El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la condena a tres años, seis meses y un día de prisión y una multa de nueve meses y un día —a razón de seis euros diarios, un total de 1.626 euros— impuesta a un hombre por un delito continuado de estafa cometido mediante el alquiler falso de un piso en Zaragoza.

Según los hechos probados, el condenado abrió el 27 de enero de 2025 una cuenta en la entidad N26 Bank AG y, a finales de ese mes, publicó en internet, bajo una identidad supuesta, el anuncio de arrendamiento de una vivienda de la que no era propietario ni tenía capacidad alguna para alquilar, con el que consiguió que seis personas interesadas le transfirieran un total de 3.600 euros en concepto de fianza o reserva.

La sentencia, dictada en primera instancia por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza el 20 de abril de 2026, ya había fijado esas penas y obligado al condenado a indemnizar a los perjudicados, con cantidades de entre 300 y 1.200 euros más los intereses legales. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ratifica ahora íntegramente ese fallo, tras desestimar el 17 de julio de 2026 el recurso de apelación presentado por la defensa, que había cuestionado la validez de las capturas de WhatsApp y los justificantes de Bizum aportados como prueba, la falta de traducción de un documento bancario redactado en inglés, la existencia de indicios suficientes para acreditar su participación y su concierto con la persona que gestionó el anuncio, y la aplicación de la agravante de vivienda habitual y de la continuidad delictiva.

El tribunal rechaza todos esos argumentos. Sobre la prueba digital, recuerda que la posibilidad abstracta de manipulación de una captura de pantalla no obliga a practicar pericial informática en todo caso, y que los siete testigos que declararon en el juicio ratificaron el contenido de esas comunicaciones sin que la defensa cuestionara su autenticidad en el interrogatorio.

Sobre la falta de traducción, señala que el recurso no alega no haber comprendido el documento, y que buena parte de su contenido son fotografías y datos personales que no requieren traducción. Sobre la presunción de inocencia, considera correcta la inferencia de que existió concierto con la persona que publicó el anuncio, puesto que la cuenta bancaria se abrió solo tres días antes de empezar a recibir los ingresos, el teléfono del acusado era el único autorizado en sus claves y aparecía tanto en los correos y mensajes remitidos a los perjudicados como en los justificantes de las transferencias.

Y sobre la continuidad delictiva, subraya que su aplicación jugó a favor del condenado, ya que penar los hechos por separado habría resultado en una pena superior a la finalmente impuesta.

La sentencia no es firme: cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que debe prepararse con abogado y procurador en el plazo de cinco días desde su notificación.

Unidas Se Puede llevará al pleno del Ayuntamiento de La Laguna del próximo jueves una moción en la que propone la captación de viviendas vacacionales que salgan de este mercado para destinarlas a alquiler residencial a precios asequibles.

Todo ello a raíz de la campaña de comprobaciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo, según la cual, de las 1.179 viviendas vacacionales inscritas en el Registro General Turístico de Canarias correspondientes al municipio, 1.093 no contaban con la comunicación previa municipal en materia de actividades clasificadas.

Señala la formación política que “este dato no pretende prejuzgar la situación jurídica individual de estas viviendas”, pero considera necesario conocer cómo evolucionará este parque y analizar las posibilidades de que parte de las viviendas que, voluntariamente, dejen de destinarse al uso vacacional puedan incorporarse al alquiler residencial.

“Se trata de que el Ayuntamiento adopte medidas que favorezcan e incentiven que aquellas personas propietarias que decidan abandonar el uso vacacional puedan poner sus viviendas a disposición del alquiler de larga duración. Debemos aprovechar esta oportunidad para aumentar la oferta de vivienda asequible en La Laguna”, señala la edil Carolina Castro.

La moción plantea también evaluar los actuales programas municipales de captación y movilización de vivienda para conocer sus resultados, su capacidad real y los recursos disponibles, así como reforzarlos si resultan insuficientes para responder a las necesidades existentes.

La iniciativa propone, además, reforzar los mecanismos de información, acompañamiento e intermediación para las personas propietarias, así como instar al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife a colaborar con el Ayuntamiento y Muvisa para ampliar los recursos destinados a la captación de vivienda para alquiler asequible.

La moción plantea que el Ayuntamiento de La Laguna haga públicos, en el plazo máximo de seis meses, los resultados del diagnóstico sobre la evolución del parque de viviendas vacacionales y de la evaluación de los programas municipales de captación y movilización de vivienda.

El precio de la vivienda libre subió un 11,7% en Castilla-La Mancha en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes.

A nivel nacional, el precio de la vivienda aumentó un 12,2% en el segundo trimestre del año respecto al pasado ejercicio, siete décimas menos que en el trimestre previo y su menor tasa desde el primer trimestre del año pasado, cuando también aumentó un 12,2%.

Con la subida del segundo trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 49 trimestres consecutivos de alzas interanuales, es decir, que lleva subiendo de manera interrumpida algo más de 12 años.

Datos nacionales

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 7,4% interanual en el segundo trimestre, 1,7 puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más moderada desde el primer trimestre de 2023, mientras que el precio de la vivienda usada se incrementó un 12,9%, seis décimas menos que en el trimestre previo y su menor avance en un año.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el segundo trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos salvo en el caso de Navarra, donde el aumento fue del 9,5%.

Las mayores subidas de precios se produjeron en la ciudad autónoma de Ceuta (+15,2%), Asturias (+15%), Castilla y León (+14,8%) y Aragón (+14,6%).

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Navarra (+9,5%), País Vasco (+10%), Cataluña (+10,1%) y Canarias (+11%).

UGT pide introducir el precio de la vivienda en la negociación colectiva

UGT Castilla-La Mancha considera “absolutamente necesario” implementar medidas para garantizar el derecho a la adquisición de una vivienda, en base a los datos publicados por el INE.

“Con los salarios actuales, no es posible garantizar el derecho a la adquisición o alquiler de una vivienda, es una realidad el que, de media en España, las personas trabajadoras necesitan más de 47 años de salario neto (dedicando el 40% del mismo) para comprar una vivienda media. El precio de este bien básico se come los salarios, por lo que debemos adoptar soluciones urgentes para solucionar este grave problema”.

Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores proponen introducir el precio de la vivienda como parámetro importante a tener en cuenta a la hora de fijar salarios en la negociación colectiva.

“El crecimiento económico y la creación de empleo son imprescindibles, pero no suficientes. Las subidas del SMI, la reforma laboral, el refuerzo de determinadas prestaciones y el Ingreso Mínimo Vital han contribuido a evitar un escenario peor. Sin embargo, continuamos teniendo problemas estructurales como son los salarios insuficientes; la parcialidad; la desigualdad territorial…problemas que debemos solucionar. La vivienda ha dejado de ser solo un problema de acceso para determinados colectivos y se ha convertido en un problema central de redistribución de la riqueza y de pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora”.

Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores hacen un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que antepongan el derecho a la vivienda de millones de personas y se de seguridad jurídica al nuevo Decreto Ley sobre vivienda.

Uno de los alojamientos oficiales del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, un piso anunciado en la web oficial de Madring a través de su apartado hoteles, se ubica en el mismo bloque donde estuvo a punto de producirse un dramático desahucio el pasado julio. Situado en el número 6 de la calle Santa Ana, en la céntrica zona de La Latina, se trata del edificio donde reside Paquita. Una mujer de 82 años, enferma de párkinson, que se enfrentó a un desalojo pese a no tener deudas y haber abonado todas sus mensualidades (superiores a 1.000 euros).

Además, según el listado de viviendas que ha clausurado la Agencia de Actividades del Ayuntamiento por operar sin licencia, varias viviendas de Uso Turístico deberían estar cerradas. Pese a ello, no solo siguen operativas, sino respaldada por uno de los principales eventos de la ciudad (impulsado a su vez por el Gobierno autonómico y el municipal).

La empresa Tolesanta, sancionada por los ruidos y molestias que han generado algunos de sus alojamientos turísticos (algunos de los cuales llegaron a ser clausurados), pretende destinar a este uso el edificio donde vive Paquita. Por ello, no le dieron alternativa alguna para que ella y su hijo de 47 años pudieran continuar allí, aunque hayan sido unos inquilinos intachables durante 28 años.

Desde el área de Urbanismo indican que en este emplazamiento “se procedió a dar ordenes de ceses a 12 viviendas de uso turístico”. De ellas, “siete restablecieron la legalidad ya que, tras las correspondientes visitas de comprobación, pudo acreditarse que en ese momento ya no se ejercia la actividad de vivienda de uso turístico”. Respecto de las 5 restantes, indican, “se encuentran en tramitación procedimientos de ejecución forzosa, mediante la imposición de multas coercitivas a los efectos de hacer cumplir la resolución de cese a los interesados”.

Fuentes del departamento que lidera el concejal Borja Carabante también deslizan que el alojamiento podría aprovechar la figura del alquiler temporal, aunque en la práctica sea uno turístico, para eludir la necesidad de operar con un permiso: “El auncio de una vivienda en alquiler para los dias de la F1 podría cumplir con la normativa de arrendamientos urbanos considerándose un contrato de alquiler por temporada”.

El drama de Paquita: “Es nuestra casa de toda la vida”

“¿Adónde me voy a ir con unas semanas de aviso?”, se preguntaba en declaraciones a elDiario.es. “Por aquí no ha venido nadie ni me han dicho por qué quieren que me vaya. Si quieren que pague más, podríamos hablar”, apostillaba, para exponer la falta de negociación por parte de la compañía propiedad del empresario Alexander Couret. En 2024, facturó más de 1,4 millones de euros. “Esta es nuestra casa de toda la vida, aquí han muerto mi madre y mi marido, esto es muy duro. Que me digan que les pague algo más y lo pactamos, pero que no nos echen después de toda una vida. No hay derecho”, lamentaba Paquita.

Cuando la fecha del lanzamiento ya estaba fijada, un auto judicial de la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 36 de la capital aplazó el proceso debido a la falta de un informe que verifique la situación de vulnerabilidad y una posterior solicitud de vivienda alternativa a las administraciones. Pero la paralización es solo temporal, la amenaza permanece.

Tolesanta ya he reconvertido la mayoría de pisos del edificio donde residen Paquita y su hijo en alojamientos temporales. Como tal opera Biztrip Latina, el inmueble que se publicita en el portal oficial de Madring. El precio es de 655 euros por persona y noche durante la celebración del Gran Premio, con llegada el 11 de septiembre (día de inicio) y salida el 14 (un día después de la carrera definitiva). En este período, los promotores obtienen 1.965 euros con un solo visitante. Casi el doble de la renta mensual que abona Paquita, que será su vecina durante la estancia.

Para la portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, este caso ejemplifica que la Fórmula 1 se aleja de las previsiones de “prestigio” prometidas por el alcalde José Luis Martínez-Almeida: “Lo que está trayendo es un pelotazo económico, como estamos denunciando, pero ahora también sabemos que es un pelotazo inmobiliario vergonzoso de dimensiones internacionales. Parece increíble, pero sí, en la web de la F1 se alquilan los pisos turísticos ilegales que hay en el edificio de la calle Santa Ana, 6, en el que vive —más bien resiste— Paquita. La vecina a la que intentaron desahuciar hace unos meses para convertir el edificio completo en hotel”.

La F1 no ha creado el problema, pero mira por dónde, está poniendo foco internacional a que Almeida ha convertido Madrid en un parque temático para especuladores

Rita Maestre — Portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento

“La cosa no acaba aquí. El Ayuntamiento permite comercializar una VUT cesada por la Agencia de Actividades como alojamiento oficial de la F1. Ya tenemos el pack completo: un edificio residencial, paradigma del Plan Expulsa de Almeida, convertido en negocio turístico con el sello internacional de la F1. ¡Vaya casualidad, ¿eh?! Esto es el Plan Reside funcionando exactamente como avisamos desde Más Madrid: mientras Almeida presume de proteger la vivienda, abre la puerta a que fondos buitre y operadoras turísticas se forren a costa de quedarse con edificios en el centro mientras expulsan a las vecinas y vecinos”, expone la líder de la oposición municipal.

El Plan Reside separa a turistas de residentes, ya que prohíbe los Airbnb dispersos en el corazón de Madrid y a cambio ofrece dedicar edificios enteros a los apartamentos turísticos, con ciertas condiciones. Fuera de la almendra central que circunscribe la M-30 (no es este caso), pueden habilitarse en bajos, sótanos o primeras plantas. A priori parece más restrictivo que el Plan Especial de Hospedaje aprobado durante el mandato de Manuela Carmena, al que sustituye desde que entró en vigor en septiembre de 2025, ya que permite viviendas turísticas en menos lugares. No obstante, ha abierto la puerta a una posibilidad que no existía: convertir edificios residenciales enteros en pisos turísticos, lo que puede suceder en el 73% de bloques de la almendra central de Madrid, según un estudio que publicó el PSOE.

Maestre opina que este controvertido anuncio es solo un reflejo simbólico de una dinámica generalizada: “Almeida sabe que los pisos turísticos de la calle Santa Ana son ilegales, pero no los cierra, como no cierra las miles de VUT en esta ciudad. En algún despacho de este Ayuntamiento a alguien le interesa que sigan abiertos”. Y añade: “La F1 no ha creado el problema, pero mira por dónde, está poniendo foco internacional a que Almeida ha convertido Madrid en un parque temático para especuladores. Exigimos a Almeida que cierre de inmediato los pisos turísticos ilegales, los de Santa Ana y todos los demás, y le exigimos explicaciones de cuántas viviendas se han sacado al mercado vinculadas al pelotazo de la F1”.

El anuncio de Madring subraya las características de La Latina a nivel de gastronomía o casticismo, esas mismas características que la especulación hace tambalearse: “Este apartamento está situado en pleno centro de la ciudad, a pocos metros de la estación de metro de La Latina, uno de los barrios más emblemáticos y con más carácter de Madrid. La Latina es conocida por su excelente escena de tapas, donde conviven tabernas tradicionales, bares históricos y restaurantes modernos e innovadores. Es el lugar ideal para disfrutar de un aperitivo dominical o para recorrer El Rastro, el icónico mercadillo al aire libre de Madrid”.

El texto destaca la “ubicación céntrica” y “excelentes conexiones” de la estancia, aunque se tardan unos 50 minutos en llegar al entorno del Gran Premio en Ifema a través del transporte público. La propia página indica que entre un punto y otro median 9,88 kilómetros.

Madring dispara los precios (y las polémicas) de la turistificación

Las pestañas del portal de Madring dirigidas a hoteles y hospitality ejemplifican la contribución del proyecto a la turistificación y el alza de precios de los alojamientos. El portal incluye apartamentos y hoteles próximos a Ifema o Valdebebas, pero también en otros puntos de la ciudad, sobre todo en el centro. Con ello, muchos visitantes pueden conocer el resto de la ciudad aprovechando el viaje. La tarifa media se ha disparado un 69,60% y alcanza los 485 euros frente a los 286 de 2025, según las cifras que maneja la plataforma de comercio hotelero Site Minder. La estancia media aumenta un 7,50%, para pasar de 2 días el año pasado en las mismas fechas a 2,15 días en torno al evento.

La de Paquita no es la primera controversia que ha surgido en torno a las viviendas turísticas y Madring. El PSOE de Madrid ha presentado una solicitud ante la Agencia de Actividades por la proliferación de alojamientos temporales sin licencia cerca del circuito. Los precios en sus anuncios para los tres días de competición superan en muchos casos ampliamente los 10.000 euros. Una de las ofertas alcanza incluso los 17.000 (en una casa con cuatro habitaciones para seis personas), dentro de lo que el concejal Antonio Giraldo define como una “clara lógica especulativa originada por el propio Gran Premio”. Queda por ver si, esta vez, la actuación de la Agencia es eficaz.

El decreto de medidas para hacer frente a la crisis de vivienda, que incluirá la reactivación de la prórroga de los alquileres por dos años, sigue bloqueado. Lo previsto inicialmente era que este paquete se aprobara durante el mes de julio, pero la imposibilidad de alcanzar un acuerdo que satisficiera a la misma vez a los socios de izquierdas y a los de derechas del Gobierno obligó a la Moncloa a retrasar hasta después del verano su puesta en marcha. Y agosto tampoco ha servido para encarrilar el texto: Podemos y Junts siguen sin estar convencidos de apoyarlo, cada uno por motivos diferentes, y el estallido de la crisis migratoria de Ceuta ha monopolizado los esfuerzos del Gobierno y ha retrasado la aprobación del decreto, aunque el Ejecutivo no ha renunciado a su promesa de sacarlo adelante en septiembre.

A finales de julio el Ministerio de Vivienda anunció que había decidido “trasladar la aprobación del decreto al mes de septiembre para lograr un acuerdo con las fuerzas parlamentarias”. Fuentes de la Moncloa explican que sus planes pasaban por iniciar el nuevo curso político con varios anuncios de carácter social y, entre ellos, el pacto para sacar adelante el decreto. Con esa estrategia el Ejecutivo pretendía retomar la iniciativa en una materia capital para su electorado e iniciar con buen pie el calendario que culminará con las elecciones generales, que improrrogablemente deberán celebrarse en el año 2027.

Pero la situación de Ceuta ha hecho saltar por los aires esa hoja de ruta. Con todos los focos puestos en la ciudad autónoma, fuentes de la Moncloa explican que sus esfuerzos han estado centrados en abordar la crisis y en intentar devolver la normalidad a un territorio en el que se mantienen hacinados varios miles de personas más de un mes después de la entrada masiva e irregular de más de 70.000 inmigrantes. Otras fuentes del Gobierno matizan, por su parte, que no se ha roto el contacto con los grupos parlamentarios, pero lo cierto es que, a principios de septiembre, la situación es la misma que era en julio: no hay acuerdo ni tampoco demasiados avances con los grupos en los que mayor rechazo causó el borrador inicial del decreto, que son Junts y Podemos.

Preguntada por el avance de estas conversaciones, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se mostró hace unos días muy crítica y aseguró que el Ejecutivo no ha llamado desde finales del mes de julio a los morados para retomar la negociación del decreto de vivienda. “El Gobierno se ha ido de vacaciones en el peor momento posible”, espetó Belarra, que afirmó desconocer si la Moncloa ha “tirado la toalla” y ha renunciado a aprobar el paquete de medidas, algo que el Ejecutivo niega taxativamente. “Se escapa totalmente a mi comprensión”, lamentó la líder de Podemos, que insistió en su negativa a apoyar el decreto siempre y cuando incluya “una reforma de la ley del suelo” acompañada de “medidas cosméticas” en materia de vivienda.

Junts, por el contrario, lleva desde finales de julio sin pronunciarse sobre el avance de las negociaciones con el Gobierno. Fuentes gubernamentales, no obstante, aseguran que los independentistas no les han trasladado en ningún momento que quieran romper las conversaciones, e interpretan algunos de sus últimos movimientos como un intento de elevar el precio de sus apoyos. Es el caso, por ejemplo, de la proposición de ley que registraron la semana pasada los independentistas para volver a intentar que se apruebe la delegación de competencias sobre inmigración a Catalunya. Ese traspaso fue rechazado hace unos meses por la negativa de Podemos a apoyar un texto que consideraba racista.

Junts ha modificado su exposición de motivos para intentar sortear esta oposición, aunque sigue sin convencer a los morados. Y el PSOE tampoco parece especialmente contento con el movimiento de los independentistas. Este jueves, el presidente Pedro Sánchez criticó que ese texto “excede algunos de los elementos acordados” por Junts y los socialistas hace meses en relación a la delegación de competencias, una afirmación ante la cual la portavoz independentista Míriam Nogueras acusó a Sánchez de no haberse “leído la ley” o de “volver a mentir”, puesto que el articulado, dijo, es “exactamente el mismo” que el pactado con el Gobierno.

El mismo rechazo por distintos motivos

En cualquier caso, la negativa de Junts a apoyar el decreto de vivienda en los términos en los que lo ha propuesto el Ejecutivo viene de lejos. Ya en julio, los independentistas catalanes se mostraron críticos con un borrador que, entendían, “mantiene las medidas que perpetúan las okupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario”. Junts se quejaba de que no se incluyeran propuestas suyas como la exención de impuestos a todos los inquilinos —se limitaban esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, la deducción para los pequeños propietarios hipotecados, medidas para facilitar los desahucios exprés o la desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda.

Podemos, por su parte, insiste en que no piensa apoyar ningún decreto que modifique la ley del suelo, algo que el PSOE lleva toda la legislatura intentando sin éxito por el rechazo de los partidos a su izquierda, incluido Sumar, que tampoco ha respaldado en esto a su socio de Gobierno en los últimos años, aunque en esta ocasión sí había aceptado la reforma para intentar facilitar la puesta en marcha del decreto de vivienda. A juicio de los morados, las modificaciones en esta ley que pretenden introducir los socialistas en el paquete de medidas de vivienda suponen “abrir una autopista a los pelotazos urbanísticos”, “legalizar muchísimos proyectos ilegales” y “abrir la puerta a más especulación”.

En concreto, el borrador del decreto que planteó en julio el Gobierno a los grupos planteaba cambios en varios de los artículos clave de la ley del suelo. Uno de los más importantes es el relativo al artículo 55, el que establece la “nulidad y anulabilidad de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística”. Con su nueva redacción, el Gobierno busca que un plan urbanístico solo pueda declararse nulo si se detectan un cierto número de defectos especialmente graves, como la incompetencia manifiesta del órgano que aprueba el plan, la omisión total del procedimiento, la falta de evaluación ambiental, la ausencia de información pública, la omisión de informes esenciales o la inexistencia de una memoria justificativa suficiente. Con el resto de defectos, el decreto permitiría a las administraciones revertir los mismos antes de tumbar todo el plan, incluso aunque un tribunal haya determinado la ilegalidad de la actuación urbanística.

La segunda de las críticas de Podemos, la relativa a las expropiaciones, se trata en el artículo 47 de la ley del suelo, que también se modifica. El borrador de decreto elaborado por el Gobierno reduciría las posibilidades de cuestionar un plan urbanístico a partir de los cuatro años posteriores a su aprobación, y además solo permitiría pedir la impugnación por defectos materiales, no procedimentales, lo cual limita la acción de grupos que pudieran protestar contra eventuales ilegalidades.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha anunciado la presentación de una ley para eliminar la ayudas al alquiler para los altos cargos de la Junta de Andalucía. Una ayuda que ha cuantificado en 2.000 euros “limpios” para los cargos y que ha calificado como “una auténtica barbaridad” coincidiendo con “el récord” de altos cargos del actual ejecutivo andaluz.

“Mientras los andaluces pasan muchísimas fatiguitas para pagar el alquiler y la hipoteca, nos parece una barbaridad que a los altos cargos de la Junta de Andalucía se les den hasta 2.000 euros al mes limpios, quitando salario y quitando dieta, para pagar el alquiler. Nos parece alucinante”, ha remarcado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento.

García ha recordado que el PP propuso eliminar estas ayudas “cuando estaba en la oposición”. “Resulta que, desde que gobierna el Partido Popular, se han duplicado los beneficiarios de estas ayudas al alquiler a los altos cargos. Y, además, han subido el coste de estas ayudas”, ha reiterado.

“Es el coste de 730 médicos especialistas”

En esta línea, ha equiparado el coste total desde la Junta hacia los altos cargos con “el coste de 730 médicos especialistas en la Junta de Andalucía”. “Solo la ayuda al alquiler a los altos cargos nos cuesta lo mismo que 90.200 horas del servicio de ayuda a la dependencia”, ha aseverado.

García ha defendido que los miembros de la Junta “ya cuentan con dietas de desplazamiento y manutención”. “Yo creo que a los cargos públicos no les debe costar dinero ese cargo público, creo que los gastos hay que pagarlos. Pero una ayuda extraordinaria, opaca, sin justificación ninguna, de 2.000 euros al mes al alquiler, a mí me parece un privilegio y un gusto”, ha remarcado.

Por otra parte, el portavoz ha pedido “recursos extraordinarios” para Ceuta ante la crisis humanitaria que sufre la ciudad autónoma desde final de julio. Asimismo, ha defendido la “acogida inmediata de todos los niños migrantes que están ahora mismo en Ceuta” junto con la “ruptura de relaciones con el régimen de Marruecos”.

“Yo creo que esa es la grandeza que tiene que tener un país. Dividir, separar entre lo que es el régimen, lo que es una dictadura y lo que es el pueblo, que es un pueblo hermano de Andalucía, y creo que eso es fundamental”, ha destacado. Por ello, ha reiterado la negativa de su partido de participar en las concentraciones en apoyo a Ceuta para la tarde de este miércoles y ha señalado que a PP y Vox “no les importa la ciudad autónoma”.

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa ha presentado este martes los datos del mercado inmobiliario correspondientes al segundo trimestre de 2026. El informe destaca una ralentización de las compraventas y el encarecimiento de la vivienda, pero también pone el foco en la falta de estadísticas actualizadas sobre el alquiler. Por un lado, Gipuzkoa registró 2.041 operaciones de compraventa entre abril y junio, un 8,2% menos que un año antes. La situación es todavía más complicada en el mercado del alquiler.

La Estadística del Mercado de Alquiler (EMAL) del Gobierno vasco solo está actualizada hasta el cuarto trimestre de 2025 y, según José Luis Polo, presidente del COAPI de Gipuzkoa, esta falta de diferenciación entre alquiler de larga y corta duración distorsiona la realidad del mercado. El representante de los agentes de la propiedad denuncia que “se está utilizando el alquiler temporal para esquivar la aplicación de las áreas tensionadas con la ambición de camuflar sobre ello una vivienda habitual”, lo que “hace que el precio se escape del control de la ley”. Los datos disponibles reflejan, además, un desplome interanual del 21,7% en los contratos de alquiler firmados.

A pesar de la falta de datos sobre la situación actual del alquiler, Polo ha señalado que el problema continúa presente a partir de lo que le trasladan las inmobiliarias, que aseguran no estar recibiendo ofertas. Por ello, ha apelado al consejero de Vivienda, Denis Itxaso, y al delegado de Gipuzkoa, Alfonso Sanz, para que agilicen la actualización de las estadísticas de la EMAL. Polo considera que trabajar con datos que llegan con dos o tres trimestres de retraso impide evaluar el efecto de medidas como las zonas tensionadas y los límites al alquiler. “No podemos opinar de lo que no sabemos”, resume el presidente del COAPI guipuzcoano.

Una situación contradictoria en el mercado de la vivienda

En la compraventa, los datos muestran también un mercado difícil de interpretar, aunque en este caso sí se cuenta con cifras actuales. Mientras el número de operaciones desciende y la oferta aumenta tanto en el Euskadi como en Gipuzkoa, el precio de la vivienda continúa al alza. Para Polo, se trata de un comportamiento que rompe con la relación habitual entre una menor actividad y una moderación de los precios, aunque mantiene la esperanza de que estos terminen moderándose.

La vivienda usada concentra la mayor parte de las operaciones. En Euskadi representa el 83% de las compraventas del segundo trimestre, frente al 17% de la vivienda nueva. En Gipuzkoa, la diferencia es todavía mayor: de las 2.041 operaciones registradas, 1.854 fueron de vivienda usada, el 90,8%, mientras que solo 187 correspondieron a vivienda nueva, un 9,2%. Luis Fabra, director de la Cátedra de Mercado Inmobiliario, considera que la vivienda usada permite observar mejor el comportamiento más reciente del mercado, ya que las operaciones de obra nueva arrastran un desfase temporal entre la compraventa y su escrituración.

Los datos acumulados de los últimos doce meses apuntan, según Fabra, a un cambio de tendencia. Gipuzkoa suma 8.289 compraventas anualizadas, una cifra todavía elevada, pero un 2,1% inferior a la del año anterior. El experto ya había anticipado que “el año 2026 va a ser peor que el año 2025, aunque también anticipamos, no va a ser un mal año”. A pesar del descenso, las cifras continúan por encima de las registradas en otros trimestres y años, y lejos de las caídas más pronunciadas de compraventas de 2007 y 2021.

Sin embargo, Fabra sitúa el precio como uno de los principales obstáculos para mantener el ritmo de actividad. Los altos niveles de precio “es el mayor enemigo del mercado en el sentido de la actividad”, señala. En su opinión, el momento actual está marcado por una “intensificación del precio de la vivienda”, con unos costes que dificultan cada vez más el acceso a la compra para buena parte de la población. El metro cuadrado en Gipuzkoa alcanzó los 3.970 euros durante el segundo trimestre, un 3,8% más que en el trimestre anterior y el máximo histórico registrado. En el caso de la vivienda usada, el precio medio se situó en 3.843 euros por metro cuadrado, con un incremento interanual del 6,4%.

Pese al encarecimiento de la vivienda, el esfuerzo hipotecario de las familias se mantiene, por ahora, dentro de los niveles considerados asumibles por el sector bancario, según ha explicado Sergio Aparicio. La cuota mensual media alcanzó los 847 euros, un 9,4% más que un año antes, mientras que las familias destinan de media el 31,1% de sus ingresos al pago de la hipoteca, una proporción considerada “óptima” por el sector. Además, la duración media de los préstamos se mantiene en 25,5 años.

El Gobierno de Navarra abrirá este martes un nuevo procedimiento para la adjudicación de 137 viviendas protegidas, 40 en régimen de compra y 97 destinadas al alquiler. Será en las de alquiler en las que se estrenará el sistema de adjudicación mediante sorteo, que tendrá lugar el 22 de septiembre (los resultados se conocerán en los días posteriores) y se podrá seguir en directo a través de este enlace. El proceso para optar a alguna de las promociones estará disponible entre el 1 y el 10 de septiembre de forma telemática en ficha del catálogo de trámites.

Las 40 viviendas para compra se sitúan en Tudela, en la zona del polígono industrial 2, y cuentan con 2, 3 y 4 dormitorios. Del total de inmuebles, 21 están dirigidos para el tramo de renta bajo y 14 para el alto. Además, se reservan cinco viviendas para personas con discapacidad, víctimas de terrorismo, víctimas de género y familias numerosas, ha informado el Gobierno foral.

Las 97 viviendas en régimen de alquiler son las primeras que se adjudican mediante sorteo. Se situarán en Alsasua (21 viviendas promovidas por Nasuvinsa), Ansoáin (6, promovidas por Orlan 2019) y Mutilva (70, promovidas por Nasuvinsa), e incluyen viviendas entre uno y cuatro dormitorios, según la promoción.

El sorteo de estas viviendas será público y ante notario, y se realizará entre las personas incluidas en la reserva general, que se distribuirán en cuatro grupos en función de su edad y de si están o no empadronadas en el municipio de la promoción. Así, se diferenciará entre personas jóvenes (de 35 años o menos) y de 60 años o más empadronadas, personas de esos mismos tramos de edad no empadronadas, personas empadronadas y resto de personas. Cada solicitante participará únicamente en el grupo que le corresponda y optará exclusivamente a las viviendas cuyo número de dormitorios coincida con el que especificó en la solicitud al censo.

Las viviendas protegidas se adjudican entre aquellas personas que, cumpliendo los requisitos de acceso, se encuentran inscritas en el Censo de solicitantes. Todas las viviendas de alquiler de régimen general se asignarán mediante sorteo, aunque se mantienen las reservas especiales (personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o de terrorismo, familias numerosas, etc.), que continúan adjudicándose por baremo.

Este nuevo proceso de adjudicación ha introducido también cambios en los requisitos de acceso a la vivienda protegida. A partir de ahora, se solicitan 5.000 euros de ingresos mínimos para acceder al alquiler, 19.000 euros para la compra de VPO, y 24.000 euros para la compra de VPT. Además, se ha elevado hasta los 100.000 euros el límite de ingresos procedentes de transmisiones patrimoniales que pueden tener las personas solicitantes.

Asimismo, se ha ampliado la consideración de las unidades familiares al incluir a las personas convivientes que residan junto con hijos e hijas comunes, aunque no exista vínculo matrimonial ni se haya constituido formalmente una pareja estable.

En Triana, Sevilla, han encontrado a una mujer de 70 años muerta en un trastero. Según publican medios andaluces, llevaba meses pagando un alquiler por vivir allí. Que esto haya podido pasar responde a varios motivos. El primero: la situación de la vivienda es tal ahora mismo que una persona de 70 años puede verse obligada a pagar alquiler por un trastero (¿Tendría siquiera baño? ¿Un lavabo?), sencillamente porque no encuentra nada más barato donde vivir. El segundo: existe un mercado (y un vacío legal) que permite que alguien alquile un trastero para vivir, sin que nada lo impida. Y el tercero: hablamos de un barrio que concentra unas 1.800 viviendas de uso turístico (según estimaciones del sector), lo que da una idea muy evidente de a qué se ha destinado el parque de vivienda que antes ocupaban vecinas como ella.

En paralelo a esta noticia, la OCU publicaba hace unos días que los alimentos acumulan una subida del 35% en los últimos tres años. Lo notamos el común de los mortales con echar algo de carne y verdura al carrito, pero esta obviedad parece extraordinariamente difícil de trasladar a un discurso político que se limita a hablar de la moderación de los precios, del mismo modo que parece imposible trasladar el drama de la vivienda a una política verdaderamente efectiva.

¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues a que cuanto más insiste el Gobierno en que la economía va extraordinariamente bien sin incorporar inmediatamente después la cuestión del coste de la vida, mayor seguirá siendo y será la distancia entre su relato y la experiencia de la gente, hasta que la reivindicación legítima de unos buenos datos macroeconómicos termine sonando casi que a burla. Un gobierno puede sobrevivir a un escándalo de corrupción, incluso a más, puede sobrevivir a una crisis migratoria, incluso con la dimensión de la de Ceuta, pero creo que es difícil que sobreviva a la percepción de que la vida se ha vuelto dificilísima mientras se proclama que todo marcha estupendamente.

Ahora mismo hay miles de estudiantes barriendo Idealista de cabo a rabo para tratar de encontrar un techo bajo el que poder comenzar el curso en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Salamanca. Donde antes compartías piso con un colega por 600 euros en total, ahora pagas la misma cantidad por habitación, sin gastos. Familias de todas partes están haciendo cálculos imposibles para que sus hijos puedan estudiar fuera, y no pocas están desistiendo directamente de la idea de una carrera universitaria lejos de casa porque no se puede con todo.

Y por ahí anda ya el Círculo de Empresarios afilando los colmillos y la motosierra, pidiendo directamente un nuevo mandato electoral para aplicar reformas. Vamos, para abaratar el despido, alargar la jubilación a los 72 años, bajar las cotizaciones a las grandes empresas o recuperar la contratación temporal. Avisar avisan, hay que concederles el mérito de la honestidad, mientras el malestar de las clases medias y trabajadoras sigue alimentando opciones políticas que van a terminar empeorando todavía más su propia situación.

Ese desajuste entre la bonanza de los datos macroeconómicos y la experiencia propia es posiblemente el combustible político más potente de esta década, y se está regalando casi gratis a quienes prometen soluciones simples a problemas muy complejos. Puedes explicar hasta la extenuación que crece el PIB o que mejora el empleo, pero si alguien abre la app del banco y ve que a día uno de mes se le ha ido un 80% del sueldo en alquiler difícilmente va a emocionarse con el cuadro macroeconómico. Ahora que ya parece que estamos en campaña electoral sin estarlo oficialmente, está bien recordar que la macroeconomía nunca será un argumento político autosuficiente.

Vivian de La Caridad Suárez es uno de los rostros de la crisis de vivienda que se ha acrecentado en los últimos años y que golpea en especial a las personas más vulnerables. Pese a que no puede caminar sin la ayuda de su andador se ve obligada a residir en un trastero que le ha prestado un buen amigo en un quinto piso sin ascensor de un barrio de Las Palmas de Gran Canaria, pero en el que no puede quedarse mucho más tiempo, ya que las condiciones no son las más adecuadas para ella. Cuenta que tarda hasta dos horas en bajar esas infinitas escaleras empinadas que la conducen a la calle para comprar comida, ir al médico o a por sus medicinas a la farmacia porque se cansa y porque es muy complicado bajar y subir con el andador. “Aquí paso hasta hambre”, asegura Vivian, que muchas veces no puede salir a comprar comida.

Esta mujer, que llegó de Cuba en el año 2019 solicitando su baja consular, asegura que decidió venir a Canarias porque sus padres y abuelos eran de aquí. En Cuba era ingeniera civil. En Gran Canaria trabajó un tiempo hasta que empezó a sentirse mal de una pierna. Le diagnosticaron fibromialgia y después enfermó de cáncer de mama “de alta agresividad” que requiere de seguimiento en la actualidad. Todo ello la ha llevado a su condición actual de persona con discapacidad que depende de muchos fármacos y tiene muchas dificultades para caminar, además de problemas gástricos, incontinencia urinaria y otros problemas de salud que le impiden trabajar a sus 61 años.

Vivian es perceptora de la renta canaria de ciudadanía (733 euros al mes), tiene reconocida una discapacidad del 49% y ha solicitado la ayuda a la dependencia, la cual está esperando. Distintos avatares de la vida la llevaron a que con esta prestación no pudiera pagarse un alquiler, ya que es lo que cuesta un pequeño estudio en la isla y que es lo que asegura que ella necesita. Su buen amigo le prestó este cuarto de manera desinteresada (sin cobrarle nada) en la azotea temporalmente hasta que ella pudiera tramitar una prestación o acceder a una vivienda adecuada con ayuda de una institución pública.

Empezó a residir en este lugar en diciembre de 2024, pero su amigo y su esposa le habían avisado hace tiempo de que a finales de este mes de agosto necesitan ese cuarto trastero para uso de su familia, ya que habían acordado que sería prestado sin contraprestación económica de forma temporal. Además, las condiciones de salud de Vivian se han agravado y el trastero no reúne las condiciones necesarias para que ella viva. El matrimonio además lo componen personas mayores que tampoco pueden ayudarla subiendo y bajando esas escaleras. “Yo les estoy muy agradecida con lo que han hecho hasta ahora”, asegura Vivian. “Yo lo que quiero no es que me den una casa. Quiero que las instituciones me ayuden con un techo en el que vivir”, insiste. Pero lamenta que aunque siente que el pueblo canario “ayuda” los gobernantes no siempre “sienten el dolor ajeno” en especial con la situación de la vivienda.

La lucha por una vivienda adaptada

“Lo que hago no es un reproche al pueblo canario que me ha tratado muy bien siempre, es a los gobernantes, que me ayuden para poder pagar un estudio en condiciones en una primera planta o en un piso con ascensor porque gano 700 euros y así no me hacen un contrato de alquiler”, explica Vivian.

La mujer se ha movido en los últimos meses tocando las puertas de varias instituciones. Muestra con documentos cómo ha solicitado entrar en el programa Canarias Prohogar del Gobierno de Canarias, pero a mediados de agosto se le respondió que le faltaba documentación. Asegura que le insisten en que es un programa para personas en situación de desahucio judicial y que en su caso ha aportado que tiene que dejar ese trastero prestado a finales de agosto y que se trata de una persona con discapacidad, por tanto, vulnerable.

Vivian recuerda que en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma se recoge que “Canarias Prohogar dota de una bolsa de viviendas destinadas a aquellos casos de especial urgencia y necesidad, con atención singular a quienes presenten circunstancias o situaciones especialmente sensibles como discapacidad, violencia de género, etc”. Por lo tanto, la discapacidad, como es su caso, está recogida.

Asimismo, muestra que es demandante de vivienda protegida en Canarias. Una solicitud que realizó en mayo de este año haciendo hincapié en su condición de discapacidad. En las Islas hay más de 34.000 demandantes de vivienda protegida y este año han cambiado los requisitos y en lo que va de año no ha adjudicado la construcción de ninguna vivienda protegida de promoción pública.

En su pequeño cuarto adaptado indica las evidencias de toda la información que ha recopilado y los informes y las solicitudes que ha enviado. También al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a quien ha solicitado el informe de vulnerabilidad social, del que asegura que no le han facilitado aún una copia.

“La diputada del común sí se ha interesado por mi caso y han abierto expediente y han hecho seguimiento”, asegura. “También he acudido al Defensor del Pueblo”, afirma.

Vivian asegura que seguirá luchando hasta conseguir mejorar sus condiciones. En Gran Canaria no tiene familia y su amigo en la isla ya le ha ayudado bastante todo este tiempo. Asegura que se ha caído ya varias veces y que este trastero no reúne las condiciones idóneas dadas sus circunstancias.

Esta redacción ha contactado con la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias para valorar el caso de Vivian y solo comentaron que se está evaluado por el ICAVI y que el caso permanece actualmente abierto a la espera de que Vivian presente los documentos requeridos, a pesar de que no aportan información sobre qué documentos faltan. Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no se ha obtenido respuesta por el momento sobre si se conocía el caso.

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián-Zinemaldia, que celebra su 74 edición del 18 al 26 de septiembre, impulsan 'Cine y Vivienda', un ciclo de cuatro películas sobre el hogar, la desigualdad y los proyectos de vida. Además, el departamento de Vivienda colocará un punto Gaztelagun de la plaza Okendo permitirá a las personas de 18 a 35 años informarse, resolver dudas y presentar directamente la solicitud de la ayuda al alquiler, según ha explicado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno asco, Denis Itxaso.

“Queremos acercar Gaztelagun a los espacios donde está la juventud, también a aquellos en los que se fomenta la conversación, la cultura, el debate y el pensamiento crítico sobre uno de los asuntos públicos que más impacto tiene en sus vidas”, ha explicado. El año pasado se colocó un punto de información sobre este programa de alquiler en el BBL Live.

Itxaso ha subrayado que esta iniciativa “traslada al lenguaje del cine una de las principales preocupaciones de la juventud vasca y convierte la presencia del departamento de Vivienda en el Festival en un recurso útil”. “Una invitación a contemplar la vivienda desde la cultura y, al mismo tiempo, un punto en el que conocer las ayudas disponibles y tramitar directamente una solicitud”, ha añadido.

El consejero vasco ha reflexionado sobre el hecho de que “la vivienda condiciona hoy demasiadas decisiones vitales de las personas jóvenes: cuándo emanciparse, dónde vivir, con quién compartir un proyecto o qué expectativas de futuro pueden construir”. “Por eso queremos acercar Gaztelagun a los espacios donde está la juventud, también a aquellos en los que se fomenta la conversación, la cultura, el debate y el pensamiento crítico sobre uno de los asuntos públicos que más impacto tiene en sus vidas”, ha señalado.

Denis Itxaso ha enmarcado esta colaboración en la línea iniciada el pasado año con la acción divulgativa de Gaztelagun, desarrollada en el entorno del BBK Live, con el objetivo de “sacar la información pública de los canales administrativos habituales y acercarla a espacios de encuentro, participación y socialización de la juventud vasca”.

El consejero ha recordado que Gaztelagun “reduce de forma directa el esfuerzo económico de miles de jóvenes, mientras el Gobierno vasco trabaja para aumentar la oferta de vivienda asequible”. “Gaztelagun no sustituye el reto estructural de ampliar esa oferta, pero sí reduce de forma directa el esfuerzo económico de muchas personas jóvenes y les ayuda a no aplazar indefinidamente su proyecto de vida”, ha incidido. El consejero ha defendido que el “deber” de las instituciones es “combinar soluciones estructurales con herramientas útiles en el corto plazo, y hacerlo además con un lenguaje y en unos espacios que conecten con la realidad de quienes más dificultades tienen para emanciparse”.

El ciclo 'Cine y Vivienda' del Zinemaldia proyectará 'El pisito/ The Little Apartment' de Marco Ferreri (1958), 'Cinco metros cuadrados/ Five Square Meters' de Max Lemcke (2011), 'Gisaengchung / Parasite/ Parásitos' de Bong Joon-ho (2019) y un último título que se confirmará próximamente. El programa comenzará el 22 de septiembre a las 09.00 horas en la sala 1 de los cines Trueba con la proyección de 'Cinco metros cuadrados' ante el Jurado de la Juventud y una presentación de Denis Itxaso.

Además, la colaboración entre el departamento vasco de Vivienda y Agenda Urbana y el Festival de Cine tendrá “una vertiente práctica dirigida a la juventud”, ya que, durante el certamen Gaztelagun contará con un punto informativo en la plaza Okendo en el que las personas de entre 18 y 35 años podrán conocer el programa, resolver sus dudas y recibir apoyo para presentar directamente la solicitud.

Bajo el lema 'Toda historia necesita un lugar', el espacio “acercará la política pública de vivienda a uno de los principales puntos de encuentro cultural y juvenil de Euskadi”, ha asegurado.

Itxaso ha recordado que Gaztelagun cubre hasta el 60% de la renta mensual, con un máximo de 300 euros por persona y mes. Los ingresos máximos para acceder al programa se sitúan en 30.000 euros para solicitudes individuales, 36.764 euros para unidades convivenciales de dos personas y 39.184 euros para familias numerosas. Desde este año también son subvencionables el alquiler de habitaciones y el subarriendo, y pueden concederse hasta dos ayudas por vivienda compartida cuando cada unidad convivencial dispone de su propio contrato.

El consejero ha destacado que desde la entrada en vigor de las “mejoras” del programa se han recibido 526 solicitudes en en las tres primeras semanas, frente a las 258 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 104%. La ayuda media asciende a 273 euros mensuales y cubre aproximadamente el 52,1 % del alquiler de las personas perceptoras.

El programa cuenta con 7.679 personas perceptoras activas y durante 2026 ha prestado apoyo económico a 9.106 jóvenes. Desde su puesta en marcha, 17.326 personas se han beneficiado de Gaztelagun, con una inversión acumulada superior a 96,2 millones de euros.

La portavoz adjunta del PSPV en las Corts, María José Salvador, ha denunciado este viernes que el Consell haya esperado hasta este 21 de agosto para publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana las ayudas al alquiler joven correspondientes a 2026, ocho meses después de que comenzara el año y cuando miles de jóvenes llevan meses haciendo frente al pago de sus alquileres.

La dirigente socialista ha criticado especialmente que la convocatoria se publique en pleno mes de agosto y establezca únicamente 15 días hábiles para presentar las solicitudes.

“En pleno mes de agosto y en la víspera de un fin de semana, el Gobierno valenciano tiene la delicadeza de publicar las ayudas al alquiler joven. La gente está pagando su alquiler desde enero y el Consell vuelve a llegar tarde”, ha señalado Salvador, quien ha cuestionado que las ayudas se convoquen en un momento en el que buena parte de la ciudadanía se encuentra de vacaciones.

La portavoz adjunta socialista ha destacado además que la mayor parte de la financiación de estas ayudas procede del Gobierno de España. Según la resolución publicada hoy, el Ejecutivo central aporta 22,8 millones de euros frente a los 7 millones de la Generalitat Valenciana.

“El Gobierno de España triplica la aportación económica al bono joven. Es el Gobierno de España el que está impulsando y ayudando a los jóvenes y no tan jóvenes de la Comunitat Valenciana a emanciparse y acceder a una vivienda”, ha apuntado.

Salvador ha contrapuesto esta situación con la política de vivienda protegida del Consell y ha asegurado que “el problema de la vivienda en la Comunitat Valenciana se llama Partido Popular”. En este sentido, ha añadido que “el Partido Popular y el señor Pérez Llorca ni están ni se les espera en materia de vivienda”, al considerar que el Consell no está dando respuesta a uno de los principales problemas de las familias y jóvenes valencianos.

La portavoz adjunta del PSPV en Les Corts ha recordado además que el pasado 14 de agosto se publicó la segunda subida del precio de la vivienda protegida en menos de dos años, que eleva el incremento acumulado del módulo hasta el 16,6%.

“Si la respuesta del Gobierno valenciano, del Partido Popular, a la crisis habitacional que tienen las valencianas y valencianos es subir los precios de la vivienda protegida, sinceramente creo que está todo dicho”, ha señalado.

Según ha denunciado el PSPV-PSPE, el nuevo módulo puede situar las cuotas hipotecarias de una vivienda protegida en torno a los 900 euros mensuales y, de acuerdo con los datos del Colegio de Notarios, el precio de la vivienda protegida se situaría por encima del precio medio de la vivienda usada en las tres provincias valencianas.

Por todo ello, el Grupo Socialista en las Corts Valencianes presentará una iniciativa parlamentaria para reclamar la retirada de las dos subidas consecutivas del módulo de la vivienda protegida.

“El Partido Popular se está convirtiendo en un agente más del mercado de la especulación de la vivienda”, ha concluido Salvador, que ha defendido que la vivienda protegida debe cumplir su función de garantizar el acceso a una vivienda a las personas que no pueden hacerlo en el mercado libre.

El presidente de la Unión Deportiva Logroñés, Félix Revuelta, quiere que la ciudad deportiva siga creciendo y para ello está proyectando una residencia para su cantera de 1.800 metros cuadrados para la que prevé una inversión entre dos millones y dos millones y medio de euros. Revuelta, una de las mayores fortunas de La Rioja y accionista mayoritario de la multinacional diétetica Naturhouse, ya ha pedido públicamente al Gobierno de La Rioja la declaración de proyecto de interés regional, lo que agilizaría los plazos para las obras. Los planes de la entidad pasan por que los futbolistas que se alojan en la residencia de Félix Revuelta en Calvo Sotelo se trasladen a la ciudad de deportiva, dejando libre la del centro para el mercado libre de alquiler.

Según han explicado desde el club, el proyecto plantea la construcción de una segunda planta en los dos edificios que tiene actualmente la UD Logroñés en la Ciudad Deportiva del barrio de Valdegastea, que se destinaría a alojar a los futbolistas de la cantera. El propio Félix Revuelta ha explicado que el proyecto contempla una capacidad de 45 habitaciones, que pueden tener de una a tres plazas cada una. Además de instalaciones como una sala de estudios, donde podrían estudiar de manera telemática, comedores y cocina.

La residencia actual para el mercado del alquiler

La idea actual es que se alojen allí los futbolistas que desde 2022 viven cada temporada en el edificio de 1914 de la céntrica calle Calvo Sotelo, 12 que rehabilitó el presidente del club, Félix Revuelta, después de comprárselo a la Cocina Económica por 800.000 euros. Los planes iniciales para los apartamentos de este edificio cuando lo adquirió en 2019 pasaban por su puesta en el mercado del alquiler y este es el uso que tendrán al trasladar a los jugadores a Valdegastea. “Es mejor para la ciudad que necesita pisos, además va a ser alquiler barato”. De hecho, varios pisos ya están en el mercado libre y algunas ya están alquilados a particulares. El presidente de la UDL justifica que el club “necesita tener controlados a los chicos”, mientras que en el centro no tienen horarios de entrada y de salida.

Además, con estas obras, Revuelta busca también ser subsede del Mundial 2030. “La Federación vino a ver las instalaciones y nos dio el ok, lo único que no dio el ok es que como no había hoteles grandes de cinco estrellas en Logroño para poder hospedarse las selecciones, habría un problema”, ha apuntado el presidente de la UDL, que asegura que con las 45 habitaciones que proyecta en la Ciudad Deportiva se podría alojar “perfectamente” un selección.

Mientras tanto, Revuelta ya ha manifestado su voluntad de empezar. “Estoy a punto, tenemos todo montado, tengo presupuestos y hemos hecho la acometida con el agua de Logroño a falta de la autorización del Ayuntamiento para conexionar”, ha dicho. Sin embargo, para ello necesita las correspondientes licencias y la recalificación del suelo para permitir su uso residencial, un camino que se acortaría con la declaración de proyecto de interés supramunicipal que ha solicitado y defendido. “Esta es una iniciativa por el bien de toda la comunidad, para los chicos de Nájera, de Haro o de Ocón”, dijo en rueda de prensa. “Podríamos poner a Logroño dentro del mapa de las ciudades deportivas de España, que ya está, pero falta la residencia”, ha defendido Revuelta a Rioja2.

También solicita al Ayuntamiento de Logroño que complete la urbanización de la zona “para ofrecer seguridad” mientras que el club desarrollará la incluida en sus terrenos y pide además que llegue hasta allí el transporte urbano.

Vía rápida para la recalificación del suelo

En la práctica, la declaración de Proyecto de Interés Supramunicipal, regulada por la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, permite al club evitar el obstáculo que supondría modificar el Plan General Municipal para la recalificación de los terrenos. Al solicitar la declaración de interés supramunicipal, el cambio de uso a residencial pasa a ser competencia directa del Gobierno de La Rioja. El Ayuntamiento no queda excluido del proceso, que es consultado y puede emitir informes, pero pierde el poder de veto: si la Comunidad Autónoma aprueba el proyecto de forma definitiva, el Consistorio logroñés queda legalmente obligado a modificar su planeamiento e integrar el nuevo uso.

Esta vía acorta además los tiempos burocráticos al unificar en un solo expediente regional los trámites ambientales y urbanísticos y blinda el proyecto. Una vez aprobada la declaración autonómica, la concesión de licencias de obra por parte del Ayuntamiento pasa a ser un mero trámite administrativo reglado. Por el momento, el Gobierno de La Rioja se ha limitado a comunicar que los técnicos están estudiando la solicitud y consideran que “no procede valorar”. Tampoco el Ayuntamiento de Logroño ha querido hacer valoraciones puesto que tras la solicitud de proyecto de interés supramunicipal señalan que ahora es el Gobierno quien tiene que decantarse y prefieren “no interferir”. Por su parte, Félix Revuelta ya ha dicho públicamente que los primeros contactos han sido “positivos”

El presidente del club defiende que el proyecto es de interés regional porque, según dice, “un niño de Cameros o de Arnedo que quiere jugar al fútbol se tiene que ir fuera y de esta forma estaría en casa”. Para la construcción de la residencia, el suelo tiene que permitir el uso residencial, aunque el presidente asegura que los terrenos van a estar siempre ligados al uso deportivo. “El proyecto que hemos presentado tanto al Ayuntamiento como al Gobierno de La Rioja es un proyecto de futuro de tener un hotel más grande de alto rendimiento, con más campos de fútbol... esto es propiedad de la Unión Deportiva Logroñés y es una propiedad que va a ser de uso deportivo”. Y subraya: “Aquí no hay interés económico, al contrario, es invertir dinero en un proyecto de futuro para la ciudad y para el deporte”.

La UD Logroñés deja ahora en el tejado del Gobierno de La Rioja el debate sobre el uso de los mecanismos autonómicos de 'vía rápida' por parte de la iniciativa privada. Al solicitar la figura de Interés Supramunicipal —concebida originariamente para proyectos públicos excepcionales o de urgente necesidad colectiva—, la entidad busca acelerar los plazos y esquivar las exigencias del plan municipal de Logroño para recalificar el suelo que tienen en Valdegastea. El Ejecutivo regional debe decidir si convalida este atajo burocrático y concede un marco de excepción a una de las mayores fortunas de la región o si exige al club someterse a los mismos cauces, controles y tiempos que rigen para el resto de proyectos de la capital.

Un esfuerzo inédito en 15 años por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para poner vivienda a disposición en la ciudad de Toledo.

Para los próximos meses o años estarán disponibles o comenzarán a construirse un total de 612 viviendas destinadas al alquiler “asequible” y hay previstas otras 231 viviendas más para la venta, prevista en dos parcelas reservadas a cooperativas de vivienda, y que en la actualidad se encuentran en periodo de licitación pública.

En pleno proceso para que ciudad pueda dotarse de un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), porque el que tiene vigente data, nada más y nada menos, que del año 1986, tras varios intentos de aprobar un nuevo planeamiento que ha sido tumbado en los últimos años en los tribunales.

El nuevo POM que se está preparando recoge una proyección de 17.000 nuevas viviendas en la ciudad (en un primer borrador se habla incluso de más de 31.000), aunque el Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de rebajar las expectativas de PP y Vox, y reduce esa necesidad a unas 7.656 hogares más para el año 2039, según ha avanzado Toledodiario.es. Para entonces, Toledo tendría más de 100.000 habitantes. Hoy cuenta con algo más de 87.000.

¿Cómo serán y dónde estarán las nuevas viviendas que se proyectan a corto plazo? Habrá 210 de alquiler asequible, que ya están en construcción, más otras 316 que se van a empezar a construir. A estas deberían añadirse otras 86 viviendas que están inacabadas y que finalmente se dedicarán al alquiler. En total, 612 viviendas.

A esas se sumarán 231 viviendas que se pondrán a la venta, a través de cooperativas.

En septiembre, más obras en el barrio del Polígono

Una de las promociones que empezará a ver a luz ahora es la que corresponde a las 316 viviendas de alquiler asequible previstas en la calle Río Fresnedoso del barrio del Polígono de Toledo. Las obras comenzarán en septiembre, según ha avanzado el director gerente de la empresa pública Gicaman, Roberto Cámara García.

La previsión supone adelantar el inicio respecto a las últimas fechas manejadas por el Gobierno regional, que situaban el comienzo de esta promoción, considerada por la Junta como “la joya de la corona”, a finales de este año.

La promoción, destinada al alquiler “asequible”, fue adjudicada a Clibeal 2030 S.L. (AR Rehabilitación-Sánchez Horneros) después de que la licitación quedase desierta en dos ocasiones. El proyecto cuenta con licencia de obras desde el 13 de mayo de 2025 y contempla un presupuesto estimado de 42,5 millones de euros, con una ayuda máxima de 15,7 millones de euros procedentes de fondos europeos.

El desbloqueo de esta actuación ha estado ligado a la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contempla una inversión de hasta 7.000 millones de euros y que, según ha defendido la Junta, permitirá completar la financiación necesaria para poner en marcha la promoción.

El plan estatal prevé que el 40% de sus recursos se destinen a ampliar la oferta de vivienda, mediante nueva construcción o adquisición de viviendas que se incorporen al parque protegido. Incluye además medidas para favorecer el alquiler asequible, la rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética, así como ayudas específicas para vivienda en municipios rurales.

Con el inicio de las obras de las 316 viviendas, el Gobierno regional avanza en el despliegue de varias promociones de vivienda protegida en el Polígono. Las otras dos ya están en construcción y acumulan 210 viviendas, aunque ambas han superado el plazo inicialmente previsto para su finalización, fijado en el 30 de junio.

Roberto Cámara ha señalado que la previsión actual es que las 86 viviendas de la calle Río Cabriel terminen en septiembre, mientras que las 124 viviendas del paseo doctor Gregorio Marañón concluirán entre febrero y marzo.

Este último bloque de pisos fue adjudicado a Real Estate Adi 2 S.L., del Grupo Avintia, y obtuvo licencia de obra el 29 de octubre de 2024. La promoción cuenta con una inversión empresarial de unos 12,7 millones de euros y una subvención de la Junta de 6,16 millones de euros procedentes de fondos europeos.

El precio previsto se sitúa en 7,8 euros por metro cuadrado, con una mensualidad aproximada de 550 euros, a la que habría que sumar los gastos de comunidad y otros tributos repercutibles. La Junta ha señalado que el alquiler final no superará los 700 euros mensuales.

Por su parte, las 86 viviendas de la calle Río Cabriel fueron adjudicadas a ACH Ventura Sport S.L., después de que Avintia renunciase a ejecutar la promoción. La licencia se concedió el 25 de febrero de 2025 y la obra también tenía como fecha límite inicial el pasado 30 de junio.

La actuación cuenta con una inversión de 11,4 millones de euros, de los que más de 4,2 millones proceden del Gobierno de España a través de los fondos europeos Next Generation. El alquiler máximo también se sitúa en 7,8 euros por metro cuadrado y la Junta ha estimado una mensualidad de alrededor de 646 euros, incluyendo garaje y trastero, a la que podrían añadirse gastos de comunidad e impuestos.

Otra promoción inacabada y dos más para la venta

Además de las citadas, también hay otra promoción inacabada de 86 viviendas públicas en la calle del Río Valdemarías -cuya licitación para una empresa pueda finalizarla quedó desierta a principios de año-, frente al bloque de 86 de la calle Río Cabriel en construcción. Según la licitación fallida, Gicaman las destinaría también al alquiler.

De otro lado, hay dos parcelas en licitación -cedidas por la Junta a Gicaman- para construir en ellas un total de 231 viviendas protegidas, en régimen de precio tasado (VPT). Ambas se ubican en la avenida Río Boladiez y se licitan por un montante global de 4.282.648,64 euros. Tendrán que estar terminadas en el plazo máximo de cuatros años.

El Gobierno de Navarra ha abierto expediente a 16 viviendas situadas en localidades que han sido declaradas como zona de mercado residencial tensionado tras detectar a través de una inspección que están alquiladas a un precio superior al topado por ley.

Según informan desde el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, ya ha comenzado a enviar comunicaciones a las personas físicas titulares de estas viviendas informándoles de esta situación. De las 16 viviendas detectadas, 12 de ellas están situadas en Pamplona y su comarca, dos en la Ribera y dos en Zona Media.

Según añaden desde el Ejecutivo foral, a los propietarios de estas viviendas se les han comunicado que tienen un plazo de diez días hábiles para presentar el contrato de alquiler vigente y, en su caso, el contrato anterior junto con el justificante bancario del cobro de la última renta, así como aquellas alegaciones que consideren oportunas. En caso de que no se justifique el sobreprecio, se continuará con el expediente.

Antes de iniciar un expediente sancionador la Dirección General de Vivienda puede conceder un plazo no superior a 15 días para rectificar el contrato y, en su caso, devolver la diferencia de importe se ha estado cobrado indebidamente. En el caso de que proceda sancionar, se inicia el procedimiento sancionador con multas que oscilan entre los 3.001 y los 30.000 euros.

En junio de 2025 el Gobierno navarro aprobó la declaración de zona de mercado residencial tensionado para 21 municipios navarros: Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta. Una de las herramientas recogidas en el Plan de Medidas de Zona de Mercado Tensionado es la limitación de los precios del alquiler a través del índice de referencia de precios de alquiler de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para los nuevos contratos de alquiler de viviendas que no hayan estado arrendadas en los últimos cinco años, el cual establece un rango de precios por metro cuadrado según la ubicación y características específicas del inmueble.

23.066 contratos activos inscritos en el registro

La aprobación de las zona de mercado residencial tensionado incluyó también la creación de un registro de contratos de arrendamientos de vivienda en el que deben inscribirse todos los contratos de alquiler, ya sean de vivienda habitual o de arrendamiento de temporada, ubicadas en el territorio de la comunidad foral. La aplicación también permite consultar, modificar y cancelar los contratos registrados.

Dependiente de la Dirección General de Vivienda y único registro público que existe en materia de alquiler en la comunidad foral, sirve como herramienta para el control y el seguimiento del mercado de alquiler en la zona de mercado tensionado y para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que la ley impone en esta materia.

Actualmente, hay 23.066 contratos activos inscritos. A esta cifra se suman aquellos contratos que no requieren inscripción por parte de las personas arrendadoras, ya que son registrados de oficio por la Dirección General de Vivienda. Entre ellos se encuentran las 1.163 viviendas gestionadas a través de la Bolsa de Alquiler y los 4.524 contratos de vivienda protegida en régimen de alquiler.

La alcaldesa de Santander, gema Igual (PP) descarta comprar las 107 viviendas de alquiler asequible, ubicadas en la calle Hermanos Calderón, en el barrio de Peñacastillo, que han sido vendidas por la Fundación La Caixa al fondo de inversión Mosaic Propco. Así se lo ha trasladado a los vecinos afectados, cuyos contratos empiezan a vencer en 2027, en una reunión reciente en el Ayuntamiento.

Los vecinos le preguntaron “qué iba a hacer” el Ayuntamiento “para defender el derecho a seguir viviendo aquí” y si el Ayuntamiento compraría las viviendas. Tras esto, la alcaldesa les respondió “literalmente, que no, que no es posible”. Según explican, les argumentó que “no tienen dinero para poder realizar esa compraventa” y por otro lado, porque desde el consistorio “entienden que no son los responsables de lo que nos pueda pasar”.

A cambio, la alcaldesa se comprometió, según los vecinos, a “abrir la puerta” a una negociación a tres bandas con Mosaic. “El Ayuntamiento, nos consta, ha requerido información sobre lo que está ocurriendo con las viviendas a Mosaic y no les ha contestado”, han explicado a elDiario.es los vecinos. “Entendemos que Mosaic no va a tener ningún interés en intentar cualquier tipo de negociación”, asumen.

Consultado sobre la reunión, desde el Ayuntamiento confirma a elDiario.es que no contemplan la compra por presupuesto y que la opción queda descartada.

El 19 de junio, la alcaldesa de Santander se comprometió públicamente a tener una reunión con los vecinos. Para ese momento, en el que la regidora hacía balance de legislatura, habían pasado dos meses desde que el caso de expulsión colectiva se había hecho público. Y es que la nueva empresa propietaria rechazaba renovar contratos de alquiler y solo ofrecía venta a precios no asequibles.

El 26 de junio, los vecinos acudieron al pleno municipal para, aprovechando el turno de preguntas, consultar públicamente a la alcaldesa qué iba a hacer por ellos. La alcaldesa, cortante, les dijo que si su petición era que el Ayuntamiento de Santander comprase sus pisos y tras la confirmación de los vecinos, les dijo que estudiaría su propuesta.

El 10 de julio, salía a la venta uno de los pisos de Hermanos Calderón, con inquilinos dentro. Y era ya el segundo caso. La empresa les ha dado dos opciones: comprar o marcharse, según venza el contrato, aunque la mayoría está pidiendo una prórroga del contrato de alquiler asequible.

Tres meses después de que el centenar de vecinos denunciaran su situación, el encuentro se produjo el 17 de julio, entre los residentes y representantes del Sindicato de la Vivienda de Cantabria en el Ayuntamiento. La cita no fue publicitada y, valoran los inquilinos de Hermanos Calderón, se dio en “un tono más cordial” por parte de Gema Igual. A medio año de que los contratos empiecen a vencer, los vecinos de las 107 viviendas continúan en un limbo sobre su futuro residencial.

Un habitatge de Santa Eulària des Riu era comercialitzat com a allotjament turístic sense autorització ha acabat precintat i amb una sanció de 275.001 euros. L'actuació ha estat duta a terme conjuntament per la Policia Local de Santa Eulària i el servei d'inspecció turística del Consell d’Eivissa després que els agents documentessin durant 2025 que l'immoble s'oferia per a estades turístiques malgrat mancar-ne del títol habilitant necessari.

La investigació ha permès acreditar, segons l'Ajuntament de Santa Eulària, que l'immoble havia experimentat de facto un canvi d'ús de residencial a turístic mitjançant la seva comercialització a través d'una plataforma especialitzada en lloguer vacacional.

L'expedient sancionador s'ha dirigit contra diverses de les persones que, d'acord amb la documentació recaptada durant les actuacions, estaven vinculades a l'explotació turística de l'immoble. Entre elles es troba la persona encarregada de comercialitzar l'habitatge, l'amfitrió que havia publicat l'anunci a la plataforma de lloguer vacacional i els arrendataris de l'immoble que, al seu torn, participaven en la seva comercialització.

El procediment també arriba als dos propietaris de l'habitatge.

El Consell d'Eivissa, que és l'administració competent per sancionar en matèria de lloguer turístic il·legal, ha fixat finalment una multa de 275.001 euros, en considerar els fets una infracció molt greu de la normativa turística.

A més de la sanció econòmica, les administracions han acordat el precinte de l'habitatge amb l'objectiu d'impedir que pugui continuar utilitzant-se com a allotjament turístic mentre no existeixi autorització per desenvolupar aquesta activitat.

L'expedient s'emmarca en l'enduriment de la lluita contra l'intrusisme turístic a Eivissa, on les administracions han reforçat en els últims anys la inspecció d'habitatges anunciats en plataformes digitals.

Des de gener de 2025, el Consell d'Eivissa havia iniciat 262 expedients sancionadors per lloguer turístic il·legal fins a abril de 2026. De tots ells, 51 havien estat qualificats de a infraccions molt greus, mentre que s'havien executat deu precintes i quatre més es trobaven aleshores en tramitació. La recaptació per sancions va assolir els 1,07 milions d'euros el 2025, enfront dels 77.672 euros registrats el 2016.

L'estratègia insular combina les inspeccions presencials amb la vigilància de les plataformes digitals. Entre març de 2019 i març de 2026, gairebé 15.000 places turístiques irregulars -14.532, en concret- han desaparegut dels principals webs turístics a Eivissa, segons les dades del Consell Insular. La retirada d'aquesta oferta il·legal s'ha convertit en un dels principals fronts de la institució insular davant la pressió turística i, especialment, davant la greu crisi d'accés a l'habitatge que travessa l'illa.

La pressió també s'ha traduït en importants sancions per la via urbanística. L'Ajuntament d'Eivissa va imposar el juny de 2026 una multa de 793.443,74 euros després d'acreditar el canvi d'ús d'un habitatge residencial a turístic sense el títol habilitant corresponent. El novembre de 2025, altres dos expedients urbanístics per habitatges destinats il·legalment al lloguer turístic a la capital insular van sumar més de 740.000 euros en sancions.

La normativa balear, a més, ha reforçat la responsabilitat sobre els qui intervenen en la comercialització d'allotjaments turístics sense autorització. El Decret Llei 4/2025 contra l'oferta il·legal preveu expressament com a infraccions la publicitat, contractació o comercialització d'estades turístiques que incompleixin els requisits establerts per la normativa. També estableix regles de responsabilitat per a les persones que intervinguin en una infracció.

Una vivienda de Santa Eulària des Riu que estaba siendo comercializada como alojamiento turístico sin autorización ha acabado precintada y con una sanción de 275.001 euros. La actuación ha sido llevada a cabo conjuntamente por la Policía Local de Santa Eulària y el servicio de inspección turística del Consell d’Eivissa después de que los agentes documentaran durante 2025 que el inmueble se ofertaba para estancias turísticas pese a carecer del título habilitante necesario.

La investigación ha permitido acreditar, según el Ayuntamiento de Santa Eulària, que el inmueble había experimentado de facto un cambio de uso de residencial a turístico mediante su comercialización a través de una plataforma especializada en alquiler vacacional.

El expediente sancionador se ha dirigido contra varias de las personas que, de acuerdo con la documentación recabada durante las actuaciones, estaban vinculadas a la explotación turística del inmueble. Entre ellas se encuentra la persona encargada de comercializar la vivienda, el anfitrión que había publicado el anuncio en la plataforma de alquiler vacacional y los arrendatarios del inmueble que, a su vez, participaban en su comercialización.

El procedimiento también alcanza a los dos propietarios de la vivienda.

El Consell d'Eivissa, que es la administración competente para sancionar en materia de alquiler turístico ilegal, ha fijado finalmente una multa de 275.001 euros, al considerar los hechos una infracción muy grave de la normativa turística.

Además de la sanción económica, las administraciones han acordado el precinto de la vivienda con el objetivo de impedir que pueda continuar utilizándose como alojamiento turístico mientras no exista autorización para desarrollar esta actividad.

El expediente se enmarca en el endurecimiento de la lucha contra el intrusismo turístico en Eivissa, donde las administraciones han reforzado en los últimos años la inspección de viviendas anunciadas en plataformas digitales.

Desde enero de 2025, el Consell d'Eivissa había iniciado 262 expedientes sancionadores por alquiler turístico ilegal hasta abril de 2026. De todos ellos, 51 habían sido calificados como infracciones muy graves, mientras que se habían ejecutado diez precintos y otros cuatro se encontraban entonces en tramitación. La recaudación por sanciones alcanzó los 1,07 millones de euros en 2025, frente a los 77.672 euros registrados en 2016.

La estrategia insular combina las inspecciones presenciales con la vigilancia de las plataformas digitales. Entre marzo de 2019 y marzo de 2026, casi 15.000 plazas turísticas irregulares -14.532, en concreto- han desaparecido de las principales webs turísticas en Eivissa, según los datos del ConsellInsular. La retirada de esta oferta ilegal se ha convertido en uno de los principales frentes de la institución insular ante la presión turística y, especialmente, ante la grave crisis de acceso a la vivienda que atraviesa la isla.

La presión también se ha traducido en importantes sanciones por la vía urbanística. El Ayuntamiento de Eivissa impuso en junio de 2026 una multa de 793.443,74 euros después de acreditar el cambio de uso de una vivienda residencial a turístico sin el título habilitante correspondiente. En noviembre de 2025, otros dos expedientes urbanísticos por viviendas destinadas ilegalmente al alquiler turístico en la capital insular sumaron más de 740.000 euros en sanciones.

La normativa balear, además, ha reforzado la responsabilidad sobre quienes intervienen en la comercialización de alojamientos turísticos sin autorización. El Decreto-ley 4/2025 contra la oferta ilegal contempla expresamente como infracciones la publicidad, contratación o comercialización de estancias turísticas que incumplan los requisitos establecidos por la normativa. También establece reglas de responsabilidad para las personas que intervengan en una infracción.

El precio medio por contrato formalizado en los 21 municipios declarados Zona de Mercado Tensionado se situó en el segundo trimestre del año en 796,2 euros, lo que supone un descenso del 5,3% respecto al mismo periodo de 2025, época en la que el precio medio por contrato formalizado nuevo en esa zona alcanzó los 840,9 euros, según los datos recogidos en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda de Navarra (RECA), que constituye el único registro público que existe en materia de alquiler en la Comunidad foral.

Estos datos se derivan del informe de Zona de Mercado Tensionado correspondiente al segundo trimestre del año que ya se encuentra disponible en la página web del Observatorio de Vivienda de Navarra. El informe señala asimismo como, por el contrario, en las localidades fuera de la Zona de Mercado Tensionado, el precio medio alcanzó los 594,9 euros, registrando un incremento de 4,7% comparado con el mismo trimestre de 2025. A nivel general, el precio medio de los contratos formalizados en Navarra descendió un 5,4% interanual, situándose en 779,3 euros.

En un comunicado, la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha destacado que los datos del último año “confirman que la Declaración de Zonas de Mercado Tensionado era una medida totalmente necesaria y no solo hemos frenado la escalada de precios que año tras año se venía produciendo en los alquileres, sino que hemos conseguido reducirlos”. A su juicio, “se está estabilizando el mercado, se está fortaleciendo la seguridad jurídica tanto de propietarios como de inquilinos y se está reduciendo la rotación de contratos, algo que es positivo para todos salvo para los intereses económicos privados que obtienen más beneficios cuanto mayor sea la rotación de contratos”.

Con respecto al volumen de nuevos contratos formalizados en el segundo trimestre del año, estos ascendieron a 1.001, lo cual supone un 29,5% menos que el mismo trimestre el año anterior. Cabe recordar que el segundo trimestre de 2025 fue el trimestre con mayor número de contratos formalizados en la serie al ser el último trimestre con el precio del alquiler libre antes de la entrada en vigor del tope a los precios de los arrendamientos.

De los contratos registrados entre abril y junio de 2026, la mayoría (922) se encuentran en alguno de los 21 municipios declarados como Zona de Mercado Residencial Tensionado. Por tipos, en torno al 86% corresponden a vivienda habitual y el 14% a alquiler de temporada, una proporción muy parecida a la registrada en el mismo periodo del año pasado.

El Gobierno de Navarra declaró oficialmente en mayo del pasado año 21 municipios como Zona de Mercado Tensionado, siendo la segunda Comunidad Autónoma en poner en marcha esta medida favorecer el acceso a la vivienda. Estos municipios abarcan casi el 70% de la población y son Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta.

Caída del 4,4% en el primer semestre

Según los datos recogidos en el RECA Navarra cerró el primer semestre del año con un precio medio por contrato formalizado de 788,4 euros en los municipios declarados Zona de Mercado tensionado, lo que supone un descenso del 4,4% respecto al primer semestre de 2025, periodo en el que el precio medio en esa zona alcanzó los 824,3 euros.

En las localidades fuera de la Zona de Mercado Tensionado el precio medio alcanzó los 599,2 euros, registrando un incremento del 2,8% comparado con el mismo semestre de 2025. A nivel general la renta media descendió un 4,5% interanual, situándose en 770 euros en el primer semestre de este año.

El mercat de l’habitatge de lloguer a la Comunitat Valenciana travessa des de fa anys un moment de forta tensió estructural a causa del desequilibri entre l’oferta disponible i una demanda creixent. Segons reflecteix l’informe publicat aquest mes pel portal immobiliari Idealista, el fenomen del “lloguer exprés” —immobles que romanen publicats menys de 24 hores abans del seu arrendament— afecta el 14% dels habitatges a la ciutat de València i el 10% a la capital alacantina.

Aquesta rapidesa a l’hora de tancar els contractes d’arrendament és producte de la intensa competència que existeix entre els aspirants a aconseguir un habitatge de lloguer, i de la qual s’aprofita el sector. Les dades del Baròmetre del Lloguer, elaborat per l’Observatori del Lloguer en col·laboració amb la Universidad Rey Juan Carlos i la Fundación Alquiler Seguro, assenyalen que a la Comunitat Valenciana es registren fins a 101 persones interessades per cada immoble durant els primers deu dies de la seua eixida al mercat. Aquest indicador confirma la bretxa entre la demanda d’inquilins i l’escassetat de parc residencial en arrendament.

Paral·lelament a la celeritat en el tancament de les operacions, els preus del sector mantenen una trajectòria a l’alça en tot el territori valencià. Els informes de mercat del portal Idealista situen el preu mitjà a la Comunitat Valenciana al voltant dels 13,2 euros per metre quadrat al mes. Per ciutats, la capital valenciana encapçala els registres amb 16,3 euros per metre quadrat, seguida d’Alacant, amb 13,8 euros, i Castelló de la Plana, amb xifres compreses entre els 8,3 i els 9,4 euros per metre quadrat.

Per la seua banda, les dades de l’Índex Immobiliari Fotocasa situen el valor d’oferta mitjà de les comarques valencianes en 15,81 euros per metre quadrat. Amb aquest nivell de preus, el cost mensual estimat per a un immoble tipus de 80 metres quadrats assoleix els 1.405 euros a la província de València i els 1.080 euros a la província d’Alacant.

L’origen d’aquest escenari es troba en la progressiva pèrdua d’oferta destinada a la residència permanent. Les projeccions de l’Observatori del Lloguer preveuen una reducció superior a 1.000 immobles en l’oferta disponible per a arrendaments de llarga estada al llarg de l’exercici. Entre els factors desencadenants d’aquest retrocés, les anàlisis apunten al transvasament d’habitatges cap al lloguer turístic, les modalitats de temporada o l’arrendament per habitacions, a més de la derivació de propietats cap al mercat de compravenda.

La Comunitat Valenciana, per damunt de la mitjana espanyola

En l’àmbit estatal, la Comunitat Valenciana mostra un nivell de tensió superior al de la mitjana espanyola en l’indicador de competència per habitatge. Mentre que la mitjana a Espanya se situa al voltant dels 30 interessats per immoble durant els deu primers dies de publicació —segons els registres de l’Observatori del Lloguer—, el mercat autonòmic triplica aquesta xifra amb 101 aspirants per pis. No obstant això, en la taxa d’operacions “exprés”, la mitjana espanyola, del 17%, supera els registres de la ciutat de València, del 14%, i d’Alacant, del 10%, impulsada pel fort impacte de mercats com Barcelona, on el 36% dels habitatges es lloga en menys de 24 hores.

En l’anàlisi comparativa amb altres comunitats autònomes, la Comunitat Valenciana s’aproxima a la pressió que pateixen la Comunitat de Madrid i Catalunya en l’escala de preus i falta d’oferta disponible. Mentre el preu mitjà a Madrid supera els 18 euros per metre quadrat i a Catalunya frega els 16 euros, la Comunitat Valenciana se situa entre els territoris més cars, amb 13,2 euros per metre quadrat, per davant d’autonomies com Andalusia o Galícia. Aquesta convergència de costos consolida el territori valencià com un dels focus de més dificultat per a l’accés a l’arrendament residencial a tot l’Estat.