La noche de este viernes ha sido la más cálida en un mes de septiembre desde que hay registros. Una vez cerrado el verano meteorológico (de junio a agosto), las altas temperaturas siguen batiendo récords. El termómetro ha marcado valores inéditos como los 28,5º de mínima en Portbou.

Las temperaturas durante el viernes también marcaron máximas, llegando a los 40ºC en el valle del Ebre y 42,5ºC en Vinebre. En total, 77 de las 128 estaciones meteorológicas del servicio catalán marcaron récord.

El calor seguía superando los 30º en diversos puntos del territorio incluso pasadas las 23h y sólo se encontraron valores por debajo de los 20º en las estaciones situadas a 1.700 metros de altura.

La noche en Barcelona también fue de récord, llegando a los 27,1ºC de mínima, marcando la primera noche tórrida jamás registrada en la capital en un mes de septiembre. Ha sido la 62ª noche tórrida (con temperaturas que no bajan de los 25º) en lo que va de 2026, una cifra que supera ampliamente las 51 noches tórridas de 2003, año que ostentaba el récord hasta ahora.

El sábado las temperaturas tampoco darán tregua, lo que ha hecho que los servicios de emergencia de la Generalitat hayan activado los avisos de situación meteorológica de peligro por calor desde las 8h hasta las 20h.

Se espera que la temperatura pueda llegar a los 39º en la Catalunya Central y a los 40º en Ponent.

Renfe ha anunciado que, a partir del lunes 7 de septiembre, volverá a permitirse subir patinetes eléctricos dentro de los trenes de corta, media y larga distancia. Excepto en los servicios de Rodalies de Catalunya y en los Cercanías del País Vasco, donde la normativa seguirá sin cambios.

La actualización de las condiciones de transporte llega después de la entrada en vigor de la nueva normativa estatal para los vehículos de movilidad personal, que incorporan sistemas obligatorios de identificación, registro y seguros que mejoran las garantías de seguridad.

La operadora pública sólo permitirá el acceso a patinetes homologados y que cumplan con la Ley 5/2025, que es la que incorpora estos vehículos en el sistema de seguros obligatorios de responsabilidad civil. Igualmente, deberán cumplir con todos los requisitos establecidos por la DGT, como estar inscritos en el registro, contar con una placa o etiqueta identificativa, tener seguro y un certificado de circulación.

Renfe asegura que la combinación entre tren y patinete constituye una “solución eficaz” para los desplazamientos de última milla, especialmente en áreas metropolitanas y entornos urbanos. El fin de esta normativa supone que muchas personas podrán volver a acceder al servicio de transporte público y “mejora la conectividad de ciertos colectivos”.

En Catalunya y el País Vasco, sólo se permitirá la entrada de patinetes eléctricos en trenes de AVE y servicios comerciales que tengan como destino otra comunidad autónoma.

La prohibición temporal para subir a los convoyes con patinetes data de 2023, después de que se registraran diversas explosiones en trenes de toda España. Sevilla fue la primera ciudad, en 2021, en restringir el acceso de este aparato al transporte público (en ese caso, el metro). Catalunya prohibió el acceso a los trenes a principios de 2022 y Madrid a finales del mismo año.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) dará luz verde este viernes a la propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica, doce años después de que el anterior caducara. Lo va a hacer con los votos del Gobierno central, de Catalunya, la comunidad que lo ha liderado (PSC y ERC), y de Canarias, que reculó en julio y propició que se aplazara el cónclave a petición del PP. Le bastaba al Ejecutivo con el apoyo catalán: controla la mitad de los votos del organismo y solo necesitaba sumar uno más. El resto de comunidades previsiblemente lo rechazarán. Igual que el gobierno de Castilla-La Mancha (del PSOE), cuyo presidente, Emiliano García-Page, lleva meses criticándolo con dureza. Madrid, que ha hablado de modelo “profundamente injusto” e “impuesto por Catalunya”, ha anunciado que no acudirá a la reunión para intentar evitar que haya el quorum suficiente para constituir el consejo.

Prima la voluntariedad: nadie está obligado a subirse al nuevo modelo. Las comunidades pueden seguir con el sistema de 2009, caducado desde 2014, si así lo prefieren. Y quienes decidan sumarse al nuevo esquema tendrán, además, margen para elegir entre varios de sus mecanismos: si quieren acogerse al reparto del IVA de las pymes, si prefieren una caja compartida con el Estado o mantener el actual sistema de anticipos, y cómo quieren que se les compensen las competencias no homogéneas. Es un modelo, en la práctica, a varias velocidades.

El aprobado del CPFF es el primer paso necesario, pero no quiere decir que eche a andar. Primero ha de pasar por el Consejo de Ministros y, después, necesita el visto bueno del Congreso y Junts ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad. La batalla, en realidad, no ha hecho más que empezar.

Lo que Hacienda pone sobre la mesa, en cualquier caso, es una cantidad considerable: cerca de 21.000 millones de euros adicionales para el conjunto de las comunidades autónomas a partir de 2027. Para dimensionar la cifra: esos recursos extra equivaldrían a cubrir un tercio de todo el gasto sanitario de varias autonomías, hasta la mitad de su gasto educativo, o siete veces lo que esas mismas comunidades destinan hoy a políticas de vivienda. Estas son las claves del nuevo sistema.

¿Cuánto dinero de más aporta el nuevo modelo?

El cálculo de Hacienda, proyectado sobre el ejercicio 2027, sitúa el incremento de recursos para el conjunto de comunidades autónomas en 20.975 millones de euros respecto al modelo vigente. Con esa inyección, el nuevo sistema de financiación aportaría a las autonomías en torno a 224.500 millones de euros en total. Es la cifra que el Gobierno repite como argumento central: no se trata de un simple reparto distinto de lo mismo, sino de una ampliación real de la tarta para el sostenimiento del Estado del bienestar autonómico: sanidad, educación y servicios sociales, las tres competencias que más pesan en los presupuestos regionales.

¿De dónde sale el dinero?

El incremento se financia por dos vías: una parte llega directamente de las arcas del Estado (nivelación vertical), y la otra procede de una mayor participación de las comunidades en la recaudación de los grandes impuestos. Por el lado de la nivelación vertical, el Estado destinará casi 19.000 millones de euros.

Por el lado de la cesta de impuestos cedidos, las comunidades pasarán a quedarse con el 55% del IRPF que se recauda en su territorio (frente al 50% actual), y con el 56,5% del IVA (hoy es el 50%). Se mantiene el 58% de los impuestos especiales sobre tabaco, alcohol, cerveza e hidrocarburos, y se incorporan a la cesta el 100% de sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, los impuestos sobre determinados medios de transporte, los tributos sobre el juego, el impuesto sobre la electricidad, el de patrimonio, el de depósitos bancarios y los de residuos. Esta mayor cesión de tributos supone otros 15.756 millones de euros.

¿Qué comunidades ganan más?

En términos absolutos, Andalucía es la gran beneficiada del nuevo modelo, con 4.846 millones de euros más al año. Le siguen Catalunya, con 4.686 millones, la Comunitat Valenciana, con 3.669 millones, y Madrid, con 2.555 millones. En volumen absoluto, es Andalucía la que recibe más recursos, lo que desmonta parcialmente el relato de un modelo diseñado exclusivamente para satisfacer a Catalunya. El reparto por habitante ajustado, en cualquier caso, sigue premiando a las comunidades peor financiadas hasta ahora, que es precisamente el objetivo declarado de la reforma.

Garantía de statu quo

Ninguna comunidad autónoma recibirá, al arrancar el nuevo sistema, menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior. Es la llamada garantía de statu quo, un mecanismo pensado para evitar que ninguna región salga perjudicada por el cambio de reglas, y que Hacienda define como “el último elemento del modelo de financiación”, el que actúa de cierre de todo el sistema.

Ese suelo se financia con aportaciones específicas de la Administración central, que, a través del Fondo de Compensación Interterritorial, destinará unos 400 millones de euros a este fin. Sus principales beneficiarias serán Cantabria y Extremadura, las dos comunidades que, según los cálculos del Ministerio, más necesitaban de esta red de seguridad para no perder financiación respecto al esquema actual.

¿Cómo se garantiza la solidaridad entre comunidades?

El modelo actúa en dos planos distintos. El primero es lo que se conoce como nivelación horizontal, que amplía la solidaridad interterritorial para que todas las comunidades alcancen al menos el 75% de la media de recursos por habitante ajustado, calculada a partir de su propia capacidad tributaria. El segundo es la nivelación vertical ya explicada, financiada con aportaciones del Estado, que persigue reducir en dos tercios la brecha respecto a Madrid.

La población ajustada, la vara de medir

El reparto de recursos entre comunidades se basa en la llamada población ajustada, una fórmula que no es nueva: parte del sistema de cálculo que el equipo de la ex vicepresidenta María Jesús Montero ya propuso en 2021 y que entonces fue rechazado por las comunidades, pero que ahora se aplicará con algunas modificaciones. Su objetivo es medir las necesidades reales de gasto de cada territorio más allá del simple número de habitantes.

El padrón municipal pesa un 30% en ese cálculo. La población protegida equivalente —que tiene en cuenta el gasto sanitario según los distintos grupos de edad— supone otro 38%, el tramo más determinante de la fórmula. La distribución de la población en edad escolar pondera un 17%. El resto se reparte entre superficie, dispersión e insularidad, variables que buscan compensar a los territorios con mayores costes estructurales para prestar servicios públicos. Con esta fórmula, el Gobierno calcula que las diferencias de financiación por habitante ajustado entre comunidades se reducirán casi a la mitad respecto al modelo actual.

El IVA de las pymes, a la carta

Uno de los elementos más novedosos del nuevo modelo es la posibilidad de que las comunidades opten por recibir el 56,5% del IVA Pyme, que genera la actividad de las pequeñas y medianas empresas en función de su domicilio fiscal, en lugar de repartirlo, como hasta ahora, según el consumo registrado en cada territorio. La adhesión es voluntaria y tiene un plazo de cinco años, revisable.

El mecanismo distribuye 2.084 millones de euros y, según fuentes del Ministerio, busca “reconocer el esfuerzo” de las comunidades que apuestan por el tejido de pymes. El caso de Catalunya ilustra bien su alcance: con el sistema actual se queda con apenas el 19% del IVA generado por sus pequeñas empresas, una cifra que con el nuevo mecanismo podría escalar hasta el 25%.

¿Y el dumping fiscal?

Es uno de los puntos que Hacienda aborda con más cautela. El nuevo modelo no incorpora una prohibición explícita del dumping fiscal, las rebajas de impuestos que aplican comunidades con más margen económico, singularmente Madrid, pero también Andalucía, y que erosionan la recaudación potencial del resto. Pero sí introduce un cambio con consecuencias prácticas: mejora la metodología para calcular el “valor normativo” de los tributos cedidos, de manera que se mida con más precisión la capacidad fiscal real de cada comunidad, al margen de las deducciones que aplique.

A esto se suma el compromiso de “lealtad institucional”: el Estado se obliga a compensar a las comunidades por aquellas normas estatales que les supongan más gasto o menos ingresos, un mecanismo que se revisará cada cinco años dentro del propio CPFF.

Lo que viene ahora

Una vez el modelo cuente con el aval del CPFF, el recorrido no habrá hecho más que empezar. La norma ha de pasar por la maquinaria del Consejo de Ministros. Y, después, el Congreso deberá ratificar tanto la reforma general como cada una de las leyes de cesión de tributos a las distintas comunidades, y ahí es donde el Gobierno se juega la verdadera partida: necesita el apoyo, entre otros, de un Junts que ya ha anunciado una enmienda a la totalidad.

El presidente catalán, Salvador Illa, considera que el apoyo de Canarias es “la prueba” de que se trata de un buen sistema. Con todo, Hacienda insiste en que hay margen para incorporar cambios, tanto en el trámite parlamentario como en las reuniones técnicas del Comité Permanente de Evaluación. La consellera catalana de Economía, Alícia Romero, ha pedido a PP y Junts que “faciliten la aprobación” y contribuyan a “mejorarlo” en el Congreso. Falta por ver si alguno de los dos está dispuesto a hacerlo.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este jueves con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Kiev. En el encuentro, Illa ha trasladado el “compromiso y solidaridad” de Catalunya con la “resiliencia” del pueblo ucraniano.

En esta línea, ha apuntado que el viaje a Ucrania es “una muestra de la voluntad de reafirmar y reforzar el apoyo” que el Govern tiene con Ucrania “desde el inicio del conflicto”.

Fuentes del Govern han explicado que Illa ha hecho valer esta contribución recordando el envío de ayuda humanitaria y material sanitario de manera continuada desde hace cuatro años. Para remachar el compromiso, este jueves se han rubricado acuerdos de colaboración entre Catalunya y las regiones de Zaporiyia, Lviv y Dnipropetrovsk.

Estos pactos se basan en “intensificar” el apoyo de Catalunya a las necesidades humanitarias, económicas y sociales derivadas de la guerra. También se plantea promover la contribución de Catalunya en la rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras críticas, en la reactivación económica y de los servicios esenciales. También se trabajará para “apoyar la integración de Ucrania en la Unión Europea”.

Según han indicado desde el Ejecutivo catalán, ambos presidentes han conversado sobre la situación actual de la guerra e Illa ha invitado a Zelenski a visitar Catalunya. Además del president, también han asistido a la reunión el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Unión Europea, Jaume Duch; y Antonio Santamaría, que ostenta la Segunda Jefatura de la embajada española en Ucrania.

“Los ucranianos no se defienden sólo a si mismos, con su resiliencia y su esfuerzo titánico, sino que nos defienden a todos los europeos”, ha subrayado Illa, que estará cerca de 48 horas en el país. Durante el viaje, tiene previsto reunirse con la Federación de Empresarios de Ucrania y con la embajadora de la UE, así como con activistas políticos y sociales.

Discurso de Collboni

Por su parte, el alcalde de Barcelona ha agradecido el apoyo de la embajada española durante una visita en la que, según el Ayuntamiento, ha sido necesario extremar las medidas de seguridad ante el incremento de los ataques rusos.Collboni ha vinculado el viaje con el compromiso de Barcelona con la “cultura de la paz” y la diplomacia entre ciudades.

En este sentido, ha recordado que la misión institucional comenzó el domingo en Sarajevo y ha establecido un paralelismo entre el apoyo de Barcelona a la capital bosnia durante el asedio de hace tres décadas y la actual cooperación con Kiev. “Hace 30 años dijimos que ninguna ciudad europea que sea atacada debe ser ignorada y olvidada por el resto de las ciudades europeas y hoy lo reafirmamos”, ha manifestado.

El Ayuntamiento también ha recordado que desde 2023 Kiev está considerada una ciudad prioritaria dentro del programa de subvenciones de Barcelona destinado a ONG. Ambas capitales prevén reforzar ahora los contactos entre organizaciones de la sociedad civil para desarrollar proyectos conjuntos tanto en Ucrania como en Barcelona.

Ante el pleno de Kiev, Collboni ha reafirmado el apoyo de Barcelona: “Cuando se ataca una ciudad europea, se ataca a toda Europa”, ha dicho el alcalde, que ha intervenido de manera excepcional este jueves en la sesión plenaria extraordinaria convocada por el Ayuntamiento de la capital de Ucrania.

Durante su intervención, Collboni ha afirmado que “Barcelona está con Kiev, hoy más que nunca”. “Lo que pretende la ofensiva rusa es aislar la ciudad y hacer que los europeos aflojemos nuestro apoyo, pero conseguirán exactamente lo contrario”, ha reafirmado.

Los sindicatos han anunciado que mantienen la convocatoria de huelga para el primer día de curso, después de que las reuniones de este miércoles con la consellera de Educación, Esther Niubó, no hayan servido para acercar posiciones.

La portavoz de USTEC, Iolanda Segura, ha valorado que la huelga sólo se podría haber evitado si en julio el Govern les hubiera trasladado una propuesta de calendario de negociaciones que “realmente diera respuesta a las demandas del colectivo”. Como durante el verano no ha habido conversaciones, Segura ha mantenido que la huelga “es un hecho” y ha invitado al personal educativo a sumarse al paro para “hacer la presión necesaria”.

Desde el sindicato apuntan a que la huelga “expresa claramente que hay malestar y que el conflicto persiste”. Con todo, aseguran valorar positivamente los acuerdos alcanzados a finales del pasado curso que, entre otras cosas se tradujeron en una subida de sueldo y en un incremento de la masa de docentes. “Reivindicamos estas mejoras, pero no son suficientes”, insiste Segura.

Ahora, lo que más preocupa al colectivo son los recursos y las ratios. Reconoce que se han dado “pasos tímidos, pero insuficientes” y reitera que la sensación general en el sector es que “este curso no cambiará nada”.

Por su parte, desde la CGT celebran que la consellera les haya citado este miércoles, pero insisten en que volver a sentarse no es suficiente para “firmar un cheque en blanco y parar las movilizaciones”.

La secretaria general de la Federación de Educación de la CGT, Laura Gené, insiste en que el malestar “no va de sueldos, sino de recursos” y ha querido cosechar también la ayuda y la empatía de las familias. Ha reconocido que empezar el curso con una huelga “genera problemas” de conciliación y asegura que es una situación que los maestros “no están disfrutando”, pero considera que es un paso necesario para “defender la educación pública”.

En esta línea, desde la Intersindical y COS, los otros dos sindicatos convocantes, han avanzado que la huelga del 8 de septiembre no será la última. “El curso empezará como acabó el anterior”, han remachado.

El sector ha explicado que, durante el verano, se ha trabajado en un documento con sus principales reclamaciones, que se debatirá en las asambleas que se celebren el día de la huelga. Posteriormente, lo que se decida se deberá ratificar en una asamblea prevista para el 19 de septiembre.

Por su parte, el Govern ha trasladado que comparten “la mayoría” de demandas del colectivo y que “entienden el estado de ánimo de la comunidad educativa”. Precisamente pro eso, les ha pedido que “tomen en consideración el esfuerzo” negociador que hace el Ejecutivo y que abran un “paréntesis” en las movilizaciones.

La consellera Niubó entiende que los acuerdos alcanzados el curso pasado son “puntos de partida” y que hay “situaciones enquistadas” que no se resuelven en un año. Por eso, ha pedido “espíritu constructivo” a los docentes, a quienes emplaza a desconvocar la huelga del primer día de clase, una jornada “muy importante para los alumnos y para el sistema educativo”.

Los datos meteorológicos dan la razón a la percepción ciudadana: Catalunya y Barcelona han batido récords de calor este verano. Las estaciones del Meteocat registraron veinte días en los que se superaron los 40ºC entre junio y agosto, una cota nunca alcanzada antes, y que sobrepasa el récord de 16 del año pasado.

Según el análisis de datos de la Agència Catalana de Notícies (ACN), el centro de Barcelona ha vivido 59 noches tórridas, en las que la temperatura no ha bajado de 25 grados, un valor también inédito hasta ahora.