El autoritarismo empieza a supurar en las sociedades democráticas cuando los ciudadanos perciben que el relato de convivencia y progreso no se compadece con su realidad vital, según la tesis que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha formulado ante la quincena de mandatarios internacionales que acudieron a Barcelona para participar en la IV Reunión en Defensa de la Democracia. “Si amplias capas de la población sienten que el sistema no responde, la democracia pierde legitimidad. Ahí crece el extremismo, que no abre la grieta, sino que ocupa el espacio”, ha advertido Sánchez.

Sentado ante la quincena de dirigentes internacionales que acudieron —entre ellos los de Brasil, México, Colombia y Sudáfrica—, Sánchez empezó su discurso evocando la imagen del vecino que ve un incidente en la calle y decide bajar a la calle a intervenir, en lugar de quedarse mirando por la ventana. “La preocupación hace observar, la responsabilidad hace actuar”, ha apuntado.

“La democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza”, ha indicado Sánchez, que ha advertido de que el gran riesgo de las sociedades modernas es que “la democracia se vacíe por dentro mientras se la ataca desde fuera”.

Para poner coto a la situación y responder al empuje de la internacional ultraderechista, los líderes reunidos quieren dar estabilidad al formato tras una reunión en la que se debatió en torno a tres ejes principales: el multilateralismo, la gobernanza digital y la lucha contra la desigualdad, elementos necesarios para resistir al arreón ultra. “La respuesta no puede ser meramente defensiva”, ha defendido Sánchez. “Tenemos que demostrar que se fortalece día a día”, ha insistido.

Multilateralismo frente a la ley de la selva

“Sabemos que el sistema multilateral necesita renovarse con urgencia y debemos hacerlo en profundidad. Solo podrá sobrevivir si se reforma para reflejar la realidad del mundo en el siglo XXI”, ha señalado Sánchez, que ha vuelto a insistir en su propuesta de que la próxima secretaria general de la ONU sea una mujer.

Otra de las ideas compartidas es acabar con la mentira descarnada en redes sociales, que España ya trata de regular con las últimas reformas legales en marcha. “No podemos aceptar que la desinformación condicione nuestras sociedades y la conversación pública en nuestros países. Ni que los algoritmos premien el odio, la polarización, la confrontación y mensajes violentos, o que el poder tecnológico quede fuera del control democrático”, ha señalado.

La grieta del extremismo

“Además de injusta, la desigualdad no es compatible con democracias sanas y fuertes. Si amplias capas de la población sienten que el sistema no responde, la democracia pierde legitimidad”, ha reflexionado el presidente. “Ahí crece el extremismo, que no abre la grieta, sino que ocupa el espacio. Nuestra agenda democrática es también por la justicia social, la cohesión, la igualdad de oportunidades, la paticipación de jóvenes, la igualdad de género y por sociedades más inclusivas”, ha dicho.

Sánchez elogió, en ese sentido, iniciativas como la del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que en la reunión del G20 en su país del año pasado planteó un Panel internacional sobre Desigualdad, así como el Observatorio Multilateral de Juventudes contra el Extremismo que salió de la segunda de las reuniones con el formato de la actual.

“Lo que nos une es más que un diagnóstico, es una visión. Nuestras democracias deben adaptarse y renovarse para responder a demandas de nuestro tiempo [...] Debemos hacer frente al miedo con mas democracia y a la desigualdad con más justicia”, terminó.

Los hogares más humildes de España mejoraron sus rentas con mucha más intensidad que los más pudientes entre 2021 y 2023, gracias al buen momento del mercado laboral y el crecimiento económico y a pesar de las tensiones inflacionarias por la salida de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. Un punto en el que coincidió con el desarrollo de políticas públicas como las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), el impulso del Ingreso Mínimo Vital o la revalorización de las pensiones con la inflación.

Los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF), correspondiente a 2024 y elaborada por el Banco de España, arrojan que los hogares situados en el 20% inferior de la distribución –es decir, el quinto de las familias con menores ingresos– vieron incrementada su renta mediana en un 14,6% (en torno a un 7% de crecimiento anual), un ritmo que duplica el experimentado por el conjunto de los hogares españoles (7,8%). Esto confirma que, a diferencia de periodos anteriores, fueron las clases más desfavorecidas las que se beneficiaron del ciclo económico.

Como muestra el gráfico anterior, la renta mediana –más representativa que la media, al situarse en el centro de la distribución y dividir en dos mitades los ingresos de los hogares– de las familias inmediatamente por encima, que se sitúan en el segundo quintil (entre los percentiles 20-40%) avanzó a un ritmo del 4,6% anual (un acumulado del 9,4%), la del tercer quintil sumó un 3,8% cada año (7,8% total) y la del cuarto, lo hizo en un 2,6% por ejercicio (5,2%). Solo en los hogares en la parte alta de la tabla este crecimiento fue más moderado. El 10% de mayores ingresos hasta vio cómo estos se redujeron levemente en el mismo periodo.

Más ricos por estar menos endeudados

Pero esta mejora de las rentas de los hogares más desfavorecidos choca cuando hablamos de riqueza, es decir, de los bienes y activos en posesión de las familias. Así, en términos de riqueza bruta (es decir, sin restar el valor de los endeudamientos), la mitad de los hogares, los que se encuentran en la parte baja de la distribución, vieron como esta cayó un 3% cada año. En términos de riqueza neta, una vez restadas las cuantías de las deudas, esta avanzó un 2,6%.

Es decir, la mejora no se explica por una mayor acumulación de bienes, sino porque o bien se han desendeudado, o se han endeudado menos. Y aquí el factor clave es el acceso a la vivienda. Porque su capacidad para comprar una casa, aunque sea a través de un crédito hipotecario, es menor.

En el Banco de España señalan que una parte tiene que ver con esa “restricción” en el acceso al crédito, pero lo vinculan con una “dinámica” en el mercado de la vivienda que tiende hacia el alquiler. “Cuando miramos a la estructura de la deuda, los hogares de menor riqueza tienen este menor componente de deuda asociada a lo inmobiliario”, detalló el director general de Economía de la entidad, David López Salido, durante un encuentro con medios de comunicación para presentar los resultados del informe. En el supervisor ven como un elemento “positivo” que hace menos vulnerables a las familias a la hora de incorporarse al mercado de la vivienda, al reducir la carga de deuda asociada.

Cada vez menos hogares propietarios

Esta menor propensión a la compra de vivienda –o la falta de acceso– ha provocado que la proporción de hogares que son propietarios de su vivienda principal haya caído al 70,6%, el mínimo desde la puesta en marcha de la estadística, a principios de los 2000. La caída, sostenida, se produce desde 2011, cuando alcanzó su máximo en torno al 80%, y ha caído casi 10 puntos porcentuales desde entonces.

Pero al mismo tiempo, y al calor del mercado inmobiliario, el valor de la vivienda ha recuperado peso dentro de los activos reales (inmobiliario, joyas, negocios…) con los que cuentan los hogares, hasta representar un 54,2% del total. Es el primer incremento de la serie histórica, ya que el peso de la vivienda dentro de la riqueza de los hogares ha caído desde 2002, cuando representaba en torno al 67%.

En términos de deuda, el porcentaje de hogares con algún tipo de endeudamiento sigue cayendo (54%) y el valor mediano del apalancamiento se situó en mínimos, 29.900 euros. Este menor endeudamiento se produce sobre todo en los hogares de menor renta. Las hipotecas representan en torno al 80% de la deuda total, un mínimo histórico, y la carga financiera asociada a estos créditos ya supone solo el 55% de los pagos de deuda a los que hacen frente los hogares.

Menos dinero en cuentas corrientas y más inversión

El valor de los activos financieros ha cobrado más peso, hasta un 23% sobre el total, y en el Banco de España detectan una mayor “sofisticación” de estos. Disminuyó hasta el 30,1% la proporción de hogares que contaban con su dinero en cuentas corrientas, más expuestas al mordisco de la inflación, y aumentó la proporción de las cuentas de ahorro o con un ligero interés hasta el 9,4%.

Destaca también la subida de los hogares con tenencia de valores de renta fija, algo consistente con el 'boom' en el interés por las Letras del Tesoro, en un momento en el que los depósitos de los bancos apenas retribuían las cuantías de los hogares.

En total, el valor de los activos financieros se disparó hasta los 17.600 millones de euros, el máximo de la serie histórica, gracias al crecimiento económico y la revalorización experimentada por las bolsas en este periodo.

Una reforma en profundidad del Impuesto de Patrimonio, equiparándolo con el tributo en vigor en Noruega o con un esquema como el planteado por el economista francés Thomas Piketty, dispararía su capacidad recaudatoria y permitiría financiar una prestación universal de crianza de más de 2.000 euros por menor.

Esa es una de las conclusiones de un artículo de los investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Olga Cantó y Francisco García-Rodríguez, publicado recientemente, en el que utilizan los datos de la Agencia Tributaria para realizar distintas simulaciones sobre la estructura del impuesto que no solo elevarían los ingresos del Estado, sino que permitirían una reducción notable de la desigualdad.

El impuesto de patrimonio español se creó en 1977 con carácter temporal, primero, pero se hizo permanente a partir de 1991. El Gobierno de Zapatero lo suprimió en 2008, pero lo reactivó en 2011, hasta ahora. La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto. En algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, se llegó a bonificar al 100%, anulándolo de facto.

Los autores toman como referencia la estructura del gravamen en 2022, antes de la creación del llamado Impuesto de Solidaridad para las grandes fortunas, que el Ejecutivo planteó para salvar las rebajas fiscales en Patrimonio de algunos gobiernos del PP, como los de Andalucía o Madrid. A partir de ahí, diseñan siete escenarios alternativos. Por un lado, la transformación del impuesto actual con un esquema similar al de los otros países del entorno que cuentan con un tributo similar: Noruega (a partir de 160.000 euros y un tipo fijo del 1%), Suiza (descentralizado por cantones) y Francia (solo al inmobiliario y a partir de 1,3 millones de euros).

Por otro, el artículo plantea tres alternativas sobre la estructura del impuesto de patrimonio actual. Una primera, rebajando el mínimo exento de 700.000 euros a 300.000 euros; otra, eliminando las deducciones y exenciones autonómicas; y una tercera que combina ambos aspectos.

Y el último escenario es la transformación del impuesto de patrimonio con la estructura planteada por Piketty, que grava la riqueza desde los 200.000 euros en una escala progresiva desde el 0,5% hasta el 2% para las cuantías superiores a los cinco millones de euros.

Todas ellas —hasta la francesa, que restringe el gravamen a la riqueza inmobiliaria— arrojan que el modelo español tiene muchísimo margen de mejora, tanto por la vía de la recaudación como de la reducción de la desigualdad. La simulación de 2022 arroja un tributo que solo alcanzó a 170.404 contribuyentes, con una recaudación total de 1.125 millones en aquel ejercicio. Pero, en los escenarios más redistributivos —el de la tasa Piketty o el noruego—, podría captar más 15.000 millones de euros de algo más de 11 millones de pagadores.

Una caída del 5% del Índice de Gini

“Es importante que se vea que los impuestos sobre el patrimonio sí pueden recaudar y pueden hacerlo tanto como para pagar una prestación de este tipo que se considera tan cara”, explica en conversación telefónica la catedrática Cantó, autora junto al doctorando García-Rodríguez de la investigación.

Porque si esa recaudación se emplease para la puesta en marcha de una prestación universal por crianza —parecida a la planteada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con la tasa Zucman a los más ricos— se podrían pagar hasta 2.000 euros por hijo, una transferencia que cimentaría un cambio mucho más profundo en los indicadores de desigualdad que el impuesto per se. Esos 2.000 euros por hijo recaudados con el modelo de Piketty o con el noruego recortarían el Índice de Gini —que mide la desigualdad a través de ingresos— en casi un 5%, una cifra que Cantó define como “casi heroica” dada la estabilidad de este indicador.

“Si recaudas el impuesto de patrimonio y analizas su impacto sobre la distribución de la riqueza, no cambia nada. Pero si utilizas esos 15.000 millones como política redistributiva, al igual que con cualquier otra recaudación del sistema impositivo, tiene unos efectos sobre la desigualdad muy grandes”, subraya la catedrática.

Los ministros de Sumar, y Bustinduy singularmente, llevan tiempo reclamando una ayuda por crianza de 200 euros al mes por hijo hasta los 18 años. De hecho, el titular de Derechos Sociales se reunió con el francés Gabriel Zucman, promotor de un tributo del 2% a las grandes fortunas que podría captar hasta 5.200 millones de euros en España, según los datos del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, impulsado por este economista.

Cantó subraya que la capacidad redistributiva del impuesto depende de su dimensión, es decir, de que llegue a un número suficiente de contribuyentes. En el caso del impuesto de patrimonio actual, su tamaño es muy limitado. Pero para mejorarlo no haría falta crearlo desde cero: con los dos ajustes que incorporan en su simulación (la rebaja del umbral de exención a 300.000 euros y la eliminación de las deducciones autonómicas) se dispararía su alcance. “Lo que no tiene sentido es el impuesto que tenemos a día de hoy, que no lo paga casi nadie, recaudamos poquísimo y las diferencias de riqueza están explotando”, insiste.

A las limitaciones adicionales, hay que sumarle que el pago de patrimonio está vinculado al IRPF, de tal manera que no superen conjuntamente el 60% de la base imponible de la renta del contribuyente. Esto se incorporó para evitar el carácter confiscatorio del gravamen, sobre todo para aquellas personas que declaran grandes patrimonios, pero pocos ingresos.

España es de los pocos países de la OCDE que mantiene un impuesto de patrimonio, un tributo que genera un gran debate ideológico y académico a partes iguales. Sus defensores lo justifican por la necesidad de gravar una riqueza cada vez mayor, con desigualdades más y más exacerbadas. La principal crítica de sus detractores es que conlleva una doble imposición (aseguran que las rentas ya están gravadas por el IRPF) y lo tachan de ineficiente y de un peligro para la atracción de inversiones. Es por ello que algunos expertos apuestan por sustituirlo por gravámenes a la transmisión de riqueza (como el impuesto de sucesiones y donaciones en nuestro país) o a los rendimientos inmobiliarios, como el francés. 

Pero el estudio demuestra el potencial de un gravamen casi residual en las economías desarrolladas. Según las previsiones de la Agencia Tributaria, esperan recaudar en la campaña de este año 2.473 millones de euros procedentes de casi 221.000 declaraciones. Muy lejos de los 15.000 millones a los que se podría aspirar.

El pasado 10 de marzo, a pesar de ser un día entre semana, no cabía un alma en el nuevo local de Espacio Bellas Vistas. Había más gente sentada en el suelo y de pie que repartida en las numerosas sillas que, ordenadas en un gran óvalo, rodeaban el espacio vecinal de la calle Adrián Pulido. La reunión se llamaba Tetuán ante la exclusión y se hablaba de desigualdad y apoyo mutuo, a ras de barrio. Convocaba Invisibles de Tetuán, que presentaba la quinta edición de su Radiografía social de Tetuán, y quienes hablaban eran, precisamente, protagonistas de la exclusión o actores del barrio involucrados con la lucha contra la desigualdad.

Jessica, de la Organización de Vivienda de Tetuán, explicó su caso personal, con tres desahucios a cuestas y muchas horas empleadas arrimando el hombro en la lucha contra los desahucios. Francisca, de la Despensa Solidaria de Chamberí –que hace años está radicada, en realidad, en Tetuán– compartió el modelo de grupo horizontal que mueve al colectivo, donde los propios beneficiarios de la despensa son quienes recogen los alimentos a la puerta de los supermercados. Ana, del Sindicato de Vivienda de Tetuán, ofreció una versión joven de la misma lucha contra los desahucios y Marta, representante del proyecto europeo JUST4CARE, introdujo los conceptos de pobreza y desigualdad climática.

El debate fue animado e intervinieron representantes de otros colectivos sociales en el turno de preguntas, bajo la atenta mirada de los alumnos de Integración Social del Instituto Príncipe Felipe del Barrio del Pilar, que también participaron del intercambio.

Invisibles de Tetuán, el colectivo anfitrión de la reunión, es un grupo de trabajo vecinal que nació en el contexto de las asambleas del 15M en Tetuán y viene trabajando sobre la desigualdad en el barrio desde diciembre de 2013. Su nacimiento hay que buscarlo justo después de que el Ayuntamiento de Madrid intentara precintar el local del Banco de Alimentos de la Asamblea Popular de Tetuán del 15M. Por entonces, la comida se guardaba en un espacio cedido por la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán en su antigua sede social, que estaba junto al Mercado de San Enrique. Haciendo gala de las habilidades ensayadas por los activistas en los grupos de vivienda –la asamblea había parado el primer desahucio de Madrid después del 15M– se improvisó un Stop Precinto.

Poco después se presentaba en sociedad Invisibles y lo hacía con una espectacular acción que pretendía hacer visible en el espacio público lo que la sociedad no quiere mirar. Las calles de Tetuán se llenaron de pósters en los que vecinos de carne y hueso, en situación de vulnerabilidad, miraban desde los muros al paseante. A las magníficas fotografías los acompañaban datos fríos y sangrantes sobre la situación social de los protagonistas. “Como yo, en Tetuán somos 8400 personas paradas, sin prestación ni renta básica”, por ejemplo.

Desde entonces, han seguido trabajando sobre la desigualdad bajo el mismo paradigma con el que nacieron: tratando como compañeros a las personas que se acercan a pedir ayuda. Desde un plano práctico, ayudando a la gente a lidiar con la burorepresión inherente a la Renta Mínima de Inserción o el Ingreso Mínimo Vital; o teórico, haciendo informes independientes, como sus radiografías de Tetuán, cuya quinta actualización se presentaba el otro día en Espacio Bellas Vistas.

La radiografía del distrito pone el foco en la desigualdad y el estado de los servicios sociales de Tetuán, desmenuzando con rigor científico cada uno de los apartados que aborda el documento: renta, pobreza, prestaciones públicas, desempleo, vivienda o salud, entre otros asuntos que describen bien la calidad de vida –o la falta de ella– del vecindario.

El documento pone asideros a la idea bien conocida de Tetuán como un distrito de distintos acentos y colores. Y de Tetuán como un espacio desigual socialmente en el que la crisis de la vivienda juega un papel importante a la hora de entender la expulsión de una parte del vecindario. “Una línea de continuidad es que hay una gran desigualdad social”, dijo en el encuentro Carlos Pereda, sociólogo de Invisibles de Tetuán.

El distrito ha crecido un 10% en las últimas dos décadas, a pesar de que haya habido momentos de bajón demográfico, como los que siguieron a la crisis de 2008. Es el sexto distrito de la ciudad con más personas nacidas fuera de España (58.936, 35,4%) y el único del norte con estas características. Las cifras son más altas en los cuatro barrios del lado oeste de Bravo Murillo y hay hasta ocho secciones censales en las que el 50% de los vecinos nacieron en el extranjero. Son muchos los vecinos migrantes que han obtenido la nacionalidad española, eso sí (un 38%), y las familias mixtas (en la que uno de sus miembros tiene nacionalidad extranjera) alcanzan a una cuarta parte de las unidades familiares de Tetuán.

La desigualdad se ceba con una parte de los vecinos nacidos en el extranjero y, así, las personas extranjeras con rentas muy bajas (menos de 5000 euros por persona) son notablemente más que las españolas. Si la renta se repartiera por igual entre las familias, éstas tendrían unos ingresos medios de 42.500 euros.

 “La renta de los hogares se distribuye en las 117 secciones electorales con gran desigualdad: mientras los dos barrios situados entre Bravo Murillo y la Castellana concentran el 100% de las secciones de renta alta y el 85% de renta media-alta, los cuatro situados a la izquierda (Almenara, Valdeacederas, Berruguete y Bellas Vistas) contienen el 100% de las secciones de renta baja”, explica el informe.

 Esto sucede en un contexto en el que vivir en Tetuán se está poniendo imposible. En los últimos tres años el alquiler ha subido un 40% y la compra un 36%. “Según el Catastro de 2024, Tetuán tenía 80.733 inmuebles de uso residencial, lo que podría ser suficiente para los 71.701 hogares contabilizados por el Padrón municipal en dicho año”, se explica en el documento. Pero no es así y el problema parece agravarse en los últimos tiempos con la proliferación de apartamentos turísticos en el distrito.

La desigualdad del distrito de Tetuán toma la forma un rompecabezas social lleno de recovecos que va más allá de la imagen de las famosas dos aceras. Una realidad compleja cuyas sombras, a veces, quedan ocultas por las medias aritméticas de unas estadísticas, deformadas por el perfil socioeconómico de los vecinos de la Castellana y la falta de foco en el territorio observado. Es aquí donde el trabajo laborioso, constante, de Invisibles de Tetuán se hace importante. Un quehacer diario en el que tratan con personas con cara, nombres y apellidos; en el que se dan de bruces con las instancias más refractarias de la administración y colaboran con los movimientos sociales de Tetuán. Una actividad que explica por qué varias decenas de personas de todas las generaciones posibles se reúnen a abordar el tema de la exclusión social.

CONSULTAR LA QUINTA EDICIÓN DE LA RADIOGRAFÍA SOCIAL DE TETUÁN:

¿Te has preguntado alguna vez si tu empresa te paga bien o poco? ¿Cuánta gente crees que cobra más que tú? ¿Tu sueldo está por encima de la media o por debajo? En la siguiente calculadora te mostramos tu posición entre todos los asalariados de España. Las cifras provienen de los datos la Encuesta de Estructura Salarial de 2023, que estima los sueldos anuales de los españoles a partir de una muestra de más de 250.000 trabajadores.

Todos los datos de esta calculadora proceden de los datos de la Encuesta anual de Estructura Salarial de 2023, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a elDiario.es, que estima los salarios brutos anuales (antes de impuestos) de los asalariados españoles a partir de una muestra de 28.000 empresas y 250.000 trabajadores.

Los datos incluyen a todos los trabajadores por cuenta ajena que están de alta en la Seguridad Social con contrato a jornada completa o parcial a excepción de los empleados del sector agrícola, los funcionarios que no están dados de alta en la Seguridad Social, el personal doméstico o cualquier retribución pagada en la economía informal.

23.349 euros brutos al año. Aproximadamente, unos 1.560 euros netos al mes. Este es el número que separa a los trabajadores españoles en dos mitades. El 50% de los asalariados tiene un sueldo por encima de esa cantidad y la otra mitad, por debajo.

En el siguiente gráfico puedes ver la distribución de salarios en España si dividimos a todos los trabajadores en 100 grupos iguales de 147.000 personas. Como ves, forman una curva ascendente que se hace más pronunciada hasta alcanzar el percentil 99, que dibuja el límite para estar en el 1% que más cobra.

¿Quieres sorprenderte con un dato? Si tu salario está por encima de 39.000 euros brutos (unos 2.400 euros netos mensuales), ya estás en el 20% que más cobra de España.

Además, la misma cifra te puede colocar en grupos distintos en función de muchos factores como la geografía, la edad, tu sexo o sector en que trabajas. No es lo mismo tener un sueldo de 30.000 euros siendo hombre que mujer. Ni tampoco viviendo en Canarias que en Madrid. Tampoco es lo mismo tener esa remuneración trabajando en el sector público, en una gran compañía en el sector privado o trabajando en una pequeña empresa.

Un mismo sueldo te puede colocar en el 25% que menos cobra o en el 25% con mayores salarios si hacemos la comparación con distintos grupos. En el siguiente gráfico puedes ver esa distribución: marcamos cuales son los límites que marcan estar entre el 10% que más cobra (P10), 25% que menos cobra (P25), en la mediana (P50), 25% que más cobra (P75) y 10% que más cobra (P90) en cada grupo. ¿Cuáles tienen salarios más altos y más bajos?

¿Dónde se dan las mayores brechas salariales? Por ejemplo, entre los trabajadores españoles frente a los extranjeros (el salario medio de los nativos es un 50% mayor al de un trabajador latinoamericano, por ejemplo). También existe una brecha entre los hombres y las mujeres (+18% a favor de los primeros), que se explica principalmente por la parcialidad. Las mujeres son mayoría entre los trabajadores que tienen jornadas reducidas, muchas de ellas por dedicarse a los cuidados no remunerados, y es en estos empleos donde se concentran los salarios anuales más bajos.

También existen otras brechas. Por ejemplo, entre los trabajadores del sector público y el privado o por edad. El salario mediano de los jóvenes está alrededor de los 17.500€ mientras que a partir de los 50 años sube hasta los 25.000€ anuales.

Una brecha que aumenta por el nivel de estudios. A más formación, más ascendente es la escalera de sueldos de la carrera profesional, un dato que en la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES) no se registra.

También el lugar donde vives es clave: no es lo mismo un sueldo de 30.000 euros pero viviendo en una comunidad de renta alta como Euskadi que residiendo en Extremadura. Mientras que con ese sueldo estarías por debajo de la mediana en la comunidad vasca, en la comunidad extremeña estarías ubicado entre el 25% mejor pagado.

Siete comunidades están por encima del salario mediano nacional. El más alto de España lo encontramos en Euskadi, seguido de Navarra y Madrid. Las cifras, precisamente, van muy ligados a la riqueza de las autonomías y dibujan una brecha entre norte y sur. Andalucía, Extremadura y Canarias concentran los salarios más bajos del territorio.

Aunque los datos anuales de la Encuesta de Estructura Salarial no detallan lo datos por nivel de estudios o profesión, los datos de las estadísticas más detalladas señalan el mismo fenómeno: las ocupaciones mejor pagadas son habitualmente las que necesitan mayor cualificación (estudios universitarios) y cuyos puestos de trabajo se concentran en las comunidades más ricas. Además, cuanta más larga sea la carrera profesional del trabajador, más probabilidad de tener un mayor salario.

También podría haberse titulado esta columna algo así como “el TJUE admite que los Estados miembros de la UE no traten de la misma manera a las personas indigentes nacionales de terceros países que a las nacionales propias y exija a las primeras disponer de un derecho de residencia permanente en su territorio adquirido tras un período ininterrumpido de cinco años”.

Claro que era un título demasiado largo y, además, comenzaba por el final. El final de una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea – TJUE – que interpreta el Derecho comunitario al resolver una cuestión prejudicial elevada desde un Tribunal italiano. Ahora lo explico.

El pasado 5 de marzo el TJUE dictó una Sentencia (asunto C-151/24) en la que concluyó como ya he avanzado, esto es, que cabe excluir del derecho a obtener un subsidio social para personas de edad avanzada en situación de indigencia a los nacionales de terceros países que no sean titulares de un permiso de residencia de la Unión para residentes de larga duración. 

En primer lugar, conviene aclarar que, aunque sigue siendo objeto de atención por el resultado de la Sentencia, ésta no es del todo novedosa, pues ya había otras dos Sentencias del TJUE en un sentido parecido, aunque no igual, dictadas el 11 de noviembre de 2014 (asunto C-333/13) y de 15 de septiembre de 2015 (asunto C-67/14). 

Ahora lo subrayable es que se trata de un “subsidio” para “personas de edad avanzada en situación de indigencia”. Anoten estos datos.

En el caso que ahora comento, el TJUE fue interpelado por nada menos que la Corte Constitucional italiana – su Tribunal Constitucional - al objeto de interpretar un precepto de la Directiva 2011/98/UE, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro. La Corte Constitucional elevó esta cuestión al TJUE en el marco de un litigio entre una ciudadana nacional albanesa residente en Italia, y el Instituto Nacional de Previsión Social de Italia, en relación con la negativa de este último a concederle una prestación en metálico reservada a personas mayores de sesenta y cinco años – edad elevada a sesenta y siete años en 2019 - que se encuentran en una situación económica precaria.

La denegación de ese subsidio se basaba en la legislación italiana, según la cual, para que un nacional de tercer país pueda disfrutar de ese derecho ha de ser titular de un permiso de residencia de larga duración y haber residido legal e ininterrumpidamente durante al menos diez años en el territorio nacional.

La ciudadana albanesa litigó con insistencia frente a aquella denegación y llegó, en Italia, hasta su Tribunal Supremo, Tribunal que se planteó dudas de adecuación de esa normativa con su Constitución, por lo que remitió el tema a la Corte Constitucional. Es de pensar que a la Corte Constitucional le entraron serias dudas y seguramente algún temblor de piernas a la hora de decidir, habida cuenta de la vigencia del principio de igualdad de trato, tanto en la Constitución italiana como en la UE – con los matices que ahora se verán -. Y así fue como se elevó al TJUE la cuestión prejudicial antedicha.

En esta Sentencia el TJUE analiza el ámbito material del Reglamento 883/2004 y de un precepto de la Directiva 2011/98. Dicho precepto de esta Directiva se refiere al principio de igualdad de trato. Les ahorro los como siempre largos razonamientos del TJUE, que argumenta, en esencia, con base en la normativa comunitaria citada, que el subsidio social objeto del litigio es “una prestación especial en metálico no contributiva” que se financia mediante impuestos no mediante cotizaciones sociales y cuyo objeto es garantizar medios para subsistir a personas que no pueden asegurar su propia subsistencia, entrando dentro del concepto de “asistencia social”.

Hasta aquí nada que llame la atención, pues es una mera descripción de la situación y de la esencia del subsidio en cuestión.

El núcleo de la decisión del TJUE descansa en recordar que el Derecho de la UE optó expresamente por no extender ese derecho a la igualdad de trato a las prestaciones que no pueden calificarse de prestaciones de «seguridad social», esto es, a las prestaciones especiales en metálico no contributivas. Y sigue argumentando que, en consecuencia, los Estados miembros no están obligados, por lo que respecta a estas prestaciones especiales, a respetar la regla de igualdad de trato y pueden, por consiguiente, decidir supeditar la concesión de tales prestaciones a los nacionales de terceros países al cumplimiento de un requisito diferente del aplicable a sus nacionales, como el criterio de integración, cuyo cumplimiento se acredita mediante la posesión de un permiso de residencia de la Unión para residentes de larga duración. 

Y así, concluye como ya he dicho más arriba, esto es, que el Derecho de la UE no se opone a la normativa italiana que denegó el subsidio de subsistencia a la ciudadana albanesa que no tenía un permiso de residencia de larga duración.

En nuestro caso, el TJUE diría lo mismo, claro está, si llegara la ocasión. Recordemos que nuestra prestación principal para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de quienes carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas es el Ingreso Mínimo Vital, creado y regulado por la Ley 19/2021. Una prestación no contributiva, desde luego, para la que, en relación con el tema ahora tratado, se requiere “tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud”, requisito de plazo no exigible en determinados supuestos - menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, reagrupación familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente; personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual y mujeres víctimas de violencia de género -.

Y ¿ por qué y para qué les he contado todo esto? Pues, principalmente, para que seamos conscientes de que determinados derechos no están asegurados de manera definitiva ni por nuestra normativa ni por la de la UE y de que, ni siquiera ante las situaciones de necesidad más extremas, todas las personas somos iguales. Bueno, en realidad, podríamos ser iguales: todo depende de lo que el Estado y la UE y otros entes – o sea, en definitiva, la ciudadanía, si somos lo suficientemente exigentes - decidan. 

Nota: si cito los datos de las Sentencias es, como ya he dicho en alguna ocasión anterior, para que cualquiera de ustedes pueda, si así lo considera, buscarlas y acceder a su contenido para tener mejor conocimiento de causa.

Se definen como “la puerta de entrada” al sistema de servicios sociales y del bienestar, pero denuncian que la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha les deja en situación de “exclusión laboral y salarial” de forma “clara”. Una situación que afecta a más de 800 trabajadores de los servicios sociales contratados en ayuntamientos castellanomanchegos con menos de 20.000 habitantes a través de un convenio de colaboración con la Junta de Comunidades.

Son los profesionales de Psicología, Educación Social, Trabajo Social y Administración que se encuentran los usuarios y usuarias cuando van a pedir cualquier tipo de acompañamiento social en los ayuntamientos. Intervienen en situaciones de protección de menores, violencia de género, situaciones de exclusión con salud mental, drogodependencias, atención a personas dependientes o de ayuda a domicilio. Es el equivalente al médico de Atención Primaria para los servicios sociales.

Estos profesionales constituyeron en 2023 la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) de Castilla-La Mancha, desde la cual denuncian que perciben un salario hasta un 40% menor que sus compañeros funcionarios de la Junta de Comunidades.

Una situación que se da, lamentan, a pesar de realizar las mismas funciones y que las tablas salariales las marca el Gobierno regional, según explica Lina Ramírez, portavoz de la plataforma.

Misma categoría y funciones, diferente salario

El Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha se presta a través de la administración autonómica y las corporaciones locales. No obstante, en los ayuntamientos de municipios de hasta 20.000 habitantes, la responsabilidad es autonómica y se ejerce con la labor de funcionarios de la Junta de Comunidades o con trabajadores y trabajadoras contratadas por los ayuntamientos mediante un concierto con la Administración regional, que es la que fija las tablas salariales -y las financia en gran medida- mediante un convenio de colaboración.

Y es aquí donde, según denuncia Ramírez, se genera la desigualdad. La reclamación pasa por que el citado convenio de colaboración establece un salario un 40% menos respecto a los compañeros funcionarios de la Administración autonómica que trabajan en el mismo servicio, con la misma categoría profesional y ejecutando las mismas funciones y responsabilidades.

“Nosotros cohabitamos dentro de los municipios con compañeros que son funcionarios de la Junta de Comunidades y con los que hay una diferencia salarial entre un 38% y un 40% en el salario, realizando las mismas funciones. Estamos hablando de una diferencia salarial entre setecientos y mil euros mensuales”, explica la portavoz. “Tenemos casos de compañeras que llevan trabajando 30 años y están ganando 1.400 euros en doce pagas siendo una categoría profesional A2. Y muchos salarios son el salario mínimo interprofesional”.

Además, señalan que los convenios que la Junta impone a ayuntamientos y mancomunidades no se han actualizado desde 2010, lo cual genera que la financiación para los ayuntamientos de los Servicios Sociales sea cada vez “más insuficiente” para asumir los costes laborales de las y los profesionales.

Lina Ramírez señala que la única subida salarial reciente que han tenido se produjo en el 2024, algo que vinculan al nacimiento de su movimiento el año anterior.

“Cuando la plataforma comienza esta acción y tiene reuniones con la Consejería de Bienestar Social y conseguimos que nos suban en el 2024 un 3% y en el 2025 un 3,5%. Ahora mismo la consejería impone un acuerdo, que no es bilateral, es una imposición suya, en la que dice que lo que puede marcar para la legislatura es subirnos el IPC, al igual que la subida de los funcionarios anual”.

Esta solución no satisface a los trabajadores concertados, ya que al darse una subida porcentual igual que la que perciben los empleados de la Junta, consideran que se sigue agravando esa brecha salarial. “No es lo mismo subir un 3% de 1.000 euros que un 3% de 2.000”, defienden.

Una desigualdad que causa “desmotivación”

Esta situación, aseguran, afecta tanto a los trabajadores como a las personas que acuden a servicios sociales. “Hay desmotivación, lo que genera continuas salidas y entradas porque la gente busca otros trabajos en los que pueda ganar más dinero. Y esto que afecta a los usuarios, que son muy vulnerables y necesitan una relación estable con la persona que les atiende”.

“La Consejería de Bienestar Social, que debería buscar dignificar a las personas y trabajar contra la exclusión social, está situando a los profesionales en una clara situación de exclusión laboral y salarial”, añade Lina Ramírez, portavoz de la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha.

“Sabemos que la equiparación salarial no se puede hacer de un día para otro, pero sí de una forma progresiva. La Consejería se ha cerrado en banda. Hemos enviado correos para retomar las negociaciones y no nos han contestado”, señala Ramírez. Por eso, desde la plataforma avisan que, en caso de no llegar a un “acuerdo real” de equiparación salarial, tienen planteado realizar movilizaciones “constantes”.

La Consejería asegura que ha “comprometido mejoras”

Sobre esta situación, fuentes de la Consejería de Bienestar Social no han querido responder a las preguntas de elDiario.es Castilla-La Mancha, pero se han referido a la problemática señalando que han mantenido reuniones periódicas con esta plataforma y otras entidades a lo largo de la legislatura, “comprometiendo mejoras y consolidando avances” para con los Ayuntamientos, tanto de personal como de financiación.

Las mismas fuentes argumentan que el Gobierno de Castilla-La Mancha “invierte un 5,3% más en los Servicios Sociales de Atención Primaria que el resto de la media de nacional”, y confirman que han recibido una solicitud de reunión por parte de la plataforma que ha sido trasladada a la Dirección General de Acción Social, sin fecha para el encuentro.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado la intención del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz de legislar para aumentar la democracia interna de las empresas, con más participación de los trabajadores en su gobernanza, un proyecto apoyado por un informe encargado a un grupo de expertos y expertas internacional sobre la materia. “La empresa es democrática, cuidao, con sus accionistas, que son los que se juegan el dinero”, ha sostenido el empresario vasco.

“Si estáis tranquilos, nos viene la ley del intervencionismo en estado mágico y máximo, que le llaman la ley de la democracia en la empresa”, ha ironizado Garamendi durante un encuentro empresarial organizado en el Hotel Palace de Madrid, por la Fundación Conexus Madrid-Comunidad Valencia.

“Id preparando, tranquilos, el 10% vais a repartirlo, los sindicatos que nos van a dirigir la empresa, van a tener el 50% del Consejo (de Administración) y otras tantas cosas que parece que se plantean”, ha ironizado Garamendi, entre risas del público. El líder empresarial se ha referido a varias medidas del comité de expertos, como facilitar que los trabajadores accedan a la propiedad de las empresas y participen con un peso relevante en las decisiones de su gobernanza, con asientos en los consejos de administración.

El presidente de CEOE ha indicado que, aunque todo apunta a la dificultad de esta ley para salir adelante, “solo el anuncio provoca ya la desconfianza”.

Aunque esta mayor participación de los trabajadores en las empresas existe en la mayoría de países de la UE, como señalaba en esta entrevista la profesora Isabelle Ferreras, presidenta de la comisión de expertos, Antonio Garamendi ha afirmado espera que España no sea “el país del experimento” para estas medidas.

La vicepresidenta Yolanda Díaz anunció que iba a convocar la mesa de diálogo social para negociar esta regulación, pero Garamendi ha deslizado la posibilidad de no sentarse siquiera a hablar con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. “Cuando nos convoquen a esta otra mesa no sé lo que haremos, pero lo que no vamos a aceptar es una premisa que es falta”, ha sostenido. Este mismo argumentó justificó la patronal para no sentarse a negociar una modificación legal del despido improcedente.

Denuncia ahora el “ausentismo”: “Es un dumping a los compañeros”

El líder de los empresarios españoles ha criticado este jueves el aumento de las bajas médicas, ahora no con la palabra “absentismo”, sino con una nueva: “El ausentismo”. Con este término, Garamendi parecía señalar los comportamientos abusivos con las bajas, que no ha cifrado, pero que ha señalado “que existe”.

“Es un dumping, es un daño horrible que le hace una persona a su compañero, porque le está chuleando en algún caso”, ha afirmado el empresario vasco. A renglón seguido ha precisado que las patronales quieren “que la gente sane” y que no dicen que todos los trabajadores sean “ausentistas”.

“Va a ser que la desigualdad es culpa nuestra”

El líder de la CEOE ha mostrado también enfado y perplejidad por el debate sobre la desigualdad, que señala a algunas empresas y empresarios por no repartir la riqueza generada con sus trabajadores, pieza clave en la producción de estas ganancias, y con el conjunto de la sociedad, vía impositiva. También por su reticencia a alcanzar un acuerdo para subir salarios, cuando los márgenes empresariales están en máximos.

“Se habla de desigualdad y, curiosamente, va a ser que la desigualdad es cosa nuestra. Tiene su gracia. Porque se está planteando todo lo público que no se gestiona bien.... Pues al final, la culpa es nuestra. Más fácil, es más sencillo”, ha lamentado.

Garamendi ha denunciado “el mundo en estos momentos, que es terriblemente injusto para quienes creamos progreso, riqueza, que son las empresas”. El dirigente patronal ha señalado que los empresarios son verdaderamente “los progresistas” porque generan “progreso”.

Cuando la economía familiar aprieta, a la vuelta de la esquina hay trabajo en el campo, en el almacén o en la hostelería —donde ya están los amigos, los primos, o los hermanos mayores— y, además, el aula no siempre motiva, la escuela deja de ser promesa de un futuro mejor para convertirse en un lastre.

En la Región de Murcia esa escena tiene rostro de clase trabajadora y, con demasiada frecuencia, de hijo o hija de la migración. En 2025, esta comunidad autónoma volvió a ostentar uno de los peores datos del país en abandono escolar temprano: un 20,6% frente al 12,6% de la media nacional, según datos del Ministerio de Educación.

Aquí, uno de cada cinco jóvenes de entre 18 y 24 años no ha completado el Bachillerato o la FP de Grado Medio y no sigue ningún tipo de formación. La brecha no es nueva, pero sí persistente. Y, como viene denunciando el sindicato CCOO en su informe Segregación escolar, un problema de justicia social sin resolver: análisis y propuestas (2024), el fenómeno no puede analizarse al margen de la desigualdad social estructural y de la creciente segregación del sistema educativo.

Una desigualdad que empieza antes del aula

El informe de CCOO recuerda que España es uno de los países europeos con mayores niveles de desigualdad y que la escuela, lejos de corregirla, tiende a reproducirla cuando se organiza de forma segregada.

Según datos de 2025 de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Murcia, esta Comunidad autónoma lidera el ranking nacional de la pobreza infantil con una tasa del 40,7%, lo que afecta a unos 122.000 menores. Un dato que supera en más de once puntos la media nacional (29,2%) y sitúa a la Región en niveles críticos de pobreza severa infantil (20,8%), en un contexto que impacta directamente en las trayectorias escolares.

Los datos de PISA 2022 son elocuentes en ese sentido: un estudiante del cuartil más bajo de renta tiene hasta 5,5 veces más probabilidades de repetir curso que uno del cuartil alto. Y la repetición, como advierte desde FUNCAS —un prestigioso centro de análisis dedicado a la investigación económica y social— el experto en políticas y reformas educativas Lucas Gortázar, “reduce notablemente las expectativas de titular en estudios medios”.

Pero en el abandono escolar aún hay brechas más profundas. Y es que cuando, además, se introduce la variable de origen, la desigualdad se agrava. Así, en la Región de Murcia, el alumnado de origen extranjero presenta tasas de desenganche escolar más altas que el autóctono, como apuntan los trabajos de los investigadores y doctores en Pedagogía Juan Navarro, Andrés Escarbajal y Pilar Arnaiz. Los datos son demoledores: tras agotar los tres años posibles en 4º de la ESO, solo un 28% del alumnado de origen migrante —y humilde— logra titular, frente al 63% del alumnado nativo. La brecha es brutal.

Y, sin embargo, el debate público se desliza con facilidad hacia explicaciones culturalistas. Hace apenas unas semanas, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño Soto (PP), apuntó a la “población joven extranjera” —“factores externos”, lo llamó— como una de las causas de los malos datos de abandono escolar. Como si el problema fuera demográfico y no estructural.

La tesis incómoda: clase y estigma

Frente a esa lectura, la socióloga Isabel María Cutillas Fernández, doctora por la Universidad de Murcia, ha dedicado años a desmontar prejuicios. En su tesis Hijos e hijas de la migración: trayectorias escolares, expectativas y condicionamientos (2021), Cutillas insiste en que no se puede analizar el desempeño educativo del alumnado de origen migrante sin atender a la clase social, al proyecto migratorio familiar y a los procesos de estigmatización que atraviesan sus vidas.

Uno de los hallazgos más reveladores de la experta, que actualmente trabaja junto a otros investigadores en el proyecto ATEF (Abandono Temprano de la Educación y la Formación), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, es la sobrerrepresentación del alumnado extranjero en itinerarios de diversificación curricular en Secundaria. Es decir, programas pensados para estudiantes con desfase curricular acaban convirtiéndose, en la práctica, en espacios donde “origen migrante” y “baja capacidad” se confunden. Una profesora entrevistada por Cutillas en su investigación relata cómo, en ocasiones, los alumnos llegan con un dictamen de necesidades educativas que probablemente responden más al desconocimiento del castellano que a verdaderas limitaciones cognitivas. Un etiquetado precoz que acaba condicionando fuertemente decisiones que limitan expectativas.

Cutillas advierte también del riesgo de centrar el foco exclusivamente en el fracaso y apuesta por analizar las trayectorias de éxito, lo que permite comprender qué factores —familiares, escolares, comunitarios— favorecen la continuidad formativa. Pero para ello hay que abandonar el estereotipo y reconocer que el origen no es destino: sí lo es, en gran medida, la posición social.

Universidad: la puerta casi cerrada

La desigualdad acumulada se hace especialmente visible en la educación superior. Apenas un 3,3% del alumnado de Grado en las universidades públicas murcianas pertenece a nacionalidades extracomunitarias. Sin embargo, el 16% de la población joven de entre 20 y 24 años en la Región proviene de terceros países, lo que da muestra de su infrarrepresentación en la educación superior.

En este punto, la conclusión de Cutillas es contundente: la juventud de origen extranjero está mayoritariamente expulsada de los espacios universitarios, de manera que ya no se trata únicamente de abandonar antes, sino de no llegar nunca. Y en ese trayecto pesan las expectativas familiares, la necesidad de contribuir a la economía doméstica y la percepción de que el ascensor social está averiado.

La red pública y la concertada: dos realidades

El debate sobre abandono escolar en Murcia no puede desligarse de la estructura del sistema. Según datos de escolarización, alrededor del 30% del alumnado de Primaria estudia en la red concertada o privada. Sin embargo, el porcentaje de estudiantes extranjeros en estos centros ronda el 12%. La sobre-concentración de alumnado vulnerable en la red pública alimenta dinámicas de guetización que el propio informe de CCOO describe como uno de los grandes problemas del sistema.

Porque cuando las clases medias abandonan determinados centros por la llegada de población inmigrante, se generan escuelas de “alta complejidad” donde la acumulación de desventajas dificulta cualquier proyecto pedagógico.

La OCDE ha advertido que agrupar al alumnado de bajo rendimiento en las mismas escuelas conduce a peores resultados globales. Y, sin embargo, la tendencia es hacia un sistema cada vez más segregado. Hay municipios, como Lorca, con colegios públicos —San Cristóbal, Nuestra Señora del Rosario, en la pedanía de Ramonete, y San Juan, en la de Morata— en los que cerca del 90% del alumnado son hijos e hijas de inmigrantes, fundamentalmente marroquíes, que no hablan español.

Para Nacho Tornel, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia, la segregación escolar es “un problema de justicia social” que exige medidas estructurales. La receta: planificación equilibrada de la oferta, limitación de la libre elección cuando genera concentración de desventajas, refuerzo de recursos en centros complejos y compromiso activo de la red concertada en la escolarización equilibrada.

Distrito Único: el origen de la guetificación

En Lorca y otros municipios murcianos, la guetificación —el proceso social y urbano de segregación que aísla a grupos minoritarios o vulnerables por razones étnicas, religiosas o socioeconómicas— surge con la implantación del denominado Distrito Único. Un sistema de escolarización en el que no se delimitan zonas escolares estrictas: es decir, todo el municipio se considera un único territorio para la admisión de alumnos. Esto significa que, en teoría, cualquier familia puede solicitar plaza en cualquier centro dentro de ese municipio sin que la cercanía geográfica al domicilio sea un criterio vinculante.

El argumento oficial del Gobierno regional para mantener este modelo es que favorece la “libre elección de centro” y que, según las autoridades autonómicas, ofrece mayores oportunidades para las familias. Sin embargo, esta interpretación ha sido criticada por sindicatos, asociaciones de madres y padres, así como organismos académicos, por vulnerar el espíritu de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que prioriza la proximidad como criterio para evitar la segregación.

En la práctica, lo que ha favorecido es la concentración del alumnado en riesgo de exclusión, mientras que los centros “más deseados” por razones de “reputación” —lo que generalmente significa menor presencia de alumnado de origen extranjero— terminan atrayendo al de clases medias y altas, cuyos progenitores, muchas veces, prefieren desplazarse kilómetros en coche cada día en vez de optar por el colegio más cercano a su vivienda.

Más allá del “culpar al extranjero”

En los últimos años, en la Región de Murcia se han implementado programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y reducción del abandono escolar, como el PRAE o el PEMAR. Pero como señala la tesis de Cutillas, no existe un plan específico integral dirigido al alumnado de origen extranjero más allá de las Aulas de Acogida Lingüística. Es decir, la intervención se limita al idioma cuando el problema es socioeconómico y estructural.

La investigadora insiste en que la categoría “hijos e hijas de migrantes” debe analizarse huyendo de lo periférico —el color de piel, el acento— y atendiendo a lo central: las relaciones de poder, la exclusión y la desigual distribución de capitales. Lo contrario, es decir, convertir el abandono de la educación en un problema meramente “cultural”, es una forma de “escapismo ideológico” y una excusa de los poderes públicos para no responsabilizarse de la situación.

Humanizar la estadística

Detrás de ese 20,6% de jóvenes que no siguen estudiando más allá de la ESO, hay historias concretas. Algunos repiten curso, ven cómo sus amigos avanzan y entonces abandonan. Hay familias que priorizan el salario inmediato sobre una promesa formativa incierta… Pero también hay centros que hacen lo imposible con ratios y recursos insuficientes y docentes comprometidos que luchan contra inercias estructurales.

No se trata de negar que haya jóvenes recién llegados que se incorporan tarde al sistema y encuentran más dificultades. Se trata de reconocer que la persistencia de una de las tasas de abandono más altas del país no puede explicarse por la “extranjería” sino por una estructura económica precarizada, una distribución desigual del alumnado y una inversión insuficiente en equidad.

Frente a ello, hay expertos que apuntan soluciones. El informe de CCOO plantea ejes claros: reducir la segregación, reforzar la escuela pública, limitar prácticas selectivas, dotar de más recursos a los centros con mayor complejidad y apostar por políticas de compensación educativa. Cutillas, por su parte, subraya la necesidad de trabajar con las familias, elevar expectativas y desmontar prejuicios en el propio sistema escolar.

Y todos coinciden: si el objetivo es que la Región de Murcia deje de liderar las tasas de abandono escolar, habrá que mirar menos al origen y más a la clase; menos al supuesto déficit cultural y más a la desigualdad material; menos a la estadística deshumanizada y más a las trayectorias vitales. Entender que, como defiende Arnaiz, “cuando el alumno abandona no fracasa él, fracasa el sistema”.

El PIB aumenta, las exportaciones baten récords y el empleo crece. Y, sin embargo, la sensación de prosperidad no termina de llegar. La brecha entre crecimiento económico y bienestar real se ha convertido en uno de los grandes ejes del debate económico actual. “Desde la caída del muro de Berlín, se ha creado más riqueza que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, aunque esa riqueza no se ha traducido en una prosperidad compartida” afirmaba hace unas semanas en el Foro Económico Mundial de Davos Larry Fink, CEO de BlackRock. “En las economías avanzadas, esa riqueza ha recaído en una proporción de la población mucho más reducida de lo que cualquier sociedad sana puede sostener a largo plazo”.

Esta crítica al capitalismo sostenida por el líder de la mayor gestora de activos del mundo no es una visión aislada. El Banco Mundial, en su último informe sobre pobreza y prosperidad, subraya que el crecimiento medio de los ingresos no basta para medir el desarrollo. Tras la pandemia, los avances en prosperidad compartida se han estancado en muchas economías, lo que obliga a mirar más allá del PIB agregado para comprender si una sociedad es cada vez más rica.

En la Región de Murcia, esa brecha entre indicadores macroeconómicos y calidad de vida es especialmente visible. “Una cosa es la actividad económica y otra cuestión diferente es el bienestar de la población”, señala a este diario Patricio Rosas, vicedecano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia. En 2024, Murcia fue la comunidad autónoma de España con mayor crecimiento del PIB con un 4,5%, bastante por encima de la media nacional del 3,5% registrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De cara a 2025, las previsiones de CaixaBank Research apuntan además a que la comunidad habrá seguido creciendo por encima de la media, matizando que “la economía de Murcia está teniendo un rendimiento muy sólido”

Sin embargo, el PIB per cápita cuenta otra historia. Con cerca de 27.000 euros por habitante en 2024, Murcia se sitúa más de 5.000 euros por debajo de la media española, de 32.600 euros, y entre las regiones con menor renta por habitante. Aunque representa alrededor del 3,2% de la población nacional —casi 1,6 millones de personas—, su peso en el PIB del conjunto de España apenas alcanza el 2,6%.

Productividad: el problema estructural

Preguntados por las causas de este fenómeno, los economistas apuntan a la baja productividad que arrastra la Región de Murcia y, de igual forma, el conjunto de la nación. Así, el crecimiento reciente se explica por un aumento del empleo, más que por las mejoras en eficiencia o valor añadido. “España, en términos nacionales, y Murcia también, tiene una productividad estancada de manera estructural”, sostiene Rosas.

Se trata de un fenómeno que trasciende lo regional. El último Informe de la Competitividad Regional de España (ICREG), elaborado por el Consejo General de Economistas, muestra que comunidades con menor nivel relativo de competitividad, como la Región de Murcia, Extremadura o Castilla-La Mancha, están creciendo por encima de la media, pero partiendo de posiciones rezagadas, concretamente en niveles del ICREG inferiores al 70% del promedio de 2008.

Entre los muchos factores que explican este estancamiento de la productividad, los economistas destacan la predominancia en la Región del sector agroalimentario, que genera gran actividad económica y exportaciones, pero es menos productivo que, por ejemplo, la industria tecnológica. “Economías como la de Murcia, con mayor presencia de actividades con baja productividad y bajos salarios, muestran un menor dinamismo en sus retribuciones medias”, asegura a esta redacción Fernando Sánchez Martínez, Catedrático de Universidad del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia. A ello se suman además otros factores, como el predominio de las pymes, una menor inversión en I+D, el déficit de capital tecnológico, las limitaciones de las infraestructuras de la Región y un desajuste entre la oferta formativa y las necesidades del mercado laboral, agrega Rosas.

Los salarios murcianos también se encuentran entre los más bajos del país. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2024, el salario medio bruto mensual en la Región de Murcia se situó en 2.120,9 euros, la segunda cifra más baja entre todas las comunidades autónomas, frente a los 2.385,6 euros de media en España. Además, más del 37% de los trabajadores murcianos gana menos de 1.582,2 euros brutos al mes, una proporción superior a la de muchas autonomías.

El crecimiento demográfico limita el del PIB per cápita

Sánchez Martínez añade que, a la ecuación, también se suma el crecimiento demográfico: entre 2010 y 2024, la población murciana se incrementó un 8,3%, frente al 4,9% del conjunto del país. La consecuencia de ello es que, pese a que Murcia ha crecido más que la media nacional, su PIB per cápita no ha seguido el ritmo. El contraste con la Comunidad de Madrid es ilustrativo: “En Madrid está creciendo tanto el PIB que, aunque la población también aumente, su PIB por habitante continúa a la cabeza en crecimiento. No es el caso de Murcia”.

Además, Rosas incide en que buena parte de los nuevos empleados se incorporan a sectores como el de la construcción, el turismo, la hostelería y el agroalimentario que, por su naturaleza, no aportan gran productividad. “Aunque haya más personas trabajando, si el mercado laboral y las características del empleo generado no son estables, se produce una mayor brecha. Al perder calidad de empleo, el poder adquisitivo también disminuye”, asegura.

Exportar más no garantiza salarios más altos

Según datos del Instituto de Fomento (INFO) de la Región de Murcia, las exportaciones murcianas alcanzaron los 14.236,8 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento del 1,5% con respecto al año anterior. Es una cifra superior a la media de España, que solo creció un 0,2%, según el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía. Asimismo, las exportaciones hortofrutícolas de la Región de Murcia fueron de casi 3.800 millones de euros en 2025, una cifra récord que supone un incremento del 7,3% con respecto a 2024, tal y como anunció el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en la feria agrícola Fruit Logística de Berlín a principios de mes.

Para el vicedecano del Colegio de Economistas, no obstante, un récord en las exportaciones tampoco tiene por qué traducirse en un incremento de la renta por habitante. “El crecimiento de las exportaciones de la Región de Murcia está muy ligado al sector agroalimentario y al energético. En este segundo caso, tiene que ver con la variabilidad que existe dentro del polo energético, sobre todo, en la zona de Cartagena”. Es decir, se trata de un sector sujeto a fuertes fluctuaciones en precios, oferta y demanda, que no permanecen constantes en el tiempo

Vivienda, inflación y desigualdad

El bienestar no depende solo del empleo o del PIB. El acceso a la vivienda —principal preocupación de los españoles en los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)— absorbe una parte creciente de los ingresos familiares, según Rosas, que añade que una inflación elevada en bienes básicos también erosiona el poder adquisitivo.

Murcia presenta, asimismo, índices preocupantes en desigualdad. Según la tasa AROPE de 2024, la región figura entre las tres con mayor riesgo de pobreza o exclusión social y lidera la pobreza infantil. Además, en el último lustro, también ha tenido lugar en Murcia una ligera pérdida de peso de las rentas salariales de los trabajadores por cuenta ajena en favor de las rentas empresariales y mixtas, que incluyen los beneficios empresariales, las rentas de los autónomos y las ganancias de rentistas y propietarios, detalla Sánchez Martínez.

Rosas advierte que, si se señala a la baja productividad como la principal causa de que el crecimiento económico no se traduzca en un aumento del bienestar, el caso de la Región de Murcia es exportable al conjunto de España. Por tanto, aunque los grandes indicadores macroeconómicos continúen creciendo trimestre a trimestre, la cuestión es si ese crecimiento económico realmente se traduce en mejoras tangibles en la vida diaria de los ciudadanos e implica mejoras reales en sus salarios, oportunidades y calidad de vida.

“La gente quiere un proyecto vital y algunos se lo están negando mientras otros se pegan la vida padre”. Pedro Sánchez ha sacado pecho de la acción del Gobierno en la lucha contra la desigualdad y ha anunciado un “proyecto sin precedentes”: un estudio sobre las causas sociales, económicas y territoriales que provocan desigualdad en las trayectorias vitales desde la infancia. El trabajo estará liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno, con el objetivo de orientar mejor las políticas públicas. El presidente ha señalado a los grandes magnates y al PP, a los que ha acusado de ser una “trituradora de salarios” que impide el reparto equitativo del crecimiento económico que se está produciendo en España gracias al “régimen comunista-chavista que aparentemente vivimos desde hace siete años”, en referencia irónica a las críticas de la derecha, especialmente de Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez ha sacado la artillería en su discurso de clausura de las jornadas 'Desigualdad: es hora de actuar' en el que ha acusado a las comunidades autónomas donde gobierna el PP de obstaculizar las palancas que permitirían a los ciudadanos aliviar el coste de la vida y se ha referido específicamente a la decisión de no aplicar la ley de vivienda, que establece el marco legal para poner tope a los precios del alquiler en las zonas tensionadas, entre otras cosas.

El presidente ha arremetido también contra las grandes fortunas, a las que ha acusado de acaparar riqueza y contribuir al “sumidero” por el que se pierden los flujos económicos. “Son oligarcas que tratan de consolidar un statu quo de desigualdad que les beneficia, mientras que nosotros queremos que cumplan con su obligación, que paguen sus impuestos y que paguen más a sus trabajadores, porque les está yendo bien. Por cierto, bajo este régimen comunista-chavista que aparentemente vivimos en España desde hace ya siete años”, ha afirmado.

“El Gobierno no va a ir a las mansiones de las élites a rendir pleitesía”

“Este Gobierno no es como otros, no va a ir a las mansiones de estas élites a rendirles pleitesía. Ni todas las criptos del mundo ni todos los 'likes' de YouTube van a poder con nuestro compromiso a favor de la mayoría social de este país”, ha agregado.

Tras recordar los rendimientos récord en Bolsa que tienen las grandes empresas, Sánchez ha defendido que es “de justicia que ese reparto de beneficios sea lo más justo posible”. En ese sentido, ha acusado a algunos poderes privados de ser los culpables del “mensaje de no llego a fin de mes o no me da la vida” que impera en la realidad social, a pesar de que los poderes públicos pongan en marcha iniciativas como el Ingreso Mínimo Vital o la gratuidad del transporte.

“La economía, lógicamente crea valor, pero hay una parte creciente que se captura antes de llegar a los hogares”, ha dicho Sánchez, que se ha referido a las políticas de las comunidades del PP, especialmente con “regalos fiscales” a las “élites” y abriendo “de par en par” las puertas de los servicios públicos a la inversión privada, pero también ha señalado a los “poderes privados que lo que hace es hurtar proyectos vitales”.

“Muchas veces, cuando se habla de que no me da la vida, es que no puedas ni hacer frente a un medio arañazo en el coche en diez años y se te disparan las primas de seguro de un día para otro, precisamente por un pequeño accidente que puedas tener, o tu propio banco ante una subida de la hipoteca, pero no la remuneración de tu cuenta de ahorro mientras efectivamente se baten récords de beneficios como estamos viendo”, ha dicho a modo de ejemplo antes de proseguir con otros como la multiplicación del precio de alquileres por parte de fondos de inversión porque no se aplica la ley de vivienda, los 400 euros del comedor o de actividades educativas “mientras los impuestos financian la educación privada”.

“Esa trituradora de salarios es la desconexión entre el crecimiento económico y el bienestar de las clases medias y las clases trabajadoras”, ha expresado.

“La inflación de la codicia”

En un discurso en el que ha marcado distancia entre el “nosotros” —la mayoría social— y “ellos” —las grandes fortunas—, Sánchez ha rechazado la idea de que la desigualdad sea un “destino inevitable”. “Es el resultado de una forma de entender el poder. Es la inflación de la codicia y la contracción de la política: privatizar recursos públicos genera grandes beneficios para los oligarcas de la desigualdad”, ha afirmado.

A su juicio, esta situación es “la gasolina del agravio” que alimenta movimientos reaccionarios en un contexto de auge de la ultraderecha a nivel mundial. “La crisis financiera y la trituradora de salarios han erosionado el contrato que legitimó nuestra democracia”, ha advertido, antes de cerrar con un mensaje de esperanza: “Hay un horizonte por conquistar, un futuro en el que la única desigualdad que persista sea la del tamaño de nuestros sueños”.

Aunque ha reconocido que queda mucho por hacer, el presidente ha destacado el incremento de tres puntos del peso de los salarios sobre el PIB, frente a otros países como Estados Unidos o varios europeos, donde “apenas ha cambiado”. “El 60% de nuestro crecimiento va al bolsillo de los trabajadores y el 40% al capital. Esta transformación dice mucho de la política de rentas de este Gobierno”, ha afirmado, antes de pedir a la patronal que se siente en la mesa del diálogo social para elevar el salario medio más allá del SMI, incrementado en los últimos años solo con el acuerdo de los sindicatos.

El debate, no obstante, trasciende España. “El 10% más rico del mundo recibe más de la mitad de la renta y concentra el 70% de la riqueza. Son cifras insostenibles, inmorales e indignantes”, ha advertido. En este contexto, ha defendido la creación de un grupo intergubernamental de expertos contra la desigualdad para situar esta cuestión en el centro de la agenda internacional. Varios países, entre ellos España, Brasil y Noruega, prevén presentar un informe ante la ONU.

En el ámbito nacional, Sánchez ha anunciado un macroestudio que seguirá las trayectorias vitales “de miles de niñas y niños, desde la infancia hasta la edad adulta” para analizar cómo las condiciones sociales, económicas y territoriales influyen en su desarrollo y oportunidades. Ha recordado que el 35% de la desigualdad se explica por la familia en la que se nace y ha reivindicado “más ciencia para gobernar mejor”. “Frente al negacionismo o la ignorancia, queremos conocer para transformar de forma efectiva la realidad de quienes sufren desigualdad”, ha concluido.

En Catalunya, el acceso a una vivienda digna cada vez se escapa más de las manos de la ciudadanía. A pesar de que todos los indicadores confirman que la economía ha mejorado respecto a años anteriores, los índices de pobreza y exclusión residencial no dejan de crecer. El motivo principal para ello es el crecimiento del precio de la vivienda. De hecho, desde 2008, los salarios han crecido un 28%, pero el poder adquisitivo ha caído un 3,3%. 

Cerca del 12% de trabajadores están en riesgo de pobreza y eso es porque una tercera parte de la población dedica más del 40% a pagar su vivienda. Esto deja una capacidad de ahorro muy limitada que, unida al incremento de los precios de mercado, hace que poseer una casa sea cada vez más difícil. En concreto, los catalanes tienen que ahorrar hoy durante 4 años más para comprar que en 2016. Se pasa de los 19 años a los 23 en el caso de viviendas nuevas y de los 18 a los 20 para las viviendas usadas. 

Así se desgrana del primer Informe Social de Catalunya, un amplio estudio elaborado por el Govern de la Generalitat que analiza la situación económica y social y que servirá “de base” para el diseño de políticas sociales que deberán revertir el aumento de la pobreza y el riesgo de exclusión. 

Desde el Ejecutivo reconocen que, si bien “la economía va bien, muchas familias no lo notan debido al aumento del coste de vida y la vivienda”. Y es que la incapacidad de comprar deja como única opción el alquiler. Mientras antes el 61% de los hogares de personas de entre 30 y 44 años vivían de propiedad en 2016, hoy lo hace sólo el 47%. Todo ello, sumado a que el precio de los alquileres ha crecido un 129%, el de la vivienda nueva un 174% y el de segunda mano un 129% desde entonces. 

Esta cifra supone que la vulnerabilidad económica se extienda entre diversas capas sociales. Pero no sólo eso, sino que además es un factor que aumenta la desigualdad. Más de la mitad de los pagos de alquileres van a parar al 10% de los catalanes más ricos. En otras palabras: los propietarios tienen 2,1 veces más renta disponible que las personas a las que les cobran el alquiler. 

Es cierto que la gran mayoría de propietarios (84%) sólo tienen una vivienda en propiedad. Pero los grandes tenedores, aquellos que tienen más de 5 inmuebles, copan el 20% del mercado a pesar de que sólo representan el 2,3% de los propietarios. Mientras que quienes tienen más de 50 pisos representan el 0,1% de los propietarios, pero controlan el 7% de mercado. 

En este escenario, cobra relevancia el hecho de que el 56% de las hipotecas concedidas en 2024 tenían como finalidad la compra de una vivienda para invertir, no para vivir. Y el 49% de las compras de pisos se hicieron sin hipoteca. “La propiedad se concentra cada vez más en actores con más capacidad adquisitiva y eso hace que la vivienda sea una carga insostenible para muchos hogares”, según apunta el informe. 

Crece la pobreza infantil

La desigualdad en Catalunya crece, tal como sostienen los investigadores. Hoy, el 10% más rico acumula el 60% de la riqueza, 10 veces más que el 50% más pobre. Estas cifras tienen una fuerte incidencia en la infancia, con un 36,5% de ellos en riesgo de pobreza. 

“Tenemos un problema con la infancia”, ha reconocido Guillem Vidal, coordinador del informe y responsable de la Oficina para el Plan Piloto de la Renta Básica Universal del Govern. La investigación presentada, además de servir de radiografía del estado actual de la sociedad catalana, también sirve para “evaluar la capacidad de respuesta del sistema social”, ha añadido.

En este sentido, cabe destacar que el conjunto de ayudas y prestaciones sociales reducen la desigualdad inicial en un 31%, pero esa redistribución se concentra, sobre todo, en la vejez, siendo que las pensiones concentran el 72% del efecto redistributivo. 

En cambio, la sanidad y la educación, a pesar de que deberían ser “los grandes igualadores sociales del estado del bienestar”, según Vidal, “acaban reproduciendo desigualdades de origen”. La educación pública sólo funciona como ascensor social para el 4,6% de los niños catalanes. 

En este sentido, el Govern asegura que tomará esta radiografía para diseñar un sistema de protección más efectivo y con políticas concretas, pero todavía no ha avanzado qué dirección pretenden tomar. Por ahora, desde el Ejecutivo ponen el foco en dos objetivos: el Plan Piloto de la Renta Básica Universal y la gestión desde Catalunya del Ingreso Mínimo Vital, de tal forma que se pueda crear una ventanilla única con la Renta Garantizada de Ciudadanía para que pueda llegar a más población.

A golpe de récords de trabajadores, el empleo en España está sorprendiendo por su empuje, a la cabeza de Europa y motor del crecimiento económico nacional, y por su resiliencia ante las últimas crisis, como la pandemia y la inflacionista. Además, con una reducción del trabajo temporal a mínimos históricos. Pero entre tantas luces, también hay sombras y retos pendientes de nuestro mercado laboral que abocan a muchas personas a la precariedad de salarios y jornadas insuficientes, y también al paro, sobre todo a jóvenes y a personas de edades avanzadas.

“Creamos más empleo de lo que se reduce el paro”, destaca Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. España logró en el cierre del año que la tasa de paro cayera por debajo del 10%, un hito que solo se ha logrado en dos ocasiones en los últimos 40 años y que aun así nos sitúa como el segundo país de la Unión Europea con más trabajadores en desempleo. Solo por detrás de Finlandia (10,2%) y muy lejos de la media de la UE (5,9%).

La reducción del paro es más lenta por algunos buenos motivos, apunta el catedrático Cruz Villalón. El primero, porque España está aumentando mucho los trabajadores extranjeros. “Y vamos a necesitar muchos más en el futuro” dado el envejecimiento de la población, recuerda el especialista. Además, por un agrandamiento del mercado laboral, gracias al incremento de la población dispuesta a trabajar. “Personas que cuando hay más oportunidades de empleo se activan. Es un desempleo oculto que ahora aflora y eso es bueno”, considera Cruz Villalón.

Elevado paro juvenil y de larga duración entre los mayores

Sin embargo, también hay importantes deberes pendientes para reducir el paro desde hace décadas. “El empleo de los jóvenes está mejorando, pero hay todavía altas tasas de paro”, destaca Raymond Torres, economista de Funcas, que señala que hay que “mejorar la transición del sistema educativo al laboral”, tanto en la formación profesional como en el sistema universitario, para que haya “más conexión entre el perfil pedagógico y la inserción al mercado laboral” de los jóvenes.

Cuando desglosamos la tasa de paro general por edades y sexos, se observa que los datos más elevados de desempleo se concentran entre los jóvenes, con incluso porcentajes que alcanzan el 32% entre los hombres entre 16 y 19 años, según la Encuesta de Población Activa (EPA) de cierre de 2025.

Carlos Arcas, director de The Adecco Group Institute, añade un nuevo reto a la inserción laboral de los jóvenes: “La Inteligencia Artificial”. “Antes una persona joven con estudios y ganas empezaba a trabajar casi en cualquier empresa. Ahora muchos trabajos de titulación y ganas los hace la Inteligencia Artificial. Esto ya está generando brechas de empleo y exclusiones laborales, es un tema en el que tenemos que trabajar”, sostiene.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) precisamente señaló los riesgos de la IA para la inserción laboral de los jóvenes en su último informe anual de Tendencias del empleo, como han comenzado a advertir algunos estudios. Por ejemplo, uno de 2025 de investigadores de la Universidad de Stanford, que apunta ya sobre la existencia de algunos efectos preliminares de la IA en el mercado laboral de EEUU, con una reducción de los puestos de trabajo más junior frente a los de trabajadores con más antigüedad y experiencia.

Los datos de desempleo son más altos en general que los de 2006, en mínimos de paro antes de la crisis financiera, y sobre todo entre los hombres y también en las edades más avanzadas, un grupo cada vez más protagonista del desempleo en España en términos absolutos.

En número de personas, la EPA contabilizó 2.477.100 personas desempleadas a cierre del año pasado. De ellas, el 30% tiene más de 50 años. En 2006, el dato era del 13,5%.

Si cruzamos los datos por edad y por duración de tiempo en paro, se observa cómo los jóvenes protagonizan el paro de corta duración, pero las personas de edades más avanzadas tienen una enorme presencia entre el llamado paro de larga duración, a partir del año.

Y más aún en el paro de muy larga duración, de más de dos años de búsqueda de empleo, que alcanza a 521.000 personas. De ellas, casi el 41% son mayores de 51 años.

No es que el paro de larga duración no se esté reduciendo, sí lo está haciendo desde la recuperación post crisis financiera, como refleja el siguiente gráfico, pero sigue siendo elevado.

Desde el Ministerio de Trabajo señalan también a las empresas, que expulsan por inercia a los trabajadores de edades más avanzadas como políticas para abaratar costes y no siempre atendiendo a criterios de productividad y talento. “Seguramente muchas de ellas están en lo mejor de su actividad laboral y son más productivos que nunca”, sostiene el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, sobre los mayores de 52 años.

“Hay colectivos vulnerables cuyas opciones de reinserción laboral son realmente bajas y esto se ha acentuado con la revolución digital. Estos perfiles necesitan una recualificación profunda, algo que no se soluciona con cursos breves o unas indicaciones de orientación laboral”, sostiene la economista Lucía Gorjón, de la Fundación Iseak. Coincide Raymond Torres, que demanda una mejora en “la recolocación de parados” por parte de las oficinas públicas de empleo, que sean capaces de “buscar vacantes en el tejido productivo local”.

“Sería importante aprovechar este momento de expansión económica y la existencia de un sistema de último recurso como el IMV (Ingreso Mínimo Vital) para que estas personas volvieran a participar en la educación formal y pudieran reconstruir su perfil profesional hacia profesiones con demanda de empleo presente y futura”, añade Gorjón.

El debate de los puestos vacantes sin cubrir

El economista de Funcas también considera que “ahora es un buen momento” para mejorar las llamadas políticas activas de empleo, frente a las épocas de crisis u otras menos boyantes en empleo, ya que hay puestos disponibles y algunos sectores “muy dinámicos, como la construcción”, que están advirtiendo de la falta de mano de obra.

Unas vacantes sin cubrir en las que pone el acento también The Adecco Group Institute y que están situadas en casi 153.000 puestos de trabajo, según el INE. En las empresas consideran en cambio que el dato es más elevado, pero que la estadística oficial no está siendo capaz de medirlo. Además, las patronales insisten en el reto de las ausencias por el gran aumento de las bajas médicas de los trabajadores, que los sindicatos piden abordar desde un enfoque de salud y no economicista.

En el debate sobre las vacantes, y los puestos sin cubrir pese al elevado paro, en el gabinete económico de CCOO señalan también que, frente a los discursos habituales de falta de formación, hay también una carencia de oportunidades en ciertos tejidos productivos, en los que España exporta trabajadores cualificados a otros países, con mejores condiciones salariales, desde puestos de enfermería a tecnológicos.

“A futuro el problema de tensiones en la mano de obra lo vamos a ver donde las empresas no ofrezcan trabajo atractivo, unas buenas condiciones”, analizan los economistas del gabinete económico del sindicato, Luis Zarapuz, Natalia Arias y Álvaro Gaertner. Así como fruto de “cuellos de botella por la vivienda”, algo que ya se está produciendo en lugares con precios muy elevados, como Baleares. “Sin políticas de vivienda tendremos tasas de paro aún más altas”, urgieron hace unos días los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT).

Salarios bajos que no dan para vivir

Otra de las sombras que oscurece los avances del mercado laboral son los bajos salarios, que sienten los trabajadores cada mes en sus bolsillos y frustran en muchos casos sus oportunidades vitales. Aunque están aumentando en los últimos años, cuando se tiene en cuenta la inflación, se observa que están “estancados en los últimos 25 años” en su poder de compra, destaca la economista Natalia Arias.

Han mejorado mucho su situación los salarios más bajos, que son los que más perdieron durante la pasada crisis, por lo que partían de una posición muy desfavorable y en algunos casos siguen siendo insuficientes. Especialmente, ante el gran aumento de precio de bienes básicos, como la alimentación y la vivienda.

“En España, los salarios son relativamente bajos”, reconoce el economista Raymond Torres, que apunta que aunque “tiene que ver con la productividad”, que en nuestro país es más reducida que en Europa, “pero no solo es por eso”, añade el especialista de Funcas, que recuerda que España exporta trabajadores cualificados a otros países donde consiguen mejores salarios. “También tiene que ver con que tenemos muchas empresas pequeñas, que no crecen, un reto estructural que viene de lejos”, sostiene Torres.

Con las fuertes subidas del salario mínimo de los últimos años, del 61% desde 2018, hay cada vez más trabajadores alrededor de este suelo salarial en España, en un contexto en el que el sector privado y los convenios colectivos no han subido tanto las remuneraciones a partir de este indicador.

Para impulsar al alza los sueldos entre el SMI y el salario medio, los sindicatos CCOO y UGT proponen que los próximos años este colectivo concentre las mayores subidas. Plantean aumentos del 4% anual en general y de hasta el 7% para estos salarios más bajos, a la espera de que se inicien las conversaciones con la patronal para tratar de alcanzar otro gran acuerdo de negociación colectiva (AENC).

El catedrático Jesús Cruz Villalón llama la atención sobre una cierta “cultura en las empresas, pero también en la negociación colectiva” que aboca casi inevitablemente a los jóvenes a cobrar bajos salarios, “incluso si son muy cualificados”. Algo que considera que está influido por ciertos prejuicios sobre que las familias pueden ayudar a estos trabajadores y que en muchos casos viven en la casa familiar. “Puede que sí y en otras ocasiones no, hay que poner esto en el debate”, sostiene el especialista.

La cara B de los bajos salarios son hogares en los que en ocasiones es muy complicado llegar a fin de mes. Según los últimos datos, el 42% de los trabajadores dice cuadrar las cuentas con “dificultad”. O incluso se viven situaciones de pobreza pese a tener un empleo. España es de los países de la UE con más pobreza laboral, del 11%, solo por detrás de Bulgaria y Luxemburgo. La media está en el 8%.

La economista Lucía Gorjón señala las personas trabajadoras que no logran salir de la pobreza lo hacen principalmente por los dos motivos: “La parcialidad involuntaria y, especialmente, la temporalidad”. Es decir, por una baja intensidad del empleo, pocas horas o días de trabajo. “Gracias a las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional, actualmente una persona que trabaja todo el año a jornada completa logra superar (con bastante margen) el umbral de riesgo de pobreza”, recuerda la investigadora de ISEAK.

El economista de Funcas también añade como factor empobrecedor clave de los trabajadores “la vivienda”. El Consejo Económico y Social (CES) alertó en su última memoria anual que su elevado precio se está “tragando” los avances salariales y económicos en España.

Un tiempo parcial feminizado, muchas veces involuntario

Tras el importante descenso del trabajo temporal, todos los especialistas consultados apuntan a los contratos a tiempo parcial como uno de los principales focos de precariedad del mercado de trabajo. Contratos de tiempo reducido que ocupan a algo más de tres millones de personas en España, de las que su gran mayoría (73%) son mujeres.

“Hay que tener en cuenta la parcialidad involuntaria. Frente a la creencia extendida de que la parcialidad la realizan las mujeres para conciliar su vida familiar y laboral, los datos muestran que, sí es cierto que la parcialidad recae fundamentalmente sobre las mujeres, pero casi un millón trabajan a jornada parcial porque no pueden encontrar empleo a jornada completa (frente a 380.000 que lo hacen para cuidar de personas dependientes)”, subraya Lucía Gorjón.

Además de la parcialidad involuntaria, las mujeres tienen muchos más contratos reducidos para cuidar que los hombres (380.000 frente a 31.700), por lo que desde los sindicatos reclaman medidas públicas de cuidados y de educación, como la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años, para combatir esta desigualdad que lastra los ingresos de las mujeres.

“La jornada explica más de la mitad de la brecha salarial” entre hombres y mujeres, subraya Natalia Arias, que destaca que la parcialidad está más extendida en los sectores feminizados, donde trabajan más las mujeres.

“Cuando las empresas necesitan flexibilidad, cargan en el más vulnerable, que es el tiempo parcial frente al trabajador de tiempo completo”, sostiene Jesús Cruz Villalón. El catedrático recuerda que las horas complementarias (por encima de las contempladas en el contrato) no se retribuyen igual que las extraordinarias y su regulación es más permisiva, lo que hace que muchas compañías utilicen estos contratos como parche para ajustar horarios.

Carlos Arcas reconoce cierta “cultura” empresarial de uso de la parcialidad cuando no está del todo justificada. “Si una empresa necesita ocho horas, tiene que hacer así los contratos. Lo que no podemos es jugar a incrementar horas complementarias por ahorrar costes o para mantener una arquitectura contractual que no se adapta a las necesidades de la empresa”, valora el director de The Adecco Group Institute.

En el año 1991 el jurado del Premio Pritzker, el galardón más importante de la arquitectura, decidió hacerle entrega del premio al arquitecto Robert Venturi (Filadelfia, 1925-2018), ignorando que este desarrolló y firmó sus proyectos conjuntamente durante décadas con la también arquitecta Denise Scott Brown (Nkana, Zambia, 1931) que además era su mujer. A pesar de que durante el discurso en la entrega del Pritzker Venturi reconociera que el trabajo de Scott Brown suponía el 50% de sus proyectos, no reclamó compartir el galardón con ella. La arquitecta, a modo de protesta, se negó a acompañarle a la ceremonia. No fue hasta 22 años más tarde, en 2015 cuando un grupo de alumnos de Harvard de la arquitecta iniciaron una petición a través de Internet para solicitar la concesión del Pritzker de manera retroactiva para Scott Brown. El propio Venturi y otros arquitectos firmaron dicha petición, considerando que el pensamiento sobre “la importancia de lo ordinario” que marcan los trabajos y libros premiados solamente a Venturi son inspiración de la arquitecta. Sin embargo, el jurado, compuesto por arquitectos diferentes a 1991, pero prácticamente en su totalidad compuesto por hombres, denegó dicha petición alegando que un jurado posterior no puede interferir en las decisiones tomadas por uno anterior.

Solo seis mujeres han sido galardonadas con el prestigioso Premio Pritzker de Arquitectura desde su creación en 1979: Zaha Hadid (2004), Kazuyo Sejima (2010), Carme Pigem (2017), Yvonne Farrell y Shelley McNamara (2020), y Anne Lacaton (2021). Tras la negativa del jurado a reevaluar la decisión de excluir a Scott Brown del premio de 1991, la arquitecta confesó que, en su opinión, el Pritzker “va a ser conocido como el premio de los tristes y viejos hombres blancos”. No se trata de la única vez que ocurría un caso similar en el Pritzker, ya que en 1986 se premió a Gottfried Böhm y no a su socia y esposa Elisabeth Haggenmüller, y en 2012 a Wang Shu y no a Lu Wenyu socia de Amateur Architecture Studio.

Poco después de aquella polémica, en el año 2016, Venturi y, en esta ocasión también Scott Brown, fueron premiados con la Medalla de Oro del Instituto Americano de Arquitectos, un reconocimiento de un significativo trabajo de influencia duradera en la teoría y en la práctica de la arquitectura creado mucho antes que el Pritzker, en 1907. Así, Scott Brown se convirtió la segunda mujer en recibir el premio y la primera que ha conocido en vida reconocimiento del galardón , ya que la primera mujer que recibió esta medalla fue Julia Morgan en 2014 a título póstumo. Tras ellas otras tres mujeres han sido galardonadas, Angela Brooks, que recibió el premio conjuntamente con Lawrence Scarpa en 2022 y Carol Ross Barney, que fue galardonada en 2023 y, por último, Deborah Berke, que ganó la medalla el año pasado, en 2025.

El Pritzker va a ser conocido como el premio de los tristes y viejos hombres blancos

Denise Scott Brown — Arquitecta

Tras toda una vida de arquitectura y arte, a sus 94 años, el Museo Bellas Artes de Bilbao acoge la primera gran retrospectiva de Denise Scott Brown en España. Comisariada por los arquitectos Maria Pia Fontana y Miguel Mayorga y estructurada en tres apartados –ciudad, calle, casa–reúne por vez primera más de 120 obras originales, entre los que hay dibujos, fotografías, carteles y maquetas, con el objetivo de poner de manifiesto la gran contribución de sus proyectos a la cultura visual contemporánea. Además de sus obras, la exposición incluye una veintena de obras de arte y mobiliario de la colección privada de la arquitecta entre las que se encuentran obras de Ed Ruscha, Roy Lichenstein o Andy Warhol.

La ciudad, la calle y la casa como inspiración

El primer apartado de la muestra, 'Ciudad', recoge las obras y propuestas creadas por Scott Brown en el lugar en el que ella creó un hogar: Filadelfia. Se trasladó allí en el año 1958 para estudiar con Louis Kahn, tras formarse y trabajar en Londres y viajar por Europa. A pesar de que le acompañó su primer marido, Robert Scott Brown, este falleció justo un año más tarde en un accidente de coche. Ese mismo año conoció a Robert Venturi, con quien al inicio solo colabora académicamente, pero años después, en 1967, contrae matrimonio. Scott Brown decide mantener el apellido de su primer marido para así no perder la autoría del trabajo realizada hasta la fecha. Antes de casarse con su primer marido, su nombre era Denise Lakofski. Entre 1962 y 1964 Scott Brown y Venturi desarrollaron en la Universidad de Pensilvania dos propuestas determinantes: Venturi publicó 'Complexity and Contradiction in Architecture' y Denise impartió el curso Studio FFF (Form Function Forces), que define el sistema de análisis para las investigaciones sobre Las Vegas y Levittown. 

La relación con Filadelfia se da en más de cuatrocientos proyectos o estudios de Scott Brown. Por su reinterpretación del centro histórico se han seleccionado para la exposición, el complejo Franklin Court (1972-1976) y el centro de visitantes del Independence Mall (1996) por el tratamiento del campus como espacio articulado con la ciudad, el Perelman Quadrangle (2000) de la Universidad de Pensilvania y, por su análisis sobre la viabilidad de estos entornos urbanos singulares, los estudios Fairmount in the City (1983) y Penn’s Landing Planning Study (2003). “Estos proyectos y materiales seleccionados muestran una de las contribuciones capitales de Scott Brown al proyecto arquitectónico, la asunción del urbanismo en el diseño para ordenar el espacio público mediante elementos propios”, detallan desde el Museo Bellas Artes de Bilbao.

En el segundo apartado de la exposición, 'Calle', se muestra cómo una de las grandes aportaciones de Scott Brown es su interpretación de la calle -Strip (franja)- como lugar simbólico. Ejemplo de ello son los materiales de la investigación 'Learning from Las Vegas, or Form Analysis as Design Research' (1968), realizada con Robert Venturi, Steven Izenour y estudiantes de la Universidad de Yale. Sus resultados se publicaron en 1972 en uno de los libros más revolucionarios de la historia de la arquitectura. 

Por último, la tercera parte de la retrospectiva es la 'Casa'. El diseño y el estudio de lo doméstico configuran otra de las contribuciones más relevantes de Denise Scott Brown. En 1970 desarrolló la investigación 'Remedial Housing for Architects o Learning from Levittown' junto con Venturi y estudiantes de Yale. En ella analizó los suburbios denostados por los arquitectos, con Levittown como caso específico, un modelo basado en la cultura del automóvil que ya había conocido en 1958 gracias al sociólogo Herbert Gans. Así, Venturi y Scott Brown observaron las decoraciones exteriores e interiores de las casas, además de las expresiones individuales que aparecían en fachadas y jardines. Las conclusiones se mostraron en la exposición 'Signs of Life: Symbols in the American City' (Washington, 1976). Sus proyectos de viviendas unifamiliares –'Vanna Venturi House' (Filadelfia, 1960) y 'Trubek and Wislocki Houses' (Nantucket, 1970)–, auténticos manifiestos formales, son el resultado del estudio simbólico de la casa, del contexto, de los elementos naturales que la rodean y de las formas de vida de sus habitantes. Según narraba el propio Venturi, que falleció en 2018, son “casas complejas y contradictorias que anhelan el equilibrio entre lo ordinario y lo monumental, entre lo simbólico y lo cotidiano”.

La muestra finaliza con un documental grabado en el año 2024 en la casa de la propia arquitecta, en la que ha vivido durante más de 50 años junto a su marido. Se trata de una vivienda de estilo modernista que fue decorada por los arquitectos con numerosos objetos, obras de arte y mobiliario que trasladan los intereses, la historia y la memoria privada de una de las parejas más influyentes de la arquitectura contemporánea. El documental, realizado por Pablo García Canga y Manuel Asín, con música del pianista de jazz sudafricano Ibrahim Abdullah, interpretada y adaptada por Mikel Azpiroz, muestra la voz en off de la propia Scott Brown, que cuenta anécdotas cotidianas y significativas de su vida. Así, la película funciona como un doble retrato de la arquitecta y de su hogar, entendido como personaje protagonista de la obra. 

“Es la segunda ocasión en la que exponemos la obra de Denis Scott Brown en nuestro museo. Pero es la primera que un museo expone retrospectivamente su trabajo, su pensamiento y su mirada sobre la arquitectura y el urbanismo, sobre el individuo y la comunidad, detalla el conservador jefe de la muestra, Gilermo Zuaznabar, haciendo referencia a 1983 la exposición que acogió la pinacoteca bilbaína en el año 1983 'Correspondencias. 5 arquitectos, 5 escultores' que incluía la obra de Scott Brown. ”El núcleo de la exposición lo ocupan los materiales provenientes del estudio ‘Learning from Las Vegas’ (1972)“, explica Zuaznabar sobre una de las obras más influyentes de la arquitecta y artista, un ensayo crítico revolucionario elaborado junto con Venturi y Steven Izenour que incorpora la cultura popular americana y el automóvil al proyecto arquitectónico.

“Esta exposición nos hace reconocer que el diseño rara vez es el resultado del trabajo de una sola persona. Es un esfuerzo de equipo. Hay múltiples hilos que contribuyen a él, y hay que desentrañar cuidadosamente cada uno de ellos para llegar a comprender realmente lo que ocurre en el proceso. Lo más singular que Denise enseñó a la gente fue aprender y enseñar el estilo del diseño, que es un trabajo en equipo”, concluye la arquitecta y asistente de Denise Scott Brown desde 2014, Shilpa Mehta, en su visita al Museo Bellas Artes de Bilbao para la inauguración de la muestra, que estará disponible hasta el 31 de mayo.

No se puede dejar de decir la verdad aunque moleste a los tuyos. De hecho es el momento en el que es más imprescindible decir la verdad, cuando molesta a los tuyos. Una de esas verdades incómodas, y obvias, es explicar a muchos de los potenciales votantes de la izquierda, algunos incluso fieles votantes de la izquierda, que no está bien especular con un bien de primera necesidad y que la tenencia de dos o tres viviendas los convierte en unos privilegiados con una renta muy superior a la media. Entiendo que haya muchos a los que no les guste verse en ese papel, pero es que lo tienen. 

Los pequeños rentistas no son vulnerables, los pequeños rentistas actúan como enemigos de clase. Eso tiene que ser un punto de partida sobre el que evaluar cualquier medida. Los pequeños rentistas tienen que ser separados de los grandes tenedores, por supuesto, son diferentes actores de un mismo problema, pero no pueden ser exonerados de la responsabilidad que tienen en el incremento del precio del alquiler en una situación de emergencia habitacional. Los pequeños propietarios juegan con las reglas del mercado, si no lo hicieran no estaríamos como estamos, y son mayoritarios en el mercado del alquiler. 

La clase trabajadora ha invertido sus ahorros en vivienda porque siempre ha sido conservadora por definición, no quiere arriesgar lo poco que va ahorrando. Es normal que se invierta en un activo seguro y que no precisa demasiado conocimiento financiero. Esto son también hechos y los hechos no deberían molestar a nadie. Eso ha generado que todos aquellos que hayan querido prosperar hayan preferido comprar vivienda antes que otro tipo de productos de ahorro e inversión. Todos entendemos esa realidad pero hay muchas maneras de manejarse con ese proceder. 

Naturalmente que siempre existen excepciones. No te sientas zaherido ni dolido si estás en ese grupo. Nadie va a culpar a un anciano que con el pago del alquiler se paga la residencia, o a quien ha heredado la casa de sus padres y quiere mantenerla buscando un alquiler humanitario en tanto que digno con el que pagar los gastos y sacar un pequeño rendimiento. Hay muchas maneras de alquilar una vivienda sin ser un casero especulador que solo busca incrementar los precios en cuanto puede a costa de aumentar el rendimiento jugando a las reglas del mercado. Existen las bolsas de vivienda municipales, seguro que conocen amigos o familiares que necesitan una casa asequible, no les costará ser decentes y no unas sanguijuelas del trabajo ajeno. Porque el rentismo es parasitario. 

El decreto sobre el escudo social no saldrá. No saldrá entre otras cosas porque nunca ha habido una mayoría progresista en el Congreso. Esa es una de las trampas que la izquierda se ha hecho desde 2023 obviando que Junts nunca lo ha sido, a pesar del engaño masivo que supuso el procesismo incluso atrayendo a esos postulados a muchos partidos de izquierdas que por interés y voluntarismo intentaron hacernos al resto comulgar con ruedas de molino. La derecha nacionalista es protectora de rentistas y del capital, y entiendo que cuando tienes que pactar con diferentes tienes que hacer concesiones para lograr algo de todo aquello en lo que crees. Es normal ceder sacando del decreto a los inquilinos vulnerables para eludir de esa responsabilidad a los pequeños propietarios para poder aprobar algo, pero lo que no se puede hacer es vender tu alma al diablo comprando un argumentario que nunca puede ser el nuestro. 

No existe rentista bueno. No existe un rentismo tolerable. No hay pequeños rentistas con los que ser condescendiente y, desde luego, no podemos desde la izquierda contemporizar con ese discurso que quiere proteger a los pequeños rentistas y menos aún con un discurso que los dibuja como un colectivo vulnerable. Es tolerable, por fuerza mayor, aceptar que esos pequeños rentistas queden fuera de un decreto de protección a los vulnerables, pero dejando claro que esos rentistas son parte del problema. Porque si no lo fueran, si formaran parte del corpus ideológico de la izquierda que cree que la vivienda es un derecho y no un bien de mercado, no habrían formado parte de la rueda perversa del capital que participa de los beneficios del mercado a costa del esfuerzo y la fuerza de trabajo de los inquilinos. 

Si el pequeño rentista quiere ser considerado un agente social a proteger por la izquierda que empiece por poner su vivienda a la mitad de precio de mercado. Todos y cada uno de esos pequeños rentistas seguirían ganando dinero y al menos demostrarían que los que pensamos que son solo una rueda demente más de este sistema que perpetúa el vapuleo a los que menos tienen nos equivocamos. No ocurrirá, no lo harán, solo algunos serán excepción de ese mecanismo egoísta que deja a millones de españoles en una situación de precariedad. 

Y no le echen la culpa solo a los políticos, porque ellos lo que hacen es defender los intereses perversos de ustedes, rentistas, que son muchos y muy poderosos, y ellos funcionan solo como el brazo ejecutor de sus intereses. Puede que quieren dar pena con historias inventadas —puede que alguna sea real— de unos pocos propietarios que malviven con el alquiler de una segunda vivienda. A mí no me la dan, y si se sienten aludidos con este texto es que algún pellizco de culpa tendrán por hacer lo que hacen. No me miren a mí por decirles lo que son y empiecen por rebajarles el alquiler a la mitad a su inquilino. El mercado no les obliga a ser avariciosos. Tienen elección. 

La pobreza y la desigualdad siguen reduciéndose en España. En 2025, con datos de renta del año anterior, la población que vivía con ingresos por debajo del umbral de la pobreza disminuyó al 19,5%, el dato más bajo de la serie histórica que arranca en 2008, según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que publica el INE. La desigualdad entre los más ricos y más pobres vuelve a disminuir, también hasta mínimos desde los inicios de la crisis financiera, y por fin disminuye la pobreza infantil, aún muy alta (28,4%), pero que frena los últimos años de aumentos.

Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 son en general positivos. Mejoran prácticamente todos los indicadores: tanto la pobreza, la carencia material severa, la pobreza energética y los problemas para pagar la vivienda. Estos últimos también habían aumentado en los últimos años y en la encuesta de 2025 dan un respiro.

Hay que recordar que, en un país rico como España, la pobreza se mide de forma relativa, en comparación con el nivel de vida de la sociedad. También con una mirada más amplia, la tasa de pobreza y exclusión social (AROPE) mide la pobreza monetaria (vivir con ingresos por debajo del 60% de la mediana) y también otras dificultades, como la intensidad laboral y la carencia material y social severas.

Como ilustra el anterior gráfico, la población en pobreza y exclusión en España bajó solo una décima el año pasado, al 25,7%, según la nueva definición AROPE. Los hogares con carencia material severa se redujeron al 7,6% desde el 8,2% del año anterior. Por su parte, los hogares con baja intensidad en el empleo se mantuvieron estables, en el 8%.

Aunque los datos de pobreza se reducen, lo hacen de manera moderada y en un contexto de crecimiento económico y del empleo, advierten en Oxfam Intermón. “Esta brecha entre crecimiento económico y reducción de la pobreza evidencia que la pobreza se está cronificando en España: el progreso macroeconómico no logra sacar a millones de personas de una situación estructural de precariedad que afecta ya a una de cada cinco personas y que, al ritmo actual, tardaría casi un siglo en erradicarse”, afirma Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social de la ONG.

En el mismo sentido se posicionan en EAPN España, red de ONG contra la pobreza, que valoran de forma positiva que no se haya producido un empeoramiento de los datos, pero muestran “preocupación por las dificultades para reducir unas cifras de pobreza que afectan al 25% de la población desde hace más de una década”. “Se trata de un suelo que no consiguen reducir ni el crecimiento macroeconómico ni las cifras récord de empleo de 2025”, subrayan en la organización.

Por su parte, la desigualdad de renta entre los más ricos y los más pobres también sigue reduciéndose y alcanza nuevos mínimos en la serie histórica, que arranca en 2008. Según el indicador que compara la renta del 20% más rico y el 20% más pobre, la brecha cae al 5,2, dos décimas respecto al año anterior.

Con el indicador Gini, que también mide desigualdad de rentas con otra fórmula, las disparidades entre los que más y menos tienen también se reduce y alcanza un nuevo mínimo del 30,8.

La clave de la reducción de la desigualdad apunta a una gran mejora de las rentas más bajas, sobre todo del 10% más pobre, como ilustra el siguiente gráfico. Sus ingresos se desplomaron más que los del resto de la sociedad con la pasada crisis financiera, generándose una brecha durante una década que se ha cerrado en los últimos años.  

La pobreza infantil: muy alta, pero desciende al 28,4%

Uno de los punto más negativos de la reducción de la pobreza en los últimos años era que la infantil no se veía beneficiada de las mejoras. Al contrario que el resto de grupos de población, los menores de edad empeoraban sus indicadores. Una situación preocupante en sí misma, pero más aún en España, con una pobreza infantil muy eleveada, a la cabeza en Europa, como alertan ONG como Save The Children y Unicef.

La encuesta de 2025 refleja por fin un descenso en la pobreza infantil, que aunque sigue siendo muy alta, se reduce al 28,4% en 2025 respecto el 29,2% del año anterior.

Aun así, como se apuntaba, el anterior gráfico refleja cómo la pobreza infantil no solo es muy elevada –alcanza a más de uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes– sino que es mucho más alta que la del resto de grupos de población.

En España, como indican las ONG especializadas en infancia, tener hijos es un factor de empobrecimiento en la actualidad, en un país con menos inversión en la infancia que sus colegas europeos y, en concreto, sin ayudas universales a la crianza como abundan en otros países comunitarios y reclaman las organizaciones sociales y el ala de Sumar dentro del Gobierno de coalición.

Cabe destacar que este descenso de la pobreza infantil que refleja la encuesta, que recoge datos de renta de 2024, coincide con el importante aumento de los perceptores en la ayuda mensual por hijo de hasta 115 euros vinculada al ingreso mínimo vital. Ese año, el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) incrementó sus beneficiarios casi un 50%, aunque aún tiene una gran brecha de hogares con derecho que no reciben la prestación (un 72%, según la AIReF).

“Que casi un millón de menores viva en pobreza severa, lo que significa vivir sin las necesidades básicas cubiertas, demuestra que las políticas actuales no son suficientes y que es urgente reforzar los apoyos a las familias para garantizar los derechos de la infancia”, ha denunciado este jueves Catalina Perazzo, directora de influencia y desarrollo territorial de Save the Children.

“Si bien los datos muestran una leve mejora, estas cifras siguen siendo alarmantes, especialmente en un contexto de avances económicos generales del país”, ha afirmado por su parte Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF España. “Está claro que las políticas actuales destinadas a combatir la pobreza en la infancia no están teniendo el impacto necesario, y la situación hace urgente dotar políticas más eficaces y con un efecto más rápido”, ha añadido.

Menos dificultad para llegar a fin de mes y pagar la vivienda

La encuesta también refleja que en 2025 se redujo la población que dice llegar “con dificultad” a fin de mes. El indicador que más baja es el de quienes dicen llegar con “mucha dificultad”, las situaciones más graves, que descienden del 9,1% al 8,5%. Quienes llegan “con dificultad” caen del 12,7% al 12,1% y, por último, aquellas personas que alegan “cierta dificultad” para cuadrar las cuentas hasta el final del mes pasan del 25,6% al 25,3%.

Aun así, la encuesta constata cómo muchos hogares en España afrontan una situación complicada en su día a día para afrontar sus gastos, casi la mitad del total (el 46%).

Otro indicador que estaba empeorando en los últimos años y que este 2025 da un respiro es el de la población con problemas para afrontar los gastos de vivienda, un importante foco de precariedad ante los elevados precios del alquiler y compra. Así, quienes afirman haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses se reducen al 11,4%, el dato más bajo desde hace seis años, en 2019.

También disminuye la pobreza energética, la población que dice que no puede permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada. Esta aumentó a máximos históricos durante la crisis inflacionista, que disparó el precio de la luz, tras varios años previos de aumento. En 2025 continúa el descenso inicado en 2024 y cae al 16% de la población.

Entre los pocos indicadores que empeoran se sitúa el de la población que dice no tener capacidad de afrontar gastos imprevistos, que aumenta al 36,4% desde el 35,8% del año anterior.

Cabe destacar que las dificultades para pagar la vivienda se reducen de manera general en los distintos grupos de edad y población, como refleja el siguiente gráfico.

Aunque la EAPN España destacan que los datos de la encuesta reflejan que aquellas personas que viven de alquiler afrontan una situación “especialmente grave” de pobreza. “Cuatro de cada diez personas en nuestro país (43,6%), que viven de alquiler a precio de mercado, se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social” y el “63,9% de las personas en alquiler tuvo dificultades para llegar a fin de mes”, indican de su análisis de los microdatos.

Oxfam Intermón insiste también en que “la vivienda se come las subidas salariales frenando cualquier avance de bienestar”, por lo que pide políticas públicas ambiciosas en este terreno, así como implementar una ayuda universal por crianza. “Solo con políticas públicas en esta dirección se aseguraría que las mejoras económicas se traducen en una reducción real de la pobreza y la desigualdad”, concluye García-Gil.

Dado que estos datos se publican en pleno debate por la prórroga del decreto que paraliza los desahucios de familias vulnerables, desde EAPN España urgen a los grupos parlamentarios a convalidar la moratoria “para impedir que se produzcan desahucios sin alternativa habitacional”, una medida que “debe tener un carácter estructural”, reclaman desde la red de ONG.

Cáritas Española ha defendido este jueves la regularización de migrantes pactada por el Gobierno y Podemos, y ha rechazado la idea de que las personas en situación de vulnerabilidad supongan una carga para la sociedad. “En nuestra sociedad no hay parásitos”, ha afirmado Manuel Bretón, presidente de la organización, durante la presentación del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social. Bretón ha señalado que agilizar la regularización administrativa, garantizar empleo digno y acceso a vivienda es crucial para la integración de la población migrante, que sufre tasas de exclusión casi cuatro veces superiores a las de los ciudadanos españoles.

El informe, elaborado por más de 140 investigadores, apunta que España, a pesar de su crecimiento económico y la creación de empleo, se adentra en una “sociedad del desasosiego” marcada por la precariedad laboral, la exclusión habitacional y el debilitamiento de la clase media. Según la fundación FOESSA, la exclusión social severa afecta a 4,3 millones de personas, y la irregularidad administrativa multiplica los riesgos: dos de cada tres personas extracomunitarias sin papeles viven en exclusión.

Migración: una realidad estructural

El encuentro se ha celebrado en un contexto político marcado por el anuncio del Gobierno y Podemos de una regularización extraordinaria de migrantes que podría beneficiar a más de 500.000 personas. La medida, que se aprobará por la vía de urgencia mediante real decreto, permitirá regularizar a quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales y hayan permanecido al menos cinco meses en el país.

Bretón ha defendido la iniciativa y ha recordado el papel de Cáritas y de la Iglesia en su impulso. “La inmigración no es un problema, es una realidad”, ha defendido. España ha pasado de ser un país emisor a uno receptor de inmigración, con 8,8 millones de personas nacidas en el extranjero, un 18,2% de la población.

Según el informe FOESSA, la población migrante es clave para el crecimiento demográfico y económico, pero sufre tasas de exclusión muy superiores: las personas extranjeras padecen casi cuatro veces más exclusión severa que las de nacionalidad española.

El informe subraya que la irregularidad administrativa es un factor decisivo: dos de cada tres personas extracomunitarias sin papeles viven en exclusión. “Agilizar la regularización, garantizar empleo digno y acceso a vivienda es crucial para la integración”, explica FOESSA.

La desigualdad no admite ambigüedades

Frente a quienes cuestionan la generosidad del sistema de protección social, Bretón ha contestado: “En nuestra sociedad no hay parásitos”. El informe desmonta la idea de que las ayudas desincentivan el empleo y muestra que la mayoría de los hogares en situación de vulnerabilidad buscan trabajo y formación, pese a los obstáculos burocráticos.

El presidente de Cáritas ha apelado también al mundo empresarial, reunido en el acto de CEDE este jueves, a asumir el riesgo sistémico de la desigualdad. “No hay empresas sostenibles en sociedades rotas”, ha advertido, proponiendo pasar de la “ética del buen vecino” a la del “buen antepasado”, pensando en el impacto de las decisiones actuales sobre las generaciones futuras.

“La desigualdad es una palabra feísima”, ha concluido Bretón. “No admite ambigüedades: o se combate o se construye”. También ha incidido en que el IX Informe FOESSA no pide compasión, sino responsabilidad política y social ante una fractura que, de no abordarse, amenaza la cohesión democrática del país.

Más allá de la pobreza

El IX Informe FOESSA amplía el foco más allá de la pobreza monetaria y analiza la exclusión social a partir de 37 indicadores agrupados en ocho ámbitos, entre ellos empleo, vivienda, salud, educación o relaciones sociales. “No es solo una fotografía, es un vídeo”, ha explicado Bretón, en referencia al seguimiento de tendencias desde hace décadas, como la caída de la clase media.

Al mismo tiempo, Cáritas denuncia que la precariedad laboral se ha normalizado y afecta a casi la mitad de la población activa. “Me creo los datos del Gobierno sobre la mejora del empleo, pero no constituye una protección general”, afirmó el presidente de Cáritas, recordando que “la mitad de las personas que acuden a Cáritas son trabajadores”.

La vivienda aparece como el otro gran motor de la exclusión. Uno de cada cuatro hogares sufre problemas de acceso a una vivienda digna, en un país que, paradójicamente, lidera Europa en viviendas vacías y secundarias. “Hace veinte años nadie habría imaginado esta emergencia habitacional”, ha señalado Bretón, quien recordó que España es el país europeo donde los jóvenes se emancipan más tarde.

Juventud e infancia, las grandes afectadas

El informe dedica especial atención a la infancia y la juventud, a las que identifica como las grandes perdedoras del modelo actual. La precariedad laboral, la temporalidad, los bajos salarios y los precios de la vivienda alimentan una sensación de pesimismo generalizado, denuncia la ONG. “Estamos creando una generación que va a vivir peor que sus padres”, ha advertido Bretón, un fenómeno inédito en la historia reciente del país.

FOESSA desmonta además el relato meritocrático: el origen familiar pesa hoy más que el esfuerzo individual. El estudio sostiene que la movilidad social se ha frenado y el ascenso social ya no funciona como promesa colectiva, lo que erosiona el contrato social y la confianza en el sistema.

A estas brechas se suman otras: de género, generacional y digital. Pese a la “revolución laboral femenina”, las mujeres siguen soportando la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados, especialmente en familias monoparentales encabezadas por mujeres, uno de los rostros más visibles de la exclusión.

En cierto sentido, Francia ha vuelto a los tiempos de Balzac y La comedia humana. El elevado nivel de desigualdad patrimon­ial y el peso de la riqueza heredada recuerda al de la Francia del siglo XIX. Las mayores fortunas del país están en gran medida reservadas a las personas procedentes de familias ricas; la ascensión social para alcanzar las posiciones patrimoniales más altas a través del mérito se ha convertido en casi imposible.

El 10% de los franceses más ricos posee hoy más de la mitad (54%) de la riqueza del país, según datos del Banco de Francia. El 50% más pobre, menos del 5%. Y la brecha entre las diferentes capas de la sociedad es cada vez más profunda: entre 1998 y 2021 el patrimonio medio del 10% de los franceses más pobres se redujo en un 54%, mientras que el del 10% más rico aumentó un 94%. “Nuestra sociedad contemporánea se parece más a la sociedad del siglo XIX que a la de los años 1950-1970, en el sentido de que cada vez es más difícil acumular un patrimonio solo con los ingresos del trabajo”, señala a elDiario.es Mélanie Plouviez, filósofa y profesora titular en la Universidad Côte d'Azur.

Plouviez también es autora de L'injustice en héritage. Repenser la transmission du patrimoine (La injusticia como herencia. Reconsiderar la transmisión del patrimonio), un libro en el que analiza este aumento exponencial de las desigualdades patrimoniales en Francia. Y en el que señala una de sus principales consecuencias, la creciente proporción de la fortuna heredada.

“La concentración está reforzada por la transmisión: la fortuna heredada representa hoy el 60% del patrimonio nacional, cuando a principios de la década de 1970 esta proporción era solo del 35%”, explica Plouviez, especialista en filosofía social y política del siglo XIX.

Nuestra sociedad contemporánea se parece más a la sociedad del siglo XIX que a la de los años 1950-1970, en el sentido de que cada vez es más difícil acumular un patrimonio solo con los ingresos del trabajo

Mélanie Plouviez — filósofa y profesora titular en la Universidad Côte d'Azur

Si bien el contexto social no es el mismo que hace dos siglos —entonces no existía el Estado del bienestar que garantiza una protección para los más vulnerables— la concentración patrimonial es comparable a la de la Francia que Balzac describió en Papá Goriot: la de las grandes familias de la aristocracia y la alta burguesía y su vida en los hôtels particuliers de París.

En esa novela, el criminal Vautrin, que aparece en varias obras de La comedia humana, asegura al joven ambicioso Eugène de Rastignac que sus estudios de Derecho no le llevarán a donde quiere llegar: la ascensión social pasa por casarse con una heredera, como Victorine Taillefer. “Vos no chapotearéis mucho tiempo en estos pantanos, donde viven los sapos que nos rodean aquí. Vos os casaréis con una heredera”.

Evolución de las desigualdades

Mélanie Plouviez hace referencia en su libro a la evolución de las desigualdades documentada por Thomas Piketty en El capital en el siglo XXI. En 1914 las desigualdades alcanzan su punto álgido, pero las dos guerras mundiales cambiaron totalmente el paisaje económico y social. Las cartas se redistribuyen. En el periodo que sigue al fin de la Segunda Guerra Mundial la inflación merma las fortunas, mientras que los treinta años posteriores —conocidos en Francia como les trente glorieuses— están marcados por el ascenso de una clase trabajadora, numerosa y bien remunerada, gracias a un crecimiento económico sostenido.

En esas condiciones, el trabajo y el ahorro permiten acumular un capital importante. Y el ascenso, a través de la actividad profesional o la educación, es posible. Además, la construcción del Estado del bienestar y la implantación de un sistema de impuestos redistributivo limitan el peso de las transmisiones en la riqueza.

Punto de inflexión

“La crisis del petróleo en los 70 y las sucesivas recesiones marcan un punto de inflexión”, explica Plouviez. “La tendencia hacia la igualdad de rentas se erosiona y se invierte, en una curva en U”. El crecimiento se ralentiza, frenando los ingresos laborales. A la inversa, los grandes patrimonios se benefician del fuerte aumento del sector inmobiliario y de la bolsa.

Porque otra gran diferencia con los tiempos de Balzac es que el patrimonio en el siglo XIX estaba esencialmente ligado a la propiedad de tierras. Hoy es global y en gran medida financiero. Precisamente es en los activos financieros donde encontramos las mayores desigualdades hoy: en 2010, el 10% más rico poseía entre el 70% y el 80% las acciones, los bonos, los seguros de vida, etc.

La concentración está reforzada por la transmisión: la fortuna heredada representa hoy el 60% del patrimonio nacional, cuando a principios de la década de 1970 esta proporción era sólo del 35%

Mélanie Plouviez, filósofa y profesora titular en la Universidad Côte d'Azur — filósofa y profesora titular en la Universidad Côte d'Azur

Desde la década de los 80, las sucesivas reformas han ido degradando la progresividad del sistema fiscal, esenciales para corregir la situación de desigualdad y de acumulación patrimonial. “Antes de impuestos y redistribución, Francia es uno de los países más desiguales entre todos los países ricos, justo después de Estados Unidos y Reino Unido”, afirma a elDiario.es Louis Maurin, director del Observatorio de las desigualdades en Francia. “Solo gracias a potentes mecanismos de solidaridad tras la redistribución, Francia termina justo en la mitad de la tabla”.

Pero a lo largo de los años, las exenciones y las reformas fiscales han ido limitando la capacidad redistributiva. Un Informe del Consejo de Impuestos Obligatorios (CPO), organismo oficial independiente, señalaba recientemente que la actual fiscalidad francesa no solo no corrige las desigualdades, sino que las agrava. El impuesto sobre el patrimonio es regresivo: cuánto más se tiene menos se paga.

Tendencia global

Una realidad común a muchos países occidentales, aunque a la vista de las estadísticas es especialmente patente en Francia. Si la palabra égalité forma parte de la divisa nacional, el mito de la igualdad de oportunidades cada vez se ajusta menos a la realidad. Hoy una persona situada en la parte inferior de la distribución de ingresos necesita más de seis generaciones para alcanzar la media de ingresos, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Eso sitúa a Francia por encima de la media de la zona euro (cuatro y media) o que en España (cuatro) o incluso más que en Estados Unidos (cinco generaciones). “No dejamos de defender la igualdad, pero para los demás; la discrepancia entre los repetidos discursos de los poderes públicos sobre el tema y la realidad cotidiana de la población alimenta las tensiones, más aún que el nivel de desigualdad”, advierte Louis Maurin. “Alimenta un profundo rechazo, no hacia la política, sino hacia las políticas vigentes y favorece el avance de Agrupación Nacional”.

Aun así el problema no es exclusivamente francés. En febrero la revista británica The Economist dedicó una de sus portadas a la aparición de una heredocracia. Mismo diagnóstico para el Consejo de Análisis Económico (CAE), organismo oficial vinculado al primer ministro francés, que afirmaba en un informe que “la herencia vuelve a ser un factor determinante en la constitución del patrimonio de los países industrializados”.

La denuncia de The Economist, diario de corte liberal, se hace eco de las posibles consecuencias del aumento de la acumulación patrimonial. Una parte importante de la riqueza, que economistas y poderes públicos quieren movilizar para que se destine a inversión, se inmoviliza y queda al margen de la actividad económica. Por otro lado, la movilidad social se hace más difícil, acentuando las divisiones sociales y también erosionando la aceptación de los impuestos entre la población, que los percibe como injustos. 

Cinco nuevos nombres se han sumado en el último año a la lista de milmillonarios en España, que ya alcanza a 33 personas, la gran mayoría hombres, y que han llevado sus fortunas a niveles récords de casi 220.000 millones de euros, según el último informe anual sobre desigualdad de Oxfam Intermón. La ONG, que publica el estudio coincidiendo con el inicio del Foro Económico Mundial de Davos, denuncia mientras una parte importante de la población ve erosionado su poder adquisitivo.

El informe Contra el imperio de los más ricos recoge que el patrimonio acumulado por los milmillonarios españoles supera ya al de “18,7 millones” de personas, que representa casi el 40% de la población.

La lista –del ranking en tiempo real de la revista Forbes– está encabezada por Amancio Ortega, fundador de Inditex. Le siguen su hija y empresaria Sandra Ortega Mera, Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, y Juan Roig, presidente de Mercadona. La mayoría de estas grandes fortunas continúan concentradas en manos de hombres.

Sobre las cinco nuevas incorporaciones a la lista de milmillonarios en España, Oxfan Intermón no desvela sus nombres, pero indica a elDiario.es que en noviembre de 2024 eran 28, en el mismo mes de 2025 eran 33. “Este aumento es el resultado neto de personas que salen de la lista (por defunción, porque dejan de tener un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares) y otras que entran”, por ejemplo porque heredan o porque su patrimonio ha aumentado durante este tiempo por encima de los 1.000 millones de dólares.

El estudio de Oxfam sostiene que la riqueza de los 33 milmillonarios españoles creció en casi 28.300 millones de euros respecto al año anterior, hasta situarse en 197.500 millones, el nivel más alto registrado hasta la fecha. En términos reales, el aumento fue del 13,6%, “más de cuatro veces el crecimiento previsto para la economía española en 2025”, que se sitúa en el 2,9%.

La ONG advierte además de que se está acelerando de forma notable la concentración de riqueza. El incremento de la fortuna de los milmillonarios fue “cuatro veces más rápido que el promedio de los últimos cinco años”, lo que equivale a unas ganancias superiores a los “77 millones de euros al día” durante el último año. Para alcanzar esa misma cifra sería necesario el trabajo anual “de cerca de un millón de personas”, contrapone la ONG.

El contexto bursátil ha contribuido de forma decisiva a este resultado. 2025 ha sido también un año histórico para la capitalización de las empresas del IBEX 35, lo que ha impulsado el valor de las participaciones de las grandes fortunas ligadas al mercado financiero.

Salarios a remolque y hogares bajo presión

Frente a este crecimiento récord de la riqueza en la cúspide, la situación de la mayoría de la población trabajadora es muy distinta. En los diez primeros meses de 2025, la ONG apunta que los sueldos han subido menos que la inflación en ese mismo periodo, a partir de los datos salariales de Caixabank Research ‘Real Time Economics“, provocando una pérdida de poder adquisitivo de los empleados.

Mientras los salarios pierden peso en el reparto de la riqueza nacional, el coste de la vida sigue presionando a los hogares, especialmente en partidas básicas como la vivienda, la energía y la alimentación. Esta combinación explica que, pese al crecimiento económico, muchas personas tengan serias dificultades para llegar a fin de mes.

La desigualdad patrimonial refuerza esta brecha. “El 1% más rico de la población concentra el 23,9% de la riqueza total del país, mientras que la mitad más pobre apenas posee el 6,7%”, sostiene Oxfam. Aún más acusado es el caso del 0,1% más rico: “unas 48.000 personas con una riqueza media cercana a los 20 millones de euros”, que ya controlan más del 10% de la riqueza nacional y han aumentado su peso de forma sostenida desde 2010, alerta la ONG.

“La gente no llega. El dinamismo económico favorece a las grandes fortunas, pero para millones de personas resulta cada vez más difícil llegar a fin de mes o calentar su casa”, advierte el director de Oxfam Intermón, Franc Cortada. A estas dificultades se suman los problemas de acceso a una vivienda digna y asequible, que condicionan los proyectos vitales de varias generaciones. “Ese malestar encuentra refugio en relatos que señalan culpables y prometen soluciones sencillas basadas en el ‘sálvese quien pueda’ y una meritocracia engañosa”, añade.

El precio democrático de la desigualdad

Pero la brecha no se limita al ámbito económico. La acumulación de riqueza también se traduce en una sobrerrepresentación política de las élites económicas, con el ejemplo paradigmático del nuevo mandato de Donald Trump al frente de Estados Unidos. Según Oxfam, la probabilidad de que una persona milmillonaria ocupe un cargo político es “4.000 veces” mayor que la de cualquier ciudadano corriente.

La ONG denuncia que este acceso privilegiado al poder se refleja asimismo en la influencia sobre la agenda pública y mediática, con casos como el hombre más rico del mundo, Elon Musk, al mando de la red social X (antes Twitter) o de la adquisición del Washington Post por el empresario Jeff Bezos. Así, las élites económicas dominan los espacios de decisión, advierte Oxfam, mientras los intereses de las personas en situación de pobreza, las mujeres y los grupos racializados quedan sistemáticamente infrarrepresentados.

La organización lanza una señal de “alerta” ante las decisiones políticas que está tomando Donald Trump. “Desde su llegada al poder, se han reducido los impuestos a los superricos, se han bloqueado avances en fiscalidad internacional para grandes corporaciones, se han limitado los intentos de frenar el poder de los monopolios y se ha impulsado el valor en bolsa de sectores como el de la inteligencia artificial, generando importantes beneficios que han ido a parar casi exclusivamente a las grandes fortunas”, critica Oxfam.

“La brecha de riqueza no se limita a los jets privados: está creando un abismo en el poder e influencia políticos que ostenta esta élite milmillonaria y el resto de la población”, señala Cortada. “La pobreza genera hambre, pero la constante desafección política genera ira. Si nuestras sociedades se sienten hoy más divididas y fracturadas es porque, efectivamente, lo están”, añade.

Una brecha que se agranda a escala mundial

La tendencia observada en España no es una excepción. A nivel global, Oxfam denuncia que la concentración de riqueza en manos de los milmillonarios también se ha intensificado. Durante el último año, el informe indica que su patrimonio creció más de un 16%, “tres veces más rápido que el promedio anual de los últimos cinco años”, hasta alcanzar un máximo histórico de 18,3 billones de dólares.

Si se amplía la mirada al último sexenio, el crecimiento resulta aún más pronunciado: la riqueza combinada de los milmillonarios ha aumentado “un 81%” desde 2020. Todo ello convive con una realidad mucho más precaria para la mayoría de la población mundial y en algunos casos de imperiosa necesidad. La ONG recuerda que “casi la mitad de las personas del planeta viven en situación de pobreza, con menos de 8,3 dólares al día, y un 28% se encuentra en situación de inseguridad alimentaria”.

La organización internacional recuerda que “La desigualdad extrema y la concentración de riqueza no son inevitables, ni tampoco lo es frenar el poder e influencia política de los superricos”. Por ello, emplaza a los gobiernos a “actuar con urgencia” en varios ámbitos, entre los que destaca “reforzar los cortafuegos entre la concentración de riqueza y la política, regulando estrictamente los lobbies y la financiación de campañas electorales y partidos”, impulsar Planes Nacionales de Reducción de la Desigualdad con objetivos y plazos concretos, impulsar “agendas efectivas de tributación a los superricos con tipos suficientemente altos como para reducir la desigualdad extrema”, entre otras.

Colectivos sociales han advertido de que entre 150 y 200 personas viven en la calle en Pamplona, sin techo ni comida. Por este motivo, estos colectivos, (El Hadji, PIM-MIG, Matalaz Kontrabotere espazioa, Oxfam Intermón, Comedor Popular, Dar Etxea, Negu Gorriak Derecho a Techo y Haritu), han organizado una concentración y un reparto de comida este martes en la plaza Consistorial de Pamplona.

Según han señalado, resulta difícil saber exactamente cuántas personas viven en la calle, “porque los organismos públicos ni siquiera les reciben”. “Cada día decenas de personas pasan hambre en una comunidad que presume de riqueza. Son en su mayor parte jóvenes que queriendo trabajar no pueden hacerlo porque la ley de Extranjería se lo impide (de media tardan cuatro años en conseguir la documentación que les permita trabajar)”, han apuntado.

Estos colectivos han afirmado que “los servicios sociales del actual Ayuntamiento de Pamplona no están recibiendo a quien no tiene padrón y, aunque la normativa obliga a empadronar a toda persona que resida en un municipio, el derecho a padrón raramente se cumple con quien no tiene vivienda en propiedad o alquilada con contrato”. “Tampoco en el Gobierno de Navarra encuentran una ventanilla que les dé alguna respuesta”, han apuntado.

Así, los colectivos sociales han afirmado que, “para la burocracia, quienes no tienen padrón no existen, así que quienes gestionan el Gobierno y el Ayuntamiento no ven -o no quieren ver- a quienes malviven sin techo, ducha o comida”.

En este contexto, los colectivos sociales y vecinos, “dado lo dramático de la situación, nos hemos organizado para dar una comida digna algunos días de la semana”. “Desde hace un año y medio estamos dando comidas los lunes, martes y jueves, en los barrios de Milagrosa/Arrosadia, Rotxapea y Casco Viejo. Los comedores se autogestionan con la colaboración de, en su mayoría, personas mayores, jóvenes y el propio colectivo migrante”, han explicado.

Sin embargo, han señalado que esto es “a todas luces insuficiente y la intención es cubrir toda la semana, o que Ayuntamiento y/o Gobierno de Navarra cumplan con sus obligaciones y amplíen el comedor social público municipal”.

Los colectivos han criticado que “desde las instituciones navarras se potencia la inversión en macro-infraestructuras (de 3.000 a 4.000 millones para el tramo del TAV Castejón-Pamplona, según Comptos) o la oferta de alojamiento para el turismo, que redunda en el encarecimiento de la vivienda, mientras nos dicen que están desbordadas y que no tienen fondos para cubrir las necesidades básicas de unas decenas de personas”. “Una Comunidad que presume de ser líder del Estado en calidad de vida no puede permitir que estas personas que migraron con la esperanza de trabajar y forjarse un futuro mejor se deterioren entre montañas de basura y escombros”, han afirmado.

Por ello, han exigido a las instituciones navarras que “garanticen urgentemente a todas las personas que viven en Navarra el cumplimiento del derecho a techo, a comedor y a unas condiciones de vida mínimamente dignas”.