En poco más de un mes, el fondo New Amsterdam Developers provocó el desahucio de una familia en Barcelona e intentó otro, frenado por la movilización social. En ambos bloques, quiere poner colivings, anglicismo que el sector inmobiliario utiliza para definir el alquiler de habitaciones. Junto a los flex livings, como han rebautizado al alquiler de temporada, son las inversiones inmobiliarias que más crecen en España, destinadas a expats, nómadas digitales y otros perfiles jóvenes con ingresos por encima de la media o con necesidades temporales, y con ellas los fondos esquivan las restricciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos en suelo residencial. En Barcelona, pueden saltarse los topes a los precios. 

Los flex living y los colivings avanzan en las capitales con precios por encima del mercado de alquiler en plena crisis de vivienda, sobre todo en los barrios más atractivos y tensionados, mientras sigue en el cajón la regulación del alquiler de temporadas y habitaciones. Cuentan con gimnasios, coworking, buenos acabados y gastos incluidos que permiten poner precios elevados. 

Proyectos como el recién estrenado flex living Flipco en el barrio de Pacífico de Madrid ofrecen estancias de desde 155 euros al día a 1.386 euros al mes por apartamentos de 20 metros cuadrados con piscina, con la flexibilidad de las fechas de entradas y salida, mientras colivings como Urban Campus en Atocha llegan a cobrar 900 euros por habitaciones con baño pero sin cocina. 

Fuera de la LAU

Los contratos de habitaciones o temporada no están obligados a cumplir con los cinco años de la Ley de Arrendamientos Urbanos ni pueden acogerse a las prórrogas del alquiler. Los contratos se firman mediante el Código Civil sin condiciones reguladas por ley, porque no se consideran vivienda. Pese a ello, ocupan suelo residencial en la mayoría de ciudades, que podría ir destinado a vivienda para familias, pero a precios más elevados, pensado para expats y estudiantes con mayor poder adquisitivo, y tensan al alza los precios. 

Susana Rodríguez, directiva de Savills que dio una charla sobre flex living en Madrid durante la feria inmobiliaria Sima, reconoce a elDiario.es que “existe un debate en el sector inmobiliario sobre si es o no vivienda”, pero que para ella “no lo es” y que, por tanto, entiende que “sería preferible que no ocupe residencial”. “Si nadie va a poner oficinas en Leganés, ¿por qué no hacer colivings en el suelo destinado para oficinas allí?”, se pregunta. La mayoría de los principales ayuntamientos, sin embargo, permiten que se desarrolle en suelo residencial y, de hecho, Barcelona va en sentido contrario y “exige que solamente pueda estar” en este tipo de suelo. En Madrid, se permite que se desarrollen en suelo industrial, pero también en residencial y hotelero.

Para Rodríguez, el flex y el coliving no son vivienda porque están destinados a “perfiles intermedios que no pueden acceder de entrada a la vivienda habitual aunque pueden pasar después”. “Jóvenes extranjeros que acaban de llegar con un trabajo o a hacer un posgrado, ingenieros que vienen a proyectos temporales, pero también personas que han comprado un piso y están esperando a que se lo den o divorciados que acaban de salir de su casa y deberán buscar otra”, enumera. 

Pero en lo que describe Susana hay una situación de falta de oferta que obliga a aceptar viviendas temporales a quienes aspiran al mercado residencial. La regulación del alquiler de temporadas y habitaciones, que está en el cajón en el Congreso ante la falta de apoyos, prevé limitar también los precios de estas modalidades (aunque son las Comunidades quienes las aplican) y aumentar el control de cuántas hay (pese a que el Supremo tumbó el registro único que ya incluía la vivienda de temporada) y obligar a justificar la temporalidad de la vivienda. 

Mucha inversión y poca regulación

La posible regulación no amedrenta a los inversores, que siguen apostando por este modelo. “La regulación en sí no es mala, lo que no conviene es que la incertidumbre o restringir al mercado. En lo que debemos trabajar todos es en que haya oferta asequible”, dice Rodríguez, que estima en un 5% las rentabilidades medias de los flex living y colivings, un punto por encima de la vivienda de alquiler. 

Como no existe una vinculación directa entre la calificación urbanística y el contrato de arrendamiento, los inversores pueden saltarse la ley de vivienda en suelo calificado para este uso sin pestañear. “El urbanismo podría vincular estos modelos a los planes urbanísticos o limitar cuánta vivienda de este tipo necesita o se puede permitir una ciudad”, apunta Jaime Palomera, investigador de vivienda en el Institut Indra que justo está investigando sobre el efecto de este tipo de vivienda en los precios, ya que “hay pocos datos a este respecto”. 

“Estos términos han nacido en entornos marketinianos nacidos a raíz de la crisis financiera de 2008 tras la cual las empresas invirtieron en vivienda como activos a bajo coste. Intentan transformar la vivienda en formas de habitar más líquidas y temporales y, por tanto, más rentables”, desarrolla Palomera, que constata que “allí donde crecen las viviendas de temporada, cae la oferta y aumentan los precios”. 

El flex living y el coliving cuentan a día de hoy con un stock de 19.000 camas en España, que prevé duplicarse con las 19.600 más en cartera. Aunque no es una cifra muy elevada en proporción al parque de viviendas español, el 60% de las camas actuales y el 72% de las que están en construcción se concentran en Madrid y el resto están mayoritariamente en Barcelona, València y Málaga, y concretamente en barrios céntricos de atractivo para expats y nómadas digitales. 

Casi 3.000 millones de inversión en un año

Para desplegarse en estos lugares, la inversión en residencias de estudiantes (una forma de coliving) alcanzó un récord de 2.300 millones en 2025 y el flex living ascendió a 790 millones de euros, según CBRE, cifra considerable si se tiene en cuenta que es un sector cuya denominación nace en 2022. Sumados a los 1.079 millones de 2024 y los 306 de 2023, son ya 2.000 millones los invertidos en esta modalidad (sin contar residencias), que podrían duplicarse en los próximos años. El flex living roza el 5% de la inversión inmobiliaria y ya supera a las oficinas. 

Be Casa, con 4.000 viviendas en stock y 1.000 en cartera; Flexy Living, con menos de 1.000 pero casi 5.000 proyectadas; Calido y Kora, ambas con cera de 3.000 proyectadas; y Livensa, con 2.000 en stock, lideran el sector. También Node Living, ahora Episode, supera las 2.000 camas entre las que tiene y las que proyecta. Greystar, Stoneshueld, Dazia y Kategora son los principales inversores. 

Por proyectos, se estima que hay más de 300 en Madrid, 150 en Barcelona y menos de 100 en Málaga. Los tres bloques de Flexy en Valdebebas con más de 3.000 camas proyectados para 2028 son los más ambiciosos. Madrid concentra el 72% de los proyectos en cartera. 

Pero más allá de la inversión reconocida, la institucional, cada vez es más común que emprendedores o especuladores particulares dividan pisos para alquilar las habitaciones, en ocasiones quitando el salón, para obtener aún más rentabilidad que con un alquiler de vivienda habitual. 

“Lo vamos a petar”

Pocas horas después de que en Barcelona New Amsterdam Developers ejecutara el pasado 20 de mayo el desahucio de Olalla y sus tres hijos para hacer un coliving, en Madrid se celebraba una conferencia en la feria inmobiliaria SIMA sobre el coliving y el flex living. “¿Quién de vosotros viviría en un piso sin cocina?”, preguntaba Susana Rodríguez, de Savills, y aunque nadie levantó la mano no importó, porque había una imagen proyectada de personas con las manos alzadas. 

Aunque en estas ferias se habla también de asequibilidad y de vivienda social (sobre todo como forma de hacer dinero), la rentabilidad es el motor de las conversaciones y los inversores celebraban que “el sector está en su mejor momento y esto no va a empeorar, porque hay mucha más demanda que oferta”. 

Enrique Oliete, country head de Episode, defendía que en su caso los colivings se desarrollan siempre en suelo hotelero. Definía el modelo de coliving como “un episodio de nuestras vidas”, que son ahora más nómadas y cambiantes, con un flujo migratorio y temporal mucho mayor. “¡Lo vamos a petar!”, concluía eufórico, mientras otra inversora avisaba: “Del senior coliving tenemos que hablar…”. Traduciendo: inversiones para sacar rentabilidad de gente de avanzada edad compartiendo piso. 

La Diputación de Cáceres ha aprobado este jueves en pleno extraordinario un plan de financiación para municipios y entidades locales menores de la provincia dotado con 19.998.387 euros, que tiene como principal novedad la posibilidad de destinar parte de las ayudas a la rehabilitación de viviendas para su posterior alquiler.

Esta línea de actuación se orienta a facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural y a contribuir a la fijación de población en los municipios de la provincia, en un contexto de dificultades de acceso residencial y envejecimiento demográfico.

El vicepresidente de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, ha explicado que el plan permite a cada entidad local decidir el destino de los fondos, combinando una asignación fija en función del tamaño del municipio con una cuantía variable por habitante.

Entre las finalidades más habituales elegidas por los ayuntamientos figuran la pavimentación de vías públicas, el gasto corriente y las instalaciones deportivas, aunque en esta edición destaca la incorporación de actuaciones vinculadas a vivienda.

En este ámbito, las entidades locales podrán destinar recursos a la rehabilitación de inmuebles de titularidad pública o privada para su transformación en vivienda de alquiler, una medida que la Diputación vincula a la necesidad de ampliar la oferta residencial disponible en el territorio.

El plan incluye también inversiones en gestión del patrimonio, parques y jardines, redes de abastecimiento, caminos vecinales, alumbrado público, servicios sociales, saneamiento, medio ambiente, infraestructuras agropecuarias y protección civil, entre otros ámbitos.

García Nicolás ha subrayado que la puesta en marcha del programa se ha realizado en un corto espacio de tiempo, lo que permite a los ayuntamientos ejecutar proyectos ya iniciados y atender necesidades urgentes.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha destacado la colaboración de los consistorios y del personal técnico de la institución para la tramitación del plan y ha puesto en valor su carácter flexible.

También, que esta herramienta financiera busca dar respuesta a las necesidades de los municipios. Y ha resaltado la incorporación de medidas vinculadas a vivienda como elemento relevante dentro de la estrategia.

Este martes una comitiva judicial ha paralizado hasta nuevo aviso el desalojo de una mujer y sus dos hijos de 18 y 22 años en Elorrio (Bizkaia). Por el momento no han salido a la luz las razones de la paralización del desalojo, que estaba previsto para las 10.00 horas. Se trata de una familia que reside en un piso de alquiler social de Alokabide, la agencia pública de alquier social de Euskadi, desde el año 2009 y que cuenta con varios informes que acreditan vulnerabilidad y violencia de género. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad el menor de los hijos, el rango de vulnerabilidad ha cambiado y debido a la falta del pago de “varios meses” del alquiler, desde Alokabide, que informan que la deuda asciente a “años sin pagar” han comenzado el procedimiento de desalojo.

“Las instituciones públicas han afirmado que no existe una alternativa habitacional disponible para la mujer y sus hijos. Durante los últimos meses, la afectada intentó en repetidas ocasiones alcanzar un acuerdo con Alokabide para establecer una fórmula que permitiera afrontar la deuda acumulada. Sin embargo, llegó a la víspera del desahucio sin haber recibido una respuesta efectiva por parte de la entidad pública”, explican desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Durangaldea.

Desde el sindicato detallan a este periódico que “la ejecución no ha sido anulada, sino aplazada, quedando ahora pendiente de que se fije una nueva fecha”. “Estamos a la espera de que el abogado de la familia reciba la notificación de la suspensión del lanzamiento con los motivos, y expliquen cuál va a ser el camino a partir de ahora. Decimos que se ha aplazado porque hasta ver cuál es la actitud de Alokabide y sentarnos a negociar no podemos concluir que no vaya a volver a reactivarse el procedimiento. Este tipo de desalojos suelen darse en silencio, pero cuando hay una denuncia pública y el caso puede ser mediático porque haya resistencia o genere un rechazo grande ahí es donde se movilizan los recursos. Creemos que la presión pública y el apoyo de la gente que se ha acercado han hecho que se aplace”, reconocen tras participar en una concentración frente a la vivienda, a la que decenas de personas se han unido con el objetivo de paralizar el desahucio.

Sobre una alternativa de vivienda para la familia explican que “hasta el día mismo del desahucio a la familia no se le había ofrecido nada”. “Desde los servicios sociales de la Mancomunidad de Durangaldea les habían dicho que de momento no había nada que se le pudiera ofrecer. Desde el Gobierno vasco aún menos, ni siquiera se han puesto en contacto con ella. La suspensión de hoy evita temporalmente que esta familia quede en la calle, pero la amenaza sigue vigente mientras no exista una solución estable que garantice su derecho a la vivienda.”, aclaran.

Desde el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco explican a este periódico que Alokabide “solo actúa cuando una persona inquilina del parque público de alquiler no paga porque se niega a pagar y hay mala fe”. Según defienden, en el caso de Elorrio, se trata de una familia que cuenta con ingresos y que pagan un alquiler menor del 30% de sus ingresos, que no llega a los 100 euros, y que acumulan una deuda que asciende a lo equivalente a una década sin pagar. “Cuando hay ya una situación de deuda acumulada de una magnitud sustancial, la primera acción no es vía judicial, sino servicios sociales. Nuestros equipos de acompañamiento social acuden a hablar con la familia y establecemos una serie de compromisos de pago que se van adecuando a las realidades financieras de esa unidad convivencial, para que poco a poco podamos ir devolviendo la deuda adquirida. Cuando una familia o una persona inquilina, tras haber acumulado una deuda importante tras varios acuerdos de pago con Alokabide para saldar esa deuda en un plazo X de tiempo que se incumplen de manera reiterada,se pone el caso a disposición de los servicios sociales del Ayuntamiento o de la Diputación. En este caso en concreto, se han establecido varios acuerdos de pago en los últimos años que se han ignorado de manera reiterada. Nosotros somos una administración que nos lo tomamos en serio y velamos para que las personas inscritas en Etxebide tengan acceso a una vivienda, lo que no podemos permitir es que alguien se niegue a abonar la renta”, reconocen desde el Departamento, que consideran que “ahora le corresponde a los servicios sociales del municipio o de la Diputación ofrecerles una alternativa de vivienda”, en el caso de que finalmente se produzca el desahucio.

Desde el sindicato insisten en que la familia, al no pagar el alquiler, no lo hace “por mala fe”. “Han pagado la renta cuando han podido, uno de cada dos meses más o menos desde que viven allí. Una cuarta parte de la deuda es el pago de la renta, a esa renta hay que sumarle los gastos de comunidad y de suministros básicos. Hay meses que todos esos gastos han llegado a sumar 300 euros. Si no los ha pagado no ha sido por mala fe, sino por incapacidad debido a su situación económica y vital”, defienden desde el Sindicato Socialista de Vivienda.

La Organización de Naciones Unidas da de plazo a España hasta diciembre para informar de las medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional de Maricarmen, vecina de 87 años de Madrid que lleva más de 70 años residiendo en su vivienda. La ONU pide que se suspenda el desahucio mientras tramitan el procedimiento o que den alternativa habitacional adecuada a Maricarmen.

Después de una denuncia presentada a la ONU por la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, en coordinación con el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comite DESC) ha comunicado al Juzgado la existencia de esta denuncia. Da plazo al Estado hasta diciembre para emitir un informe sobre las medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional de Maricarmen y solicita que se suspenda el desahucio o que ofrezcan alternativa habitacional adecuada.

Maricarmen lleva más de cinco años peleando contra el fondo buitre Urbagestión, que compró su bloque en 2018 y que pretende desahuciarla para especular con su vivienda. En ella ha pasado casi toda su vida. Cuando murió su padre, siendo ella muy joven, quedó subrogada a su madre debido a que la normativa franquista consideraba ya una delegación el paso de la propiedad del varón a la mujer. Por ello, cuando la progenitora falleció, Maricarmen no pudo beneficiarse de un alquiler de renta antigua (restringido a las primeras subrogaciones anteriores a que la Ley Boyer degorara esta figura).

El próximo 24 de junio Maricarmen se enfrenta a su tercer intento de desalojo, tras la paralización del primero en octubre de 2025 gracias a la presión y organización sindical y el aplazamiento del segundo intento de desahucio este 3 de junio en una medida que para el Sindicato de Inquilinas ha sido un “burdo intento” para desmovilizar todo el apoyo social que estaba recibiendo Maricarmen.

La paralización del desalojo, en manos de la Justicia

Ahora, tras el informe de la ONU, la jueza tiene la facultad de suspender el desahucio mientras se tramita la denuncia presentada a la ONU “para evitar daños irreparables a la autora (Maricamen)”. Entre tanto, la comunicación está siendo estudiada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan que, si se ejecuta el desahucio el próximo 24 de junio, sería un desahucio ilegal, en contra de los tratados internacionales (de los que España es parte) y las recomendaciones de la ONU.

Una vez evitado el primer intento de desahucio a Maricarmen, varias organizaciones enviaron al Ministerio de Vivienda un dossier con alternativas para solucionar el conflicto de Maricarmen. La propia Maricarmen escribió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Seis meses después, ninguna de las dos comunicaciones han recibido respuesta.

Denuncian desde el Sindicato de Inquilinas que tanto la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, como el Ayuntamiento de Madrid que comanda José Luis Martinez-Almeida tampoco han ofrecido ninguna alternativa habitacional a Maricarmen.

La plataforma Juntes per l’Habitatge —espacio que agrupa a diversas entidades de los movimientos sociales, vecinales y sindicales por el derecho a la vivienda— ha valorado este martes de forma positiva la movilización popular del pasado sábado tras la cual se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la orden de ampliación de ayudas al alquiler para 2.969 familias que, cumpliendo los requisitos, se habían quedado fuera por falta de fondos.

El pasado 18 de diciembre se aprobó la concesión de estas ayudas con un presupuesto de 23,7 millones de euros de los cuales 18,3 millones corrieron a cargo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y 5,3 millones a cargo de la Generalitat, para atender las ayudas correspondientes a 9.762 solicitudes.

Sin embargo, se desestimaron 2.969 solicitudes de las personas o unidades de convivencia debido al agotamiento de la financiación con que está dotada la línea presupuestaria prevista en los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2025 para atender este programa de ayudas.

La plataforma ha comentado que la reciente resolución del DOGV prevé una inyección adicional de 7,1 millones para cubrir a estas casi 3.000 familias que se quedaron sin ayudas, pero al mismo tiempo ha alertado de que esta financiación queda a expensas de una modificación presupuestaria que aún no se ha producido.

En concreto, el decreto indica literalmente que “para dar cobertura a las obligaciones económicas derivadas de este decreto, se tramitará, de acuerdo con el artículo 168.1.C) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, la oportuna modificación de crédito”.

Por lo que desde los movimientos sociales, vecinales y sindicales por el derecho a la vivienda han señalado que estarán “vigilantes para que se haga efectivo en su totalidad con carácter de urgencia”.

La importancia de la lucha organizada

La plataforma Juntes per l’Habitatge han destacado que este avance, de producirse, demuestra una vez más que “la lucha organizada en las calles es absolutamente necesaria para conquistar logros sociales” y que “los derechos no se conceden, se defienden y se arrancan mediante la movilización colectiva”.

En este mismo sentido, los movimientos sociales, vecinales y sindicales por el derecho a la vivienda han advertido de que “la batalla institucional y social no ha terminado puesto que desde Juntes per l’Habitatge han solicitado formalmente al Ayuntamiento de València que haga efectivo lo propio de manera urgente: ”Recordamos al consistorio que existe un compromiso firme adquirido en el Pleno Municipal, donde un compañero de la PAH y miembro de Juntes per l’Habitatge intervino para exigir una moción transaccional de ampliación de crédito, la cual fue aprobada por los grupos políticos“.

Por todo ello, desde los movimientos sociales, vecinales y sindicales han lanzado “una exigencia clara y unánime” tanto a la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de València para que hagan efectivo “el pago inmediato de estas ayudas a las familias” y han añadido que “la burocracia no puede seguir siendo una barrera mientras centenares de personas y familias sufren la asfixia del precio del alquiler y la amenaza de la precariedad habitacional” puesto que “la vivienda es un derecho, no un negocio”.

“Aquest edifici residencial totalment reformat ofereix una oportunitat única destinada exclusivament a l'ocupació corporativa. Així s'anuncia un immoble a Palma dirigit a ”satisfer les necessitats empresarials modernes“. El preu d'un dels seus pisos: 13.500 euros al mes. Mentre els lloguers de Balears se situen entre els més cars del país i centenars de persones subsisteixen dins infravivendes, caravanes, tendes de campanya i edificis abandonats, una part creixent del mercat immobiliari ja no s'adreça a famílies ni a residents habituals, sinó a empreses que necessiten allotjar temporalment treballadors desplaçats, directius o professionals internacionals. L'oferta forma part d'una tendència cada vegada més visible en el mercat immobiliari: la transformació d'habitatges residencials en productes específicament dissenyats per a la mobilitat laboral i empresarial.

“Ideal per a empreses que cerquen allotjament de primera qualitat, llest per utilitzar, per als seus equips i executius”, resa el mateix anunci. Es tracta d'un habitatge inclòs a un edifici situat a la zona del carrer Aragó. Els seus habitatges, assenyala la publicació, “compten amb espais exteriors privats, que inclouen terrasses i un solàrium a l'àtic de fins a 30 metres quadrats”. El comercialitza una de les principals plataformes immobiliàries especialitzades en habitatge de luxe i comprador internacional d'Espanya.

Paral·lelament, milers de residents competeixen per una oferta cada vegada més escassa en un dels mercats immobiliaris més tensionats de l'Estat. D'acord amb el darrer informe d'Idealista, el preu mitjà del lloguer va arribar al maig als 20,1 euros per metre quadrat a les Balears, un 2,2% més que un any abans, situant l'arxipèlag com la segona comunitat autònoma amb les rendes més elevades d'Espanya, només per darrere de Madrid. A Palma, on, segons el mateix portal, per cada pis que s'anuncia s'hi interessen 69 famílies, el preu s'ha disparat fins als 19,2 euros per metre quadrat després d'encarir-se un 8,2% en només dotze mesos, situant la capital balear com la tercera més cara del país per llogar un habitatge.

'Ideal per a empreses que busquen allotjament de primera qualitat, llest per a utilitzar, per als seus equips i executius', resa un anunci. Es tracta d'un edifici de Palma en el qual es comercialitzen set habitatges per 13.500 euros exclusivament per a empreses

L'habitatge convertit en infraestructura laboral

El contrast il·lustra la profunda transformació que travessa el mercat residencial balear. Mentre una part creixent de la població resident queda expulsada de l'accés a l'habitatge, immobiliàries especialitzades en luxe i comprador internacional comercialitzen edificis sencers per a empreses, executius i treballadors desplaçats. La coexistència entre un mercat orientat al capital internacional i uns lloguers que baten rècord rere rècord ha convertit les illes en un dels exemples més extrems de la bretxa entre l'habitatge com a actiu d'inversió i l'habitatge com a dret residencial.

Altres anuncis exemplifiquen clarament aquesta tendència. Una altra empresa comercialitza per 2.574 euros mensuals un àtic de dos dormitoris i dos banys a Palma sota una condició destacada en majúscules: “LLOGUER EXCLUSIU PER A EMPRESES”. L'habitatge, completament moblat i equipat, disposa d'una terrassa privada de 25 metres quadrats, climatització per aerotèrmia i forma part d'una finca rehabilitada íntegrament fa tot just tres anys. L'anunci s'adreça expressament a companyies que necessitin allotjar empleats o directius desplaçats i culmina amb un reclam revelador: “La teva nova llar a Palma”.

Mentre una part creixent de la població resident queda expulsada de l'accés a l'habitatge i es veu abocada a subsistir dins infrahabitatges, caravanes, tendes de campanya i edificis abandonats, immobiliàries especialitzades en luxe i comprador internacional comercialitzen edificis sencers per a empreses, executius i treballadors desplaçats

El fenomen no es limita a la capital balear. A Eivissa, un anunci a Platja d'en Bossa ofereix un apartament d'obra nova per 5.000 euros mensuals, especificant a la primera línia que es tracta d'un “lloguer de temporada” i que és “només per a empreses”. L'habitatge, que compta amb 62 metres quadrats, una terrassa de 30 metres i dues habitacions dobles, a més d'accés a piscina, gimnàs i sala gourmet, forma part de la luxosa urbanització Aguamarina, desenvolupada per la promotora Via Célere, un dels principals actors del negoci promotor espanyol.

La mercantil està controlada, al seu torn, pel fons nord-americà Värde Partners, fons internacional especialitzat en inversió immobiliària i actius financers. elDiario.es s'ha posat en contacte amb Vía Célere per conèixer la seva valoració sobre l'impacte d'aquestes fórmules en l'accés a l'habitatge de la població resident, però no ha obtingut resposta fins a la publicació d'aquest reportatge.

Mentrestant, a Santa Eulària des Riu, un dels municipis de les Balears amb el lloguer més car -1.107 euros mensuals de mitjana, segons dades recents del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Balears (COAPI)-, un altre anunci ofereix un habitatge per 2.100 euros orientat expressament al mercat corporatiu i temporal. La propietat, comercialitzada per un perfil particular, es presenta com una solució per a estades professionals i perfils d'alt poder adquisitiu en línia amb una tendència cada vegada més visible a les Pitiüses: habitatges que deixen d'adreçar-se a residents permanents per orientar-se a clients temporals, empreses i professionals desplaçats.

Un client “més rendible” que el resident

No es tracta de casos aïllats. Paral·lelament ha sorgit tota una indústria especialitzada en l'anomenat corporate housing o allotjament corporatiu que explica com, per a molts propietaris, resulta més atractiu llogar a una empresa que a una família: el pagador deixa de ser un particular per convertir-se en una societat considerada solvent, els contractes solen ser temporals, la rotació és més gran i els preus poden situar-se molt per damunt dels que podria suportar bona part de la població local. Les mateixes plataformes de lloguer corporatiu destaquen com a avantatges la reducció del risc d'impagament, la flexibilitat contractual i la simplificació de la gestió.

Tot i que no existeixen estadístiques oficials específiques sobre el pes del lloguer corporatiu a les Balears, diversos indicadors apunten a una creixent empresarialització de l'habitatge. Una enquesta de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (PIMEEF) revela que el 60% de les petites i mitjanes empreses de Formentera ofereix allotjament als seus treballadors i que, entre les mercantils que lloguen habitatge per als seus empleats, la meitat destina entre 2.000 i 4.000 euros mensuals a aquest concepte i un 11% supera els 8.000 euros al mes. El 2024, la mateixa patronal denunciava que l'encariment de l'habitatge està arribant a Eivissa “a nivells que freguen el delictiu”. “Parlem d'economia submergida i d'especulació. Ja no és només una qüestió d'oferta i demanda. Sembla que tant és demanar 2.000 euros com 3.000, perquè després no es tributa per això”, afirmava.

Mentrestant, els sindicats alerten que la manca d'habitatge s'ha convertit en un dels principals obstacles per contractar personal: UGT ha arribat a proposar destinar l'impost de turisme sostenible, un gravamen destinat a les pernoctacions hoteleres, a comprar o llogar establiments per allotjar els treballadors.

Una enquesta revela que el 60% de les petites i mitjanes empreses de Formentera ofereix allotjament als seus treballadors i que, entre les que lloguen vivenda per als seus empleats, la meitat destina entre 2.000 i 4.000 euros mensuals a aquest concepte i un 11% supera els 8.000 euros al mes

Plataformes com Rentaborg destaquen com el mercat del lloguer corporatiu a Espanya ha experimentat un creixement sostingut els darrers anys, “creant una oportunitat única per als propietaris que cerquen maximitzar la rendibilitat dels seus immobles” en accedir a rendes més elevades -“entre un 20% i un 40%” més altes que les del lloguer residencial tradicional- i simplificar la gestió de l'arrendament mitjançant contractes signats per societats mercantils. Aquesta major rendibilitat, segons les mateixes empreses, compensa àmpliament la possible pèrdua d'avantatges fiscals als quals podrien acollir-se si l'arrendament es destinàs a habitatge habitual.

Palma, una ciutat “vibrant”

Algunes empreses es dediquen específicament a intermediar entre empreses i propietaris, com una que comercialitza directament “apartaments corporatius” per a professionals desplaçats. El llenguatge que utilitza és revelador: “Palma és una ciutat vibrant, agradable i eficient per a qualsevol tipus de lloguer corporatiu. Una destinació que combina oportunitats professionals, serveis de qualitat i un estil de vida que aporta equilibri a cada estada”. És a dir, ja no es parla d'habitatge habitual, veïnats o arrelament residencial, sinó de solucions habitacionals per a empreses, mobilitat laboral i allotjament temporal per a professionals. Per la seva banda, segons webs com Weguest, les companyies valoren la disponibilitat immediata, la ubicació estratègica i els serveis inclosos, factors que justifiquen les tarifes premium.

La conseqüència és que una part creixent del parc residencial deixa de competir per atreure residents per fer-ho per captar empreses. Allà on una família cerca un habitatge per viure de manera estable, els propietaris troben clients capaços de pagar més, assumir lloguers de curta o mitjana durada i acceptar preus inassumibles per a gran part de la població local. El resultat és una progressiva transformació de l'habitatge en infraestructura per a la mobilitat laboral i empresarial, especialment visible en ciutats tensionades com Palma.

Allà on una família busca un habitatge per viure de forma estable, els propietaris troben clients capaços de pagar més, assumir lloguers de curta o mitja durada i acceptar preus inassumibles per a gran part de la població local

El model connecta, a més, amb altres fenòmens que ja estan transformant el mercat residencial balear: l'auge del coliving, el lloguer flexible i la segmentació d'habitatges per habitacions, en què imperen condicions com “no menors”, “no mascotes”, “no empadronament”, “parelles i amigues, fora de casa”... Les publicacions no parlen de veïnats, lloguer estable o habitatge habitual: en el seu lloc proliferen conceptes com co-living premium, community living, hotel ambience, digital nomads, expats o remote workers, evidenciant com l'arxipèlag ha deixat progressivament de llogar cases per començar a comercialitzar experiències habitacionals temporals dirigides a població mòbil global i perfils internacionals de poder adquisitiu mitjà-alt. En molts casos, empreses especialitzades comercialitzen habitacions per a «digital nomads», treballadors remots i perfils internacionals amb preus que arriben als 1.300, 1.600 o fins i tot 2.400 euros mensuals durant la temporada alta.

Mentrestant, el Govern de Marga Prohens (PP) ha donat llum verda, a través de la seva recentment aprovada llei òmnibus, al fet que empreses, societats i altres persones jurídiques adquireixin habitatges protegits de preu taxat per destinar-los al lloguer. Mentre l'esquerra l'acusa de posar la “catifa vermella” als fons voltor i als grans capitals, l'Executiu insisteix a assegurar que la iniciativa ampliarà l'oferta residencial assequible. Per a les entitats socials, tanmateix, les mesures impulsades per l'Executiu autonòmic amb el suport de Vox no ataquen les causes reals de la crisi habitacional i es limiten a rebaixes fiscals com la supressió de l'impost de successions.

“Este edificio residencial totalmente reformado ofrece una oportunidad única destinada exclusivamente a la ocupación corporativa”. Así se anuncia un inmueble en Palma dirigido a “satisfacer las necesidades empresariales modernas”. El precio de uno de sus pisos, 13.500 euros al mes. Mientras los alquileres de Balears se sitúan entre los más caros del país y cientos de personas subsisten en infraviviendas, caravanas, tiendas de campaña y edificios abandonados, una parte creciente del mercado inmobiliario ya no se dirige a familias ni residentes habituales, sino a compañías que necesitan alojar temporalmente a trabajadores desplazados, directivos o profesionales internacionales. La oferta forma parte de una tendencia cada vez más visible en el mercado inmobiliario: la transformación de viviendas residenciales en productos específicamente diseñados para la movilidad laboral y empresarial.

“Ideal para empresas que buscan alojamiento de primera calidad, listo para usar, para sus equipos y ejecutivos”, reza el mismo anuncio. Se trata de una vivienda ubicada en un edificio de siete apartamentos situado en la zona de la calle Aragón. Todos ellos, señala la publicación, “cuentan con espacios exteriores privados, que incluyen terrazas y un solárium en el ático de hasta 30 metros cuadrados”. Lo comercializa una de las mayores plataformas inmobiliarias especializadas en vivienda de lujo y comprador internacional de España.

En paralelo, miles de residentes compiten por una oferta cada vez más escasa en uno de los mercados inmobiliarios más tensionados del Estado. De acuerdo al último informe de Idealista, el precio medio del alquiler alcanzó en mayo los 20,1 euros por metro cuadrado en Balears, un 2,2% más que un año antes, situando al archipiélago como la segunda comunidad autónoma con las rentas más elevadas de España, únicamente por detrás de Madrid. En Palma, donde, según el mismo portal, por cada piso que se anuncia se interesan 69 familias, el precio se ha disparado hasta los 19,2 euros por metro cuadrado tras encarecerse un 8,2% en solo doce meses, situando a la capital balear como la tercera más cara del país para arrendar una vivienda.

'Ideal para empresas que buscan alojamiento de primera calidad, listo para usar, para sus equipos y ejecutivos', reza un anuncio. Se trata de un edificio de Palma en el que se comercializan siete viviendas por 13.500 euros exclusivamente para empresas

La vivienda convertida en infraestructura laboral

El contraste ilustra la profunda transformación que atraviesa el mercado residencial balear. Mientras una parte creciente de la población residente queda expulsada del acceso a la vivienda, inmobiliarias especializadas en lujo y comprador internacional comercializan edificios enteros para empresas, ejecutivos y trabajadores desplazados. La coexistencia entre un mercado orientado al capital internacional y unos alquileres que baten récord tras récord ha convertido las islas en uno de los ejemplos más extremos de la brecha entre la vivienda como activo de inversión y la vivienda como derecho residencial.

Otros anuncios ejemplifican con claridad esta tendencia. Otra empresa comercializa por 2.574 euros mensuales un ático de dos dormitorios y dos baños en Palma bajo una condición destacada en mayúsculas: “ALQUILER EXCLUSIVO PARA EMPRESAS”. La vivienda, completamente amueblada y equipada, dispone de una terraza privada de 25 metros cuadrados, climatización por aerotermia y forma parte de una finca rehabilitada integralmente hace apenas tres años. El anuncio se dirige expresamente a compañías que necesiten alojar empleados o directivos desplazados y culmina con un reclamo revelador: “Tu nuevo hogar en Palma”.

Mientras una parte creciente de la población residente queda expulsada del acceso a la vivienda y se ve abocada a subsistir en infraviviendas, caravanas, tiendas de campaña y edificios abandonados, inmobiliarias especializadas en lujo y comprador internacional comercializan edificios enteros para empresas, ejecutivos y trabajadores desplazados

El fenómeno no se limita a la capital balear. En Eivissa, un anuncio en Playa d'en Bossa ofrece un apartamento de obra nueva por 5.000 euros mensuales, especificando en la primera línea que se trata de un “alquiler de temporada” y que es “solo para empresas”. La vivienda, que cuenta con 62 metros cuadrados, terraza de 30 metros y dos habitaciones dobles, además de acceso a piscina, gimnasio y sala gourmet, forma parte de la lujosa urbanización Aguamarina, desarrollada por la promotora Vía Célere, uno de los principales actores del negocio promotor español.

La mercantil se encuentra controlada, a su vez, por el fondo estadounidense Värde Partners, fondo internacional especializado en inversión inmobiliaria y activos financieros. elDiario.es se ha puesto en contacto con Vía Célere para conocer su su valoración sobre el impacto de estas fórmulas en el acceso a la vivienda de la población residente, pero no ha obtenido respuesta hasta la publicación de este reportaje.

Mientras tanto, en Santa Eulària des Riu, uno de los municipios de Balears con el alquiler más caro -1.107 euros mensuales de media, según datos recientes del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (COAPI)-, otro anuncio ofrece una vivienda por 2.100 euros orientada expresamente al mercado corporativo y temporal. La propiedad, comercializada por un perfil particular, se presenta como una solución para estancias profesionales y perfiles de alto poder adquisitivo en línea con una tendencia cada vez más visible en las Pitïuses: viviendas que dejan de dirigirse a residentes permanentes para orientarse a clientes temporales, empresas y profesionales desplazados.

Aunque no existen estadísticas oficiales específicas sobre el peso del alquiler corporativo en Balears, diversos indicadores apuntan a una creciente empresarialización de la vivienda. Una encuesta de la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera (PIMEEF) revela que el 60% de las pequeñas y medianas empresas de Formentera ofrece alojamiento a sus trabajadores y que, entre las mercantiles que alquilan vivienda para sus empleados, la mitad destina entre 2.000 y 4.000 euros mensuales a ese concepto y un 11% supera los 8.000 euros al mes. En 2024, la misma patronal denunciaba que la carestía de la vivienda está llegando en Eivissa “a niveles que rozan lo delictivo”. “Hablamos de economía sumergida y de especulación. Ya no es sólo un asunto de oferta y demanda. Parece que da igual pedir 2.000 euros que 3.000, porque después no se tributa por ello”, aseveraba

Mientras tanto, los sindicatos alertan de que la falta de vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para contratar personal: UGT ha llegado a proponer destinar el impuesto de turismo sostenible, un gravamen destinado a las pernoctaciones hoteleras, a comprar o alquilar establecimientos para alojar a los trabajadores.

Una encuesta revela que el 60% de las pequeñas y medianas empresas de Formentera ofrece alojamiento a sus trabajadores y que, entre las que alquilan vivienda para sus empleados, la mitad destina entre 2.000 y 4.000 euros mensuales a ese concepto y un 11% supera los 8.000 euros al mes

Un cliente 'más rentable' que el residente

No se trata de casos aislados. En paralelo ha surgido toda una industria especializada en el denominado corporate housing o alojamiento corporativo que explican cómo, para muchos propietarios, resulta más atractivo alquilar a una empresa que a una familia: el pagador deja de ser un particular para convertirse en una sociedad considerada solvente, los contratos suelen ser temporales, la rotación es mayor y los precios pueden situarse muy por encima de los que podría soportar buena parte de la población local. Las propias plataformas de alquiler corporativo destacan como ventajas la reducción del riesgo de impago, la flexibilidad contractual y la simplificación de la gestión.

El pagador deja de ser un particular para convertirse en una sociedad considerada solvente, los contratos suelen ser temporales, la rotación es mayor y los precios pueden situarse muy por encima de los que podría soportar buena parte de la población local

Plataformas como Rentaborg destacan cómo el mercado del alquiler corporativo en España ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, “creando una oportunidad única para los propietarios que buscan maximizar la rentabilidad de sus inmuebles” al acceder a rentas más elevadas -“entre un 20% y 40%” más altas que las del alquiler residencial tradicional- y simplificar la gestión del arrendamiento mediante contratos firmados por sociedades mercantiles. Esa mayor rentabilidad, según las mismas empresas, compensan sobradamente la posible pérdida de ventajas fiscales a las que podrían acogerse si el arrendamiento se destinase a vivienda habitual.

Palma, una ciudad “vibrante”

Algunas empresas se dedican específicamente a intermediar entre empresas y propietarios, como una que comercializa directamente “apartamentos corporativos” para profesionales desplazados. El lenguaje que utiliza es revelador: “Palma es una ciudad vibrante, agradable y eficiente para cualquier tipo de alquiler corporativo. Un destino que combina oportunidades profesionales, servicios de calidad y un estilo de vida que aporta equilibrio a cada estancia”. Es decir, ya no se habla de vivienda habitual, vecinos o arraigo residencial, sino de soluciones habitacionales para empresas, movilidad laboral y alojamiento temporal para profesionales. Por su parte, según webs como Weguest, las compañías valoran la disponibilidad inmediata, la ubicación estratégica y los servicios incluidos, factores que justifican las tarifas premium.

La consecuencia es que una parte creciente del parque residencial deja de competir por atraer residentes para hacerlo por captar empresas. Allí donde una familia busca una vivienda para vivir de forma estable, los propietarios encuentran clientes capaces de pagar más, asumir alquileres de corta o media duración y aceptar precios inasumibles para gran parte de la población local. El resultado es una progresiva transformación de la vivienda en infraestructura para la movilidad laboral y empresarial, especialmente visible en ciudades tensionadas como Palma.

Allí donde una familia busca una vivienda para vivir de forma estable, los propietarios encuentran clientes capaces de pagar más, asumir alquileres de corta o media duración y aceptar precios inasumibles para gran parte de la población local

El modelo conecta además con otros fenómenos que ya están transformando el mercado residencial balear: el auge del coliving, el alquiler flexible y la segmentación de viviendas por habitaciones en los que imperan condiciones como “no menores”, “no mascotas”, “no empadronamiento”, “parejas y amigas, fuera de casa”... Las publicaciones no hablan de vecinos, alquiler estable o vivienda habitual: en su lugar proliferan conceptos como “co-living premium”, “community living”, “hotel ambience”, “digital nomads”, “expats” o “remote workers”, evidenciando cómo el archipiélago ha dejado progresivamente de alquilar casas para empezar a comercializar experiencias habitacionales temporales dirigidas a población móvil global y perfiles internacionales de poder adquisitivo medio-alto. En muchos casos, empresas especializadas comercializan habitaciones para “digital nomads”, trabajadores remotos y perfiles internacionales con precios que alcanzan los 1.300, 1.600 o incluso 2.400 euros mensuales durante la temporada alta.

Mientras tanto, el Govern de Marga Prohens (PP) ha dado luz verde, a través de su recién aprobada ley ómnibus, a que empresas, sociedades y otras personas jurídicas adquieran viviendas protegidas de precio tasado para destinarlas al alquiler. Mientras la izquierda le acusa de poner la “alfombra roja” a los fondos buitre y a los grandes capitales, el Ejecutivo insiste en asegurar que la iniciativa ampliará la oferta residencial asequible. Para las entidades sociales, sin embargo, las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico con el apoyo de Vox no atacan las causas reales de la crisis habitacional y se limitan a rebajas fiscales como la supresión del impuesto de sucesiones.

'Moviliza tu vivienda rural'. Es el lema de un programa que busca poner viviendas vacías a disposición de las entidades locales para que puedan ser destinadas al arrendamiento asequible o social, en las zonas afectadas por la despoblación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de publicar una resolución en la que anuncia el lanzamiento de este programa, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Hasta el próximo 8 de julio, cualquier ayuntamiento o entidad dependiente (pedanías etc) de la comunidad autónoma pueden manifestar su interés en este proyecto.

La consulta está dirigida a los Ayuntamientos de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación y a los municipios afectados por la Disposición adicional sexta de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha, aquellos donde predomine la actividad agrícola, con menos de 2.000 habitantes y que haya perdido población de forma continuada durante los cinco años anteriores al 1 de enero de 2021.

¿A qué deben comprometerse los ayuntamientos?

Según la resolución el interés debe manifestarse a través de un acuerdo en el Pleno municipal o bien por un decreto de la Alcaldía.

Se aceptará la cesión de viviendas vacías susceptibles de incorporarse al programa “Moviliza tu Vivienda Rural” por un plazo de al menos siete años para su alquiler a terceros como vivienda asequible o social.

Además, el ayuntamiento beneficiario declarará de especial interés o utilidad municipal las obras necesarias de habitabilidad, accesibilidad o adecuación por concurrir, entre otras, circunstancias sociales. Y por eso se establecerá una bonificación del 95% a favor de estas en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

También se eximirá del pago de tasas por el otorgamiento de la licencia para la realización de las obras necesarias de habitabilidad, accesibilidad o adecuación de las viviendas.

Entre otras cuestiones, se implementará un programa de acompañamiento a la integración de los nuevos inquilinos, que puede incluir ayudas o servicios específicos. El ayuntamiento también gestionará los alquileres y seguros de rentas. En estos dos casos, la resolución indica que los ayuntamientos podrán realizar ambas cosas de forma directa o bien a través de otras entidades públicas o privadas.

Las entidades locales podrán incorporar una breve memoria en el que se señale la necesidad de vivienda, en régimen de alquiler, debido a la actividad socioeconómica propia de su territorio.

También podrán adjuntar cartas de apoyo de empresas de su municipio o de su zona en las que pongan de manifiesto las dificultades para incorporar trabajadores a sus plantillas ante la falta de vivienda en régimen de alquiler. En dicha carta de apoyo, las empresas también podrán manifestar su compromiso de aportar financiación al programa 'Moviliza tu Vivienda Rural' del municipio.

Cada vegada més joves amb feina estable descobreixen que el salari ja no és suficient per accedir a un habitatge. La impossibilitat d’estalviar per a l’entrada d’un pis, l’encariment del lloguer i la dificultat per obtenir finançament estan retardant l’emancipació i desplaçant l’accés a la propietat cap a fórmules cada vegada més dependents del patrimoni familiar, les herències o l’endeutament a llarg termini.

“L’única manera que trob ara mateix d’independitzar-me és fent fora de casa la meva mare”, expressa amb humor Lucía, d’Eivissa. Té 25 anys, treballa com a infermera a l’hospital de l’illa i, tot i que fa temps que es planteja la possibilitat de comprar un habitatge, continua vivint al domicili familiar perquè, de moment, no s’ho pot permetre.

Durant l’últim any ha continuat mirant anuncis immobiliaris i ha explorat diferents opcions per comprar. Tanmateix, tot i comptar amb una feina estable, no ha aconseguit estalviar prou per afrontar l’entrada que exigeixen la majoria d’operacions. “Seria per comprar, però òbviament és impossible”, resumeix.

L’opció del lloguer tampoc entra en els seus plans. Conscient dels preus que es mouen actualment a l’illa, considera que destinar una part tan important del seu sou a la renda suposaria una pèrdua de poder adquisitiu difícil d’assumir. Així que, de moment, com tants altres joves eivissencs, continua ajornant l’emancipació a l’espera que el mercat ofereixi alguna oportunitat que encaixi amb les seves possibilitats econòmiques.

La crisi de l’habitatge està enfonsant la taxa d’emancipació a mínims històrics des de l’any 2006, quan es tenen els primers registres. Un 85% dels espanyols d’entre 16 i 29 anys no s’ha pogut independitzar, tot i treballar, perquè no es pot permetre els preus ni de compra ni de lloguer, segons dades recents del Consell de la Joventut d’Espanya.

El nivell educatiu, fora de l'equació

L’informe on es recull l’anàlisi destaca que el nivell educatiu i la feina ja no garanteixen ni l’emancipació ni l’estabilitat, i recull que l’edat mitjana d’emancipació a nivell nacional és de 30 anys. De fet, només un de cada quatre joves amb feina està emancipat, és a dir, un 14,5%.

Un altre de les dades impactants del document és que l’oferta de lloguer d’habitacions ha crescut en quatre anys un 85% perquè als arrendadors els resulta més rendible, fet que ha transformat considerablement el mercat residencial.

La baixa taxa d’emancipació es produeix malgrat una millora general dels indicadors laborals. Tanmateix, mentre el salari dels joves se situava el 2025 en 1.191 euros al mes (14.292,22 euros anuals), a finals del mateix any, llogar un habitatge lliure costava de mitjana 1.176 euros mensuals, el preu més alt de les últimes dues dècades.

Aquest és el panorama a escala nacional i encara empitjora a les Balears, on fan falta uns set anys de salari íntegre per començar a somiar amb tenir un habitatge propi. Segons dades de 2024 de l’Observatori de Joventut de les Illes Balears, si a Espanya els joves necessitaven quatre anys de sou íntegre en aquest període per a l’entrada d’un pis, a l’arxipèlag en necessitaven diversos més, en concret 7,1 anys. Pel que fa a la hipoteca, suposaria —en cas d’haver pogut avançar l’entrada— un 111% del salari mitjà net. Així, només el 10,9% dels joves ocupats a les Balears vivien en el segon semestre de 2024 fora de la llar familiar. O, dit d’una altra manera, nou de cada deu joves amb feina no es van poder emancipar malgrat tenir ingressos.

Si a Espanya els joves necessiten quatre anys de sou íntegre en aquest període per a l'entrada d'un pis, en l'arxipèlag els joves necessiten 7,1 anys més

La situació, en l’últim any, només ha anat a pitjor, perquè el preu de l’habitatge no ha deixat d’augmentar: el preu mitjà se situa en el segon trimestre de 2026 en 4.173 euros per metre quadrat, amb una pujada interanual del 10,3% i nous màxims històrics, segons dades del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de les Balears. Dins de l’arxipèlag, Eivissa concentra els preus més elevats.

“Esclavitzar-se” amb dues feines

“No és res nou que el lloguer aquí [a les illes] et costa el salari sencer i has de triar: o menjar o viure emancipat. Ara mateix tinc dos feines per poder-me’n anar de casa”, explica José Vingut, eivissenc de 26 anys. “Si vols independitzar-te et costa això, duplicar la jornada laboral per —no aconseguir, sinó intentar— tenir una vida independent”, continua. De moment, continua vivint amb la seva mare.

No és res nou que el lloguer aquí [a les illes] et costa el salari sencer i has de triar: o menjar o viure emancipat. Ara mateix tinc dos treballs per a poder anar-me de casa

José Vingut — Eivissenc de 26 anys

Vingut treballa al concessionari de Mercedes, a Eivissa, de dilluns a divendres de set del matí a quatre de la tarda i cinc dies a la setmana. Quan acaba, se’n va fins a l’aeroport, on la seva jornada laboral sovint s’allarga fins a les dotze de la nit. Tot i que el seu horari varia en funció, entre altres factors, dels vols programats per Aena.

Des de l’any passat fulleja pisos per comprar, però des de finals de l’any passat busca des d’una perspectiva “realista” [només mirant immobles que s’ajustin a les seves possibilitats econòmiques]. “He vist estudis de 35 metres quadrats per més de 275.000 euros, em sembla súper desorbitat. Pisos fets una pena. Els d’una habitació que estan en condicions ja arriben als 300.000”, explica l’eivissenc.

José Vingut treballa en el concessionari de Mercedes de dilluns a divendres de set del matí a quatre de la tarda. Quan acaba, es va fins a l'aeroport on la seva jornada laboral se sol allargar fins a les dotze de la nit

Aquest punt de vista “realista” implica, d’altra banda, una visió de futur que passa per formar una família, una cosa molt difícil de materialitzar i que entra en conflicte amb les característiques dels immobles que es pot permetre.

Ajuts amb condicions impossibles

Una de les opcions de Vingut és aconseguir beneficiar-se dels avals ICO per a primer habitatge que ha posat en marxa el Govern per a joves de fins a 35 anys. Es tracta d’una garantia pública oferida per l’Institut de Crèdit Oficial espanyol que dona suport a part de la hipoteca concedida pel banc i que permet arribar fins al 100% del valor de l’immoble en alguns casos. Això permet a les entitats bancàries, en determinades situacions, concedir hipoteques de fins al 100% del valor de l’habitatge en lloc del habitual 80%.

L’ajuda té però una condició important: està subjecta a diversos requisits. Entre ells, un límit màxim en el preu de l’habitatge que es vol comprar que fixa cada comunitat autònoma, tot i que la prestació sigui estatal. En el cas de les Balears, aquest preu límit és d’uns 275.000 euros. “És ridícul perquè els pisos o cases decents comencen a trobar-se a partir d’aquest mínim”, lamenta Vingut.

El preu límit per a acollir-se a un aval ICO per a primers habitatges és a Balears de 275.000, un preu que 'és ridícul perquè els pisos o cases decents es comencen a trobar a partir d'aquest mínim', comenta José Vingut

“D’altra banda, els lloguers no baixen dels mil i poc, que és la quota mensual d’una hipoteca. Per això molts residents de les illes preferim destinar, en el moment en què sigui possible, aquests diners a una hipoteca per a una casa que almenys serà nostra. Però no és fàcil”, valora. Quan li va comentar al seu pare que es volia independitzar, la resposta del progenitor va ser franca, directa: “Em va dir: no diguis ximpleries perquè això és impossible”. Acte seguit, li va explicar que quan poguessin heretar el pis de la seva àvia materna, seria per a ell.

El que ha fet és entrar en aquesta espera agredolça d’una defunció dins la seva família per poder independitzar-se i arribar a aquesta conclusió ferma: cal recórrer a les herències, ja sigui en vida o post mortem. Maria Antonia, de la mateixa edat i nascuda a Mallorca, explica que la major part dels seus amics estan en el mateix escenari: o viuen a casa de les seves famílies o han heretat habitatges dels seus avis on tenen previst anar a viure.

“Trobava a faltar l’illa”

María Peña (Eivissa, 30 anys) es considera, dins del que cap, una de les afortunades de la seva generació, tot i que no compta amb la sort de la possible transmissió d’un patrimoni familiar. Mestra de Primària, va passar diversos anys vivint a Madrid, on assegura que podia pagar el lloguer amb el seu sou i fins i tot estalviar part dels ingressos. Tanmateix, quan va tornar a Eivissa per incorporar-se al curs escolar 2025-2026 es va trobar amb una realitat coneguda que ara li afecta de ple. Accedir a un habitatge en propietat és gairebé il·lusori.

“No em puc queixar del meu sou i sé que hi ha gent en una situació molt més complicada que la meva, però tinc 30 anys i vull viure sola”, explica. Tot i que podria assumir el cost d’un lloguer, la compra d’un immoble està totalment fora del seu abast. “He estat mirant pisos, però si vas sola al banc, no et concedeixen hipoteques tan altes i al final et quedes igual”, resumeix.

No puc queixar-me del meu sou i sé que hi ha gent en una situació molt més complicada que la meva, però tinc 30 anys i vull viure sola

Maria Peña — Eivissenca de 30 anys

Peña va decidir tornar a l’illa perquè l’enyorava i perquè les condicions laborals dels docents són millors que a la capital. La seva intenció era establir-se a prop dels llocs on ha crescut, a la zona de Sant Antoni i Cala de Bou, però la recerca ha acabat topant amb els preus del mercat: “He intentat mirar alguna cosa per allà i és impossible”.

Hipoteques que arriben als 40

Rebeca, de Palma, va començar a treballar als 16 anys —“súper jove”— amb una autorització dels seus pares i, quan tenia gairebé 18, es va mudar a Madrid, a un pis compartit, i va començar a pagar lloguer. Ara, als 41, recorda com, estudiant Sociologia, havia de compaginar dos treballs per poder pagar la renda, cobrir les despeses i que li quedés marge suficient per estalviar. “Vaja, el que hem hagut de fer alguna vegada tots per sobreviure”, observa.

Era ‘sabadera’ a Sfera —així es coneixia a la botiga tèxtil als empleats que treballaven el cap de setmana— del carrer Preciados, prop de Sol, i alguns dies arribava a fer jornades de deu hores seguides. Després, a la nit, treballava servint copes: “Guanyava mil euros d’un costat i mil de l’altre”. Va ser als 29, amb tres feines, quan “per fi” va poder començar a estalviar; després va aconseguir una bona feina en un canal de televisió i amb això es va acabar el pluriocupació, als 31. “Aleshores vivia amb la meva parella i, tot i que continuava pagant lloguer, entre els dos era més fàcil”.

Va ser després de separar-se d’ell quan va començar a mirar opcions, mentre vivia a casa dels seus pares, i als 39, just abans de fer els 40, es va llançar a la hipoteca. Era el 2024 i ser propietari a les Balears ja era molt difícil, tot i que en els últims dos anys els preus han tornat a pujar vertiginosament.

En el procés de compra es va trobar amb un munt de situacions: pisos destrossats, edificis sencers ocupats… però, si pujava el preu de compra —fins a uns 300.000 euros—, la hipoteca superava els mil. “Una quota tan alta, havent donat un 20% d’entrada, era una bogeria. Vaig mirar-ne diversos que m’agradaven i hi vaig donar moltes voltes, però al final els vaig descartar perquè ho havia d’assumir sola i, si alguna cosa sortia malament, no volia veure’m en escenaris complicats”.

Finalment va trobar una opció més econòmica i la va reformar de manera gairebé integral, per a la qual cosa es va veure obligada a estalviar durant anys després d’una dècada de feines precàries: “M’he pegat unes bones pallisses treballant”, assegura la treballadora.

Ara, l’esforç laboral s’ha desvinculat completament de la capacitat d’adquisició perquè, amb la pujada continuada dels preus, l’emancipació es retarda i acomiadar-se de la llar familiar només és factible per a aquells que disposen de patrimoni familiar. “És el que està passant —diu Vingut— a Eivissa. Si no, emancipar-se és pràcticament impossible”.

Cada vez más jóvenes con empleo estable descubren que el salario ya no es suficiente para acceder a una vivienda. La imposibilidad de ahorrar para la entrada de un piso, el encarecimiento del alquiler y la dificultad para obtener financiación están retrasando la emancipación y desplazando el acceso a la propiedad hacia fórmulas cada vez más dependientes del patrimonio familiar, las herencias o el endeudamiento a largo plazo.

“La única manera que encuentro ahora mismo de independizarme es echando de casa a mi madre”, expresa con humor Lucía, de Eivissa. Tiene 25 años, trabaja como enfermera en el Hospital de la isla y, a pesar de que lleva un tiempo barajando la posibilidad de comprarse una casa, sigue viviendo en el domicilio familiar porque, de momento, no puede permitírselo. 

Durante el último año ha seguido viendo anuncios inmobiliarios y ha explorado distintas opciones para comprar. Sin embargo, pese a contar con un empleo estable, no ha conseguido ahorrar lo suficiente para afrontar la entrada que exigen la mayoría de las operaciones. “Sería para comprar, pero obviamente es imposible”, resume.

La opción del alquiler tampoco entra en sus planes. Consciente de los precios que se manejan actualmente en la isla, considera que destinar una parte tan importante de su salario a la renta supondría una pérdida de poder adquisitivo difícil de asumir. Así que, por ahora, como tantos otros jóvenes ibicencos, sigue aplazando la emancipación a la espera de que el mercado ofrezca alguna oportunidad que encaje con sus posibilidades económicas.

La crisis de la vivienda está hundiendo la tasa de emancipación a mínimos históricos desde el año 2006, cuando se tienen los primeros registros. Un 85% de los españoles de entre 16 y 29 años no ha podido independizarse aunque trabajan porque no pueden permitirse los precios ni de compra ni de alquiler, según datos recientes del Consejo de la Juventud de España.

El nivel educativo, fuera de la ecuación

El informe donde se recoge el análisis resalta que el nivel educativo y el empleo ya no garantizan ni la emancipación ni la estabilidad y plasma que la edad media de emancipación a nivel nacional es de 30 años. De hecho, solo uno de cada cuatro jóvenes con trabajo está independizado, es decir, un 14,5%. 

Otro de los datos impactantes del documento es que la oferta de alquiler de habitaciones ha crecido en cuatro años un 85% porque a los arrendadores les sale más rentable, lo que ha transformado considerablemente el mercado residencial.

La baja tasa de emancipación se produce a pesar de una mejora general de los indicadores laborales. Sin embargo, mientras el salario de la juventud se situó en 2025 en los 1.191 euros al mes (14.292,22 euros anuales), a finales del mismo año, alquilar una vivienda libre costaba de media 1.176 euros mensuales, el precio más alto de las últimas dos décadas.

Este es el panorama a nivel nacional y aún empeora en Balears, donde hacen falta alrededor de siete años de salario íntegro para empezar a soñar con tener una casa propia. Según datos de 2024 del Observatorio de Juventud de les Illes Balears, si en España los jóvenes necesitaban cuatro años de sueldo íntegro en ese periodo para la entrada de un piso, en el archipiélago los jóvenes necesitaban una serie de años más, en concreto 7,1 años. En cuanto a la hipoteca, supondría —en caso de haber podido adelantar la entrada— un 111% del salario medio neto. Así es que solo el 10,9% de los jóvenes ocupados en Balears vivían en el segundo semestre de 2024 fuera del hogar familiar. O, dicho de otra forma, nueve de cada diez jóvenes con trabajo no se pudieron emancipar a pesar de tener ingresos. 

Si en España los jóvenes necesitan cuatro años de sueldo íntegro en ese periodo para la entrada de un piso, en el archipiélago los jóvenes necesitan 7,1 años más

La situación, en el último año, solo ha ido a peor, porque el precio de la vivienda no ha dejado de aumentar: el precio medio se sitúa en el segundo trimestre de 2026 en 4.173 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 10,3% y nuevos máximos históricos, según datos del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears. Dentro del archipiélago, Eivissa concentra los precios más elevados.

“Esclavizarse” con dos trabajos

“No es nada nuevo que el alquiler aquí [en las islas] te cuesta el salario entero y tienes que elegir: o comer o vivir emancipado. Ahora mismo tengo dos trabajos para poder irme de casa”, cuenta José Vingut, ibicenco de 26 años. “Si quieres independizarte te cuesta eso, duplicar la jornada laboral para —no conseguir, sino intentar— tener una vida independiente”, sigue. De momento, continúa viviendo con su madre.

No es nada nuevo que el alquiler aquí [en las islas] te cuesta el salario entero y tienes que elegir: o comer o vivir emancipado. Ahora mismo tengo dos trabajos para poder irme de casa

José Vingut — Ibicenco de 26 años

Vingut trabaja en el concesionario de Mercedes, en Eivissa, de lunes a viernes de siete de la mañana a cuatro de la tarde y cinco días a la semana. Cuando termina, se va hasta el aeropuerto donde su jornada laboral se suele alargar hasta las doce de la noche. Aunque su horario varía dependiendo, entre otros factores, de los vuelos programados por Aena.

Desde el año pasado ojea pisos para comprar, pero desde finales del año pasado busca desde una perspectiva “realista” [solo mirando inmuebles que se ajusten a sus posibilidades pecuniarias]. “He visto estudios de 35 metros cuadrados por más de 275.000 euros, me parece súper desorbitado. Pisos hechos una pena. Los de una habitación que están en verdaderas condiciones ya llegan a los 300.000”, explica el ibicenco.

José Vingut trabaja en el concesionario de Mercedes de lunes a viernes de siete de la mañana a cuatro de la tarde. Cuando termina, se va hasta el aeropuerto donde su jornada laboral se suele alargar hasta las doce de la noche

Este punto de vista “realista” involucra, por otro lado, una visión a futuro que pasa por formar una familia muy difícil de materializar y que entra en conflicto con las características de los inmuebles que se puede permitir.

Ayudas con condiciones imposibles

Una de las opciones de Vingut es lograr beneficiarse de los avales ICO para primeras viviendas que ha sacado el Gobierno para jóvenes de hasta 35 años. Se trata de una garantía pública ofrecida por el Instituto de Crédito Oficial español que respalda parte de la hipoteca concedida por el banco y que permite hasta el 100% del valor del inmueble en algunos casos. Esto permite a los bancos, en algunos casos, conceder hipotecas de hasta el 100% del valor del inmueble en lugar del habitual 80%.

La ayuda tiene un pero porque está sujeta a varias condiciones. Entre ellas, un tope máximo en el precio de la vivienda que se quiere comprar que fija cada comunidad autónoma, a pesar de que la prestación sea estatal. En el caso de Balears, este precio límite es de unos 275.000 euros. “Es ridículo porque los pisos o casas decentes se empiezan a encontrar a partir de ese mínimo”, lamenta Vingut.

El precio límite para acogerse a un aval ICO para primeras viviendas es en Balears de 275.000, un precio que 'es ridículo porque los pisos o casas decentes se empiezan a encontrar a partir de ese mínimo', comenta José Vingut

“Por otro lado, los alquileres no bajan de los mil y pico, que es la letra de una hipoteca. Por eso muchos residentes de las islas preferimos destinar en el momento en que sea posible ese dinero a una hipoteca para una casa que por lo menos vaya a ser suya. Pero no es fácil”, valora. Cuando le comentó a su padre que se quería independizar, la respuesta de su progenitor fue franca, directa: “Me dijo: no digas tonterías porque eso es imposible”. Acto seguido, le explicó que cuando pudieran heredar el piso de su abuela materna, sería para él.

Lo que ha hecho es meterse en esa agridulce espera de un fallecimiento en su familia para poder independizarse y llegar a esta firme conclusión: hay que tirar de herencias, ya sea en vida o post mortem. Maria Antonia, de la misma edad y nacida en Mallorca, explica que la mayor parte de sus amigos están en ese mismo escenario: o están en casas de sus familias o han heredado viviendas de sus abuelos donde tienen previsto mudarse.

“Echaba de menos la isla”

María Peña (Eivissa, 30 años) se considera, dentro de lo que cabe, una de las afortunadas de su generación, aunque no corre esa suerte de la posible transmisión de un patrimonio familiar. Profesora de Primaria, pasó varios años viviendo en Madrid, donde asegura que podía pagar el alquiler con su sueldo e incluso ahorrar parte de sus ingresos. Sin embargo, cuando regresó a Eivissa para incorporarse al curso escolar 2025-2026 se encontró con una realidad conocida que ahora le afecta de lleno. Acceder a una vivienda en propiedad es casi ilusorio.

“No puedo quejarme de mi sueldo y sé que hay gente en una situación mucho más complicada que la mía, pero tengo 30 años y quiero vivir sola”, explica. Aunque podría asumir el coste de un alquiler, la compra de un inmueble está totalmente fuera de su alcance. “He estado mirando pisos, pero si vas sola al banco, no te conceden hipotecas tan altas y al final te quedas igual”, resume.

No puedo quejarme de mi sueldo y sé que hay gente en una situación mucho más complicada que la mía, pero tengo 30 años y quiero vivir sola

María Peña — Ibicenca de 30 años

Peña decidió volver a la isla porque la echaba de menos y porque las condiciones laborales de los docentes son mejores que en la capital. Su intención era establecerse cerca de los lugares donde ha crecido, en la zona de Sant Antoni y Cala de Bou, pero la búsqueda ha terminado chocando con los precios del mercado: “He intentado mirar algo por allí y es imposible”.

Hipotecas que llegan a los 40

Rebeca, de Palma, empezó a trabajar a los 16 años -“súper joven”- con una autorización de sus padres y cuando tenía casi 18 se mudó a Madrid, a un piso compartido y empezó a pagar alquiler. Ahora, a sus 41, recuerda cómo estudiando Sociología tenía que compaginar dos trabajos para poder pagar la renta, cubrir sus gastos y que le quedara margen suficiente para ahorrar. “Vamos, lo que hemos tenido que hacer alguna vez todos para sobrevivir”, observa.

Era ‘sabadera’ en el Sfera —así se conocía en la tienda textil a los empleados que trabajaban el fin de semana— de la calle Preciados, cerca de Sol, y algunos días llegaba a echar jornadas de diez horas seguidas. Luego, por la noche, trabajaba sirviendo copas: “Me sacaba mil euros de un lado y mil del otro”. Fue a los 29, con tres trabajos, cuando “por fin” pudo empezar a ahorrar; luego consiguió un buen puesto en un canal de televisión y con él se terminó el pluriempleo, a los 31. “Entonces vivía con mi pareja y aunque seguía pagando alquiler, entre los dos era más fácil”.

Fue después de separarse de él cuando empezó a mirar opciones, mientras vivía en casa de sus padres, y a los 39, justo antes de cumplir los 40, se lanzó a la hipoteca. Entonces era 2024 y ser propietario en Balears ya era muy difícil, aunque en el último par de años los precios han vuelto a subir vertiginosamente. 

En el proceso de compra se encontró con un montón de cosas: pisos destrozados, edificios enteros ocupados… pero, si subía el precio de compra -a alrededor de 300.000 euros-, la hipoteca ascendía a más de mil. “Una letra tan alta, habiendo dado un 20% de entrada, era una locura. Miré varios que me gustaban y le di muchas vueltas, pero al final los descarté porque tenía que asumirlo sola y si algo salía mal no quería verme en escenarios complicados”.

Finalmente encontró una opción más económica y la reformó de manera casi integral, para lo que se vio obligada a ahorrar otros años después de una década de empleos precarios: “Me he pegado unas buenas palizas trabajando”, asegura la trabajadora. 

Ahora, el esfuerzo laboral se ha desligado por completo de la capacidad de adquisición porque con la subida continuada de los precios, la emancipación se retrasa y despedirse del hogar familiar sólo es factible para aquellos que poseen patrimonio familiar. “Es lo que está sucediendo -dice Vingut- en Eivissa. Si no, emanciparse es prácticamente imposible”.

El Gobierno de Almeida va a seguir apostando por vender suelo municipal para la construcción de vivienda a cargo de promotoras privadas, con el único límite de establecer “alquileres asequibles” durante siete años. El anuncio lo hizo este martes el propio alcalde de Madrid, unas horas después de que este periódico publicara que cinco parcelas vendidas bajo esta fórmula están siendo ofrecidas para el autoalquiler de los propios compradores.

El caso destapado en Arganzuela y en otros cuatro terrenos municipales, que Más Madrid ha tachado de “escándalo”, desvela que una cooperativa compró hasta cinco parcelas de suelo público por el precio mínimo. Estos lugares iban a estar destinados a alquileres asequibles -según el Ayuntamiento de Madrid- pero la promotora que vende estas parcelas pide por su venta hasta 660.000 euros y explica a los posibles compradores cómo alquilar cada piso “a uno mismo”.

Sobre este caso, el alcalde aseguró que “se cumple escrupulosamente la legalidad” y añadió que los “cooperativistas” no se pueden alquilar “a sí mismos” porque “no son propietarios” de las viviendas. “Es una buenísima medida la que se adoptó en su momento”, añadía pese a que dos de los tres lotes ofertados en el concurso municipal quedaron desiertos. Mientras, Rita Maestre acusaba al Ayuntamiento de intentar tapar una “malversación de suelo público” con esta operación.

Justo después de responder a la noticia, José Luis Martínez-Almeida anunciaba que su equipo planea vender otras diez parcelas valoradas en más de 82 millones de euros con el objetivo de que promotores privados construyan allí un millar de viviendas para ofrecerlas a “alquileres asequibles” durante los próximos siete años. Esta vez la fórmula elegida es la del alquiler con opción a compra: los arrendatarios podrían deducirse parte de las rentas en una hipotética adquisición al final del periodo máximo de su arrendamiento. “Es lo que a las personas les da seguridad”, añadía el primer edil para justificar este modelo en lugar de alquileres a largo plazo y recuperación de las parcelas municipales al final del periodo de explotación.

El área de Urbanismo no ha comunicado todavía qué porcentaje de las rentas satisfechas podrán restarse del precio de venta final y anuncia que la medida llegará a la Junta de Gobierno, en una fecha aún no definida. Sí que asegura que el consistorio “no cesa en su propósito de promover la creación de nuevas viviendas en la capital”, explica en la nota de prensa en la que detallaba la medida este martes.

Las parcelas que se pondrán a la venta cuentan con 70.410 m² de superficie edificable y se encuentran todas en Vicálvaro, en los nuevos desarrollos de Los Ahijones y Los Berrocales. La mitad de los pisos que se construyan estarán reservados a menores de 35 años. El área de Urbanismo clacula que los importes de renta y venta serán un 31 % inferiores a los del mercado actual: 949,5 euros de alquiler para una vivienda tipo de 90 m² construidos y 3.600 euros el m² para compra.

En cuanto al concurso por el que se venderán estos terrenos, situados todos en zonas recién urbanizadas y, de momento, sin acceso en Metro, el mayor peso lo tendrá especial importancia el diseño de la edificación (hasta 20 puntos), seguido de la propuesta económica (10 puntos), con incremento del precio y forma de pago. 

Más Madrid: “Beneficios para unos pocos y una ciudad que se queda sin su patrimonio”

“Lo llaman alquiler asequible con opción a compra. Nosotras lo llamamos por su nombre: malvender el patrimonio público para que fondos y promotoras se forren, mientras la gente normal sigue sin poder pagar un alquiler”, ha denunciado Rita Maestre ante esta nueva venta de suelo público por parte del Ayuntamiento de Madrid .

“Lo que anuncia Almeida es casi peor que lo que ya denunciamos con la parcela de Mahou Calderón”, alerta la portavoz de la oposición. “No serán viviendas protegidas, sino libres, lo que genera muchas incógnitas, como que ocurrirá cuando pasen los siete años y haya inquilinos que ejerzan su derecho a compra”, añade.

“Desde Más Madrid lo decimos alto y claro: este suelo es de los madrileños, no es de Almeida ni de sus amigos del ladrillo. Cuando entregas suelo público para que el privado construya y cobre, lo pierdes para siempre. El resultado es siempre el mismo: beneficios para unos pocos y una ciudad que se queda sin su patrimonio”. Y ofrece una fórmula alternativa: “Ante la emergencia habitacional que vivimos, la respuesta es sencilla: un parque público de vivienda en alquiler, gestionado por el Ayuntamiento, permanente, con precios que se ajusten al salario real de las familias y que les permitan vivir, no con precios ajustados a la especulación del mercado”.

Kalita Fernández no sabía si la noche de este lunes sería la última que pasaría en el piso de Badalona donde han nacido y crecido seis de sus siete hijos, menores de edad. Su desahucio estaba previsto para este martes, pero la comitiva judicial lo ha aplazado a última hora hasta el 25 de junio. “Si me echan, volveré a ocupar porque no tengo alternativa”, avanza esta mujer.

El de Kalita Fernández podría haber sido uno de los miles de desahucios invisibles. Unos pocos vecinos del colectivo Badalona Acull se han congregado en el piso para intentar frenarlo, pero finalmente no ha sido necesaria la protesta. La comitiva judicial ha concedido una suspensión por la situación médica de la hija menor de la mujer, de un año, que necesita estar conectada a una máquina por las noches por las apneas respiratorias que sufre.

Durante estas dos semanas, el abogado de oficio de Fernández, Antoni Mansilla, confía en poder recabar toda la documentación que le ha requerido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para estudiar si suspende su desahucio.

El caso de Kalita Fernández ilustra cómo la maquinaria judicial es, en ocasiones, impasible con los más débiles. La jueza de Badalona acordó su desahucio pese a contar con un informe de los servicios sociales que advierte del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.

El inmueble pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social. En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito.

Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras su divorciarse de su marido hace un año. Desde entonces, explica que tuvo que reiniciar el procedimiento administrativo. “No se puede vivir así. Debería haber más pisos para casos así de graves”, denuncia la mujer.

Divarian no manifestó “interés alguno” en el inmueble entre 2014 y 2023, cuando denunció a Fernández por la ocupación, según sentenció la jueza que absolvió a la mujer en la causa penal abierta por la propiedad. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de Fernández y sus hijos.

Fernández ocupó la vivienda, donde está empadronada, en 2014 ante la falta de alternativas. “Tuve que entrar a vivir aquí porque no tenía dónde ir”, explica. Durante los once años que ha permanecido en el inmueble, asegura haber realizado numerosas mejoras: instalación de ventanas, reparación de estancias y adecuación de la cocina en un piso que inicialmente no contaba con agua corriente, electricidad ni cerramientos.

A finales de 2024, durante el embarazo de la hija menor, el juzgado civil ordenó un primer desalojo de la familia. Según relata Fernández, en aquella ocasión sí que fueron desalojados y la policía bloqueó la puerta de la vivienda con una superficie de hierro. “Nos dejaron en la calle, sin alternativa, sin mesa de emergencia y sin ningún recurso. No tuvimos otra opción que volver a ocuparlo”, reconoce.

“Me gustaría poder negociar un alquiler con la propiedad porque mis hijos han nacido aquí”, afirma. Los servicios sociales municipales reconocen el arraigo de la familia en el barrio y el informe advierte de que “la pérdida de la vivienda actual comportaría una ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia y agravaría todavía más su situación de vulnerabilidad”.

El informe de los servicios sociales al que ha hecho caso omiso la jueza no se anda con rodeos. Fernández y sus hijos “se encuentran en un estado de vulnerabilidad social y residencial graves”: no disponen de ingresos económicos ni de un techo alternativo y un desahucio “coloca a la familia en un contexto de emergencia habitacional, con especial afectación sobre los menores”.

“Ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia”

Los servicios sociales de Badalona admiten que, pese a seguir de cerca el caso de esta familia desde hace años, en la saturada Mesa de Emergencia habitacional de la ciudad “no se ha podido identificar ninguna alternativa habitacional que garantice la cobertura de vivienda”.

“La pérdida de la vivienda actual comportaría una ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia y agravaría todavía más su situación de vulnerabilidad”, alerta el informe municipal.

En una resolución del pasado 29 de mayo, la jueza Berta Fernández denegó la suspensión del desahucio. La togada admitió que contaba con un informe de servicios sociales que reconocía la “vulnerabilidad” de la madre y sus siete hijos, pero añadió que el dictamen no formulaba “propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social” por parte del consistorio, un “requisito imprescindible”, a criterio de la magistrada, para poder acordar la paralización del lanzamiento.

Al margen del procedimiento civil, Fernández también tuvo que enfrentarse a una causa penal. El fondo buitre Divarian la denunció por usurpación de la vivienda y pretendía que pagara una multa de 600 euros. 

En primera instancia, la mujer resultó absuelta. La jueza la exoneró al aplicarle la eximente de “estado de necesidad” y reconocer su “situación de vulnerabilidad social grave”, algo muy poco frecuente en los tribunales, resaltan fuentes jurídicas.

“Mantenerse en el inmueble es la única alternativa que ha encontrado para salvaguardar la integridad física y psíquica propia y de sus siete hijos”, concluyó la magistrada que vio el caso primero.

Divarian recurrió y la Audiencia de Barcelona dio en parte la razón al fondo: si bien rechazó que Fernández pagara la multa pretendida por el denunciante, la instancia superior sí acordó la restitución del piso. En otras palabras, priorizó el derecho a la propiedad a la situación de vulnerabilidad social, pues el magistrado consideró que garantizar un techo a Fernández y su familia correspondía a la administración municipal. 

Un mismo caso, dos opiniones contrarias de los jueces. Resultado: desahucio suspendido, pero a la espera de otro lanzamiento en 23 días.

Un jutjat de Palma ha autoritzat l'entrada a l'antiga presó de la ciutat i el desallotjament forçós de les prop de 80 persones que encara resideixen a l'immoble, una mesura que previsiblement s'executarà durant aquest mes de juny. La resolució judicial arriba després que l'Ajuntament sol·licités recuperar la possessió de l'edifici, que des de fa més de vint anys funciona com a refugi precari de centenars de persones expulsades del mercat de l'habitatge.

Un jutjat de Palma ha autoritzat l'entrada a l'antiga presó de la ciutat i el desallotjament forçós de les prop de 80 persones que encara resideixen a l'immoble, una mesura que previsiblement s'executarà durant aquest mes de juny. La resolució judicial arriba després que l'Ajuntament sol·licitàs recuperar la possessió de l'edifici, que des de fa més de vint anys funciona com a refugi precari de centenars de persones expulsades del mercat de l'habitatge.

El batle de Palma, Jaime Martínez (PP), ha informat aquest dimarts que la interlocutòria va ser dictada divendres passat, només unes hores després que Cort formalitzàs la petició. Segons ha destacat el primer edil, el jutge avala “tots i cadascun dels punts” recollits a l'expedient municipal i considera justificada l'actuació plantejada pel consistori.

La resolució fonamenta el desallotjament en els informes elaborats per la Policia Local, els bombers i les autoritats sanitàries, que alerten d'un “risc real, greu i actual” per a la vida i la integritat física dels residents a causa del deteriorament de l'immoble. La interlocutòria judicial adverteix de les deficients condicions de salubritat, les dificultats per a una eventual evacuació i l'elevat risc d'incendi existent a l'edifici.

Així mateix, el jutjat subratlla que els serveis socials municipals han identificat i atès els ocupants, oferint-los accés a diferents recursos assistencials, i conclou que el desallotjament forçós constitueix una mesura “necessària, adequada i proporcionada”. La resolució també destaca que els informes socials no han detectat la presència de menors ni de víctimes de violència de gènere entre les persones que romanen a l'antiga presó.

Tal com ha explicat el batle i recull Europa Press, l'Ajuntament donarà compte aquest dimecres de la interlocutòria a la Junta de Govern, alhora que ha convocat per dijous una Junta Local de Seguretat extraordinària amb l'objectiu de coordinar el dispositiu i fixar la data d'execució del desallotjament. Martínez no ha concretat quan es durà a terme la intervenció, tot i que ha assegurat que manté contactes amb la Delegació del Govern per planificar el dispositiu.

Segons les dades facilitades per Cort, de les més de 200 persones que residien a l'edifici el passat febrer, unes 140 ja han abandonat l'immoble. El consistori assegura que la majoria ha abandonat Palma i que unes altres 45 han accedit a recursos gestionats per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS). L'Ajuntament sosté, a més, que no té constància que aquestes persones s'hagin traslladat a altres assentaments o edificis ocupats de la capital.

Una vegada executat el desallotjament, l'Àrea d'Infraestructures preveu segellar els accessos a l'immoble i instal·lar sistemes de videovigilància, a més de reforçar la presència de la Policia Local per evitar noves ocupacions. Quan finalitzi el procés judicial, l'Ajuntament preveu tapiar i demolir completament l'antiga presó. Sobre el solar, el consistori projecta construir nous accessos viaris vinculats al projecte de reordenació impulsat pel Consell de Mallorca, a més de desenvolupar promocions d'habitatges dotacionals.

La vella presó, símbol de la crisi habitacional

L'antiga presó de Palma va ser inaugurada l'any 1968 i va funcionar com a presó provincial fins al 1999, quan els interns foren traslladats a l'actual centre penitenciari, als afores de la ciutat. Després del seu tancament, el recinte va quedar abandonat entre promeses polítiques de reconversió que mai no arribaren a materialitzar-se. Amb el pas dels anys, les cel·les buides, els patis interiors i les dependències en ruïnes varen ser ocupats progressivament per persones sense alternativa habitacional que, en els darrers temps, han sobreviscut entre enderrocs, munts de fems i murs esquerdats que amb prou feines aconsegueixen contenir el fred i la humitat de l'exterior.

Com si es tractàs d'un termòmetre extrem de la fractura habitacional de Palma, entre els murs de l'immoble hi han conviscut perfils molt diversos: treballadors de la construcció i de l'hostaleria, jubilats amb pensions insuficients, persones migrants en situació irregular o dones víctimes de violència, als quals en els darrers anys s'hi han sumat joves abocats a cercar solucions alternatives per protegir la seva integritat física i mental.

Molts compartien i comparteixen una mateixa trajectòria: habitacions cada vegada més cares, feines precàries, desnonaments silenciosos i la impossibilitat d'accedir fins i tot al lloguer més bàsic en una ciutat on la pressió immobiliària no ha deixat d'augmentar i en què fins i tot les persones que treballen han deixat de poder permetre's un habitatge.

Actualment, trobar una habitació assequible s'ha convertit en una cursa impossible en una ciutat on els lloguers no deixen de disparar-se i en què moltes famílies destinen gran part del seu sou únicament a pagar un sostre: els residents de la capital balear han de destinar gairebé el 70% del seu salari brut mensual al lloguer d'un habitatge mitjà de 90 metres quadrats, el preu del qual arriba als 1.767 euros mensuals, segons les darreres dades publicades per pisos.com.

Mentre els preus continuen marcant màxims històrics i accedir a un pis resulta inabastable per a àmplies capes de la població, centenars de persones s'han vist abocades a viure amuntegades en infrahabitatges, caravanes i edificis abandonats com l'antiga presó de Palma.

Un juzgado de Palma ha autorizado la entrada en la antigua prisión de la ciudad y el desalojo forzoso de las cerca de 80 personas que todavía residen en el inmueble, una medida que previsiblemente se ejecutará durante este mes de junio. La resolución judicial llega después de que el Ayuntamiento solicitara recuperar la posesión del edificio, que desde hace más de veinte años funciona como refugio precario de centenares de personas expulsadas del mercado de la vivienda.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), ha informado este martes de que el auto fue dictado el pasado viernes, apenas unas horas después de que Cort formalizara la petición. Según ha destacado el primer edil, el juez avala “todos y cada uno de los puntos” recogidos en el expediente municipal y considera justificada la actuación planteada por el consistorio.

La resolución fundamenta el desalojo en los informes elaborados por la Policía Local, los bomberos y las autoridades sanitarias, que alertan de un “riesgo real, grave y actual” para la vida y la integridad física de los residentes debido al deterioro del inmueble. El auto judicial advierte de las deficientes condiciones de salubridad, las dificultades para una eventual evacuación y el elevado riesgo de incendio existente en el edificio.

Asimismo, el juzgado subraya que los servicios sociales municipales han identificado y atendido a los ocupantes, ofreciéndoles acceso a distintos recursos asistenciales, y concluye que el desalojo forzoso constituye una medida “necesaria, adecuada y proporcionada”. La resolución también destaca que los informes sociales no han detectado la presencia de menores ni de víctimas de violencia de género entre las personas que permanecen en la antigua cárcel.

Tal como ha explicado el alcalde y recoge Europa Press, el Ayuntamiento dará cuenta este miércoles del auto en la Junta de Gobierno, al tiempo que ha convocado para el jueves una Junta Local de Seguridad extraordinaria con el objetivo de coordinar el operativo y fijar la fecha de ejecución del desalojo. Martínez no ha concretado cuándo se llevará a cabo la intervención, aunque ha asegurado que mantiene contactos con la Delegación del Gobierno para planificar el dispositivo.

Según los datos facilitados por Cort, de las más de 200 personas que residían en el edificio el pasado febrero, unas 140 ya han abandonado el inmueble. El consistorio asegura que la mayoría ha abandonado Palma y que otras 45 han accedido a recursos gestionados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). El Ayuntamiento sostiene además que no tiene constancia de que estas personas se hayan trasladado a otros asentamientos o edificios ocupados de la capital.

Una vez ejecutado el desalojo, el Área de Infraestructuras prevé sellar los accesos al inmueble e instalar sistemas de videovigilancia, además de reforzar la presencia de la Policía Local para evitar nuevas ocupaciones. Cuando termine el proceso judicial, el Ayuntamiento prevé tapiar y demoler completamente la antigua prisión. Sobre el solar, el Consistorio proyecta construir nuevos accesos viarios vinculados al proyecto de reordenación impulsado por el Consell de Mallorca, además de desarrollar promociones de viviendas dotacionales.

La vieja cárcel, símbolo de la crisis habitacional

La antigua cárcel de Palma fue inaugurada en 1968 y funcionó como prisión provincial hasta 1999, cuando los internos fueron trasladados al actual centro penitenciario, en las afueras de la ciudad. Tras su clausura, el recinto quedó abandonado entre promesas políticas de reconversión que nunca llegaron a materializarse. Con el paso de los años, las celdas vacías, los patios interiores y las dependencias en ruinas fueron ocupados progresivamente por personas sin alternativa habitacional que, en los últimos tiempos, han sobrevivido entre escombros, montones de basura y muros agrietados que apenas logran contener el frío y la humedad del exterior.

Como si de un termómetro extremo de la fractura habitacional de Palma se tratara, entre los muros del inmueble han convivido perfiles muy distintos: trabajadores de la construcción y de la hostelería, jubilados con pensiones insuficientes, personas migrantes en situación irregular o mujeres víctimas de violencia, a quienes en los últimos años se han sumado jóvenes abocados a encontrar soluciones alternativas para proteger su integridad física y mental.

Muchos compartían y comparten una misma trayectoria: habitaciones cada vez más caras, empleos precarios, desahucios silenciosos y la imposibilidad de acceder incluso al alquiler más básico en una ciudad donde la presión inmobiliaria no ha dejado de aumentar y en la que incluso quienes trabajan han dejado de poder permitirse una vivienda.

En la actualidad, encontrar una habitación asequible se ha convertido en una carrera imposible en una ciudad donde los alquileres no dejan de dispararse y en la que muchas familias destinan gran parte de su sueldo únicamente a pagar un techo: los residentes de la capital balear deben destinar casi el 70% de su salario bruto mensual al alquiler de una vivienda media de 90 metros cuadrados, cuyo precio alcanza los 1.767 euros al mes, según los últimos datos publicados por pisos.com.

Mientras los precios continúan marcando máximos históricos y acceder a un piso resulta inalcanzable para amplias capas de la población, centenares de personas se han visto abocadas a vivir hacinadas en infraviviendas, caravanas y edificios abandonados como la antigua prisión de Palma.

El Govern de Marga Prohens (PP) ha sortit en defensa d'una de les mesures introduïdes en la seva recentment aprovada llei òmnibus: la que permetrà a empreses, societats i altres persones jurídiques adquirir habitatges de preu taxat per destinar-los al lloguer. Mentre l'esquerra l'acusa de posar l'“estola vermella” als fons voltor i als grans capitals, l'Executiu ha insistit a assegurar que la iniciativa ampliarà l'oferta residencial assequible i ha aprofitat per carregar contra l'‘okupació’, tot i representar una part mínima del problema d'accés a l'habitatge. “No tots els que ocupen un habitatge es troben en situació de vulnerabilitat”, ha etzibat el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo.

Durant el ple d'aquest dimarts, el diputat de Més per Mallorca Ferran Rosa ha acusat el Govern d'agreujar els problemes estructurals del mercat residencial balear. “En lloc de protegir les famílies, empitjoren els problemes que ja tenim de concentració de propietats en poques mans, especulació, fons voltor i empreses que, amb la seva reforma, podran competir amb les persones en l'accés a l'habitatge”, ha retret durant una pregunta parlamentària dirigida al conseller.

Rosa ha qüestionat especialment que el Govern consideri una millora de l'accés a l'habitatge permetre que societats mercantils puguin adquirir habitatges de preu taxat. En aquest sentit, ha recriminat al PP que hagi assumit una lògica que ja ha provocat problemes en altres territoris. “Esperaria que donàs la cara per les mesures que ha pres, que digués clarament que està d'acord amb els fons voltor i que li és igual que d'aquí a quinze anys comencin els desnonaments, que és el que ha passat a Madrid”, ha afirmat. “Són uns cínics, s'omplen la boca parlant d'habitatge assequible per a la 'gent d'aquí' mentre posen l'estola vermella als fons voltor”, ha asseverat.

Al seu judici, les mesures impulsades per l'Executiu autonòmic no ataquen les causes reals de la crisi habitacional i es limiten a rebaixes fiscals com la supressió de l'impost de successions. “Com si la solució per arribar a final de mes fos esperar que es mori un familiar per poder pagar la llum o fer la compra”, ha ironitzat.

Mateo ha rebutjat les acusacions i ha defensat que la modificació respon a la mateixa configuració jurídica de l'habitatge de preu taxat. Segons ha explicat, aquesta figura ja contemplava el lloguer i el lloguer amb opció de compra des que va ser regulada per l'anterior Pacte. La novetat incorporada mitjançant una esmena permet que la gestió de promocions completes pugui ser assumida per promotors o persones jurídiques que posteriorment lloguin els habitatges a aquells que compleixin els requisits establerts. “El que aconseguim és que els ciutadans puguin accedir a preus per sota del mercat”, ha argumentat el conseller.

El debat s'ha produït només uns dies després que PP i Vox aprovassin una llei òmnibus que, a més d'introduir canvis en matèria d'habitatge, endureix l'accés a determinades ajudes socials, flexibilitza el requisit de català en la funció pública, reserva places de policia local per a militars i crea una Oficina d'Atenció a les Persones Afectades per l'Ocupació Il·legal. Precisament sobre aquesta qüestió, Mateo s'ha tornat a alinear amb Vox en sostenir que “no totes les persones que ocupen un habitatge de manera il·legal es troben en situació de vulnerabilitat”.

Durant una pregunta formulada per la diputada de Vox Patricia de las Heras, el conseller ha defensat que tant l'ocupació com l'anomenada “inquiocupació” constitueixen “un problema real” que contribueix a les dificultats d'accés a l'habitatge. Mateo ha reivindicat la creació d'una oficina antiocupació i ha assegurat que la legislació estatal deixa els propietaris “en clara indefensió”. Després de ser pressionat per Vox, ha asseverat de manera explícita que no tots els ocupants il·legals es troben en situació de vulnerabilitat i ha reclamat canvis legislatius per reforçar la protecció de la propietat privada.

El Govern de Marga Prohens (PP) ha salido en defensa de una de las medidas introducidas en su recién aprobada ley ómnibus: la que permitirá a empresas, sociedades y otras personas jurídicas adquirir viviendas de precio tasado para destinarlas al alquiler. Mientras la izquierda le acusa de poner la “alfombra roja” a los fondos buitre y a los grandes capitales, el Ejecutivo ha insistido en asegurar que la iniciativa ampliará la oferta residencial asequible y ha aprovechado para arremeter contra la 'okupación' a pesar de representar una mínima parte del problema de acceso a la vivienda: “No todos los que ocupan una vivienda están en situación de vulnerabilidad”, ha espetado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.

Durante el pleno de este martes, el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa ha acusado al Govern de agravar los problemas estructurales del mercado residencial balear: “En lugar de proteger a las familias, empeoran los problemas que ya tenemos de concentración de propiedades en pocas manos, especulación, fondos buitre y empresas que, con su reforma, podrán competir con las personas en el acceso a la vivienda”, ha reprochado durante una pregunta parlamentaria dirigida al conseller.

Rosa ha cuestionado especialmente que el Govern considere una mejora del acceso a la vivienda permitir que sociedades mercantiles puedan adquirir viviendas de precio tasado. En este sentido, ha recriminado al PP que haya asumido una lógica que ya ha provocado problemas en otros territorios. “Esperaría que diera la cara por las medidas que ha tomado, que dijera claramente que está de acuerdo con los fondos buitre y que le da igual que dentro de quince años empiecen los desahucios, que es lo que ha pasado en Madrid”, ha afirmado. “Son unos cínicos, se llenan la boca hablando de vivienda asequible para la 'gente de aquí' mientras ponen la alfombra roja a los fondos buitre”, ha aseverado.

A su juicio, las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico no atacan las causas reales de la crisis habitacional y se limitan a rebajas fiscales como la supresión del impuesto de sucesiones. “Como si la solución para llegar a fin de mes fuera esperar a que se muera un familiar para poder pagar la luz o hacer la compra”, ha ironizado.

Mateo ha rechazado las acusaciones y ha defendido que la modificación responde a la propia configuración jurídica de la vivienda de precio tasado. Según ha explicado, esta figura ya contemplaba el alquiler y el alquiler con opción a compra desde que fue regulada por el anterior Pacte. La novedad incorporada mediante una enmienda permite que la gestión de promociones completas pueda ser asumida por promotores o personas jurídicas que posteriormente alquilen las viviendas a quienes cumplan los requisitos establecidos. “Lo que conseguimos es que los ciudadanos puedan acceder a precios por debajo del mercado”, ha argumentado el conseller.

El debate se ha producido apenas unos días después de que PP y Vox aprobaran una ley ómnibus que, además de introducir cambios en materia de vivienda, endurece el acceso a determinadas ayudas sociales, flexibiliza el requisito de catalán en la función pública, reserva plazas de policía local para militares y crea una Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Ocupación Ilegal. Precisamente sobre esta cuestión, Mateo ha vuelto a alinearse con Vox al sostener que “no todas las personas que ocupan una vivienda de forma ilegal están en situación de vulnerabilidad”.

Durante una pregunta formulada por la diputada de Vox Patricia de las Heras, el conseller defendió que tanto la ocupación como la denominada “inquiokupación” constituyen “un problema real” que contribuye a las dificultades de acceso a la vivienda. Mateo reivindicó la creación de una oficina antiokupación y aseguró que la legislación estatal deja a los propietarios “en clara indefensión”. Tras ser presionado por Vox, respondió de forma explícita que no todos los ocupantes ilegales se encuentran en situación de vulnerabilidad y reclamó cambios legislativos para reforzar la protección de la propiedad privada.

Hace algo más de dos años, el Ayuntamiento de Madrid anunció que iniciaba una venta de suelo público para que varias cooperativas levantaran viviendas destinadas al “alquiler asequible”. Sacó a concurso doce parcelas, divididas en tres lotes, donde cabían más de 600 pisos en régimen cooperativista, pero la operación no fue bien: el periodo de ofertas acabó desierto. Después, una cooperativa compró el primer lote por el precio mínimo y ahora está vendiendo los inmuebles sobre plano a precios elevados y sin especificar en sus anuncios que deben ser arrendadas posteriormente durante los próximos 15 años, como marcó el concurso municipal por el que fueron enajenadas.

Así consta en las cinco promociones que se ofrecen sobre otras tantas antiguas parcelas municipales, que están siendo comercializadas a través de una consultora inmobiliaria que las ofrece “para aquellos clientes que desean realizar la mejor inversión de sus vidas”. En los textos publicitarios publicados en su web aseguran que cada una de estas promociones “ha sido concebida, no solo como un gran proyecto residencial excelentemente situado pensado para ti, sino también como una apuesta segura en un mercado inmobiliario en continuo crecimiento donde la demanda es altísima y la oferta muy escasa”.

El más jugoso de esos proyectos, por su valoración, es el que se va a levantar en Arganzuela, en la zona de Madrid Río. Se trata de la promoción llamada Mahou-Calderón, con hasta 60 viviendas, que se va a construir en forma de cooperativa. La consultora que las ofrece, Proel, solo indica a los posibles compradores que deben dedicarlas al alquiler asequible durante 15 años en emails posteriores compartiendo los detalles de la adquisición, a los que ha tenido acceso este periódico. Y lanza una posibilidad no anunciada por el Ayuntamiento en su momento: “el departamento jurídico de la cooperativa ya ha transmitido todas las posibilidades para que un adjudicatario cooperativista pueda ser a quien se le haga el alquiler, siempre que cumpla los requisitos”. “Puede alquilarse a uno mismo o a un tercero”, añaden.

Los pliegos de la venta de la parcela pública indicaban, sin embargo, que “las personas físicas que opten al arrendamiento de las viviendas construidas deberán acreditar que no ostentan la propiedad de vivienda alguna en el término Municipal de Madrid”. Y lo debían hacer mediante la presentación de un Certificado Negativo de titularidad expedido por el Registro de la Propiedad, “el cual deberá quedar unido al contrato de arrendamiento correspondiente”, dictan los pliegos consultados por este periódico.

En el área de Urbanismo, sin embargo, respaldan las prácticas de Proel y lo justifican de la siguiente forma: “El adjudicatario del contrato es una cooperativa. Por tanto, no existe un propietario que pueda alquilarse la vivienda a sí mismo”. Fuentes municipales explican que “la cooperativa está obligada —como cualquier otro propietario, sea persona física o jurídica— a que durante 15 años los pisos sean arrendados a precios asequibles y el arrendatario debe cumplir los requisitos fijados en el pliego, incluyendo el de ser persona física y el resto de los requisitos indicados”.

También añade el Ayuntamiento que “en el caso de que un cooperativista opte por ser arrendatario de un piso de la cooperativa, deberá cumplir iguales requisitos”, dice en su contestación. La respuesta obvia que la comercializadora está vendiendo los pisos directamente a los compradores interesados, como si formalmente fuera una promoción de vivienda libre y la cooperativa se utilizara tan solo como un paraguas legal para ejecutar la operación.

La parcela de Mahou-Calderón fue adjudicada a la sociedad cooperativa Villas del Naranjo el pasado 16 de octubre, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico. El lote se componía de estos terrenos y otras cuatro parcelas situadas en distintos puntos de Puente de Vallecas por 22,05 millones de euros (impuestos incluidos), el precio mínimo que el Ayuntamiento había fijado, ya que el concurso había quedado inicialmente desierto. Allí tiene planificado levantar 217 viviendas libres, sin ningún tope en el precio de venta.

“Importes muy favorables para la cooperativa”

Los pisos más caros, los situados junto a Madrid Río y de hasta tres dormitorios, con derecho a garaje y trastero, los está vendiendo por unos 660.000 euros (impuestos incluidos), según la correspondencia de la comercializadora Proel a la que ha tenido acceso este periódico. Otros de dos dormitorios alcanzan casi los 620.000 euros. En el resto de parcelas, situadas en Puente de Vallecas, los precios de los pisos son menores aunque en algunos casos superan los 400.000 euros. Todos se definen como “vivienda libre asequible”.

Según detalla Proel en sus anuncios, gracias a los “importes muy favorables para la cooperativa” a la hora de comprar el suelo es posible ofrecer a los socios “una verdadera oportunidad para obtener costes de adjudicación por debajo del mercado, debido a los condicionantes de la adjudicación que realizará el Ayuntamiento de Madrid en esta parcela”.

Estos condicionantes, no detallados inicialmente en el anuncio aunque sí cuando luego se ofrece información por email a los interesados, son los de la obligatoriedad de alquilar por 15 años el inmueble adquirido y hacerlo con límites a las rentas que pueden cobrar a los inquilinos. En el caso de la promoción Mahou-Calderón, el máximo está fijado en 17,85 euros por metro cuadrado útiles para viviendas de tres dormitorios, cantidad que baja hasta los 11,85 euros por metro cuadrado para las viviendas que se construyan en Puente de Vallecas, dentro de este mismo lote. Además, los inquilinos han de cumplir otros requisitos como un máximo de ingresos en la unidad familiar en función de los miembros y la promoción o al menos un año de empadronamiento en la capital.

Las condiciones de la venta de las parcelas municipales incluían también que al menos un 25% del número de viviendas proyectadas en cada uno de los lotes se debían reservar al alquiler de jóvenes menores de 35 años. Los importes finales de los alquileres, en cualquier caso, dependen del nivel de ingresos y los arrendadores pueden exigir más renta si su arrendatario se acerca al máximo legal para acceder a la promoción.

Las parcelas del primer lote, el que se adjudicó la cooperativa Villas del Naranjo, estaban valoradas en 18.223.656,03 euros, cantidad que ha de abonar al consistorio junto a 3.826.967,77 euros en concepto de IVA. Los otros dos lotes de parcelas de las que constaba el concurso, con terrenos ubicados en Carabanchel, Latina, Chamartín o Villaverde, quedaron desiertos y ninguna cooperativa se interesó por ellos.

¿Cómo controla el Ayuntamiento de Madrid que se están cumpliendo las condiciones de los arrendamientos a las que obligan el pliego? El área de Urbanismo asegura que puede pedir en cualquier momento “la relación individualizada de los contratos en vigor y la documentación complementaria de los mismos, a fin de que se acredite que las personas que arriendan las viviendas construidas lo hacen en las condiciones de renta y con los límites establecidos en el pliego”. Además, la cooperativa ha de presentar anualmente durante los 15 primeros años de explotación un informe de auditoría externa acreditando que mantiene los límites de renta marcados en la adjudicación.

Maestre: “Almeida deja el suelo público en manos de promotoras disfrazadas de cooperativas”

Las condiciones de venta de estas parcelas ha cosechado las críticas del primer partido de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Su portavoz, Rita Maestre, lamenta en declaraciones a este periódico que “con Almeida, la vivienda se ha convertido en un agujero negro, que se lleva la mitad de los ingresos de las familias trabajadoras cada mes”. Para luego denunciar: “¿Y qué hace el alcalde para solucionar esta crisis habitacional?: malvender el suelo público a promotoras que, como esta del ámbito Mahou-Calderón, se disfrazan de cooperativas que terminan vendiendo los pisos a precios desorbitados y dejan el alquiler asequible en manos de los compradores de la propia promoción”.

Maestre ironiza sobre el que llama modelo Almeida: “¡Cómprate un piso por 700.000 euros y te lo alquilas a ti mismo por un precio asequible!”. “Es una desvergüenza absoluta”, añade.

A su parecer, “lo grave es que no es un error técnico, ni un despiste, es una decisión política deliberada, vende el suelo público para que hagan negocio y se forren los privados, mientras muchas familias se ven obligados a vivir en habitaciones y los jóvenes, condenados a quedarse eternamente en casa de sus padres”. La portavoz de Más Madrid ve en esta operación “un mecanismo opaco, que deja en manos de los privados la decisión de quién va a vivir en las casas que construyan. ¿A quién van a elegir?, la respuesta es sencilla, a las rentas más altas de entre los solicitantes. El alquiler asequible como excusa, la especulación como negocio”.

Cáritas Diocesana de Valladolid ha lanzado este lunes un llamamiento a los propietarios de viviendas vacías o que habitualmente ofrecen en alquiler, para que las pongan a disposición de las personas más vulnerables mediante rentas asequibles.

“Apelamos a la conciencia y solidaridad (de los titulares) para hacerlas asequibles y ponerlas a disposición de quienes más lo necesitan con el fin de que puedan desarrollar una vida digna”, ha explicado el delegado episcopal de Cáritas Valladolid, José Colinas, durante la presentación de la Memoria 2025.

A lo largo del pasado año Cáritas apoyó económicamente a 430 familias (más de un millar de personas en total) mediante 389.000 euros destinados al pago de alquileres y suministros básicos, pero también acogió, a través de sus propios recursos residenciales, a casi un centenar de personas de cincuenta y cinco familias sin hogar.

En la carencia de una vivienda digna tiene su origen “muchos de los problemas” que afectan a las personas sin recursos, ya que con frecuencia “condiciona la salud física, emocional, psicológica e incluso social: sin una vivienda es imposible tener una vida digna”, ha añadido Colinas.

Ayudas directas

Unos 700.000 euros invirtió Cáritas a través de su red diocesana en la provincia de Valladolid para acompañar a 6.195 personas en 4.152 hogares a través de algunos de los programas que desarrolla: personas mayores; empleo y economía solidaria; infancia, juventud y familia; vivienda; mujer; adicciones y prisión; y acogida.

“Son muchas las personas que reciben pero que también quieren corresponder, ofrecerse, ”aportar en la construcción de una sociedad más fraterna y solidaria en forma de voluntarios“, ha observado el delegado episcopal.

No solo se trata de paliar situaciones de emergencia, sino también de “crear espacios, un tejido social y relacional que permita responder cuando otros fallan: este es nuestro modelo de solidaridad subsidiaria”, ha precisado por su parte Guenter Eduardo Boelhoff, presidente de Cáritas en Valladolid.

A modo de ejemplo, Boelhoff se ha referido al proceso de regularización extraordinaria de imigrantes que, en el caso de Valladolid, han recibido la ayuda de Cáritas en forma de acompañamiento, asesoramiento e incluso económico para la obtención de certificados requeridos en la documentación de este proceso.

El preu del lloguer continua marcant màxims a Balears. La renda mitjana va assolir el maig els 20,1 euros per metre quadrat, un 2,2% més que fa un any, fet que situa l'arxipèlag com la segona comunitat autònoma amb els lloguers més cars d'Espanya, només per darrere de Madrid, segons dades d'Idealista.

A Palma, els preus han augmentat un 8,2% durant el darrer any fins als 19,2 euros per metre quadrat, consolidant la capital balear com la tercera més cara de l'Estat per llogar un habitatge.

Les dades d'Idealista reflecteixen que el mercat del lloguer continua tensionat tant a Balears com al conjunt d'Espanya. A escala estatal, les rendes varen assolir el maig una mitjana de 15,1 euros per metre quadrat, el preu més alt registrat pel portal immobiliari des de l'inici de la seva sèrie històrica l'any 2000.

La creixent dificultat per accedir a un habitatge també es reflecteix en l'esforç econòmic que han de fer els residents de les Illes. Segons un estudi de Fotocasa i InfoJobs, els balears varen destinar el 2025 una mitjana del 64% del seu salari al pagament del lloguer, tres punts més que l'any anterior. Es tracta del tercer percentatge més elevat d'Espanya i evidencia que l'encariment de les rendes continua avançant a un ritme superior al dels salaris.

La directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos, adverteix que el 2025 va suposar un punt d'inflexió en la crisi d'accés a l'habitatge. Segons explica, l'any passat va ser aquell en què l'esforç salarial destinat al lloguer va assolir el nivell més alt de tota la sèrie històrica. “Destinar el 50% del sou al pagament de l'habitatge suposa una situació d'autèntica emergència habitacional, ja que se situa 20 punts per damunt del que recomanen els organismes oficials de control”, sentencia.

Organismes oficials com el Banc d'Espanya o l'OCDE assenyalen que un habitatge deixa de ser assequible quan una llar ha de destinar més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer o de la hipoteca. Aquest llindar s'utilitza habitualment com a referència per mesurar la sobrecàrrega financera derivada de l'accés a l'habitatge.

Els experts adverteixen que, quan el cost de l'habitatge absorbeix una part tan elevada dels ingressos, les llars veuen reduïda la seva capacitat per afrontar altres despeses essencials, com l'alimentació, el transport, l'energia, l'estalvi o possibles imprevists, fet que incrementa el risc de vulnerabilitat econòmica i exclusió residencial.

El precio del alquiler continúa marcando máximos en Balears. La renta media alcanzó en mayo los 20,1 euros por metro cuadrado, un 2,2% más que hace un año, lo que sitúa al archipiélago como la segunda comunidad autónoma con los alquileres más caros de España, solo por detrás de Madrid, según datos de Idealista.

En Palma, los precios han aumentado un 8,2% en el último año hasta los 19,2 euros por metro cuadrado, consolidando a la capital balear como la tercera más cara del país para arrendar una vivienda.

Los datos de Idealista reflejan que el mercado del alquiler continúa tensionado tanto en Balears como en el conjunto de España. A nivel estatal, las rentas alcanzaron en mayo una media de 15,1 euros por metro cuadrado, el precio más alto registrado por el portal inmobiliario desde el inicio de su serie histórica en el año 2000.

La creciente dificultad para acceder a una vivienda también se refleja en el esfuerzo económico que deben realizar los residentes de las Islas. Según un estudio de Fotocasa e InfoJobs, los baleares destinaron en 2025 una media del 64% de su salario al pago del alquiler, tres puntos más que el año anterior. Se trata del tercer porcentaje más elevado de España y evidencia que el encarecimiento de las rentas continúa avanzando a un ritmo superior al de los salarios.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, adviierte de que 2025 supuso un punto de inflexión en la crisis de acceso a la vivienda. Según explica, el año pasado fue en el que el esfuerzo salarial destinado al alquiler alcanza el nivel más alto de la serie histórica. “Destinar el 50% del sueldo al pago de la vivienda supone una situación de auténtica emergencia habitacional, ya que se encuentra 20 puntos por encima de lo recomendado por los organismos oficiales de control”, sentencia.

Organismos oficiales como el Banco de España o la OCDE señalan que una vivienda deja de ser asequible cuando un hogar debe destinar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca. Este umbral se utiliza habitualmente como referencia para medir la sobrecarga financiera derivada del acceso a la vivienda: los expertos advierten de que cuando el coste de la vivienda absorbe una parte tan elevada de los ingresos, los hogares ven reducida su capacidad para afrontar otros gastos esenciales, como la alimentación, el transporte, la energía, el ahorro o posibles imprevistos, lo que aumenta el riesgo de vulnerabilidad económica y exclusión residencial.