La finca en la que vive Rosario Castelló con su hijo fue durante décadas la clásica escalera de vecinos del Eixample. “Había familias, niños, parejas, algún estudiante…”, describe la mujer, que lleva 32 años de inquilina en el número 69 de la calle Entença. Actualmente, la única residente que queda es ella. El resto son jóvenes extranjeros, la mayoría de Estados Unidos, que vienen a pasar unos meses a Barcelona. 

“Es una locura de ruido e incivismo, es como vivir en una guardería para niños mayores”, resume Rosario. De los 11 pisos del edificio, diez funcionan ya como colivings para este perfil de residentes temporales, de entre 18 y 25 años, que arrendan habitaciones. 

El bloque es propiedad de Vandor Real State, una Socimi que posee 17 fincas en Barcelona dedicadas a este negocio, para el que necesita expulsar a los inquilinos de larga duración cuando finalizan sus contratos. Lo mismo ocurre en inmuebles de otros fondos de inversión, como New Amsterdam Developements (NAD) o Vivenio. 

Sin embargo, su apuesta por el arrendamiento temporal de habitaciones o de pisos enteros, a precios superiores al del mercado del alquiler ya regulado, choca desde diciembre de 2025 con la nueva normativa aprobada en Catalunya que limita esta actividad. Desde entonces, los activistas por la vivienda les acusan de no ajustarse a la nueva legislación y seguir anunciando viviendas y estancias por a precios superiores a los permitidos. 

“Tienen que cumplir la nueva ley y sabemos de casos en que no lo están haciendo”, señala Txema Escorsa, que actúa de portavoz del Sindicato de Inquilinos para estas denuncias. “Si el president Illa dice que el que la hace, la paga, que no les tiemble el pulso a la hora de hacer inspecciones”, añade. 

Este inquilino reside en el Bloque Sant Agustí, del barrio de Gràcia, propiedad del fondo NAD. En marzo logró aplazar su desahucio, con ayuda de la movilización vecinal, y ahora mismo el lanzamiento está sin fecha en la espera de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso que ha presentado. 

Lo que sorprende al Sindicato de Inquilinos de Catalunya es que en inmuebles como los de NAD se siguen anunciando alquileres de habitaciones a precios que todo apunta a que superan el límite establecido por ley. En Idealista y otras plataformas siguen ofertando estancias a entre 900 y 1.000 euros. Por este motivo, la entidad ya ha registrado denuncias contra este fondo y contra Vandor –en su caso, por no reflejar el precio del índice en sus webs– frente a la Agencia Catalana de Consumo y la Agencia de la Vivienda de Catalunya (AHC). 

Lo que aprobó exactamente el Parlament en diciembre es que, en las zonas declaradas tensionadas en base a la Ley de Vivienda –Barcelona lo es–, la suma del alquiler de todas las habitaciones de un piso no puede superar el máximo que establece el índice para el conjunto de la vivienda. Además, en esa misma modificación legislativa, la Cámara catalana validó también incluir los alquileres de temporada dentro del tope de los precios de arrendamiento. 

Desde Vandor, sin embargo, niegan estar alquilando habitaciones a precios superiores a los que ahora permite la ley. “Todos los contratos que se han firmado a partir de la nueva regulación respetan el tope del alquiler que se ha fijado”, señalan fuentes de la Socimi, que dicen no tener constancia de denuncias por “incumplimiento” en los precios. 

Cuatro años de convivencia con un coliving

En la calle Entença, 69, Rosario reconoce que no sabe por cuánto alquilan los pisos sus jóvenes vecinos. En la web de Vandor no aparecen los precios. Y, según refiere esta inquilina, lo cierto es que muchos de ellos gestionan la contratación del piso a través de las mismas empresas que les facilitan los programas de estudios, The American College of the Mediterranean y la International American University, que tienen colgados carteles por la finca con números de teléfono a los que llamar por emergencias. “Es una residencia estudiantil encubierta”, valora Rosario. 

La resistencia de Rosario a dejar su casa, por la que paga unos 1.000 euros de alquiler, comenzó en 2021, cuando el casero, propietario de todo el edificio, murió y legó su patrimonio a la Fundación de la Sagrada Familia. Esta lo vendió a Renta Corporación, que al poco la traspasó a Vandor. “Durante aquel tiempo ya vi desfilar a la mayoría de vecinos, porque les decían que no iban a renovar el alquiler”, afirma. 

La nueva propiedad reformó los pisos y comenzó a alquilarlos por habitaciones a jóvenes extranjeros. Las obras también fueron controvertidas: el Ayuntamiento de Barcelona considera que fueron grandes rehabilitaciones, y que por lo tanto deberían haber reservado un 30% del inmueble para viviendas de protección oficial, tal como dispone la normativa que sacó adelante Ada Colau. Vandor, por contra, rechaza que fueran obras mayores y ha presentado alegaciones a los informes municipales. 

Sea como sea, desde 2023 Rosario, que ya está sin contrato –aunque sigue pagando–, sufre a sus nuevos vecinos y, a la vez, se resiste a marcharse. Vandor le ha ofrecido un alquiler en otro de sus bloques de pisos, con contrato a siete años. Ella lo reconoce. Pero añade que tiene derecho a quedarse porque cree que también Vandor se ha saltado la legislación.

El modelo de alquileres de estas firmas sigue ocasionando desalojos de familias inquilinas cuyos contratos expiran y no son renovados. Uno de los casos más destacados es el del conocido como Bloc Papallona, en la calle Llançà, propiedad de NAD. Este miércoles 29 de abril está previsto el lanzamiento de una de sus inquilinas, con lo que el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya, que apoya a los afectados, ha llamado a la movilización.

Junts vuelve a hacer aspavientos para recordar que su relación con el Gobierno sigue rota. El miércoles pasado, el partido que lidera Carles Puigdemont elevó su presión sobre el Ejecutivo exigiendo al presidente Pedro Sánchez que convoque elecciones generales y cruzando, por primera vez esta legislatura, esa línea. Con su movimiento, Junts se aleja aún más de la Moncloa. Pero lo cierto es que, después de que los independentistas anunciaran a bombo y platillo hace medio año su ruptura con Sánchez, el órdago no tendrá ninguna traducción concreta en la relación de Junts con el Gobierno. Eso sí: sirve a los de Puigdemont para preparar el terreno de cara a una semana parlamentaria que se prevé complicada para ellos.

Fue la portavoz independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, quien pidió a Sánchez convocar elecciones con argumentos muy similares a los que lleva planteando desde el inicio de la legislatura el PP. “Llevan demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría, incumplen acuerdos” y “aprueban políticas de espaldas a este parlamento”, espetó Nogueras, que afirmó que “la guinda del pastel son los casos de corrupción” que “rodean” al presidente. Fuentes de Junts ahondan en esta argumentación y aseguran que el presidente carece de “fuerza política” al no contar con una mayoría estable en la Cámara Baja que sustente sus políticas.

No obstante, los de Puigdemont descartan taxativamente la posibilidad de secundar una moción de censura que, junto a PP y Vox, serviría para sacar de la Moncloa a Sánchez y para hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo. “Si no hemos regalado ningún voto al PSOE a cambio de nada, tampoco vamos a hacerlo con el PP”, argumentan las fuentes consultadas. Y, por ello, la Moncloa se muestra muy tranquila, quita hierro al órdago de Junts y asegura que su relación con los independentistas no va a empeorar, fundamentalmente porque los puentes estaban ya muy dañados desde que el pasado noviembre Puigdemont escenificó su ruptura con Sánchez.

Lo cierto es que Junts no tiene en su mano ni forzar la convocatoria electoral ni golpear legislativamente al Gobierno más de lo que ya lo está haciendo. En los últimos meses, los de Puigdemont han propinado varios varapalos parlamentarios al Ejecutivo, el último esta misma semana, cuando sumaron fuerzas con PP y Vox para iniciar el debate de una ley que aceleraría los desahucios de familias vulnerables y derogaría el mecanismo que permite establecer topes a los precios del alquiler. Desde el pasado noviembre, asimismo, Junts ha tumbado (por dos veces) el techo de gasto propuesto por el Gobierno como paso previo a los Presupuestos Generales del Estado, ha derribado el decreto de escudo social por incluir la prohibición de desahuciar a inquilinos con bajos ingresos y ha impedido que el Ejecutivo tenga en su mano prohibir en situaciones de emergencia las subidas bruscas de precio de algunos productos o servicios.

Sin embargo, aunque la decisión de Junts de escenificar un nuevo choque con el Gobierno no va a tener ninguna traducción a hechos concretos, al menos a corto plazo, sí puede servir para que los independentistas se intenten sacudir la presión de cara, especialmente, al próximo martes. Ese día, el Congreso debatirá y votará tanto la toma en consideración de la ley que crearía el Consorcio de Inversiones Gobierno-Generalitat como, sobre todo, el decreto de vivienda aprobado hace un mes, que contiene medidas como la prórroga al mismo precio de los alquileres que venzan en 2026 y 2027. Los de Puigdemont han jugado al despiste y no han querido aclarar el sentido de su voto respecto al Consorcio, pero ya han anunciado su rechazo al paquete de medidas de vivienda. 

Ese ‘no’ se debe, fundamentalmente, a motivos ideológicos. Pero Junts lo ha tenido más fácil para venderlo a su electorado después de que la líder de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, calificara como “racista” y “clasista” su proyecto político la semana pasada, unas declaraciones de las que Díaz no se ha retractado y que no sentaron demasiado bien en su propio partido porque torpedearon la negociación del decreto de vivienda con los independentistas, que ya era muy compleja. Puigdemont respondió a esas palabras con un crítico mensaje en sus redes sociales en el que acusó a la vicepresidenta de “bajeza moral” y afirmó que no conoce ni al “votante” ni al “militante” de Junts. “Buen viento, la próxima vez que pida al PP los votos para ser vicepresidenta”, le espetó.

No obstante, hasta un 74% de los ciudadanos apoyan la prórroga de los alquileres, y quienes rechazan la medida son minoría entre los votantes de todos los partidos, también los de derechas. Y ese dato, que en la última semana han recordado con insistencia las formaciones progresistas y, particularmente, Sumar, mantiene la presión sobre Junts. Una presión que no se ha disipado pese al enfado de Puigdemont con Díaz y también a pesar de que la portavoz Nogueras, asegurase hace unos días que las medidas de vivienda aprobadas por el Gobierno “están muy mal hechas” y cuentan “con muy poco rigor”.

El Consorcio y la inmigración

Aunque en menor medida, la toma en consideración de la proposición de ley de ERC para poner en marcha el Consorcio de Inversiones entre Gobierno central y Generalitat tampoco es una votación especialmente cómoda para Junts. Esa iniciativa es una de las que acordaron los republicanos con el PSC hace dos años para hacer president a Salvador Illa, y busca crear un órgano que se encargue gestionar las grandes obras y proyectos del Estado en Catalunya para acabar con el déficit de ejecución presupuestaria. Junts ha asegurado que este órgano se queda corto y es “innecesario”, y ha exigido que el dinero presupuestado que no se acabe ejecutando se transfiera directamente a la Generalitat al finalizar cada ejercicio. 

También es cierto, no obstante, que esta votación enfrenta a los de Puigdemont a un dilema incómodo. Posicionarse en contra de la iniciativa supondría torpedear una propuesta que busca dar más poder a la Generalitat para acelerar las inversiones estatales en Catalunya, una de las exigencias habituales de Junts. Pero apoyarla permitiría a ERC apuntarse un importante tanto y allanaría el camino al entendimiento entre los de Oriol Junqueras y el PSC para sacar adelante los Presupuestos autonómicos, que Illa se vio obligado a retirar hace unas semanas para dar más tiempo a la negociación.

A todo ello se suman las últimas decisiones tomadas por el Gobierno en materia migratoria, que no han contribuido a mejorar la relación con un Junts que lleva tiempo endureciendo su discurso en esta materia a causa del acelerado crecimiento que ha experimentado la formación ultraderechista Aliança Catalana, de carácter marcadamente xenófobo. La apertura del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes no ha tenido que pasar por el Congreso para ser aprobada, pero Nogueras se mostró muy crítica con ella el miércoles pasado, cuando acusó a Sánchez de haberla “impuesto” por “la puerta de atrás”, pese a que el procedimiento ha sido perfectamente legal. “España invita, pero lo pagan y lo sufren, como siempre, los ciudadanos de Catalunya”, espetó.

Esa crítica no es una excepción, sino la última muestra de un viraje que, en los últimos tiempos, también se ha evidenciado en otros movimientos, como la decisión de Junts de presentar una veintena de preguntas al Gobierno por alojar “en un hotel” a 30 migrantes en Figueres (Girona). Hace un par de semanas, el diputado posconvergente Josep María Cervera exigió saber “desde qué punto del Estado español se ha trasladado” a los 30 demandantes de asilo, “quién ha tomado la decisión”, por qué se ha elegido Figueres como el municipio en el que debía realojarse a estas personas o “cuánto dinero se destina diariamente a cubrir las necesidades de estas personas”, así como si ese coste “es asumido directamente por el Gobierno español o se canaliza a través de entidades colaboradoras”.

Las dos capitales canarias registran la mayor concentración de multiarrendadores de viviendas del país: el 64,9% de los caseros con más de dos propiedades, frente al 35,1% que dispone de un único inmueble en alquiler en el caso de Las Palmas de Gran Canaria; y el 64,6% frente a un 35,4% en Santa Cruz de Tenerife.

Así lo desvela un informe del Ministerio de Consumo en colaboración con el CSIC publicado este jueves. Según este análisis, en el conjunto del país el 52,8% de las viviendas alquiladas por particulares pertenecen a propietarios con dos o más viviendas en alquiler, mientras que el 61% del mercado del alquiler está en manos de multiarrendadores y personas jurídicas.

Este estudio refleja que el 39% del mercado del alquiler español está representado por propietarios con una sola casa en alquiler, mientras que los multiarrendadores controlan una proporción todavía mayor del mercado del alquiler en grandes ciudades como Las Palmas de Gran Canaria (65%), Santa Cruz de Tenerife (64,6%), Palma (63%), Barcelona (60,8%), Madrid (56,4%) o Valencia (55%).

De hecho, entre 2016 y 2023 los multiarrendadores han incrementado su parque de viviendas alquiladas un 39,9%, casi diez puntos más que los propietarios con una única vivienda en alquiler, cuyo crecimiento ha sido del 30,4%.

Durante este periodo el parque de viviendas alquiladas por particulares pasó de 1,9 millones a 2,57 millones, según apunta este informe de Consumo.

Asimismo, los caseros o personas que perciben rentas por alquiler de vivienda habitual suponen un 4,9% de la población total (5,7% de la población adulta) frente al volumen de inquilinos, que constituyen el 20,8% de la población.

Canarias rompe la barrera de los 50.000 propietarios con cuatro inmuebles

Según datos del Catastro en Canarias, el grupo de propietarios que más ha crecido en las Islas es el que tiene entre seis y diez bienes urbanos. En 2010 había 23.000; ahora hay 43.000, o sea, un 86,4% más. Le sigue el que tiene exactamente cinco, que ha pasado de 15.000 a 26.000, un 79,3% más. Y en tercer lugar se encuentra el que posee cuatro. Este conjunto ha sumado 21.000 titulares, pasando de casi 29.000 a 50.000, un incremento del 75,4%.

El análisis temporal de los últimos quince años muestra una clara tendencia hacia la concentración de los bienes. Un patrón más que explica la crisis de vivienda que azota a Canarias sin previsión de dejar de hacerlo pronto.

La figura del pequeño casero que tan solo tiene una vivienda en alquiler como complemento a su sueldo va a la baja en España. En los últimos años, la compra de vivienda para inversión y para segunda residencia ha crecido y las empresas y multipropietarios aumentan su capital inmobiliario con más velocidad que los pequeños caseros. Hoy tan solo un 39% de las viviendas de alquiler en España están en manos de personas que tan solo alquilan una, según un informe elaborado por el CSIC y difundido por el Ministerio de Consumo.

Si descartamos empresas, fondos y vivienda pública, aún ganan los multipropietarios, que controlan un 52,8% de la vivienda alquilada por particulares, cifra que se eleva al 61% al observar el parque total de vivienda y contar también al sector público y privado.

El análisis no hace distinción entre propietarios que tienen entre 2 y 10 viviendas o grandes tenedores, considerados a partir de 10, pero sí que muestra cómo en algunas ciudades, especialmente las más turísticas, el pequeño casero tiene aún menos peso.

Así, Las Palmas de Gran Canaria presenta la mayor concentración con un 64,9% de caseros multiarrendadores, frente al 35,1% que posee un único inmueble. Santa Cruz de Tenerife le va a la zaga con un 64,6%, Palma de Mallorca tiene un 63,1% de sus viviendas en manos de multiarrendadores y Barcelona un 60,8%, mientras que Madrid cuenta con un 56,4% de viviendas en manos de multiarrendadores. En el caso de las capitales, estos porcentajes solo cuentan a los arrendadores particulares y no a las empresas, fondos y empresa pública, por lo que la porción de mercado de los pequeños caseros debe ser aún menor.

Aumento de los multiarrendadores

El estudio muestra, además, cómo desde el año 2016 aquellos que tienen más de una vivienda en alquiler han aumentado más su parque de viviendas que los que tienen solo una. Aquellos que alquilan una sola vivienda han aumentado su parque en un 30%, mientras que quienes cuentan con dos o más lo han hecho un 39,9%.

En plena crisis de la vivienda, con precios de alquiler y compra disparados y las administraciones tratando de buscar respuesta con regulación o más oferta por ahora sin éxito, el poder de los grandes propietarios frente a los inquilinos crece.

La Encuesta Financiera de las Familias publicada hace unos días por el Banco de España muestra que el porcentaje de hogares que residen en viviendas de su propiedad ha caído desde el pico histórico de 2011, cuando eran un 90%, a un 70,6% actual, mínimo histórico precipitado también por la oleada de desahucios durante la explosión de la burbuja.

Paralelamente, sin embargo, han crecido las compras de vivienda sin hipoteca, es decir, pagadas al contado, hasta un 30% de las que se compraron el pasado 2025, con cifras del Colegio de Registradores. El 24% de las viviendas que se compraron en 2025 fueron destinadas a la inversión y el 18% a segunda residencia, según datos de la Federación de Agencias Inmobiliarias.

Tres furgons amb quinze agents de la Policia Nacional han arribat aquest matí, a les 8.30 hores, amb material antidisturbis per desallotjar treballadors d’Eivissa de l’assentament de sa Joveria. És un dels més significatius que han anat proliferant a la perifèria de la ciutat des que va començar i es va agreujar la crisi de l’habitatge, creant imatges insòlites.

Es tracta del nucli de barraques més gran que s’ha anat configurant als voltants de la ciutat i també a l’illa. Excepte el desnonament massiu de mil persones en un terreny privat de Can Rova l’estiu de 2024, moltes d’elles estafades per un caser pirata que els llogava parcel·les a preus desorbitats perquè hi instal·lassin les seves caravanes, barraques o fins i tot embarcacions.

L’escena es repeteix des de fa almenys un any i mig: residents i treballadors, alguns fixos i altres de temporada, es veuen obligats a marxar dels infrahabitatges construïts amb les seves pròpies mans per la manca d’alternatives que deixa la carència habitacional en espais oberts del territori insular. S’escolen entre les mans de les institucions i les autoritats en la mateixa dinàmica que segueixen el ratolí i el gat.

La majoria de persones que fins avui han residit a sa Joveria, d’origen sahrauí, vivien abans a l’antic assentament de Can Raspalls, a Sant Jordi, d’on també els van fer fora, a la tardor de 2024, després de l’abandonament del fons d’inversió que el posseïa i després que les autoritats municipals al·legassin “brutícia” i el lloguer de barraques a Airbnb per intervenir.

El cos nacional de seguretat, així com deu agents de la Policia Local de Vila, han irromput aquest matí al terreny de sa Joveria a partir de les 10 hores, quan un dron ha començat a sobrevolar el recinte de l’assentament, situat entre l’hospital Can Misses i el recinte firal. Des d’allí es veu el castell, símbol de promoció turística en una illa —abans terra d’oportunitat laboral— cada vegada més corcada per les desigualtats socials i econòmiques.

“Quan han entrat —els policies nacionals— semblava una escena de La Casa de Papel”, diu Ahmed, treballador del sector de la construcció, mentre surt juntament amb tres companys seus. No saben on dormiran aquesta nit i lamenten l’escenari en què es troben: “El lloguer és molt car: una habitació per a una persona val 750 euros al mes”. La seva font d’ingressos està lligada a factors variables que no depenen de la seva decisió, com la pluja o els dies festius, quan no es treballa i, per tant, no es cobra.

Porten amb ells només el DNI —són d’El Aaiún, capital del Sàhara Occidental—, la targeta sanitària de Balears i la targeta de crèdit. La resta de les seves pertinences continuen a l’interior de la barraca que els servia de llar. Es van traslladar a l’illa cercant un millor salari que el que els oferia la recollida de l’oliva a Andalusia, però es van trobar amb una pitjor qualitat de vida.

Abans havien estat vivint en un altre solar darrere de la central elèctrica de Gesa fins que els van fer fora. Ara es plantegen, mig seriosament mig en broma, cercar una feina de nit perquè, de moment, dormiran al carrer: “On hem d’anar, si no?”, es demanen.

Una intervenció pacífica

La intervenció s’ha desenvolupat de manera pacífica, tal com estava previst, sense que s’hagin produït incidents ni detinguts. De les prop de 400 persones que hi havia inicialment, en quedaven unes 60 que han anat sortint a comptagotes. Sí que s’ha percebut el descontentament dels ocupants, que lamenten ser el focus d’atenció de responsables polítics i mitjans de comunicació només “quan són el problema, sense que ningú ofereixi una solució”.

Alguns d’ells s’han apropat a primera hora del matí a les oficines municipals per gestionar el certificat de vulnerabilitat. Els agents, a la seva arribada, han assegurat el perímetre i controlat els accessos a la finca per evitar alteracions de l’ordre públic i garantir la seguretat de totes les persones implicades.

Una patrulla ha identificat un dels informadors que cobria el desallotjament i li ha indicat, tant a ell com a la resta de periodistes presents, que havien de retirar-se i dirigir-se a la carpa habilitada per als mitjans a la zona de l’aparcament, al costat de l’accés pròxim al recinte firal. Un punt que, d’altra banda, no tenia visibilitat sobre el terreny públic on es troben una trentena de caravanes i autocaravanes —més a prop del col·legi Can Misses— i que, tal com ha explicat l’alcalde Rafael Triguero durant una compareixença, es desallotjarà en els pròxims dies per incompliment de les ordenances, tot i que no ha especificat quan.

L’Ajuntament d’Eivissa intenta desallotjar el solar des de finals de 2024, quan van començar a instal·lar-s’hi els primers treballadors —una d’elles, Maria, treballa com a netejadora a l’hospital, situat just al costat—, mitjançant mesures dissuasives. Entre aquestes, la instal·lació d’un gàlib per impedir el pas de vehicles de més d’una determinada altura, que durant la jornada d’avui roman obert per facilitar la sortida voluntària, i la pressió constant mitjançant l’amenaça de multes.

Almenys dos menors d’edat

Quan apareix una furgoneta de la Policia Nacional de Fronteres a la zona, comença a respirar-se certa tensió, cap a les onze del matí. Un grup d’unes quinze persones —una d’elles amb un nadó als braços— es reuneix en un tancat dins del terreny quan dos policies s’hi acosten i els comuniquen una notícia positiva, tot i que temporal: de moment, podran continuar pernoctant al lloc. “Ens han explicat que primer ens han de notificar per poder-nos fer fora”, detalla Sara a elDiario.es.

Alguns d’ells són migrants en procés de regularitzar la seva situació, com la família de Camilo, de Colòmbia. En aquesta àrea, acordonada amb grans pedres, hi ha almenys dos menors, algun d’ells adolescent. Els serveis socials, presents durant tot el matí, no han pogut concretar una xifra exacta.

El punt on es troben les caravanes —que de moment s’han lliurat del desallotjament— està separat per una tanca de la resta del terreny, de propietat privada, on s’havien instal·lat principalment treballadors d’origen sahrauí. D’allí han sortit aquest matí només set persones. Una d’elles, un home marroquí que, mentre abandonava el lloc, no podia contenir les llàgrimes davant la situació de precarietat en què es troba.

Part de l’assentament, en un solar privat

El desallotjament d’aquesta propietat es va posar en marxa després que la Secció del Contenciós Administratiu del Tribunal d’Instància de Palma autoritzés l’Ajuntament a entrar, desmuntar i netejar l’assentament, atès que la propietat no disposava de mitjans per fer-ho. L’actuació —establia el jutge— havia de finalitzar abans del 26 de maig.

Ara, l’alcalde —que ha assegurat que ha estat un dels moments més difícils del seu mandat— ha detallat que el propietari haurà d’encarregar-se de retirar els estris i els enderrocs que han quedat al solar (com palets i restes de barraques), un dels motius que ha conduït a la intervenció.

“Era una bomba de rellotgeria”, ha afegit l’edil, recordant un tràgic succés ocorregut fa anys a l’assentament: dos incendis simultanis que van acabar amb la vida d’una persona. No ha estat l’únic episodi d’aquest tipus en nuclis de barraques de l’illa, ja que a Can Rova 2 va passar una cosa semblant.

Per això, tècnics municipals de medi ambient han accedit a la parcel·la per controlar la gestió dels residus. Han trobat electrodomèstics, plaques solars, bateries, parts de cuines i altres objectes perillosos que suposaven un risc tant per a l’entorn com per a les persones que residien al lloc.

Davant la pregunta a l’equip municipal —amb la regidora de Benestar Social, Lola Penín, present— sobre si s’havia valorat habilitar un altre solar per oferir una alternativa habitacional als desallotjats, la resposta ha estat afirmativa, tot i que sense èxit: “L’habitatge públic no es construeix d’un dia per l’altre”, ha assenyalat Triguero.

D’altra banda, ha assegurat que a l’interior de l’assentament ja desmantellat de sa Joveria —on cap a les 13.30 hores dues retroexcavadores treballaven en la demolició d’aproximadament un centenar d’infrahabitatges— hi havia persones que cobraven entre 200 i 500 euros a altres en situació de necessitat. Uns fets que la Policia Local preveu sancionar i per als quals ja té identificats els responsables.

Set ubicacions temporals d’allotjament

De moment, s’han habilitat allotjaments d’emergència per a set unitats familiars i set places per a adults sense càrregues familiars. A més, l’Ajuntament ha detallat que actualment hi ha deu expedients oberts als serveis socials relacionats amb persones que residien en aquests assentaments.

Al llarg del matí, tècnics de la UTS Eixample també estaven disponibles per atendre les persones derivades des del punt d’atenció i tramitar prestacions en els casos necessaris, és a dir, en situacions de vulnerabilitat. En el cas de persones treballadores amb ingressos superiors —tot i que insuficients per accedir a un habitatge digne— hauran de buscar alternatives pel seu compte.

A mitjan matí, una parella abandona el lloc amb diverses maletes, mirant amb el front arrufat els qui fotografien la seva situació. Mentre la dona recolza les seves pertinences sobre unes pedres, ell explica que la seva família, procedent de la península, va arribar a Eivissa amb un habitatge. Entre tristesa i incredulitat pel canvi de l’illa, s’endinsa de nou al bosc, cap a un lloc ja buit.

Adrián Amaya és un dels residents de l’altra zona que, de moment, podrà quedar-se. En el seu moment ja va ser desallotjat del problemàtic bloc dels Don Pepe, a Sant Josep, i ara tem tornar-se a veure en la mateixa situació: “Tots ens mereixem un sostre sota el qual viure”.

La derecha vuelve a hacer piña en el Congreso para desregular el mercado de la vivienda. Este martes, el Congreso aprobó la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el PP para acelerar la puesta en marcha de desarrollos urbanísticos, pero que también incluye medidas para rebajar la protección a las familias vulnerables en procedimientos de desahucio y serviría para derogar los artículos de la ley de vivienda que permiten establecer zonas de mercado tensionado y fijar topes al precio de los alquileres. Además de por los populares, la norma fue apoyada por Vox, Junts y UPN, mientras el PNV y Coalición Canaria se abstuvieron. No obstante, eso no implica que entre en vigor de manera inmediata: por delante tiene una larga tramitación que es muy poco probable que termine avanzando.

La iniciativa, registrada por el PP, está titulada con el anodino nombre de “proposición de ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda”. Pero bajo ese título, los populares incluyen todo un paquete de disposiciones que, lejos de limitarse a acelerar los trámites burocráticos para la construcción de inmuebles, buscan recortar la capa de protección en materia de vivienda para los ciudadanos con menos recursos. La diputada popular Soledad Cruz-Guzmán argumentó que este recorte es necesario para “devolver la confianza y seguridad jurídica a los propietarios, inversores y promotores” para revitalizar el mercado del alquiler y “porque el control de precios no funciona”.

El texto, por ejemplo, reduciría de los actuales 1.800 euros a 900 euros el umbral de ingresos mensuales a partir del cual un ciudadano es considerado vulnerable, lo cual le permite poder acogerse a medidas que retrasen su desahucio. Asimismo, la ley plantea que se reduzca el plazo legal para que las Administraciones encuentren un techo alternativo a las familias vulnerables a las que se vaya a desalojar: de dos meses a un mes si el propietario del inmueble es persona física, y de cuatro a tres meses si es persona jurídica. Y se eliminaría el artículo de la ley de arrendamientos urbanos que permite a los inquilinos prorrogar durante un año su contrato de alquiler al mismo precio cuando su casero sea una empresa y acrediten una situación de vulnerabilidad social y económica.

A todo ello se sumaría la derogación de “las medidas intervencionistas en el mercado de alquiler, como las zonas de mercado tensionado, los índices de precios de los alquileres, el control de los precios y los instrumentos de apoyo a la inquiokupación”, tal y como explica el PP en la exposición de motivos de la propia ley. De la misma manera, la norma permitiría a las empresas acudir a un juicio rápido para exigir la “inmediata recuperación” de la plena posesión de una vivienda o parte de ella si se han visto privadas de ella sin su consentimiento.

Durante el debate, la popular Cruz-Guzmán argumentó que la proposición de ley se limita a liberar a los ciudadanos y las empresas de la obligación de ocuparse de las “familias vulnerables”, a las que dijo que “hay que proteger, por supuesto, pero desde la administración pública”. Más allá fue Ricardo Chamorro, de Vox, que aseguró que para su partido el texto propuesto por el PP se queda corto. “Nosotros proponemos desahucios exprés, el fin inmediato de las zonas tensionadas, libertad real para construir, prioridad absoluta a los españoles en vivienda protegida y en el acceso a la propiedad, control de fronteras y que la poca vivienda que se construye sea para quienes son de aquí”, enumeró Chamorro.

El diputado de Vox calificó de “auténtico desastre” la ley de vivienda aprobada en 2023, pese a que su medida estrella, el tope de precios de los alquileres, apenas se ha aplicado en algunos municipios de Catalunya, País Vasco, Navarra o Galicia. “Ha reducido la oferta, ha disparado los precios, ha convertido al propietario en un enemigo y ha premiado al okupa”, espetó Chamorro, que tiró del habitual argumentario xenófobo de su partido para asegurar que “no se puede hablar de crisis de vivienda sin hablar de la inmigración masiva”. “Según el INE, en 2024 llegaron a España 1,3 millones personas del extranjero que establecieron su residencia aquí, de las que 1,14 millones tenían nacionalidad extranjera: eso es una demanda absolutamente desbocada” que “desplaza a los españoles”, afirmó el parlamentario ultraderechista.

Por el contrario, Junts evitó durante el debate referirse a la rebaja de la protección social para ciudadanos vulnerables y se centró en defender la conveniencia de empezar a tramitar la ley por sus medidas para agilizar el desarrollo de proyectos urbanísticos. Los independentistas catalanes ni siquiera concretaron cuál iba a ser el sentido de su voto, y la única mención que hizo la diputada Marta Madrenas en relación al recorte social que incluye la norma fue para respaldar la parte de la ley que apuesta por derogar una parte de la ley de vivienda. En ese sentido, Madrenas cargó contra la “visión excesivamente ideologizada” y el “modelo basado en limitar, sancionar y sobrerregular” que, a su juicio, está aplicando el Gobierno en materia inmobiliaria.

Al igual que Junts, el PNV —que se abstuvo— se mostró de acuerdo con la parte de la proposición de ley que, por ejemplo, modifica el régimen de nulidad de los planes urbanísticos para evitar que defectos formales invaliden años de trabajo de los ayuntamientos. De hecho, su portavoz Maribel Vaquero se mostró muy crítica con el hecho de que el PP votara en contra hace un año de una propuesta similar presentada por PNV y PSOE por “intereses partidistas”. Pero Vaquero, por el contrario, cargó contra la segunda parte de la iniciativa, la que rebaja la protección social a los ciudadanos vulnerables. “Son ustedes muy buenos administradores de la economía familiar, incluso magos, si con apenas 1.000 euros creen que una familia puede comer todos los días, vestirse y encender la calefacción”, espetó.

La izquierda critica la propuesta: “Declaran la guerra a la mayoría”

Salvo PP, Vox, Junts y UPN, ningún otro partido del arco parlamentario apoyó la toma en consideración de la proposición de ley. Por el contrario, las formaciones progresistas se mostraron muy críticas con una norma que apuesta por “liberar suelo” y volver al modelo de “una burbuja inmobiliaria descomunal” que, en 2012, acabó en el “rescate a la banca”, en palabras de la diputada del PSOE Isabel Pérez, que espetó a la bancada popular que “antes de derogar partes de la ley de vivienda, deberían intentar ponerla en marcha”. “Ustedes ni quieren hacer vivienda pública, ni quieren escuchar nada que tenga que ver con lo público”, denunció Pérez.

Por su parte, el parlamentario Alberto Ibáñez, de Compromís e integrado en el grupo parlamentario de Sumar, aseguró que el PP “declara la guerra” con su proposición de ley “a la mayoría social, a aquella gente que no puede llegar a final de mes”. “¿Usted de verdad cree que una familia entera puede vivir con 900 euros al mes?”, preguntó directamente Ibáñez a la diputada popular que defendió la iniciativa durante el debate, a quien también echó en cara que el PP solo es “provida” para oponerse al derecho al aborto. “Una vez nacen [los bebés], les da absolutamente igual si viven bajo un puente o no”, criticó.

En la misma línea, el diputado de EH Bildu Oskar Matute denunció que rebajar a un máximo de 900 euros el umbral de ingresos mensuales para que una familia pueda considerarse vulnerable obligaría a la gente a “elegir entre tener techo y comer piedras”. Su homóloga de ERC Etna Estrems defendió que la regulación de precios en Catalunya está sirviendo para contener las subidas de los alquileres y criticó que “una gran parte del mercado inmobiliario no está pensada para garantizar el derecho a la vivienda, sino para funcionar como un activo de inversión”, un problema que la iniciativa del PP, a su juicio, agravaría. Y Javier Sánchez, de Podemos, acusó a los populares de ser “el partido de Blackstone, de Nestar, de Cerberus”.

Tres furgones con quince agentes de la Policía Nacional han llegado esta mañana, a las 8.30 horas, con material antidisturbios para desalojar a trabajadores de Eivissa del asentamiento de sa Joveria. Es uno de los más significativos que han ido proliferando en la periferia de la ciudad desde que empezó y empeoró la crisis de vivienda, creando imágenes insólitas. 

Se trata del mayor núcleo chabolista que se ha ido configurando en los alrededores de la urbe y también en la isla. Exceptuando el desahucio masivo de mil personas en un terreno privado de Can Rova el verano de 2024, muchas de ellas estafadas por un caseo pirata que les alquilaba parcelas por precios desorbitados para que instalaran sus caravanas, chabolas o incluso embarcaciones.

La escena se repite desde hace por lo menos un año y medio: residentes y empleados, algunos fijos y otros de temporada, se ven obligados a marchar de las infraviviendas construidas con sus propias manos por la falta de alternativas que deja la carencia habitacional en espacios abiertos del territorio insular. Se escurren entre las manos de instituciones y autoridades en la misma dinámica que siguen el ratón y el gato.

La mayoría de personas que hasta hoy han residido en sa Joveria, de origen saharaui, vivían antes en el antiguo asentamiento de Can Raspalls, en Sant Jordi, de donde también les echaron, en otoño de 2024, tras el abandono del fondo de inversión que lo poseía y después de que las autoridades municipales alegasen “suciedad” y el alquiler de chabolas en Airbnb para intervenir.

El cuerpo nacional de seguridad, así como diez agentes de la Policía Local de Vila, han irrumpido esta mañana en el terreno de sa Joveria a partir de las 10 horas, cuando un dron ha empezado a sobrevolar el recinto del asentamiento, ubicado entre el hospital Can Misses y el recinto ferial. Desde allí, se ve el castillo, símbolo de promoción turística en una isla -antes tierra de oportunidad laboral- cada vez más carcomida por las desigualdades sociales y económicas. 

“Cuando han entrado -los policías nacionales- parecía una escena de la Casa de Papel”, dice Ahmed, trabajador del sector de la construcción, mientras sale junto a tres compañeros suyos. No saben dónde dormirán esta noche y lamentan el escenario en el que se encuentran: “El alquiler es muy caro: una habitación para una persona vale 750 euros al mes”. Su fuente de ingresos está ligado a factores variables que no dependen de la decisión propia, como la lluvia o los días festivos, cuando no se trabaja y por lo tanto, no se cobra. 

Llevan consigo tan solo su DNI -son de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental-, la tarjeta sanitaria de Balears y la tarjeta de crédito. El resto de sus pertenencias, continúan en el interior de la chabola que les servía de hogar. Se trasladaron a la isla buscando un mejor salario que el que les ofrecía la recolecta de la aceituna en Andalucía, pero se encontraron con peor calidad de vida. 

Antes, habían estado viviendo en otro solar detrás de la central eléctrica de Gesa hasta que los echaron. Ahora se plantean medio en serio medio en broma buscar un trabajo de noche porque de momento dormirán en la calle: “¿Dónde vamos si no?”, se preguntan.

Una intervención pacífica

La intervención se ha desarrollado de manera pacífica, tal y como estaba previsto, sin que se hayan producido incidentes ni detenidos. De las cerca de 400 personas que había inicialmente, quedaban unas 60 que han ido saliendo a cuentagotas. Sí se ha percibido el descontento de los ocupantes, que lamentan ser el foco de atención de responsables políticos y medios de comunicación solo “cuando son el problema, sin que nadie ofrezca una solución”.

Algunos de ellos se han acercado a primera hora de la mañana a las oficinas municipales para gestionar el certificado de vulnerabilidad. Los agentes, a su llegada, han asegurado el perímetro y controlado los accesos a la finca para evitar alteraciones del orden público y garantizar la seguridad de todas las personas implicadas.

Una patrulla ha identificado a uno de los informadores que cubría el desalojo y le ha indicado, tanto a él como al resto de periodistas presentes, que debían retirarse y dirigirse a la carpa habilitada para los medios en la zona del aparcamiento, junto al acceso próximo al recinto ferial. Un punto que, por otro lado, carecía de visibilidad sobre el terreno público donde se encuentran una treintena de caravanas y autocaravanas -más cerca del colegio Can Misses- y que, como ha explicado el alcalde Rafael Triguero durante una comparecencia, se desalojará en los próximos días por incumplimiento de las ordenanzas, aunque no ha especificado cuándo.

El Ayuntamiento de Eivissa intenta desalojar el solar desde finales de 2024, cuando comenzaron a asentarse los primeros trabajadores -una de ellas, María, trabaja como limpiadora en el hospital, situado justo al lado-, mediante medidas disuasorias. Entre ellas, la instalación de un gálibo para impedir el paso de vehículos de más de cierta altura, que durante la jornada de hoy permanece abierto para facilitar la salida voluntaria, y la presión constante mediante la amenaza de multas. 

Al menos dos menores de edad

Cuando aparece un furgón de la Policía Nacional de Fronteras en la zona, comienza a respirarse cierta tensión, en torno a las once de la mañana. Un grupo de unas quince personas —una de ellas con un bebé en brazos— se reúne en un cercado dentro del terreno cuando dos policías se acercan y les comunican una noticia positiva, aunque temporal: por el momento, podrán seguir pernoctando en el lugar. “Nos han explicado que primero tienen que notificarnos para poder echarnos”, detalla Sara a elDiario.es.

Algunos de ellos son migrantes en proceso de regularizar su situación, como la familia de Camilo, de Colombia. En esta área, acordonada con grandes piedras, hay al menos dos menores, alguno de ellos adolescente. Los servicios sociales, presentes durante toda la mañana, no han podido concretar una cifra exacta.

El punto donde se encuentran las caravanas —que por ahora se han librado del desalojo— está separado por una valla del resto del terreno, de propiedad privada, donde se habían instalado principalmente trabajadores de origen saharaui. De allí han salido esta mañana tan solo siete personas. Una de ellas, un hombre marroquí que, mientras abandonaba el lugar, no podía contener las lágrimas ante la situación de precariedad en la que se encuentra.

Parte del asentamiento, en un solar privado

El desalojo de esta propiedad se puso en marcha después de que la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma autorizara al Ayuntamiento a entrar, desmontar y limpiar el asentamiento, dado que la propiedad no disponía de medios para hacerlo. La actuación —establecía el juez— debía finalizar antes del 26 de mayo.

Ahora, el alcalde —que ha asegurado que ha sido uno de los momentos más difíciles de su mandato— ha detallado que el propietario deberá encargarse de retirar los enseres y escombros que han quedado en el solar (como palés y restos de chabolas), uno de los motivos que ha llevado a la intervención.

“Era una bomba de relojería”, ha añadido el edil, recordando un trágico suceso ocurrido hace años en el asentamiento: dos incendios simultáneos que acabaron con la vida de una persona. No ha sido el único episodio de este tipo en núcleos chabolistas de la isla, ya que en Can Rova 2 ocurrió algo similar.

Por ello, técnicos municipales de medio ambiente han accedido a la parcela para controlar la gestión de los residuos. Han encontrado electrodomésticos, placas solares, baterías, partes de cocinas y otros objetos peligrosos que suponían un riesgo tanto para el entorno como para las personas que residían en el lugar.

Ante la pregunta al equipo municipal —con la concejala de Bienestar Social, Lola Penín, presente— sobre si se había valorado habilitar otro solar para ofrecer una alternativa habitacional a los desalojados, la respuesta ha sido afirmativa, aunque sin éxito: “La vivienda pública no se construye de la noche a la mañana”, ha señalado Triguero.

Por otra parte, ha asegurado que en el interior del ya desmantelado asentamiento de sa Joveria —donde hacia las 13.30 horas dos retroexcavadoras trabajaban en la demolición de cerca de un centenar de infraviviendas— había personas que cobraban entre 200 y 500 euros a otras en situación de necesidad. Unos hechos que la Policía Local prevé sancionar y para los que ya tiene identificados a los responsables.

Siete ubicaciones temporales de alojamiento

De momento, se han habilitado alojamientos de emergencia para siete unidades familiares y siete plazas para adultos sin cargas familiares. Además, el Ayuntamiento ha detallado que existen actualmente diez expedientes abiertos en servicios sociales relacionados con personas que residían en estos asentamientos.

A lo largo de la mañana, técnicos de la UTS Eixample también estaban disponibles para atender a las personas derivadas desde el punto de atención y tramitar prestaciones en los casos necesarios, es decir, en situaciones de vulnerabilidad. En el caso de personas trabajadoras con ingresos superiores —aunque insuficientes para acceder a una vivienda digna— deberán buscar alternativas por su cuenta.

A media mañana, una pareja abandona el lugar con varias maletas, mirando con el ceño fruncido a quienes fotografían su situación. Mientras la mujer apoya sus pertenencias sobre unas piedras, él explica que su familia, procedente de la península, llegó a Eivissa con una vivienda. Entre tristeza e incredulidad por el cambio de la isla, se adentra de nuevo en el bosque, hacia un lugar ya vacío.

Adrián Amaya es uno de los residentes del otro lado que, por ahora, podrá quedarse. En su momento ya fue desalojado del problemático bloque de los Don Pepe, en Sant Josep, y ahora teme volver a verse en la misma situación: “Todos nos merecemos un techo bajo el que vivir”.

El Gobierno pretende que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. Y para ello, lo ha impuesto a las Comunidades Autónomas como condición indispensable del Plan Estatal de Vivienda aprobado este martes en Consejo de Ministros, que prevé una inversión de 7.000 millones hasta 2030, el triple que en el periodo anterior. No es la única condición que impone a la hora de aprobar las transferencias territoriales que deben impulsar la vivienda pública en España.

Además, el Gobierno exige a las Comunidades que compartan más datos sobre vivienda y faciliten información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real. Además, les exige que cofinancien en un 40% este plan e incluye una cláusula antifraude para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante. La cláusula “estipula que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del PEV se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables”.

Por ahora, la primera Comunidad Autónoma en oponerse a este plan ha sido Madrid, cuyo consejero de Vivienda, ha rechazado los requisitos, ha asegurado que el Ministerio “invade competencias” y ha lamentado que “o haces lo que el Gobierno dice, o no hay dinero”. Sin embargo, fuentes de la Comunidad aseguran que “el voto no se dirimirá hasta que no se celebre la conferencia sectorial” de presidentes autonómicos el próximo mes de mayo.

¿Cuánto irá destinado a vivienda pública?

El principal objetivo del plan pasa por fomentar la vivienda pública, con una inversión prevista de 2.800 millones, el 40% de toda la inversión, destinada a este fin. Gran parte de estos fondos irán a la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), mediante colaboración público-privada, puesto que el Estado contratará a las constructoras y les cederá suelo para esta ampliación. Una parte se destinará también a habilitar vivienda vacía. Estos 2.800 millones serán ejecutados por las Comunidades Autónomas, ya que la construcción de vivienda pública a cargo del Estado la centralizará Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda que se debe autofinanciar con fondos propios.

Del resto de inversión, un 30% se dedicará a la rehabilitación de vivienda, o sea, unos 2.100 millones de euros para mejorar el estado y la eficiencia energética de las viviendas. Los 2.100 millones restantes se repartirán en otras partidas como las que destinarán ayudas de hasta 8.000 euros para actuaciones estructurales en vivienda, de 13.000 para mejorar la accesibilidad. El Gobierno premiará también a los propietarios que cedan vivienda al alquiler asequible e invertirá 12.000 euros en la reforma de esta vivienda y 18.000 más para devolverla en condiciones óptimas al propietario.

También se repartirán ayudas para construir vivienda pública de venta en municipios de menos de 10.000 habitantes con el objetivo de repoblar zonas rurales. Y, por último, se concederán ayudas para vivienda a familias vulnerables y a víctimas de violencia machista.

Cuánto irá a cada Comunidad

El nuevo plan ha hecho una estimación de, con una aportación del 60% del Estado y un 40% de las comunidades, cuánto debe invertir cada Comunidad en vivienda hasta 2030. Andalucía será la que contará con más fondos si se acoge al Plan, con 1.197 millones, 876 millones más que en el plan 2022-2025, mientras que la Comunidad de Madrid se acerca mucho a estas cifras con 1.113 millones que suponen 815 millones más. Catalunya es la tercera comunidad que más fondos recibirá, con 1.015 millones de euros, 473 millones más que en el anterior plan.

La Comunidad Valenciana recibirá 798 millones (557 más), Galicia 399 (292 más); Castilla y León, 378 millones (276 millones más); Canarias, 371 millones (271 millones más); Murcia, 308 millones (257 millones); Castilla-La Mancha, 280 millones (205 millones más); y Aragón, 266 millones (195 millones más). Para Asturias irán 231 millones (174,7 millones más que en el plan anterior); para Extremadura, 210 millones (153,7 millones más), a las Baleares le corresponden 168 millones (123 millones más); a Cantabria, 133 millones (97,3 millones más) y La Rioja, 119 millones, (85,4 millones más).

Una de las novedades que presenta este Plan Estatal es que las transferencias a las Comunidades Autónomas se harán con base en unos objetivos a cumplir, unos mínimos que los territorios deben garantizar para recibir su parte. La primera de las tres condiciones es que la vivienda que se construya o proteja con estos fondos deberá estar permanentemente protegida, con tal de que no se dediquen a la especulación. La segunda condición es que las comunidades se comprometan a aportar un 40% de los fondos necesarios para la vivienda asequible. Y la tercera es que los territorios se comprometan a ofrecer datos fiables sobre el mercado de la vivienda en todos sus sentidos.

El real decreto aprobado por el Gobierno para conceder prórrogas extraordinarias a los alquileres que vencen en los próximos dos años cuenta con el apoyo de tres cuartas partes de la población y también de más de la mitad de los votantes de derecha, según un estudio financiado por el grupo parlamentario europeo The Left y realizado por Ateneo del Dato.

El 32,2% de los encuestados se muestra muy a favor de la medida y un 41,4% está bastante a favor, hasta alcanzar el 73,6% de posiciones favorables. Se acercan a esta proporción los votantes del PP, con un 65% de aprobación, e incluso los de Vox, que lo apoyan en un 60%, mientras que entre los votantes de los partidos de izquierda el apoyo es casi unánime. Un 91% de los votantes de Sumar están a favor de la medida, por un 81% de los votantes del PSOE.

La encuesta plantea también a los encuestados si se replantearían el voto a su partido en caso de que no apoyen esta medida, cosa que harían un 48,7 de los encuestados, un 32% de los votantes del Partido Popular y un 36% de los votantes de Vox.

El decreto 8/2026, aprobado el pasado 20 de marzo, obliga a los caseros a conceder una prórroga de dos años a todos los contratos que acaben entre el 20 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027. Pero este decreto se votará en el Congreso el 28 de abril y no cuenta con los apoyos suficientes para ser validado, por lo que es muy probable que decaiga.

Si decae, dejará de estar en vigor y no se aprobarán más prórrogas extraordinarias. Pero muchos abogados, el sindicato de Inquilinas y el Ministerio de Consumo defienden que si esta prórroga se pide con un burofax en el periodo en que esté en vigor, esto es, antes del 28 de abril, debe concederse. La patronal, en cambio, se inclina a defender que tan solo se acogerán a la prórroga los contratos que acaben antes de decaer, independientemente de cuándo se envíe el burofax.

Ante tal incertidumbre, los inquilinos se debaten aún entre enviar o no este burofax, que muchos ya han hecho llegar, algunos con éxito y otros sin él.

La prórroga va acompañada de una limitación del 2% de subida de precios, que ahorrará a los inquilinos hasta 658 euros al año, según el cálculo que elaboró recientemente Sumar, principal impulsor del decreto a través del Ministerio de Consumo y Derechos Sociales que lidera Pablo Bustinduy.

La encuesta revela también que la mayoría de españoles, aunque por poco, creen que la prórroga se hará efectiva sin subida (18,6%) o con una subida moderada de precios (un 37,8%). Un 29% cree que se renovarán la mayoría de contratos con fuertes subidas, un 8,4% cree que la mayoría no renovarán y, por último, un 6,2% no sabe qué responder.

Muestra, además, que casi la mitad de encuestados (un 48,4%) han vivido o conocen en su entorno casos de personas que se han visto forzadas a cambiar de casa por la no renovación del contrato o la subida del alquiler.

Un 72,9% de los encuestados creen que los precios del alquiler son muy altos, por un 20,5% que cree que son altos y un 3,7% que cree que no son ni altos ni bajos. Tan solo un 1,1% cree que los precios son bajos y un 1,2% que son muy bajos.

Según datos de Idealista, el precio medio del alquiler en Madrid es de 23 euros por metro cuadrado y el de Barcelona de 24 euros por metro cuadrado, ante una media española de 15 euros por metro cuadrado, lo que llevaría a pagar 1.500 euros por un piso de 100 metros y por encima de los 2.300 en las principales capitales.

No obstante, estas cifras no son oficiales, sino que tan solo muestran la oferta disponible en el portal. Este fin de semana se dio a conocer la cifra oficial catalana y los alquileres habrían caído para costar 1.160 euros al mes de media en Barcelona y 880 en Catalunya.

Cada año se paga más de alquiler. Es la forma más simple de describir la evolución de la vivienda en España durante casi una década. Da igual si el piso empezó siendo barato o caro, si se alquiló en una gran ciudad o en una pequeña. El precio medio ha subido de forma constante desde 2015 y para 2024 ya acumula un incremento medio del 43%, el doble de lo que lo han hecho los salarios. En número reales: si hace nueve años pagabas 800 euros por un piso, hoy pagas, como mínimo, 1.144. Mismo piso, mismo barrio, pero un precio muy distinto.

Los nuevos datos de 2024 corroboran que la subida no frena y continúa escalando año tras año. Ahora, los inquilinos pagan un 5% más que hace un año, un 10% más que en 2022 y un 15% más que en 2021. Así lo indica el análisis realizado por elDiario.es de los datos de alquileres calle a calle publicados por el Ministerio de Vivienda.

En el siguiente mapa puedes ver cuánto ha crecido el precio mediano de los alquileres –el valor central al ordenar todos los datos de mayor a menor, es decir, la mitad de los alquileres son más caros y la mitad más baratos– desde 2015 hasta 2024 en cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña) de la mayoría de ciudades españolas. Cuanto más oscuro es el color, más han subido los precios.

Las cifras provienen del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, del Ministerio de Vivienda, que cruza los ingresos de alquileres por vivienda habitual declarados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con la información disponible de cada inmueble en la base de datos del Catastro. Para 2024, el último año con registros disponibles, las cifras parten de más de dos millones de viviendas alquiladas por particulares que han sido declaradas ante la Agencia Tributaria. Además se han incluido datos de Navarra y Euskadi, pero solo a partir de 2021 y 2022, respectivamente [ver metodología]. 

Hay que tener en cuenta que la estadística recoge una mediana de todos los alquileres declarados de esa sección censal. Es decir, incluye los contratos que se firmaron en 2024, los que firmaron hace más de 10 años (antes de la subida de los precios) y los alquileres a precio fuera de mercado entre conocidos o amigos.

El precio se calcula dividiendo el total de ingresos anuales declarados por los caseros entre 12 meses, lo que puede infraestimar las cifras cuando la vivienda no está ocupada todo el año. Por ejemplo, si la vivienda no ha estado alquilada durante dos meses, el alquiler mensual se calculará como si hubiese estado arrendada todo el año.

Además, quedan fuera de la estadística las viviendas de la economía informal y las que son propiedad de sociedades o empresas. Tampoco figuran los anuncios que ves hoy en los portales de búsqueda de viviendas. Pero la estadística refleja el parque de viviendas alquiladas declaradas en el IRPF y cómo han subido en la última década. Un alza que, según los expertos consultados, ya está impactando sobre la población.

“Hay gente que no se acaba de casar, hay gente que no acaba de tener críos, que tiene un proyecto de vida colgado en el aire… y eso afecta a muchas cosas, entre otras a la salud”, destaca Javier Burón, gestor de vivienda social y autor del libro El problema de la vivienda. “El país ya está pagando un precio”, asevera. “El 80% de España está jugando al rentismo y a la especulación. Y el 20% queriendo apagar el fuego.” 

La presión no es la misma en Baleares que en Zaragoza

La subida no es la misma para todos pero sí es generalizada: el incremento del 43% es una media, y como toda media, agrupa realidades distintas. Hay municipios donde los precios han crecido más y otros donde lo han hecho menos. Por ejemplo, en un cuarto de las secciones censales del territorio el precio ha subido más de un 50% mientras que una de cada 20 secciones censales ha registrado una subida más limitada, de menos de un 20%.

Aunque las cifras siguen mostrando la brecha de precios entre ciudades y zonas menos pobladas, también señalan cómo la subida del alquiler ha golpeado a ciudades grandes, medianas y pequeñas, dejando de ser un fenómeno exclusivo de los núcleos urbanos metropolitanos. “Hay niveles de dureza del problema; no es la misma presión en Zaragoza que en Baleares”, especifica Burón. “Hay lugares en los que hay empleo y los puestos no se cubren porque con el salario es imposible vivir allí. ¿Cuánta gente se va de Madrid y Barcelona a ciudades intermedias?”, cuestiona.

En el siguiente gráfico puedes ver la subida media del alquiler (las líneas negras) de las secciones censales (los puntos) según el tamaño del municipio. Todas suben entre un 40 y un 50%. Ten en cuenta que en estas cifras no están incluidos los incrementos de precios producidos en 2025, ya que los datos usados provienen de las declaraciones de IRPF y se publican con dos años de retraso.

Precisamente, la presión sobre el precio de los alquileres hace que en Madrid y Barcelona, las ciudades con más de un millón de habitantes, hayan visto subir el alquiler medio un 44%. Pero el encarecimiento es aún mayor en el resto de grandes capitales (entre 250 mil y un millón de habitantes), con precios casi un 50% más caros que hace una década. Y las localidades medianas y pequeñas tampoco escapan: sus alquileres han crecido un 40-43%.

“Hay hogares que previamente estaban protegidos y ya no lo están”, destaca Irene Lebrusán, doctora en sociología y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. “Esta crisis habitacional se ha extendido a una serie de sectores socioeconómicos que antes no estaban tan expuestos a estos vaivenes”.

Tampoco la geografía protege de la subida. El alquiler mediano de todas las comunidades supera los 420 euros y puede llegar hasta los 800. Por provincias, en las regiones turísticas del mediterráneo como Alicante o Valencia, se paga entre 150 y 220 euros más al mes. Si salimos de estas áreas la dinámica se mantiene, en zonas del norte como La Rioja o Pontevedra los pisos rondan los 480 euros al mes.

“Aunque nadie está bien, no todo el mundo está igual” recalca Burón. Las personas que el alquiler expulsa de Madrid y Barcelona se marchan a la periferia de la zona metropolitana. A su vez, la gente que vivía en estas zonas se marcha a zonas más alejadas y se crea un efecto dominó.

Así, el aumento de precios en los distintos tamaños de municipios se traduce también en que las zonas caras y baratas terminan subiendo de forma similar. En el siguiente gráfico se agrupan las secciones censales según el precio mediano de sus alquileres en 2015. Cada punto representa una sección censal, la unidad administrativa más pequeña, que corresponde a un grupo de manzanas en una gran ciudad, un barrio en una ciudad mediana o un municipio entero en las áreas menos pobladas.

Están agrupadas según el precio mediano de sus alquileres en 2015 y se sitúan más a la derecha cuanto mayor ha sido la subida de los precios entre 2015 y 2024. En todos los grupos la mayoría de barrios se sitúan en subidas que van del 30 al 60%. De media, las zonas que tenían alquileres de menos de 300 euros al mes y las que tenían alquileres de más de 750 son las que suben ligeramente más que el resto, pero todas han visto aumentar su cuota mensual alrededor de un 40%. 

Como referencia, el salario medio de 2023 en España fue de 28.049 euros por trabajador, un 21% más que los 23.106 euros de 2015, según la encuesta anual de estructura salarial del INE. Es decir, la mitad de lo que ha subido el alquiler. Con esta subida generalizada, alrededor de un millón y medio de familias se ven ahogadas por el alquiler.

Ante esta situación, Lebrusán advierte: “Sin vivienda no tenemos absolutamente nada. La vivienda es un derecho habilitante de otros derechos, es decir, sin ella no podemos hacer nada, ni siquiera producir. Al final el propio sistema se va a ver colapsado porque no es posible presionar tanto a las familias, a los hogares y que esto no tenga consecuencias sobre todos los aspectos de la sociedad”.

Por ejemplo, en Moncada (Valencia) uno de los municipios donde más ha subido el precio del alquiler desde 2015 una persona con el sueldo medio habría dedicado un 17% del sueldo bruto a la vivienda mientras que en 2024, ya supondría el 25%. 

¿Por qué sube la vivienda si no suben los sueldos?

Los expertos apuntan a que no es una respuesta sencilla porque no hay un único motivo. Entre las causas está el aumento de la demanda de alquileres impulsado por el aumento de la población que además se concentra en las grandes ciudades donde hay más oferta de empleo. Entre ellos, familias jóvenes, migrantes o trabajadores nómadas. Muchos de estos perfiles permanencen además más tiempo en el mercado de alquiler por la dificultad de acceder a la compra de una vivienda. 

A su vez, la oferta de vivienda disponible para alquilar no es suficiente para cubrir el aumento de la demanda. Los últimos cálculos de elDiario.es cifraban en medio millón el déficit de viviendas entre 2012 y 2024. Una falta de obra nueva que termina tensionando los precios del alquiler. Condiciones que se suman a la proliferación de pisos turísticos y las viviendas destinadas al alquiler temporal. En ciudades de costa como Málaga hay más de 8.000 viviendas destinadas a alquileres turísticos mientras los precios suben un 48%.

Aunque los municipios más caros siguen estando en Madrid, Barcelona o zonas turísticas como Baleares, entre las localidades que más han disparado sus precios encontramos zonas fuera del núcleo urbano. La falta de alquiler regular en las grandes ciudades genera un efecto dominó: los hogares expulsados del centro se trasladan a los barrios periféricos y los que vivían en la periferia se trasladan a los municipios limítrofes que están absorbiendo a estos residentes, donde la demanda hace que los precios también suban.

Es el caso de Ocaña o Casarrubios del Monte en Toledo, que han visto sus precios disparados en un 60% en la última década, u otros como La Muela en Zaragoza, que no llega a los 7.000 habitantes pero se pagan 190 euros más en cada mensualidad. Si quieres saber cuánto ha subido el alquiler en tu municipio, puedes consultarlo en la siguiente tabla.

España ha sido y es un país de propietarios desde que en los años 60 se empezó a fomentar la vivienda en propiedad. “Desde el estado franquista tuvimos una socialización basada en la tenencia en propiedad de la vivienda”, destaca la socióloga Lebrusán. “Se estranguló la alternativa que era el alquiler y las políticas públicas, tras el franquismo, siguieron apostando por esta forma de tenencia”. Pero esta tendencia está empezando a revertirse. Si en 2004 eran el casi el 80% de los hogares con vivienda en propiedad, en 2025 la cifra ha caído al 73%.

Alquilar, que se consideraba el paso previo y provisional a la compra de vivienda, empieza a ser para algunos la única opción. “Por primera vez en un siglo, amplias partes de la población igual tienen que vivir de alquiler toda la vida”, destaca Burón. “O se regula de una forma importante y se invierte mucho dinero en vivienda social asequible o es poco probable que [la subida de precios] cambie”. 

Ante las dificultades de abandonar el alquiler, el experto enumera varias medidas que las administraciones pueden utilizar para paliar la escalada de precios. Desde regular la subida de los alquileres, incentivar el arrendamiento con las viviendas ya existentes (vacías o infrautilizadas) a través de bonificaciones o ayudas al alquiler, o directamente con la compra de vivienda, hasta aliarse con entidades del tercer sector para comprar. Y, también, construir, pero construir vivienda asequible y de duración permanente. 

“Hay que construir sí, pero también hay que comprar y movilizar viviendas vacías. Es decir, hay que obtener viviendas para un sistema de asequibilidad. Viviendas que son asequibles hoy y que no dejarán de ser asequibles nunca”, explica. “La clave no es cuánto construimos, porque si lo hacemos para el alquiler turístico, para el de temporada, para la segunda residencia… Si construimos para el sector de lujo o viviendas que no son asequibles desde el minuto cero, va a dar igual. De hecho, es contraproducente”.

Irene Lebrusán coincide y reclama que las administraciones estatales, autonómicas y locales se pongan de acuerdo en materia de vivienda. “Si resulta que el reparto de esas viviendas se concentra en pocas manos, seguimos en una mala situación. Es decir, si construimos muchas viviendas pero no ponemos freno a la especulación que ahora mismo domina el mercado mobiliario, en realidad, poco es lo que vamos a hacer”, añade. “No se trata solamente de construir viviendas, sino que tú tienes que construir ciudades y un entorno en el que se pueda vivir”.

La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha defendido en la cumbre progresista de Barcelona las políticas en materia de vivienda que está impulsando el gobierno de coalición (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) que ella lidera en la comunidad foral. Políticas como el impulso de la vivienda protegida o el tope al precio de los alquileres que ha contrapuesto con las que promueve la derecha y que ha criticado que “han supuesto destruir prácticamente la totalidad del parque público de vivienda” en Navarra.

En su intervención en la Global Progressive Mobilisation que se celebra en Barcelona, Chivite ha resaltado la importancia de que la vivienda sea uno de los temas principales de este encuentro, ya que “si es el principal problema de los ciudadanos, también tiene que formar parte de los puntos principales las agendas” de los políticos.

Chivite ha recordado que cuando llegó a la presidencia del Ejecutivo foral en 2019 se encontró “con que miles de viviendas públicas perdían su calificación como tales y pasaban a ser propiedad de los fondos de inversión que copaban esas viviendas para especular”. “De 58.000 viviendas protegidas que se hicieron en los años 90, 55.000, o sea el 95%, están pasando a ser viviendas del mercado libre. Es decir, las políticas de derechas han supuesto destruir prácticamente la totalidad del parque público de vivienda”, ha criticado.

Según ha explicado, esa situación llevó a que su equipo tuviera que “empezar prácticamente de cero” y a cambiar la norma “para impedir por ley que las viviendas públicas se puedan descalificar y garantizar así un parque público de por vida”.

También ha destacado otras iniciativas como el impulso de desarrollos donde, por ley, cómo mínimo el 50% de esas viviendas deberán ser públicas. Desarrollos “muy focalizados en el continuo urbano de la capital, porque es donde vive prácticamente el 60% de la población” de Navarra.

La presidenta navarra ha avanzado su intención de que en la próxima legislatura se lleven adelante “en torno a 20.000 nuevas viviendas”. Además, ha puesto en valor otras medidas como el tope a los precios del alquiler, “declarando zonas tensionadas” y ha destacado que “prácticamente el 50% de las viviendas en alquiler tienen algún tipo de ayuda pública”, entre ellas las ayudas a la gente joven.

Otra iniciativa que ha puesto en valor es la bolsa pública de alquiler, “en la que el Gobierno hace de avalista”, de manera que “si un ciudadano pone su vivienda a disposición del alquiler, es el Gobierno el que responde frente a posibles impagos o posibles condiciones que puedan dejar”. A todo ello sumó la creación de un fondo mixto público-privado “para poder promover más viviendas con el impulso público”.

“La vivienda es el gran problema para desarrollar nuestra condición como ciudadanos” y, por lo tanto, “es un reto de primer orden para el conjunto de las administraciones, pero también para el conjunto de la sociedad”, ha subrayado Chivite. Al respecto, ha apuntado que “hay mucho suelo en manos privadas” y “para poder dar un impulso al modelo público de vivienda hace falta el compromiso de toda la sociedad y también recursos”. “Y, sobre todo, no ceder a las presiones de los lobbies” de los portales inmobiliarios y los fondos de inversión e impulsar “políticas valientes”, ha apostillado.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha considerado “racista” y “clasista” a Junts y ha indignado a la formación independentista. Preguntada por ello en una entrevista en Onda Cero, la también líder de Sumar ha asegurado que considera desde “siempre” que la formación de Carles Puigdemont encarna este perfil ideológico. 

“Yo sé muy bien quién es Junts, quién es Vox y sé menos ya quién es el Partido Popular”, ha afirmado la vicepresidenta durante la entrevista, en la que también ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Según Díaz, el proyecto del PP es “inexistente” y está “preso absolutamente de Vox”.

Pese a su opinión sobre Junts, Díaz ha justificado la investidura de Pedro Sánchez como presidente en 2023 por el programa pactado. “La investidura se acomoda en torno a un proyecto, y las formaciones políticas lo votan o no, con un programa”, ha argumentado. En este sentido, ha negado que haya incluido alguna vez a Junts como parte de un bloque progresista en el Congreso.

La vicepresidenta Díaz ha recordado que Junts se alinea con PP y Vox para oponerse a políticas de vivienda como la prórroga de los alquileres por la guerra de Irán. “Hay que pedirle al PP, a Vox y a Junts por qué golpean a la gente en nuestro país”, ha afirmado. 

Las palabras de Díaz han provocado la reacción de Puigdemont, que la ha acusado de alcanzar un “nivel de bajeza moral” que “asusta”. 

“La falta de respeto al otro, la falta de rigor y el recurso a la manipulación, exactamente como hace Donald Trump, describen perfectamente dónde se sitúa hoy esta izquierda desorientada que gobierna el Estado español”, ha afirmado. “Quizá está haciendo méritos para que la acojan en la plataforma de las izquierdas”, ha remachado sobre Díaz.

El dirigente independentista ha cuestionado que la vicepresidenta conozca las bases del partido que él lidera. “No nos conoce, no sabe quién es nuestro votante ni nuestro militante”, ha escrito, reprochándole que recurra al estereotipo de que todo lo catalán es burgués o de derechas. Según Puigdemont, estee enfoque responde a “el mito fundacional del españolismo en Catalunya”.

El líder de Junts ha cerrado su respuesta con una referencia directa a la aritmética parlamentaria que sostiene al Gobierno de Sánchez. “La gente que nos vota merece más respeto”, escribió. “La próxima vez, que pida al PP los votos para ser vicepresidenta y quizá vivirá mejor”.

En el municipio de Cuenca existe un riesgo “especial” de insuficiencia de oferta de vivienda para la población residente en condiciones que la hagan asequible. Así lo asegura el informe de apoyo para la declaración de la localidad como zona de mercado residencial tensionado.

Publicado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cuenca, esta es una de las conclusiones que determina el estudio previo para realizar dicha declaración, para lo cual es necesario cumplir uno de los dos criterios de la Ley por el Derecho a la Vivienda en su artículo 18.

En este sentido, el artículo determina que podrán ser declaradas como tales aquellas áreas en las que concurra al menos una de las siguientes condiciones: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el treinta por ciento de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.

Asimismo, también es una condición que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo (IPC) de la comunidad autónoma correspondiente.

En cuanto al criterio uno sobre el esfuerzo económico para comprar o alquilar una vivienda en relación a la renta de los hogares, se comprueba que, aunque no se supera el 30 % requerido, la presión es “muy alta, con bastantes secciones igual o superior al 20 %”.

Asimismo, el informe ha determinado que más del 50 % de las secciones censales cumplen los requisitos contemplados en el segundo criterio y estos datos permiten considerar la “posible idoneidad” de extender la declaración de zona tensionada a todo el municipio.

Las secciones periféricas soportan una mayor inflación

Las secciones periféricas son, en su mayoría, las que han soportado una mayor inflación en los precios de compra, según ha señalado el informe, que ha destacado que son las zonas que “mejor estado de conservación de la vivienda presentan -probablemente por el año de construcción-, así como en las que se han ofertado obras de nueva construcción”.

Por su parte, el Casco Antiguo, barrio de Princesa Zaida (por la mayoría de pisos para estudiantes), zonas del centro de la ciudad (calle Colón y alrededores) y el distrito de Buenavista-Fuensanta son las más afectadas por el incremento del valor del alquiler superiores al 3 % respecto al IPC autonómico en los últimos cinco años.

En este caso, al contrario de lo que ocurre con los precios de la vivienda, son las secciones del centro y la zona universitaria las más tensionadas.

Además, el estudio de mercado ha determinado el déficit detectado en la oferta de alquiler, en especial en las secciones periféricas.

Entre cajas de mudanza, Pedro, que prefiere no dar su nombre real, explica por qué ha preferido dejar su piso a enviar un burofax para pedir la prórroga a su casero. “No quería convivir dos años con una situación desagradable y una mala relación con mi casero”, explica, “y además, tenía alternativa”, remata. A unos 2,8 millones de inquilinos en un millón de hogares en España les vence el contrato de alquiler antes del 31 de diciembre y pueden acogerse al real decreto extraordinario por la guerra en Oriente Medio que prorrogará dos años los contratos vencidos. La medida inquieta o enfada a algunos caseros y los inquilinos se debaten entre el miedo al burofax por el conflicto que abre y la apuesta a la mejor carta ganadora para alargar un contrato sin que te suban el alquiler.

El burofax es el servicio de envío de documentos que proporciona validez legal ante tercero y ante la justicia para acreditar de forma fehaciente el remitente, el contenido de un mensaje y su fecha de recepción y es la forma de comunicación recomendada por abogados para solicitar esta prórroga. El problema es que el real decreto aprobado en Consejo de Ministros no cuenta con apoyos en el Congreso, el PSOE ha desistido siquiera de negociarlo y Sumar se encuentra solo defendiendo el texto, por lo que lo más probable es que decaiga antes del próximo 29 de abril, fecha límite para aprobarlo después de que saliera en el Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de marzo.

Confianza en la medida

El abogado de la cooperativa CAES, Víctor Palomo, que trabaja con el Sindicato de Inquilinos de Madrid, reconoce que existe un “miedo a levantar la liebre o a confrontar al casero” con el burofax. En una asamblea celebrada en Puerta del Ángel, un inquilino preguntaba si no había otra forma menos agresiva: “Es muy drástico”. Pero desde el sindicato, los asesores le advertían: “Esta es la forma legal más segura. Por muy buen inquilino que seas y por muy buena relación, el propietario siempre está tentado a ganar más dinero”. Así se manifiesta también Palomo: “Los propietarios tienen un alto incentivo a rescindir el contrato, los entornos familiares y amistades le van a decir que pueden obtener una ganancia mayor”.

Para Palomo está claro, por la jurisprudencia y sentencias del Supremo, que la prórroga será válida si el burofax se envía antes de que decaiga el decreto. “El derecho se activa cuando la norma está en vigor y se despliega después. El Supremo dice que tú tienes que activar el derecho cuando la norma está en vigor”, asegura, a diferencia de lo que opina parte de los abogados de la patronal y propietarios.

La prórroga limita la subida de la renta al 2% y afecta a todos los contratos que finalicen entre el 22 de marzo, cuando se aprobó el real decreto, y el 31 de diciembre de 2027, con excepción de los casos en que el arrendador ya haya comunicado su necesidad de ocupar la vivienda o que las partes hayan llegado a otro acuerdo. El decreto tampoco ampara a los contratos de habitaciones, que se firman por el Código Civil y no por la LAU, pero Palomo recomienda que también envíen burofax porque hay sentencias que reconocen que estas habitaciones pueden llegar a estar amparadas por la ley al ser consideradas vivienda habitual.

La visión de la patronal

En el otro lado de la trinchera, Eduard Soler, abogado y secretario de Som Habitatge, patronal de propietarios de reciente creación, asegura que las prórrogas que serán válidas son “las que tengan el fin de contrato con el decreto en vigor, independientemente del burofax”. Además, Soler advierte que en lugares tensionados que aplican las regulaciones como Catalunya o Navarra “no está claro que esta prórroga beneficie a los inquilinos”, ya que la tácita, que se aprueba cuatro meses antes del fin de contrato en caso de que no haya comunicación, es de tres años. Esta renovación tácita también puede darse en zonas no reguladas, pero como el precio no está topado lo habitual es que vayan acompañadas de una subida de precio en el nuevo contrato.

Soler recomienda a los propietarios “prudencia”, pero prevé una alta judicialización de casos. “Los propietarios que no estén seguros de aceptar esta prórroga, tendrán armas jurídicas para llevarlo a juicio”, asegura. Más allá del debate jurídico, la representante de los Agentes Inmobiliarios de Catalunya, Montserrat Junyent, critica que el decreto se ha aprobado “sin suficiente debate y añade más incertidumbre” al mercado.

Entre los inquilinos, reina la duda por dos motivos: el miedo al conflicto y a “abrir el melón” que, a la postre, lleve al propietario a reaccionar y evitar la otra prórroga, la tácita de los contratos cuya finalización no haya sido avisada cuatro meses antes del término. En el caso de Paco, el joven del primer párrafo, relata que su casero ya le había dicho que quería vender la vivienda, aunque fue cambiando de versión. Entonces, le expresó su intención de enviar el burofax por un contrato que vencía ya en abril. “El tono de la conversación cambió por completo y se enfadó. Me dijo: ”Si vas a fastidiar la relación, vamos a ir a los tribunales“. Así que decidí no seguir adelante con el burofax y abandonar la vivienda”, relata.

Éxitos, fracasos y dudas del burofax

Existen ya casos de éxito, también, con el envío del burofax. Es el caso de Mariel, joven de Barcelona que paga 870 euros por un apartamento en Glòries y que ha comunicado a la inmobiliaria, con quien tiene buena relación. “Tenía dudas porque enviar el burofax me parecía agresivo. Me daba miedo también que no quisiera renovar. Avisé por correo y me dijo que sí, que podía enviar el burofax o arreglar la prórroga por otra vía. Así que estamos en ello y ha salido bien”, cuenta.

También hay casos, ya, en que el burofax no ha surtido efecto. Como para Laura Martínez, de Camarena, en Toledo. Su contrato vencía el 1 de abril y envió el burofax el 26 de marzo, pero la propiedad, un fondo gran tenedor, le ha devuelto el último ingreso por el alquiler. “Propuse una subida del alquiler, una opción de compra, pero no me respondieron. Es difícil encontrar un interlocutor y se pasan la pelota unos a otros. Me llegaron a mandar un burofax diciéndome que si me iba dentro de dos meses me condonaban la deuda de esos dos meses. Pero yo les he dicho que me he acogido a la prórroga del real decreto. Y, si no, es posible que ya esté en tácita reconducción”, explica, sin saber muy bien cómo va a avanzar su caso.

Entre los casos de éxito y los que no han ido también, existe todavía una gran cantidad de inquilinos que no acaban de decidirse sobre si enviar o no el correo, entre el miedo al conflicto y la apuesta por la carta más segura para quedarse en casa.

Txema Escorsa, el inquilino del bloque Sant Agustí de Barcelona al que un fondo de inversión quiere echar para convertir su piso en un coliving, ha visto cómo se aplaza su fecha de desahucio tres meses. La propiedad, New Amsterdam Developements (NAD), ha pedido posponer la fecha de desalojo debido a la mediación abierta por el Síndic de Greuges de Barcelona (el Defensor del Pueblo en la ciudad). 

Previsto el lanzamiento para el 15 de abril, esta era la segunda fecha de desahucio a la que se enfrentaba Txema. El pasado 25 de marzo ya logró paralizar el desalojo gracias a la movilización vecinal, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Catalunya, después de que su caso se haya convertido en uno de los símbolos de la lucha contra la transformación de viviendas residenciales en alquileres temporales y en los llamados colivings (alquileres de habitaciones).

La petición se ha registrado en el juzgado este viernes y llega después de que se haya iniciado un proceso de mediación con la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que busca una “solución extrajudicial al conflicto”. Su intervención sirvió anteriormente para encontrar una salida al conflicto de Casa Orsola.  

En este caso, se trata de un aplazamiento, no de un acuerdo. De hecho, Txema ha exigido a NAD que se siente a una mesa de negociación que incluya a otros vecinos y bloques de la misma propiedad. “Queremos nuevos contratos de alquiler y que nadie tenga que irse de su casa, y no olvidemos que si hemos llegado hasta aquí es porque las Administraciones no han parado las prácticas ilegales de fondos como este”, ha afirmado Txema tras conocer las novedades.

Desde diciembre de 2025, los precios del alquiler de habitaciones están también regulados en Catalunya. El Parlament aprobó su limitación, junto con la de los arrendamientos por temporada, para evitar que algunas empresas dividieran viviendas en habitaciones para alquilarlas a un precio superior al que estipula el tope de la Ley de Vivienda. Desde entonces, la suma del precio de las estancias no puede superar el límite marcado para la vivienda en su conjunto. 

La construcción de 30 viviendas públicas de alquiler asequible en Polanco ha comenzado este viernes en una parcela cedida por el Ayuntamiento, en un proyecto que estará finalizado en un plazo de 12 meses y permitirá que las primeras familias puedan acceder a estos inmuebles en unos 18 meses.

La actuación, que cuenta con una inversión cercana a los cuatro millones de euros, financiada en parte con fondos europeos y autonómicos, materializa un proyecto anunciado en octubre de 2023 y que ha requerido más tiempo del previsto debido a los procesos administrativos.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media; la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, y el CEO de la empresa Cobus Homes, Luis García-Torremocha, han asistido al inicio de las obras de construcción de esta promoción de 30 viviendas distribuidas en dos bloques residenciales, de 18 y 12 inmuebles, que incluyen garajes y trasteros.

Las edificaciones contarán con criterios de eficiencia energética y un diseño modular y flexible, pensado para adaptarse a las distintas unidades familiares y a la evolución de sus necesidades, según han explicado durante el acto. Además, el proyecto incorpora viviendas adaptadas para personas con discapacidad.

El precio del alquiler se fijará en un máximo de 8 euros por metro cuadrado útil al mes, lo que supone que, en viviendas de alrededor de 71 metros cuadrados, la renta no superará los 571 euros mensuales.

Buruaga ha subrayado que esta actuación supone la primera promoción de vivienda pública en Polanco en más de 20 años y ha asegurado que es parte de la estrategia autonómica para incrementar el parque público y facilitar el acceso a la vivienda, en especial entre jóvenes y familias que necesitan apoyo para emanciparse o acceder a un hogar en condiciones asequibles.

Asimismo, ha destacado que esta promoción es la primera que se pone en marcha dentro del paquete de 212 viviendas que la empresa adjudicataria, Cobus Homes, desarrollará en Cantabria con una inversión de 35 millones de euros. Estas actuaciones se distribuirán en distintos municipios como Reinosa, Laredo, Santa Cruz de Bezana o Santoña.

La presidenta cántabra ha recordado que esta actuación se enmarca dentro de un plan más amplio que contempla cerca de 285 viviendas en una primera fase, actualmente en distintas etapas de ejecución, y un segundo plan en desarrollo que permitirá impulsar alrededor de 250 nuevas viviendas adicionales en otros municipios de Cantabria.

En total, estas iniciativas sumarán cerca de 550 nuevas viviendas públicas, lo que permitirá más que duplicar el parque existente en la comunidad desde que comenzó la presente legislatura.

En este sentido, Buruaga ha apuntado que el Gobierno cántabro continuará impulsando medidas para incrementar la oferta, incluyendo la movilización de suelo, incentivos fiscales, ayudas a la compra y al alquiler, así como nuevas líneas de avales públicos para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes.

La alcaldesa de Polanco ha subrayado que, aunque se ha tardado un poco más de lo que hubiese querido por la burocracia, estas viviendas serán una realidad en 12 meses. “Esperemos que en la obra que empieza hoy vaya todo según lo previsto y se pueda disfrutar de las viviendas que son una necesidad”, ha añadido.

Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en 2023 su plan para promocionar 183.000 viviendas a precio asequible, una de las líneas maestras de esa estrategia era la concesión de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El Ejecutivo tenía la intención de impulsar por esa vía la construcción de 43.000 casas de nueva construcción o rehabilitadas. Tres años después, solo se ha cubierto el 8,7% de ese objetivo.

elDiario.es ha tenido acceso al desglose de empresas que han accedido a estos créditos, así como al número de viviendas financiadas y la fecha de ejecución de los proyectos y su ubicación. A febrero de 2026, habían sido una decena de compañías, que obtuvieron financiación europea a través del ICO para levantar un total de 3.720 casas, que deberán ponerse en el mercado a precio asequible, en 18 municipios de siete comunidades autónomas.

Estos datos han sido obtenidos a través de una solicitud de información amparada por la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que se la trasladó al propio ICO, el cual negó facilitar los datos alegando, entre otros, el deber de guardar reserva, recogido en la ley de 10/2014, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito. Tras una reclamación presentada por elDiario.es al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, esta unidad tumbó la negativa, indicando que la identidad los perceptores de los préstamos y a los datos referidos a los proyectos aprobados no entran en el estricto ámbito de la información bancaria reservada e instó a la entidad a aportar lo solicitado.

Como muestra el gráfico anterior, el grupo que ha recurrido a esta vía de financiación para levantar más viviendas a precio asequible ha sido Avintia, que aglutina casi el 40% del total, con 1445 pisos. El grupo es una de las referencias en España en construcción industrializada, un modelo por el que la administración ha apostado en los últimos tiempos, con medidas como la puesta en marcha de un Perte, dotado con 1.300 millones de euros en una década, o la incorporación de estos elementos para obtener hasta un 10% de puntos extra en las licitaciones de Casa 47.

Fuentes de la compañía señalan que, desde su división inmobiliaria, han impulsado una plataforma de gestión de proyectos BTR —construir para alquilar, por sus siglas en inglés— asequibles, Avesta. Un proyecto “seleccionado por el ICO como una de las iniciativas encargadas de canalizar fondos destinados al desarrollo de vivienda en alquiler asequible en España”, señalan.

Bajo este modelo de colaboración público-privada, Avesta gestionará una inversión de más de 500 millones de euros, de los que 92 corresponden a inversión pública aportada por el ICO. “Esta adjudicación se enmarca dentro del programa InvestEur, a través del cual el ICO ha creado un vehículo de inversión pionero con el objetivo de desarrollar más de 4.000 viviendas asequibles en régimen de Build to Rent”.

La siguiente tabla muestra el despliegue de las promociones de viviendas en alquiler asequible por municipio. A la cabeza está Móstoles, con más de 600 casas; seguido de Málaga, con 530; Las Rozas, con 491; y Alicante, con 319.

Fuentes del ICO trasladan que, para agosto de 2026, se llegará a los 750 millones de euros de financiación vía Plan de Recuperación. Es cuando termina el plazo para cumplir determinados requisitos de ejecución para poder acceder a esos recursos, un límite temporal que, en cuestiones como la promoción de vivienda, que requiere tiempos largos, puede suponer un handicap.

La siguiente tabla incluye, promoción a promoción, fecha de finalización o la duración de las obras. La información trasladada por el ICO hasta este momento no es homogénea, pero permite ver que los desarrollos más voluminosos en cuando a número de viviendas rondan los dos años de ejecución.

Para sortear el requisito del plazo impuesto por la Comisión Europea, el ICO también financia con otros recursos propios vivienda en alquiler asequible y el Gobierno anunció hace unas semanas el fondo España Crece, porque “la falta de financiación no puede ser otro de los cuellos de botella que sufre el sector”, afirmó Sánchez durante la presentación.

La adenda del plan de recuperación establece una inyección de capital al ICO de unos 10.500 millones de euros, que aumenta la capacidad de financiación del instituto, además de un impulso adicional de otros 2.800 millones. Este plus servirá, explican fuentes de la entidad, para financiar proyectos de alquiler asequible en los que sea necesario ajustar las rentabilidades, con una parte del préstamo no reembolsable si se cumplen determinados hitos. Unas palancas que, indican, servirán para dar continuidad y prioridad a la promoción de vivienda a precio asequible.

El Gobierno de Castilla-La Mancha plantea a la Unión Europea la reconfiguración de 75 millones del FEDER para la construcción de vivienda destinada a alquiler con precio por debajo de mercado. Así lo ha avanzado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha asegurado que el Gobierno regional está terminando de reprogramar 75 millones de fondos FEDER europeos “para adelantarnos a lo que tenga que ser; a los fondos que vengan más adelante ya que no podemos esperar y estos 75 millones de euros serán para obra nueva destinada a alquiler asequible en Castilla-La Mancha”.

Asimismo, Hernando ha destacado que “esto se suma al hecho de que, en los próximos días, se va a presentar una proposición de ley en las Cortes de Castilla-La Mancha que nos permita por fin desbloquear el mecanismo que hemos venido diseñando con las entidades financieras de nuestra región para poner en marcha los préstamos a tipo cero para ese 20% que el banco no nos presta para comprar una vivienda, que se ha aparejado a la ya publicación y entrada en vigor de la reducción del impuesto de transmisión patrimonial y del impuesto de actos jurídicos documentados”.

La Subdirectora General de Gestión del Patrimonio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha denegado la prórroga de dos años solicitada por inquilinos de viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social en barrios del centro de Madrid como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico.

Así se lo ha comunicado este organismo dependiente del departamento que dirige Elma Saiz a los vecinos afectados por la venta de estas viviendas públicas en una comunicación oficial fechada el pasado día 30, consultada por Europa Press. En ella, se deniega la posibilidad de acogerse a la prórroga de alquiler de dos años aprobada en el Real Decreto-Ley 8/2026 sobre prórrogas extraordinarias de protección al inquilino de vivienda habitual.

Una decisión que afecta a numerosas viviendas vacías situadas en el centro de Madrid en barrios como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico que proceden de la Sociedad Pública de Alquiler, creada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y liquidada en 2012.

El Ministerio de Inclusión ha explicado a EFE que se trata de contratos extinguidos desde 2017 y que la TGSS se ha puesto en contacto con los arrendatarios en numerosas ocasiones desde hace más de un año para hacerles llegar toda la información y las explicaciones convenientes.

La Subdirección General de Gestión de Patrimonio de la TGSS respondió a los inquilinos en un escrito fechado el 30 de marzo, en el que les aclara que el decreto ley con la prórroga de dos años solo aplica a los alquileres sujetos a la Ley de arrendamientos urbanos y les recuerda que los suyos ya no lo están, puesto que los contratos se extinguieron el 4 de enero de 2017.

No obstante, finalizado el plazo la TGSS no requirió a los inquilinos que abandonasen la vivienda, por lo que continuaron con sus alquileres de forma tácita.

“Sorpresa e incredulidad” de los vecinos

La denegación de la prórroga por parte del Ministerio ha sido acogida con “sorpresa e incredulidad” por los afectados al tratarse de una medida aprobada por el propio Gobierno pero que no se aplica en las viviendas cuyo casero es público y estatal, como sucede en este caso, según ha apuntado el Sindicato de Inquilinas de Madrid en un comunicado.

Al hilo, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han subrayado que “no existe ningún impedimento legal” para aplicar la prórroga y ampliar los contratos durante dos años mientras se inicia “una negociación colectiva que ofrezca una solución para todas las vecinas, incluidas aquellas que ya han recibido demandas de desahucio”.

Los inquilinos han denunciado en múltiples ocasiones que ningún responsable del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ni del Ministerio de Vivienda se ha reunido con ellos para dar explicaciones sobre la venta de las viviendas. Asimismo, han llegado incluso a ocupar la sede de la Tesorería en la calle Doctor Esquerdo para exigir una reunión, así como a interrumpir los actos de las subastas de las viviendas, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

En este sentido, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha recalcado que este movimiento “no hace sino aumentar la opacidad de esta operación de privatización y reforzar las sospechas sobre posibles intereses particulares en la subasta” de estas viviendas.

El sindicato ha apuntado que la propia ministra de Vivienda “insiste públicamente en la necesidad de aumentar el parque público de vivienda”, pero no ha dado “ninguna explicación sobre la venta de estas viviendas, que suponen una clara disminución de recursos habitacionales en plena crisis de vivienda”.

En la misma línea, desde este sindicato han tildado de “incoherente” que el Ministerio de Vivienda anuncie esta semana la compra de 600 viviendas a través de Casa 47, mientras la Tesorería de la Seguridad Social mantiene más de 800 viviendas vacías y pretende desahuciar a inquilinos que llevan más de 20 años habitando sus hogares.

“Cabe recalcar que esta actuación contraviene distintos artículos de la Ley de Vivienda aprobada por este Gobierno, en concreto, el artículo 28 y la disposición adicional segunda, que obligan a las administraciones públicas no solo a mantener el parque público de vivienda, sino también a incrementarlo”, ha advertido el sindicato.

Los vecinos, agrupados en el Sindicato de Inquilinas de Madrid, han subrayado que “darán la batalla” en todos los frentes, incluida la vía contencioso-administrativa, “hasta conseguir que las viviendas se incorporen al parque público de vivienda en alquiler permanente sin suponer expulsión para ningún vecino”.

Así, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han denunciado la opacidad del proceso y han asegurado que los vecinos no van a abandonar sus viviendas, sumándose a la estrategia #NosQuedamos para forzar una negociación que garantice sus viviendas.

Aunque el color naranja de los carteles de Alquiler Seguro es muy reconocible en las calles de ciudades como Madrid y Barcelona, nunca se había hablado tanto de esta inmobiliaria como en los últimos meses, después de una multa de 3,6 millones por contratos abusivos a inquilinos ratificada este miércoles por el Ministerio de Consumo. El pasado 15 de enero, se dio a conocer que el entrenador del Manchester City y ex del Barça, Pep Guardiola, compró un 14,21% de la socimi cotizada de la misma marca a través del fondo 08022003 Limited, idéntica cantidad que adquirió el ex jugador del Barça Sergio Busquets, este a través de Buga Seler, S.L, inversiones con un valor aproximado de 1 millón de euros cada una, teniendo en cuenta que tiene hoy una capitalización bursátil de 6,9 millones. Ninguno de los dos ha explicado públicamente la motivación de esta inversión o si la multa a la empresa les hace replanteársela.

Con la compra de estas acciones, los fondos de Guardiola y Busquets pasaron a ser, empatados, los terceros máximos accionistas de la socimi. El principal accionista es la propia empresa, Alquiler Seguro, con un 52,63%, a su vez controlada en un 23,68% por el presidente y fundador, Antonio Carroza Pacheco, y por Aurica Growth Fund, que posee un 26% a través de dos participaciones. La entrada de los ex azulgrana en la socimi tuvo lugar en mayo de 2025 mediante una ampliación de capital, pero se dio a conocer en enero.

Antes, en marzo de 2025, el Ministerio había abierto el expediente sancionador a la empresa basándose a su vez en una investigación que se remontaba a 2023. Partió de las denuncias de Sindicato de Inquilinos, OCU y Facua. Entre otras cosas, la empresa era sancionada por obligar a los inquilinos a pagar un servicio por la gestión del contrato que está prohibida expresamente por la Ley de Vivienda de 2023. Todo ello en medio de una profunda crisis del alquiler con las familias asfixiadas por los gastos de la vivienda.

Socimi y empresa

Desde la empresa insisten en desvincular a la socimi, Alquiler Seguro Asset Market, que compra inmuebles en propiedad para dedicar a alquiler, de la empresa, que funciona como una inmobiliaria que se encarga de las viviendas de terceros para ponerlas en el mercado de alquiler. Es esta última la que ha sido sancionada por el Ministerio y no la socimi, si bien el máximo accionista es la propia empresa y el presidente de la misma.

Licenciado en Economía y fundador de la empresa junto a Gustavo Rossi en el año 2007, poco antes de que estallara la burbuja que desató una gran crisis económica mundial, Carroza ha sido siempre la principal cara visible de la compañía y compaginó presidencia y puesto de CEO hasta que en diciembre de 2024 ocupó este cargo David Caraballo, actual consejero delegado después de haber sido director comercial, gerente general y director general.

Su modelo de negocio, que cobró más sentido ante la reducción de compra de viviendas con la crisis económica y el consecuente crecimiento de la población inquilina, siempre se basó en las garantías para el propietario. “Garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes” o “Tasa de morosidad al 0% durante los últimos 16 años” son algunos de sus eslóganes efectivos, que le sirvieron para crear la socimi que llegó al Mercado Alternativo Bursátil en 2017 con una valoración de 9 millones de euros.

Una multa superior a los beneficios

En el año 2024, último publicado, la inmobiliaria (no la socimi) facturó 28 millones de euros, un 26% más que el año anterior y obtuvo un beneficio de 2,59 millones, según datos de Insight View a partir del Registro Mercantil. Para alcanzar este éxito, no obstante, el Ministerio denuncia que la empresa se vale de modelos de contratos abusivos. El recurso de alzada presentado por la empresa ante esta sanción fue desestimado, por lo que la multa es firme desde este miércoles. A Alquiler Seguro solo le quedaba recurrir a la justicia y así ha anunciado que lo hará para frenar una sanción que consideran “desproporcionada” y “abusiva”. La sanción impuesta por Consumo es mayor que las ganancias de la empresa y equivalen al 9,25% de su facturación

La sanción se dio a conocer poco después de que el Sindicato de Inquilinas de Madrid anunciara una huelga de alquileres, aun sin fecha, para dejar de pagar a la inmobiliaria, que gestiona unos 22.000 en toda España y tiene 65 oficinas en 12 Comunidades Autónomas. Según el ministerio, la empresa obliga al inquilino a cobrar gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato que están prohibidos expresamente por la Ley de Vivienda de 2023. Además, le imponía un contrato de seguro de hogar en beneficio del propietario, unos cargos de reclamación de pagos aunque no fueran imputables al inquilino, así como los costes de las reclamaciones judiciales incluso cuando no hubiera condena en costas y una cláusula que permitía a la inmobiliaria a poner al inquilino en ficheros de morosos en casos de impagos independientemente de la causa del impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles. El contrato prohibía además el derecho del inquilino a desistir del servicio de atención al inquilino.

La multa de Consumo no impide a Alquiler seguro, en cambio, concurrir a la licitación de 1.600 viviendas públicas de la nueva empresa estatal Casa 47 por valor de 6,5 millones de euros, a la que se presentó y fue admitida. Los sindicatos de vivienda se han mostrado críticos con el hecho de que empresas como esta puedan concurrir a estos concursos, pero desde Casa 47 han querido dejar claro que las normas y los precios los pone la empresa estatal, que no puede impedir presentarse a quienes cumplan requisitos y que no tiene organigrama para hacerse cargo de ello con funcionarios públicos.