador Illa asegura que en enero podrían llegar las primeras, y para mayo las suficientes como para haber vacunado a 10 millones de personas. Esa cantidad no anularía la pandemia, pero sí podría valer para vacunar a gran parte de la población de riesgo y tener un primer control. Pero antes queda por apuntalar el proceso, todo un “reto”, en palabras de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, para el país, para el continente y para el planeta. Implica más proyectos aparte del de Pfizer y sus plazos están sujetos a que todo siga bien, algo que depende de varios factores y de más ensayos.

El Ministerio lleva desde septiembre trabajando con las comunidades autónomas y varias sociedades científicas y expertos en un documento que servirá de diseño del plan. Fuentes de Sanidad y otros conocedores del proceso creen que puede estar listo a lo largo de la semana que viene, el ministro Salvador Illa ha especificado que esperan estar en condiciones de concluirlo el lunes 23 de noviembre. Según han explicado a elDiario.es esas fuentes, el protocolo que salga de ahí no hablará específicamente de Pfizer ni de ningún otro ensayo, sino que tendrá en cuenta que a España en 2021 pueden llegar casi simultáneamente varios tipos de vacunas. La Comisión tiene ahora mismo cuatro contratos (con la que era la gran promesa hasta este mismo lunes, AstraZeneca –que desarrolla su vacuna junto a Oxford–, con Sanofi y con Johnson & Johnson) y está en conversaciones con Moderna, CureVac y alguna empresa más. Fernando Simón habló este martes de que se barajan hasta ocho vacunas diferentes.

Es decir, el grupo de trabajo valora diferentes estrategias por si las dosis estén dirigidas a una población concreta –puede haber alguna recomendada para jóvenes y no para ancianos, por ejemplo–, si son monodosis o doble dosis –como las de AstraZeneca y Pfizer– o la eficacia que finalmente tengan. En cada caso el dispositivo podrá ser distinto. También tendrán que dirimir si la estrategia prioriza finalmente a los grupos de riesgo y a los sanitarios, algo por lo que en principio se inclina España y recomienda la Unión Europea, pero que de nuevo dependerá de las características de las vacunas. Y aspectos como si hay que estipular alguna clase de formación aparejada para los profesionales que la vayan a dispensar o dónde procede administrarlas.

1.011 millones ampliables

El Gobierno ha reservado de momento en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 1.011 millones de euros para la compra de vacunas contra la COVID-19. Existen al margen mecanismos de ejecución para gastos extraordinarios si fuese necesario. Los 1.011 millones son el 40% del total de los fondos europeos para la reconstrucción que van destinados al Ministerio de Sanidad, porque el proceso se sufragará básicamente de ellos. Todavía no está detallado cuánto irá a parar a la compra en sí de las dosis, y cuánto a la logística y gastos derivados –transporte, mantenimiento, campañas– que, otra vez, serán diferentes para cada tipo. El cálculo inicial preveía que la inmensa mayoría, informó el ministro Salvador Illa, fuese destinado en sí a la adquisición. Pero por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene unos gastos de conservación elevados por tener que mantenerse a unos -75º. Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estadounidenses ya han advertido de hecho a algunos hospitales que harían bien si tienen un plan b con proyectos más baratos. Esta vacuna no tiene un precio fijado todavía, pero de la de Oxford, por ejemplo, se sabe que costará 5,8 euros por tratamiento.

El procedimiento para conseguir las vacunas incluye a su vez tres procesos internos, bastante avanzados y agilizados. El primero es la negociación con las farmacéuticas, que lleva a cabo un equipo de trabajo de la Unión Europea con participación española –hay un representante de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS–. El segundo es la autorización, que debe dar la Agencia Europea del Medicamento: “Se evalúan los resultados preclínicos, los clínicos con humanos, y los de calidad, que indican que es segura. Se está agilizando por el método rolling review, es decir, los datos se envían conforme se tienen, no se espera a enviar todo a la vez como con otras vacunas”, razona un portavoz de la AEMPS. Los que les faltan a Pfizer y a AstraZeneca son los resultados concluyentes en eficacia y en seguridad.

Y el tercero es la logística. Muchos de los aspectos que implica están abordándose en las conversaciones entre Pfizer y la Unión Europea, y tendrán que ser cerrados: cómo se hará, cómo se distribuirá e incluso los lugares de entrega. “Pfizer tiene una manera de distribuir que es un reto. Mantener una cadena de frío a -80 grados lo es. Van a utilizar unas cajas que refrigeran hielo líquido, que se han usado ya para el ébola y que cuentan con marcadores de temperatura, aisladas y manejables”, abundan en la AEMPS. Eso facilita las cosas porque “ya no hacen falta aviones. Solo camiones normales donde van estas cajas”. Desde Pfizer remiten un comunicado a elDiario.es desde su área de internacional en el que especifican que han desarrollado “planes y herramientas logísticas para asegurar un transporte, almacenamiento y control continuo de la temperatura de las vacunas efectivos” y se comprometen a tener “un sistema flexible que enviará los viales congelados al punto de vacunación en el momento necesario”.

“Anticipamos que los puntos de vacunación variarán, pero pueden incluir hospitales, centros de salud, lugares de vacunación comunitaria y farmacias”, escribe Pfizer. Eso es algo relevante, pero no algo que deban decidir ellos, sino Salud Pública del Ministerio y las Comunidades Autónomas. Todavía está también por definir si planes de vacunación tan masivos incluirán más infraestructuras que los centros de salud habitual. “Que se entregue en tales naves, o de tal manera, no es lo relevante. Lo relevante para la gente es si te vas a poder vacunar en el centro de salud o en el hospital más cercano”, siguen en la AEMPS.

Un despliegue récord

El despliegue que se intensifica ahora es inédito. España tiene un historial de décadas de vacunación de muchas enfermedades, pero nada parecido a lo que se quiere alcanzar para el coronavirus ni a su grado de novedad. Lo más parecido es la campaña anual de vacunación de la gripe, que normalmente alcanza cotas de alrededor del 50% para la población de riesgo –este año se quiere llegar al 75%, a la espera de datos finales–. Pero no es comparable porque son vacunas distintas, porque lo de ahora se trata de una pandemia que ha paralizado la vida económica y social y por la propia idiosincrasia de la COVID-19. Va a tener que haber “cierta formación para los sanitarios, lógicamente”, indica Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, “todo va a tener que estar tremendamente detallado y va a haber complicaciones logísticas. Pero ¿qué ha habido fácil en relación a la pandemia? Nos tenemos que esforzar en dar una solución”.

García lanza el mensaje de que con el anuncio de Pfizer “puede verse la luz al final del túnel, pero seguimos en el túnel”. La pandemia continúa y, siendo optimista, considera que se podrá empezar a vacunar a lo largo del primer semestre de 2021, sin dar por supuesto tanto como que esto suceda en enero. En general, todos los científicos llaman al optimismo con cautela. La doctora Isabel Sola, investigadora de una de las vacunas españolas en el CSIC en el laboratorio que codirige con el doctor Luis Enjuanes, califica los resultados de Pfizer de “prometedores”, pero también indica que aún hay dudas por resolver: “En la tercera semana de noviembre han dicho que habrá resultados sobre efectos adversos con más voluntarios. Lo que sabemos ahora es prometedor, pero lo sabemos por un comunicado de la compañía, no por datos objetivos. Tampoco sabemos qué clase de inmunidad proporciona ni a qué grupos de edad va recomendada”.

Si desarrollar una vacuna en un año constituirá un récord, también lo será que se distribuya y administre en meses. Más si se alcanzan tasas de cobertura deseables, los 10 millones de personas que dijo el ministro Salvador Illa. “Las vacunaciones masivas que se han conocido en el siglo XX, como la de la viruela, tardaron años”, sigue Isabel Sola. “Es cierto que en este momento de la historia hay más avances y ahora se pondrán todos los recursos al alcance, pero no es algo que vaya de un día para otro. Ni el mundo es solo una gran ciudad llena de hospitales a los que acude la gente de forma ordenada. Hay que llegar a otros muchos lugares del mundo porque es una pandemia y además hay cosas que complican la logística, como la doble dosis o el frío”. En el equipo de Sola esperan comenzar pronto con los ensayos en modelos de ratón humanizados en noviembre, y si todo va bien 2021 con personas. Tener, aunque sea a largo plazo, tal vez en 2022, una vacuna que se produzca en España, “nos dará independencia” y eliminará gran parte del proceso del reparto europeo.

“Este año no toca”, dijo Fernando Simón en rueda de prensa este lunes. El portavoz de Sanidad hacía referencia a los eventos deportivos multitudinarios, como el protagonizado por los forofos del Cádiz, pero también a lo que después calificó como las “no-fiestas de los pueblos” y demás celebraciones extraoficiales que preocupan al Ejecutivo. “En esta fase de control se pueden hacer muchas cosas, nos podemos divertir, pero sin perderle el respeto al virus”, advirtió previamente el ministro Salvador Illa en referencia a algunas estampas que está dejando el verano más allá de las aficiones de fútbol.

Discotecas, botellones, chiringuitos abarrotados...escenarios que tanto Simón como otros expertos en Salud Pública relacionan inevitablemente con la juventud. Además, la media de edad de contagios en España se ha reducido mucho en las últimas semanas: es actualmente de 50,5 años en mujeres y 46,3 años en hombres.

El director de Emergencias Sanitarias achacó esta bajada a la transmisión entre trabajadores temporeros, pero también a grupos de “jóvenes y no tan jóvenes” que fomentan las situaciones de riesgo. Las ansias por las vacaciones después del estado de alarma y la sombra de un posible nuevo confinamiento en otoño hacen que, según los sociólogos, explote el sentimiento de carpe diem sobre todo entre las personas de menor edad. Y, ante esta actitud, el llamamiento a la “responsabilidad individual” por parte del Gobierno ha empezado a hacer aguas.

“La sociedad contemporánea, además de muchos otros rasgos, se define por su tremenda capacidad para olvidar y los jóvenes tienen este atributo más desarrollado”, explica el doctor en Sociología y profesor universitario Mariano Urraco. “No son egoístas, si no más bien inconscientes” porque no tienen sensación de peligro o de riesgo para su salud y la de aquellos con los que se relacionan de forma directa. Desconfía también de la eficacia de la “responsabilidad individual” en un contexto en el que “se ha vuelto a la vieja normalidad de manera desaforada” y en el que el síndrome de la cabaña parece una preocupación añeja.

El experto reconoce que, a diferencia de la generación anterior, a los más jóvenes se les ha inculcado vivir el presente. “No aplazar para después lo que puedas hacer hoy, Si no te mueves caducas y ese tipo de consignas les han configurado a nivel mental”, por eso, “estar un año sin verano, existiendo posibilidad, les parece impensable”. “La publicidad enseña que el momento es aquí y ahora, y ese presentismo en el contexto de una pandemia se vuelve en contra de la salud pública”, razona. Milagros García Barbero, exdirectora de salud en la OMS, recoge esta evidente la falta de miedo hacia el virus unida a que, en verano, “la juventud se desmadra siempre, pero este año más”.

“Los jóvenes tienen más necesidad y ansia social ahora que no están encerrados, porque no se han podido comunicar personalmente, por mucho que exista Facebook y Zoom”, comprende la también profesora de Salud Pública. “Además, hace calor, las casas no están acondicionadas y se está mejor fuera”. Por eso, apuesta por generar “una conciencia nueva de que seguimos estando en peligro. Y, cuanto más brote haya, más en peligro vamos a estar”. Mariano Urraco cree que para ello hay que hacer campañas, “que no cuñas puntuales en televisión”, de sensibilización cultural. ¿El problema? “El virus es silencioso y no existe correspondencia causa-efecto, lo que provoca que no tengamos consciencia de que nuestros actos puedan tener consecuencias en dominó en personas que ni siquiera conocemos”, desconfía el sociólogo.

García Barbero es más drástica. La edad media de los ingresos en la UVI, según la experta, ha bajado también en cuestión de dos meses, pasando de los 80 a los “55, 45 e incluso atendiendo a pacientes de 25 años”. Así, la profesora cree que la única manera de concienciar a la gente joven es recurriendo a las secuelas: “Los que salen tienen problemas respiratorios importantes y no solo respiratorios, porque el coronavirus afecta a todos los órganos. Por una tontería de irte a dar saltos a una discoteca, o irte a un botellón, quizá te has fastidiado la salud para toda la vida. Creo que ese es un mensaje aterrorizador que también hay que transmitir, como los de la DGT”.

La paradoja: menor responsabilidad ante mayores riesgos

Ya en abril, ante los primeros paseos con niños y la paulatina relajación del estado de alarma, el Gobierno comenzó a apelar a una “responsabilidad individual”, ante la que los expertos vaticinaban que lo complejo sería “mantener la tensión” entre la población. Apenas tres meses más tarde, los rebrotes y las imágenes de las celebraciones desvelan que los epidemiólogos no fallaban. “Dejarlo todo en la responsabilidad individual está claro que no funciona”, expresa García Barbero. Ni siquiera el temor a un nuevo encierro está haciendo que las medidas de prevención sanitaria calen del todo.

“Está cristalizando la idea del confinamiento en otoño de forma casi segura. Y, como expresión de ese rasgo de vivir el presente, era bastante previsible que la gente hiciese lo que está haciendo”, explica Mariano Urraco. “Intentar aprovechar el tiempo, carpe diem por lo que pueda venir después y, si no viene, que me quiten lo bailao, pero el verano no lo he perdido”, ilustra el sociólogo. Además, “el anterior encierro no ha sido lo suficientemente largo como para desarrollar pautas de conducta. Se ha interiorizado que era solo por un tiempo, pero que la vida normal seguía ahí fuera”. La exdirectiva de la OMS cree que la sociedad se ha rendido ante la actitud hedonista de disfrutar hasta que se pueda, “como el que se come el bocata y las patatas de bolsa antes de ponerse a régimen”. “Pero esto no es como si cae un meteorito: si nos vuelven a confinar será porque no hemos hecho lo que deberíamos, aunque sea solo culpa de unos pocos”, opina García Barbero.

En cuanto a los comportamientos de la gente en verano, el experto piensa que la gente se rige por el dilema del prisionero: actuar mal dando por hecho que el otro va a actuar igual o peor. “A pesar que nos digan que lo mejor es mantener ciertos comportamientos de prudencia, la gente, en previsión de que otros los van a incumplir y por su culpa nos van a confinar de nuevo, lo hace también”, refleja. En ese sentido, piensa que están siendo más efectivas la amenazas con sanciones económicas que los mensajes de que la COVID-19 sigue campando a sus anchas y saldándose víctimas.

Respecto a las multas que han impuesto algunas comunidades para fomentar el uso de las mascarillas, Fernando Simón reconoció que “las autoridades sanitarias tienen que ser capaces de controlar la transmisión y, si no la consiguen controlar solicitando a la población su responsabilidad individual, tendrán que hacerlo de otra manera”. Aún así, el epidemiólogo sigue confiando en que “la gente es lo suficientemente inteligente para saber valorar las situaciones de riesgo”. Una opinión que no comparte García Barbero, y lo ejemplifica con el aumento de rebrotes. “Cada día hay 20 o 30 focos nuevos, y el problema no son los primeros contactos, si no los asintomáticos y las carencias en el sistema de rastreos que hacen que se descontrolen”, dice la experta.

“Aquí, la responsabilidad individual tiene que tener una responsabilidad social-colectiva. Con tu propia familia y tus propios amigos, que son los principales focos de contagio”, piensa ella. Una responsabilidad que hay que inculcar sobre todo entre la gente joven, “que se mueve en grupos más amplios y escenarios con barra libre de personas en los que cualquiera puede incorporarse a las aglomeraciones y donde es imposible hacer un rastreo”.

Simón recordó que el peligro para los jóvenes no es tanto cómo les afecte el coronavirus a ellos, sino que tienen que ser conscientes de que pueden poner en riesgo a grupos vulnerables al infectarse ellos. “La vuelta a la normalidad no significa no divertirse sino divertirse de otra manera”. A lo mejor, añadió, “no moverse con un número excesivo de grupos diferentes” y “valorar mejor su círculo de amigos”. Para “la telaraña”, o transmisión comunitaria no controlada, Sanidad ha diseñado un plan para atajar los rebrotes que no dependa tanto del buen hacer “individual” de la gente, sino de un marco jurídico con indicaciones epidemiológicas y actuaciones políticas.

El Gobierno no se plantea por el momento modificar la legislación vigente para atar mejor las situaciones que requieren confinamiento debido a los rebrotes de COVID-19. Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad a elDiario.es, a pesar de que sería una vía para evitar situaciones como la de Lleida, donde una jueza ha anulado el confinamiento de la población que aprobó la Generalitat el domingo para atajar la transmisión comunitaria en la provincia. El Gobierno considera que hay “mecanismos” jurídicos para que las comunidades, con competencias en sanidad, hagan frente a esta circunstancia, y que hasta ahora solo se han encontrado con problemas en esta ocasión.

Otras fuentes del Gobierno coinciden en que en estos momentos se descarta reformar la normativa sanitaria y que la vía es apostar por estos “mecanismos jurídicos”. Están detallados en el 'Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19', cuyo borrador ha presentado el ministro Salvador Illa este lunes al presidente Pedro Sánchez y a los consejeros autonómicos. Expertos en salud pública, por su parte, coinciden en que reformar la normativa para que ampare de forma inequívoca restricciones a la movilidad sería una manera de evitar inseguridad jurídica y de permitir una reacción rápida y efectiva ante los brotes, que según ha informado Fernando Simón este lunes, ascienden a 120 activos en todo el país.

Ante situaciones urgentes o de emergencia, como la transmisión descontrolada de coronavirus, las comunidades pueden ampararse en la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (1986), en la Ley General de Sanidad (1986) y en la Ley General de Salud Pública (2011). Es la primera de ellas la que habilita a las administraciones regionales para “adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”. La aplicación de las tres leyes debe ser ratificada por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, y por eso, en esta primera ocasión, la jueza de guardia de Lleida ha tumbado la decisión del Govern. Considera que la potestad para endurecer el confinamiento es del Gobierno central vía estado de alarma y que la norma de 1986 “es muy ambigua”.

La magistrada argumenta, además, que los informes aportados por el Govern de Catalunya no indican “por qué es importante, si la importancia es extrema y grave, o en base a qué datos se puede determinar la existencia de esta peligrosa transmisión comunitaria, en definitiva, no existe motivación en datos ni en fundamentos”. La decisión ha dejado así en el aire la medida de restringir la movilidad de la población en un momento de máxima preocupación por el número de contagios registrados. Y por ello, a pesar de que la anulación de la orden puede ser recurrida, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha declarado que no la acepta y que aprobará un decreto ley para blindarla. Una alternativa que, según fuentes del Gobierno, no es la vía idónea para limitar derechos fundamentales.

Fuentes de Sanidad consideran también que este vaivén político-jurídico solo ha ocurrido esta vez. En otras ocasiones, como sucedió en febrero en Igualada, el marco normativo vigente ha sido suficiente. No obstante, el Gobierno, antes de la llamada 'nueva normalidad', sí planteó la posibilidad de una reforma legislativa. El 10 de mayo, todavía con el estado de alarma y con la población confinada, Sánchez comunicó a los presidentes regionales que su intención era desarrollar “cuando hayamos controlado la epidemia, una fórmula de gobernanza que llevará implícita la modificación de leyes (salud pública o sanidad)”. También por esas fechas la vicepresidenta Carmen Calvo lo señaló en el Senado. Pero por el momento no está sobre la mesa, y para el Ejecutivo la opción en el caso catalán es que Torra recurra ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la decisión, puesto que se basa en una cuestión de interpretación.

En esto último coincide el presidente del Consejo de la Transparencia de Navarra y expresidente de la Asociación de Juristas de la Salud, Juan Luis Beltrán, y ahí radica, en su opinión, el problema. En base a una “interpretación más generosa” de la norma “otros jueces podrían haber ratificado la orden amparándose en la legislación sanitaria”, lo que implica que existe “inseguridad jurídica” porque “los jueces no están seguros de lo que tienen que dictar y nos podemos encontrar con situaciones en que un juez de Albacete está diciendo que sí y otro de otra provincia que no”, ejemplifica.

Por ello, Beltrán apuesta o bien por reformar la ley, o, algo más fácil, por elaborar una nueva norma de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para que se permita dictar la restricción de la movilidad y tomar decisiones ante situaciones extraordinarias “con seguridad”. En ambos casos el proceso es lento, a pesar de que se puedan tramitar por vía de urgencia, pues son leyes orgánicas que requieren de un fuerte consenso en el Congreso, ya que tienen que ser aprobadas por mayoría absoluta. Aún así, a criterio del experto, esta posibilidad es “la más conveniente” para “actualizar y cubrir las lagunas de la legislación vigente, que es insuficiente” para casos derivados de epidemias como la del coronavirus. En criterio de Beltrán, la vía del decreto por la que ha optado Torra tampoco le corresponde: “No tiene autoridad para confinar por decreto”.

“Huecos legales” que “no dejan atada la forma de hacer viable el confinamiento”

Esta misma idea traslada Daniel López-Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, para el que la normativa actual deja “algunas huecos legales” que “no dejan atada la forma de hacer viable el confinamiento, que por otro lado se ha demostrado tan extremadamente útil en estos casos”. Para el experto, modificar la ley del 86 “es una necesidad en materia sanitaria”, pero “es algo que no se va a hacer de la noche a la mañana porque se requieren procesos más o menos largos, así que yo creo que será una opción más a medio plazo”.

Sin embargo, también considera que hay que “atajar y afinar de alguna manera” la posibilidad de endurecer los confinamientos porque “el virus sigue entre nosotros y lo que estamos viendo con Catalunya puede pasar perfectamente en otros lugares”. En su opinión, la opción es establecer un mecanismo de colaboración entre comunidades autónomas y el Gobierno central como el que se ha presentado este lunes y se deberá aprobar en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad el próximo jueves, pero en la práctica apuesta por facilitar que, si llega el caso, se decrete el estado de alarma en territorios concretos. Una opción que Sanidad contempla “en última instancia” y en ningún caso de forma aislada, sino en toda España (aunque con aplicaciones territoriales diferentes).

“Yo creo que la ley tal cual está planteada hoy lo permite, por lo que a corto plazo me parece lo más conveniente. Pero creo que no es un tema de todo o nada, sino que se puede, por ejemplo, decretar en tal sitio y que la autoridad delegada sea el presidente de la comunidad autónoma, por ejemplo. Es imprescindible la colaboración estrecha entre el Gobierno central y las autonomías, pero hay que contar con un mecanismo porque estamos hablando de la salud pública de todo un país”, zanja López-Acuña.

Ha sido el protagonista del confinamiento a fuerza de rueda de prensa diaria. Fernando Simón se ha convertido durante el estado de alarma en un personaje querido y odiado: el centro de las críticas para una parte de la sociedad y un héroe contra la pandemia para otra. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha inspirado canciones y camisetas y ahora un artista urbano le ha “santificado” en la que es su calle de Madrid.

“San Simón te cuida”, así bautizó su obra en Instagram el artista Basket of Nean, que quiere mantenerse en el anonimato como el británico Bansky, después de dibujar el busto del epidemiólogo en la calle San Simón de Lavapiés. Las redes sociales hicieron el resto. “¡Tiene que ser un santo para aguantar tanta presión mediática!”, habla con eldiario.es el artista. 

800 teselas, una composición hecha en casa y en la que dedicó tres horas y nocturnidad para no ser visto. Eligió a Simón porque considera que “ha sido una de las personas con más sensatez en esta crisis”. “Veo poco la tele, pero da gusto verle hablar por la mesura que toma en sus palabras”, explica por correo electrónico el artista, que no ha accedido ni a una entrevista telefónica para mantener intocable su privacidad.

Dice rondar los 30 años y ser de Madrid, donde vive actualmente después de pasar muchos años en Alcorcón, en cuyos rincones comenzó hace dos años a colocar sus mosaicos. Su primera obra en la capital fue en la calle Augusto Figueroa, con un personaje del comecocos pidiendo silencio. Ahora, sus obras pixeladas, inspiradas en los juegos de arcade, rondan ya el centenar y han llegado hasta a la Ópera de Sydney. 

Su nombre, Basket of Nean, es un juego de palabras entre una de sus pasiones, el baloncesto, y el apodo -Nean, “que se pronuncia tal como se escribe”, explica- que le pusieron sus amigos y con el que empezó a firmar por la calle de niño. Con la ciudad como lienzo, suele instalar sus personajes cerca de los letreros que referencian el nombre de las calles, y no busca siempre un mensaje reivindicativo. El hilo conductor de su obra, más allá de las teselas, es el pac-man y los colores de Los Lakers, amarillo y morado. 

Pero de tanto escucharle, Basket of Nean decidió dibujar a Fernando Simón, un personaje que, confiesa, le transmite “mucha calma y serenidad”. El artista no quiere hablar de cómo pasó su confinamiento -“digamos que ha sido una etapa muy rara con una mezcla de muchos sentimientos a la vez”, resume- y confiesa que su única intención era “dar un toque de humor” al epidemiólogo.

Humor es también lo que, para el propio Simón, produce la foto de portada de El País Semanal del próximo domingo, que ha causado mucha controversia en redes sociales. “¿Podría igualar a Brad Pitt en moto y con cazadora de cuero?”, ríe Basket of Nean al ser preguntado por esta imagen, “¡Qué toque más sensual le dan!”. Lo cierto es que sus camisas claras de manga corta, sus frases y conflictos con las almendras, y sus gestos, han sido plasmados en bolsos, ropa y hasta tatuajes.

Ahora, ha sido canonizado por un artista urbano hasta ahora poco conocido. “El arte urbano es imprescindible en una ciudad, las obras juegan con el entorno, transformándolo, dándole otra visión y punto de vista”, explica Basket of Nean, celoso de su identidad porque reconoce que lo que hace lo hace “sin permiso, de manera ilegal”. Sus obras recuerdan a las de Invader, pionero en la técnica del mosaico, que en 2018 pidió ser identificado para ser multado por la Fiscalía malagueña al haber plasmado sus obras en edificios protegidos. 

“El arte urbano es y será ilegal, porque sino, no es arte urbano, es otra cosa”, sentencia. Ahora queda a la espera de que en la próxima rueda de prensa Simón sea preguntado por la obra de su busto, presidiendo una calle de Lavapiés, que le ha convertido en santo.

El virólogo Christian Drosten es el rostro científico de la lucha contra el coronavirus en Alemania. Jugó un papel clave en la investigación sobre el SARS y ha asesorado a Angela Merkel en los últimos meses. Desde el 26 de febrero, realiza un podcast sobre la pandemia que es tan popular que ha encabezado las listas de iTunes en su país. En Alemania, el Covid-19 no ha causado la mortandad sufrida por Italia o España, por lo que cualquiera podría imaginar que su figura, asociada a la de la popular Merkel, es respetada allí por todo el mundo.

Nada más lejos de la realidad. No sólo ha recibido críticas duras y amenazas en su email, sino que el periódico alemán más influyente, el sensacionalista Bild, le colocó en el punto de mira acusándole de errores y negligencia por su investigación sobre la enfermedad y su impacto en los niños. ¿Se molestó por ello? No demasiado: “¿Debería preocuparme? Creo que no. La última vez que leí un ejemplar del Bild fue cuando Boris Becker estaba en la portada después de ganar en Wimbledon (1989 fue el año de su último triunfo). Bild no forma parte de mi vida diaria y nadie de mi círculo personal lo lee”.

Ningún político alemán habría osado mostrarse tan desdeñoso con ese periódico que vende más de un millón de ejemplares diarios, a menos que quisiera adelantar su defunción política. Drosten no se inmuta por las cosas que quitan el sueño a políticos y periodistas. Algunas cosas sí le molestan. Alguien pegó por la calle unos carteles en los que aparecía junto al médico nazi Josef Mengele. Drosten lo denunció a la policía.

Por ahí ya tiene algo en común con Fernando Simón. La aparición de la foto de la portada de este domingo de El País Semanal –donde el doctor sale vestido con cazadora de cuero sobre su moto– ha provocado una oleada de comentarios insultantes desde posiciones derechistas. “Toca blanquear a nuestro particular Mengele y para ello hay que presentarlo como el salvador”, escribe un economista con 116.000 seguidores en Twitter al que la editorial La Esfera de los Libros le ha publicado un libro sobre el coronavirus. “En cualquier país serio este indecente no podría salir a la calle. Aquí le regalan portadas y le convierten en James Dean”, dice Javier Negre, el periodista favorito de Vox y de Isabel Díaz Ayuso, que hasta se puso una camiseta con el nombre de su programa en una entrevista.

Cuando dicen de ti que no deberías salir a la calle en un “país serio” es porque dan por supuesto que cualquier persona normal te partiría la cara si te viera.

Más allá de que llevar cazadora de cuero no te convierte en James Dean (fuente: experiencia personal del autor), los científicos no suelen ser estrellas de la cultura popular ni los arqueólogos son como Indiana Jones. Pero la pandemia ha lanzado en varios países a la primera línea del fuego mediático a epidemiólogos y virólogos, profesionales a los que antes sólo se encontraba muy de vez en cuando en las secciones de sociedad.

Curtido en las guerras del ébola

Fernando Simón alcanzó un primer nivel de estrellato cuando el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Rajoy le eligió para que diera la cara en la crisis del ébola después de una rueda de prensa caótica y algo sonrojante de la ministra Ana Mato y otros altos cargos. El actual Gobierno lo mantuvo en su puesto al frente del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias y también para que se ocupara de la comunicación de esta pandemia. Una vez más, un Gobierno apostaba por su estilo sereno y explicaciones didácticas para informar y tranquilizar a la opinión pública. Para eso y para protegerse detrás de un funcionario que no hace declaraciones políticas.

La proximidad a los políticos ha situado a los científicos que les asesoran en una situación incómoda. Gobiernos como el de Pedro Sánchez sostienen que todas sus decisiones están respaldadas por criterios científicos cuando desde ese campo lo que reciben son recomendaciones más o menos firmes. Las decisiones sobre la cobertura legal del confinamiento o las medidas para volver a poner en marcha la economía sólo pueden tomarlas los políticos que han sido elegidos para dirigir el país.

Un problema añadido es que los científicos no hablan como los políticos. Ante una enfermedad desconocida hasta hace unos pocos meses con una insólita por rápida capacidad de contagio, se han visto obligados a admitir que había muchas cosas que no sabían. Una enfermedad que se transmite con eficacia puede llegar a extenderse por todo el mundo en seis meses o un año, explicó el 9 de junio el doctor Anthony Fauci, consejero científico de la Casa Blanca, “pero esta lo hizo en poco más de un mes”. Fauci confesó estar totalmente sorprendido por la rapidez de los contagios.

Cuando el PP y Vox convirtieron la manifestación del 8M en la prioridad de sus críticas al Gobierno, a Simón también le tocó una parte del fuego graneado por no haber recomendado que se suspendiera. No sabía entonces lo que sabe ahora, pero eso en política no se valora ni como atenuante. Lo que en ciencia es normal, en política se considera un error intolerable.

Simón se vio beneficiado por el método elegido por Moncloa para sus ruedas de prensa. Durante tres meses, el secretario de Estado de Comunicación seleccionaba las preguntas enviadas por los periodistas y las transmitía en el orden que él decidía. Otros científicos –como Drosten en Alemania, Fauci en EEUU o Anders Tegnell en Suecia– concedieron entrevistas y tuvieron múltiples comparecencias públicas ante el Parlamento o en conferencias médicas. Fauci se ha presentado más de una vez en el Congreso de EEUU a petición de los demócratas. Tegnell ha dado tantas entrevistas en televisión que se ha convertido en una estrella mediática.

La máxima transparencia no te salva de las críticas. Muchos científicos suecos han censurado a Tegnell por no haber recomendado al Gobierno un confinamiento más drástico, lo que ha tenido un efecto evidente en el número de muertos. Los ataques de partidarios de Donald Trump en EEUU obligaron a poner protección policial a Fauci. Drosten ha sido amenazado por la extrema derecha y el movimiento antivacunas y cuestionado por los grupos que pensaban que debían haberse levantado hace tiempo las restricciones.

En la rueda de prensa del jueves, preguntaron a Simón por la foto de la portada con la moto que se compró en 2004: “Les hizo gracia que venga al trabajo en moto y debieron utilizarla por eso”. No era exactamente gracia. Vieron la posibilidad de hacer una foto diferente y se tiraron como lobos hacia ella. Así se hace la portada de una revista, no recurriendo a una fotografía de alguien en su despacho.

En una entrevista en Der Spiegel, el periodista preguntó a Christian Drosten qué le parecía que le hubieran comparado con Gandalf y Obi Wan Kenobi. “¿Quiénes son esos? No conozco a esos personajes”, respondió.

Para la próxima pandemia, van a tener que dar clases de cultura popular y fotografía periodística a los científicos. Con esta exposición mediática, la epidemiología ya no es suficiente.

Los vecinos de Hinojos (Huelva) están divididos ante la idea del Ayuntamiento de que una de las plazas de la localidad lleve el nombre del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dentro de un homenaje global a las personas que han luchado contra la COVID-19.

Por el momento, se trata de una iniciativa que está en su génesis y a la espera de madurar incluso el nombre concreto y la posibilidad de ubicarla en una zona situada junto a la calle Feria del municipio, como ha explicado a Efe el alcalde, Miguel Ángel Curiel (PSOE).

En esta localidad, ubicada a 62 kilómetros de la capital onubense, los vecinos deberían estar celebrando este fin de semana su festividad conocida como “Romerito”, y los pocos que han desafiado el intenso calor para ir a misa o a la ermita se muestran divididos ante la idea.

La división es patente cuando se recaba la opinión de los vecinos, porque mientras algunos subrayan que “su gestión no ha sido buena”, otros consideran que “lo merece con todo lo que ha trabajado”.

En la localidad, el PSOE cuenta con seis de los once concejales del Ayuntamiento, lo que da una idea de que la propuesta saldrá adelante cuando vaya a Pleno.

Sin embargo, el objetivo es llevar la propuesta al pleno, posiblemente de diciembre, todo lo consensuada posible, con una idea global en la que se cuenta con homenajear a toda la gente que ha luchado en primera línea contra el coronavirus, ha añadido el alcalde.

Algunos vecinos apuntan a que en ese homenaje habría que incluir a los trabajadores del Instituto Español, que se han mantenido en activo durante todo el estado de alarma e incluso han contribuido a que sus productos de higiene personal lleguen, mediante donaciones, a sanitarios de varios puntos de España.

Medalla a protección civil

A nivel local, esta semana el Pleno aprobó conceder la Medalla de Plata de la ciudad a tres miembros de la Agrupación Local de Protección Civil, Francisco Luis Naranjo de Vayas, Juan Antonio Pérez Monge y Juan José Díaz Larios, por el trabajo que han hecho por sus vecinos en lo peor de la pandemia, un cuerpo que también podría tener su homenaje global en el acto que quiere aprobar el Ayuntamiento.

A la espera de conocer los detalles, ha trascendido que la plaza contará con una escultura que será diseñada por el escultor palmerino Martín Lagares.