En un momento en el que España lidera el crecimiento económico en Europa y que bate máximos históricos de empleo, la pobreza y la exclusión social apenas se reducen. “Solo una décima”, ha subrayado este miércoles Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa, la red de ONG especializadas en pobreza, que señala que España ha encontrado cierto “suelo” en la mejora de la población más vulnerable con su actual Estado del Bienestar. Entre otros, sobresalen dos vacíos pendientes: la protección de la infancia y el acceso a la vivienda.

Que en una época de bonanza macroeconómica como la actual en España, envidia de otros muchos países, la pobreza se reduzca tan poco es una prueba viviente de que “el mero crecimiento no erradica la pobreza”, ha insistido Carlos Susías en la presentación de XVI Informe ‘El Estado de la Pobreza en España. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030’.

Hay que “focalizar las políticas y tener la intención de erradicar la pobreza”, ha sostenido el presidente de EAPN, que ha recordado que en la última década España no logra bajar su nivel de pobreza y exclusión del 25% de la población. Es decir, una de cada cuatro personas. Son 12,6 millones de personas en la actualidad.

Hay que recordar que, en un país rico como España, la pobreza se mide de forma relativa, en comparación con el nivel de vida de la sociedad. También con una mirada más amplia, la tasa de pobreza y exclusión social (AROPE) mide la pobreza monetaria (vivir con ingresos por debajo del 60% de la mediana) y también otras dificultades, como la intensidad laboral y la carencia material y social severas, como no poder afrontar gastos imprevistos o la dificultad para llegar a fin de mes.

Lo que se hace importa, pero se necesita más

Las ONG son claras: no es que lo que se esté haciendo en materia de protección social en los últimos años –como el lanzamiento del ingreso mínimo vital y la revalorización de las pensiones– no valga de nada. Todo lo contrario: la actuación protectora del Estado sacó el año pasado de la pobreza a 11 millones de personas, calcula la EAPN con el análisis de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE.

En concreto, se evitó que cayeran en la pobreza “8,1 millones gracias a los ingresos por jubilación y supervivencia y 2,9 millones al resto de transferencias”, recoge el estudio.

La cuestión es que continúa habiendo importantes márgenes de mejora, que se puede hacer mucho más, como demuestran los países de nuestro entorno europeo, que en general logran reducir la pobreza mucho más que España con las ayudas del Estado distintas más allá de la jubilación.

“Hay espejos en los que mirarse”, ha destacado Alejandro Sanz Angulo, investigador principal del estudio, que ha señalado el ejemplo de Suecia. Si se eliminasen todas las transferencias del Estado salvo las pensiones, la tasa de pobreza española sería similar a la de Suecia (25,4% y 25,3%, respectivamente). Sin embargo el resto de ayudas del Estado del Bienestar sueco logra sacar de la pobreza a mucha más población que en España, con un balance final del 19,5% y del 15,6% de personas afectadas por pobreza monetaria en cada país.

Suecia no es un caso aislado, como ilustra el anterior gráfico, sino que Francia reduce su pobreza relativa en 10,2 puntos e Irlanda, en 13,8 puntos. Más bien es España (con 5,9 puntos) la que se distancia del panorama mayoritario, con una escasa protección del resto de ayudas del Estado más allá de la jubilación.

Vivienda e infancia, los mayores vacíos de protección

La EAPN ha señalado especialmente dos agujeros de protección en el Estado de Bienestar español que, si se indaga en los datos oficiales, se observa que se vuelcan de manera clara en altos indicadores de pobreza, sobre todo en ciertos grupos de población más vulnerables.

Se trata de la escasa protección social de la infancia y en materia de vivienda. Este último se ha convertido en uno de los principales factores empobrecimiento en los últimos años no solo para las personas más vulnerables sino también “para la clase media”, ha sostenido Carlos Susías.

En este sentido, las ayudas a la vivienda siguen siendo muy reducidas (3,1%), indica el estudio, y se mantiene un escaso parque público de viviendas, con una cobertura a un 1,6% de los 18,6 millones de hogares en España, según la última memoria anual del CES.

Las ONG han subrayado el gran aumento del precio de la vivienda y especialmente del alquiler, que ahoga cada vez más a personas en un “circulo vicioso”. No pueden comprar una vivienda, por lo que se ven obligadas a vivir en alquiler, pero este es cada vez más caro, lo que implica que se va comiendo más parte de sus ingresos y les impide mejorar su situación.

En el caso de las personas en pobreza, la situación es límite, porque el alquiler se come más de la mitad de sus ingresos (51%), frente al 26% de renta que se va en la hipoteca de las personas en pobreza. En la población total, los porcentajes son de casi el 35% y 12%, respectivamente.

Por el lado de la infancia, las ONG han insistido en reclamar una prestación universal por crianza, consolidada en la mayoría de países europeos y con la que coinciden múltiples organismos, como recientemente el Consejo Económico y Social (CES), ante la elevada tasa de pobreza infantil de España, la más alta de toda la Unión Europea, y muy por encima del resto de la población.

En 2025, un tercio de los niños, niñas y adolescentes está en pobreza y exclusión (el 34%), lo que supone cerca de 2,7 millones de personas, y más de uno de cada cuatro (el 28%) está en situación de pobreza monetaria, lo que supone más de 2,2 millones de menores.

También hay otros indicadores, como la elevada pobreza de hogares monoparentales (el 51% está en pobreza o riesgo de exclusión) y en familias numerosas (47%), que sitúan el foco en la protección de la infancia en España, inferior a la europea.

La EAPN también ha exigido acabar con “la discriminación” por edad para acceder al ingreso mínimo vital (IMV) para las personas jóvenes, de menos de 23 años. “Ningún joven quiere vivir con 400 euros”, ha sostenido Ruth Caravantes, responsable de Investigación e Incidencia Política de EAPN-ES, que ha tachado de “aporofobia” el enfoque que les excluye de esta renta mínima estatal por el temor de que no busquen un empleo.

En los últimos días, dos presuntos casos de violencia machista, uno de ellos a menores de edad, han sacudido el municipio guipuzcoano de Errenteria. Se trata, por un lado, de casos de violencia sexual en la Xenpelar Bertso Eskola, un asunto “repetido en el tiempo” y con víctimas de varias edades, también menores, y por el otro, de agresiones protagonizadas presuntamente por el coreógrafo y bailarín Jon Maya, director del grupo de danza Kukai y Premio Nacional de Danza en el año 2017.

El Ayuntamiento de Errenteria, gobernado por EH Bildu, ha comparecido este lunes por primera vez tras hacerse público lo ocurrido para mostrar su apoyo a las víctimas e informar de que, en ambos casos, “se llevará a cabo los procedimientos y procesos que sean necesarios para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño causado”. Según ha confirmado la alcaldesa Aizpea Otaegi, se encuentran en conversaciones con la Fiscalía de Menores de Gipuzkoa.

Sobre el caso de la Bertso Eskola, desde el Ayuntamiento han informado de que ha sido este mayo cuando han tenido conocimiento de lo ocurrido. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, sostienen sobre uno de los dos casos, para el cual se han reunido con los padres y madres de las menores afectadas y una profesional experta en violencia machista, con el objetivo de “ofrecerles apoyo profesional ante una situación tan difícil de digerir y gestionar”.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor, cuyo nombre por ahora no se ha hecho público, “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, ha insistido.

A diferencia de la escuela, que es un servicio municipal que el ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio, Kukai no gestiona ningún servicio público, aunque sí que trabajan en instalaciones municipales y hasta ahora han recibido subvenciones. “Kukai es considerada una compañía residente en Errenteria, lo cual se traduce en que tienen por sede y como lugar de trabajo instalaciones municipales y cuentan con una subvención nominativa, como muchos otros agentes municipales, mediante lo cual su labor es apoyada y sostenida. Kukai no gestiona ningún servicio municipal y el ayuntamiento tampoco interfiere en su labor”, ha informado la alcaldesa.

Según ha reconocido Otaegi, desde el Ayuntamiento de Errenteria han sido conscientes de las presuntas agresiones en el entorno de Kukai Dantza en 2024. “Hoy rompemos un principio que hemos tenido muy claro y que ha guiado toda la gestión de este tema desde que yo, como alcaldesa, tengo conocimiento de los hechos a los que nos referimos (en diciembre del 2024): el principio de confidencialidad que las víctimas de Jon Maya han solicitado y que el movimiento feminista en todo momento ha tratado de traer al centro. Como hemos dicho, el Ayuntamiento de Errenteria supo a través de canales informales, en diciembre del 2024, de las denuncias contra Jon Maya. Fuimos la concejala de igualdad y yo misma quienes supimos de estos sucesos: al principio parecía haber alguna denuncia, luego supimos que el Movimiento Feminista había recopilado los testimonios de varias víctimas. En cuanto supimos de todo esto, el Ayuntamiento de Errenteria se puso en contacto con Kukai. A su vez, nos pusimos en contacto con un equipo externo, experto en violencia machista. Como institución pública queríamos realizar la mejor gestión posible y queríamos incorporar la mirada experta, partiendo de que las conductas que se denunciaban son inaceptables y que como administración pública ni las podemos aceptar, ni les podemos dar cobertura”, han informado.

Según ha detallado Otaegi, en el momento en el que se enteran de las denuncias se ponen en contacto con Kukai, quienes les trasladan las decisiones tomadas. La primera de todas, que Jon Maya acepta las acusaciones e interrumpe su actividad. También que asume “la responsabilidad y la tarea personal de iniciar un proceso de revisión crítica de sus comportamientos”. “El ayuntamiento, en ese momento entiende que Jon Maya y Kukai han reaccionado desde la responsabilidad, han optado por respetar el deseo de las víctimas y puede hacerse un camino acorde a la voluntad no punitivista y sí restaurativa y reparadora que han solicitado las víctimas. Así, diferenciando a Jon Maya, apartado de la actividad pública, de la compañía Kukai, decidimos mantener el convenio y la subvención nominativa y, por tanto, abonar a Kukai su subvención nominativa de 53.600 euros para 2025 y desarrolla sus actividades habituales en el municipio, sin la presencia de Jon”, han reconocido.

Sin embargo, desde Kukai se comunica al Ayuntamiento en noviembre de 2025, meses después de su cese, que Maya intenta recuperar su actividad ordinaria en febrero de 2026. “El ayuntamiento decide entonces congelar su relación con Kukai, dejarla en stand-by, hasta tener información detallada de cómo es ese regreso y en función de ello qué postura tiene que adoptar el ayuntamiento, qué garantías exigir para que este tipo de sucesos como los denunciados no se vuelvan a producir”, han señalado.

El presunto agresor, Jon Maya pide “prudencia y respeto”

El propio Jon Maya se ha pronunciado después de que el caso se ha hecho público para pedir “respeto”, sin negar lo que ha hecho. “En ese momento, asumí la responsabilidad de reflexionar sobre mis acciones y de garantizar que no se repitieran”, ha confesado el presunto agresor en un comunicado remitido a la agencia Efe, en el que asegura que en enero de 2025 una asociación feminista le trasladó “el testimonio de varias mujeres sobre comportamientos inadecuados” en su relación con ellas. Según ha explicado, durante aquel proceso se le indicó “de manera explícita” que cualquier actuación relacionada con el asunto debía mantenerse “en un ámbito estrictamente privado y confidencial”.

En su comunicado, Maya realiza además un llamamiento a la “prudencia y al respeto” y considera que es momento de “proteger la privacidad y la dignidad de todas las personas implicadas”. Asimismo, apunta que más adelante podrá abrirse un espacio para reflexionar sobre “la rumorología, las difamaciones y la condena social” que, a su juicio, se han generado en torno a este caso. Aunque desde las asociaciones Bilgune Feminista y Asanblada Feminista de Errenteria defienden que han recibido directamente “testimonios de agresiones” y rechazan la caracterización de los hechos como conductas “leves”.

Jon Maya (Errenteria, 1977) se inició en la danza tradicional vasca a los seis años en el grupo Ereintza de Errenteria. Participó en festivales internacionales de numerosos países y fue siete veces Campeón de Euskadi de Aurreskularis. En 2002 fundó Kukai Dantza para “crear espectáculos contemporáneos a partir de la danza tradicional vasca”. Allí hasta la denuncia por las presuntas agresiones ha estado desarrollando este concepto y construyendo las bases de Kukai Dantza, actuando como bailarín, coreógrafo y director. También ha trabajado como director artístico de eventos como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, como asesor de movimiento en producciones teatrales, y ha desempeñado labores docentes en la Escuela Municipal de Danza de Errenteria y en talleres y masterclass en compañías y festivales de renombre. “El encuentro entre lenguajes artísticos y la capacidad de realizar colaboraciones con creadores de distintas disciplinas como la gastronomía, el teatro, el cine o los museos son el principal sello de su trabajo”, informan desde la Academia Española de Ártes Escénicas sobre el ganador del Premio Nacional de Danza en 2017 y de los Premios Max de las Artes Escénicas al Espectáculo revelación en 2008, al Mejor Elenco de Danza y Mejor Composición Musical en 2015, al Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Elenco de Danza y Mejor Vestuario en 2017, Mejor Coreografía en 2019 y Mejor Intérprete Masculino de Danza, un premio ex aequo con el bailarín Andrés Marín en el año 2024.

Desde el Ayuntamiento de Errenteria han explicado que el proceso con Kukai y con Maya, en particular, se ha construido sobre “principios muy firmes”: “La aceptación por parte del agresor de los hechos de los que se le acusa y su voluntad de hacer un camino reparador, con el compromiso de realizar una revisión crítica de sus comportamientos y un compromiso explícito de no repetición, la lealtad absoluta a la petición de confidencialidad de las víctimas y el consejo experto. Leales a este segundo principio de garantizar la confidencialidad solicitada por las víctimas, desde alcaldía y el área de Igualdad, que somos quienes hemos tenido conocimiento de estos hechos, decidimos actuar en consecuencia: no compartir información con nadie más, salvo que se nos pregunte”, han recalcado. Dentro de este proceso, se produce una reunión con Kukai que en un principio se iba a desarrollar en febrero de 2026 y, finalmente se celebra el 16 de abril.

Una crisis entre el Ayuntamiento y Kukai

Sin embargo, para aquel entonces, Maya ya ha regresado a la esfera pública sin acordarlo con el Ayuntamiento. Algo que ha abierto una crisis entre ambos “en lo que se refiere al proceso y a la confianza mutua”, según ha confesado Otaegi. Desde nuestro punto de vista, la manera de salir de esta crisis es volver al proceso, y volver al proceso, es volver a darles la centralidad que les corresponde a las víctimas. Entre tanto, la relación del Ayuntamiento con Kukai durante 2026 sigue suspendida“, ha asegurado.

Otaegi también ha aprovechado su intervención para criticar a la oposición, después de que el PP haya pedido su dimisión, el PSE-EE haya solicitado una comisión extraordinaria y la comparecencia de diferentes responsables políticos y agentes sociales y el PNV haya pedido una investigación o auditoria externa. Sobre los dos primeros, la alcaldesa ha denunciado que les han acusado de “falta de transparencia”. “Ambos, a favor de las víctimas, pero sin las víctimas y pasando por encima de ellas. Obviando la petición expresa de las víctimas, de confidencialidad, y por extensión, la petición de confidencialidad hecha por el Equipo de Gobierno, cuando se comparte la información de la que disponemos con la oposición”, ha recalcado.

“Solo quiero decir, que siempre estaremos dispuestos y dispuestas a mejorar la gestión municipal de este tipo de casos, a aprender de procesos como este, a favor de cualquier proceso del que podamos mejorar. Pero siempre que se garantice la perspectiva feminista y el rigor profesional y técnico. Llevo 7 años de alcaldesa y me ha tocado ver, vivir y gestionar muchas cosas. Pero ante estas dos realidades tan crudas y dolorosas para nuestro municipio que nos ha tocado afrontar, me resulta especialmente doloroso ver qué fácilmente se han dejado de lado las víctimas y qué fácil se ha dado prioridad al rédito político. Nuestra prioridad siempre serán la seguridad y bienestar de las víctimas, y siempre actuaremos atendiendo sus peticiones y respetando sus ritmos”, ha concluido la alcadesa.

Esta semana en la red social X han coincidido dos debates magníficos para entender por qué España va a acabar teniendo de vicepresidente (o quizá de presidente en la sombra) a Santiago Abascal. Uno de ellos concluía que ganar 4.000 euros netos al mes es de pobres; el otro que 1.200 euros mensuales de SMI es una locura que nos va a llevar a la ruina. Así que había gente que, haciendo cuentas, te aseguraba que un salario bruto de 80.000 euros anuales (que percibe menos del 8% de la población en España) no te da para nada y otra gente (o la misma) que un SMI de 1.221 euros es una pretensión absurda que va a suponer la ruina del empresariado español, especialmente en su versión hostelera. La conclusión es que en España hay un claro excedente de mendrugos aspiracionales que no han entendido cómo funcionan las estructuras de clase y por eso 4.000 euros que nunca van a ganar si no se oponen al extractivismo de las élites rentistas y explotadoras les parece poco y 1.200 euros derivados de meter en el Gobierno la dignidad de la clase obrera, les parece mucho, sobre todo si lo cobran otros. 

En 2012, todavía bajo los efectos de la crisis de 2008 y sin imaginar el paréntesis alucinatorio de la pandemia, los economistas norteamericanos Daron Acemoglu y James A. Robinson escribieron Por qué fracasan los países, los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Los autores aseguraba que ni la geografía, ni la demografía, ni el clima, ni la historia o la cultura colectiva son determinantes en la prosperidad de una sociedad. Lo más importante es la calidad de sus instituciones y de las élites, que pueden ser inclusivas, buscando una mayor participación y beneficio de la sociedad, o extractivas, buscando el beneficio propio y el trasvase de riqueza hacia arriba, hacia los que tienen más. Las instituciones inclusivas se inclinan hacia la justicia, las extractivas, hacia el orden. Más de una década y muchos traumas después, siguen teniendo razón: los gobiernos progresistas se inclinarán por los servicios públicos y la redistribución, los neoliberales por la supresión de impuestos y el punitivismo contra el pobre o el inmigrante. Es fácil concluir quién sale beneficiado de uno u otro modelo. 

De por qué en España se perciben salarios de miseria en comparación con otros países de la UE se habla poco porque pone en jaque nuestro modelo económico y de crecimiento. Los trabajadores solemos ignorar que hay empresas altamente subvencionadas por el Estado que pagan una miseria a sus trabajadores mientras se quejan de las paguitas y los liberales prefieren que no sepamos que subir el SMI no sirve solo para que el trabajador que lo percibe pueda pagar la cesta de la compra, también para que las empresas dejen de crear empleos de baja cualificación y productividad que, además de explotar al empleado, arruinan la economía. Esto se une a que España es el paraíso del pijo rentista aspiracional, una chusma que ha decidido que otros van a trabajar por ellos a cambio de dejarles vivir en sus propiedades. En lugar de masacrar a impuestos a esa chusma y amenazarles con expropiaciones, el español populista se inclina por doblar la rodilla, pedir perdón a los ricos y hacerles la pelota hasta límites intolerables con el único objetivo fantasioso de llegar a ser como ellos: unos parásitos de por vida. 

La frase que se atribuye a San Agustín y que reza “si me analizo me deprimo, si me comparo me ensalzo” explica en buena parte que España, pese a ser uno de los países más vivibles del mundo, conserve modales incívicos y propensión a admirar a gente que no ha hecho otra cosa en su vida que heredar, vivir de las rentas y esquivar a Hacienda. Lo lógico y darwinesco sería que el 99% impidiéramos al 1% esclavizarnos y convertirnos en “permanent underclass”, el término que se utiliza en Silicon Valley para referirse a los trabajadores que jamás saldrán de la precariedad y que se verán obligados a trabajar 996, de 9 a 9, seis días a la semana. La realidad es que los ricos pueden ser todo lo imbéciles, ignorantes, explotadores y absurdos del mundo mientras siga habiendo gente normal que crea que se han ganado lo que tienen. El engaño más persistente de la historia de la Humanidad: ignorar que los ricos han sido, son y siempre serán nuestros parásitos. 

La música es más cara que las matemáticas. Los idiomas, también. Pero los reyes son el canto y el tenis. El sector de las clases particulares marcha en España, subido a una espiral en la unos no se quieren quedarse atrás en clase y otros, que no necesitan este refuerzo, apuestan por diferenciarse de los demás perfeccionando habilidades y conocimientos. Puede ser para ampliar el universo personal (instrumentos, deporte) o mantener el académico (lenguas extranjeras, ahondar en materias); se da en presencial y, desde la pandemia, mucho a distancia también, según una radiografía del sector realizada por el portal especializado TusClasesParticulares.com en base a 70.000 anuncios.

El precio mediano de una clase particular en España es de 15 euros la hora, según este análisis. Las más caras se van hasta los 25 (siempre con medias, se han eliminado los extremos para no distorsionarlas) mientras las más baratas caen hasta unos 10. Puede haber diferencias de hasta el 50% en el precio entre las grandes ciudades y localidades más pequeñas y, destaca el informe, lo online no significa necesariamente más asequible porque es ahí donde se ofrece el profesorado especializado, más escaso.

Una de cada dos familias (un 47%) con hijos en edad escolar recurre a las clases particulares, según recogió el estudio Educación en la Sombra, realizado por EsadeEcPol en 2023, y la previsión es que este mercado solo crezca. Actualmente, está valorado en unos 2.000 millones de euros anuales, según Deep Market Insight, que calcula que subirá un 9% anual hasta 2033 apoyado en la incorporación a este sector de hogares con menos poder adquisitivo. Esade calcula que cada estudiante gasta 270 euros al año, de media, en esta partida.

“La demanda continúa al alza”, corrobora Albert Clement, CEO de TusClasesParticulares.com. “Y esto es especialmente relevante porque sabemos que la natalidad en los últimos años ha caído, por lo que los jóvenes en edad de recibir clases son menos. La penetración de este tipo de servicios se ha incrementado”, sostiene.

La "educación en la sombra" se consolida como un bien de primera necesidad, según interpreta Esade el comportamiento que ha tenido el sector en los últimos años: "La caída del gasto familiar durante la pasada crisis no le ha afectado; es el caso en todos los hogares, incluidos los de menores recursos”

La educación en la sombra se consolida como un bien de primera necesidad, argumenta Esade en base a su comportamiento en los últimos años: “La caída del gasto familiar durante la pasada crisis no parecía haberle afectado en absoluto, y (...) además es el caso en todos (...) los hogares, incluidos los de menores recursos y los que más sufrieron el impacto de la Gran Recesión”.

Los datos dicen que el sector crece apoyado en un “cambio de paradigma”, explica Clement. “Empieza a haber muchas familias que recurren a estos servicios para complementar la formación que ofrece la escuela; hasta ahora el uso más habitual era para mejorar y no quedarse atrás”. Según este experto –el portal está integrado en una red internacional– España estaba históricamente a la cola de Europa en este uso de las clases particulares, situación que está cambiando.

El análisis de Esade respalda esta afirmación. El 30% de las familias más humildes paga clases particulares para sus hijos, un dato que las más pudientes duplican, con un 60%, según el informe. De cada tres euros que se invierten en las clases particulares, dos se destinan a “ampliar y perfeccionar” y el otro a “reforzar y recuperar”; el afán diferenciador se va imponiendo.

“La hipótesis de que las familias con más capacidad de gasto tienden a gastar más en clases particulares para ampliar y perfeccionar cobra fuerza cuando vemos que los hogares más ricos gastan más en clases de idiomas y de artes. En el quintil 5 [el 20% de los hogares más adinerados], la combinación de ambas asciende hasta el 74% de su gasto, mientras que se queda en el 45% en el Q1 [el 20% más humilde]. Las clases particulares de materias centrales del currículum, que se atribuyen a clases de refuerzo y recuperación, son el gasto mayoritario en los dos quintiles inferiores, para después caer con fuerza en los tres quintiles superiores hasta llegar a un mero 18% del total del gasto en el quintil más rico”, exponen los autores.

La familia de Rosa –quintil uno– es la personificación en un solo hogar de esta descripción. El hijo pequeño, con más problemas de rendimiento académico, recibe clases particulares de materias como Matemáticas o Física. El mayor, con más facilidad para el instituto, aprende robótica o programación fuera de la escuela. “Nos funcionan muy bien las dos”, asegura. “Un dinero bien invertido”. En su caso, tradicional como es, prefiere (y ha encontrado) un profesor a domicilio.

La especialización se paga

El diferente uso de las clases particulares puede explicar la situación del mercado que dibuja el informe de TusClasesParticulares.com. Un mercado en el que las clases particulares no dedicadas a cuestiones estrictamente académicas (idiomas aparte por su propia idiosincracia) son más caras que las destinadas al refuerzo de materias.

Así, las clases particulares de deportes, música y artes ascienden de media a 20 euros la hora, las categorías más costosas. Le siguen los idiomas y la tecnología, con 15 euros por cada 60 minutos. Las cuestiones más ligadas a las clases de la escuela o el instituto –humanidades, matemáticas y ciencia y apoyo escolar– caen al rango entre los 13 y los 10 euros.

El informe del portal especializado también muestra que lo online, quizás contraintuitivamente, es más caro en algunas áreas porque es el espacio en el que se mueve el profesorado especialista, que escasea y lo cobra, explica Clement.

“Según sube el nivel del alumno el profesor tiene que estar más especializado”, explica el CEO. “Y en las clases a distancia se está configurando un segmento muy profesionalizado, con un perfil muy alto, que por el exceso de demanda de estos perfiles puede ser más caro”.

En Matemáticas, Euskera, Música, Programación, Alemán, Química, Español para extranjeros, Economía, Inglés y para la ESO en general el precio de las clases a distancia sube, en el orden citado, entre un 36% y un 6,7% extra, según TusClasesParticulares.com.

Respecto a las ciudades, Barcelona, Madrid y Palma copan el podio de las más caras con 15 euros la hora de precio medio, cifra que va cayendo hasta los 10 euros de Córdoba y Granada, las localidades donde la enseñanza privada es más asequible.

¿Se amplía la brecha?

Los autores del informe de Esade analizaban si el diferente modo en que unas familias y otras utilizan las clases particulares acaba suponiendo que se amplía la brecha que existe de partida entre hogares acomodados, que rinden mejor en la escuela, y los más humildes.

Ángel Martínez, economista investigador en EsadeEcPol, explicaba cauto que “para saberlo a ciencia cierta habría que cruzar los datos con los resultados educativos” y argumentaba que “la diferencia entre quintiles [de renta] no es tan grande como estamos acostumbrados”, aunque admitía que “puede ser que aumente la desigualdad”. El otro autor, Juan Manuel Moreno, catedrático de Didáctica y Organización Escolar (UNED) y Senior Policy Fellow de Educación en EsadeEcPol, era más categórico: “Sin duda son un factor de desigualdad. Las clases particulares distinguen a los más ricos, la novedad es que las clases medias se están incorporando”.

Sindicatos, patronales y organizaciones sociales, congregadas en el Consejo Económico y Social (CES), destacan la “notable capacidad de resiliencia” de la economía española frente a “una incertidumbre elevada” en 2025 y, por desgracia, casi norma en los últimos años desde la pandemia de COVID. Sin embargo, el organismo también señala el “pesimismo” económico de la ciudadanía, que relaciona con el lastre de la vivienda y del alto coste de vida para los hogares.

El CES ha publicado este miércoles su Memoria Anual, correspondiente a 2025, que reconoce la fortaleza de la economía española en un contexto complicado y en el que presenta un mejor comportamiento que sus vecinos europeos. España, por ejemplo crea el 45% de todo el empleo generado en la UE en ese año. “El test de estrés ha sido superado con nota sobresaliente por parte de la economía española”, ha resumido el presidente de la institución, el catedrático de política económica Antón Costas.

Los agentes sociales congregados en el CES señalan además que 2025 ha sido un “punto de inflexión” para España por dos buenas noticias económicas. La primera, que España quedó fuera del Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos de la Comisión Europea, “tras doce años de vigilancia y seguimiento continuo”.

En segundo lugar, “se cumplieron las reglas fiscales europeas gracias al descenso del déficit y la deuda pública, impulsado por la moderación del gasto y, sobre todo, por el fuerte dinamismo de los ingresos públicos”.

Con una mirada más larga, a lo que está sucediendo desde la pandemia, el presidente del CES ha defendido que “está ocurriendo algo bueno en la economía española, que no es coyuntural, que no se explica por vientos favorables del exterior”, ha argumentado, sino que es “un cambio estructural en la economía española”.

En su opinión, se trata de una “transformación silenciosa del modelo productivo español”, más resiliente e inclusivo, que se encuentra tanto en el tejido empresarial –con un aumento del tamaño de las empresas, más productivas– como en el lado del empleo, con un mayor peso de trabajos de alta cualificación, mayor valor añadido y mejores condiciones laborales.

Crecimiento, pero no tanta mejora en desigualdad

Patronales y sindicatos coinciden también en destacar la mejora de la productividad y de la inversión, dos asignaturas pendientes en España desde hace años en las que se está avanzado de la mano, en una época expansiva y con un gran crecimiento del empleo, de manera inédita.

La memoria da cuenta de las mejoras en el mercado de trabajo, que vincula en gran parte a la reforma laboral pactada en 2021 entre el Gobierno y los agentes sociales, que ha reducido notablemente la temporalidad en el empleo. También destaca la reducción del paro, en concreto en grupos especialmente afectados por el desempleo, como jóvenes y mayores de 50 años, aunque sus indicadores continúan siendo elevados en el contexto europeo.

“Han mejorado prácticamente en todas sus variables”, ha subrayado Antón Costas, lo que ha permitido a España ir “convergiendo con la Unión Europea” en varias cuestiones, como los jóvenes que ni estudian si trabajan (que se ha ido reduciendo hasta el 11,5%).

El trabajo recoge avances también en la reducción de la pobreza y de la desigualdad en España, pero de menor intensidad que el empuje de la economía y del empleo. En este sentido, Antón Costas ha valorado que “aquel puente que existía entre crecimiento y bienestar se ha roto”, principalmente por dos motivos: el primero, el problema del coste de la vivienda, que “se come” las mejoras de salarios y, el segundo, el elevado coste de la vida tras varios años de presiones inflacionistas.

En este sentido, el presidente del CES ha defendido la necesidad de aprobar una prestación universal de crianza para combatir la pobreza infantil en España, de las más elevadas de la UE, entre otras medidas específicas.

En 2011, el sociólogo británico Guy Standing acuñó un término que hizo fortuna: el precariado. Con él bautizó a una nueva clase social definida no por la pobreza tradicional, sino por la inestabilidad permanente: trabajadores con empleo pero sin seguridad, con ingresos pero sin proyecto, con presente pero sin futuro consolidado. El término se popularizó porque nombraba algo que existía pero que nadie había sabido llamar por su nombre. Nombrar es el primer paso para reconocer. Y reconocer es el primer paso para actuar.

Hoy necesitamos un término nuevo. Porque hay una fractura emergiendo en las sociedades europeas que tampoco tiene nombre todavía. Los sinsuelo: esa sería una buena definición.

No son los sin techo. Los sinsuelo tienen techo: lo pagan cada mes, puntualmente, a veces con esfuerzo, a veces con angustia. Lo que no tienen es suelo. No poseen el terreno sobre el que viven. No acumulan. No arraigan patrimonio.

El informe anual de Eurofound (la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, uno de los observatorios sociales más rigurosos del continente) acaba de documentar con datos lo que muchos intuían: la vivienda se ha convertido en el nuevo mecanismo central de desigualdad estructural en Europa. No el salario. No el contrato. El suelo.

Durante el siglo XX, la posición de clase se determinaba por la relación con el trabajo: quién vendía su fuerza de trabajo y quién compraba la ajena. Esa era la línea divisoria en torno a la cual se organizaron los sindicatos, los partidos obreros, la negociación colectiva y el Estado del bienestar. Al menos era un conflicto reconocido, con dos partes que se sentaban a negociar. Hoy, sin que esa fractura haya desaparecido, ni mucho menos, está emergiendo encima de ella una nueva línea que no pasa por el trabajo sino por la propiedad inmobiliaria.

Pensemos en dos personas concretas. Misma ciudad, mismo trabajo, mismo salario, misma formación. Una compró un piso en 2005 con una hipoteca que hoy le queda la mitad. La otra llegó en 2015 buscando empleo y lleva diez años de alquiler. La primera ha visto cómo su patrimonio se duplicaba sin hacer nada especial, solo por el paso del tiempo y la inflación inmobiliaria. La segunda ha pagado en esos diez años una cantidad equivalente al precio de un piso que no es suyo, no lo será nunca. Son la misma clase trabajadora en términos de relación con el trabajo. Son clases distintas en términos de acumulación de riqueza y de proyecto vital.

Pero hay una tercera condena: cuando llegue la vejez, el propietario tendrá una vivienda pagada. Podrá vivir sin ese gasto, podrá liquidarla si necesita liquidez, podrá hipotecarla en una hipoteca inversa para complementar su pensión. El sinsuelo, en cambio, llegará a la jubilación con una pensión que tendrá que destinar en parte al alquiler. Seguirá pagando techo hasta el último día. La brecha que hoy parece solo económica se convierte con el tiempo en una brecha de dignidad en la vejez. Y eso, en una Europa que envejece aceleradamente, tiene una dimensión política que aún no hemos empezado a procesar.

España es en este mapa europeo un caso extremo. Aquí convergen todos los factores negativos sin amortiguadores: veinte años de estancamiento del poder adquisitivo de los salarios —algo que, salvo Italia, el resto de Europa no puede decir—, una demanda tensionada por el crecimiento de la inmigración sin construcción compensatoria, y la sangría del alquiler turístico que ha extraído del mercado residencial un stock enorme en muchísimas ciudades. El resultado: el 19,4% de los inquilinos españoles declara en la encuesta de Eurofound que probablemente tendrá que abandonar su vivienda muy pronto.

Esta división no responde al mérito, al esfuerzo ni a la formación. Responde al momento histórico en que uno tuvo la suerte —o la desgracia— de nacer. Los sinsuelo son, en muchos casos, la primera generación moderna que tienen empleo, pagan sus impuestos y participan en la sociedad. Pero están excluidos de uno de los mecanismos por el que las clases medias europeas han construido seguridad y bienestar.

El movimiento obrero del siglo XX organizó su energía en torno al conflicto capital-trabajo y conquistó derechos que cambiaron la historia. El gran desafío político del siglo XXI puede estar en otro eje: el conflicto entre quienes poseen el suelo y quienes necesitan pisarlo para vivir. Los sindicatos ganaron mejores condiciones de trabajo. Hoy es prioritario ganar también el derecho al suelo. Por ello es prioritario que todas las instituciones a todos los niveles sumen esfuerzos para reparar este deterioro social. Porque de lo contrario, lo pagaremos muy caro.

Todo aquel que venga al mundo se dará cuenta un día de que existen las clases sociales. Hay formas más inmediatas y vías postergadas, pero el hechizo de la igualdad es un hechizo, su conciencia eventualmente se rompe. Puedes reconocerlo desde pronto por haber vivido la pobreza, por la ausencia de algo que llevarte a la boca, por no tener luz, carecer de techo, convivir con la miseria. Puedes intentar negarlo viviendo en las alturas, alejándote del mundo, construyendo palacios fortificados, como todo barrio rico que se niega a que se cuele dentro lo real si no es en la forma del servicio; da igual, la ilusión no dura, la ilusión se acaba. 

Puedes creerte durante un tiempo el sueño de la clase media o vida mediana, pensar que todo el mundo más o menos se parece, que te encuentras entre semejantes: no importa, conforme más gente y más mundo conozcas más aparecerán las diferencias, y si dedicas tiempo a contemplar las pequeñas, en las pequeñas habrá un abismo, un fractal, como si cada diferencia diminuta revelase las ramas de otras muchas diferencias eternas. La injusticia es ineludible. Se puede después negar o tratar con cinismo, pero en algún momento cualquiera se encuentra con ella. 

¿Qué sucede entonces? No es tanto que el mundo quede dividido, que lo queda, como que tú acabas encontrándote en una de sus orillas, descubriendo que los tránsitos tienden a ser defectuosos, que no hay buenos caminos de ida y vuelta. Sólo una parte del mundo estará expuesta a ciertas cosas. El otro día, tras muchos intentos, la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís desahuciaba a Mariano, un jubilado, un pensionista de 67 años; quedaba Mariano, por acción de la policía, sin casa, sin hogar, se abría la tierra bajo sus pies para tragárselo. Existen quienes saben que eso es una posibilidad para ellos, quienes no cuentan con una red, o una red precaria, y luego existen quienes nunca conocerán esa incertidumbre. Vivimos entre herederos y desheredados. 

Podría hacerse el experimento de coger cualquier grupo social y preguntarle a sus componentes: ¿tú en qué orilla te encuentras, eres la cara o la cruz de la moneda? ¿Disfrutas de la vida como quien goza en sus certezas, sabes que el mundo se ocupará bien de ti, que podrás sufrir, pero no hundirte, o te encuentras entre quienes viven a un mal mes, un accidente, una tragedia, una distancia mínima y pequeña del infortunio? ¿No es esa la gran línea divisoria contemporánea, el umbral de salvación que nos separa? ¿No es una línea, cuando la sociedad fracasa, cuando el Estado del bienestar fracasa, capaz de descomponerlo todo, destruirlo todo, arrasar infinitamente tantas vidas posibles? ¿Qué conciencia albergas de la fatalidad? 

Es una diferencia, en el fondo, tan grande que expresarla resulta hasta difícil. En España, país que, desde el franquismo, quiso sustituir la sociedad de proletarios por una sociedad de propietarios para reducir la conflictividad social, los hay que heredarán casas y los hay que heredarán deudas, o renunciarán a sus herencias. Yo he habitado siempre el mundo de los desheredados y admiro la gracilidad de los aéreos, los herederos, cómo pueden transitar la vida sin esa preocupación mayor, sin reconocer la sombra que amenaza con comérselos, como tragó la ballena a Jonás. Hoy, que la vivienda y el alquiler marcan en nuestra sociedad nuevas líneas divisorias, cuando la gran división futura de la juventud será esa, esa transferencia ineludible, que se acerca con el tiempo, ¿cómo haremos frente a la conflictividad social que nazca cuando se separen del todo las orillas, cuando hereden unos y otros sean desposeídos? ¿Qué amistades, amores y complicidades quedarán rotos sin remedio al caer todas esas máscaras?

Hay quienes nacieron en su día como desheredados y han colocado todo el empeño de una vida en convertir a sus hijos en herederos. Los hay que no lo han logrado, los hay que lo consiguen. Hasta los herederos, si las líneas de su destino se tuercen, pueden un día convertirse en desheredados. Si la paz social reposa sobre esa ilusión, ese misterio, ¿cómo es posible que la política no haga todo lo posible por conservar esa magia, como la de los niños que siguen creyendo en los Reyes Magos? Hoy vivimos en una sociedad donde la religión puede desahuciar a un jubilado. Vivimos en un mundo donde la crueldad es condición de lo posible. Hay algo en ese mundo tembloroso que es insostenible. Cuando llegue ese cataclismo, cuando la violencia quede desnuda, ¿de qué lado estarás? ¿Qué habrán parado nuestros políticos y qué barbaridades habrán consentido? ¿Cuánto más estamos dispuestos a permitir que el mercado inmobiliario doblegue nuestros futuros, convierta en imposibles los planes de millones de familias? Algo tiene que romperse. Algo tiene que caer. Podemos negarlo pensando que la inercia lo solucionará, tratar el tema con cinismo; da igual, la ilusión no dura, la ilusión se acaba.

En el año 2000, nada más arrancar el euro, Andalucía era la segunda región más pobre de España, detrás de Extremadura, con un PIB por habitante que apenas representaba el 74,4% del promedio nacional. Casi 25 años después, las cosas no sólo no han mejorado, sino que han empeorado. Andalucía ha sido adelantada por Extremadura y es hoy la comunidad autónoma con menor renta por habitante (apenas un 75,2% del promedio nacional). Es decir, en casi 25 años apenas ha recortado 8 décimas la distancia relativa con el total de España que tenía en 2000.

Por el contrario, Extremadura ha pasado del 65,7% al 77,3% de la media estatal, un avance de más de 12 puntos en el mismo período. En el gráfico que acompaña este análisis presento la “renta real per cápita” (PIB dividido por población) relativa de Andalucía en términos nominales y en términos reales, es decir, descontando la inflación, que también ha sido diferente en esta región con respecto a la general de España. Ambas series están expresadas en relación con la media nacional (España=100). Es decir, un aumento de su valor quiere decir que la renta por habitante de Andalucía está creciendo más que la de España (o cayendo menos), y viceversa. La serie en euros (“nominal”) está sacada directamente de la Contabilidad Regional del INE [Instituto Nacional de Estadística]. La serie en términos “reales” es de elaboración propia, utilizando los IPC anuales de Andalucía y España, también facilitados por el INE.

En cualquier caso, no hay grandes diferencias si se hace en términos reales o nominales y, si la he construido, ha sido por evitar la crítica fácil de que la “convergencia” (un término que indica que las regiones o países más pobres acercan su renta per cápita a la de los más ricos) hay que medirla en términos reales. En el gráfico se detecta que hay un patrón curioso, que es el carácter “procíclico” de la convergencia: en los buenos tiempos, Andalucía crece más que España y viceversa en las crisis. En el gráfico queda patente que la máxima convergencia se produce en el período 2003-2008, periodo de boom económico tanto en Andalucía como en España.

En esos años se alcanzó el pico de la renta per cápita relativa andaluza (77,9% en términos nominales y 77,6% en términos reales), que es, más menos, el valor actual de la de Extremadura. Tras ese máximo, se retrocede con la crisis financiera de 2008 y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, porque la crisis afectó incluso más a Andalucía que al conjunto de España. En términos nominales, el declive dura toda la recesión, se estabiliza a partir de 2015 y no se recupera hasta 2020-21.

En términos reales, que es una medida más correcta, la convergencia se retoma a partir de 2017, pero vuelve a retroceder en 2022-23. Es decir, en el boom más reciente, no se ha dado ese patrón procíclico del pasado y apenas ha mejorado la convergencia de Andalucía con la media nacional. Por dar algunos datos, en los 6 años de boom de 2001 a 2007 la renta per cápita andaluza creció un 20% real acumulado, frente al 14,6% de España (diferencial de casi 5 puntos, que hizo recortar la distancia relativa con España). Por el contrario, en los últimos 6 años la renta per cápita de Andalucía ha crecido un 6% acumulado, frente al 5,4% de España (apenas unas décimas de diferencia), pese a hallarnos en un boom económico. Parece que la convergencia se ha frenado. Y, en términos nominales, la evolución no es diferente: una tímida recuperación y un nuevo freno.

Hasta aquí los datos. Pero la pregunta clave es: ¿cuáles son las causas de esta falta de convergencia económica de Andalucía con el promedio nacional? La teoría económica nos dice que, en un entorno parecido (mismas instituciones jurídicas, laborales, educativas, comerciales, fiscales, sanitarias, industriales, e idéntica política monetaria), las regiones o países más pobres deben crecer más que los más ricos, precisamente porque el rendimiento de la inversión en capital físico, humano o tecnológico debe ser superior en los territorios donde estos factores son más escasos. Es decir, que el crecimiento de la productividad debería ser mayor en Andalucía que en el resto de España.

Sin embargo, el crecimiento real de Andalucía no ha sido superior al de España. Y si ha habido una mínima convergencia en renta per cápita ha sido porque la población en Andalucía ha crecido menos que en el conjunto de España. Una forma engañosa de converger, pues la atracción de talento es uno de los motores del crecimiento de la productividad a medio y largo plazo. La inversión en infraestructuras ha sido muy importante en la región. Pero no tanto la inversión privada en capital físico, humano y tecnológico. El tejido empresarial sigue muy atomizado y no ha habido una política industrial orientada a la productividad, al crecimiento del tamaño de las empresas ni a la inversión tecnológica, salvo excepciones como puede ser el caso de Málaga. Andalucía también sufre una pérdida de capital humano formado, que emigra a regiones de renta per cápita más elevada buscando mejores oportunidades.

La ETEA (Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía,) elaborada en 2019 con Horizonte 2027, era una buena hoja de ruta para abordar todos estos retos de la economía andaluza. Pese a no ser andaluz (aunque no descarto que algún día lo sea), fui invitado a tomar parte en algunos debates durante su elaboración y fueron muy intensos y productivos. Participaron muchos economistas de diferentes sensibilidades y no fue difícil conseguir consensos sobre el diagnóstico y las medidas a aplicar para superar esta situación crónica de Andalucía.

Ojalá que el Gobierno que salga de las urnas retome una iniciativa de este tipo, que concite el acuerdo no sólo de los economistas, sino de todas las fuerzas sociales, sindicatos, empresarios y asociaciones, así como de las administraciones públicas de todos los niveles: local, provincial, autonómico, estatal y comunitario . Andalucía se lo merece.

En las últimas semanas, hemos vuelto a escuchar con frecuencia, especialmente por parte de portavoces conservadores, la propuesta de deflactación del IRPF: una modificación fiscal que permitiría corregir el sobrecoste fiscal añadido por la llamada 'progresividad en frío'. Pero, en el fondo, abordar la pérdida de poder adquisitivo desde ese planteamiento es atacar las consecuencias y no las causas del problema.

La pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas se produce como consecuencia del mayor crecimiento de los precios de los bienes de consumo respecto al crecimiento de los salarios: aunque suban los salarios nominales —lo que vemos en nuestra nómina—, si con ellos podemos comprar menos cosas, eso significa que ha empeorado nuestra capacidad adquisitiva; es decir, el salario real se ha reducido. Como se puede ver en el siguiente gráfico, los salarios reales en España apenas han avanzado desde principios de siglo: tras un periodo de mejora hasta 2008 y caídas marcadas a partir de 2021, hoy se sitúan en niveles muy similares a los de hace dos décadas. La inflación se ha terminado comiendo casi todas las ganancias nominales acumuladas.

Una consecuencia no deseada de este proceso es que pagamos más impuestos porque declaramos ingresos mayores, e incluso podemos ubicarnos en tramos del IRPF más altos sin que en ningún caso realmente nos hayamos convertido en personas más ricas. Como se sabe, el sistema fiscal está diseñado por tramos de ingresos, a modo de escalones. Como el sistema es progresivo, eso significa que cuando pasamos de escalón —porque cobramos más— también pagamos un tipo marginal mayor sobre los nuevos ingresos, lo que arrastra al alza nuestro tipo efectivo medio. El problema es que se puede subir de escalón porque la nómina indica mayor cantidad ingresada en concepto de salarios nominales, pero en realidad no existe su correspondiente mayor poder adquisitivo. En suma: pagamos más impuestos como si fuéramos más ricos, pero sin serlo.

Como consecuencia, es posible hablar de que este proceso supone una subida indirecta de impuestos: el contribuyente paga más IRPF aunque no sea más rico, y el Estado ingresa más por la misma cantidad de renta real. De ahí que emerja de vez en cuando la propuesta de que hay que ‘deflactar’ el IRPF, es decir, ajustarlo de modo que se pague impuestos de acuerdo con los salarios reales y no con los salarios nominales. Esto implicaría que los contribuyentes pagarían menos impuestos respecto a la situación actual y el Estado dejaría de percibir esas cantidades de recursos adicionales: sería, de facto, una bajada de impuestos. Además, tal y como suele plantearse —deflactación lineal de toda la tarifa— el ahorro absoluto crece con la renta y no llega a quienes no tributan.

Siendo todo lo anterior cierto, el problema real tiene que ver con que la deflactación del IRPF es una medida dirigida a atacar las consecuencias de la inflación, y no sus causas. Y aquí es evidente que la ideología influye a la hora de determinar dónde hay que poner el foco, si en lo que provoca la inflación o en las consecuencias de la misma. Mientras la propuesta de deflactación del IRPF construye una narrativa según la cual es el Estado el problema de la pérdida de poder adquisitivo —porque te da un mordisco fiscal extra como consecuencia de la inflación—, el problema de fondo de la inflación, como analizamos la semana pasada, nos empuja a hablar de los beneficios empresariales, del poder de mercado de determinadas grandes empresas y de la dificultad de la clase trabajadora para indexar salarios, es decir, para que estos acompañen el ritmo de subida de los precios. Sobra decir que esto es lo que explica que las derechas estén más interesadas en hablar de deflactación del IRPF, y las izquierdas de las causas originales de la inflación.

Pero no se trata únicamente de ideología. Hay aquí una secuencia lógica difícil de discutir: en un escenario de inflación cero —o en otro en el que los salarios nominales suban por encima de los precios— la propuesta de deflactar el IRPF sencillamente no sería necesaria. La deflactación es, por definición, una respuesta defensiva ante un problema previo; nunca una solución a ese problema. Por eso atacar la causa primera —los precios, no los tramos— es lo único que vuelve innecesarias todas las medidas correctoras posteriores. La deflactación, en el mejor de los casos, alivia; pero también resigna: asume que la inflación seguirá comiéndose nuestros salarios y se limita a impedir que, encima, paguemos más impuestos por ello.

Como ya argumenté en el análisis anterior, la causa principal de la inflación de los últimos años viene explicada por la subida de los beneficios empresariales: los distintos modelos utilizados para evaluar este fenómeno apuntan a ello, razón por la cual incluso el FMI [Fondo Monetario Internacional], el BCE [Banco Central Europeo] y la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] —todos tradicionalmente reacios a este tipo de conclusiones— han acabado reconociendo el papel crítico de las grandes empresas en la elevación de la inflación; y todos concuerdan en que los salarios no tienen ninguna responsabilidad, más allá de que los trabajadores intenten luego vanamente recuperar terreno. Frenar ese proceso es posible, pero requiere centrarse en aquellas empresas con gran poder de mercado y que aprovechan ciertos shocks de oferta —como el cierre del estrecho de Ormuz— para elevar los márgenes de beneficios. Esto sucede sobre todo en sectores como la energía, pero también en los que cadena abajo tienen protagonismo grandes empresas que operan como oligopolios de facto. Una fuerte imposición fiscal a sus ganancias permitiría no tanto recaudar —un objetivo aquí secundario— como reducir el incentivo a aprovechar la situación: si gran parte del margen extraordinario acaba siendo expropiado vía impuestos, la rentabilidad esperada de subir precios disminuye, y con ello la presión inflacionaria. En ciertas condiciones, incluso la fijación de precios permitiría contener la inflación, como sucedió con el tope al gas para la generación eléctrica (la llamada excepción ibérica) durante la guerra en Ucrania.

Hay en todo esto una excepción significativa: los perceptores del salario mínimo. A diferencia de los salarios medios, el salario mínimo ha disfrutado de grandes subidas tanto nominales como reales en los últimos años, especialmente desde 2019, primera subida importante pactada con apoyos parlamentarios y luego con socios de coalición. El siguiente gráfico lo ilustra con claridad: los perceptores del salario mínimo sí han tenido mejoras considerables de poder adquisitivo.

Ya tuve oportunidad de hablar de este fenómeno en otro análisis, titulado “Los límites de las subidas del salario mínimo”. En realidad, esta asimetría entre el salario mínimo y el salario medio tiene que ver con la dificultad que encuentra el Gobierno en incidir en los problemas que enfrentan los trabajadores a la hora de negociar con las grandes empresas. Tras décadas de políticas neoliberales, los trabajadores están más expuestos a los caprichos de sus empleadores, tienen menos instrumentos para negociar colectivamente —como consecuencia de las reformas laborales, sobre todo la de 2012— y lo hacen en estructuras empresariales más flexibles y con menos trabajadores —nada que ver con las viejas industrias de los años 80—. Eso es lo que explica que cuando sube la inflación, los trabajadores apenas tienen capacidad para recuperar el terreno perdido. Y el Gobierno, incapaz de entrar en ese terreno, ha recurrido en la última década a la política del salario mínimo para compensar. Y aunque ha tenido efectos muy beneficiosos, tanto para sus perceptores como para la economía en general, se trata de una política limitada, tanto en el alcance —no a todos los trabajadores— como en el tiempo. Resulta insostenible porque comprime la estructura salarial en torno al SMI: trabajadores con antigüedad o cualificación terminan cobrando lo mismo que quienes acaban de incorporarse, lo que aplana las trayectorias internas y traslada tensiones a la negociación colectiva.

En definitiva, la deflactación del IRPF puede actuar como un parche de alivio temporal, pero confunde el síntoma con la enfermedad. Si los salarios reales se mantienen planos década tras década, si la negociación colectiva ha quedado debilitada y si el SMI ha alcanzado el techo de lo que puede aportar como herramienta compensatoria, el debate fiscal en torno al IRPF resulta una distracción frente a lo que de verdad está en juego: la capacidad de la mayoría social para que sus salarios acompañen a los precios, y la capacidad del Estado para intervenir aguas arriba —en los márgenes empresariales, en el poder de mercado de los oligopolios, en la arquitectura de la negociación colectiva— y no solo aguas abajo, en la nómina del contribuyente.

El viaje del avión propiedad del futbolista Sergio Ramos que coincide con los partidos de la Eurocopa es uno de los ejemplos más claros del uso intensivo de aviones privados como si fueran taxis, pero no el único.

Imagina un avión que despega de Pamplona al amanecer, llega a Cádiz antes del mediodía, a Madrid sobre las cuatro de la tarde y a las cinco ya está en Murcia, de donde sale a tiempo para regresar de nuevo a la capital navarra antes de las nueve de la noche. Es lo que hizo por ejemplo el Cessna Citation propiedad de Eduardo Anitua, dentista y amigo del Rey Juan Carlos I. Seis vuelos en un solo día, todos duraron menos de una hora. 

Estos viajes son tan solo un par de ejemplos que ilustran la realidad detrás de la investigación de elDiario.es, que revela el impacto ambiental del uso intensivo de los jets registrados en España entre 2024 y 2025. Más de la mitad de los 17.000 vuelos –el 55%– duraron menos de una hora. Uno de cada diez, menos de 30 minutos.

Los cálculos provienen de datos públicos proporcionados por Airplanes.Live, una plataforma de receptores independientes de señales ADS-B/Mode S/MLAT que no filtran las posiciones de los aviones privados que piden ocultar sus movimientos, una práctica cada vez más demandada. Las cifras son conservadoras ya que la cobertura de los datos es limitada en algunas zonas y algunos vuelos o partes de trayectos pueden no haber sido registrados por los receptores de Airplanes.Live.

Aunque estos aviones son propiedad de estas corporaciones, no son siempre los dueños o directivos quienes utilizan la aeronave. Según explican fuentes del sector a elDiario.es, el sistema funciona así: en la mayoría de los casos, el propietario firma un contrato para ceder el aparato a una compañía aérea especializada. Esta compañía se encarga de operar el avión y lo alquila a otras personas cuando el dueño no lo utiliza pero garantizándole un uso prioritario. 

En el siguiente gráfico puedes ver como de media la mayoría de trayectos de jets privados cubren una distancia de 424 km por vuelo. La mitad de los desplazamientos duraron menos de una hora y no llegaron a abandonar la Península. En cambio, los vuelos más largos, son inferiores y tienden a ser desplazamientos transatlánticos.

¿Por qué es relevante que los vuelos duren poco? Porque las fases de despegue y aterrizaje exigen más demanda de carburante que la fase de crucero. Por ejemplo, para un Bombardier Global Express, diez viajes de 500 kilómetros emitirían un 70% más que recorrer la misma distancia (un total de 5.000 kilómetros en un solo trayecto), según los datos de Eurocontrol a partir de muestras de consumo de combustible con vuelos reales. “Los trayectos cortos contaminan por la misma intensidad de los aviones”, argumenta Pablo Muñoz, coordinador del área de movilidad sostenible de Ecologistas en Acción. “Proporcionalmente, en las fases de despegue y aterrizaje son las de más intensidad en consumo de combustible”, añade. 

Se trata de vuelos de donde el jet privado funciona como un taxi al servicio de quien lo utiliza y que acaban siendo los que más contaminan por la demanda de carburante que exigen. Así, los jets propiedad de grandes empresas y fortunas españolas entre los que se encuentran el futbolista Sergio Ramos, el dentista de Juan Carlos I, Mercadona, grupo Damm, la familia Riberas o Inditex, contaminaron en dos años lo mismo que un millón de pasajeros comerciales. Rutas de dos horas en coche o tren en un avión privado pasan a durar tan solo 20 minutos, incluyendo los tiempos de despegue y aterrizaje. 

Madrid-Barcelona, el recorrido favorito

El recorrido favorito de los altos directivos y grandes fortunas ha sido la ruta Madrid-Barcelona (de 620 kilómetros de trayecto) con más de 1.000 vuelos acumulados para los años 2024 y 2025. Un recorrido que “no es normal”, según tildan desde Ecologistas en Acción. “Sobre todo en un sitio como España, donde no solo hay una infraestructura de alta velocidad muy desarrollada, sino que hay un transporte terrestre de autovías, autopistas que harían innecesarios muchos vuelos privados, teniendo en cuenta el impacto que tienen”, destacan desde la organización. 

España tiene muy buenas carreteras, tiene muy buenos trenes de alta velocidad. Eso hace que las alternativas a la aviación ejecutiva sean también muy buenas

Carlos Matallana — Director nacional de la empresa de alquiler de aeronaves LunaJets

En ese punto coincide Carlos Matallana, director nacional de la empresa de alquiler de aeronaves LunaJets. “España tiene muy buenas carreteras, tiene muy buenos trenes de alta velocidad. Eso hace que las alternativas a la aviación ejecutiva sean también muy buenas”, señala el broker. 

A pesar de ello, el 57% de los trayectos que se realizaron tuvieron como origen y destino un aeropuerto español. De hecho, un mismo avión ha llegado a recorrer en un día hasta cuatro veces la ruta Madrid-Valladolid, el trayecto entre Madrid-Santander o Barcelona-Valencia. Trayectos que no superan los 500 kilómetros de distancia. 

La mayoría de las rutas conectan directamente con la capital o con destinos como Sevilla o Mallorca. Otras directamente unen la ciudad condal con Ibiza o Valencia y, entre las más recurrentes, también figura la conexión Valencia–Oporto.

Frente a los trayectos de corta duración, los de larga distancia son excepcionales para quienes hacen uso de los jets privados. El siguiente gráfico muestra como los trayectos de más de tres horas de duración representan solo el 5% de los 17.000 vuelos realizados en los últimos dos años.

Entonces, ¿cuándo se considera necesario el uso de aviones privados? “Cuando es la única manera por tiempo para hacer las cosas. Esa es la parte de negocios, hablamos de gente cuyo tiempo vale mucho dinero”, argumenta Matallana. Ante uso del avión como si fuera un taxi también deriva otra consecuencia: cuatro de cada diez vuelos despegan sin pasajeros. Aunque se estima que un vuelo privado lleva unas cinco personas de media, el 41% irían sin viajeros, según los datos del propio sector.

Es lo que en el sector se denomina empty leg. “Son vuelos que van vacíos en los que yo necesito meter a personas para aprovecharlos. (...) Sí que se tiene en cuenta a la hora de alquilar que ese avión no haga un vuelo vacío. Hay que evitar todo eso por un tema de economicidad y por un tema de sostenibilidad, también”, detalla el directivo de alquiler de aeronaves.

Los datos analizados por este medio parecen confirmarlo, un tercio de los jets despega antes de las cuatro horas de haber aterrizado. Algunos tardan incluso menos, uno de cada diez despega antes de llevar una hora en tierra.

“Los vuelos privados deberían prohibirse cuando existan alternativas”

Según la European Business Aviation Association (EBAA), la aviación privada solo supone el 1% de las emisiones de todo el sector de la aviación y un 0,04% de las emisiones totales en la Unión Europea. “Es evidente que las emisiones de los aviones privados son una minoría de la aviación global. Lo que pasa es que corresponden a una parte muchísimo menor de la población mundial”, explican desde Ecologistas en Acción. “Al final, cada uno de los 17.000 vuelos supone lo mismo que todo lo que emite una sola persona en España en todo un año”, comenta Pablo Muñoz, representante del área de movilidad sostenible de la organización. Por su parte, la organización Transport & Environment (T&E) reclaman que los vuelos privados deberían prohibirse cuando existan alternativas, “como o vuelos comerciales o tren que no aumenten la duración del viaje en más de dos horas y media”.

El bróker Matallana asegura, sin embargo, que se utilizan solo cuando son necesarios: “Quien conoce la aviación ejecutiva desde dentro, se da cuenta de que ejerce un papel logístico mucho más mundano”, argumenta “pero creo que la mala fama le viene por la completamente equivocada visión de esto como el show off [exhibicionismo, en inglés] y la ostentación”. 

Asimismo, empresas del sector defienden sus iniciativas para reducir el impacto ambiental, como el uso de combustible que reduce los gases de efecto invernadero — el Sustainable Aviation Fuel (SAF) — el pago para compensar las emisiones generadas (bajo el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE) o el alquiler de vuelos a precio más barato para evitar que vayan vacíos, conocidos como “empty jets”

La empresa que dirige Matallana en España comenzó vendiendo este tipo de vuelos. “La pura venta de empty jets en sí es una acción tremendamente sostenible”, argumenta. Es, asegura, uno de los factores que hace que compañías como la suya hayan conseguido, “y lo digo con mucho orgullo, que la aviación ejecutiva no sea solo cosa de multimillonarios. Porque 1.000 € es mucho dinero, por supuesto, pero una clase media se lo puede permitir en un caso de necesidad extrema. Por ejemplo, se ha caído mi madre, se ha roto la cadera y tengo que ir corriendo...”.

Aunque matiza que no está diciendo que sea para todo el mundo: “Yo estoy convencido, y he hecho mis números, de que una familia que ingrese entre todas sus partes en torno a 150-160 mil euros anuales, es una familia que puede, sin lugar a dudas, plantearse la opción de la aviación privada de manera ocasional”. Según los datos de 2024 de la Encuesta de Condiciones de Vida, un hogar con esos ingresos brutos estaría en el 2% más rico de España. 

El sector defiende sus iniciativas para reducir el impacto ambiental

Las empresas que usan estos jets aseguran cumplir con las medidas de protección del medioambiente requeridas. Por ejemplo, Prosegur asegura que “integra la sostenibilidad como un pilar estratégico de su actividad (...) con un firme compromiso en la reducción del impacto medioambiental”, según remite a su ‘Plan Director de Sostenibilidad’ como prueba de la materialización de su compromiso. 

Mercadona afirma pagar sus derechos de emisión de CO2 acorde a la normativa vigente “en la que los operadores aéreos están obligados a medir sus emisiones de CO2 y entregar derechos de emisión equivalentes.” E Inditex, aunque rechaza hacer comentarios por “el carácter reservado de los datos”, señala que en sus memorias anuales se aprecia el “el avance en la reducción logrado” en sus emisiones. 

Ante esta modalidad de compensación de las emisiones, la organización Transport & Environment (T&E) reclama que “nunca será suficiente para hacer frente a las emisiones del sector del transporte más contaminante del mundo” y que “las únicas formas de reducir las emisiones generadas por los aviones privados son volar menos es invertir en ampliar la producción de combustibles más limpios, en particular el e-queroseno, así como en el desarrollo de aviones de hidrógeno y eléctricos”.

Otras figuras mencionadas en esta investigación como Nortia, cuya web está encabezada por la frase “comprometidos con un futuro sostenible”, Telefónica, Eduardo Anitua o Luis Gil han declinado hacer comentarios a elDiario.es. El resto no han respondido hasta el momento de esta publicación. 

El debate sobre los impuestos de los jets privados

La compra, alquiler y uso de un jet privado conlleva el pago de diferentes impuestos. Respecto al uso de carburante, el sector aéreo no está obligado a pagar impuestos sobre el combustible (queroseno principalmente) cuando los viajes no son “de recreo” y siempre que se justifique ante Hacienda que estos viajes son vuelos de negocios. Fuentes cercanas al sector aseguran que los propietarios prefieren pagar el impuesto antes que someterse a los controles que implicaría demostrar un uso exclusivamente profesional del jet. 

Esta excepción sobre el impuesto sobre los hidrocarburos es a nivel europeo, donde el debate sobre el pago del combustible llegó en 2021, cuando la Unión Europea comenzó a estudiar una propuesta para gravar los combustibles según su distinto impacto ambiental. Y ha llegado también a la política española. 

En 2025 Sumar presentó una proposición no de ley para crear un impuesto que grave las emisiones de CO2 generadas por el uso de “transportes de lujo” y Pedro Sánchez declaró en la cumbre del clima, COP2025, que estaban “avanzando junto a otros países para gravar los vuelos de clase premium y jets privados”. “Es lo justo que, quien más tiene, más contamina, pague por tanto lo que le corresponde”, recalcó. 

Los jets privados registrados en España por millonarios, grandes corporaciones y fortunas volaron más de 16 millones de kilómetros entre 2024 y 2025. El equivalente a dar 414 vueltas al mundo. La huella ambiental de esos vuelos —17.034 en total— es la misma que la de un millón de pasajeros en trayectos comerciales.

En total, los aviones propiedad de grandes empresas como Mercadona, Banco Santander, Inditex, grupo Damm, Prosegur o Telefónica, fortunas españolas como las familias Botín, Lao o Riberas; o celebridades como Sergio Ramos y el dentista de Juan Carlos I emitieron 81.253 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera.

Una investigación de elDiario.es revela por primera vez el impacto ambiental de 61 jets privados registrados en España y el uso intensivo de la aviación ejecutiva por parte de la jet set española: vuelos cortos de muy pocos kilómetros, un aumento de la actividad en los meses de verano, cientos de traslados a grandes eventos de ocio o repetición habitual de rutas en pocos días. 

Los cálculos provienen de datos públicos proporcionados por la plataforma Airplanes.Live, una comunidad de receptores independientes de señales ADS-B/Mode S/MLAT que no filtran los aviones privados que piden ocultar sus movimientos. Las cifras de horas de vuelo y emisión de CO₂ han sido estimadas a partir de más de 155 millones de posiciones recibidas por todos los modelos de jets —clasificados por la European Business Aviation Association (EBAA)— que estuvieron registrados en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea entre 2021 y 2025. Ver metodología completa.

El siguiente mapa muestra todos y cada uno de los trayectos realizados por estos aviones privados entre 2024 y 2025. Las cifras son conservadoras ya que la cobertura de los datos es limitada en algunas zonas y algunos vuelos o partes de trayectos pueden no haber sido registrados por los receptores de Airplanes.Live.

De los 61 aviones privados analizados, los 20 que más kilómetros han recorrido son los responsables del 60% de las emisiones de las aeronaves analizadas. Este medio ha identificado a sus propietarios a partir de los registros oficiales: compañías del Ibex-35, mega corporaciones, sociedades patrimoniales y grandes fortunas están detrás de los aparatos más contaminantes.

Entre ellos encontramos el Bombardier Global Express propiedad del Banco Santander, presidido por Ana Patricia Botín, que recorrió más de 646.000 kilómetros en 304 vuelos en esos dos años. La mayoría, en trayectos transatlánticos.

No es la única entidad vinculada a la familia Botín con intereses en la aviación privada. Javier Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea, consejero del banco y hermano de Ana Patricia Botín, también es propietario de un avión privado (modelo Cessna Citation XLS) a través de una sociedad —Grey Wind Investments SL— que forma parte de su ‘holding’ patrimonial, Agropecuaria El Castaño. Entre los aeropuertos más transitados por este avión está el aeródromo privado “El Castaño” en Ciudad Real, un trayecto de unos 20 minutos de vuelo desde Madrid.

Mercadona, de la familia Roig, tiene en propiedad al menos dos aviones privados (modelos Bombardier Global 5000 y 6000) que han realizado 1.457 viajes y han emitido lo mismo que 107.000 pasajeros haciendo esos mismos trayectos en rutas comerciales.

Además de Mercadona y del Banco Santander, otras grandes compañías españolas como Telefónica, grupo Damm, Inditex o Prosegur figuran entre algunos de los aviones con más kilómetros recorridos entre 2024 y 2025.

Aunque estos aviones son propiedad de estas corporaciones, no siempre los dueños o directivos viajan en la aeronave. Tal y como explican fuentes del sector a elDiario.es, el sistema funciona así: en la mayoría de los casos, el propietario firma un contrato para ceder el aparato a una compañía aérea especializada. Esta compañía se encarga de operar el avión y lo alquila a otras personas cuando el dueño no lo utiliza pero garantizándole un uso prioritario.

De los 20 con más kilómetros recorridos, 13 están cedidos a la aerolínea Gestair, centrada en la aviación ejecutiva, según los registros oficiales. Desde 2025, la compañía pertenece al fondo de capital riesgo Hyperion Fund, liderado por Pablo Casado, expresidente del PP, y el sobrino de Ana Botín, Ricardo Gómez-Acebo Botín.

“El sistema habitual es que una corporación multinacional compra un avión y lo cede a un operador aéreo. Cuando la empresa lo necesita lo utiliza y cuando no, lo alquila”, explica Miguel Ángel Sierra, abogado del despacho LegalLey, especializado en yates, aviones y sector inmobiliario. “Es un activo porque les permite comprar tiempo pero da pérdidas siempre. No es un capricho”, detalla.

Amancio Ortega, con un patrimonio estimado de 100.000 millones de euros según la revista Forbes, es la mayor fortuna de España, primer accionista y fundador de Inditex y habitual en el Top 10 de mayores fortunas mundiales. La compañía textil es propietaria de dos aviones privados que han volado 459 veces y han emitido el equivalente a 63.000 pasajeros de vuelos comerciales.

El Gulfstream G500 propiedad de la familia Riberas, octava mayor fortuna de España según el ranking de El Mundo y principales accionistas de la empresa de componentes de automoción Gestamp, ha recorrido más de 622.000 kilómetros en apenas 239 vuelos. Su avión privado figura a nombre de Caixabank y la sociedad patrimonial de la familia aparece como arrendatario financiero, una fórmula habitual usada en el sector para registrar aviones a través de un leasing para financiar la aeronave, según explican fuentes jurídicas a elDiario.es.

Mismo caso que el jet privado del exjugador de fútbol Sergio Ramos, que está registrado a nombre del Banco Santander como propietario aunque una sociedad del grupo patrimonial del futbolista (Davina Spain, S.L.) figura como arrendataria financiera. Con más de 600 vuelos en dos años, el avión privado del futbolista, que ha pasado por clubes como el Real Madrid, Sevilla o Paris Saint Germain, ha recorrido más de 500.000 kilómetros.

La familia Lao, históricamente vinculada al sector del juego (son los antiguos propietarios de Cirsa) y que figura también en la lista de mayores fortunas españolas con un patrimonio de 1.300 millones de euros, es propietaria de un Cessna Citation Latitude que ha emitido 2.338 toneladas de CO₂ en 700 vuelos en dos años. Fuentes de Nortia, cuya web está encabezada por la frase “comprometidos con un futuro sostenible”, han declinado hacer comentarios a elDiario.es.

Prosegur, controlada por la familia Revoredo a través del holding patrimonial Gubel S.L. y presidida por Helena Revoredo, es propietaria de un Dassault Falcon 2000 que ha recorrido más de 414.000 kilómetros en 251 vuelos. Entre ellos, varios trayectos entre España y Argentina, tierra natal de la familia. Desde la compañía de seguridad señalan que “la operativa de la aeronave está sujeta a un contrato de alquiler con Gestair que gestiona activamente la disponibilidad y comercialización de la aeronave cuando esta no está prestando servicio para la empresa”.

Entre las personalidades y fortunas menos conocidas que son propietarias de un jet privado también figura Luis Gil, fundador de Securitas Direct España. El avión, un Cessna Citation XLS, figura a nombre de Fast Aviation S.L., que tiene como administradora única a la esposa del empresario. 

El doctor Eduardo Anitua, conocido por ser dentista y amigo del rey emérito Juan Carlos, también es propietario de un jet privado a través de su compañía aérea NordJet Airlines. Según publicó El Mundo, el rey emérito utilizó este avión el 23 de septiembre de 2024 para viajar entre Cascais, Vitoria —donde está la clínica del doctor Anitua— y Vigo, para acudir a las regatas que se celebran en Sanxenxo. El avión, uno de los más activos, ha recorrido más de 400.000 kilómetros en 816 vuelos en apenas dos años.

Otro de los aviones analizados es propiedad de Baihas Baghdadi, empresario español de origen sirio y fundador de Baghdadi Capital, fondo que presume de ser el primer vehículo de inversión basado en la ley islámica y principal patrocinador de la Real Sociedad. Aunque no existen demasiados detalles en torno a su figura, trayectoria y procedencia, a través de su holding es propietario de un jet privado (modelo Gulfstream G200) que perteneció a Cristiano Ronaldo. La adquisición se firmó en agosto de 2024, según los registros oficiales, y en los dos últimos años ha volado 404 veces y recorrido 423.000 kilómetros.

Entre los aviones con más kilómetros figuran también el del Grupo Piñero, dueño de los hoteles Bahía Príncipe y Soltour, con decenas de trayectos entre Baleares y el Caribe; el de la farmacéutica Insud Pharma, que ha volado 308 veces en los dos últimos años; el de Aluminios Cortizo, uno de los mayores grupos industriales de Galicia; y los de empresas de alquiler de aviación ejecutiva como WeloJets o Clipper Jets.

Contaminaron lo mismo que un millón de pasajeros

Los 17.034 vuelos realizados por medio centenar de aviones privados entre 2024 y 2025 emitieron 81.253 toneladas de CO₂, según una estimación de elDiario.es usando la herramienta SET de Eurocontrol, que utiliza muestras de consumo de combustible de cada modelo de avión. Esta estimación se hace incluyendo los periodos de despegue y aterrizaje, que suelen consumir mucho más combustible que la fase de crucero. 

Estas emisiones equivalen a lo que habrían generado más de un millón de pasajeros comerciales en esos dos años, según los cálculos realizados por este medio a partir de los datos de Agencia Europea de Seguridad Aérea —83 gramos de CO₂ por kilómetro y pasajero— teniendo en cuenta el trayecto medio de los jets privados analizados: 974 kilómetros. 

¿Cuál fue el avión que más CO₂ emitió? El Bombardier Global 5000 de Mercadona. El avión propiedad de la compañía presidida por Juan Roig realizó un total de 789 viajes, la mayoría dentro de la Península, y contaminó lo mismo que casi 60.000 pasajeros entre 2024 y 2025.

Fuentes de la compañía explican a elDiario.es que “Mercadona utiliza el avión como una herramienta de trabajo más para el desplazamiento de sus trabajadores (igual que también tiene coches o furgonetas)”. “Lo más importante para la compañía es que esas horas que ahorran sus trabajadores, frente a la planificación en vuelos comerciales, puedan dedicarse a la conciliación personal y con sus familias”, añaden.

Según la European Business Aviation Association (EBAA), la aviación privada solo supone el 1% de las emisiones de todo el sector de la aviación y un 0,04% de las emisiones totales en la Unión Europea. “Es evidente que las emisiones de los aviones privados son una minoría de la aviación global. Lo que pasa es que corresponden a una parte muchísimo menor de la población mundial”, explica Pablo Muñoz, coordinador del área de movilidad sostenible de Ecologistas en Acción. “Al final, cada uno de los 17.000 vuelos supone lo mismo que todo lo que emite una sola persona en España en todo un año”, comenta.

“A medida que la sociedad aborda el cambio climático, es obvio que hay que cuestionar los vuelos privados, ya que transportan a pocos pasajeros a un coste medioambiental muy elevado”, defiende Denise Auclair, responsable de la campaña «Travel Smart» de la organización Transport&Environment. Según un estudio académico, las emisiones mundiales de la aviación privada aumentaron un 46 % entre 2019 y 2023.

El avión privado como transporte de recreo

El análisis de los patrones de uso de los jets privados apuntan al ocio como uno de los motores de su actividad. El primer indicador es su pico estacional: julio y agosto son los meses con más trasiego de viajes, según los datos analizados por elDiario.es. En julio de 2025 se registraron 1.009 vuelos que emitieron 4.257 toneladas de CO₂. En enero del mismo año, la cifra baja a la mitad. 

No es una excepción. Los informes mensuales de EBAA muestran cómo la aviación privada en Europa también se concentra en los meses de junio y julio y una reciente investigación de Nature (2024) documentó el mismo pico de llegadas a Ibiza y Niza durante el verano.

A la estacionalidad se suman los grandes eventos. En junio de 2024, ocho de los aviones analizados volaron a Reino Unido en los días previos a la final de la Champions League de fútbol en la que el Real Madrid derrotó al Borussia Dortmund.

El aumento se deja ver también en los destinos vacacionales como Ibiza: el 83% de los vuelos privados a la isla en los últimos dos años se realizaron en verano (entre el 1 de junio y el 30 de septiembre). Lo mismo ocurre con Menorca, que recibió 141 vuelos de 185 en los meses de calor. 

Los días y horas de salida apuntan en la misma dirección. Jueves y domingos están entre los días con mayor actividad de los jets privados registrados en España. Una actividad que concentra muchos despegues a primera hora de la mañana y a última de la tarde.

Carlos Matallana, director de LunaJets en España, una empresa de ‘brokers’ de jets privados en Europa, destaca el viraje en el modelo de negocio. “Es muy difícil tener datos contrastados. Pero yo en Madrid hice números el año pasado y estimo que en torno al 60% de nuestras operaciones son vuelos de negocio y 40% personales. ¿Qué ocurre? Que eso ha cambiado. El personal está ganando cuota en el mercado”, explica.

En el siguiente gráfico se muestran las horas de salidas de los 17.034 vuelos realizados entre 2024 y 2025 por los jets privados registrados en España. El sábado es el día que menos se vuela de la semana y el domingo, la mayoría de vuelos se concentran por la tarde.

El uso intensivo de los jets privados

Algunas rutas muestran mejor el uso real de los jets privados. El jet del grupo Damm —controlado por la familia Carceller— realizó en mayo de 2024, en el plazo de solo una semana, un viaje desde España a Estados Unidos, regresó pasando por Niza, volvió a Madrid y voló inmediatamente a Londres donde se celebraba la final de la Champions League.

El mismo avión se usó para viajar en fechas navideñas desde Madrid a la isla de Barbados y volver al día siguiente a la capital española.

Uno de los dos aviones de Inditex, un GulfStream G650, dio una vuelta al mundo en apenas 12 días. Recorrió más de 47.000 km para ir a Singapur, volvió a España, cruzó el Atlántico hacia San Francisco y Los Ángeles y tres días después regresó a Galicia.

Pero estos vuelos de larga distancia son la excepción: la mayoría de los desplazamientos de jets privados analizados por este medio suelen ser para trayectos cortos en vuelos nacionales y dentro de Europa. 

Es el caso de Mercadona: en un solo mes de 2024, uno de los jets de la cadena de supermercados voló 51 veces. La mayoría, en trayectos dentro de la Península Ibérica. O la familia Lao: en otro mes de 2025, el jet propiedad de su holding, Nortia Capital Investment, realizó 47 vuelos y recorrió 33.000 kilómetros. Entre los destinos que visitó su Cessna Citation Latitude están los aeropuertos de Malta, Menorca, Ibiza, Barcelona, Madrid, Azores, Málaga o Cannes.

La opacidad de la actividad de los jets privados

En los últimos años, los propietarios han aumentado los esfuerzos para bloquear el seguimiento público de sus vuelos. En 2022, el informático Jack Sweeney saltó a los titulares cuando Elon Musk, CEO de Tesla y de X, le ofreció 5.000 dólares por borrar la cuenta que seguía en directo la ubicación de su avión privado. La cuenta, ahora suspendida, rastreaba también los aviones privados de Jay-Z o Taylor Swift.

Desde entonces, se ha multiplicado el uso de un programa federal en Estados Unidos llamado Limiting Aircraft Data Displayed (LADD) que permite solicitar a las principales plataformas que bloqueen la información que publican plataformas como FlightRadar24.

De hecho, el seguimiento de los aviones privados de Mercadona, Banco Santander, Inditex, grupo Damm, Telefónica o Prosegur “no está disponible para rastreo público a pedido del propietario/operador” en la plataforma FlightAware. A diferencia de estas plataformas comerciales, que suelen filtrar los datos de los aviones privados que piden privacidad, Airplanes.Live no filtra ni bloquea las señales de ninguno de estos aviones.

A la escasa transparencia sobre la actividad de los jets, se une la polémica sobre sus niveles de contaminación y el debate sobre la fiscalidad. Desde el sector defienden sus iniciativas para reducir el impacto ambiental, como el uso de un combustible que reduce los gases de efecto invernadero, el Sustainable Aviation Fuel (SAF), la compra de derechos de emisión y la compensación de esas emisiones. A la espera del desarrollo de tecnologías más limpias, desde Transport&Environment defienden que las empresas y los particulares “deberían reducir sustancialmente el uso de aviones privados”.

Aun así, el debate ha llegado también a la política española. En mayo de 2025, Sumar presentó una proposición no de ley para crear un impuesto que grave las emisiones de CO₂ generadas por el uso de “transportes de lujo”. Ese mismo año, Pedro Sánchez declaró en la COP que estaban “avanzando junto a otros países para gravar los vuelos de clase premium y jets privados (...) Es lo justo que, quien más tiene, más contamina, pague por tanto lo que le corresponde”.

El autoritarismo empieza a supurar en las sociedades democráticas cuando los ciudadanos perciben que el relato de convivencia y progreso no se compadece con su realidad vital, según la tesis que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha formulado ante la quincena de mandatarios internacionales que acudieron a Barcelona para participar en la IV Reunión en Defensa de la Democracia. “Si amplias capas de la población sienten que el sistema no responde, la democracia pierde legitimidad. Ahí crece el extremismo, que no abre la grieta, sino que ocupa el espacio”, ha advertido Sánchez.

Sentado ante la quincena de dirigentes internacionales que acudieron —entre ellos los de Brasil, México, Colombia y Sudáfrica—, Sánchez empezó su discurso evocando la imagen del vecino que ve un incidente en la calle y decide bajar a la calle a intervenir, en lugar de quedarse mirando por la ventana. “La preocupación hace observar, la responsabilidad hace actuar”, ha apuntado.

“La democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza”, ha indicado Sánchez, que ha advertido de que el gran riesgo de las sociedades modernas es que “la democracia se vacíe por dentro mientras se la ataca desde fuera”.

Para poner coto a la situación y responder al empuje de la internacional ultraderechista, los líderes reunidos quieren dar estabilidad al formato tras una reunión en la que se debatió en torno a tres ejes principales: el multilateralismo, la gobernanza digital y la lucha contra la desigualdad, elementos necesarios para resistir al arreón ultra. “La respuesta no puede ser meramente defensiva”, ha defendido Sánchez. “Tenemos que demostrar que se fortalece día a día”, ha insistido.

Multilateralismo frente a la ley de la selva

“Sabemos que el sistema multilateral necesita renovarse con urgencia y debemos hacerlo en profundidad. Solo podrá sobrevivir si se reforma para reflejar la realidad del mundo en el siglo XXI”, ha señalado Sánchez, que ha vuelto a insistir en su propuesta de que la próxima secretaria general de la ONU sea una mujer.

Otra de las ideas compartidas es acabar con la mentira descarnada en redes sociales, que España ya trata de regular con las últimas reformas legales en marcha. “No podemos aceptar que la desinformación condicione nuestras sociedades y la conversación pública en nuestros países. Ni que los algoritmos premien el odio, la polarización, la confrontación y mensajes violentos, o que el poder tecnológico quede fuera del control democrático”, ha señalado.

La grieta del extremismo

“Además de injusta, la desigualdad no es compatible con democracias sanas y fuertes. Si amplias capas de la población sienten que el sistema no responde, la democracia pierde legitimidad”, ha reflexionado el presidente. “Ahí crece el extremismo, que no abre la grieta, sino que ocupa el espacio. Nuestra agenda democrática es también por la justicia social, la cohesión, la igualdad de oportunidades, la paticipación de jóvenes, la igualdad de género y por sociedades más inclusivas”, ha dicho.

Sánchez elogió, en ese sentido, iniciativas como la del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que en la reunión del G20 en su país del año pasado planteó un Panel internacional sobre Desigualdad, así como el Observatorio Multilateral de Juventudes contra el Extremismo que salió de la segunda de las reuniones con el formato de la actual.

“Lo que nos une es más que un diagnóstico, es una visión. Nuestras democracias deben adaptarse y renovarse para responder a demandas de nuestro tiempo [...] Debemos hacer frente al miedo con mas democracia y a la desigualdad con más justicia”, terminó.

Los hogares más humildes de España mejoraron sus rentas con mucha más intensidad que los más pudientes entre 2021 y 2023, gracias al buen momento del mercado laboral y el crecimiento económico y a pesar de las tensiones inflacionarias por la salida de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. Un punto en el que coincidió con el desarrollo de políticas públicas como las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), el impulso del Ingreso Mínimo Vital o la revalorización de las pensiones con la inflación.

Los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF), correspondiente a 2024 y elaborada por el Banco de España, arrojan que los hogares situados en el 20% inferior de la distribución –es decir, el quinto de las familias con menores ingresos– vieron incrementada su renta mediana en un 14,6% (en torno a un 7% de crecimiento anual), un ritmo que duplica el experimentado por el conjunto de los hogares españoles (7,8%). Esto confirma que, a diferencia de periodos anteriores, fueron las clases más desfavorecidas las que se beneficiaron del ciclo económico.

Como muestra el gráfico anterior, la renta mediana –más representativa que la media, al situarse en el centro de la distribución y dividir en dos mitades los ingresos de los hogares– de las familias inmediatamente por encima, que se sitúan en el segundo quintil (entre los percentiles 20-40%) avanzó a un ritmo del 4,6% anual (un acumulado del 9,4%), la del tercer quintil sumó un 3,8% cada año (7,8% total) y la del cuarto, lo hizo en un 2,6% por ejercicio (5,2%). Solo en los hogares en la parte alta de la tabla este crecimiento fue más moderado. El 10% de mayores ingresos hasta vio cómo estos se redujeron levemente en el mismo periodo.

Más ricos por estar menos endeudados

Pero esta mejora de las rentas de los hogares más desfavorecidos choca cuando hablamos de riqueza, es decir, de los bienes y activos en posesión de las familias. Así, en términos de riqueza bruta (es decir, sin restar el valor de los endeudamientos), la mitad de los hogares, los que se encuentran en la parte baja de la distribución, vieron como esta cayó un 3% cada año. En términos de riqueza neta, una vez restadas las cuantías de las deudas, esta avanzó un 2,6%.

Es decir, la mejora no se explica por una mayor acumulación de bienes, sino porque o bien se han desendeudado, o se han endeudado menos. Y aquí el factor clave es el acceso a la vivienda. Porque su capacidad para comprar una casa, aunque sea a través de un crédito hipotecario, es menor.

En el Banco de España señalan que una parte tiene que ver con esa “restricción” en el acceso al crédito, pero lo vinculan con una “dinámica” en el mercado de la vivienda que tiende hacia el alquiler. “Cuando miramos a la estructura de la deuda, los hogares de menor riqueza tienen este menor componente de deuda asociada a lo inmobiliario”, detalló el director general de Economía de la entidad, David López Salido, durante un encuentro con medios de comunicación para presentar los resultados del informe. En el supervisor ven como un elemento “positivo” que hace menos vulnerables a las familias a la hora de incorporarse al mercado de la vivienda, al reducir la carga de deuda asociada.

Cada vez menos hogares propietarios

Esta menor propensión a la compra de vivienda –o la falta de acceso– ha provocado que la proporción de hogares que son propietarios de su vivienda principal haya caído al 70,6%, el mínimo desde la puesta en marcha de la estadística, a principios de los 2000. La caída, sostenida, se produce desde 2011, cuando alcanzó su máximo en torno al 80%, y ha caído casi 10 puntos porcentuales desde entonces.

Pero al mismo tiempo, y al calor del mercado inmobiliario, el valor de la vivienda ha recuperado peso dentro de los activos reales (inmobiliario, joyas, negocios…) con los que cuentan los hogares, hasta representar un 54,2% del total. Es el primer incremento de la serie histórica, ya que el peso de la vivienda dentro de la riqueza de los hogares ha caído desde 2002, cuando representaba en torno al 67%.

En términos de deuda, el porcentaje de hogares con algún tipo de endeudamiento sigue cayendo (54%) y el valor mediano del apalancamiento se situó en mínimos, 29.900 euros. Este menor endeudamiento se produce sobre todo en los hogares de menor renta. Las hipotecas representan en torno al 80% de la deuda total, un mínimo histórico, y la carga financiera asociada a estos créditos ya supone solo el 55% de los pagos de deuda a los que hacen frente los hogares.

Menos dinero en cuentas corrientas y más inversión

El valor de los activos financieros ha cobrado más peso, hasta un 23% sobre el total, y en el Banco de España detectan una mayor “sofisticación” de estos. Disminuyó hasta el 30,1% la proporción de hogares que contaban con su dinero en cuentas corrientas, más expuestas al mordisco de la inflación, y aumentó la proporción de las cuentas de ahorro o con un ligero interés hasta el 9,4%.

Destaca también la subida de los hogares con tenencia de valores de renta fija, algo consistente con el 'boom' en el interés por las Letras del Tesoro, en un momento en el que los depósitos de los bancos apenas retribuían las cuantías de los hogares.

En total, el valor de los activos financieros se disparó hasta los 17.600 millones de euros, el máximo de la serie histórica, gracias al crecimiento económico y la revalorización experimentada por las bolsas en este periodo.

Una reforma en profundidad del Impuesto de Patrimonio, equiparándolo con el tributo en vigor en Noruega o con un esquema como el planteado por el economista francés Thomas Piketty, dispararía su capacidad recaudatoria y permitiría financiar una prestación universal de crianza de más de 2.000 euros por menor.

Esa es una de las conclusiones de un artículo de los investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Olga Cantó y Francisco García-Rodríguez, publicado recientemente, en el que utilizan los datos de la Agencia Tributaria para realizar distintas simulaciones sobre la estructura del impuesto que no solo elevarían los ingresos del Estado, sino que permitirían una reducción notable de la desigualdad.

El impuesto de patrimonio español se creó en 1977 con carácter temporal, primero, pero se hizo permanente a partir de 1991. El Gobierno de Zapatero lo suprimió en 2008, pero lo reactivó en 2011, hasta ahora. La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto. En algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, se llegó a bonificar al 100%, anulándolo de facto.

Los autores toman como referencia la estructura del gravamen en 2022, antes de la creación del llamado Impuesto de Solidaridad para las grandes fortunas, que el Ejecutivo planteó para salvar las rebajas fiscales en Patrimonio de algunos gobiernos del PP, como los de Andalucía o Madrid. A partir de ahí, diseñan siete escenarios alternativos. Por un lado, la transformación del impuesto actual con un esquema similar al de los otros países del entorno que cuentan con un tributo similar: Noruega (a partir de 160.000 euros y un tipo fijo del 1%), Suiza (descentralizado por cantones) y Francia (solo al inmobiliario y a partir de 1,3 millones de euros).

Por otro, el artículo plantea tres alternativas sobre la estructura del impuesto de patrimonio actual. Una primera, rebajando el mínimo exento de 700.000 euros a 300.000 euros; otra, eliminando las deducciones y exenciones autonómicas; y una tercera que combina ambos aspectos.

Y el último escenario es la transformación del impuesto de patrimonio con la estructura planteada por Piketty, que grava la riqueza desde los 200.000 euros en una escala progresiva desde el 0,5% hasta el 2% para las cuantías superiores a los cinco millones de euros.

Todas ellas —hasta la francesa, que restringe el gravamen a la riqueza inmobiliaria— arrojan que el modelo español tiene muchísimo margen de mejora, tanto por la vía de la recaudación como de la reducción de la desigualdad. La simulación de 2022 arroja un tributo que solo alcanzó a 170.404 contribuyentes, con una recaudación total de 1.125 millones en aquel ejercicio. Pero, en los escenarios más redistributivos —el de la tasa Piketty o el noruego—, podría captar más 15.000 millones de euros de algo más de 11 millones de pagadores.

Una caída del 5% del Índice de Gini

“Es importante que se vea que los impuestos sobre el patrimonio sí pueden recaudar y pueden hacerlo tanto como para pagar una prestación de este tipo que se considera tan cara”, explica en conversación telefónica la catedrática Cantó, autora junto al doctorando García-Rodríguez de la investigación.

Porque si esa recaudación se emplease para la puesta en marcha de una prestación universal por crianza —parecida a la planteada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con la tasa Zucman a los más ricos— se podrían pagar hasta 2.000 euros por hijo, una transferencia que cimentaría un cambio mucho más profundo en los indicadores de desigualdad que el impuesto per se. Esos 2.000 euros por hijo recaudados con el modelo de Piketty o con el noruego recortarían el Índice de Gini —que mide la desigualdad a través de ingresos— en casi un 5%, una cifra que Cantó define como “casi heroica” dada la estabilidad de este indicador.

“Si recaudas el impuesto de patrimonio y analizas su impacto sobre la distribución de la riqueza, no cambia nada. Pero si utilizas esos 15.000 millones como política redistributiva, al igual que con cualquier otra recaudación del sistema impositivo, tiene unos efectos sobre la desigualdad muy grandes”, subraya la catedrática.

Los ministros de Sumar, y Bustinduy singularmente, llevan tiempo reclamando una ayuda por crianza de 200 euros al mes por hijo hasta los 18 años. De hecho, el titular de Derechos Sociales se reunió con el francés Gabriel Zucman, promotor de un tributo del 2% a las grandes fortunas que podría captar hasta 5.200 millones de euros en España, según los datos del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, impulsado por este economista.

Cantó subraya que la capacidad redistributiva del impuesto depende de su dimensión, es decir, de que llegue a un número suficiente de contribuyentes. En el caso del impuesto de patrimonio actual, su tamaño es muy limitado. Pero para mejorarlo no haría falta crearlo desde cero: con los dos ajustes que incorporan en su simulación (la rebaja del umbral de exención a 300.000 euros y la eliminación de las deducciones autonómicas) se dispararía su alcance. “Lo que no tiene sentido es el impuesto que tenemos a día de hoy, que no lo paga casi nadie, recaudamos poquísimo y las diferencias de riqueza están explotando”, insiste.

A las limitaciones adicionales, hay que sumarle que el pago de patrimonio está vinculado al IRPF, de tal manera que no superen conjuntamente el 60% de la base imponible de la renta del contribuyente. Esto se incorporó para evitar el carácter confiscatorio del gravamen, sobre todo para aquellas personas que declaran grandes patrimonios, pero pocos ingresos.

España es de los pocos países de la OCDE que mantiene un impuesto de patrimonio, un tributo que genera un gran debate ideológico y académico a partes iguales. Sus defensores lo justifican por la necesidad de gravar una riqueza cada vez mayor, con desigualdades más y más exacerbadas. La principal crítica de sus detractores es que conlleva una doble imposición (aseguran que las rentas ya están gravadas por el IRPF) y lo tachan de ineficiente y de un peligro para la atracción de inversiones. Es por ello que algunos expertos apuestan por sustituirlo por gravámenes a la transmisión de riqueza (como el impuesto de sucesiones y donaciones en nuestro país) o a los rendimientos inmobiliarios, como el francés. 

Pero el estudio demuestra el potencial de un gravamen casi residual en las economías desarrolladas. Según las previsiones de la Agencia Tributaria, esperan recaudar en la campaña de este año 2.473 millones de euros procedentes de casi 221.000 declaraciones. Muy lejos de los 15.000 millones a los que se podría aspirar.

El pasado 10 de marzo, a pesar de ser un día entre semana, no cabía un alma en el nuevo local de Espacio Bellas Vistas. Había más gente sentada en el suelo y de pie que repartida en las numerosas sillas que, ordenadas en un gran óvalo, rodeaban el espacio vecinal de la calle Adrián Pulido. La reunión se llamaba Tetuán ante la exclusión y se hablaba de desigualdad y apoyo mutuo, a ras de barrio. Convocaba Invisibles de Tetuán, que presentaba la quinta edición de su Radiografía social de Tetuán, y quienes hablaban eran, precisamente, protagonistas de la exclusión o actores del barrio involucrados con la lucha contra la desigualdad.

Jessica, de la Organización de Vivienda de Tetuán, explicó su caso personal, con tres desahucios a cuestas y muchas horas empleadas arrimando el hombro en la lucha contra los desahucios. Francisca, de la Despensa Solidaria de Chamberí –que hace años está radicada, en realidad, en Tetuán– compartió el modelo de grupo horizontal que mueve al colectivo, donde los propios beneficiarios de la despensa son quienes recogen los alimentos a la puerta de los supermercados. Ana, del Sindicato de Vivienda de Tetuán, ofreció una versión joven de la misma lucha contra los desahucios y Marta, representante del proyecto europeo JUST4CARE, introdujo los conceptos de pobreza y desigualdad climática.

El debate fue animado e intervinieron representantes de otros colectivos sociales en el turno de preguntas, bajo la atenta mirada de los alumnos de Integración Social del Instituto Príncipe Felipe del Barrio del Pilar, que también participaron del intercambio.

Invisibles de Tetuán, el colectivo anfitrión de la reunión, es un grupo de trabajo vecinal que nació en el contexto de las asambleas del 15M en Tetuán y viene trabajando sobre la desigualdad en el barrio desde diciembre de 2013. Su nacimiento hay que buscarlo justo después de que el Ayuntamiento de Madrid intentara precintar el local del Banco de Alimentos de la Asamblea Popular de Tetuán del 15M. Por entonces, la comida se guardaba en un espacio cedido por la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán en su antigua sede social, que estaba junto al Mercado de San Enrique. Haciendo gala de las habilidades ensayadas por los activistas en los grupos de vivienda –la asamblea había parado el primer desahucio de Madrid después del 15M– se improvisó un Stop Precinto.

Poco después se presentaba en sociedad Invisibles y lo hacía con una espectacular acción que pretendía hacer visible en el espacio público lo que la sociedad no quiere mirar. Las calles de Tetuán se llenaron de pósters en los que vecinos de carne y hueso, en situación de vulnerabilidad, miraban desde los muros al paseante. A las magníficas fotografías los acompañaban datos fríos y sangrantes sobre la situación social de los protagonistas. “Como yo, en Tetuán somos 8400 personas paradas, sin prestación ni renta básica”, por ejemplo.

Desde entonces, han seguido trabajando sobre la desigualdad bajo el mismo paradigma con el que nacieron: tratando como compañeros a las personas que se acercan a pedir ayuda. Desde un plano práctico, ayudando a la gente a lidiar con la burorepresión inherente a la Renta Mínima de Inserción o el Ingreso Mínimo Vital; o teórico, haciendo informes independientes, como sus radiografías de Tetuán, cuya quinta actualización se presentaba el otro día en Espacio Bellas Vistas.

La radiografía del distrito pone el foco en la desigualdad y el estado de los servicios sociales de Tetuán, desmenuzando con rigor científico cada uno de los apartados que aborda el documento: renta, pobreza, prestaciones públicas, desempleo, vivienda o salud, entre otros asuntos que describen bien la calidad de vida –o la falta de ella– del vecindario.

El documento pone asideros a la idea bien conocida de Tetuán como un distrito de distintos acentos y colores. Y de Tetuán como un espacio desigual socialmente en el que la crisis de la vivienda juega un papel importante a la hora de entender la expulsión de una parte del vecindario. “Una línea de continuidad es que hay una gran desigualdad social”, dijo en el encuentro Carlos Pereda, sociólogo de Invisibles de Tetuán.

El distrito ha crecido un 10% en las últimas dos décadas, a pesar de que haya habido momentos de bajón demográfico, como los que siguieron a la crisis de 2008. Es el sexto distrito de la ciudad con más personas nacidas fuera de España (58.936, 35,4%) y el único del norte con estas características. Las cifras son más altas en los cuatro barrios del lado oeste de Bravo Murillo y hay hasta ocho secciones censales en las que el 50% de los vecinos nacieron en el extranjero. Son muchos los vecinos migrantes que han obtenido la nacionalidad española, eso sí (un 38%), y las familias mixtas (en la que uno de sus miembros tiene nacionalidad extranjera) alcanzan a una cuarta parte de las unidades familiares de Tetuán.

La desigualdad se ceba con una parte de los vecinos nacidos en el extranjero y, así, las personas extranjeras con rentas muy bajas (menos de 5000 euros por persona) son notablemente más que las españolas. Si la renta se repartiera por igual entre las familias, éstas tendrían unos ingresos medios de 42.500 euros.

 “La renta de los hogares se distribuye en las 117 secciones electorales con gran desigualdad: mientras los dos barrios situados entre Bravo Murillo y la Castellana concentran el 100% de las secciones de renta alta y el 85% de renta media-alta, los cuatro situados a la izquierda (Almenara, Valdeacederas, Berruguete y Bellas Vistas) contienen el 100% de las secciones de renta baja”, explica el informe.

 Esto sucede en un contexto en el que vivir en Tetuán se está poniendo imposible. En los últimos tres años el alquiler ha subido un 40% y la compra un 36%. “Según el Catastro de 2024, Tetuán tenía 80.733 inmuebles de uso residencial, lo que podría ser suficiente para los 71.701 hogares contabilizados por el Padrón municipal en dicho año”, se explica en el documento. Pero no es así y el problema parece agravarse en los últimos tiempos con la proliferación de apartamentos turísticos en el distrito.

La desigualdad del distrito de Tetuán toma la forma un rompecabezas social lleno de recovecos que va más allá de la imagen de las famosas dos aceras. Una realidad compleja cuyas sombras, a veces, quedan ocultas por las medias aritméticas de unas estadísticas, deformadas por el perfil socioeconómico de los vecinos de la Castellana y la falta de foco en el territorio observado. Es aquí donde el trabajo laborioso, constante, de Invisibles de Tetuán se hace importante. Un quehacer diario en el que tratan con personas con cara, nombres y apellidos; en el que se dan de bruces con las instancias más refractarias de la administración y colaboran con los movimientos sociales de Tetuán. Una actividad que explica por qué varias decenas de personas de todas las generaciones posibles se reúnen a abordar el tema de la exclusión social.

CONSULTAR LA QUINTA EDICIÓN DE LA RADIOGRAFÍA SOCIAL DE TETUÁN:

¿Te has preguntado alguna vez si tu empresa te paga bien o poco? ¿Cuánta gente crees que cobra más que tú? ¿Tu sueldo está por encima de la media o por debajo? En la siguiente calculadora te mostramos tu posición entre todos los asalariados de España. Las cifras provienen de los datos la Encuesta de Estructura Salarial de 2023, que estima los sueldos anuales de los españoles a partir de una muestra de más de 250.000 trabajadores.

Todos los datos de esta calculadora proceden de los datos de la Encuesta anual de Estructura Salarial de 2023, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a elDiario.es, que estima los salarios brutos anuales (antes de impuestos) de los asalariados españoles a partir de una muestra de 28.000 empresas y 250.000 trabajadores.

Los datos incluyen a todos los trabajadores por cuenta ajena que están de alta en la Seguridad Social con contrato a jornada completa o parcial a excepción de los empleados del sector agrícola, los funcionarios que no están dados de alta en la Seguridad Social, el personal doméstico o cualquier retribución pagada en la economía informal.

23.349 euros brutos al año. Aproximadamente, unos 1.560 euros netos al mes. Este es el número que separa a los trabajadores españoles en dos mitades. El 50% de los asalariados tiene un sueldo por encima de esa cantidad y la otra mitad, por debajo.

En el siguiente gráfico puedes ver la distribución de salarios en España si dividimos a todos los trabajadores en 100 grupos iguales de 147.000 personas. Como ves, forman una curva ascendente que se hace más pronunciada hasta alcanzar el percentil 99, que dibuja el límite para estar en el 1% que más cobra.

¿Quieres sorprenderte con un dato? Si tu salario está por encima de 39.000 euros brutos (unos 2.400 euros netos mensuales), ya estás en el 20% que más cobra de España.

Además, la misma cifra te puede colocar en grupos distintos en función de muchos factores como la geografía, la edad, tu sexo o sector en que trabajas. No es lo mismo tener un sueldo de 30.000 euros siendo hombre que mujer. Ni tampoco viviendo en Canarias que en Madrid. Tampoco es lo mismo tener esa remuneración trabajando en el sector público, en una gran compañía en el sector privado o trabajando en una pequeña empresa.

Un mismo sueldo te puede colocar en el 25% que menos cobra o en el 25% con mayores salarios si hacemos la comparación con distintos grupos. En el siguiente gráfico puedes ver esa distribución: marcamos cuales son los límites que marcan estar entre el 10% que más cobra (P10), 25% que menos cobra (P25), en la mediana (P50), 25% que más cobra (P75) y 10% que más cobra (P90) en cada grupo. ¿Cuáles tienen salarios más altos y más bajos?

¿Dónde se dan las mayores brechas salariales? Por ejemplo, entre los trabajadores españoles frente a los extranjeros (el salario medio de los nativos es un 50% mayor al de un trabajador latinoamericano, por ejemplo). También existe una brecha entre los hombres y las mujeres (+18% a favor de los primeros), que se explica principalmente por la parcialidad. Las mujeres son mayoría entre los trabajadores que tienen jornadas reducidas, muchas de ellas por dedicarse a los cuidados no remunerados, y es en estos empleos donde se concentran los salarios anuales más bajos.

También existen otras brechas. Por ejemplo, entre los trabajadores del sector público y el privado o por edad. El salario mediano de los jóvenes está alrededor de los 17.500€ mientras que a partir de los 50 años sube hasta los 25.000€ anuales.

Una brecha que aumenta por el nivel de estudios. A más formación, más ascendente es la escalera de sueldos de la carrera profesional, un dato que en la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES) no se registra.

También el lugar donde vives es clave: no es lo mismo un sueldo de 30.000 euros pero viviendo en una comunidad de renta alta como Euskadi que residiendo en Extremadura. Mientras que con ese sueldo estarías por debajo de la mediana en la comunidad vasca, en la comunidad extremeña estarías ubicado entre el 25% mejor pagado.

Siete comunidades están por encima del salario mediano nacional. El más alto de España lo encontramos en Euskadi, seguido de Navarra y Madrid. Las cifras, precisamente, van muy ligados a la riqueza de las autonomías y dibujan una brecha entre norte y sur. Andalucía, Extremadura y Canarias concentran los salarios más bajos del territorio.

Aunque los datos anuales de la Encuesta de Estructura Salarial no detallan lo datos por nivel de estudios o profesión, los datos de las estadísticas más detalladas señalan el mismo fenómeno: las ocupaciones mejor pagadas son habitualmente las que necesitan mayor cualificación (estudios universitarios) y cuyos puestos de trabajo se concentran en las comunidades más ricas. Además, cuanta más larga sea la carrera profesional del trabajador, más probabilidad de tener un mayor salario.

También podría haberse titulado esta columna algo así como “el TJUE admite que los Estados miembros de la UE no traten de la misma manera a las personas indigentes nacionales de terceros países que a las nacionales propias y exija a las primeras disponer de un derecho de residencia permanente en su territorio adquirido tras un período ininterrumpido de cinco años”.

Claro que era un título demasiado largo y, además, comenzaba por el final. El final de una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea – TJUE – que interpreta el Derecho comunitario al resolver una cuestión prejudicial elevada desde un Tribunal italiano. Ahora lo explico.

El pasado 5 de marzo el TJUE dictó una Sentencia (asunto C-151/24) en la que concluyó como ya he avanzado, esto es, que cabe excluir del derecho a obtener un subsidio social para personas de edad avanzada en situación de indigencia a los nacionales de terceros países que no sean titulares de un permiso de residencia de la Unión para residentes de larga duración. 

En primer lugar, conviene aclarar que, aunque sigue siendo objeto de atención por el resultado de la Sentencia, ésta no es del todo novedosa, pues ya había otras dos Sentencias del TJUE en un sentido parecido, aunque no igual, dictadas el 11 de noviembre de 2014 (asunto C-333/13) y de 15 de septiembre de 2015 (asunto C-67/14). 

Ahora lo subrayable es que se trata de un “subsidio” para “personas de edad avanzada en situación de indigencia”. Anoten estos datos.

En el caso que ahora comento, el TJUE fue interpelado por nada menos que la Corte Constitucional italiana – su Tribunal Constitucional - al objeto de interpretar un precepto de la Directiva 2011/98/UE, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro. La Corte Constitucional elevó esta cuestión al TJUE en el marco de un litigio entre una ciudadana nacional albanesa residente en Italia, y el Instituto Nacional de Previsión Social de Italia, en relación con la negativa de este último a concederle una prestación en metálico reservada a personas mayores de sesenta y cinco años – edad elevada a sesenta y siete años en 2019 - que se encuentran en una situación económica precaria.

La denegación de ese subsidio se basaba en la legislación italiana, según la cual, para que un nacional de tercer país pueda disfrutar de ese derecho ha de ser titular de un permiso de residencia de larga duración y haber residido legal e ininterrumpidamente durante al menos diez años en el territorio nacional.

La ciudadana albanesa litigó con insistencia frente a aquella denegación y llegó, en Italia, hasta su Tribunal Supremo, Tribunal que se planteó dudas de adecuación de esa normativa con su Constitución, por lo que remitió el tema a la Corte Constitucional. Es de pensar que a la Corte Constitucional le entraron serias dudas y seguramente algún temblor de piernas a la hora de decidir, habida cuenta de la vigencia del principio de igualdad de trato, tanto en la Constitución italiana como en la UE – con los matices que ahora se verán -. Y así fue como se elevó al TJUE la cuestión prejudicial antedicha.

En esta Sentencia el TJUE analiza el ámbito material del Reglamento 883/2004 y de un precepto de la Directiva 2011/98. Dicho precepto de esta Directiva se refiere al principio de igualdad de trato. Les ahorro los como siempre largos razonamientos del TJUE, que argumenta, en esencia, con base en la normativa comunitaria citada, que el subsidio social objeto del litigio es “una prestación especial en metálico no contributiva” que se financia mediante impuestos no mediante cotizaciones sociales y cuyo objeto es garantizar medios para subsistir a personas que no pueden asegurar su propia subsistencia, entrando dentro del concepto de “asistencia social”.

Hasta aquí nada que llame la atención, pues es una mera descripción de la situación y de la esencia del subsidio en cuestión.

El núcleo de la decisión del TJUE descansa en recordar que el Derecho de la UE optó expresamente por no extender ese derecho a la igualdad de trato a las prestaciones que no pueden calificarse de prestaciones de «seguridad social», esto es, a las prestaciones especiales en metálico no contributivas. Y sigue argumentando que, en consecuencia, los Estados miembros no están obligados, por lo que respecta a estas prestaciones especiales, a respetar la regla de igualdad de trato y pueden, por consiguiente, decidir supeditar la concesión de tales prestaciones a los nacionales de terceros países al cumplimiento de un requisito diferente del aplicable a sus nacionales, como el criterio de integración, cuyo cumplimiento se acredita mediante la posesión de un permiso de residencia de la Unión para residentes de larga duración. 

Y así, concluye como ya he dicho más arriba, esto es, que el Derecho de la UE no se opone a la normativa italiana que denegó el subsidio de subsistencia a la ciudadana albanesa que no tenía un permiso de residencia de larga duración.

En nuestro caso, el TJUE diría lo mismo, claro está, si llegara la ocasión. Recordemos que nuestra prestación principal para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de quienes carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas es el Ingreso Mínimo Vital, creado y regulado por la Ley 19/2021. Una prestación no contributiva, desde luego, para la que, en relación con el tema ahora tratado, se requiere “tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud”, requisito de plazo no exigible en determinados supuestos - menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, reagrupación familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente; personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual y mujeres víctimas de violencia de género -.

Y ¿ por qué y para qué les he contado todo esto? Pues, principalmente, para que seamos conscientes de que determinados derechos no están asegurados de manera definitiva ni por nuestra normativa ni por la de la UE y de que, ni siquiera ante las situaciones de necesidad más extremas, todas las personas somos iguales. Bueno, en realidad, podríamos ser iguales: todo depende de lo que el Estado y la UE y otros entes – o sea, en definitiva, la ciudadanía, si somos lo suficientemente exigentes - decidan. 

Nota: si cito los datos de las Sentencias es, como ya he dicho en alguna ocasión anterior, para que cualquiera de ustedes pueda, si así lo considera, buscarlas y acceder a su contenido para tener mejor conocimiento de causa.

Se definen como “la puerta de entrada” al sistema de servicios sociales y del bienestar, pero denuncian que la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha les deja en situación de “exclusión laboral y salarial” de forma “clara”. Una situación que afecta a más de 800 trabajadores de los servicios sociales contratados en ayuntamientos castellanomanchegos con menos de 20.000 habitantes a través de un convenio de colaboración con la Junta de Comunidades.

Son los profesionales de Psicología, Educación Social, Trabajo Social y Administración que se encuentran los usuarios y usuarias cuando van a pedir cualquier tipo de acompañamiento social en los ayuntamientos. Intervienen en situaciones de protección de menores, violencia de género, situaciones de exclusión con salud mental, drogodependencias, atención a personas dependientes o de ayuda a domicilio. Es el equivalente al médico de Atención Primaria para los servicios sociales.

Estos profesionales constituyeron en 2023 la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) de Castilla-La Mancha, desde la cual denuncian que perciben un salario hasta un 40% menor que sus compañeros funcionarios de la Junta de Comunidades.

Una situación que se da, lamentan, a pesar de realizar las mismas funciones y que las tablas salariales las marca el Gobierno regional, según explica Lina Ramírez, portavoz de la plataforma.

Misma categoría y funciones, diferente salario

El Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha se presta a través de la administración autonómica y las corporaciones locales. No obstante, en los ayuntamientos de municipios de hasta 20.000 habitantes, la responsabilidad es autonómica y se ejerce con la labor de funcionarios de la Junta de Comunidades o con trabajadores y trabajadoras contratadas por los ayuntamientos mediante un concierto con la Administración regional, que es la que fija las tablas salariales -y las financia en gran medida- mediante un convenio de colaboración.

Y es aquí donde, según denuncia Ramírez, se genera la desigualdad. La reclamación pasa por que el citado convenio de colaboración establece un salario un 40% menos respecto a los compañeros funcionarios de la Administración autonómica que trabajan en el mismo servicio, con la misma categoría profesional y ejecutando las mismas funciones y responsabilidades.

“Nosotros cohabitamos dentro de los municipios con compañeros que son funcionarios de la Junta de Comunidades y con los que hay una diferencia salarial entre un 38% y un 40% en el salario, realizando las mismas funciones. Estamos hablando de una diferencia salarial entre setecientos y mil euros mensuales”, explica la portavoz. “Tenemos casos de compañeras que llevan trabajando 30 años y están ganando 1.400 euros en doce pagas siendo una categoría profesional A2. Y muchos salarios son el salario mínimo interprofesional”.

Además, señalan que los convenios que la Junta impone a ayuntamientos y mancomunidades no se han actualizado desde 2010, lo cual genera que la financiación para los ayuntamientos de los Servicios Sociales sea cada vez “más insuficiente” para asumir los costes laborales de las y los profesionales.

Lina Ramírez señala que la única subida salarial reciente que han tenido se produjo en el 2024, algo que vinculan al nacimiento de su movimiento el año anterior.

“Cuando la plataforma comienza esta acción y tiene reuniones con la Consejería de Bienestar Social y conseguimos que nos suban en el 2024 un 3% y en el 2025 un 3,5%. Ahora mismo la consejería impone un acuerdo, que no es bilateral, es una imposición suya, en la que dice que lo que puede marcar para la legislatura es subirnos el IPC, al igual que la subida de los funcionarios anual”.

Esta solución no satisface a los trabajadores concertados, ya que al darse una subida porcentual igual que la que perciben los empleados de la Junta, consideran que se sigue agravando esa brecha salarial. “No es lo mismo subir un 3% de 1.000 euros que un 3% de 2.000”, defienden.

Una desigualdad que causa “desmotivación”

Esta situación, aseguran, afecta tanto a los trabajadores como a las personas que acuden a servicios sociales. “Hay desmotivación, lo que genera continuas salidas y entradas porque la gente busca otros trabajos en los que pueda ganar más dinero. Y esto que afecta a los usuarios, que son muy vulnerables y necesitan una relación estable con la persona que les atiende”.

“La Consejería de Bienestar Social, que debería buscar dignificar a las personas y trabajar contra la exclusión social, está situando a los profesionales en una clara situación de exclusión laboral y salarial”, añade Lina Ramírez, portavoz de la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha.

“Sabemos que la equiparación salarial no se puede hacer de un día para otro, pero sí de una forma progresiva. La Consejería se ha cerrado en banda. Hemos enviado correos para retomar las negociaciones y no nos han contestado”, señala Ramírez. Por eso, desde la plataforma avisan que, en caso de no llegar a un “acuerdo real” de equiparación salarial, tienen planteado realizar movilizaciones “constantes”.

La Consejería asegura que ha “comprometido mejoras”

Sobre esta situación, fuentes de la Consejería de Bienestar Social no han querido responder a las preguntas de elDiario.es Castilla-La Mancha, pero se han referido a la problemática señalando que han mantenido reuniones periódicas con esta plataforma y otras entidades a lo largo de la legislatura, “comprometiendo mejoras y consolidando avances” para con los Ayuntamientos, tanto de personal como de financiación.

Las mismas fuentes argumentan que el Gobierno de Castilla-La Mancha “invierte un 5,3% más en los Servicios Sociales de Atención Primaria que el resto de la media de nacional”, y confirman que han recibido una solicitud de reunión por parte de la plataforma que ha sido trasladada a la Dirección General de Acción Social, sin fecha para el encuentro.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado la intención del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz de legislar para aumentar la democracia interna de las empresas, con más participación de los trabajadores en su gobernanza, un proyecto apoyado por un informe encargado a un grupo de expertos y expertas internacional sobre la materia. “La empresa es democrática, cuidao, con sus accionistas, que son los que se juegan el dinero”, ha sostenido el empresario vasco.

“Si estáis tranquilos, nos viene la ley del intervencionismo en estado mágico y máximo, que le llaman la ley de la democracia en la empresa”, ha ironizado Garamendi durante un encuentro empresarial organizado en el Hotel Palace de Madrid, por la Fundación Conexus Madrid-Comunidad Valencia.

“Id preparando, tranquilos, el 10% vais a repartirlo, los sindicatos que nos van a dirigir la empresa, van a tener el 50% del Consejo (de Administración) y otras tantas cosas que parece que se plantean”, ha ironizado Garamendi, entre risas del público. El líder empresarial se ha referido a varias medidas del comité de expertos, como facilitar que los trabajadores accedan a la propiedad de las empresas y participen con un peso relevante en las decisiones de su gobernanza, con asientos en los consejos de administración.

El presidente de CEOE ha indicado que, aunque todo apunta a la dificultad de esta ley para salir adelante, “solo el anuncio provoca ya la desconfianza”.

Aunque esta mayor participación de los trabajadores en las empresas existe en la mayoría de países de la UE, como señalaba en esta entrevista la profesora Isabelle Ferreras, presidenta de la comisión de expertos, Antonio Garamendi ha afirmado espera que España no sea “el país del experimento” para estas medidas.

La vicepresidenta Yolanda Díaz anunció que iba a convocar la mesa de diálogo social para negociar esta regulación, pero Garamendi ha deslizado la posibilidad de no sentarse siquiera a hablar con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. “Cuando nos convoquen a esta otra mesa no sé lo que haremos, pero lo que no vamos a aceptar es una premisa que es falta”, ha sostenido. Este mismo argumentó justificó la patronal para no sentarse a negociar una modificación legal del despido improcedente.

Denuncia ahora el “ausentismo”: “Es un dumping a los compañeros”

El líder de los empresarios españoles ha criticado este jueves el aumento de las bajas médicas, ahora no con la palabra “absentismo”, sino con una nueva: “El ausentismo”. Con este término, Garamendi parecía señalar los comportamientos abusivos con las bajas, que no ha cifrado, pero que ha señalado “que existe”.

“Es un dumping, es un daño horrible que le hace una persona a su compañero, porque le está chuleando en algún caso”, ha afirmado el empresario vasco. A renglón seguido ha precisado que las patronales quieren “que la gente sane” y que no dicen que todos los trabajadores sean “ausentistas”.

“Va a ser que la desigualdad es culpa nuestra”

El líder de la CEOE ha mostrado también enfado y perplejidad por el debate sobre la desigualdad, que señala a algunas empresas y empresarios por no repartir la riqueza generada con sus trabajadores, pieza clave en la producción de estas ganancias, y con el conjunto de la sociedad, vía impositiva. También por su reticencia a alcanzar un acuerdo para subir salarios, cuando los márgenes empresariales están en máximos.

“Se habla de desigualdad y, curiosamente, va a ser que la desigualdad es cosa nuestra. Tiene su gracia. Porque se está planteando todo lo público que no se gestiona bien.... Pues al final, la culpa es nuestra. Más fácil, es más sencillo”, ha lamentado.

Garamendi ha denunciado “el mundo en estos momentos, que es terriblemente injusto para quienes creamos progreso, riqueza, que son las empresas”. El dirigente patronal ha señalado que los empresarios son verdaderamente “los progresistas” porque generan “progreso”.

Cuando la economía familiar aprieta, a la vuelta de la esquina hay trabajo en el campo, en el almacén o en la hostelería —donde ya están los amigos, los primos, o los hermanos mayores— y, además, el aula no siempre motiva, la escuela deja de ser promesa de un futuro mejor para convertirse en un lastre.

En la Región de Murcia esa escena tiene rostro de clase trabajadora y, con demasiada frecuencia, de hijo o hija de la migración. En 2025, esta comunidad autónoma volvió a ostentar uno de los peores datos del país en abandono escolar temprano: un 20,6% frente al 12,6% de la media nacional, según datos del Ministerio de Educación.

Aquí, uno de cada cinco jóvenes de entre 18 y 24 años no ha completado el Bachillerato o la FP de Grado Medio y no sigue ningún tipo de formación. La brecha no es nueva, pero sí persistente. Y, como viene denunciando el sindicato CCOO en su informe Segregación escolar, un problema de justicia social sin resolver: análisis y propuestas (2024), el fenómeno no puede analizarse al margen de la desigualdad social estructural y de la creciente segregación del sistema educativo.

Una desigualdad que empieza antes del aula

El informe de CCOO recuerda que España es uno de los países europeos con mayores niveles de desigualdad y que la escuela, lejos de corregirla, tiende a reproducirla cuando se organiza de forma segregada.

Según datos de 2025 de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Murcia, esta Comunidad autónoma lidera el ranking nacional de la pobreza infantil con una tasa del 40,7%, lo que afecta a unos 122.000 menores. Un dato que supera en más de once puntos la media nacional (29,2%) y sitúa a la Región en niveles críticos de pobreza severa infantil (20,8%), en un contexto que impacta directamente en las trayectorias escolares.

Los datos de PISA 2022 son elocuentes en ese sentido: un estudiante del cuartil más bajo de renta tiene hasta 5,5 veces más probabilidades de repetir curso que uno del cuartil alto. Y la repetición, como advierte desde FUNCAS —un prestigioso centro de análisis dedicado a la investigación económica y social— el experto en políticas y reformas educativas Lucas Gortázar, “reduce notablemente las expectativas de titular en estudios medios”.

Pero en el abandono escolar aún hay brechas más profundas. Y es que cuando, además, se introduce la variable de origen, la desigualdad se agrava. Así, en la Región de Murcia, el alumnado de origen extranjero presenta tasas de desenganche escolar más altas que el autóctono, como apuntan los trabajos de los investigadores y doctores en Pedagogía Juan Navarro, Andrés Escarbajal y Pilar Arnaiz. Los datos son demoledores: tras agotar los tres años posibles en 4º de la ESO, solo un 28% del alumnado de origen migrante —y humilde— logra titular, frente al 63% del alumnado nativo. La brecha es brutal.

Y, sin embargo, el debate público se desliza con facilidad hacia explicaciones culturalistas. Hace apenas unas semanas, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño Soto (PP), apuntó a la “población joven extranjera” —“factores externos”, lo llamó— como una de las causas de los malos datos de abandono escolar. Como si el problema fuera demográfico y no estructural.

La tesis incómoda: clase y estigma

Frente a esa lectura, la socióloga Isabel María Cutillas Fernández, doctora por la Universidad de Murcia, ha dedicado años a desmontar prejuicios. En su tesis Hijos e hijas de la migración: trayectorias escolares, expectativas y condicionamientos (2021), Cutillas insiste en que no se puede analizar el desempeño educativo del alumnado de origen migrante sin atender a la clase social, al proyecto migratorio familiar y a los procesos de estigmatización que atraviesan sus vidas.

Uno de los hallazgos más reveladores de la experta, que actualmente trabaja junto a otros investigadores en el proyecto ATEF (Abandono Temprano de la Educación y la Formación), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, es la sobrerrepresentación del alumnado extranjero en itinerarios de diversificación curricular en Secundaria. Es decir, programas pensados para estudiantes con desfase curricular acaban convirtiéndose, en la práctica, en espacios donde “origen migrante” y “baja capacidad” se confunden. Una profesora entrevistada por Cutillas en su investigación relata cómo, en ocasiones, los alumnos llegan con un dictamen de necesidades educativas que probablemente responden más al desconocimiento del castellano que a verdaderas limitaciones cognitivas. Un etiquetado precoz que acaba condicionando fuertemente decisiones que limitan expectativas.

Cutillas advierte también del riesgo de centrar el foco exclusivamente en el fracaso y apuesta por analizar las trayectorias de éxito, lo que permite comprender qué factores —familiares, escolares, comunitarios— favorecen la continuidad formativa. Pero para ello hay que abandonar el estereotipo y reconocer que el origen no es destino: sí lo es, en gran medida, la posición social.

Universidad: la puerta casi cerrada

La desigualdad acumulada se hace especialmente visible en la educación superior. Apenas un 3,3% del alumnado de Grado en las universidades públicas murcianas pertenece a nacionalidades extracomunitarias. Sin embargo, el 16% de la población joven de entre 20 y 24 años en la Región proviene de terceros países, lo que da muestra de su infrarrepresentación en la educación superior.

En este punto, la conclusión de Cutillas es contundente: la juventud de origen extranjero está mayoritariamente expulsada de los espacios universitarios, de manera que ya no se trata únicamente de abandonar antes, sino de no llegar nunca. Y en ese trayecto pesan las expectativas familiares, la necesidad de contribuir a la economía doméstica y la percepción de que el ascensor social está averiado.

La red pública y la concertada: dos realidades

El debate sobre abandono escolar en Murcia no puede desligarse de la estructura del sistema. Según datos de escolarización, alrededor del 30% del alumnado de Primaria estudia en la red concertada o privada. Sin embargo, el porcentaje de estudiantes extranjeros en estos centros ronda el 12%. La sobre-concentración de alumnado vulnerable en la red pública alimenta dinámicas de guetización que el propio informe de CCOO describe como uno de los grandes problemas del sistema.

Porque cuando las clases medias abandonan determinados centros por la llegada de población inmigrante, se generan escuelas de “alta complejidad” donde la acumulación de desventajas dificulta cualquier proyecto pedagógico.

La OCDE ha advertido que agrupar al alumnado de bajo rendimiento en las mismas escuelas conduce a peores resultados globales. Y, sin embargo, la tendencia es hacia un sistema cada vez más segregado. Hay municipios, como Lorca, con colegios públicos —San Cristóbal, Nuestra Señora del Rosario, en la pedanía de Ramonete, y San Juan, en la de Morata— en los que cerca del 90% del alumnado son hijos e hijas de inmigrantes, fundamentalmente marroquíes, que no hablan español.

Para Nacho Tornel, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia, la segregación escolar es “un problema de justicia social” que exige medidas estructurales. La receta: planificación equilibrada de la oferta, limitación de la libre elección cuando genera concentración de desventajas, refuerzo de recursos en centros complejos y compromiso activo de la red concertada en la escolarización equilibrada.

Distrito Único: el origen de la guetificación

En Lorca y otros municipios murcianos, la guetificación —el proceso social y urbano de segregación que aísla a grupos minoritarios o vulnerables por razones étnicas, religiosas o socioeconómicas— surge con la implantación del denominado Distrito Único. Un sistema de escolarización en el que no se delimitan zonas escolares estrictas: es decir, todo el municipio se considera un único territorio para la admisión de alumnos. Esto significa que, en teoría, cualquier familia puede solicitar plaza en cualquier centro dentro de ese municipio sin que la cercanía geográfica al domicilio sea un criterio vinculante.

El argumento oficial del Gobierno regional para mantener este modelo es que favorece la “libre elección de centro” y que, según las autoridades autonómicas, ofrece mayores oportunidades para las familias. Sin embargo, esta interpretación ha sido criticada por sindicatos, asociaciones de madres y padres, así como organismos académicos, por vulnerar el espíritu de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que prioriza la proximidad como criterio para evitar la segregación.

En la práctica, lo que ha favorecido es la concentración del alumnado en riesgo de exclusión, mientras que los centros “más deseados” por razones de “reputación” —lo que generalmente significa menor presencia de alumnado de origen extranjero— terminan atrayendo al de clases medias y altas, cuyos progenitores, muchas veces, prefieren desplazarse kilómetros en coche cada día en vez de optar por el colegio más cercano a su vivienda.

Más allá del “culpar al extranjero”

En los últimos años, en la Región de Murcia se han implementado programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y reducción del abandono escolar, como el PRAE o el PEMAR. Pero como señala la tesis de Cutillas, no existe un plan específico integral dirigido al alumnado de origen extranjero más allá de las Aulas de Acogida Lingüística. Es decir, la intervención se limita al idioma cuando el problema es socioeconómico y estructural.

La investigadora insiste en que la categoría “hijos e hijas de migrantes” debe analizarse huyendo de lo periférico —el color de piel, el acento— y atendiendo a lo central: las relaciones de poder, la exclusión y la desigual distribución de capitales. Lo contrario, es decir, convertir el abandono de la educación en un problema meramente “cultural”, es una forma de “escapismo ideológico” y una excusa de los poderes públicos para no responsabilizarse de la situación.

Humanizar la estadística

Detrás de ese 20,6% de jóvenes que no siguen estudiando más allá de la ESO, hay historias concretas. Algunos repiten curso, ven cómo sus amigos avanzan y entonces abandonan. Hay familias que priorizan el salario inmediato sobre una promesa formativa incierta… Pero también hay centros que hacen lo imposible con ratios y recursos insuficientes y docentes comprometidos que luchan contra inercias estructurales.

No se trata de negar que haya jóvenes recién llegados que se incorporan tarde al sistema y encuentran más dificultades. Se trata de reconocer que la persistencia de una de las tasas de abandono más altas del país no puede explicarse por la “extranjería” sino por una estructura económica precarizada, una distribución desigual del alumnado y una inversión insuficiente en equidad.

Frente a ello, hay expertos que apuntan soluciones. El informe de CCOO plantea ejes claros: reducir la segregación, reforzar la escuela pública, limitar prácticas selectivas, dotar de más recursos a los centros con mayor complejidad y apostar por políticas de compensación educativa. Cutillas, por su parte, subraya la necesidad de trabajar con las familias, elevar expectativas y desmontar prejuicios en el propio sistema escolar.

Y todos coinciden: si el objetivo es que la Región de Murcia deje de liderar las tasas de abandono escolar, habrá que mirar menos al origen y más a la clase; menos al supuesto déficit cultural y más a la desigualdad material; menos a la estadística deshumanizada y más a las trayectorias vitales. Entender que, como defiende Arnaiz, “cuando el alumno abandona no fracasa él, fracasa el sistema”.