La renta media bruta en el barrio de Santa Cruz, en el centro de Sevilla, fue de 106.223 euros en 2024, un 43% más que en 2019, lo que la sitúa entre el 1% más rico de Andalucía y el 3% en España. A escasos kilómetros, el Polígono Sur se queda entre el 1% más pobre con unos 20.000 euros de media. Una fractura que deja ver las costuras de un sistema que ha sido debatido en el pleno municipal en un día removido por el movimiento social. Concentrado a las puertas del Ayuntamiento y gritando en el interior, varios colectivos reclamaron políticas públicas que mitiguen estas diferencia durante el debate en el que se abordó la crisis de vivienda y los altos precios de las viviendas protegidas (VPO), para lo que el alcalde José Luis Sanz admitió que tampoco le gustan.

A las doce del mediodía, los vecinos de Jiménez Becerril exigían en una convocatoria en la plaza de San Francisco este jueves que sus casas se incorporen al parque público municipal. “No están con los ciudadanos, sino con los fondos buitres”, criticó Sandra Cruz, vecina afectada por la compra que hizo un fondo buitre del número 27 de Jiménez Becerril en donde viven 102 familias. “Nos enteramos por terceros en abril que nuestro edificio había sido vendido por la Caixa al fondo Inmocriteria Arrendamiento SLU”, con un precio por inmueble de 40.000 euros. “Pedimos al Ayuntamiento que ejerza su derecho de tanteo y retracto y lo sume a su parque de vivienda público”, añadió.

Sin embargo, PP y Vox tumbaron la moción en julio para proteger las VPO que, a fecha de hoy, ya han sufrido “un aumento del alquiler del 47% y la no renovación de varios contratos, además de que no hay un mantenimiento del bloque”, aseguró desde la plataforma que se concentró en la plaza de San Francisco, que acusaron al alcalde José Luis Sanz y al delegado Juan de la Rosa de “mentir”. Esta reivindicación se produce dos días después de que el Ayuntamiento hispalense anunciara que mantendrá una “vía permanente de comunicación” con la asociación de vecinos para revisar los expedientes de las 102 familias.

Sevilla concentra desde el 1% más rico al 1% más pobre del país

El grupo de afectados, apoyado por CGT, el Sindicato de Inquilinas y la plataforma Barrios Hartos, fue al Salón Colón a protestar y del que fueron desalojados en una jornada estuvo salpicada por las protestas vecinales. “Si se invierte más que nunca y hay más desigualdad que nunca, ¿qué está fallando? A lo mejor está fallando el modelo, porque no se está corrigiendo la desigualdad en nuestra ciudad. Quiero que investigue qué está fallando: la deuda con nuestros vecinos no se paga con propaganda, sino con voluntad política”, enfatizó Ismael Sánchez, del grupo municipal Con Podemos-Izquierda Unida, que preguntaba al regidor hispalense por las medidas para combatir estas disparidades.

Los datos difundidos hace tres días por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una diferencia abismal entre los barrios sevillanos. Estas cifras detallan la renta bruta media por hogar (es decir, antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF de 2024 de los residentes de más de 36.000 secciones censales y deja a la barriada de El Carmen, El Turruñuelo, Amate, Los Pajaritos, Palmete, Santa Justa, Macarena, al rojo vivo. Así, se distinguen las zonas más empobrecidas de la riqueza que se aglomera en el centro de la capital andaluza.

“Los datos son demoledores y, si se están desarrollando programas sociales, por qué Torreblanca sigue teniendo 11.500 euros de renta media, una de las más bajas del Estado español”, cuestionó frente al récord de turistas que han aterrizado en la ciudad durante este último año en una jornada en la que se ha aprobado de forma unánime una moción en la que se solicita al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible la financiación necesaria para la ampliación del Aeropuerto de Sevilla.

En respuesta, el alcalde José Luis Sanz admitió que, aún estando “orgullosos del esfuerzo inversor”, todavía “queda mucho por hacer”. En todo caso, subrayó que ha habido 560 millones de euros destinados a política social durante el mandato y que, en los últimos presupuestos municipales, un 21% estuvo dedicada a esta partida. “Rescatamos los servicios sociales del abandono de los socialistas”, adelantando que hay 40 nuevas viviendas transitorias para familias en riesgo inminente o el aumento del presupuesto de los centros de día. “Si mantenemos o incrementamos el nivel de inversión, poco a poco veremos una transformación en los barrios pero no se consigue de un día para otro”, sostuvo.

En cuanto a los elevados precios de las viviendas protegidas (VPO) construidas en Sevilla, respondió al concejal de IU que “a mí tampoco me gustan”. “Si yo hubiera formado parte del Gobierno de coalición, le hubiera pedido ayudas a la compra, a las hipotecas, a la fiscalidad... Esa era la forma de bajar el precio de la vivienda protegida”, recalcó. Un eco de las palabras dirigidas por la portavoz de Jiménez Becerril, que criticó que los precios estén “en 280.000 euros”.

Al respecto, Carmen Fuentes, del grupo socialista, pidió “construir viviendas asequibles” durante la exposición de la moción para apoyar las medidas urgentes del Gobierno central en materia de vivienda y su aplicación en Sevilla, que fue rechazada. “Una VPO cuesta más de 350.000 euros y eso no es una solución para las familias trabajadoras o que un alquiler sea más del 30% no es una solución real”, criticando que han “mirado a otro lado” en la desazón que atraviesan las familias de Jiménez Becerril. “Le pedimos que utilicen sus competencias”, recalcó.

“¡Sueldo digno!”

El pleno, marcado por varias interrupciones de la ciudadanía que vino a protestar ante los concejales, iban siendo desalojados uno a uno después de que se reclamara la vuelta al orden. Entre las reclamaciones, tres vecinas gritaban “¡Flora, pública, abierta y de calidad!”, en referencia a la reapertura de la residencia universitaria en las Tres Mil Viviendas que la Universidad Pablo de Olavide clausuró y del que ha excedido el plazo para su reapertura. Esta manifestación se produce cinco días después de que el estudiantado se manifestara a las puertas del edificio buscando una respuesta de la institución, que ha pospuesto abrir unas 32 viviendas el próximo 1 de diciembre.

Frente al abono de los servicios para el Plan de Navidad a la Policía Local, las trabajadoras en dependencia también exigieron mejoras: “¡Sueldo digno a las auxiliadoras de ayuda a domicilio!”, un colectivo que, aparte de reclamar la municipalización del servicio, llama a mejorar las condiciones retributivas de la plantilla, una lucha en la que llevan varios años y con movilizaciones como la acampada de más de un mes que hicieron ante el Consistorio. Junto a ellas, otro grupo de trabajadores del Ayuntamiento pedían “jubilación anticipada” tras 40 años cotizados.

Vuelven a educación los 3 millones que iban a Emvisesa

Un pleno revuelto en el que, además, se ha dado un paso atrás en la reasignación de 3 millones de euros a Emvisesa, la empresa municipal de vivienda, tras quitárselo a la partida de educación. Un mes después de que se aprobara la modificación presupuestaria, el gobierno de José Luis Sanz (PP) se ha retractado, para lo que el PSOE y Podemos-IU han pedido explicaciones. “El informe de Intervención, de seis páginas, especifica que no se había argumentado lo suficiente para justificar el desvío de crédito”, recalcaba Hornillo, “cuestiona la viabilidad de esta operación”.

Además, el concejal socialista Francisco Páez acusó al PP de “ocultar” a la oposición la carta en la que desde Emvisesa “manifiesta por escrito que ya no se necesitaba la partida para la renovación de infraestructuras”. “Nadie ha visto la carta del señor gerente de Emvisesa”, subrayó, “quitaron el dinero de una partida de colegios para dedicárselo a la rehabilitación de vivienda y ahora vuelven atrás, esto es prueba de los malos gestores que son al frente del Ayuntamiento”. Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, desvió el debate hacia el hecho de que hay “2.071 casas” que están en régimen de alquiler y serán rehabilitadas, sin responder a las cuestiones relativas a la marcha atrás de este procedimiento.

Que el PIB español ha crecido en los últimos 5 años (cerca de un 20% real acumulado) más que en los 20 anteriores es un hecho innegable, según los datos de la Contabilidad Nacional del INE. Que la tasa de paro está en niveles mínimos desde hace 18 años también lo es. Que la economía española es, por tercer año consecutivo, la que más crece dentro de los países desarrollados es otra evidencia que ha constatado recientemente el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, estos datos son minimizados, dentro de España, de forma recurrente afirmando que “una cosa es la macro y otra es la micro”. Los economistas sabemos que ambas cosas están relacionadas, y que el nivel de bienestar individual (“la micro”) no puede ir bien si no van bien los indicadores agregados, como el PIB o el empleo (“la macro”) y viceversa. ¿Cuál puede ser la causa de este presunto empeoramiento del bienestar social en esta fase de expansión macroeconómica?

Además de la vivienda, que sin duda es un grave problema que afecta a centenares de miles de personas y que crea inquietud entre un porcentaje amplio de la población, el otro argumento generalmente utilizado es el del presunto empeoramiento de la desigualdad en nuestro país. Es decir, que “crece la economía, pero la desigualdad empeora”. Medir la desigualdad es una tarea compleja. Pero, sin pretender un análisis exhaustivo, en este artículo voy a repasar algunos de los indicadores de desigualdad más utilizados, para contrastar si ha empeorado en los últimos años.

Estos indicadores son tres: el Índice de Gini, la Renta relativa 80/20 y el Riesgo de pobreza. El Índice de Gini mide cuánto se separa la distribución de la renta de un modelo de igualdad perfecta, representada por una línea de 45º, en la que el 10% de la población percibe el 10% de la renta, el 20% percibe el 20%, y así sucesivamente. Cuanto más se separe la distribución real de esta distribución idílica mayor será el Índice de Gini y peor la desigualdad. El indicador 80/20 es el cociente entre la renta media del 20% de la población con mayores ingresos (el quintil superior o s80) y la renta media del 20% de la población con menores ingresos (el quintil inferior o s20). El número indica cuántas veces es mayor la renta de los más ricos que la de los más pobres. Por ejemplo, si un país tiene un valor de 5, significa que el 20% más rico gana, de media, 5 veces más que el 20% con menos renta. Por el contrario, un valor 1 representaría la igualdad perfecta (todos los quintiles ganan exactamente lo mismo).

En el Gráfico 1 presento la evolución de los dos primeros índices desde 2008, que es el horizonte disponible en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Ambos indicadores se comportan de una forma similar. Suben y, por tanto, empeora la desigualdad, desde 2008 hasta 2014-16 y desde entonces empiezan a caer, salvo el episodio de la pandemia, en el que tiene lugar un empeoramiento de la desigualdad. Está claro que ambos indicadores tienen un perfil cíclico. Por ejemplo, su evolución guarda una gran correlación con la tasa de paro. Es lo lógico. En los periodos de crisis empeora la desigualdad y en los de bonanza mejora. Pero eso precisamente contradice a los que afirman que “la macro va por un lado y la micro por otra”. No. La macro y la micro van de la mano, al menos en lo que se refiere a estos indicadores de desigualdad de la renta. 

Además, el Gráfico 1 recoge que la caída de ambos indicadores es más intensa en los últimos años, en especial la del índice de Gini, que ha alcanzado en 2025 un nivel por debajo de logrado en 2008, cuando la tasa de paro estaba, como ahora, en valores mínimos (un dígito) dentro de nuestra historia democrática. Es decir, que la desigualdad ha retrocedido en estos años más que en los de la anterior bonanza (en la que no se hablaba tanto de “la macro” versus “la micro”).

En el Gráfico 2 presento la evolución temporal del índice de Gini y la del riesgo de pobreza, también del INE.

Este indicador, que es una medida de desigualdad relativa, calcula qué porcentaje de la población tiene unos ingresos por debajo del “umbral de pobreza”, que se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas (calculados a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida). Al igual que lo que ocurre con el Índice de Gini o el indicador 80/20, el riesgo de pobreza aumentó desde 2008 hasta 2016 y ha disminuido desde entonces, salvo en los años de la pandemia. Y desde entonces ha caído de forma más acusada y en 2024 y 2025 se ha situado incluso por debajo del mínimo alcanzado en 2008 (un 19,8%)

¿Qué ocurre si el análisis lo hacemos por CCAA?

En el Gráfico 3 presento el Índice de GINI y el PIB per cápita de las diferentes comunidades autónomas (CCAA) y ciudades autónomas en 2023, que es el último año disponible para el índice de GINI regional en la información del INE. El dato de PIB per cápita lo obtengo de la Contabilidad Regional. Un resultado deseable sería que la distribución mejore cuando la renta per cápita aumente. Es decir, que las regiones más ricas presenten menos desigualdad. Este resultado, en general, se cumple y hay una relación decreciente entre GINI (mejora de la desigualdad) y renta per cápita. Una excepción llamativa es la Comunidad de Madrid, que es la comunidad autónoma más rica (un 137% de la renta per cápita media nacional, pero con la peor distribución de la renta (un Índice de GINI de 35,1, frente al 32,1 de la media nacional y casi 7 puntos más alto que el valor de País Vasco y Aragón, que son las regiones con mejores índices de desigualdad (GINI de 28,8). Madrid tiene, según el Índice de GINI, un nivel de desigualdad más cercano al de Ceuta y Melilla (la peor desigualdad) que a la del País Vasco o Aragón (la mejor).

Para concluir, que la “macro” va bien es difícilmente discutible. El debate debe centrarse en qué puede explicar la percepción de que la “micro” no acompaña a la “macro”, cuando los indicadores de desigualdad, al menos los más utilizados habitualmente, recogen también una notable mejoría y, por tanto, un acompañamiento.

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la renta bruta media por hogar (es decir, antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF muestran las diferencias de ingresos entre cada vecino y vecina, calle a calle en España. Los últimos corresponden a 2024, a los residentes de más de 36.000 secciones censales. 

La desigualdad económica no la marca la geografía, los territorios, sino la renta, incluso en las calles de un mismo municipio. También se observan brechas entre el centro y la periferia y las diferencias entre los barrios más ricos y más pobres.

Gracias a los datos de cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña disponible) puedes consultar la renta de cada vecindario utilizando 🔎el buscador e introduciendo una dirección, barrio o ciudad en Castilla-La Mancha.

En el mapa también puedes mirar dónde se concentra el 1% más rico y el 1% más pobre en Castilla-La Mancha. Dónde existen islas de renta (aquellas zonas rodeadas de unos niveles de renta totalmente distintos) y dónde se sitúan las fronteras de la desigualdad entre vecinos.E incluso se puede saber cómo es la renta por ciudades o por barrios de las ciudades.

En Castilla y León solo hay cuatro municipios con una renta media por hogar superior a los 80.000 euros, y solo uno de ellos supera el millar de habitantes. Los tres pueblos con más ingresos medios por hogar son Pampliega (Burgos, 281 habitantes), Camporredondo (Valladolid, 143 habitantes) y Sotosalbos (Segovia, 132 habitantes). Estos dos últimos han registrado un incremento importante de la renta media por hogar, casi del doble desde 2019.

Justo detrás se encuentra Simancas, municipio vallisoletano de más de 5.000 habitantes, cuyas zonas censales oscilan entre los 47.000 y 107.000 euros, según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la renta bruta media por hogar (antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF de 2024.

Castilla y León también tiene dos municipios que están entre los más pobres de España: Espadeño (Zamora), con 20.993 euros de renta media por hogar y Peñaparda (Salamanca), con 21.576 euros.

La renta media bruta por hogar ha aumentado más de un 20% en todas las capitales de Castilla y León desde 2019, especialmente en Ávila (26,3%, hasta los 45.000 euros) y Segovia (24%). Las capitales de Burgos, Valladolid y Soria superan los 49.000 euros de renta media bruta por hogar, a las que sigue muy de cerca Segovia (48.897 euros). En León capital, este indicador supera los 47.000 euros. Las capitales con menor renta son palencia (45.295 euros), Salamanca (42.896) y Zamora (42.070 euros).

Entre los barrios y municipios más ricos de Castilla y León destacan en Valladolid capital El Peral, con una renta media bruta por hogar de 102.504 euros y Fuente Berrocal (110.000 euros); Valdelagua, Navahonda y Albahonda II, entre 91.000 y 95.000 euros (Salamanca); las zonas residencial de Simancas (107.000 euros), Boecillo (92.000 euros), Sotoverde (88.000 euros), Bosque Real (94.000 euros). Estas rentas contrastan especialmente con los pueblos de otras provincias: Por ejemplo, Abia de las Torres es el pueblo de Palencia con más renta media bruta por hogar: 56.582 euros.

El 15% de las secciones censales de Castilla y León están entre el 10% más pobre de España. Los datos del Instituto Nacional de Estadística también revela dónde se encuentra el 1% más pobre de Castilla y León: el barrio del Carmen y el barrio de San José Salamanca (22.000-26.000 euros de media por hogar), Las Viudas y Pajarillos Bajos en Valladolid (20.000-27.000 euros)

En este percentil también se encuentran municipios pequeños como Brime de Sog, Olmillos de Castro, Gallegos del Río (Zamora), Santa Cruz del Valle (Ávila), Serradilla del Llano, Horcajo de Montemayor, Aldea del Obispo, Dios le Guarde (Salamanca), etc..

Para tratar de entender qué está pasando en Francia es recomendable leer a Didier Eribon, Annie Ernaux y Édouard Louis. No solo a ellos, aunque sobre todo a ellos. Es probable que muchos de los que se manifiestan estos días no lo hayan hecho. Aún menos los que provocan los disturbios y saqueos. Pero eso no significa que las reflexiones de estos intelectuales, los más desclasados entre los desclasados, no sean un buen punto de partida para diagnosticar un fenómeno que lleva larvándose desde hace años.

Eribon es una referencia en el estudio del trasvase de votos de la clase obrera a la extrema derecha lepenista, un cambio que empezó hace décadas y que puede alcanzar su cenit en las próximas presidenciales de 2027. “No son solo los votantes del Partido Comunista quienes se pasan a la extrema derecha, sino los votantes de la clase trabajadora en el sentido más amplio del término. Es un movimiento muy significativo de izquierda a derecha y a la extrema derecha”, reflexionaba en su última visita a Barcelona, hace justo un año.

Por su parte, Édouard Louis, que, como Eribon, creció en un entorno marcado por la pobreza y la homofobia y que, también como el conocido sociólogo, sabe qué es que tu familia abrace la fe de la extrema derecha, considera que el lema heredado de la Revolución Francesa, “libertad, igualdad y fraternidad”, ha escondido la verdad de lo que pasa en el país. Y lo que sucede es que la desigualdad ha provocado que muchos antiguos votantes de la izquierda y también muchos jóvenes se sientan desprotegidos. Desamparados y enfadados. Hace unas semanas, tras participar en el Festival de las Ideas, concedió una entrevista a elDiario.es en la que avisaba de que el rol de la izquierda se ha convertido en comentar lo que dice la extrema derecha. “Siempre llegando tarde”, añadía.

Ernaux, Premio Nobel de Literatura en 2022, hija de tenderos y referencia para distintas generaciones de la izquierda, se significó por su apoyo a los chalecos amarillos desde que surgió el movimiento. Su argumento, polémico, es claro: “La violencia real es una respuesta a la violencia simbólica”. Ella ha sabido convertir su vergüenza de clase en orgullo y la ha usado, según sus propias palabras, para pensar el mundo de otra manera.

Tanto Louis como Ernaux han expresado sus simpatías por Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia Insumisa y quien, junto a Marine Le Pen, puede ser uno de los más beneficiados por las protestas de estas semanas. El primer ministro, Sébastien Lecornu, le acusó el sábado de ser el “responsable político” de los graves disturbios, mientras que Mélenchon, que se ha desmarcado de los saqueos, acusó al Gobierno de haber sembrado el desorden con “sus decisiones absurdas e incompetentes”.

La partida del descontento social se juega en los extremos. Miles de estudiantes hace días que se manifiestan en defensa de la educación pública y para denunciar la falta de oportunidades. Los chalecos amarillos, los mismos que empezaron a mostrar el enfado de colectivos de trabajadores hace más de una década, se sumaron a las protestas de este fin de semana. Pero no solo ellos. Los llamados casseurs, vándalos expertos en pillajes que se cuelan en las manifestaciones, se han llevado el protagonismo con unas imágenes que han dado la vuelta al mundo.

La periodista Carmela Ríos, experta en redes sociales, alertaba en X de que todos los datos llevan a distintas estrategias de saqueo coordinadas y ejecutadas en paralelo por actores diferentes. El objetivo está claro: desestabilizar y sembrar el caos. La cuestión es quién se organizó para provocarlo.

En línea con algunos de los argumentos de la extrema derecha, los primeros ministros de Hungría y Polonia insinuaron este lunes que las protestas están vinculadas a una política migratoria demasiado laxa, emulando así el discurso trumpista. No es distinto de los mensajes que ha lanzado Vox, y eso incluye también la difusión de bulos como el de dos ancianos medio desnudos en las protestas de París y que, en realidad, era una imagen hecha con IA que partió de una cuenta en Israel.

La desigualdad, no solo en Francia, explica el malestar que recorre Europa. Del mismo modo que el dispositivo policial de este fin de semana fue tan desastroso que es normal que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, haya presentado su dimisión, aunque Macron no se la haya aceptado. Ahora se implantarán toques de queda parciales en algunas ciudades para evitar disturbios tan graves como los del sábado. ¿Se imaginan qué habrían pensado hace solo unos meses si hubiesen leído que en Francia se adoptará una medida como esta y que no se descarta, llegado el caso, decretar el estado de emergencia? Es como asistir en directo a un capítulo de Years and Years. Ya nada parece una ucronía.

Macron prometió superar las diferencias entre izquierda y derecha y el legado que dejará es el de una Francia más fracturada social y políticamente. Puede que el centro ya no exista, ni allí ni aquí, o que él, que se erigió en su máximo representante, no supiese cómo gestionarlo. La reforma de las pensiones es solo un ejemplo. Preveía retrasar la edad legal de jubilación de los 62 a los 64 años en 2030. Antes de 2010, cuando se introdujo el último cambio, la edad de jubilación en Francia se situaba en los 60 años. Además, el proyecto, que fracasó, pretendía acabar con algunos de los planes especiales de pensiones de los que disfrutan profesionales de distintos sectores. Entre los beneficiados están los empleados de las industrias de la electricidad y el gas, del Banco de Francia, del transporte metropolitano de París (RATP) o del Consejo Económico, Social y Medioambiental.

Es legítimo preguntarse si son justas algunas de esas prebendas que reciben muchos antiguos trabajadores de empresas públicas. Del mismo modo que puede ser erróneo descargar en ellos la ira mientras en la misma Asamblea Nacional también se rechazó aplicar la llamada tasa Zucman, el impuesto para los grandes patrimonios.

Es más fácil quejarse de los que protestan que preguntarse por qué lo hacen. Sirve para Francia o para la Puerta del Sol. 

El mapa de la renta dibuja una España donde las fronteras no las marca la geografía sino la renta. Muestra las diferencias de ingresos calle a calle en un mismo municipio, la brecha entre el centro y la periferia, la distancia entre los barrios ricos y los más pobres. Gracias a los datos de cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña disponible) puedes consultar la renta de cada vecindario utilizando 🔎el buscador e introduciendo una dirección, barrio o ciudad.

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) detallan la renta bruta media por hogar (es decir, antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF de 2024 de los residentes de más de 36.000 secciones censales. Las estadísticas, por lo tanto, solo incluyen los ingresos de la declaración de la renta y no considera los ingresos pagados en negro o economía sumergida, las trampas fiscales a través de sociedades interpuestas o los ingresos no declarados a través de IRPF.

En el mapa también puedes explorar dónde se concentra el 1% más rico y el 1% más pobre de España. Dónde existen islas de renta (aquellas zonas rodeadas de unos niveles de renta totalmente distintos) y dónde están las fronteras más desiguales entre vecinos.

Las brechas no tienen la misma forma en todas las ciudades. Si miramos los datos barrio a barrio de ciudades como Madrid, la principal división se da entre un norte rico y un sur pobre, mientras que en Sevilla va de este a oeste. En Valencia o Zaragoza, sin embargo, las rentas altas se concentran en el centro y las bajas, en la periferia. 

Rentas más similares en los barrios pobres que en los ricos

En el siguiente gráfico puedes observar la distribución de rentas en España si dividimos a los barrios en 10 grupos iguales. Aquí, aunque la renta mediana bruta en España está en los 45.100 euros, los barrios en el 20% más pobre (los deciles 1 y 2) tiene una renta por debajo de los 36.700 euros. En el 10% de barrios con más renta, solo se ubican los barrios con rentas superiores a los 72.800 euros.

La estadística no refleja rentas superiores a los 167.076 euros por hogar ni menores a 20.000 euros para acotar los valores extremos de cada indicador que publica el organismo estadístico. Por eso hay múltiples secciones censales que comparten esta cifra exacta como renta media.

La desigualdad territorial también se observa en cada comunidad autónoma. En este gráfico hemos agrupado los barrios de cada territorio según su decil de renta, siendo el decil 1 donde se encuentran los barrios más pobres y en el decil 10 los más ricos a nivel nacional. Así, la distribución de la renta de los barrios se traduce también en una brecha a nivel autonómico.

Por ejemplo, en el sur de España se concentran los barrios con menos ingresos, y comunidades como Extremadura o Andalucía tienen a la mayoría de sus vecindarios en el 10% más pobre del país. En el extremo opuesto están Navarra, Baleares o Euskadi, con apenas un 1% de sus secciones censales en el decil más bajo.

¿Y qué pasa si nos fijamos en los municipios? Entre los más ricos están Pozuelo de Alarcón (Madrid) o Matadepera (Barcelona) y entre los más pobres Marchagaz (Cáceres) o Espadañedo (Zamora).

En la siguiente tabla puedes saber en qué grupo de renta está tu municipio. Los datos muestran la renta media bruta por hogar y si pulsas el botón + puedes ver su evolución desde 2015, fecha desde la que hay datos agregados a nivel municipal. 

Solidaridad, esperanza, futuro, cohesión y acogida, pero también rechazo, dudas, miedo y expulsión. Todas ellas son palabras relacionadas con las consecuencias del fenómeno migratorio. Que la sociedad decida quedarse con las primeras y no con las últimas pasa por consensuar medidas ambiciosas que intenten frenar la ola reaccionaria que asola Europa, porque otro sistema migratorio es posible. Así lo defiende Gonzalo Fanjul, investigador y activista en el campo de la pobreza y la desigualdad, en Contra las fronteras. Cómo reemplazar un régimen migratorio fallido (Anagrama, 2026).

En este pequeño ensayo de apenas 120 páginas, el cofundador y director de investigaciones de la Fundación PorCausa apuesta por fortalecer los derechos humanos como la única forma de “no cruzar una línea de la que será muy difícil retornar”.

A ojos de este especialista, la solución debería tener en cuenta tres aspectos principales. Por un lado, la necesidad de no renunciar al terreno ya ganado en materia de derechos humanos y reglas internacionales; por otro, tener en cuenta a los trabajadores desplazados y sus intereses; y, además, optimizar el equilibrio de riesgos y oportunidades que estos procesos generan en las partes involucradas. “El peligro es que el desprecio cada vez más impúdico de nuestras democracias por las reglas internacionales se produce en el contexto de un crecimiento sin precedentes de las necesidades de protección”, escribe Fanjul en este panfleto al más estilo anglosajón, tal y como lo tilda.

Contra las fronteras es un alegato moral y político, no solo ético. Su objetivo es despertar en el lector un pequeño rayo de esperanza, sacarle del fatalismo en el que a menudo muchos sectores de la población se ven atrapados a la hora de pensar el debate migratorio. La primera medida que el investigador saca a la palestra para materializar el pretendido reemplazo del actual régimen migratorio es la introducción de un cortafuegos eficaz entre las políticas de control migratorio y la violación de los derechos humanos. “Las vidas de los migrantes están amenazadas por muchas razones, pero una parte del debate estaba ganada. Durante mucho tiempo nos hemos dado una serie de normas y directivas que protegen el derecho internacional de protección”, introduce en conversación telefónica con elDiario.es.

Fanjul recalca que todas esas regulaciones ahora están en cuestión. “La migración es alarmante en sí misma por lo que afecta a los migrantes y la movilidad humana, pero particularmente porque lleva al Estado a traspasar unas líneas rojas de las que es muy difícil retornar, y no se limitan a la cuestión migratoria”, se explaya.

Esos cortafuegos que propone Fanjul están orientados a poner los mimbres para que no se vuelva a repetir lo que actualmente ocurre en Ceuta, “donde se ha deshumanizado al colectivo migrante y se vive en un estado de excepción casi permanente que justifica saltarse las leyes, y la posibilidad de que eso se traslade a otros ámbitos de actuación pública es muy alta”. Tal y como apunta en el ensayo, “como canarios en una mina, los migrantes se han convertido en el laboratorio de un proceso reaccionario que amenaza con determinar el conjunto amplio de libertades y derechos”.

El cofundador de PorCausa (Investigación, periodismo y migraciones) ve imprescindible que todo ello venga acompañado de un rescate del sistema de protección internacional “del arroyo presupuestario y administrativo en el que ha sido abandonado”. “Una norma o política pública carente de recursos es una norma absolutamente inane, sin consecuencias prácticas”, recalca con la vista puesta en el día a día del sistema de protección español que “carece de recursos económicos y humanos para garantizar un correcto triaje”.

La violencia en el sistema escala aún más al introducir la robotización en aras de la eficiencia. Tal y como asegura el mismo Fanjul, antes de llegar a hablar con una persona, el migrante solicitante de protección internacional en España ya se ha expuesto a máquinas que determinarán si su acento es exactamente igual al del lugar de procedencia del que asegura ser, o si las inflexiones de la voz denotan fiabilidad. “Los estados usan la tecnología para debilitar los derechos de las personas, casi nunca para garantizarlos”, denuncia.

Imaginar nuevos escenarios para el futuro

La regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Congreso en abril y a la que se acogieron cerca de 1.175.000 personas es uno de los principales ejemplos esperanzadores en los que Fanjul ve la promesa de un futuro mejor. Por eso, invita a los demás países a seguir los mismos pasos: “La irregularidad es una aberración ética, legal y económica, un fenómeno indeseable”. Desde su punto de vista, la sociedad también pierde debido a que el migrante, que a menudo trabaja, no tiene la posibilidad de contribuir según sus obligaciones. “Es una medida sencilla y barata, con beneficios para las personas migrantes muy inmediatos”, incide.

La propuesta de la promoción de programas piloto de movilidad laboral temporal es otro de los aspectos que el investigador defiende en su monografía. El ejemplo está claro y sucede en Alemania. El Triple Win Programme se inició ante la gran falta de enfermeras que golpeará el país. De esta forma, por cada enfermera que llega de alguno de los países de origen suscritos al programa y formada según los estándares del sistema sanitario alemán, Alemania forma hasta a otras dos profesionales que permanecen en sus países. “Necesitamos imaginar nuevos escenarios, realizar un ejercicio ambicioso de innovación de políticas públicas, y eso exige la prueba y el error”, comenta.

Consensuar programas como este de Alemania conlleva trasladar a la opinión pública una percepción de control, pues el elemento de orden es clave: “La sociedad no es que sea más o menos partidaria de la inmigración, sino que su rechazo se deriva de la sensación de caos que transmite la política migratoria”. Se tratarían, eso sí, de programas voluminosos, de decenas de miles de personas que vendrían a suplir una necesidad laboral del país de destino. “Y eso se puede hacer sin grandes reformas legislativas. Necesitamos adelantarlos a lo que vendrá”, sostiene el autor.

La unión hace la fuerza

Forjar coaliciones que frenen y reviertan la deriva de odio contra el colectivo migrante es la última propuesta que Fanjul recoge en su escrito. A diferencia de otros aspectos, la política migratoria es algo que une a las diversas extremas derechas que repuntan en Europa. “No solo han sido muy exitosas a la hora de reconocer el debate emocional y operar en él, sino que han capturado a gobiernos de centroderecha y centroizquierda víctimas del miedo, que aplican sin decirlo las mismas políticas que la ultraderecha”, se explaya el investigador.

Las uniones entre sectores tan dispares como la Conferencia Episcopal y organizaciones comunistas se han dejado ver en el proceso de regularización extraordinaria, que ha tenido a los colectivos migrantes a la cabeza. Al mismo también se han sumado los empleadores en busca de un sistema más racional. “Es gente del centroderecha capaz de reconocer que la regularización de migrantes es una medida de sentido común”, defiende el integrante de PorCausa.

La convocatoria de elecciones por parte de Pedro Sánchez para el próximo 29 de noviembre no es una buena noticia para el futuro de la migración en España, a ojos de Fanjul. “El PP planteó en su momento buenas ideas en materia de movilidad laboral, pero ahora vemos una deriva preocupante. Hay una especie de impudicia del odio, una extensión del odio público, incluso violento, que nos preocupa. Si hay cambio de gobierno, habrá un peso específico de la ultraderecha mayor del que podríamos pensar”, vaticina el investigador.

De todas formas, el espíritu reformista de Contra las fronteras impregna cada uno de sus capítulos. “El reformismo sincero y profundo puede tener consecuencias revolucionarias”, afirma al final del libro. Ahí deja su diagnóstico de la situación y el tratamiento pertinente: “Nos jugamos cruzar un punto de no retorno, y ese punto es moral”, comenta. Tal y como él mismo finaliza en su ensayo, “hoy puede parecer que la desaparición de las fronteras físicas y mentales es una utopía, pero mañana echaremos la vista atrás con el orgullo de haber librado esta batalla”.

San Jaume (Balears) es el barrio con más ingresos por alquileres en España, también uno de los más ricos. De media, sus residentes tienen una renta media de casi 70.000 euros anuales y el 15% de esos ingresos provienen de los ingresos por el alquiler. En la otra punta del país, los vecinos de Torreblanca (Andalucía) conforman el barrio más pobre del país con unos ingresos de alquileres prácticamente nulos: apenas 17 euros al año. 

La renta de los barrios más ricos no se compone solo de los ingresos por el alquiler de vivienda, pero sí son los principales destinatarios de ese dinero. Un tercio de las rentas por arrendamientos que se pagaron en España fueron a parar a los vecindarios del 10% más rico del país, según los últimos datos de las declaraciones de IRPF en 2024 por código postal publicados por la Agencia Tributaria. 

Haz zoom y consulta en el siguiente mapa cómo se distribuyen los códigos postales con más y menos rentas inmobiliarias en cada una de las 66 principales ciudades españolas para las que hay datos disponibles. Ten en cuenta que son los barrios en los que se cobra el alquiler, no en los que se paga. Es decir, si un alquiler de Salamanca se paga a un vecino de Madrid el dinero aparece en Madrid. 

Otro año más, la Agencia Tributaria actualiza el detalle de la renta bruta por habitante por código postal en los barrios de las 66 mayores ciudades españolas. Esta estadística, recogida a partir de las declaraciones de IRPF de 2013 a 2024, permite comprobar las desigualdades entre barrios dentro de las ciudades, el origen de los ingresos y cómo han evolucionado en el tiempo. Las cifras se refieren a la renta bruta (antes de impuestos) media por declaración de IRPF, sea conjunta o individual. 

En el caso de los ingresos procedentes de bienes inmuebles (esto incluye tanto viviendas como locales, terrenos…), cuando hablamos de renta inmobiliaria media de un barrio no quiere decir que todos los que residen en él reciban dinero por el alquiler de viviendas. Es la media entre el número total de declarantes, incluyendo tanto a quienes tienen este tipo de fuente de ingresos como a los que no.

Entre la renta bruta media más alta y la más baja de los barrios de España hay más de 185.000 euros de diferencia. Una brecha que se explica precisamente por el origen de los ingresos. El barrio Muntaner (código postal 08021), en Barcelona, es uno de los diez más ricos de España con 127.000 euros por persona. El 7% de sus ingresos provienen de las rentas de inmuebles. 

No es el único: zonas también de las más ricas del país como Pla de Remei (Valencia), Fuente del Fresno (San Sebastián de los Reyes) o San Jaume (Palma) reciben un porcentaje similar de su renta del dinero que reciben por el alquiler. ¿Casualidad? Los datos de renta media de los barrios más ricos señalan que a mayor renta, menor proporción de ingresos provenientes del trabajo.

Las estadísticas de Hacienda no facilitan datos del País Vasco y Navarra porque cuentan con su propio régimen foral y algunas ciudades que se han ido incorporando no incluyen datos desde 2013. Incluye los municipios con más de 200.000 habitantes, 100.000 declaraciones de IRPF o una renta total declarada por encima de los 2.200 millones de euros. 

Aunque alrededor del 40% de su renta proviene del trabajo, la mayoría de la riqueza de los barrios más ricos se debe a otros motivos como el capital financiero y los rendimientos de las empresas (intereses, dividendos, etc.), las ganancias patrimoniales (compraventas de acciones, criptomonedas o inmuebles, por ejemplo) o el alquiler de bienes inmuebles. 

Entre los barrios que más proporción de sus ingresos reciben de rentas inmobiliarias, encontramos centros históricos de ciudades o zonas vacacionales en los que proliferan también las viviendas turísticas.

Los datos de los ingresos agrupados por barrios señalan las diferencias tan grandes en la distribución de los ingresos. En los códigos postales que se encuentran entre el 10% más rico de España, las rentas de arrendamientos tienen más peso. 

Si miramos entre qué barrios se repartieron todos los ingresos por alquileres declarados en 2024, vemos que sólo al 10% iba a parar casi un tercio del dinero. Mientras, en los barrios de la mediana más pobre apenas tiene peso esta fuente de ingresos.

¿Sabes si vives en un barrio de caseros o si han aumentado las rentas inmobiliarias en tu zona en la última década? Si vives en alguna de las 66 mayores ciudades españolas, puedes buscar tu código postal en la siguiente tabla.

Poner un límite a la concentración de riqueza en nuestro país podría movilizar hasta 357.500 millones de euros, un quinto del producto interior bruto (PIB) de la economía española, y prácticamente dos veces lo que la Seguridad Social abona por las pensiones en un año. Estas son las cifras de un estudio elaborado por The Wealth Cap Project, una asociación europea que defiende que hay ponerle un “techo” a lo que pueden acumular las fortunas.

El estudio, Un tope a la riqueza en España, presentado este lunes en el Congreso, hace una serie de simulaciones en las que se repiensa la tributación actual sobre la riqueza, con propuestas desde cambios en el impuesto de patrimonio hasta la puesta en marcha de ese “techo” a los millonarios.

Estos topes no equivalen a una recaudación potencial, como apuntan los autores del informe: Marina Alcázar (Paris School of Economics), la catedrática Olga Cantó y el investigador Francisco García Rodríguez (ambos de la Universidad de Alcalá). Esto es porque la captación por parte del fisco dependería, en gran parte, del comportamiento de las fortunas afectadas, de variaciones en los precios de los activos “y del margen existente para la elusión y la evasión fiscal”. Pero las cifras “ofrecen una medida transparente y comparable de la enorme magnitud de la riqueza concentrada actualmente en la parte más alta de la distribución española y de qué parte de esa riqueza permanece hoy fuera del alcance de la fiscalidad vigente”. 

Los investigadores justifican la propuesta por un problema, el de la desigualdad, que cada vez es más sangrante. Con datos de 2021, la mitad más pobre del mundo poseía tan solo el 2,2% de la riqueza global, en tanto que el 10% más acaudalado concentraba el 74%. En España, el 1% concentra en torno al 24% de la riqueza. 

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha arropado el lanzamiento de la iniciativa y ha defendido tomar medidas que limiten la desigualdad como vía para frenar el deterioro de la democracia. “La concentración obscena y acelerada de riqueza en unas pocas manos es lo que está detrás del asedio a las democracias que estamos viviendo”, ha advertido. “No se puede plantear una defensa digna de ese nombre de los sistemas democráticos si no somos capaces de desmembrar los mecanismos que hacen posible esa fagotización de la riqueza social para su acumulación en cada vez menos manos”, ha subrayado el representante de Sumar.

Más impuestos o un techo a las fortunas

Un impuesto como el propuesto por el economista francés Gabriel Zucman (de un 2% para toda la riqueza superior a los 100 millones) permitiría, de acuerdo con las proyecciones de los autores en base a los microdatos de la Agencia Tributaria de 2023, un potencial de movilización de 2.700 millones de euros de 538 individuos en nuestro país. Si el tipo sobre estas grandes fortunas se elevara hasta el umbral máximo del Impuesto de Patrimonio (3,5%), la cifra potencial sería de 4.800 millones anuales.

Un tercer escenario parte de la ampliación de la base de obligados tributarios al bajar el umbral de tributación hasta las fortunas por encima de los 100 millones de euros. En ese supuesto, y con un tipo del 2%, la eventual recaudación alcanzaría los 7.200 millones de algo menos de 15.000 individuos. Si el tipo fuera el 3,5%, la recaudación casi se duplicaría: 12.500 millones de euros.

Si bien ya hay trabajos previos sobre el potencial recaudatorio de una reforma del impuesto de patrimonio, la novedad es esa propuesta de un “techo” o un “tope” a la riqueza. “Este enfoque parte de la idea de que debería existir un límite superior a la cantidad de riqueza que un individuo puede poseer legalmente”, explica el estudio, que basa su idea en el concepto del Limitarismo, acuñado por la filósofa y economista belga Ingrid Robeyns.

Y, a partir de aquí, plantea tres escenarios, cada uno con un límite máximo diferente. El más modesto, a partir de los 1.000 millones de euros de riqueza, apenas afectaría a 23 grandes contribuyentes, con un potencial de 50.300 millones de movilización. Si el techo se rebajara a 100 millones, 538 individuos abonarían 136.000 millones.

El mayor potencial de recaudación se desplegaría con un tope a la riqueza de 10 millones de euros, lo que generaría 357.500 millones de algo menos de 15.000 contribuyentes. Esto, en términos relativos al PIB, supone un 20,5%, un quinto del total de la economía española, y pagaría el 183% del gasto en pensiones de un año. Es decir, prácticamente el doble, con los datos a cierre de 2025. Todas las cifras se pueden ver en la tabla a continuación.

La comparación con una variable como el gasto en pensiones, aducen los investigadores, permite “una ilustración concreta de lo que podrían financiar los recursos generados”, más pertinente en un momento en el que las presiones de gasto cada vez son mayores para la Seguridad Social.

Alcázar, una de las autoras del estudio, ha defendido que estas cifras, “incluso en el escenario más conservador”, están lejos de ser desdeñables. “En los escenarios más ambiciosos, la concentración de la riqueza es lo suficientemente elevada como para cambiar sustancialmente los términos del debate sobre cómo España funciona”, ha apuntado.

La catedrática Cantó ha subrayado que la concentración de la riqueza es “una dinámica” que no tiene freno. “El capitalismo tiene una capacidad enorme de generar capital y ese capital tiene una rentabilidad que supera claramente la tributación que eso supone”, ha abundado la experta durante la presentación del informe. En su opinión, “no es tanto pensar en 'vamos a intervenir sus cuentas y quedarnos una parte de su capital', sino que si no hacemos nada, la dinámica será muchísimo peor”.

Un impuesto para pagar una prestación por crianza

Un estudio previo de Cantó y García-Rodríguez ya avanzaba el potencial recaudatorio de una reforma del impuesto de patrimonio, que permitiría financiar políticas como una prestación universal por crianza de hasta 2.000 euros por hijo. En este sentido, otro estudio reciente, este del centro ISGlobal, apuntaba que una tasa del 3% a los cienmillonarios afloraría recursos suficientes para evitar 29,5 millones de muertes al año, dado que se podrían financiar políticas suficientes para economías en desarrollo.

Precisamente la semana pasada Sumar registró en el Congreso una proposición de ley para crear un gravamen a las grandes fortunas que destine su recaudación a un Fondo de Protección a la Crianza. El objetivo de este nuevo tributo sería tapar los agujeros que existen actualmente en el sistema tributario y que permiten que escape buena parte de su posible captación. Esta es, justo, una de las peticiones al PSOE de cara a la negociación de los Presupuestos.

Bustinduy ha hecho referencia a esta iniciativa aunque ha apuntado que, con el actual crecimiento económico, no sería necesario un gravamen extraordinario. Pero en la cuarta potencia del euro, todavía un tercio de los niños y adolescentes están en riesgo de pobreza, ha advertido. “Es evidente que una proporción enorme de esa riqueza [que crea el crecimiento económico] está siendo capturada: por la acumulación de beneficios y el reparto de dividendos, por la utilización de la vivienda como mecanismo extractivo, por el desmantelamiento del sistema de protección social que ejercían como colchones de salario indirecto para las clases trabajadoras y mecanismos de evasión y elusión fiscal que hacen que las grandes fortunas tributen a tipos efectivos que son inferiores a los que puede pagar un funcionario, un autónomo o una trabajadora media de este país”, ha zanjado el ministro.

Hay palabras que explican una época. Y hay épocas que terminan vaciando las palabras de significado. Libertad, pueblo, revolución, rebeldía. Ahora parece haberle llegado el turno a otra: punk.

Desde hace algún tiempo se extiende desde determinados sectores de la derecha una idea aparentemente provocadora: ser conservador es el nuevo punk. La frase funciona precisamente porque encierra una contradicción fascinante: quienes tradicionalmente defendían el orden quieren presentarse ahora como antisistema; quienes apelaban a la tradición quieren ser transgresores; quienes pedían respeto a las convenciones reivindican ser políticamente incorrectos.

La corbata ha descubierto que quiere ser cresta.

Sería fácil limitarse a reírse. Sería también un error. Porque detrás de esa transformación existe una estrategia política inteligente: apropiarse de la rebeldía.

Ya no basta con convencer a alguien de una idea. Hay que conseguir que esa idea le haga sentirse diferente. No te dicen simplemente: “Hazte conservador”. Te dicen: “Atrévete a pensar por ti mismo”. Tú eres quien ha despertado, quien se atreve a decir lo que nadie dice, quien no pertenece al rebaño.

La política deja entonces de vender únicamente ideas y comienza a vender identidades.

Pero hay una pregunta inevitable: ¿contra qué se rebelan los nuevos rebeldes?

Durante buena parte de la historia, la respuesta era reconocible. Los trabajadores se rebelaron para conquistar derechos laborales. Las mujeres contra una sociedad que les negaba igualdad. Quienes defendieron su libertad sexual contra leyes que perseguían su propia existencia. Los demócratas contra las dictaduras. Los artistas contra la censura.

Rebelarse tenía un coste.

Hoy asistimos a algo más extraño. Multimillonarios pueden presentarse como antisistema. Poderosos dirigentes políticos denuncian que no se les permite hablar mientras ocupan diariamente televisiones, radios y redes sociales. Personas con enormes altavoces construyen su identidad alrededor de la sensación de estar siendo silenciadas.

El poder ha aprendido a presentarse como víctima del poder.

Y conviene recordar algo: provocar no es rebelarse. La provocación busca una reacción; la rebeldía pretende una transformación. Se puede escandalizar mucho sin cambiar absolutamente nada. Incluso se puede parecer revolucionario mientras se protegen cuidadosamente todos los privilegios existentes.

Pero sería demasiado cómodo terminar aquí y burlarnos de los nuevos punkis conservadores.

Porque si una parte de la derecha ha conseguido apropiarse de la estética de la rebelión es también porque la izquierda ha dejado algún espacio vacío.

Quizá nos institucionalizamos demasiado. Quizá confundimos durante demasiado tiempo gobernar con transformar. Quizá aprendimos perfectamente el lenguaje de los expedientes, las leyes y las administraciones y olvidamos hablar el lenguaje de los sueños. Quizá alguna vez sustituimos la persuasión por la superioridad moral y dejamos de preguntarnos por qué alguien no estaba de acuerdo con nosotros para preguntarnos simplemente qué le ocurría para no entendernos.

Y una izquierda que deja de escuchar corre el riesgo de dejar de ser popular.

La paradoja sería devastadora: los progresistas gestionando el presente mientras los conservadores prometen la rebelión.

Por eso creo que el progresismo necesita recuperar algo mucho más importante que una etiqueta: la capacidad de imaginar.

Porque todavía es profundamente rebelde defender que el lugar donde nace una persona no determine hasta dónde puede llegar. Que un niño de una familia humilde tenga una educación tan buena como el hijo de una familia rica. Que trabajar permita vivir. Que una vivienda no sea un lujo. Que nuestros jóvenes puedan construir un proyecto de vida. Que una mujer no tenga que elegir entre ser madre y desarrollar su carrera. Que nuestros mayores envejezcan con dignidad.

Es rebelde pensar que la libertad no consiste únicamente en que nadie te prohíba elegir, sino también en tener oportunidades reales para hacerlo.

Joe Strummer, líder de The Clash, dejó escrita una frase extraordinaria: “The future is unwritten”. El futuro no está escrito.

Quizá ahí esté la verdadera diferencia.

Una sociedad necesita memoria, raíces y cosas que merece la pena conservar. Pero también necesita imaginación, inconformismo y personas dispuestas a preguntarse por qué aquello que siempre ha sido de una determinada manera tiene que continuar siéndolo.

Por eso no me preocupa demasiado quién quiera llamarse punk. Que cada cual se ponga la cazadora que quiera, encienda las guitarras y reclame para sí toda la rebeldía del mundo.

Lo importante llegará cuando termine el concierto.

Cuando se apaguen los focos, desaparezcan los vídeos y se olviden los eslóganes, quedará una pregunta mucho más difícil:

¿Quieres conservar el mundo que recibiste o quieres dejar uno mejor del que encontraste?

Yo tengo clara mi respuesta.

Porque quizá ser progresista nunca consistió simplemente en estar a la izquierda. Quizá consistió siempre en algo bastante más incómodo: mirar un mundo imperfecto y negarse obstinadamente a creer que es el mejor de los mundos posibles.

Y mientras quede una desigualdad que combatir, una oportunidad que repartir, un privilegio que cuestionar o una puerta que abrir, seguirá habiendo motivos para rebelarse.

Sin cresta. Sin cazadora. Y sin pedir permiso a nadie para llamarnos punk.

Frenazo. Pese a la Lomloe, que supuestamente regala los aprobados, pese a un discurso muy establecido que sostiene que todo el mundo pasa de curso, la repetición está hoy en España igual que hace tres años, según se desprende de los microdatos de PISA. “La tendencia de disminución de la repetición se ha detenido: el 22% del alumnado de 15 años ha repetido, igual que en 2022, una vez se han levantado las medidas excepcionales de la repetición aplicadas en 2020 y 2021”, explica el informe Todo lo que debes saber de PISA 2025 sobre equidad, de EsadeEcPol y Save the Children.

En España se repite más del doble que en la OCDE. Y hoy, como ayer, lo hacen hasta cinco veces más los pobres que los ricos. Incluso en igualdad de condiciones. La práctica castiga a quien más ayuda necesita.

“Ese estancamiento importa en términos de equidad, y no solo de nivel: la repetición no se reparte por igual entre grupos sociales, sino que se concentra de forma mayoritaria en el alumnado de menor nivel socioeconómico, de modo que cada punto que no baja recae principalmente sobre él. (...) España mantiene un mecanismo que penaliza de manera desproporcionada a quienes parten con mayor desventaja”, valoran los autores.

Concentrado por abajo

Poco parece haber cambiado con la repetición en los últimos años pese a los esfuerzos por reducir un indicador en el que España sale malparada desde hace años, triplicando las tasas de los países de su entorno o equiparables por condiciones socioeconómicas, según reflexionan Lucía Cobreros y Lucas Gortazar, de EsadeEcPol, y Mar Gairal y Carmela del Moral, de Save the Children, en el texto.

En España se repite mucho y repiten los mismos. “Todo el exceso [de repetidores] se concentra en la mitad baja de la escala social: el cuartil alto [el 25% más adinerado] repite en torno al 7%, lo mismo que su equivalente de la OCDE, mientras que el cuartil socioeconómico bajo repite el 40%, frente al 16 % internacional”, explican los autores.

Y no solo el diferente bagaje sociocultural, los recursos en casa o el apoyo familiar, las razones habituales detrás de las diferencias de rendimiento entre clases, explican esta diferencia. Porque un estudiante de un hogar humilde tiene muchas más posibilidades de repetir curso que uno de familia acomodada aunque ambos tengan exactamente los mismos conocimientos, según recoge el informe.

“En España es cinco veces más probable [que repita un estudiante con menos recursos], frente a 4,5 en 2022, 2,3 en la OCDE-35 y 2,7 en la UE. Y el contraste con países que también repiten mucho es elocuente: Bélgica se queda en 3,1, Italia en 2,8, Francia en 2,0, Alemania en 1,5 y Países Bajos en 1,4. El problema español no es solo que se repita más, sino que la repetición se reproduce según la escala socioeconómica, incluso entre alumnado con resultados similares en lectura y ciencias”, describe el texto.

Aunque no es el objeto del informe, Cobreros explica que “el capital cultural de las familias tiene un impacto en la repetición”. Y argumenta: “Las de capital alto, si su hijo va mal, buscarán remedios. Clases particulares, irán a hablar con los docentes, pondrán todo lo que esté en su mano para intentar que sus hijos no repitan”. El estudiante menos favorecido no tendrá esa suerte.

Poco efecto de la Lomloe

El texto destaca el, al menos de momento, poco efecto que ha tenido la Lomloe en este apartado, pese a que es uno de los objetivos que se marcó. Y también pese al discurso, instalado entre ciertos círculos, sociales, políticos (del PP) e incluso docentes, de que con la nueva norma “se regalan los aprobados” y “todo el mundo pasa de curso”.

Es cierto que la ley eliminó de sus postulados la repetición automática vinculada a x repeticiones y ahora la decisión depende más del claustro docente, de que piense que un alumno está capacitado o no para afrontar el siguiente curso. Pero la estadística es tozuda y señala dos cosas: hoy se repite lo mismo que hace tres años y desde 2015, mucho antes de la Lomloe (aprobada en 2020) prácticamente no hay ninguna comunidad autónoma, tampoco aquellas donde gobierna el PP desde entonces, que tenga menos de un 15% de alumnado que ha superado la ESO con asignaturas suspendidas. Es y ha sido una práctica habitual, dicen los datos.

“La cohorte evaluada en 2025 es la primera que ha cursado prácticamente toda la ESO bajo la nueva ley y su desarrollo normativo, que restringen la repetición a supuestos excepcionales y refuerzan las medidas de refuerzo y apoyo como alternativa. El estancamiento sugiere, por tanto, que la reducción [de la repetición] de 2018-2022 respondió a las medidas extraordinarias de promoción adoptadas durante la pandemia más que a un cambio duradero en las prácticas de los centros: retirada la excepción, la tasa vuelve a estabilizarse en niveles muy altos”, describe el informe.

Sin explicaciones

El texto, más descriptivo que interpretativo, ahonda en algunas de las cuestiones relacionadas con la (des)igualdad entre estudiantes que más llamaron la atención de una edición de PISA que ha supuesto un varapalo para el sistema educativo español. La brecha entre el alumnado mejor posicionado socioeconómicamente y el más humilde se ha cerrado y España es de los mejores países del mundo en ese indicador. La mala noticia es que lo hace “por las razones equivocadas”, a base de que todos estén peor, explica el texto: los (pocos) que mejor rendían han caído más, acercándose a los que tenían más problemas, que aun así también caen.

Esto último es una rareza española para la que los investigadores no tienen una explicación. Encontrarla está en la lista de deberes a futuro, explica Cobreros, entre otras razones porque “es habitual que lo que afecta al alumnado de nivel socioeconómico alto hoy afecte al de nivel socioeconómico bajo mañana”. En ese sentido, este PISA sería un aviso a navegantes para posteriores ediciones, advierte el informe.

Tres catedráticos españoles han lanzado una carta abierta a la ciudadanía para recabar apoyo de cara a la puesta en marcha de un Panel Internacional sobre la Desigualdad (IPI), un organismo científico independiente a semejanza del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), de cara a un evento de máximo nivel que tendrá lugar el 23 de septiembre en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“La elevada magnitud de la desigualdad es la causa de muchos de los retos económicos, políticos, sociales y medioambientales a los que se enfrenta la gran mayoría de los países en la actualidad, con un acuerdo creciente entre los investigadores de que nos encontramos ante una crisis de desigualdad, al igual que ante una crisis climática”, defienden los catedráticos Luis Ayala (UNED), Elena Bárcena (Universidad de Málaga) y Olga Cantó (Universidad de Alcalá) en el documento. Los tres son algunas de las voces académicas más destacadas en materia de desigualdad del país.

Los firmantes recuerdan que la creación del IPI fue la recomendación principal de un informe del G20 sobre desigualdad elaborado en 2025 por un grupo de expertos presidido por el premio Nobel Joseph Stiglitz. La propuesta, apuntan en la misiva, ha recibido el apoyo del actual secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y de los gobiernos de Sudáfrica, Brasil, Noruega y España.

“Como expertos de una amplia variedad de disciplinas —entre los que nos encontramos economistas, politólogos, climatólogos, sociólogos, epidemiólogos, antropólogos, historiadores, geógrafos y filósofos— reconocemos que la desigualdad afecta a todos los aspectos de la vida y el progreso humano. Nos preocupa profundamente que la concentración extrema de ingresos y riqueza se traduzca en una concentración antidemocrática del poder, lo que socava la confianza en nuestras sociedades y polariza la política”, indican en la carta.

Los catedráticos reclaman el apoyo para la puesta en marcha de este organismo que, a su juicio, permitiría crear un “consenso” y una “base de conocimientos necesaria” para ser más eficaces en la reducción de la desigualdad. Así, piden firmas para una carta abierta a todos los Estados miembros que acudirán a la ONU para instarles a asistir al evento de alto nivel que tendrá lugar el 23 de septiembre en Nueva York.

Según el concepto diseñado por sus promotores, el IPI estaría formado por 40 expertos independientes que trabajarían a nivel personal y financiado a través de contribuciones voluntarias. El objetivo: elaborar un informe completo cada tres años para presentarlos en el marco de distintos organismos de las Naciones Unidas. Los impulsores prevén solicitar a la Universidad de las Naciones Unidas (UNU, el brazo investigador de la organización) que acoja el Panel, además de pedir el apoyo para aprobar una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidos que reconozca su labor, clarifique las líneas de investigación y cree mecanismos para que sus informes se consideren y discutan por los estados miembros.

“Tenemos la oportunidad de lograr una victoria en la lucha contra la desigualdad y proporcionar a los gobiernos los conocimientos científicos para actuar de forma concreta sugiriéndoles herramientas y políticas eficaces y eficientes. (...) Una mejor comprensión y medición de las desigualdades constituye un requisito esencial para diseñar políticas más eficaces, fortalecer la rendición de cuentas y avanzar hacia sociedades más prósperas, cohesionadas y justas. Sería un primer paso fundamental hacia la construcción de un mundo más justo y equitativo”, concluyen los catedráticos.

Ali Lmrabet conoce Marruecos desde dentro y también desde la distancia. Periodista, escritor y profesor, lleva décadas denunciando las restricciones a la libertad de prensa y ha sido represaliado por sus críticas al régimen. Desde la localidad oscense de Castejón de Sos, donde ha participado en el XXIV Encuentro de Periodismo de Altura, ha analizado el presente de su país y su relación con España en un contexto marcado por la inmigración, la seguridad y el creciente peso internacional de Marruecos.

Lmrabet sostiene en una entrevista a elDiario.es que el país vive una fractura social entre una imagen de modernización que se proyecta hacia el exterior y una realidad muy diferente para buena parte de la población. En este sentido, afirma que “hay dos Marruecos, el que se enseña a los extranjeros y el real” y, bajo su punto de vista, detrás de las grandes infraestructuras y del crecimiento de determinadas ciudades existe “una terrible ansia de abandonar el país”.

Además, asegura que “en Madrid y Bruselas creen que los marroquíes no somos aptos para disfrutar de las libertades tal y como se conocen en Europa”, ya que “nos consideran tontos brutos que hay que gobernar con mano dura”.

Lleva décadas ejerciendo el periodismo entre España y Marruecos. ¿Qué cree que deberíamos entender mejor hoy sobre lo que está ocurriendo en su país y sobre su papel en el escenario internacional?

Lo que está ocurriendo es que la brecha entre los que se han enriquecido de manera escandalosa y los que se han empobrecido se ha agigantado. Hay dos Marruecos, el que se enseña a los extranjeros y el real. Hay universidades carísimas, estaciones de tren modernas y una Casablanca muy europea y muy cara. Y no muy lejos hay derribos de casas, hospitales inhóspitos, falta de agua para beber y una terrible ansia de abandonar el país. Volvemos a la vieja idea colonial francesa que separaba el Marruecos útil del Marruecos inútil. En Europa y, sobre todo en España, quieren creer que todo va estupendamente bien hasta que ocurren estallidos como el de Ceuta, donde se descubre que todo el mundo quiere escaparse de Marruecos. Esa es la auténtica y verdadera proyección internacional de los marroquíes.

Marruecos aparece con frecuencia como un socio estratégico imprescindible para España en cuestiones como inmigración o seguridad. ¿Hasta qué punto esa importancia estratégica condiciona la capacidad de España y de Europa para exigirle responsabilidades en materia de derechos humanos y libertad de prensa?

Es un “socio estratégico imprescindible” porque lo han decidido los políticos europeos y no los expertos. Nuestros muy activos servicios secretos, el exterior en 2014 y el interior en 2026, han demostrado que son incapaces de proteger sus propios archivos y memoria, que han sido expuestos al público después de su robo por unos misteriosos hackers. Hoy en día conocemos hasta el número móvil personal, la copia del DNI, la cuenta bancaria y los bienes inmobiliarios de todos los jefes de esos servicios secretos tan “imprescindibles” para Europa. ¿Qué servicio secreto continúa siendo secreto cuando todo el mundo conoce sus secretos?

En cuanto a exigir responsabilidades a nuestro Estado por la situación de los derechos humanos y de la libertad de prensa, tengo la firme convicción de que en Madrid y en Bruselas están convencidos de que nosotros, los marroquíes, no somos aptos para disfrutar de las libertades tal como las conocen los europeos. Nos consideran tontos brutos que hay que gobernar con mano dura.

Conoce muy bien la relación entre Marruecos y España y también ha hablado de la existencia de vínculos entre sus servicios de inteligencia. ¿Qué cree que desconoce la ciudadanía sobre esa relación entre ambos países?

Creo que la ciudadanía española no sabe que el Centro Nacional de Inteligencia español no considera a sus homólogos marroquíes como una entidad amiga. Puedo hasta decir que hay un pequeño conflicto, opaco y poco visible, entre ellos. Especialmente algunos golpes bajos, de una parte y de otra de la frontera.

Hace apenas unas semanas fue detenido durante 72 horas después de regresar a Marruecos y calificó lo ocurrido de “secuestro ilegal”. ¿Qué fue lo que más le preocupó de aquella detención?

Hace tiempo que ya no me preocupo por las artimañas y complots de los servicios secretos de mi país. Las acusaciones eran tontas. Por ejemplo: “¿Por qué afirma usted que existe una estructura oculta que gobierna secretamente el país?”. Porque existe. Su sinónimo es “Estado profundo” y he dado los nombres y apellidos de sus principales miembros.

El trato recibido fue brutal al comienzo, sobre todo en el aeropuerto de Tánger. Sin embargo, en Casablanca, en la sede de la Brigada Nacional de Policía Judicial, se han comportado correctamente.

Marruecos sigue persiguiendo a los periodistas independientes que intentan solamente ejercer su labor de información. Para la “estructura oculta” somos el último reducto de lo que ella llama la oposición al régimen. Otra insensatez. Somos periodistas, no políticos.

¿Hay algo que un periodista no pueda negociar nunca, ni siquiera cuando está en juego su propia libertad?

Sí, el nombre de mis fuentes y el de los colaboradores que montan mis vídeos. Obviamente, no he respondido a ninguna de esas preguntas. Responder hubiera sido no solamente una traición a principios elementales, sino también un suicidio profesional. Y no tenía ganas de suicidarme.

Decidió volver a Marruecos pese a llevar 25 años viviendo en España y sabiendo los riesgos que podía asumir. ¿Qué tiene un país que puede llegar a expulsarte y, al mismo tiempo, seguir siendo el lugar al que quieres regresar?

Soy un ciudadano francés que reside en España, pero en realidad soy simplemente un tipo de allí, de Marruecos. De Tetuán. Mis abuelos paternos, mis padres, mi hermano y mi hermana están enterrados allí, en una colina desde donde se puede ver el lejano mar. Nadie puede privarme de visitar sus tumbas, que para nosotros son la prueba de que existimos. Sin tumbas no hay pasado.

La inmigración vuelve a estar en el centro del debate cada vez que se produce una crisis en la frontera. ¿Qué estamos dejando fuera cuando reducimos el fenómeno migratorio a mafias, fronteras y cifras?

Estamos dejando fuera una verdad que nadie puede acallar y es que el régimen de Marruecos ha sido incapaz de proporcionar a sus ciudadanos una vida digna y la esperanza de un futuro mejor. Todo el mundo quiere irse de Marruecos. Lo hemos visto el 30 de julio. Es un tremendo fracaso. Y no quiero culpar a nadie más que a nosotros mismos por esta situación. ¿Para qué han servido 70 años de independencia de Francia y España si hemos sido incapaces de gobernarnos correcta y eficazmente durante todo este tiempo?

Conoce personalmente las rutas migratorias y ha explicado que hace 26 años cruzó en una zodiac desde la costa marroquí. ¿Qué ha cambiado desde entonces y qué sigue exactamente igual para los jóvenes marroquíes que quieren marcharse?

Lo que ha cambiado es que las pateras o zodiacs son menos visibles y casi inoperantes. Los candidatos montan ahora motos acuáticas y asaltan, violenta o pacíficamente, los puestos fronterizos. En este último caso, esto se llama desesperación acumulada. Si las cosas no cambian, si nuestros dirigentes continúan mostrándose incapaces de gobernar el país y de solucionar los problemas de los marroquíes, vamos a ir hacia males mayores.

Una de las cifras que más llama la atención es la cantidad de jóvenes marroquíes que se plantean emigrar. ¿Estamos ante un problema migratorio o, en realidad, ante el síntoma de un problema mucho más profundo dentro de Marruecos?

Los dos. El segundo alimenta el primero. Los jóvenes dicen que, si no hay futuro para ellos en Marruecos, lo mejor sería abandonar el país y juntarse con las legiones de personas que avanzan hacia Europa, hasta el presunto El Dorado europeo.

Si tuviera que explicar a un español qué empuja hoy a un joven marroquí a jugarse la vida para llegar a Europa, más allá de la falta de dinero, ¿qué le diría?

Aparte de unas perspectivas de futuro mejorables, porque muchos quieren formar un hogar e independizarse de su familia, si añadimos un poco de dignidad, una seguridad social eficiente y menos policía política que conculca libertades supuestamente fundamentales, creo que muchos jóvenes marroquíes se quedarían en su país.

En un contexto en el que las redes sociales permiten a los ciudadanos informarse y movilizarse, pero también son objeto de vigilancia y manipulación, ¿quién controla hoy el relato sobre Marruecos?

Hay un doble control que se contradice continuamente. Desde Marruecos, donde el Gobierno no pinta nada y ya no tenemos prensa independiente, las redes son estrechamente vigiladas y manipuladas en su momento por la policía política, para fines propagandísticos, se entiende.

Por otro lado, desde el extranjero algunos youtubers arremeten de manera constante contra el régimen, contradiciendo sus afirmaciones y denunciando atropellos y escándalos. Como no residen en Marruecos, el régimen no puede alcanzarlos salvo casos concretos en que puso querellas contra ellos en Europa o América del Norte.

El problema reside en el hecho de que esos youtubers no son periodistas, no saben manejar y contrastar una información y algunas veces se dejan llevar por la facilidad de verter insultos e improperios. Muchos vituperan de buena fe o difunden información no veraz contra el régimen solamente porque “se lo dijo alguien”. Tienen éxito, pero es un problema porque imitan en muchos casos a los voceros del Majzén.

¿En algún momento ha sentido miedo suficiente como para pensar que quizá había llegado el momento de dejar el periodismo?

Hace tiempo que ya no me preocupo por las artimañas y complots de los servicios secretos de mi país. El trato que recibí fue brutal al comienzo, sobre todo en el aeropuerto de Tánger, pero sigo ejerciendo el periodismo.

Después de todo lo que ha vivido, ¿qué significa hoy para usted la palabra libertad de prensa?

Opinión libre e información veraz. Y siempre respetando esas reglas internacionales comunes para todos los periodistas. No tengo el derecho de opinar atentando contra el honor de cualquiera, sea rey o camarero. No puedo publicar o difundir una información a sabiendas de que es falsa aunque eso me traiga centenares de miles de visitantes y likes. Y si me equivoco, tiene que ser de buena fe.

Y mirando hacia adelante, ¿qué tendría que cambiar en Marruecos para que un periodista pudiera volver a ejercer allí sin miedo?

El régimen marroquí tiene que entender que, si no cambia su idiosincrasia, el país irá a peor. Tiene que sacarse esa mentalidad muy del siglo XX de que, “al que se mueve, le rompemos los huesos”. No le puedo decir lo que significa ese “peor”. Lo intuyo y me da terror algunas veces. En Marruecos necesitamos ideas, soluciones, reparto equitativo de las riquezas porque no somos un país pobre y una verdadera nueva era de democracia. En realidad, queremos lo que en Occidente tenéis, aunque sea el 10% o el 20% de lo que disfrutáis todos los días.

La calor no apreta igual a tots els barris. Encara que la meteorologia aparentment no entén de classes socials, el cert és que la configuració de les ciutats sí influeix en les temperatures. Un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha constatat que en una ciutat com València, les zones més desfavorides poden arribar a patir a l'estiu un grau més de mitjana que les acomodades.

La investigació, duta a terme per l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la UAB, analitza les quatre majors àrees metropolitanes d'Espanya: Madrid, Barcelona, Sevilla i València. En totes elles, amb dades del calorós estiu de 2022, s'observa que els barris vulnerables tenen més probabilitats de patir temperatures més altes.

Sumades les quatre conurbacions, un total de 3,7 milions de persones viuen en barris que ajunten temperatures elevades i baixes condicions econòmiques. Més de la meitat d'ells, prop de dos milions, es concentren als barris del sud de Madrid i a Móstoles, Alcalá o Leganés.

“En plena emergència climàtica, amb l'impacte que tenen les onades de calor en la salut, ens interessava veure si els barris més vulnerables estan més exposats a les altes temperatures, i la conclusió és que sí, que existeix aquesta correlació”, assenyala Marc Parés, catedràtic de Geografia de la UAB i autor de la investigació.

Per comprovar-ho, han aplicat als barris l'Índex de Vulnerabilitat Urbana (inclou indicadors com la renda, el preu de l'habitatge, la immigració, la densitat o la població gran que viu sola) i dos tipus de càlcul de les temperatures. Un és l'LST (Land Surface Temperature), que mesura la calor de la superfície per via satel·literal, i l'altre és l'UTCI (Universal Thermal Climate Index), que s'acosta més al confort tèrmic amb dades estimades de temperatura, humitat i vent.

Tot i amb diferències, ambdós indicadors mostren aquesta bretxa entre barris vulnerables i acomodats. Amb l'índex UTCI, la diferència mitjana de calor entre els primers i els segons és d'1,08ºC a València, per 0,56ºC a Barcelona, 0,42ºC a Madrid, i 0,09ºC a Sevilla. Amb el mètode d'LST, la major desigualtat apareix a Barcelona (0,98ºC), seguida de València (0,81ºC), Madrid (0,81ºC), i Sevilla (0,35ºC).

En plena onada de calor, quan els termòmetres arriben als 40ºC i les nits tòrrides no baixen dels 25ºC, un grau de diferència és “important”, segons Parés. “Hi ha estudis que demostren que un grau més o menys pot ser determinant per provocar alteracions cardíaques o problemes en el descans per la nit”, explica.

Aquest geògraf atribueix sobretot aquesta desigualtat a l'elevada densitat que solen tindre els barris més humils, i que sovint va associada a la manca de zones verdes. L'acumulació d'edificis i asfalt en poc espai produeix l'efecte illa de calor, que eleva les temperatures. “Això es veu molt clar quan compares ciutats amb entorns rurals, però també dins de les ciutats, les zones més denses són les que generen una illa de calor més intensa”, descriu l'autor.

El seu treball permet també identificar aquells corredors metropolitans on s'ajunten les temperatures extremes amb la pobresa. A Barcelona, destaquen fins a set barris de L’Hospitalet de Llobregat que compleixen aquest perfil (Sant Josep, Can Serra, Bellvitge, Les Planes, Sanfeliu, El Gornal i Pubilla Cases), per quatre de Santa Coloma de Gramenet (Fondo, Llatí, Centre i Can Mariner i Santa Rosa). A més, amb temperatures molt elevades surten La Romànica i Barri Antic, a Barberà del Vallès, o Can Cervera i Can Vidalet, a Esplugues de Llobregat.

Són en total més de 905.000 persones a la perifèria de Barcelona les que resideixen en zones vulnerables i d'elevada temperatura. A l'àrea metropolitana valenciana, són 378.000, molts d'ells en municipis com Aldaia, Alaquàs, Xirivella o Paterna. A la conurbació de Sevilla, 475.000 persones resideixen en zones desfavorides i més exposades a la calor de Los Palacios y Villafranca, Camas o Dos Hermanas. Aquesta última ciutat és la que presenta amb diferència una menor desigualtat territorial, encara que les seues temperatures siguen en conjunt més elevades.

Identificar aquests barris, assenyala Parés, hauria de ser una prioritat per a les Administracions. Encara que existeixen barris de classe mitjana i alta (l'Eixample de Barcelona n'és un exemple) que també apareixen amb “alt estrès tèrmic”, és a les perifèries més humils on els veïns no tenen tant marge per fer front a la calor. “Són barris amb edificis menys eficients energèticament, pitjor aïllats, i amb població que no pot per exemple instal·lar-se o pagar un aire condicionat”.

El calor no aprieta igual en todos los barrios. Aunque la meteorología aparentemente no entiende de clases sociales, lo cierto es que la configuración de las ciudades sí influye en las temperaturas. Un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha constatado que en una ciudad como València, las zonas más desfavorecidas pueden llegar a sufrir en verano un grado más de media que las acomodadas.

La investigación, llevada a cabo por el Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la UAB, analiza las cuatro mayores áreas metropolitanas de España: Madrid, Barcelona, Sevilla y València. En todas ellas, con datos del caluroso verano de 2022, se observa que los barrios vulnerables tienen más probabilidades de padecer temperaturas más altas.

Sumadas las cuatro conurbaciones, un total de 3,7 millones de personas viven en barrios que juntan temperaturas elevadas y bajas condiciones económicas. Más de la mitad de ellos, cerca de dos millones, se concentran en los barrios del sur de Madrid y en Móstoles, Alcalá o Leganés.

“En plena emergencia climática, con el impacto que tienen las olas de calor en la salud, nos interesaba ver si los barrios más vulnerables están más expuestos a las altas temperaturas, y la conclusión es que sí, que existe esta correlación”, señala Marc Parés, catedrático de Geografía de la UAB y autor de la investigación.

Para comprobarlo, han aplicado a los barrios el Índice de Vulnerabilidad Urbana (incluye indicadores como la renta, el precio de la vivienda, la inmigración, la densidad o la población mayor que vive sola) y dos tipos de cálculo de las temperaturas. Uno es el LST (Land Surface Temperature), que mide el calor de la superficie por vía satelital, y el otro es el UTCI (Universal Thermal Climate Index), que se acerca más al confort térmico con datos estimados de temperatura, humedad y viento.

Aunque con diferencias, ambos indicadores muestran esta brecha entre barrios vulnerables y acomodados. Con el índice UTCI, la diferencia media de calor ente los primeros y los segundos es de 1,08ºC en València, por 0,56ºC en Barcelona, 0,42ºC en Madrid, y 0,09ºC en Sevilla. Con el método de LST, la mayor desigualdad aparece en Barcelona (0,98ºC), seguida de València (0,81ºC), Madrid (0,81ºC), y Sevilla (0,35ºC).

En plena ola de calor, cuando los termómetros alcanzan los 40ºC y las noches tórridas no bajan de los 25ºC, un grado de diferencia es “importante”, según Parés. “Hay estudios que demuestran que un grado más o menos puede ser determinante para provocar alteraciones cardíacas o problemas en el descanso por la noche”, explica.

Este geógrafo atribuye sobre todo esta desigualdad a la elevada densidad que suelen tener los barrios más humildes, y que a menudo va asociada a la falta de zonas verdes. La acumulación de edificios y asfalto en poco espacio produce el efecto isla de calor, que eleva las temperaturas. “Esto se ve muy claro cuando comparas ciudades con entornos rurales, pero también dentro de las ciudades, las zonas más densas son las que generan una isla de calor más intensa”, describe el autor.

Su trabajo permite también identificar aquellos corredores metropolitanos donde se juntan las temperaturas extremas con la pobreza. En Barcelona, destacan hasta siete barrios de L’Hospitalet de Llobregat que cumplen este perfil (Sant Josep, Can Serra, Bellvitge, Les Planes, Sanfeliu, El Gornal y Pubilla Cases), por cuatro de Santa Coloma de Gramenet (Fondo, Llatí, Centre y Can Mariner y Santa Rosa). Además, con temperaturas muy elevadas salen La Romànica y Barri Antic, en Barberà del Vallès, o Can Cervera y Can Vidalet, en Esplugues de Llobregat.

Son en total más de 905.000 personas en la periferia de Barcelona los que residen en zonas vulnerables y de elevada temperatura. En el área metropolitana valenciana, son 378.000, muchos de ellos en municipios como Aldaia, Alaquàs, Xirivella o Paterna. En la conurbación de Sevilla, 475.000 personas residen en zonas desfavorecidas y más expuestas al calor de Los Palacios y Villafranca, Camas o Dos Hermanas. Esta última ciudad es la que presenta con diferencia una menor desigualdad territorial, aunque sus temperaturas sean en conjunto más elevadas.

Identificar estos barrios, señala Parés, debería ser una prioridad para las Administraciones. Aunque existen barrios de clase media y alta (el Eixample de Barcelona es un ejemplo) que también aparecen con “alto estrés térmico”, es en las periferias más humildes donde los vecinos no tienen tanto margen para hacer frente al calor. “Son barrios con edificios menos eficientes energéticamente, peor aislados, y con población que no puede por ejemplo instalarse o pagar un aire acondicionado”.

La ley estrella del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que reconoce al embrión como “miembro de la unidad familiar” ha sumado días y días de polémica tras su aprobación por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid. La norma del “concebido no nacido”, como la llama el propio gobierno autonómico, ha recibido críticas por parte de la oposición, pero también de expertas que consideran que se trata de una “batalla cultural” que asume posiciones antiabortistas más que suponer una ayuda real para las mujeres. Tras la bronca subyace una pregunta: qué pasa con los que sí han nacido y viven ya en la región. Es decir, cuál es la situación de los niños que, desde el momento en que nacieron, adquirieron la plena capacidad jurídica y tienen reconocidos sus derechos como seres humanos.

La Comunidad de Madrid argumenta que esta ley no va “en contra de nadie ni de nada” y que “no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”. La norma se centra en aspectos administrativos: “Tiene por objeto habilitar la asimilación del concebido no nacido al hijo ya nacido, a efectos del reconocimiento de aquellos beneficios y derechos que, en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, se deriven de la existencia de hijos ya nacidos”, según se recoge en el anteproyecto de ley.

Durante el debate en el último pleno extraordinario del parlamento regional, el grupo Más Madrid presentó 14 enmiendas que fueron rechazadas por la absoluta del Partido Popular. Algunas de ellas planteaban, en tono irónico, incluir garantías para una “correcta climatización de las aulas” o “reforzar plantillas” para “garantizar el acceso” de los pequeños al “área de pediatría en atención primaria en todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid”. Más allá de la bronca política, la comunidad suma tareas pendientes en cuanto a aspectos como la sanidad infantil o la educación de los más pequeños.

La “situación crítica” de la atención pediátrica

En febrero de 2025, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) publicó datos sobre la situación de la atención a los niños en medicina. Entonces, casi dos millones de niños en España no tenían pediatra asignado. En Madrid, un 32% de las plazas de pediatría estaban sin cubrir atendiendo a datos de entre 2018 y 2024, los más actualizados según el análisis que hacen desde la AEPap. Durante la presentación del informe, el presidente de la asociación, Pedro Gorrotxategi, explicaba que en algunos gobiernos regionales, como el de la Comunidad de Madrid, intentaban paliar el problema creando puestos para pediatras en hospitales, pero dejando estancados los centros de salud.

A su vez, esta situación supone que los pediatras tengan asignados a cada vez más niños. Según la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), en 2025 la atención primaria en la Comunidad seguía dependiendo de las horas extraordinarias para poder sostener la actividad. Un comunicado publicado el pasado mes de junio en la web del sindicato alertaba de que una de las más afectadas era, precisamente, la pediatría, que consideran que está en una “situación crítica”.

Denuncian que, según Transparencia, el año pasado se realizaron “37.192 horas de módulos, lo que supone atender a 233.156 niños”. Teniendo en cuenta que los pediatras no pueden atender a más de 24 pacientes, Amyts calcula que se necesitarían al menos 44 pediatras más. Según los cálculos del sindicato mayoritario, en la Comunidad de Madrid 764.000 pacientes en 2025 no contaban con un médico de familia o pediatra asignado, 139.000 pacientes estaban sin pediatra sobre cupos medios de 1.000 pacientes.

Las listas de espera de la atención temprana

Otro de los puntos clave es la atención temprana, un servicio destinado a niños y niñas en las primeras etapas de su vida, de los 0 a los 6 años y que tiene como fin detectar “algún tipo de trastorno en su desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla y/o dependencia”, según la web de la Comunidad de Madrid. Según las cifras de la propia página oficial a fecha de 30 de junio de 2026, el número de demandantes en lista de espera para atención temprana actualmente es de 908 personas, una cifra que varía mes a mes pero que suele rondar los mil pacientes.

Esta espera ha hecho que asociaciones como la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid haya ofrecido costear los tratamientos para menores con discapacidad o riesgo de padecerla que se encuentren en estas listas de espera para evitar que la espera les suponga un perjuicio para su salud.

Falta de plazas en las escuelas infantiles

Mientras la huelga indefinida de las educadoras de infantil de 0 a 3 años continúa, cada año miles de niños y niñas se han quedado sin plaza de nuevo en las escuelas públicas infantiles de la capital. Para el curso 2024-2025, la cifra ascendía hasta las 11.400 familias sin plaza en Madrid ciudad, lo que obliga a muchas de ellas a dejar a los más pequeños en centros privados con el coste extra que eso supone.

Además, la polémica por las altas temperaturas en las aulas saltó de nuevo este año al calor de las movilizaciones de las educadoras infantiles. Una problemática que afecta a colegios públicos de primaria, pero también a las aulas de infantil y que, según explican desde las asociaciones de familias, a los más pequeños les afecta especialmente debido a que pierden la concentración y están más irritables pero no consiguen entender por qué. “Guantánamo está a la par de las escuelas infantiles”, criticaban desde una de las asociaciones de familias, en declaraciones a elDiario.es el pasado mes de junio.

Una polémica que subió el tono todavía más y causó la indignación de las familias ante las declaraciones del consejero de Cultura de Ayuso, Mariano de Paco, que aseguró que el calor insoportable con el que muchos niños tenían que ir a clase también les podía servir de “fuente de inspiración”.

Solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza tienen beca comedor

Las tareas pendientes en materia de educación también afectan a los más pequeños. Se repiten las críticas contra lo conocido como 'cheques-guardería', ayudas para centros de Educación Infantil privados que las familias critican por suponer subvenciones que van a parar a manos privadas en lugar de aumentar las plazas en los centros públicos. Este sistema viene de la Comunidad de Madrid, aunque el Ayuntamiento también tiene una medida similar que funciona a través de una beca infantil. Estos “cheques” funcionan para las niñas y niños de 0 a 3 años pero también para Formación Profesional (FP) y bachillerato.

Pero los puntos débiles de la educación pública en la región no solo están en el acceso a la misma. La brecha de la desigualdad también puede verse fuera de las aulas, concretamente, en el comedor escolar. En mayo de este año, la plataforma Comedor Universal por Derecho publicaba un informe en el que subrayaban que solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza en la comunidad tenían reconocida esta ayuda, una situación que no solo hace que los pequeños no puedan alimentarse como el resto, sino que además, “compromete tanto su derecho a la educación como su derecho a socializar en igualdad con el resto de sus compañeros”.

Casi 150.000 niños y niñas en situación de pobreza severa

El acceso igualitario al comedor escolar afecta especialmente a los menores de familias con rentas más bajas, sobre todo a las personas migrantes en situación irregular en la capital. Pero es que, además, la situación es más preocupante si miramos las cifras de la pobreza infantil en la región, que es la cuarta economía más grande de la Unión Europea.

Según el análisis de la Plataforma de la Infancia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi 150.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de pobreza severa en la comunidad.

En 2024 se alcanzó la cifra más alta registrada hasta el momento en Madrid y ahora la tasa AROPE, con la que se mide la pobreza, disminuye más de cinco puntos y posiciona a la comunidad por debajo de la media nacional, aunque la tasa para la población infantil sigue superando en más de seis puntos a la de la población adulta. En total, casi 280.000 niños y niñas están en riesgo de exclusión social en la región. Una situación que se ve agravada especialmente en los hogares encabezados por mujeres.

En cuanto a desigualdad territorial en general (no solo en población infantil), la región es la que peor dato tiene. “La Comunidad de Madrid tiene la tasa de desigualdad más alta de España, con un coeficiente Gini de 31,8”, indican en otro informe de 2025. Además, los análisis de las asociaciones e instituciones sobre la situación de la pobreza infantil indican que la vivienda juega un papel crucial para el aumento de la desigualdad.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de la pobreza infantil severa en Madrid y en España hasta el año 2024, con el incremento que experimentó ese año:

Hasta que el Gobierno aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) eran los programas autonómicos de rentas mínimas de inserción (RMI) los que promorcionaban una prestación para hogares en situación de pobreza. Según indica el European Anti Poverty Network (EAPN) en su informe de este año, aunque el IMV fue concebido para que funcionase como un suelo base para las RMI, algunas comunidades suspendieron las nuevas solicitudes de RMI. En Madrid, el número de beneficiarios de RMI ha caído en un 95,9% de 2019 a 2024, la comunidad con un mayor descenso de estas ayudas.

Desde Más Madrid lamentan que se hayan rechazado las enmiendas a la “ley del concebido no nacido”, especialmente una que sí tenía que ver con el propio contenido del texto y que Marta Carmona, diputada del partido, considera una “oportunidad perdida”: la posibilidad de equiparar las familias monomarentales con las numerosas. Según el análisis de Plataforma de la Infancia, el 55% de los hogares monomarentales están en situación de pobreza y/o exclusión social.

Corea del Sur planea crear un fondo con ingresos fiscales adicionales obtenidos por el auge del sector de los semiconductores y la inteligencia artificial (IA) para impulsar el crecimiento futuro y luchar contra la creciente desigualdad, ha adelantado el jefe de Gabinete surcoreano, Kang Hoon-sik. “Tenemos la intención de crear un fondo con ingresos fiscales adicionales para realizar inversiones audaces en el futuro de Corea del Sur”, ha explicado.

Kang afirma que este fondo servirá para “responder a la polarización” de la economía “en forma de K”, como se define a una situación en la que personas e industrias crecen a ritmos muy diferentes y aumenta la desigualdad, una situación cada vez más asociada al boom del sector de la IA.

En particular, el fondo irá destinado a inversiones y a dar “apoyo para emprendedores y empleo para jóvenes de entre 20 y 30 años”, dijo el jefe de Gabinete. El portavoz principal del Partido Democrático, Kang Jun-hyun, afirmó en declaraciones recogidas por Yonhap que el Gobierno se limitó a “esbozar” el propósito del fondo, sin proporcionar detalles más específicos.

La pasada semana, el Gobierno surcoreano presentó una serie de proyectos industriales en los sectores de semiconductores, inteligencia artificial (IA) física y centros de datos de IA, respaldados con inversiones cercanas al billón de dólares procedentes de Samsung Electronics, SK hynix y agencias gubernamentales, entre otros. En suma, representarán una inversión de 830.000 millones de euros.

Los planes de crear este “fondo de futuro” fueron desvelados después de que el pasado mayo el jefe de la Oficina de Políticas presidencial, Kim Yong-beom, planteara la necesidad de repartir entre los ciudadanos del país asiático los beneficios fiscales generados por el auge de la IA.

Estas declaraciones generaron una fuerte polémica en el país asiático, ante las acusaciones de que en realidad estaba planteando repartir los beneficios empresariales entre los ciudadanos surcoreanos. Un extremo que negó el propio presidente surcoreano, Lee Jae-myung.

Medida histórica con el dólar

Mientras, el mercado de divisas surcoreano comenzó este lunes a permitir el intercambio de wones y dólares durante las 24 horas del día, una flexibilización histórica que llega en un momento de especial tensión por la persistente debilidad de la moneda local, en niveles no vistos desde la crisis financiera global en 2009.

El ajuste llega tras meses de fuerte volatilidad cambiaria y cuando el won se ubica desde mediados de mayo en el entorno de las 1.500 unidades por dólar. Según expertos citados por The Korea Times, se espera que la decisión ayude a la larga a estabilizar el mercado de divisas, ya que el cambio podrá absorber en tiempo real los impactos relacionados con la actualidad internacional, y a impulsar la inversión extranjera.

Antón Costas (San Pedro de Matamá, Vigo, 1949) preside el Consejo Económico y Social de España (CES) desde abril de 2021. Catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, su tesis doctoral fue dirigida por los profesores Fabián Estapé y Ernest Lluch. Autor de numerosos libros y artículos, sus publicaciones e intervenciones más recientes apuntan hacia la necesidad de un nuevo contrato social que permita la prosperidad de los más necesitados, antes del papel redistribuidor del Estado. Es un defensor a ultranza de la formación dual como herramienta para crear más y mejor empleo, y del Pacto de Toledo para acompasar las pensiones a la realidad económica.

Pese a la resiliencia de la economía española, que en su momento llegó a calificar de “primavera económica”, alertaba hace unas semanas de que el puente del bienestar social se ha roto; es decir que ya no vale solo con crecer. ¿Cómo lo hacemos para que el crecimiento se traslade a los hogares?

Hay dos pilares de ese puente que se han debilitado mucho. Uno es la vivienda, que es un agujero negro que se traga una buena parte de las mejoras que para los hogares han significado el aumento de empleo y también una cierta recuperación de los salarios reales. Y el otro es el coste de la vida. Aquí siempre hay el riesgo de confundir inflación con precios. Inflación es la subida de los precios de un año a otro, pero la inflación puede bajar, como ha sucedido; sin embargo, los precios quedan colgados arriba. Y esto yo creo que ha impactado bastante, especialmente en los hogares más débiles. 

¿Qué propone en el terreno de la vivienda? 

En el corto plazo y medio plazo se debe intentar aliviar el acceso y el coste para la vivienda de alquiler social. Habría que sacar enseñanzas de una experiencia muy interesante, poco conocida, que es cómo Sareb, que en muy poco tiempo, en escasamente tres años, cuando salió ya toda la banca y pasó a ser únicamente pública, creó una división de vivienda de alquiler social. Hoy tiene alrededor de unas 17.000 familias en alquiler social en viviendas que han sido recuperadas y rehabilitadas. Ahora hay que trasladar esta experiencia a Casa 47 [la nueva empresa pública de vivienda]. Hay que hacer una distinción muy importante en España: no es lo mismo gestionar vivienda social que gestionar vivienda asequible. En segundo lugar, fortalecer operadores de este tipo en las comunidades autónomas. Y en el largo plazo no hay otra salida que aumentar la construcción y el stock de vivienda asequible. Y ahí las comunidades autónomas y especialmente los municipios tienen una competencia y una responsabilidad importante. Porque o se reduce toda la tramitación administrativa, que significa suelo edificable y licencia de construcción, o es muy difícil. 

¿Y en cuanto a precios?

Antes decía que los precios han quedado colgados arriba. Tenemos dos opciones: una es pensar que van a subir los salarios hasta que se equilibren estos precios. Otra opción es, por el contrario, sacarle a las familias una serie de gastos que tienen en la parte de abajo de su cesta de la compra, que están dificultando muchísimo llevar una vida digna. En el CES defendimos el coste del transporte: es un coste muy importante en las familias medias españolas y más cuando el problema de la vivienda obliga a las personas a tener que alejar su residencia del trabajo. Otro tipo de coste que se puede sacar a las familias son los productos de higiene femenina para gente joven u hogares con pocos ingresos. Esto puede parecer un poco raro, pero lo hicimos en 1977 con los Pactos de la Moncloa: los sindicatos aceptaron moderar los salarios a cambio de introducir como bienes públicos una serie de gastos sociales: la educación, la sanidad, el desempleo. Mejoró las condiciones de vida de las personas.

El nuevo contrato social tiene que incorporar un acuerdo para los cuidados. La carga de cuidados es insoportable para las familias por sí solas

Esto forma parte de lo que usted viene reclamando últimamente como nuevo contrato social, que no descanse tanto en la redistribución como en los buenos empleos y en la predistribución: ¿menos redistribución ex post y más predistribución de oportunidades?

Sí, es un elemento. Probablemente, el contrato social del siglo XXI tiene que incorporar un acuerdo para los cuidados. La carga de cuidados es insoportable para las familias por sí solas, pero también sería insoportable si pretendiésemos transferir toda la carga de cuidados futura al Estado. Tenemos que buscar un equilibrio, un contrato entre las familias, las empresas, la economía social y el propio Estado. Pero sí que es un elemento del contrato social que no descanse tanto todo en la redistribución sino en la predistribución. Es un cambio de fondo. 

La prestación universal de crianza para combatir la pobreza infantil en España, de las más elevadas de la UE, que propone va por ahí, también.

El argumento que hay detrás de esta idea es que la desigualdad en nuestro país no viene fundamentalmente por un mal funcionamiento de la redistribución. La redistribución son los programas sociales, de bienestar general o el ingreso mínimo vital. Todo eso es necesario. El ingreso mínimo vital fue una gran iniciativa que, sin embargo, se puede mejorar. Pero, ¿cuál es mi idea? Que no es posible pretender corregir la desigualdad y la carencia de ingresos de una gran parte de la sociedad española solo a través de un mayor gasto social.

¿Por qué? 

Porque la desigualdad viene del mal funcionamiento que hay no en la redistribución, sino en la distribución. Es decir, en la existencia de buenos empleos con buenos salarios. Si no logramos esto, la presión sobre la redistribución creo que acabaría rompiendo el Estado liberal, tal como lo entendemos. Por eso soy mucho más partidario de focalizar el esfuerzo que tiene que hacer nuestra sociedad en todo aquello que favorezca los buenos empleos. La formación dual, por ejemplo, es una gran celestina capaz de emparejar dos necesidades: las de las personas de tener un buen empleo y las de las empresas de disponer de trabajadores con capacidades adecuadas.

En su opinión, España está protagonizando una “transformación silenciosa del modelo productivo”, más resiliente e inclusivo, que se encuentra tanto en el tejido empresarial –con un aumento del tamaño de las empresas, más productivas– como en el lado del empleo, con un mayor peso de trabajos de alta cualificación, mayor valor añadido y mejores condiciones laborales. ¿Por qué no suben entonces los sueldos que permiten recomponer el puente, utilizando su metáfora?

En esa transformación silenciosa hay mejoras salariales importantes. Pero tenemos una especie de bipolaridad. Nuestra economía también tiene una parte importante de actividad económica y de empleos que no llamaría buenos empleos. Pero a mí me gusta poner en valor lo que va bien, miro la botella medio llena porque creo que esa es la vía para mejorar las cosas. Pero las dos son ciertas.

Cuando hablamos de nuevas prestaciones, como esta de crianza, por ejemplo, o como usted comentaba al principio, de recortar gastos a las familias, indudablemente pensamos en esto cómo se financia. ¿Vivimos en un infierno fiscal?

Yo no utilizaría ese adjetivo. Creo, porque así lo ha dicho además la comisión que se creó en su momento para la reforma fiscal, que hay margen, e importante, para un rediseño de algunos de los instrumentos fiscales para mejorar su capacidad recaudatoria. Vamos a ver: si la economía crece, como es así, y crece también el empleo, eso significa que crecen también proporcionalmente los ingresos públicos. ¿Hacia dónde orientamos ese aumento de ingresos fiscales? Hacia estas necesidades, eso es posible en una situación de crecimiento de la economía. Y creo que además la economía española va a seguir creciendo. 

La reducción de la jornada laboral era una medida prioritaria del Ministerio de Trabajo, que de momento no ha tenido los apoyos para salir adelante. ¿La economía española es lo suficientemente productiva para ir a una reducción horaria como la que se plantea el Gobierno? 

El debate que ha habido alrededor de la reducción de la jornada es muy ilustrativo para nuestro país y que abre camino. Fíjese que desde el ámbito empresarial nunca se negó la posibilidad y hasta hoy la necesidad de ir hacia una reducción de la jornada con un objetivo social deseable. Lo que se decía desde el ámbito empresarial es que eso había que ir lográndolo en todos los sectores que estaban aún con 40 horas a través de la negociación colectiva, pero no se negó nunca el objetivo. Y creo que es muy ilustrativo lo que ha sucedido en esta casa. El Gobierno envió un anteproyecto de ley que venía sin el apoyo de las organizaciones empresariales, representadas en el CES. Aquí debatimos con las organizaciones empresariales y el dictamen del CES fue aprobado prácticamente por unanimidad. Creo que hubiese tenido una gran influencia si el anteproyecto de ley hubiese seguido su recorrido parlamentario. 

¿Qué dice? 

Establece un principio general y después tres criterios, aceptados por todos. El principio general es que la reducción de jornada laboral de una forma homogénea en la economía española es un objetivo deseable, pero que tiene que buscar un equilibrio entre, por un lado, el interés de los trabajadores por reducir la jornada laboral y el interés de las empresas en mantener también sus condiciones de trabajo. Primer criterio, gradualidad. No puedes introducir, dice el dictamen, por ley, una medida de este tipo que entre en vigor de hoy para mañana. Segundo, flexibilidad. No puedes aplicar una medida de este tipo general de forma simultánea a todos los sectores de la economía porque los sectores son de una diversidad extraordinaria. Y tercero, que tiene que haber elementos de compensación, no necesariamente solo en términos financieros. Creo que ese va a ser el camino futuro. 

¿Le preocupan los efectos de la IA sobre el empleo y el mercado de trabajo?

Sí, me preocupan en dos dimensiones. En el ámbito laboral y en el ámbito, diría, civilizatorio, entendiendo por civilizatorio los valores y los principios de una civilización liberal, donde creemos en la privacidad y en nuestra capacidad para orientar nuestras vidas. En la vertiente laboral creo que estamos en un momento de ambigüedad extraordinario, porque, por un lado, hay muchos pronósticos o predicciones de que vendrá una especie de apocalipsis laboral, por parte incluso de medios de comunicación tan prestigiosos como The Economist. Pero, por otro lado, cuando vas a ver los datos, tanto aquí como en otras economías, nunca antes de ahora las economías han tenido tanto empleo como en este momento. 

¿Cree que está llegando el momento en que la tesis de Keynes, que en 1930 predijo que para 2030 solo necesitaríamos trabajar 15 horas semanales para cubrir nuestras necesidades materiales, se hará realidad?

Si lo gestionásemos bien, con seguridad que sí. Ocurre con la demografía, que estamos preocupados por la caída de la natalidad y a la vez estamos preocupados por que la inteligencia artificial reduzca el empleo. O nos preocupamos por la natalidad o nos preocupamos por el efecto de la inteligencia artificial en la reducción del empleo. Por las dos cosas a la vez no porque van en un mismo camino. Si la natalidad disminuye habrá menos personas en las próximas décadas con necesidad de buscar trabajo, pero a la vez la inteligencia artificial habrá reducido también, al parecer, la necesidad de trabajadores. Ahí hay como una especie de convergencia futura que te puede llevar a lo que Keynes deseaba. Es más actual que nunca este punto de Keynes. Dependerá de la gestión que hagamos y aquí hay que hacer una advertencia: todo el mundo, hasta el Nobel Aghion, habla de que la inteligencia artificial va a traer una mejora de productividad extraordinaria. Y a la vez, otros premios Nobeles de economía también muy prestigiosos, como Krugman, entre otros, dicen que no habrá un aumento espectacular de productividad. En cualquier caso, sea grande o pequeño, la cuestión de la productividad es cómo la repartes. La mejora de productividad puede ir solo a una parte o hacia los dos lados, ya sea reduciendo el tiempo de trabajo o mejora de salarios. Pero es un problema de gestión. 

Muchas empresas me transmiten que no encuentran aquel tipo de perfiles, de capacidades o competencias que en este momento necesitan

¿Cómo explica que teniendo algo menos de 2,4 millones de parados, según los datos de afiliación de la Seguridad Social, sigan creciendo las vacantes de empleo y determinados sectores se quejen de que no encuentran personal?. ¿Es un problema de salarios? ¿De formación? ¿Falla la intermediación?

Mi impresión es que hay un porcentaje, que no sé decir, de personas que no están ya en situación de poder trabajar, pero que, sin embargo, para poder cobrar una prestación tienen que estar registradas en el desempleo. Probablemente, ahí necesitamos en algún momento proceder a algún tipo de aclaración. En segundo lugar, aún no tenemos un indicador aceptado de forma común en el mundo empresarial ni en el mundo sindical acerca de las vacantes. Y, en tercer lugar, y esta es una opinión ya más personal que institucional, muchas empresas, y a mí me lo transmiten también estos empresarios y directivos, no encuentran aquel tipo de perfiles, de capacidades o competencias que en este momento necesitan. Y hacen un poco una crítica al sistema educativo porque no es capaz de suministrar. En un momento de la historia, donde la tecnología avanza con una rapidez endiablada que te hace cambiar las necesidades de competencias profesionales, tienes que comprometerte a crear aquellas competencias, que se necesitan. Nuestro informe de formación dual está ahí y es un legado que yo quiero dejar cuando me marche. Escogimos a todos los chicos y chicas que hicieron formación dual en el curso 2016-17. Hemos seguido a todos ellos con microdatos su trayectoria laboral, comparándolo con aquellos que no habían hecho formación dual. El resultado es una epifanía: todo mejora en la capacidad de encontrar buenos empleos de estas personas si han hecho formación dual.

Las patronales señalan el aumento de bajas laborales como una de sus prioridades, pero mantienen muchas diferencias con los sindicatos sobre su enfoque. ¿Cómo ve este problema? ¿Qué medidas cree que se podrían tomar ante este auge de las bajas por enfermedad? 

El aumento es un hecho objetivo cierto e importante. No hay aún un lenguaje común en el mundo empresarial y en el sindical. En el mundo sindical se cuestiona que hay absentismo, lo que dicen es que hay bajas laborales con un parte médico detrás y para ellos eso no es absentismo. Absentismo es no presentarse al trabajo. Necesitamos establecer un lenguaje común. Y necesitamos también un diálogo que no sea a machetazos, un análisis fino para ver qué hay detrás de cada una de esas bajas laborales. Lo que no puede ser es que este aumento tan importante a partir básicamente de la covid, que ha ocurrido también en otros países, sea como consecuencia de que los trabajadores o una gran parte de los trabajadores se han hecho vagos. 

Más allá de esta necesidad de compartir lenguaje, ¿a qué piensa usted que se debe? 

Como es un fenómeno más general, aunque en el caso español el volumen es mayor, tiene que haber una causa más general y yo creo que entre los factores que hay que analizar es la satisfacción en el trabajo. ¿Por qué motivo para muchas personas el trabajo no es motivo de satisfacción y de realización personal? Conviene analizarlo desde el propio ámbito de la empresa porque las empresas tienen departamentos importantes de recursos humanos y tienen un margen para mejorar desde ese lado. También lo hay en la mejora de los procesos de altas de la incapacidad laboral, pero en este sentido sindicatos y empresas están hablando para ver cómo las mutuas pueden también tener un papel riguroso. Si tuviese que hacerme yo una pregunta, es ¿por qué ha descendido la satisfacción laboral con el trabajo en los últimos tiempos? Creo que si no abordamos esta cuestión, tanto desde la empresa como desde el ámbito social, no avanzaremos en la respuesta adecuada a esta realidad.

¿Tiene respuesta? 

No, creo que sí ha habido una disminución de la satisfacción laboral. Por qué motivo no lo sé. 

Usted ha dicho que los sistemas públicos de pensiones han actuado como un pegamento entre el capitalismo y la justicia social. Muchas veces el debate gira en torno a las pensiones a una confrontación entre generaciones. ¿Cree que es necesario un trasvase de gasto hacia los más jóvenes? ¿Le preocupa el creciente aumento del gasto en pensiones con relación al PIB, como alertan varios economistas? 

No pondría en relación el gasto en pensiones con la necesidad de invertir más en los jóvenes. En segundo lugar, no soy capaz de ver cómo puede funcionar el capitalismo democrático sin un gran sistema de pensiones. No soy capaz, y soy un defensor del capitalismo democrático. Creo que el capitalismo necesita un sistema de pensiones, no solo por legitimidad social del capitalismo, que de eso viene el sistema de pensiones, sino por un elemento nuevo de macroeconomía. Hoy las pensiones constituyen un componente de la demanda agregada del capitalismo democrático que no soy capaz de ver cómo podría funcionar el capitalismo solo con la riqueza de los ricos. Y en tercer lugar, que no lo tenemos en cuenta, es que nuestro país tiene un mecanismo espectacular, fabuloso, de adaptación de las pensiones a la evolución de la economía. El Pacto de Toledo es un mecanismo que no hay en ningún otro país que ha funcionado más que razonablemente a lo largo del tiempo, adaptando el sistema de pensiones a la realidad económica del país. Y es además un mecanismo maravilloso porque incorpora dos planos: el plano del diálogo y el acuerdo político en la comisión parlamentaria y el plano del acuerdo en la negociación colectiva. Lo que no podremos es, a mi juicio sería un error fatal, hacer reformas en el sistema de pensiones apoyándose únicamente en proyecciones demográficas a largo plazo. Los grandes economistas y filósofos nos han advertido de que hacer proyecciones es muy peligroso. Si no somos capaces de acertar el PIB a un año, ¿vamos a ser capaces de acertar la evolución de la economía a 30 años al año 2050? Imposible. Si haces reformas basadas únicamente en proyecciones futuras, lo que estás haciendo es introducir un riesgo moral que tienes que explicar por qué lo haces.

¿En qué consiste ese riesgo moral? 

Consiste en que basándote en una proyección futura vas a introducir ahora un daño cierto a generaciones actuales justificándose en un beneficio futuro que es hipotético, que no puedes asegurar. Dicho esto, ¿estoy diciendo que no hay que hacer nada? No. Lo que hay que hacer es mantener muy activo ese mecanismo de diálogo y de acuerdo en el ámbito de las pensiones que es la comisión para el Pacto de Toledo.

“Eso no lo publiques tal cual”, repite con una sonrisa. Pablo Beramendi pide disculpas por el lenguaje coloquial del que tira a ratos para dar oxígeno a la profundidad académica. Como buen profesor, tiene la capacidad de ser claro sin resultar simplista. Este docente de Ciencia Política en la Duke University habla de la situación en Estados Unidos bajo la administración Trump sin concesiones –“Es la expresión política de procesos que llevan décadas desarrollándose”– y sin catastrofismo. De visita en España para la inauguración del instituto de investigación Juan Linz en la Universidad Carlos III de Madrid, Beramendi rechaza en esta conversación la idea de una crisis global de la democracia, pero pone el acento en los problemas que la erosionan: pérdida de confianza institucional, dificultad para gestionar desigualdades, polarización...

En el análisis se mezclan algunos de los elementos sobre los que Beramendi lleva años investigando: cómo influyen en los comportamientos y elecciones políticas los aspectos económicos, culturales, territoriales o de identidad. Y advierte: “La democracia necesita una sociedad integrada, con cierta igualdad y con la sensación de que las instituciones representan algo. La gran pregunta es si nuestras sociedades tienen la capacidad política de hacer esas reformas”.

¿La democracia tal y como la conocemos está en crisis?

No sé si podemos hablar exactamente de una crisis de la democracia. En los países más avanzados económicamente, la posibilidad de que colapse la democracia entendida de una manera muy minimalista —como un sistema donde los partidos pierden elecciones— no parece probable. Pero eso no quiere decir que las democracias no estén cambiando ni que no tengan problemas. 

¿Puede que nuestros países sigan siendo plenamente democráticos en términos electorales, pero que lo sean cada vez menos en términos de representación?

La teoría de la democracia dice que hay una serie de personas con preferencias distintas que se organizan, se presentan a elecciones, mandan delegados a unas instituciones y esos delegados representan sus intereses, que después se traducen en políticas públicas. Pero ese vínculo con grupos sociales o partidos ha dejado de funcionar, porque las organizaciones de intermediación y la gestión de la información están obsoletas. La gente ya no se informa a través de revistas de partidos, seminarios o reuniones, sino en TikTok, Instagram, Truth Social…

Eso debilita a organizaciones tradicionales como partidos políticos o sindicatos vinculados a una clase social.

Durante mucho tiempo, los partidos y sindicatos eran mecanismos que organizaban intereses colectivos. No solamente representaban una ideología: también construían comunidades, generaban vínculos y daban una estructura para interpretar la realidad. Cuando esas organizaciones pierden fuerza, el vínculo entre los ciudadanos y la política cambia. Los partidos pasan a depender más de líderes individuales y de su capacidad de comunicación, favoreciendo liderazgos personalistas.

¿Esa vía directa con los líderes genera un desapego hacia las instituciones democráticas?

El desapego tiene que ver en parte con esto, pero también con otra cuestión más importante: muchos sectores sociales perciben que los sistemas políticos son incapaces de atender sus demandas. Tienen expectativas muy altas sobre lo que esperan del Estado y sienten que el Estado no llega.

La llamada España vaciada es algo que aparece en muchos países que se han desarrollado tarde: hay una gran diferencia entre los polos de innovación, donde van los jóvenes a estudiar y trabajar, y el resto del territorio

¿Las expectativas dependen también de dónde vive esa persona?

Los procesos de concentración territorial han dibujado relaciones muy diferentes con las instituciones del Estado. En España, por ejemplo, gran parte de la riqueza, la inversión, la actividad y el dinamismo están concentrados en unos pocos lugares. La llamada España vaciada es algo que aparece en muchos países que se han desarrollado tarde: hay una gran diferencia entre los polos de innovación, donde van los jóvenes a estudiar y trabajar, y el resto del territorio.

Esto genera en mucha gente una sensación de que el Estado no les sirve, aunque en realidad dependan del Estado porque son pensionistas, empleados públicos o realizan actividades vinculadas al sector público.

La concentración territorial lleva a otros problemas. Por ejemplo, el del acceso a la vivienda en zonas fuertemente tensionadas como Barcelona o Madrid.

Esa es la otra cara de la moneda. Las ciudades globales se convierten en centros muy interesantes para las élites del mundo y eso genera procesos de hipervalorización de activos como la vivienda. Y esos jóvenes formados y preparados que protestan porque no pueden acceder a una casa, oscilan entre la abstención, los partidos radicales y, en algunos momentos, posiciones más pragmáticas. 

¿La ultraderecha está capitalizando esa frustración?

Hay una división muy grande entre quienes tienen padres con vivienda y quienes no tienen ese respaldo. Además, las ciudades se están diversificando mucho. La inmigración las transforma en lugares más diversos y menos cerrados, pero también genera resistencia en algunos grupos que sienten que la ciudad les pertenece. Eso provoca una hostilidad que partidos como el PP de Madrid o Vox pueden instrumentalizar muy bien.

Antes, muchas personas podían imaginar que con trabajo estable podían mejorar su posición social. Ahora esa promesa es mucho más difícil de sostener

Muchas veces se compara este momento con los años 30 del siglo XX, ¿la desigualdad actual es distinta de la que conocieron las democracias occidentales después de la Primera Guerra Mundial?

En los años 30, la desigualdad provocó que las posiciones políticas de derecha e izquierda estuvieran muy polarizadas. Eso nos suena, sí. Pero hay una gran diferencia. En muchos países donde la democracia acabó quebrando existía en ese momento una amenaza real desde la izquierda: movimientos cuyo objetivo era acabar con la democracia existente e instalar otro tipo de régimen. Eso generaba incentivos para que los partidos moderados de derecha se acercaran a posiciones autoritarias. Hoy esa amenaza revolucionaria desde la izquierda prácticamente no existe.

Y, sin embargo, hay países como Colombia, por poner un ejemplo reciente, en los que la ultraderecha hace campaña con una supuesta amenaza comunista.

Hoy tenemos una desigualdad que no está basada únicamente en la propiedad de los medios de producción. La economía actual genera una concentración enorme de riqueza en algunos sectores y deja a otros con mucha más inseguridad. Antes, muchas personas podían imaginar que con trabajo estable podían mejorar su posición social. Ahora esa promesa es mucho más difícil de sostener. Y cuando las expectativas de una generación son peores que las de la anterior, aparece una sensación de pérdida.

¿Esa sensación de pérdida es la que alimenta parte del voto populista?

Sí, aunque hay que tener cuidado. No todo el voto populista viene de personas económicamente perjudicadas. Hay una mezcla de factores: económicos, culturales, territoriales y de identidad. Una parte importante tiene que ver con la percepción de que el sistema ya no funciona para ellos. Aunque objetivamente algunas personas sigan estando en una situación relativamente buena, sienten que están perdiendo algo.

Entonces, ¿la cuestión identitaria pesa tanto como la económica?

Sí. De hecho, muchas veces se mezclan. Cuando una persona siente que pierde estatus económico o social, puede interpretar esa pérdida como una amenaza cultural. Por eso vemos discursos donde la inmigración, la identidad nacional o los cambios sociales aparecen como explicaciones sencillas para problemas mucho más complejos.

A veces una elección política consiste en proteger un privilegio pequeño: sentir que perteneces a un grupo que está un poco por encima de otro

La política identitaria funciona porque convierte problemas estructurales en problemas de pertenencia. Es más fácil señalar a un grupo concreto como responsable que analizar procesos económicos mucho más amplios. Esto no es nuevo. La diferencia es que ahora los canales de comunicación hacen que esas explicaciones circulen mucho más rápido.

¿Cómo se teje la relación entre inmigración y ultraderecha?

A veces se piensa que la extrema derecha crece simplemente porque hay más inmigración, pero la relación es mucho más compleja. Hay un fenómeno de competición dentro de los propios grupos sociales. Por ejemplo, algunos inmigrantes que han conseguido una posición económica estable pueden percibir la llegada de nuevos inmigrantes como una amenaza.

¿Eso lleva a algunos inmigrantes a apoyar a políticos con discursos antiinmigración?

En Estados Unidos ocurre, por ejemplo. A primera vista parece contradictorio, pero si miras los incentivos económicos puede tener cierta lógica. Una persona que ha llegado hace un tiempo y ha creado una pequeña empresa puede beneficiarse de que exista mano de obra disponible, pero al mismo tiempo puede temer que una llegada constante de nuevos trabajadores reduzca su capacidad de generar ingresos.

Entonces no sería solamente una cuestión de identidad.

La identidad importa mucho, pero no explica todo. Muchas personas no votan únicamente por lo que ganan o pierden materialmente, sino por la posición que sienten que ocupan en la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos las relaciones entre comunidades latinas y afroamericanas no siempre son sencillas. Hay competencia por recursos, representación y reconocimiento. A veces una elección política consiste en proteger un privilegio pequeño: sentir que perteneces a un grupo que está un poco por encima de otro.

Usted vive en Estados Unidos, un país que combina varios de los fenómenos que ha estudiado: desigualdad económica, fragmentación territorial, polarización y desconfianza institucional. ¿Hasta qué punto es un caso excepcional o está anticipando tendencias que pueden aparecer en otras democracias?

Estados Unidos tiene características muy específicas, pero al mismo tiempo concentra procesos que aparecen en otros lugares. Es un caso particular porque tiene un presidencialismo fuerte, un sistema electoral determinado y una historia de desigualdad muy profunda. Pero también es un caso que anticipa problemas que estamos viendo en otras democracias: la pérdida de confianza institucional, la dificultad para gestionar desigualdades y la polarización. 

¿La polarización es causa o consecuencia de esa dificultad de gestión de las desigualdades?

La polarización surge de problemas sociales reales, pero al mismo tiempo los intensifica. Cuando la política se organiza en torno a identidades muy fuertes, cualquier negociación empieza a verse como una traición. La gente deja de pensar en términos de políticas concretas y empieza a pensar en términos de 'mi grupo contra el otro'. Eso hace más difícil que las instituciones funcionen. Un político que quiera construir una posición moderada tiene más dificultades para competir en un entorno donde la atención se consigue con mensajes muy emocionales.

¿Cómo puede afrontar Europa esta ola de ultraderecha?

En algunos países la extrema derecha llega al gobierno y modera parte de su comportamiento porque las instituciones generan límites. Italia es un ejemplo interesante. El Gobierno de Meloni no es una ruptura democrática en el sentido clásico. Pero su ideología y algunas de sus políticas tienen consecuencias importantes.

Los sistemas electorales y los sistemas de partidos importan mucho. A diferencia de los sistemas presidencialistas, un sistema parlamentario, donde necesitas formar coaliciones, puede actuar como un elemento de contención frente a movimientos muy radicales. En España, el famoso 'gobierno Frankenstein' que algunos critican es, desde otra perspectiva, una manifestación de parlamentarismo: partidos diferentes obligados a coordinarse. La democracia parlamentaria funciona precisamente así.

¿Cómo se puede saber si una democracia está entrando en un proceso de deterioro?

Ese es un debate muy complicado. Durante mucho tiempo se entendía la democracia de una forma más sencilla: si había elecciones competitivas y los gobiernos podían perder el poder, el sistema funcionaba. Ahora hablamos más de erosión democrática, pero es un concepto difícil de medir. 

¿Hay indicadores concretos?

El primero es la manipulación de los medios de comunicación. No simplemente que un gobierno critique a periodistas o intente influir políticamente, sino que se modifiquen las reglas del sistema para limitar la libertad de prensa, como ha ocurrido en Hungría. Un segundo elemento es el control político de los jueces. Claro que siempre existe una relación entre política y justicia; el problema es cuando los jueces pasan a funcionar como instrumentos del poder político. Esa es una señal grave.

Una cosa es desconfiar de una institución porque no funciona bien, y otra es considerar que cualquier institución que no da la respuesta que uno quiere es ilegítima. Esto rompe la idea básica de la democracia

La manipulación del proceso electoral es otro indicador fundamental. No hablamos simplemente de ganar elecciones con una estrategia política efectiva, sino de cambiar las reglas o impedir que los rivales puedan competir en igualdad de condiciones. Y otro elemento importante es cuando los ciudadanos empiezan a aceptar que una parte de los procedimientos democráticos pueden sacrificarse porque favorecen a su propio grupo político.

Aceptar un recorte de derechos para que ganen 'los míos'.

Los estudios muestran que muchas personas, cuando se enfrentan a escenarios concretos, están dispuestas a aceptar medidas que en abstracto considerarían antidemocráticas si creen que sirven para proteger sus intereses. Ese es uno de los grandes problemas de la polarización. La democracia necesita que existan reglas aceptadas incluso cuando el resultado no nos gusta. 

¿Cómo saber si estamos ante una crisis real?

Cuando varias de estas cosas ocurren al mismo tiempo. Si hay manipulación de medios, control político explícito de jueces, ataques al proceso electoral y una pérdida de derechos básicos, entonces sí estamos ante una crisis democrática. Pero un conflicto político fuerte o una sociedad muy polarizada no significan automáticamente que la democracia vaya a colapsar. Hay que mirar cómo responden las instituciones.

Pero en Estados Unidos o Brasil, la pérdida de confianza en la democracia provocó intentos de golpistas.

Aunque Estados Unidos muchas veces se presenta como una de las democracias más antiguas del mundo, hay que recordar que hasta mediados del siglo XX una parte importante de la población no podía ejercer plenamente sus derechos políticos. Además, sus instituciones fueron diseñadas con una enorme capacidad de las élites para proteger sus intereses. Trump no aparece de la nada. Es la expresión política de procesos que llevan décadas desarrollándose.

El hecho de que ahora algunas fuerzas independentistas tengan menos apoyo no significa que hayan desaparecido las condiciones que hicieron aparecer el conflicto en Catalunya. Un problema territorial no desaparece simplemente porque cambien los resultados electorales

Ahora, bien, una cosa es desconfiar de una institución porque no funciona bien, y otra es considerar que cualquier institución que no da la respuesta que uno quiere es ilegítima. Esto es más peligroso porque rompe la idea básica de la democracia: que puedes perder una elección y seguir participando del sistema. El intento de Trump de no aceptar el resultado electoral fue un momento muy grave porque tocaba un elemento básico: la transferencia pacífica del poder. Pero al mismo tiempo, las instituciones resistieron y el cambio de gobierno se produjo.

¿En España ve alguno de los indicadores de erosión democrática?

España tiene problemas, pero no creo que esté en una situación de colapso democrático. Tiene tensiones importantes, como el problema territorial o la politización de algunas instituciones, pero eso no es lo mismo que una ruptura del sistema.

¿Cree que el debate territorial catalán o vasco puede volver a aparecer con fuerza con un gobierno de PP y Vox?

Es posible. El hecho de que ahora algunas fuerzas independentistas tengan menos apoyo no significa que hayan desaparecido las condiciones que hicieron aparecer ese conflicto. El procés fue el resultado de varios factores: la crisis económica, una falta de solución institucional al encaje territorial y decisiones políticas que aumentaron la frustración. Y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut tuvo un papel importante porque concentró muchas de esas frustraciones.

La democracia necesita una sociedad integrada, con cierta igualdad y con la sensación de que las instituciones representan algo. La gran pregunta es si nuestras sociedades tienen la capacidad política de hacer esas reformas

Después, el proceso evolucionó con contradicciones internas y con una respuesta institucional y judicial que terminó frenándolo, pero el problema territorial no desaparece simplemente porque cambien los resultados electorales. La política muchas veces parece resolver un problema porque deja de estar en el centro del debate, pero eso no significa que las causas hayan desaparecido.

Para terminar, ¿es optimista sobre la capacidad de las democracias occidentales para recuperarse?

No soy completamente optimista, pero tampoco creo que todo esté perdido. Las grandes crisis democráticas del pasado se resolvieron con transformaciones sociales e institucionales. Hoy el problema principal es que necesitamos reducir desigualdades y reconstruir expectativas para las generaciones jóvenes. La democracia necesita que la gente crea que el sistema puede mejorar sus condiciones de vida. Si las personas sienten que el futuro será peor, la frustración política seguirá creciendo.

La democracia no funciona solo con reglas electorales. Necesita una sociedad integrada, con cierta igualdad y con la sensación de que las instituciones representan algo. La gran pregunta es si nuestras sociedades tienen la capacidad política de hacer esas reformas.

El mundo es cada vez más desigual en términos económicos. El Informe sobre la Desigualdad Global 2026 señala que en la actualidad la riqueza se encuentra más concentrada que nunca: el 1% de la población más rico posee un 37% del patrimonio global (riqueza), mientras que el 10% de la población mundial con mayores ingresos posee más que el 90% restante.

En este contexto internacional marcado por el aumento de las tensiones sociales, la concentración extrema de riqueza y el aumento de la inseguridad económica, ha nacido una nueva iniciativa destinada a analizar las causas y consecuencias de este fenómeno. Se trata del Panel Internacional sobre la Desigualdad (International Panel on Inequality, IPI), un organismo impulsado por el G20, auspiciado por Naciones Unidas e inspirado en el modelo del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).

El proyecto reúne a cerca de 500 economistas y expertos internacionales. Entre ellos figura el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, uno de sus principales impulsores. Además, cuenta con un consejo consultivo formado por cuarenta investigadores especializados en distintos ámbitos de la desigualdad.

Entre los integrantes de este grupo de expertos se encuentra la economista Olga Cantó, catedrática de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Alcalá y una de las investigadoras españolas de referencia en el estudio de la pobreza y la desigualdad.

Esta inclusión ha supuesto “una gran alegría” y “un honor” para una mujer cuya tesis doctoral defendida en el Instituto Universitario Europeo de Florencia en 1998 ya trataba de las dinámicas de pobreza en las familias españolas.

Cuenta a elDiario.es Castilla-La Mancha que su presencia en este panel le va a permitir participar con otros expertos y expertas en las discusiones “para tratar de mejorar la situación de tantos miles de personas que no tienen oportunidades en su vida.”

Y es que el Panel Internacional sobre la Desigualdad busca “llamar la atención” sobre los “altos niveles de desigualdad que hay en muchos países”, por lo que nace con el objetivo de “influir” en la toma de decisiones políticas de los gobiernos que pueden ayudar a “atenuar esas desigualdades sociales”, cuenta Cantó, que añade que la desigualdad está generando “unos efectos sociales muy importantes y negativos en muchas poblaciones”.

Mejor a nivel global, peor dentro de cada país

Hablar hoy de desigualdad implica enfrentarse a una aparente contradicción. A escala mundial, la distancia económica entre países se ha reducido en las últimas décadas. Sin embargo, dentro de muchos de esos países la brecha entre ricos y pobres no ha dejado de crecer.

La mejora de las condiciones de vida de las clases medias en China e India, los dos países más poblados del planeta, ha contribuido a reducir la distancia económica entre países. Sin embargo, ese mismo periodo ha estado acompañado por un aumento de las desigualdades dentro de muchos Estados.

“En ese mismo periodo de 20 o 25 años”, explica Cantó, “han aumentado las desigualdades internas de los países, con una evolución muy negativa”.

La catedrática pone a Estados Unidos como uno de los ejemplos más significativos. “Tenía un nivel de desigualdad alta ya a principios de este siglo, pero esta se ha disparado especialmente en los niveles más altos de renta y riqueza. Esto ha provocado que el tamaño actual de la riqueza del 1% más rico en Estados Unidos esté superando los niveles registrados a principios del siglo XX, cuando la desigualdad ya había alcanzado niveles históricamente elevados”.

Esta desigualdad económica tiene efectos nocivos. La catedrática pone como ejemplo que las grandes fortunas tienen tanta acumulación de capital que pueden financiar sus propias campañas políticas, o incluso “comprar el poder político”.

¿Qué es la desigualdad?

Aunque el término se utiliza con frecuencia en el debate público, Cantó recuerda que no existe una única forma de entender la desigualdad. Afirma que, incluso, cada ser humano puede tener “un concepto diferente” de desigualdad.

Una de las formas más sencillas de observarla consiste en comparar los ingresos de unas personas con los de otras. Es decir, las diferencias salariales que existen entre dos personas, que se traducen en diferentes oportunidades de consumo, ahorro o acceso a determinados servicios.

No obstante, la catedrática explica que hablar de diferencias de renta es “simplificar”, porque lo que realmente se quiere medir son las “desigualdades de bienestar”. “El bienestar no lo definen estrictamente tus ingresos mensuales”, apunta Cantó. “Lo definen tus ingresos mensuales, tu riqueza, tu capacidad de ahorro… Es decir, tu patrimonio y, por tanto, tu riqueza”. Y es a la hora de hablar de riqueza donde más se percibe un aumento en la desigualdad en las últimas décadas.

La catedrática explica que uno de los índices más usados para medir la desigualdad es el de Gini. El índice de Gini de la riqueza muestra para cada país un valor entre 0 y 1, donde 0 supondría un escenario de perfecta igualdad (todos tienen el mismo patrimonio), mientras que un valor de 1 significaría perfecta desigualdad (una persona tiene todo el patrimonio y los demás no tienen nada).En 2002, el dato que marcaba dicho índice era de 0,576 puntos, mientras que en 2022 la desigualdad en la distribución de la riqueza española había aumentado hasta 0,687. Una diferencia superior a los 10 puntos que la catedrática califica como “enorme” en el índice “más conservador” de todos los que miden la desigualdad.

Dentro del mapa autonómico, Castilla-La Mancha se sitúa en una posición intermedia en términos de desigualdad de renta, con niveles similares a los de Cataluña o Extremadura según este indicador. Además, destaca que en 2023 la desigualdad de renta en la región se redujo en torno a un 10%, siendo una de las comunidades donde más bajó. No obstante, la economista recuerda que esta mejora se refiere únicamente a la distribución de la renta y no a la riqueza acumulada, donde las diferencias suelen ser mucho mayores y más persistentes.

Las raíces del problema

Para comprender por qué aumenta la desigualdad en España hay que mirar, según Cantó, a las llamadas rentas de mercado: los ingresos procedentes del trabajo y del capital. Las segundas tienen un peso cada vez más importante. “Las rentas del capital, como los alquileres o los rendimientos de otros activos, están muy concentradas en la parte alta de la distribución”, explica.

A ello se suman importantes diferencias salariales. Sin embargo, la investigadora matiza que el problema no suele encontrarse tanto en el salario por hora como en la cantidad de horas trabajadas. “Muchas personas tienen empleo, pero trabajan pocas horas al mes. Eso hace que el salario final que reciben sea insuficiente”. El resultado es que la desigualdad previa a la intervención del Estado mediante impuestos y prestaciones sociales es hoy considerablemente mayor que hace tres décadas.

La pobreza infantil, una emergencia silenciosa

Si hay una cuestión que preocupa especialmente a Olga Cantó es la pobreza infantil. España arrastra desde hace años una de las tasas más elevadas de la Unión Europea, asegura que se ha alcanzado un nivel “insultante” de pobreza infantil y la investigadora considera que las políticas públicas siguen siendo insuficientes. “Somos uno de los países europeos con menos políticas familiares”, denuncia.

Para combatirla, reclama medidas que combinen ayudas económicas con servicios públicos dirigidos específicamente a las familias. Entre ellas menciona prestaciones por crianza, políticas de vivienda, incentivos para facilitar la maternidad y la paternidad, comedores escolares gratuitos o refuerzos educativos. Cantó recuerda que diecisiete países europeos cuentan con prestaciones universales de crianza y considera que España necesita avanzar decididamente en esa dirección.

De no actuar, advierte, las consecuencias de la pobreza infantil trascienden el corto plazo.

“Hoy vemos los problemas inmediatos, pero dentro de unos años veremos consecuencias mucho más graves. El sistema educativo no está respondiendo suficientemente bien y estamos observando una creciente segregación escolar”.

Según advierte Cantó, esta situación amenaza con perpetuar las desigualdades entre generaciones. “Si no actuamos ahora, los problemas que vemos hoy acabarán traduciéndose en menos oportunidades para miles de niños y niñas en el futuro”, concluye.