Policías imputados por otra ‘patada en la puerta’ durante el estado de alarma dicen al juez que les alertó una vecina

Seis policías nacionales imputados por un presunto delito de allanamiento de morada tras entrar sin orden judicial en la madrugada del 9 de diciembre de 2020 en un piso del distrito de Villaverde de Madrid han defendido ante el juez que irrumpieron a la fuerza en la vivienda prevenidos por una vecina que alertó de la existencia de “fuertes golpes y gritos”, afirman fuentes conocedoras del contenido de la declaración.

Los agentes, citados este miércoles por el titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, han defendido que la intervención estaba justificada para “comprobar la integridad” de una mujer que estaba en el inmueble y ante la posibilidad de se pudiera estar cometiendo un “flagrante delito”, que es uno de los supuestos en los que se puede romper la inviolabilidad de un domicilio. Los otros seis policías que participaron en el operativo están citados el próximo lunes. 

La defensa de los uniformados ha adelantado que pedirá la transcripción de la llamada que esa vecina realizó a la Policía, que también ha comparecido como testigo y ha ratificado que escuchó “fuertes golpes” aunque no ha hecho alusión a la existencia de “gritos” por parte de una mujer o un menor, afirman las fuentes jurídicas consultadas. Según el atestado policial, esa vecina sí indicó en su momento que se estaba produciendo una “fuerte reyerta” y que podía oír los “fuertes gritos de una mujer” y a “un niño pequeño llorando”, lo que llevó a los agentes a trasladarse a la vivienda. Una vez allí, siempre según el relato policial, los ocupantes se negaron a abrir la puerta y les profirieron “insultos y amenazas”. Ante el juez, los agentes han reconocido que, cuando llegaron, ni la mujer ni el menor estaban gritando. 

La versión de los agentes difiere de la de los cinco ocupantes de la vivienda, que están imputados por atentado a la autoridad en este mismo procedimiento y que en su declaración ante el juez el pasado julio negaron haber cometido delito alguno. Su abogada, Marina Fernández, ha afirmado en declaraciones a elDiario.es que la entrada en el domicilio en ningún caso estaba justificada y ha recordado que ni la mujer presentó denuncia ni los agentes instaron la apertura de ningún procedimiento sobre los posibles agresores.

Además, el operativo se prolongó en total más de una hora y los agentes estuvieron dialogando con los moradores durante veinte minutos antes de irrumpir por la fuerza, lo que lleva a la acusación particular a sostener que nunca habría tenido lugar la “situación de urgente necesidad” que ha establecido la jurisprudencia para justificar la entrada en un domicilio sin autorización judicial. 

Según el atestado, al empujar la puerta, las personas que estaban dentro de la casa pillaron el pie de un policía, lo que llevó a otro agente a utilizar un spray de gas pimienta hacia el interior para que los ocupantes se apartaran y su compañero pudiera retirar la pierna. Ese documento refleja que el forcejeo siguió y que un superior acabó dando orden de “entrar en el domicilio con la mayor premura” ante la “posibilidad” de que se hubiera producido en la vivienda un “hecho violento” con peligro para la mujer y el menor. Los ocupantes fueron detenidos y trasladados a comisaría, donde fueron puestos en libertad una horas después sin pasar a disposición judicial. 

En la denuncia que presentaron cinco días después de los hechos, los ocupantes de la vivienda afirman que su actuación se redujo a la de “unos jóvenes haciendo ruido en una casa, nada más” y acusan a la Policía de “inflar artificialmente la infracción supuestamente cometida”. Afirman que la conducta de los agentes fue “grave, antijurídica, totalmente desproporcionada y fuera de cualquier justificación” y niegan haberles “agredido o acometido” con el argumento de que estaban resguardados dentro de la casa. “No es posible agredir desde detrás de una puerta cerrada”, sostienen. También afirman haber sufrido “múltiples lesiones a causa de la agresión policial” y aportan para sustentarlo informes médicos y fotografías. 

Otros seis agentes, a un paso del banquillo

Este procedimiento es paralelo a otro en el que están imputados otros seis policías que irrumpieron por la fuerza en un piso en el que se estaba celebrando una fiesta durante el estado de alarma en el distrito de Salamanca de Madrid. El instructor, Jaime Serrat, al frente del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, propuso sentar en el banquillo a los seis agentes al considerar que existen “sólidos indicios” de la concurrencia del delito de allanamiento de morada en la actuación de los agentes, pues entraron en el piso a pesar de que “no tenían ni consentimiento de los moradores, ni autorización judicial”, que son los supuestos en los que se puede romper la inviolabilidad de un domicilio. 

El 8 de octubre, en la audiencia en la que el magistrado trasladó a los agentes procesados por estos hechos su imputación por un delito de allanamiento de morada y que es previa al envío de la causa a la Audiencia Provincial para que sea enjuiciada por un tribunal del jurado, la Fiscalía pidió llevar a juicio únicamente al subinspector del operativo y sobreseer la causa contra a los otros cinco agentes. El Ministerio Público justificó su petición en que actuaron cumpliendo órdenes de un superior. La acusación particular, que ejerce el inquilino de la vivienda, solicitó que se mantuviera la imputación de todos y la declaración como testigo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Las defensas de los agentes, que han recurrido el procesamiento a la Audiencia Provincial, pidieron el sobreseimiento para los tres.