No habrá nadie sentado en la silla de la consulta de Nefrología del Hospital de Hellín el lunes que viene. Su titular actual, la doctora Sara Piqueras, verá a sus pacientes por última vez este viernes, ya que la gerencia del Hospital le ha comunicado que su contrato no será renovado. De esta manera, este servicio de Nefrología se quedará sin la única médica especialista que trabajaba en él.

Con ello, quedan en el limbo los pacientes que atiende este servicio —577 en 2024—, que en principio pasarán a lista de espera, pues no hay citas agendadas a partir de la semana que viene y ni el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ni la gerencia del Hospital de Hellín han ofrecido explicación alguna sobre qué sucederá con el servicio.

Esta situación “preocupa” al Colegio de Médicos de Albacete. Su presidente, Blas González Montero, habla abiertamente de la “desaparición” de la Unidad de Nefrología del Hospital de Hellín y asegura que esto supondrá una “disminución de la calidad asistencial” para los pacientes que eran atendidos en ella.

“Tendremos peor control de los enfermos de riñón: los atenderemos peor y los atenderemos menos veces. Eso repercutirá también en la sobrecarga del servicio de medicina interna de Hellín, que ya tienen bastante. Y, además, esos enfermos que no se vean en Hellín se tienen que valorar en el servicio de nefrología del Hospital General de Albacete”, añade González Montero.

Para protestar contra este cierre, se ha convocado para este jueves una concentración ciudadana en los alrededores del Hospital de Hellín bajo el lema “Por una Sanidad 100% pública”.

34.000 kilómetros de desplazamientos ahorrados

El servicio de Nefrología del Hospital de Hellín comenzó su andadura en enero de 2024. Como única especialista fue designada la doctora Sara Piqueras, quien meses antes había presentado un proyecto para abrir dicha unidad en la localidad albaceteña y así evitar que los pacientes tuvieran que recorrer el trayecto de 50 minutos y 65 kilómetros que los separa de la capital de la provincia, a cuyo hospital tenían que acudir hasta entonces cada vez que tocaba pasar consulta.

Piqueras califica su trabajo como “proyecto asistencial de alto valor”, ya que su puesto permitía “cambiar las cosas” de la enfermedad renal. “Es una enfermedad muy silenciosa y muchas veces no se detecta hasta fases muy avanzadas. El tener esta especialidad cerca podía facilitar que los pacientes llegasen antes a ese diagnóstico a una valoración más integral”.

La doctora proporciona un dato: entre los pacientes que llegan a iniciar diálisis, aquellos que no habían sido valorados por Nefrología durante los 24 meses previos presentan una mortalidad del 51%, frente al 36% de quienes sí habían tenido seguimiento nefrológico.

Aquellos que no habían sido valorados por Nefrología durante los 24 meses previos presentan una mortalidad del 51%, frente al 36% de quienes sí habían tenido seguimiento nefrológico

Por encima de todas las ventajas de tener esta unidad en funcionamiento en Hellín, Piqueras destaca una: no tener que ir hasta Albacete para una consulta de Nefrología. “Es un desplazamiento que supone bastante para la gente de la zona porque la media edad de los pacientes que yo atiendo es de 65 años. Es una población mayor que es independiente y viven solos, pero que ya no conducen. Ir hasta Albacete, que tampoco se puede hacer en tren, es difícil para ellos”, añade la médica.

Esos desplazamientos a la capital de la provincia los conoce muy bien Soledad. A sus 52 años, lleva casi 30 siendo paciente de Nefrología. Antes del año 2024, cuando se abre la Unidad en el Hospital de Hellín, tenía que acudir hasta Albacete para ser atendida.

“Me acuerdo que, al principio, cuando detectaron que mi riñón era más pequeño de lo normal, tenía que ir a Albacete cada tres meses para tenerlo controlado”. Posteriormente, según la situación se estabilizaba, las revisiones se espaciaron a una cada seis meses y, más tarde, a una vez al año.

“A los viajes a Albacete, como yo no tengo coche, tenían que llevarme mi padre o a algún hermano que perdiera ese día de trabajar. No podemos depender de la familia de que estén perdiendo trabajo para poder subir”, añade la afectada.

Para Soledad y su familia, la creación de la Unidad de Nefrología en Hellín supuso un gran cambio, ya que también su tío y su padre son pacientes renales. “Mi padre está ahí con un hilo para la hemodiálisis y ella lo ha controlado muy bien”, asegura la paciente.

Según cálculos de la propia Piqueras, la aparición de este servicio en Hellín ha ahorrado a los pacientes más de 34.000 kilómetros en desplazamientos hasta Albacete, solo teniendo en cuenta la primera visita.

A la desaparición de la consulta se suma una reivindicación más antigua de los pacientes renales de la comarca: Hellín tampoco dispone de una unidad de hemodiálisis propia. Quienes necesitan este tratamiento —que obliga a acudir a una sesión dos o tres veces por semana— siguen teniendo que ir hasta Albacete, una demanda histórica de la Asociación de Enfermos Renales del área de Hellín (ADERHE). De hecho, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad en noviembre de 2024 estudiar la creación de un centro de diálisis en la comarca, un compromiso que a día de hoy sigue sin concretarse.

“Nefrología en Hellín era yo”

Sara Piqueras recibió la semana pasada la confirmación de que su contrato no sería renovado. Ella ya sospechaba que algo no iba bien cuando, a primeros de agosto, le pidieron que no continuase citando a pacientes para septiembre. Fue la puntilla para un servicio que prácticamente solo la tenía a ella como recurso humano.

“Nefrología en Hellín era yo”, resume resignada, mientras lamenta que no pudiera contar a su lado con un profesional de enfermería para ayudarla en la labor. Pidió formalmente dicho refuerzo, además de la incorporación a corto plazo de un segundo especialista en Nefrología y la asignación de recursos técnicos y administrativos. Nada de eso llegó.

No solo no le fueron proporcionados esos refuerzos que había solicitado, sino que la médica, al ser Nefrología parte de Medicina Interna, tuvo que colaborar a nivel asistencial ante la falta de personal.

La suma de ambos factores la llevó a una baja laboral entre enero y mayo de este año porque se vio “desbordada”. “Intenté solicitar ayuda por varios medios para tener un soporte mejor y para ofrecer un mejor trato a los pacientes. Como este no llegaba, me vi superada”.

Por eso, Antonio González Cabrera, médico de Atención Primaria, explicaba en un artículo publicado en este medio que esta realidad asistencial a la que se enfrentaba Sara “ha sido un desgaste profesional sistemático hasta el agotamiento, el abandono presupuestario, sin la dotación comprometida de enfermería, y la posterior no renovación del contrato que le han comunicado”.

Pretender que un proyecto asistencial de alto valor dependa únicamente del esfuerzo individual es una negligencia organizativa que termina penalizando al de siempre: el usuario

Antonio González Cabrera

González Cabrera sostiene que “pretender que un proyecto asistencial de alto valor dependa únicamente del esfuerzo individual es una negligencia organizativa que termina penalizando al de siempre: el usuario”.

“No se sabe qué pasará con los pacientes”

Desde el Colegio de Médicos de Albacete aseguran que, en los últimos meses, siendo conscientes de este problema, han mantenido reuniones “cordiales y constructivas” con el director gerente del Sescam, Alberto Jara, y con los gerentes del Hospital General de Albacete y del Hospital de Hellín.

“Me consta que el gerente del Sescam tenía toda la información de la evolución de la unidad de Nefrología de Hellín, y me mostró su preocupación también. Lo que ocurre es que solo con buena voluntad no se ha llegado a más”, explica Blas González Montero, presidente del Colegio de Médicos de Albacete, que afirma haber pedido nuevas reuniones con los gerentes de Albacete y Hellín para alcanzar una solución.

Por el momento, ante la falta de una explicación oficial del Sescam y de la gerencia del Hospital de Hellín, ni el Colegio de Médicos de Albacete ni Sara Piqueras tienen claro qué va a suceder a partir del lunes. “Los pacientes están en lista de espera. Así que no se sabe y eso es preocupante, porque tengamos en cuenta que estos enfermos necesitan atención continuada”.

Este medio se ha puesto en contacto con la gerencia del Hospital de Hellín para tratar de obtener su versión de los hechos y conocer cuál será el futuro de su Unidad de Nefrología, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.

“Muchas cosas se quedan en el aire y no sabes las consecuencias que pueden traer. Es mi mayor intranquilidad, porque si lo pienso solo por mí, pues tenemos trabajo más que de sobra en el ámbito médico”, concluye Sara Piqueras, que este viernes se sentará por última vez en la consulta de Nefrología del Hospital de Hellín, sin que se sepa si alguien ocupará su lugar a partir del lunes.

ACTUALIZACIÓN

Tras la publicación de este artículo, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha emitido un comunicado de prensa en el que explicaba, sin concretar medidas, que está trabajando para organizar la atención nefrológica de los pacientes del Área Sanitaria de Hellín “conforme al modelo asistencial que funciona en el conjunto de la región, con el objetivo prioritario de garantizar una asistencia de calidad, segura y accesible”.

Según explica el propio Sescam en el texto, “este modelo establece que, cuando un hospital no cuenta con una determinada especialidad dentro de su cartera de servicios, la atención a los pacientes se articula con el respaldo de los servicios especializados de referencia”.

“En el caso de Hellín, el Servicio de Nefrología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete ha sido tradicionalmente el servicio de referencia, al igual que ocurre con otras áreas sanitarias de la provincia, como Almansa y Villarrobledo y al igual que ocurre en el resto de hospitales de tamaño similar de la región. Esta referencia se ha mantenido durante todo este tiempo, especialmente para aquellos pacientes que han precisado una atención de mayor complejidad”.

El Estatuto Marco continúa su travesía, pese a las adversidades. El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el texto que Sanidad pactó con los sindicatos del ámbito —UGT, CCOO, CSIF y Satse— en diciembre y que ha provocado un conflicto entre el Ministerio que dirige Mónica García y las organizaciones sindicales médicas, que han amenazado con una huelga indefinida este mes de septiembre.

La advertencia de los sindicatos del ramo llegó en junio. Tras meses de paros semanales, y en un clima de máxima tensión, el Comité de Huelga avanzó que habría una huelga indefinida en septiembre si no se cumplían sus demandas, ante el “nulo avance en el conflicto” y el “empeño de Sanidad de seguir adelante con la tramitación del texto”.

Tras la aprobación del Estatuto Médico en esta segunda vuelta en Consejo de Ministros, desde el Comité de Huelga han lamentado la “cerrazón” del Ministerio. “Resulta incomprensible que, después de un conflicto de esta magnitud, Sanidad haya dejado transcurrir el verano sin realizar un verdadero intento de acercamiento y pretenda ahora continuar la reforma prácticamente desde el mismo punto”, han indicado en un comunicado.

La ministra, que llegó a acusar a los sindicatos médicos de deslealtad en la negociación, ha defendido en todo momento la tramitación del texto. Con su aprobación este martes en Consejo de Ministros, el siguiente paso es el salto al Congreso, donde “los partidos políticos tendrán oportunidad de posicionarse”, ha expresado la Ministra portavoz, Elma Saiz, sobre un texto que “supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales”.

Los sindicatos médicos, que pidieron la dimisión de García y reclamaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que interviniese para desbloquear el conflicto, exigen a Sanidad un Estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional diferenciada y una jornada laboral “justa”, que incluya la implantación de las 35 horas semanales.

Pese al conflicto abierto, en los últimos dos meses no se ha producido ningún acercamiento entre el Ministerio y los sindicatos médicos. “Ningún contacto”, confirman fuentes sindicales. Mientras, desde el departamento que dirige García insisten en señalar a las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en este ámbito.

“Nosotros solo delimitamos el campo y las normas mínimas básicas y hemos puesto la pelota a jugar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales”, señalaba García este fin de semana en una entrevista en elDiario.es. Entre las nuevas reglas de juego que marca el Estatuto Marco están el fin de las guardias obligatorias de 24 horas —que pasarán a ser de 17—, la convocatoria de oposiciones cada dos años y la reducción de la jornada laboral máxima a 45 horas semanales.

“En los últimos meses, los sindicatos médicos han estado negociando con las comunidades, porque se han dado cuenta de que el Estatuto Marco tiene los límites legales y competenciales que tiene. La solución a sus condiciones laborales está en el tejado de las comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular”, afirmaba García.

Acuerdos con las comunidades

En los últimos meses, los sindicatos médicos han ido arrancando acuerdos en diferentes comunidades autónomas, como Euskadi, Valencia, Galicia y Asturias. En Andalucía, la más reciente en avenirse a un pacto, se ha acordado la creación de mesas de trabajo, que se reunirán con carácter previo a la mesa sectorial y mejoras en materia de conciliación, entre otras.

No solo eso. Según el Sindicato Médico Andaluz (SMA), este acuerdo con la Junta de Andalucía, “ofrece respuesta a una de las principales demandas de la movilización contra el Ministerio: la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria y la revisión del modelo basado en su obligatoriedad”.

“Cuando existe voluntad política para negociar con los médicos, hay acuerdo. Donde no la ha habido ha sido en el Ministerio de Sanidad, que, conviene recordar, establece el marco regulatorio que es el permite una jornada discriminatoria sólo para médicos y facultativos”, consieran desde el Comité de Huelga.

Pero este argumento refuerza a Sanidad, que lleva meses insistiendo en que la pelota está en el tejado de los gobiernos autonómicos. “Lo que pedían era de las comunidades y el ejemplo cunde”, trasladan fuentes de Sanidad, que confían en que estos pactos rebajen la tensión en este inicio de curso.

Según indicaba a finales de julio el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, este acuerdo con la Junta, que abre un “espacio de diálogo”, hace “difícilmente compatible” promover una huelga indefinida en Andalucía, pese al “conflicto abierto” con el Ministerio.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) evaluará la propuesta de huelga en la Ejecutiva prevista para el próximo viernes. “Espero que se pueda adoptar alguna medida”, señalan fuentes consultadas, que circunscriben los acuerdos con las comunidades a “cuestiones propias”, al margen de las reivindicaciones a Sanidad.

El siguiente paso del Estatuto Marco será su trámite parlamentario, donde la aritmética hace al Ejecutivo negociar cada ley. Y esta, concretamente, no ha estado exenta de polémica, con un frente único de todas las comunidades autónomas —también las del PSOE— pidiéndole a la ministra que tire abajo el acuerdo con los sindicatos del ámbito y “reinicie la negociación”.

“Los partidos de la oposición han manifestado su rechazo a la reforma y existen también posiciones críticas entre formaciones cuyos votos son relevantes para las iniciativas legislativas del Gobierno”, calibran los sindicatos.

“Las comunidades están en contra del Estatuto Marco, por lo contrario, que los sindicatos”, acusaba el sábado García, que defendía la marcha de la norma: “Si hubiera pasado por el Ministerio sin intentar cambiar el marco normativo que regula las condiciones laborales de mis compañeros y las mías propias, sería un fracaso y una traición. Otra cosa es lo que haya intentado vender la derecha, pero es indudable que es la primera vez que un gobierno de España se pone a trabajar en mejorar las condiciones laborales de los profesionales, sabiendo que las competencias no son nuestras”.

La crisis de personal que atraviesa el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres ha dado un nuevo paso y ha dejado de ser únicamente un conflicto interno y local. La situación de los médicos residentes ha llegado a la Asociación MIR España, que ha puesto el foco en la organización de las guardias y en el riesgo de que los MIR terminen soportando las consecuencias de la falta de facultativos.

La asociación ha lanzado un mensaje contundente: los residentes no pueden convertirse en la solución a un déficit estructural de médicos especialistas. En este sentido, reclama que, cuando existan puestos que cubrir en Urgencias, la respuesta pase por reforzar la plantilla de facultativos y no por utilizar a los MIR como una plantilla de reserva: “Los MIR no somos la plantilla de reserva de ningún hospital”, aseveran.

El pronunciamiento nacional se produce después de que en Cáceres se haya abierto un conflicto en torno a la cobertura de las guardias y las necesidades de personal de Urgencias. Los residentes denuncian que la falta de médicos está aumentando la presión sobre quienes se encuentran todavía en formación especializada.

Más pacientes y una plantilla bajo presión

La situación se produce en un servicio que ha experimentado un importante incremento de actividad. Según los datos difundidos en el marco del conflicto, las Urgencias atendieron 74.134 pacientes en 2023 y 81.012 en 2025, lo que supone un aumento del 9,27 % en dos años.

Al mismo tiempo, los y las profesionales vienen señalando las dificultades para disponer de una plantilla efectiva suficiente para responder a esa demanda. El problema no sería únicamente el número de plazas existentes sobre el papel, sino cuántos facultativos están realmente disponibles para cubrir la actividad asistencial.

Esta combinación de mayor presión asistencial y dificultades para cubrir las guardias ha terminado repercutiendo directamente en la organización del servicio y en los médicos residentes que además denuncian que las guardias han pasado de ser voluntarias a obligatorias.

Los MIR, en el centro de la polémica

El punto más sensible del conflicto es el papel que deben desempeñar los MIR. Y es que los residentes tienen una función asistencial, pero dentro de un proceso de formación especializada y con una responsabilidad progresiva, que debe estar acompañado de la supervisión correspondiente. Por ello, la Asociación MIR España considera que no pueden utilizarse para compensar de manera estructural la ausencia de facultativos.

La preocupación aumenta cuando la cobertura de las necesidades del servicio depende de que los residentes asuman más guardias o soporten una carga asistencial que debería corresponder a una plantilla suficiente de especialistas.

Para los residentes, una cosa es participar en la actividad asistencial como parte de su formación y otra muy distinta convertirse en el recurso al que se recurre cuando faltan médicos.

Un conflicto que ya había provocado movimientos en Urgencias

La llegada del caso a la Asociación MIR España se produce además en un contexto de creciente tensión dentro del propio servicio. La crisis de personal ha estado acompañada por cambios y renuncias en puestos de responsabilidad de Urgencias y de la formación de residentes con la dimisión de su máximo responsable, aumentando las dudas sobre cómo garantizar al mismo tiempo la asistencia a los pacientes y unas condiciones adecuadas para la formación de los MIR.

El problema, por tanto, no afecta únicamente a los cuadrantes de guardias. También plantea interrogantes sobre la supervisión, la calidad de la formación especializada y la seguridad tanto de pacientes como de profesionales.

El Colegio de Médicos también pide revisar la situación

El Colegio de Médicos de Cáceres se ha pronunciado igualmente sobre el problema y ha reclamado que la dotación de profesionales se ajuste a la demanda asistencial real.

Entre sus reivindicaciones se encuentra la necesidad de proteger la formación de los residentes y evitar que estos sean considerados un recurso asistencial intercambiable con los facultativos.

La coincidencia entre las distintas voces que han intervenido en el conflicto sitúa así el debate en un punto fundamental: la solución a la falta de médicos no puede consistir simplemente en aumentar la carga de quienes todavía están completando su especialización.

De Cáceres a un debate nacional

La intervención de la Asociación MIR España supone un cambio importante en la dimensión del conflicto. Una situación que hasta ahora se había desarrollado fundamentalmente en el ámbito local pasa a formar parte de un debate que afecta a los residentes de todo el país.

Porque lo que ocurre en Cáceres plantea una cuestión que trasciende a este hospital: qué sucede cuando un servicio sanitario tiene dificultades para cubrir su plantilla y los médicos residentes terminan siendo una de las principales herramientas para mantener la asistencia.

Desde la asociación se invita además a los MIR de Cáceres que estén afectados por esta situación a ponerse en contacto con ellos a través de asociacionmirespana@gmail.com, con el objetivo de conocer de primera mano sus circunstancias.

El mensaje de los residentes es claro: los MIR deben contribuir a la asistencia mientras se forman, pero no ser utilizados para tapar de forma permanente los agujeros de una plantilla insuficiente.

Y en Cáceres, esa reivindicación ya ha traspasado las puertas del hospital. El conflicto local ha llegado al ámbito nacional.

La presión asistencial en las Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres ha desencadenado una nueva renuncia en el servicio: el responsable de los residentes ha decidido abandonar sus funciones docentes ante la imposibilidad de organizar con garantías las rotaciones, las guardias y la formación de los médicos en especialización, en un contexto marcado por la falta de disponibilidad efectiva de facultativos y un aumento sostenido de la demanda asistencial.

La renuncia se interpreta como una medida más de presión ante el escenario que atraviesan las Urgencias en las últimas semanas. La carga asistencial está alcanzando un nivel que dificulta no solo garantizar la cobertura de las guardias, sino también desarrollar adecuadamente la labor docente encomendada.

Por este servicio pasan cada año residentes de numerosas especialidades. El número varía en función de la planificación de cada ejercicio, pero la rotación por Urgencias forma parte de la formación de una parte importante de los médicos que se especializan en el hospital. La presión asistencial está haciendo cada vez más complicado compatibilizar la atención a los pacientes con la supervisión, la enseñanza y el seguimiento de los médicos en formación.

No se trata únicamente de un problema de organización interna. La falta de disponibilidad efectiva de facultativos está afectando también a una de las funciones esenciales de cualquier servicio hospitalario: formar a los futuros especialistas.

Una segunda renuncia en pocos días

La salida de esta responsabilidad se suma a la dimisión de la coordinadora de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres, que se hará efectiva el próximo 30 de septiembre y que fue adelantada por elDiario.es. La coordinadora decidió abandonar el cargo después de meses de advertencias sobre las dificultades para mantener la cobertura asistencial de los dos hospitales cacereños.

Son responsabilidades distintas, pero los profesionales sitúan ambas decisiones en el mismo contexto de presión asistencial y falta de disponibilidad suficiente de facultativos.

La nueva renuncia llega además cuando el Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha reclamado al Servicio Extremeño de Salud que adecue la dotación efectiva de médicos de Urgencias a la demanda real. La organización ha advertido de que la sobrecarga sostenida aumenta el riesgo de errores e incidentes relacionados con la seguridad clínica y ha reclamado garantías específicas para la supervisión de los residentes. El Colegio insiste en que la suficiencia de la plantilla no puede medirse únicamente por el número de plazas existentes, sino por los facultativos realmente disponibles para atender la demanda diaria.

38 facultativos en plantilla, pero una disponibilidad efectiva menor

La discrepancia entre plantilla y disponibilidad real está en el centro del conflicto entre los profesionales y el SES. Un informe técnico fechado el 19 de agosto establece que la plantilla orgánica de Urgencias está formada por 38 facultativos adjuntos. Sin embargo, los profesionales sostienen que esa cifra no refleja la capacidad real del servicio, debido a bajas laborales, reducciones de jornada, exenciones de guardias y plazas vacantes.

El informe cifra en torno a 32 los facultativos que mantienen la cobertura efectiva de los dos hospitales cacereños y advierte de la falta de sustitutos suficientes para cubrir vacaciones, permisos, licencias, actividades formativas e incapacidades temporales.

El SES defiende que Urgencias cuenta actualmente con 38 facultativos y que la asistencia está garantizada. La Administración ha anunciado además la incorporación de seis médicos de refuerzo para hacer frente a las necesidades del servicio. El Colegio de Médicos ha valorado estas medidas, aunque considera que todavía es pronto para determinar su eficacia.

Las Urgencias atienden cada vez a más pacientes

La presión asistencial se produce en un servicio cuya actividad no deja de crecer. Las Urgencias atendieron a 74.134 pacientes mayores de 14 años en 2023, 78.678 en 2024 y 81.012 en 2025, lo que supone un incremento del 9,27% en dos años. Hasta el 31 de julio de este año habían pasado por el servicio 47.378 pacientes, 465 más que en el mismo periodo de 2025.

Para los profesionales, el aumento de la demanda hace que no sea suficiente con contabilizar las plazas existentes en la plantilla. Lo determinante es cuántos facultativos están disponibles para cubrir las guardias y atender a los pacientes en cada momento. Y esta disponibilidad condiciona de manera directa la organización de los residentes: las rotaciones requieren planificación, turnos y supervisores presentes durante la actividad asistencial.

El problema trasciende las guardias

La renuncia del responsable de los residentes pone el foco en una consecuencia menos visible de la presión asistencial: las dificultades para mantener la actividad docente del servicio. Los médicos deben atender el incremento de pacientes, cubrir las ausencias de sus compañeros y garantizar que los residentes reciben la formación correspondiente a sus rotaciones bajo la supervisión adecuada.

El Colegio de Médicos ha insistido en esta cuestión al reclamar que la actividad de los residentes se ajuste a su nivel de competencias y respete el modelo de responsabilidad progresiva y supervisión.

La nueva dimisión vuelve a situar sobre la mesa la situación de las Urgencias cacereñas. Tras la salida anunciada de la coordinadora, la renuncia del responsable de los residentes, que fue comunicada al SES el mismo día, evidencia que el conflicto afecta también a la estructura organizativa y docente del servicio.

Mientras el SES defiende que la asistencia está garantizada y anuncia nuevos refuerzos, (entre cuatro y seis médicos) los y las profesionales reclaman que se tenga en cuenta la disponibilidad real de médicos y no únicamente la plantilla orgánica. El debate se centra ahora en si los refuerzos anunciados serán suficientes para aliviar la presión asistencial y permitir que Urgencias recupere, además de capacidad asistencial, el tiempo y los recursos necesarios para formar adecuadamente a sus residentes.

El Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha reclamado al Servicio Extremeño de Salud (SES) que adecue de forma inmediata la dotación efectiva de facultativos en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres a la presión asistencial real. El pronunciamiento de la corporación se produce tras la dimisión de la coordinadora del servicio, adelantada en primicia por elDiario.es Extremadura, que se hará efectiva el próximo 30 de septiembre tras meses de advertencias por la falta de personal.

La entidad colegial ha expresado su reconocimiento a los profesionales del área por el “esfuerzo” que realizan para garantizar la atención en un contexto de “elevada presión asistencial y dificultades derivadas de la insuficiencia de recursos humanos”. Aunque el órgano evita valorar decisiones personales, ha remarcado que esta dimisión “refuerza la necesidad de analizar las condiciones asistenciales y organizativas” del hospital y supone un “elemento de preocupación” ante los avisos planteados de forma reiterada por la propia plantilla.

El colegio advierte de que los profesionales vienen afrontando “jornadas prolongadas, elevada carga asistencial y escasos periodos de descanso”. A juicio de la institución, esta “sobrecarga sostenida” no solo afecta a la salud de los médicos, sino que aumenta directamente el “riesgo de errores e incidentes relacionados con la seguridad clínica” de los pacientes.

Revisar las decisiones del SES

Por ello, la corporación considera prioritario revisar la eficacia de las decisiones adoptadas por la Gerencia del Área de Salud de Cáceres para garantizar entornos de trabajo seguros. Entre las principales demandas, el colegio hace especial hincapié en la necesidad de cuidar la formación de los médicos residentes (MIR), exigiendo que su actividad se ajuste estrictamente a su nivel de competencias y respete el modelo de responsabilidad progresiva y supervisión.

Las cifras respaldan las reclamaciones del colectivo médico: los pacientes mayores de 14 años atendidos en las urgencias cacereñas pasaron de 74.134 en 2023 a 81.012 en 2025, lo que representa un incremento del 9,27% con una tendencia que se mantiene al alza durante 2026. Ante este escenario, la organización enfatiza que la suficiencia de la plantilla “no puede determinarse solo por el número de plazas existentes”, sino por la disponibilidad efectiva de los facultativos y la demanda real que absorben diariamente.

En los últimos días, la Gerencia del Área de Salud ha puesto en marcha medidas organizativas y el SES ha anunciado la incorporación de seis facultativos de refuerzo para paliar el déficit estructural. Aunque el Colegio de Médicos valora estos movimientos, advierte de que “todavía es pronto para determinar su eficacia” y anuncia que realizará un seguimiento exhaustivo durante las próximas semanas centrado en medir los tiempos de espera, las cargas de trabajo, los descansos y la capacidad de respuesta frente a nuevas saturaciones.

Izquierda Unida (IU) de Cantabria ha denunciado la situación asistencial registrada en varios Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la comunidad durante el pasado fin de semana, cuando algunos de estos dispositivos quedaron “sin cobertura médica”, en pleno periodo de máxima afluencia turística, y ha reclamado una reestructuración urgente de las agendas de Atención Primaria para garantizar la atención sanitaria.

La responsable del Área de Salud de IU Cantabria, Carmen Franganillo, ha constatado la “ausencia de personal facultativo durante algunas tardes en diferentes localidades” debido, según la formación, a “problemas organizativos para cubrir los turnos”.

En concreto, ha afirmado que el pasado 16 de agosto no pudo cubrirse el turno en Suances, una circunstancia que “dejó sin este servicio a vecinos y visitantes en una de las jornadas de mayor demanda asistencial del año y no fue la única localidad que tuvo ese problema”.

IU ha subrayado que la responsabilidad de esta situación recae “en la falta de previsión” de la Consejería de Salud y “en ningún caso” en los profesionales sanitarios, que, según ha señalado, “soportan una elevada carga de trabajo”.

Franganillo ha defendido la necesidad de introducir cambios organizativos en la Atención Primaria para evitar la saturación de los servicios de urgencias.

“Si las agendas ordinarias se gestionan de forma adecuada se evita la saturación que termina derivando actividad a las tardes y sobrecargando los SUAP”, ha sostenido.

A su juicio, la Administración “debe asumir la gestión global del sistema en lugar de sostener la sanidad pública a base de parches que debilitan la cobertura en los fines de semana o en el verano, época de máxima afluencia en Cantabria”.

Asimismo, la formación ha advertido de que la presión asistencial “previsible” que experimentan los centros de salud durante el verano acaba repercutiendo en las urgencias hospitalarias.

Por ello, IU ha instado al Ejecutivo autonómico (PP) a abordar una reorganización estructural de la Atención Primaria y a “dejar de basar la sostenibilidad del sistema sanitario público en el sobreesfuerzo de los profesionales”, ha indicado IU en nota de prensa.

Tasa turística

Por su parte, el coordinador de IU y candidato a la Presidencia de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha vuelto a defender la implantación de una tasa turística en Cantabria como instrumento para “compensar el impacto que la afluencia de visitantes genera sobre los servicios públicos y las infraestructuras de la comunidad”.

La formación apuesta por que los recursos obtenidos se destinen a reforzar ámbitos especialmente tensionados durante la temporada alta, como la sanidad, la limpieza, la seguridad, las emergencias o el abastecimiento de agua y que los ayuntamientos “tengan voz” en el diseño de la tasa.

Ruiz Salmón cree que episodios como la falta de cobertura médica en algunos SUAP durante el verano evidencian la necesidad de que exista una “mayor corresponsabilidad” en el sostenimiento de los servicios públicos.

“No se trata de penalizar la llegada de turistas, sino de corresponsabilidad de toda la población, la que habita todo el año y la que visita nuestra comunidad, una medida que contribuiría a reforzar la capacidad de respuesta de las administraciones en los periodos de mayor demanda asistencial”, ha concluido.

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha asegurado que la dimisión de la coordinadora de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres, adelantada por elDiario.es Extremadura, es “la muestra más evidente” del “deterioro progresivo” que sufre la sanidad pública bajo la gestión del Gobierno de María Guardiola.

La portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, ha señalado que la marcha de la responsable del servicio no constituye “un hecho aislado, pero sí un hecho especialmente grave” que demuestra que las denuncias de los trabajadores no responden a “una alarma del Partido Socialista, sino a una realidad que los profesionales llevan meses trasladando”. Según Gil Rosiña, el Servicio Extremeño de Salud (SES) no padece un problema de presupuesto, al contar con recursos similares a los de ejercicios anteriores, sino un déficit de “gestión, planificación y capacidad”.

En esta línea, la dirigente del PSOE ha criticado que la presidenta autonómica decidiera prescindir de parte del cuerpo directivo del SES para situar al frente de la sanidad pública a responsables procedentes de la sanidad privada “sin experiencia en la gestión de un sistema público como el extremeño”. Asimismo, ha alertado sobre la “falta de comunicación y coordinación” entre la Gerencia del SES, sus servicios centrales y las áreas de salud, asegurando que el sistema se encuentra “a la deriva”.

Respecto a la respuesta de la Consejería de Salud, que ha anunciado la incorporación de seis médicos para el servicio de Urgencias cacereño, el PSOE lo considera un “parche” insuficiente que no soluciona el colapso estructural. “El deterioro que existe no necesita propaganda. Se pretende solucionar con actividad extraordinaria lo que debería resolverse con planificación”, ha afirmado la portavoz, quien ha remarcado que la sobrecarga se extiende a la Atención Primaria, donde los usuarios afrontan demoras de hasta dos semanas para ser atendidos.

Por último, Gil Rosiña ha exigido a la Consejería una “reconsideración profunda” del rumbo de la gestión sanitaria y ha reclamado que se respalde a todo el conjunto de profesionales del SES, desde el personal médico hasta enfermería, técnicos, celadores y personal administrativo. “Cuando una responsable de Urgencias decide dimitir tras meses advirtiendo de la situación, la Consejería no puede responder contando profesionales; una dimisión así debería hacer saltar todas las alarmas”, ha concluido.

La situación del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres suma un nuevo capítulo. La coordinadora del servicio habría presentado su dimisión irrevocable, con efectos del próximo 30 de septiembre, según han trasladado a elDiario.es fuentes médicas conocedoras de la situación, en un contexto de creciente preocupación entre las y los profesionales por la falta de personal y las dificultades para mantener la cobertura asistencial de los dos hospitales cacereños.

La decisión se conoce después de meses de advertencias de los facultativos sobre la situación del servicio. Los profesionales aseguran que llevan trasladando sus problemas al SES (Servicio Extremeño de Salud), “al menos desde marzo o abril” y consideran que las medidas “muy paliativas” adoptadas hasta ahora no han permitido resolver las dificultades de cobertura.

La coordinadora ha trasladado a los profesionales su preocupación por el riesgo que están asumiendo para mantener la asistencia. Desde el equipo de médicas y médicos aseguran que tienen un gran pundonor hacia la población, “pero somos conscientes del riesgo que se está corriendo”. A esta preocupación se suma, según explican, el “agotamiento físico y psicológico” que está provocando entre los profesionales la situación que atraviesan.

“Somos un colectivo que nos estamos sacrificando, esforzando por los demás, por toda la sociedad”, señalan, en referencia al compromiso de los facultativos con la atención a la población “pese a las dificultades existentes”.

La salida de la coordinadora está prevista para el 30 de septiembre y, según las fuentes consultadas, se trata de una dimisión irrevocable. El SES conocería ya oficialmente los motivos concretos comunicados por la responsable para justificar su decisión y que estos están directamente relacionados con la situación de falta de personal denunciada por la plantilla médica.

Y es que la actual situación queda reflejada en un informe técnico fechado hoy 19 de agosto sobre la situación del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

En el documento se señala que la plantilla orgánica está constituida por 38 facultativos adjuntos, pero advierte de que la disponibilidad real de profesionales es “significativamente” inferior debido a las distintas situaciones de bajas, reducciones de jornada, exenciones y vacantes.

En la actualidad hay un facultativo con una reducción de jornada del 30% sin cobertura sustitutoria, cuatro facultativos en situación de incapacidad temporal, una facultativa de baja por maternidad que sí está cubierta mediante sustitución y dos facultativas de baja por riesgo durante el embarazo. Además, cinco facultativos están exentos de realizar guardias. A estas circunstancias se suman dos plazas vacantes que permanecen sin cubrir.

El informe destaca además que actualmente no existen facultativos contratados específicamente para realizar actividades de guardia, lo que limita la capacidad de respuesta ante incidencias sobrevenidas o incrementos de actividad.

De esta forma, según los datos recogidos en el documento, aproximadamente 32 facultativos mantienen la cobertura asistencial de los dos hospitales.

Los médicos inciden así en la diferencia entre la plantilla orgánica o teórica y la disponibilidad efectiva. Una cuestión especialmente relevante porque el Servicio Extremeño de Salud ha defendido que actualmente hay 38 facultativos y que la plantilla se ha incrementado respecto a los 32 existentes en enero de 2023.

Sin sustitutos para vacaciones, permisos o bajas

El informe señala que el Servicio de Urgencias carece actualmente de profesionales sustitutos suficientes para cubrir situaciones habituales como las vacaciones reglamentarias, los permisos y licencias, las actividades formativas, las incapacidades temporales o las situaciones familiares sobrevenidas contempladas en la normativa laboral.

Esta circunstancia obliga, según los profesionales, a distribuir la actividad entre una plantilla efectiva reducida y genera dificultades organizativas para garantizar de forma continuada la cobertura de los dispositivos de urgencias hospitalarias.

Durante cada quincena del periodo estival coinciden entre siete y ocho facultativos de vacaciones, según recoge el informe, sin alcanzar siquiera el límite máximo de simultaneidad establecido por Recursos Humanos.

La consecuencia es que las ausencias reglamentarias no siempre pueden ser absorbidas mediante sustituciones, sino que recaen sobre el resto de profesionales disponibles.

Las Urgencias han aumentado un 9,27% desde 2023

Las dificultades de personal se producen además en un servicio que ha experimentado un incremento sostenido de la demanda asistencial. Los datos incluidos en el informe reflejan que en 2023 las Urgencias atendieron a 74.134 pacientes mayores de 14 años. En 2024 fueron 78.678 y en 2025 la cifra ascendió hasta los 81.012 pacientes.

El documento cifra en un 9,27% el incremento de pacientes atendidos entre 2023 y 2025.

La tendencia se mantiene durante este año. Hasta el pasado 31 de julio de 2026 habían sido atendidos ya 47.378 pacientes mayores de 14 años, 465 más que en el mismo periodo de 2025.

Los profesionales consideran que estos datos deben ponerse en relación con la disponibilidad real de médicos, ya que el aumento de la presión asistencial coincide con una reducción efectiva de los recursos humanos disponibles debido a las bajas, las exenciones de guardias, las reducciones de jornada y las vacantes.

“Especial fragilidad” del modelo actual

El informe técnico concluye que la situación actual puede considerarse de “especial fragilidad” desde el punto de vista organizativo y asistencial.

Se señala pues, que concurren simultáneamente un incremento progresivo de la presión asistencial, la existencia de vacantes estructurales sin cubrir, una reducción de la capacidad operativa real de la plantilla por incapacidades temporales, exenciones y otras situaciones administrativas, la ausencia de profesionales sustitutos suficientes y la necesidad de mantener la actividad asistencial en dos centros hospitalarios de forma simultánea.

La combinación de estos factores, según el documento, condiciona la sostenibilidad del modelo organizativo actual, compromete la flexibilidad necesaria para afrontar incidencias sobrevenidas y dificulta la adopción de medidas dirigidas a mejorar tanto la calidad asistencial como las condiciones laborales de los profesionales.

Por ello, los médicos consideran necesario reforzar la dotación del Servicio de Urgencias, cubrir las vacantes existentes y establecer mecanismos que permitan atender adecuadamente las incidencias previsibles de personal.

El objetivo, según recoge el informe, es garantizar la continuidad asistencial, la seguridad clínica y la sostenibilidad organizativa del servicio.

El SES sostiene que la asistencia está garantizada

La situación contrasta con la respuesta ofrecida por el Servicio Extremeño de Salud después de que los facultativos alertaran a elDiario.es Extremadura de las dificultades que atraviesa el servicio.

El SES aseguró que la asistencia sanitaria está garantizada en todos los servicios del Área de Salud de Cáceres, incluido el servicio de Urgencias, y destacó precisamente el aumento de la plantilla hasta los 38 facultativos.

Los médicos y médicas, sin embargo, consideran que esa cifra no refleja la capacidad real del servicio para afrontar la actividad diaria y las guardias, ya que una parte de los profesionales no está disponible para determinadas funciones debido a la casuística detallada anteriormente.

La dimisión de la coordinadora, prevista para el 30 de septiembre, añade ahora un nuevo elemento de incertidumbre a un servicio cuyos profesionales aseguran que llevan meses advirtiendo de la situación.

Mientras tanto, los médicos mantienen que continúan sosteniendo la asistencia por su compromiso con la población, pese a un nivel de desgaste que describen como físico y psicológico, y reclaman que la Administración traduzca la plantilla teórica de 38 facultativos en una capacidad efectiva suficiente para garantizar la atención urgente con seguridad en la capital cacereña.

Los médicos adjuntos del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres (CHUC) han trasladado a la Gerencia y a las direcciones asistencial y médica del centro una comunicación en la que alertan de una “situación crítica” en el servicio y advierten de que la falta de facultativos y el aumento de la demanda asistencial suponen “un riesgo cierto para la seguridad de los pacientes”.

Los y las profesionales sitúan el problema más allá de la sobrecarga laboral y advierten de las posibles consecuencias que puede tener sobre las personas que acuden a Urgencias. En concreto, señalan que la acumulación de pacientes pendientes de atención, la saturación de los circuitos asistenciales y la insuficiencia de recursos humanos pueden favorecer incidentes relacionados con demoras en los diagnósticos o en los tratamientos, con posibles repercusiones sobre la salud e incluso sobre la vida de los pacientes.

El escrito, firmado por médicos adjuntos del servicio, señala que Urgencias constituye una de las principales puertas de entrada al sistema sanitario y que atiende de forma inmediata y continuada a pacientes con patologías tiempo-dependientes y potencialmente graves. Por ello, consideran especialmente preocupante que la capacidad operativa del servicio se haya deteriorado progresivamente.

Los facultativos atribuyen esta situación a la concurrencia de dos factores: “la disminución de efectivos médicos disponibles” y “el incremento constante del volumen y complejidad de los pacientes atendidos”.

Aseguran que la plantilla actual resulta “claramente insuficiente” para responder a la presión asistencial existente y que esta circunstancia obliga de forma reiterada a trabajar “en condiciones de sobrecarga extrema”. Entre las consecuencias que describen se encuentran las dificultades para cubrir los turnos, el aumento de los tiempos de espera y las limitaciones para ofrecer la atención con los estándares de calidad y seguridad que consideran exigibles a un hospital de referencia.

Una advertencia que llega a la dirección del hospital

La advertencia de los médicos se centra especialmente en los riesgos derivados de las demoras. Según recoge el documento, la saturación puede afectar a pacientes cuya evolución clínica depende de una valoración y un tratamiento precoces.

Los profesionales alertan de que esta situación podría generar “perjuicios irreparables” para pacientes y familiares y reclaman que se adopten medidas antes de que puedan producirse acontecimientos adversos.

La presión asistencial también tiene consecuencias sobre los propios trabajadores. El escrito señala que la situación está sometiendo a los profesionales a una presión continuada que incrementa el riesgo de agotamiento físico y emocional y que dificulta el ejercicio de una práctica clínica segura.

Pese a ello, los facultativos destacan el “compromiso, profesionalidad y esfuerzo extraordinario” que, según señalan, realizan diariamente tanto los médicos como el resto de profesionales implicados en la atención de Urgencias.

Los firmantes consideran necesario dejar constancia formal de que la situación actual “supera en numerosos momentos la capacidad de respuesta razonable del Servicio de Urgencias”.

Por ello, reclaman a la Dirección Médica y a la Gerencia que conozcan expresamente la situación y valoren “con carácter prioritario” la adopción de medidas organizativas, estructurales y de recursos humanos para garantizar la seguridad de los pacientes y evitar que la situación pueda derivar en consecuencias graves.

La responsabilidad última sobre la planificación y dotación de recursos del sistema sanitario público extremeño corresponde a la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Salud (SES). Por ello, la advertencia de los facultativos trasciende la gestión interna del Hospital Universitario de Cáceres y sitúa también el foco en la administración autonómica, que deberá determinar si los recursos disponibles son suficientes para garantizar una atención segura en uno de los principales servicios de entrada al sistema sanitario.

El escrito reclama precisamente que se actúe antes de que puedan producirse acontecimientos adversos y advierte de las posibles consecuencias profesionales, legales y reputacionales que una situación de estas características podría tener para los trabajadores y para la propia institución sanitaria.

La comunicación concluye dejando constancia de la preocupación de los facultativos por el mantenimiento de la seguridad asistencial en las condiciones actuales y con el objetivo de que se adopten actuaciones preventivas que permitan reducir los riesgos que, según denuncian, está soportando el servicio.

El SES asegura que Urgencias tiene “más plantilla que nunca”

Frente a la advertencia de los facultativos, el Servicio Extremeño de Salud (SES) asegura que la asistencia sanitaria está garantizada en todos los servicios del Área de Salud de Cáceres y sostiene que el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres cuenta actualmente con “más plantilla que nunca”.

Según los datos facilitados por el SES, el número de facultativos del servicio ha pasado de 32 el 1 de enero de 2023 a 38 a 13 de agosto de 2026. Es decir, seis profesionales más en plantilla que hace tres años.

El SES defiende así que se ha producido un incremento de los efectivos médicos en Urgencias y asegura que la asistencia está garantizada, en respuesta a la denuncia de los facultativos, que consideran que la plantilla disponible es “claramente insuficiente” para afrontar la demanda actual y alertan de posibles riesgos para la seguridad de los pacientes.

La Administración sanitaria señala además que la Dirección Gerencia del Área de Salud de Cáceres mantiene una comunicación permanente con los profesionales de Urgencias y que se ha reunido recientemente con sus representantes para analizar las necesidades organizativas planteadas.

Como resultado de estos encuentros, según explica el SES, se van a impulsar “diversas medidas organizativas” que los propios profesionales vienen reclamando históricamente y que están relacionadas con aspectos del funcionamiento del servicio que, según la Administración, se arrastran desde la apertura del Hospital Universitario de Cáceres.

El SES sostiene que estas reuniones forman parte de una estrategia más amplia de la Dirección del Área de Salud, que está manteniendo encuentros sistemáticos con los distintos servicios asistenciales del hospital para identificar oportunidades de mejora y adoptar las medidas organizativas que sean necesarias.

La Administración sanitaria insiste en que la relación con los profesionales de Urgencias y con el resto de servicios hospitalarios se desarrolla en un marco de “colaboración, diálogo y trabajo conjunto” con el objetivo de mejorar la asistencia.

Asimismo, asegura que el Servicio Extremeño de Salud evalúa de forma permanente la actividad asistencial, los recursos disponibles y las necesidades organizativas de los centros sanitarios y que adopta las medidas que considera necesarias para garantizar una atención “segura y de calidad”.

De este modo, las posiciones trasladadas por los profesionales y por la Administración difieren en la valoración de la situación: mientras los médicos alertan de una “situación crítica” y de un “riesgo cierto” para la seguridad de los pacientes por la falta de facultativos ante el incremento de la demanda, el SES sostiene que el servicio dispone actualmente de más médicos que nunca y que la asistencia sanitaria está garantizada.

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM CLM) denuncia y condena una agresión a una médica del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Mancha Centro del municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

El suceso ocurrió, según el sindicato, el pasado sábado 8 de agosto mientras la facultativa realizaba su labor asistencial.

Según la información recopilada por CESM-CLM, los hechos se produjeron durante la atención a una paciente en el Servicio de Urgencias. Mientras la médica intentaba realizar la historia clínica para poder prestarle asistencia, “la paciente adoptó una actitud agresiva e intentó golpearla en dos ocasiones, llegando finalmente a alcanzarla en la cara y provocando que sus gafas cayeran al suelo”.

Aunque la doctora no sufrió lesiones físicas, “este hecho no resta gravedad a lo sucedido ni al impacto personal y emocional que ha sufrido nuestra compañera durante el ejercicio de la profesión”, ha indicado el Sindicato Médico, que ha confirmado que la doctora ha presentado la correspondiente denuncia y ha manifestado expresamente su deseo de preservar su identidad.

Reclaman que los centros sanitarios sean “espacios seguros”

CESM-CLM ha trasladado su apoyo, solidaridad y afecto a la compañera, convencido de que “un hospital, un centro de salud o un Servicio de Urgencias deben ser espacios seguros tanto para los pacientes como para los profesionales que trabajan en ellos” y considerando “imprescindible mantener una política de tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión a profesionales sanitarios”.

“No podemos permitir que las amenazas, intimidaciones o agresiones terminen normalizándose como si constituyeran un riesgo inevitable asociado al ejercicio de la profesión sanitaria. Cada agresión debe tener una respuesta clara de la sociedad y de las instituciones”, ha señalado el sindicato, que ha reclamado que las conductas violentas contra quienes están ejerciendo una función asistencial reciban una respuesta judicial firme, proporcionada y suficientemente disuasoria.

También pide al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que proporcione “acompañamiento inmediato al profesional agredido”, faciliten toda la asistencia jurídica, psicológica y laboral que pueda necesitar, colaboren activamente en el esclarecimiento de los hechos, revisen las medidas preventivas y de seguridad cuando se produzca cualquier incidente y que ejerza de manera efectiva su personación como acusación particular en los procedimientos derivados de agresiones a sus profesionales, “defendiendo institucionalmente a quienes han sido atacados mientras prestaban un servicio público”.

CSIF denuncia una agresión verbal en julio en Tomelloso

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) condena la agresión y reitera su “rotunda oposición” a cualquier forma de agresión e interferencia en el trabajo de todos los profesionales del ámbito sanitario. Lamenta que “este tipo de prácticas se repitan con demasiada frecuencia”.

Asimismo, señala que el pasado 22 de julio se produjo una agresión verbal con amenazas e intimidación a otra facultativa del centro de salud Tomelloso II. “En aquella ocasión, un paciente inició una actitud hostil contra su médica tras denegarle la baja solicitada al considerar que no era necesaria. La rápida actuación del vigilante de seguridad, presente en el centro gracias a las presiones de CSIF, evitó que el incidente fuese a más”.

“Nada justifica ni una agresión física ni verbal. No podemos consentir que se nos menosprecie como personas ni como profesionales”, señala Alberto Rosales, responsable de CSIF Sanidad en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

CSIF, que muestra su apoyo a ambas facultativas agredidas, pide que se refuerce la protección a todos los trabajadores tanto en hospitales como en centros de salud y Puntos de Atención Continuada, para evitar que este tipo de hechos vuelvan a suceder.

“Este tipo de actos repercuten en el normal funcionamiento de los servicios. Debemos disponer de medidas reales y eficaces para acabar con esta lacra social”, subraya Rosales.

Por último, desde el sindicato se exige la formación de todas las plantillas de los centros sanitarios a fin de desarrollar habilidades comunicativas y sociales que permitan la prevención de este tipo de situaciones, el aumento y mejora de las medidas de seguridad en los centros de trabajo, implementando así un mayor número de personal de seguridad, la incorporación de medios técnicos de seguridad eficaces, así como campañas de sensibilización a la población por parte del Sescam.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real asume la asistencia jurídica de la agredida

El Colegio de Médicos de Ciudad Real condena de forma “rotunda” la agresión sufrida esta facultativa del Hospital Mancha Centro.

Explican que la institución colegial se puso en contacto con la médica agredida “desde el primer momento para trasladarle su apoyo, cercanía y disposición absoluta”. Asimismo, el Colegio asume su asistencia jurídica y la acompañará durante todo el proceso, tanto en el plano legal como en el apoyo institucional que pueda necesitar.

El Colegio apunta que esta actuación se hace extensiva a cualquier médico que pueda sufrir una agresión, amenaza, intimidación o coacción durante el ejercicio de su profesión. “El Colegio está y estará siempre al lado del médico agredido. Ningún profesional debe sentirse solo cuando es atacado por ejercer su trabajo”, subraya la institución.

La corporación colegial insiste en que no cabe normalizar ningún tipo de violencia en el ámbito sanitario. “Las agresiones a médicos no son hechos aislados ni conflictos menores: son conductas inadmisibles que afectan a la integridad física y emocional de los profesionales, deterioran la relación médico-paciente y ponen en riesgo la calidad de la asistencia”.

Por ello, el Colegio de Médicos de Ciudad Real reitera su mensaje de tolerancia cero ante cualquier agresión a sanitarios y anima a denunciar siempre este tipo de situaciones. “La institución defenderá con firmeza a los médicos agredidos y reclamará que estas conductas tengan una respuesta clara, proporcionada y disuasoria”.

Finalizan señalando que proteger a los médicos es también proteger a los pacientes. “Un hospital, un centro de salud o un servicio de urgencias deben ser espacios seguros para todos”, concluyen.

Ya es definitivo. Este jueves, finalmente, el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado los términos concretos del acuerdo entre Osakidetza y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) para mejorar exclusivamente las condiciones laborales del personal facultativo. Osakidetza lleva sin convenio actualizado desde 2018 y ahora esta modificación deja fuera al resto de categorías profesionales, que son la inmensa mayoría en la Sanidad pública.

Se trata de un pacto que responde a las dinámicas de movilizaciones corporativas en toda España a lo largo de 2026 y que, a la vez, ha soliviantado al resto de sindicatos, que tienen también mayoría en la mesa sectorial del Servicio Vasco de Salud y que anuncian un otoño caliente en forma de protestas y huelgas. El consejero Alberto Martínez ha argumentado que la profesión médica, que es la suya, tiene una “singularidad” especial por sus funciones, responsabilidades y formación. He aquí las claves del nuevo marco laboral.

Los argumentos

El Gobierno, en el decreto que recoge el acuerdo, expone que “en los últimos años se ha destacado la especial dificultad de captación y fidelización del personal médico y facultativo especialista, tanto por factores demográficos como por la creciente competencia por atraer y retener profesionales altamente cualificados entre los servicios sanitarios”. Por eso, “se considera necesario impulsar medidas específicas para mejorar las condiciones de la actividad profesional del personal médico y facultativo especialista, favoreciendo al mismo tiempo la estabilidad de las plantillas, la continuidad asistencial y la calidad de la atención a la ciudadanía”. Se indica que había una “necesidad objetiva” de mejorar la posición de los médicos para “garantizar” esa “continuidad asistencial” que se repite en seis ocasiones en el texto publicado.

Las guardias

Como gran medida, desaparecen las guardias de 24 horas. Se trata de “facilitar una transición progresiva hacia modelos alternativos a las guardias prolongadas de 24 horas, promoviendo fórmulas organizativas más modernas, sostenibles”, dice el decreto. ¿Cómo? “Con el objetivo de avanzar hacia modelos menos prolongados de atención continuada, se permitirá que las y los profesionales puedan acordar voluntariamente fórmulas de distribución de las guardias de fin de semana en turnos diferenciados de 12 horas, siempre que dicha organización resulte compatible con las necesidades asistenciales y cuente con validación organizativa del servicio correspondiente”, se indica.

Además, “se creará un grupo de trabajo donde Osakidetza analizará la situación de los diferentes centros, unidades y servicios de cada OSI [comarca sanitaria] con representantes de personal facultativo hospitalario, con el objetivo de establecer un calendario de acciones que permitan revisar y modificar las estructuras organizativas existentes para establecer medidas de transición progresiva hacia modelos alternativos a las guardias de 24 horas, garantizando en todo caso la asistencia sanitaria de la población y siempre y cuando sea organizativamente viable y sostenible”. Ese estudio “se realizará en el plazo máximo de seis meses tras el cual se planteará un cronograma de un máximo de cinco años de aplicación de los modelos que se acuerden”. Se buscan “fórmulas organizativas que permitan avanzar hacia esquemas más sostenibles y compatibles con el bienestar profesional y la seguridad asistencial”.

Las libranzas

Se ha buscado también una mejora en los tiempos de descanso. Algunos artículos acordados aluden a que “cada guardia presencial (o localizada con actividad presencial nocturna a partir de las 22:00 horas) dará lugar a su libranza, que computará como jornada efectiva de trabajo, no siendo recuperable en ningún caso” o a que “las libranzas de los viernes, sábados y vísperas de festivos podrán disfrutarse en los 25 días posteriores a la realización de la citada guardia”.

Se añade que, “a efectos de libranza, se considerará activación presencial nocturna de guardia localizada aquella situación en la que la o el profesional deba desplazarse físicamente al centro sanitario para la realización de actividad asistencial urgente o no demorable a partir de las 22:00 horas o bien aquella en la que la actividad que venía haciendo se prolongue más allá de esa hora”. “Se posibilitará, de forma voluntaria y con la aprobación de la jefatura o mando intermedio, que las y los profesionales que realicen actividad asistencial de guardia puedan incorporarse a dicha actividad en horario de tarde, a partir de las 15:00 horas, compensando la actividad ordinaria no realizada durante la mañana mediante su recuperación en módulos de actividad vespertina”, se indica.

Igualmente, el decreto prevé que “teniendo en cuenta la penosidad que supone la acumulación de las guardias”, se active “la puesta en marcha de un sistema de hasta dos días de libranza adicionales por acumulación de guardias siempre y cuando se garantice cobertura asistencial. Así, con ”más de 48 guardias“ al año habrá ”un día de libranza adicional“ y, si se pasa de 60, serán dos.

La autoconcertación

Las 'peonadas' o autoconcertación no son guardias, pero sí son turnos extraordinarios para aligerar listas de espera. Las movilizaciones médicas los habían dejado fuera de la ecuación y la demora quirúrgica se ha disparado esta primavera. Ahora se confía en que el acuerdo devuelva a los médicos a esta práctica.

“En lo que a autoconcertación se refiere, mientras se lleva a cabo el estudio y la modificación organizativa que permita reducirla progresivamente, se evaluarán los plazos máximos para procedimientos quirúrgicos programados y no urgentes y plazos máximos de acceso a consultas de cardiología, oncología y pruebas complementarias no urgentes para garantizar una atención de calidad respetando dichos indicadores”, se indica. Sobre las retribuciones de este servicio, “se acuerda la implantación de módulos de autoconcertación de cuatro horas, con una retribución de 328 euros por módulo”.

Más dinero y límite de edad

Además, se mejora el abono de las guardias. El incremento respecto del valor actualmente retribuido se repartirá en tres períodos, 2026, 2027 y 2028, con un variable ahora e incrementos de 150 euros en el complemento de productividad en los dos ejercicios siguientes“, se expone. Hay mejoras en otros puntos del convenio igualmente. Se puede consultar aquí el documento completo. El consejero Martínez cifró en 75 millones de euros el coste total del nuevo plan de mejoras laborales.

Asimismo, se reducirá hasta los 50 la edad para hacer guardias. “Se realizará un informe sobre el impacto en la actividad asistencial de la reducción de la edad de exención de guardias con el objetivo de iniciar el 2027 una reducción progresiva anual de la edad para dicha exención hasta los 50 años”, apunta textualmente el decreto. En 2027 bajará ya de 55 a 54 años, en 2028 a 53, en 2029 a 52 y en 2030 se quedará ya en los 50.

Para los ambulatorios

El SME y Osakidetza han acordado medidas para atención primaria también. Por ejemplo, se quiere disminuir la burocracia con un sistema “inminente” de “transcripción de voz” de las consultas en los ambulatorios así como que el personal de enfermería haga “triaje” de pacientes para no saturar a los facultativos. Y se añade un “pilotaje de actividad asistencial limitada a cinco horas con autogestión de las agendas y un máximo de 30 actos médicos al día (150/semana)”.

También se prevé la autoconcertación para reducir esperas en las citas. Se habla de “módulos de cuatro horas, con una actividad de seis pacientes por hora (24 pacientes por módulo)”. En los PAC, ambulancias y Urgencias, se podrán hacer “módulos de cuatro horas, con una actividad asistencial adaptada a las características de cada dispositivo y a la franja horaria correspondiente”.

Los responsables médicos de Osakidetza están informando a su personal de que está en vigor el acuerdo alcanzado entre la dirección política y el Sindicado Médico de Euskadi (SME) para mejorar las condiciones laborales de los facultativos exclusivamente (y no del resto de los sanitarios), dotado con 75 millones de euros. Por ello, están ya pidiendo nombres de voluntarios para que se retome la denominada “autoconcertación”, que son las horas extraordinarias de quirófanos que se hacen para reducir las listas de espera y que habían desaparecido por las huelgas médicas que se han sucedido desde comienzos de 2026.

El conflicto con los médicos tiene dos escenarios, Madrid y Vitoria. En la capital de España, la ministra de Sanidad, Mónica García, acordó un estatuto marco para regular las condiciones de todo el personal y lo pactó con la mayoría sindical del Sistema Nacional de Salud (SNS), conformada por Satse, CCOO, UGT y CSIF. Los sindicatos médicos y otros movimientos sin representación (como el MUD) lo rechazaron y demandaron una regulación propia y diferenciada para los facultativos e iniciaron huelgas de una semana al mes y, además, decidieron no hacer servicios de “autoconcertación”, también conocido como “peonadas”.

La consecuencia, en Euskadi, es que las listas de espera se han disparado, al igual que las derivaciones a la privada. A finales de mayo, cuando se dieron los últimos datos, la demora para pasar a quirófano se situaba en 77,4 días, muy por encima de los 54,2 de finales de 2025.

El consejero vasco de Salud, el doctor Alberto Martínez, se ha opuesto desde el inicio a las propuestas de García —hasta el punto de liderar a comunidades autónomas de todos los partidos políticos contra la ministra de Sumar— y, además, ha negociado con el SME, que no tiene mayoría en la mesa sectorial, una mejora de las condiciones laborales solamente para los médicos por su “singularidad”. El movimiento puede desactivar huelgas médicas o al menos el plante con la “autoconcertación”, pero aboca a un otoño caliente de movializaciones de la mayoría sindical.

En todo caso, la cadena de mando interna de Osakidetza ya se ha puesto a trabajar y se han enviado correos electrónicos y mensajes de WhatsApp a los facultativos, según constatan fuentes internas, para ir organizando de inmediato turnos de “autoconcertación” a partir de septiembre, a la vuelta de las vacaciones. El SME manifestó que el final de las huelgas depende más de las decisiones en relación al Ministerio de Sanidad, pero sí concedió que el acuerdo en Osakidetza serviría, al menos, para retomar esas “peonadas”.

“Leed el acuerdo. Es necesario que os pronunciéis individualmente cada uno de vosotros si vais a hacer AC [autoconcertación] a partir del 7 de septiembre en el grupo de 'watsap' de AC antes del viernes 31 de julio a las 8 horas”, se puede leer en una de esas comunicaciones internas que han empezado a ser enviadas a las 24 horas de que el consejero Martínez hiciera oficiales las mejoras.

Según las fuentes consultadas, el nuevo modelo está ya en vigor con carácter retroactivo a 28 de julio, el momento de su aprobación por parte del Consejo de Gobierno. Sin embargo, no se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) hasta el 4 de agosto. Entre sus mejoras está la desaparición de las guardias de 24 horas, mejoras en el pago de las horas fuera de los turnos y nuevos sistemas de libranzas.

El Gobierno andaluz se ha garantizado la paz sindical con los médicos, que se han comprometido a no llevar a cabo huelgas en Andalucía tras lograr mejoras salariales y cambios en las guardias, entre otros aspectos. En concreto, y mientras se desarrolla este acuerdo “desde la buena fe y la corresponsabilidad”, los facultativos evitarán la convocatoria de movilizaciones de ámbito autonómico “mientras se avance en el cumplimiento de las medidas pactadas de forma satisfactoria para ambas partes”.

Así lo han refrendado este miércoles el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, y el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, que han rubricado un acuerdo que incluye aspectos como la incorporación de una gratificación económica específica para los profesionales en puestos de difícil cobertura. Asimismo, se contempla la implantación de un complemento retributivo específico de carácter mensual para la actividad de tutorización de los residentes.

También se introducen medidas como la reforma del modelo de guardia y jornada complementaria para implantar la voluntariedad de las continuidades asistenciales no vinculadas a la guardia. A esto se une un sistema de atención a las urgencias y emergencias alternativo que no esté basado exclusivamente en un modelo de guardias obligatorias.

El acuerdo rubricado recoge, en general, la mejora de las condiciones profesionales del personal médico y facultativo del sistema sanitario público de Andalucía. Una hoja de ruta, ha dicho el consejero, que representa una “respuesta propia de Andalucía a las principales reivindicaciones del colectivo médico que están dentro de nuestras competencias”.

“Difícil” convocar una huelga general

Según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota, “es un acuerdo realista y ambicioso para mejorar las condiciones profesionales, reconocer el esfuerzo de nuestros médicos y facultativos, atraer y fidelizar talento y reforzar la calidad y la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público”, ha indicado. Las medidas, que se desarrollarán en esta legislatura, “arrancan una nueva etapa que da continuidad a esa senda de diálogo” que en marzo llevó a un pacto sindical para el desarrollo de un nuevo modelo de carrera profesional.

Por su parte, el presidente del Sindicato Médico ha recalcado que “es un buen acuerdo y hubiera sido un error no suscribirlo, entre otras cosas porque representa una oportunidad de avanzar a través del diálogo”. De esta manera se conseguirá “mejorar la situación de la sanidad pública y así mejorar la calidad de la asistencia sanitaria que reciben los andaluces, que es el objetivo último de lo que hacemos”.

En cuanto a las movilizaciones, Ojeda ha recordado que su sindicato mantiene el “conflicto abierto” con el Ministerio de Sanidad en relación al Estatuto Marco que éste ha planteado. Eso sí, reconoce que resulta “difícilmente compatible” promover una huelga indefinida en Andalucía tras el verano en este contexto ante el “espacio de diálogo” que ha abierto con la Junta. De hecho, el SMA se ha comprometido a que cualquier actuación futura derivada del conflicto nacional con el Ministerio preserve el contenido del acuerdo y se desarrolle “de manera que no repercuta negativamente en la asistencia sanitaria a la población andaluza, mientras se desarrollen las medidas del acuerdo”.

Productividad fija en primaria

Para el vicepresidente primero, el pacto incluye “medidas de calado y concretas y que van a suponer un impacto organizativo, normativo y presupuestario sin precedentes en nuestro sistema público de salud”. Al respecto, ha detallado que el acuerdo incluye un cambio en el modelo retributivo del personal médico y facultativo para reforzar el peso de las percepciones de carácter fijo o la incorporación de una productividad fija para los médicos de primaria de pago semestral para armonizar la paga adicional.

Además, se recupera también la regulación de la reducción de jornada por interés personal como una medida destinada a “favorecer una mayor flexibilidad y conciliación”. Con este fin, se establecerá una implantación progresiva que permita ampliar el alcance de esta modalidad hasta alcanzar un máximo del 50% de reducción de jornada en el plazo de un año, “garantizando su aplicación de forma ordenada y conforme a las necesidades organizativas y de prestación del servicio”.

Otro compromiso es la equiparación de las retribuciones fijas de los médicos del trabajo con las del resto de facultativos especialistas de área del sistema sanitario público de Andalucía. También se revisará el decreto regulador del Cuerpo A.1.4 –farmacéuticos y veterinarios–, con el objetivo “de adecuarlo a las necesidades actuales de su función son otras de las demandas históricas a las que da respuesta este acuerdo”.

El documento contempla igualmente la aplicación de medidas para “reforzar la conciliación, la igualdad y la protección retributiva en situaciones de maternidad, embarazo, nacimiento, cuidado de mayores dependientes, lactancia y contingencias profesionales”, evitando que el ejercicio de estos derechos “produzca pérdidas económicas”.

Los médicos, en el centro

Como ha explicado el titular de Sanidad, este acuerdo “nos permite ordenar prioridades, realizar los análisis previos necesarios y promover la implantación gradual de las medidas, garantizando su viabilidad, la adecuada cobertura asistencial y la sostenibilidad del sistema”. Un calendario de actuaciones que, ha dicho, “abordaremos desde la colaboración, el compromiso compartido y el diálogo constante”.

Para este fin, la Junta ha anunciado que se creará una comisión de seguimiento, con participación de ambas partes, en las que se evaluará periódicamente el grado de ejecución de los compromisos asumidos y en la que se podrán proponer las adaptaciones o ajustes o mejoras que resulten necesarios.

En suma, el vicepresidente ha mostrado, por último, su reconocimiento al Sindicato Médico Andaluz por su “voluntad para emprender junto al Gobierno andaluz un camino fundamental para reforzar la confianza en el sistema sanitario público de Andalucía, situando a los médicos en el centro y consolidando un modelo sanitario más sólido, atractivo y sostenible”.

El Consejo de Gobierno, este martes, ha dado forma legal al acuerdo alcanzado la pasada semana entre la dirección política de Osakidetza y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) para mejorar las condiciones laborales de los facultativos del Servicio Vasco de Salud. Finalmente, según los datos aportados por el consejero, Alberto Martínez, la dotación económica de los cambios supondrá un desembolso de 75 millones de euros al final del período de vigencia, en 2029. Como ya se sabía, los primeros 13 serán inmediatos, este mismo 2026.

En la presentación del decreto, que entrará en vigor a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), el consejero del PNV no ha querido “obviar” la “reacción” que este pacto ha causado en el resto de la plantilla de Osakidetza. El SME es la cuarta fuerza sindical, no tiene mayoría y el resto de sindicatos ha anunciado movilizaciones al entender que es una concesión “clasista” que privilegia solamente a uno de los grupos profesionales. Osakidetza lleva 18 años sin actualizar el convenio.

Martínez ha insistido en defender la “singularidad” de la profesión médica —él mismo trabajaba en Osakidetza antes de saltar a la política en 2024— y ha recalcado que. mientras el resto de colectivos trabajan no más de 35 horas semanales. las jornadas de los facultativos pueden ser de “60 u 80 horas” para garantizar la asistencia “24/7”, es decir, en todo momento. Hasta ahora las guardias se pagaban por debajo de la hora ordinaria y ahora se introducen mejoras horarias y de conciliación, una reducción de la obligatoriedad de hacer guardias hasta que progresivamente se quede en los 50 años, según ha enumerado Martínez, convencido de la bondad del acuerdo.

El consejero ha insistido en contraponer este modelo de acuerdos con la política de la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar. De hecho, el pacto con los médicos en Euskadi responde a una huelga en el conjunto del Sistema Nacional de Salud promovida por sindicatos corporativos que reclaman un estatuto marco propio y diferenciado del del resto de categorías. En verdad, el Gobierno central ya tiene acordado un estatuto marco global con la mayoría sindical, pero Martínez ha liderado una rebelión autonómica contra ese modelo.

El responsable vasco de Salud ha afeado también a García que apruebe planes sin “memoria económica” ni informes jurídicos. “Es un don sin din”, ha ironizado. Cree Martínez que los apoyos a las propuestas de la ministra “se han ido debilitando por momentos” en estos meses, mientras que él ha logrado un clima de entendimiento con la plantilla de Osakidetza. “24 acuerdos en la mesa sectorial”, ha recordado.

Ante la previsión de que el resto de sindicatos vayan a la huelga para denunciar el acuerdo exclusivo para médicos, Martínez ha señalado que “este acuerdo [con el SME] no supone el cierre de ninguna negociación” con otros colectivos y, a la vez, ha lanzado carantoñas al sindicato principal, Satse, haciendo un “reconocimiento expreso” de su “extraordinario trabajo” e invitándole a buscar acuerdos bilaterales también. A la vez, ha recordado que los sindicatos de clase tienen también médicos afiliados que saldrán beneficiados. Asimismo, ha rechazado la idea de que Euskadi tenga una Sanidad pública “precaria”. Ha señalado que es la comunidad autónoma con más gasto por habitante en profesionales sanitarios y que, junto con Navarra, es también la única que invierte en este capítulo “por encima de la media” de Europa.

El Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Logroño ha dictado un Auto por el que suspendía la convocatoria del proceso de selección que había convocado el SERIS para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de médicos tras la interposición de un recurso por parte de la Abogacía del Estado a petición del Ministerio de Sanidad. En concreto, el Servicio Riojano de Salud iba a contratar como personal fijo a médicos sin especialidad para realizar funciones asistenciales.

El dibutado del PSOE Miguel González de Legarra ha subrayado que se trata de “una resolución judicial que trasciende el ámbito de un procedimiento administrativo y que pone seriamente en cuestión la forma en la que el Gobierno de La Rioja está intentando gestionar la falta de médicos”. Cuando un juez decide suspender cautelarmente una actuación de una Administración Pública, ha visto Legarra, “no lo hace por un mero defecto formal, ni por una cuestión menor, lo está haciendo porque aprecia indicios suficientemente sólidos de que esa actuación puede ser contraria a Derecho”.

El juez ha suspendido la convocatoria aprobada por el Servicio Riojano de Salud para incorporar personal fijo en una nueva categoría denominada ‘Técnico Titulado Superior Rama Sanitaria (Médico)’, correspondiente a la OPE de 2025 “porque entiende que existen razones suficientes para pensar que esa convocatoria puede vulnerar la legislación básica del Estado”.

El origen de este problema es que el Gobierno de La Rioja no convocó en esta OPE plazas de Médicos de Familia, ni plazas de facultativos especialistas, sino que, como ha explicado Legarra, “crear una categoría que, jurídicamente, pertenece al ámbito del personal de gestión y servicios”. Aunque pudiera parecer solamente una cuestión técnica, las funciones que se les iban a exigir a estos nuevos contratados “no consistían en realizar tareas administrativas, sino que consistían en hacer cribado de pacientes, prestar asistencia telefónica, apoyar la atención continuada, gestionar bajas médicas, recetas y colaborar directamente con los centros de salud”. Es decir, “se les iban a asignar funciones claramente asistenciales”, ha subrayado el diputado del PSOE

Miguel González de Legarra ha asegurado que la abogacía del Estado sostiene que esas funciones asistenciales sólo pueden ser desempeñadas por médicos especialistas conforme a la legislación vigente. Es decir, el diputado González de Legarra ha explicado: “Lo que el Gobierno de Gonzalo Capellán pretendía hacer es utilizar una categoría distinta de la prevista por la legislación para cubrir unas funciones que la ley reserva en exclusiva a otra categoría profesional. El Ejecutivo ha querido resolver un problema sanitario mediante un artificio administrativo”.

Para el PSOE, “esto es extraordinariamente grave, porque cuando un Gobierno empieza a buscar atajos para evitar afrontar un problema estructural, deja de gestionar y empieza a improvisar. Y cuando esa improvisación acaba encima de la mesa de un juez ”nos encontramos con un serio problema de gestión“.

González de Legarra ha señalado que “lo verdaderamente preocupante es que esta resolución retrata una forma de gobernar del Ejecutivo regional”: “La Rioja tiene un Gobierno incapaz de atraer profesionales, e intenta cambiar el nombre de las plazas para hacer creer que lo ha resuelto. Los riojanos llevamos demasiado tiempo soportando listas de espera interminables, consultorios con dificultades para cubrir plazas, Centros de salud saturados, problemas permanentes en Atención Primaria y el desmantelamiento del hospital de Calahorra. Y ahora descubrimos que, además de todo eso, el Gobierno pretende resolver la falta de médicos mediante fórmulas cuya legalidad acaba teniendo que decidir un juez”.

Igualmente, ha afeado que para ampliar la cobertura asistencial en el Centro de Salud de Ezcaray durante el verano, “se ha decidido contratar a dos celadores”. “Tenemos un Gobierno que ha perdido el rumbo, una consejería que sustituye la planificación por la improvisación y un presidente que permanece impasible mientras la sanidad pública entra en una deriva cada vez más preocupante”, ha concluido el diputado del PSOE.

Uso excesivo de la fuerza contra personas detenidas por parte de agentes de policía, malos tratos físicos en las cárceles en áreas sin cobertura de cámaras de videovigilancia que llegaron a “un nivel de violencia alarmante”, prisiones donde hay escasez de personal sanitario y la asistencia en salud mental presenta graves deficiencias estructurales. Estos son los puntos más destacados que señala el informe de visita del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) a centros de detención en España, que fue realizado entre los años 2025 y 2026. En esta ocasión se visitaron comisarias y prisiones en Andalucía y Madrid, además de un centro de menores en Badajoz.

El informe recopila situaciones graves de fuerza excesiva y malos tratos físicos en el momento de la detención por parte de la policía o durante el traslado y custodia por parte de los agentes, que “en numerosas ocasiones” fueron corroborados por marcas físicas e informes médicos“.

El CTP pone sobre la mesa casos en los que los detenidos fueron esposados de forma prolongada, se les agredió mediante bofetadas tras la detención, mientras que a otra persona arrestada en los calabozos de la comisaría fue golpeado con puñetazos y patadas por seis agentes de policía, otro recluso fue agredido con porras en la frente y se pateó a un detenido en las costillas y en la cara.

En el informe se reitera sobre graves problemas de ventilación, falta de luz natural y ausencia de timbres de llamada en comisarías de Madrid como Leganitos, Tetuán y las dependencias judiciales de Plaza de Castilla. El informe señala que hay una notable mejora en las prisiones de Madrid VII y Sevilla II, aunque tres internos del centro sevillano, que sufrieron fuerza física y alegaron haber sido agredidos por funcionarios, fueron trasladados repentinamente a otras cárceles, coincidiendo exactamente con el primer día de la visita del CPT.

Además, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura denunció una “situación sumamente preocupante en Algeciras, Huelva y Puerto III”, donde se identificó un patrón reiterado de malos tratos físicos aplicados por funcionarios en áreas sin cobertura de cámaras de videovigilancia.

“Un nivel de violencia alarmante” en centros penitenciarios

En estos centros penitenciarios el CPT constató casos de “un nivel de violencia alarmante” sobre personas vulnerables. Por ejemplo, en la prisión de Algeciras un interno con esclerosis múltiple en silla de ruedas fue reducido por cinco guardias y trasladado a una habitación de la enfermería donde recibió puñetazos y patadas en el cuerpo, mientras que una interna que se encontraba en estado de agitación al exigir su medicación fue reducida en su celda por seis funcionarios, quienes la golpearon varias veces con porras de goma en las piernas.

En la cárcel Puerto III, un preso muy nervioso fue abordado por diez funcionarios en su celda. Posteriormente, denunció haber sido inmovilizado boca abajo, esposado por la espalda y golpeado con porras en las plantas de los pies, además de recibir puñetazos y patadas. En este centro, un interno en silla de ruedas fue agredido por funcionarios con golpes de porra en la cabeza y el torso y patadas en las piernas, documentándose heridas en la espalda, glúteos y hombros.

Mientras que en la cárcel de Huelva el médico del CPT constató que un interno fue agredido con porras en la espalda estando esposado y, posteriormente, un funcionario le estrelló la cabeza tres veces contra la pared, mientras que otro le golpeó la zona lumbar con la raqueta metálica de detección de objetos.

Falta de médicos

El informe resalta la escasez de médicos en prisión, con más de 100 vacantes a nivel nacional, lo que provoca demoras de meses para citas médicas. El CPT destaca además que los exámenes médicos obligatorios tras incidentes se realizan casi siempre a través de rejas y ante la presencia de los propios guardias agresores, invalidando cualquier tipo de confidencialidad.

Por otro lado, la investigación recalca que la asistencia en salud mental para los internos en las prisiones españolas presenta graves deficiencias estructurales, marcadas por la falta de personal especializado, un elevado uso de psicofármacos sin revisiones periódicas y un enfoque que prioriza la seguridad o la disciplina sobre el tratamiento terapéutico.

Como ejemplo de esta situación, el CPT pone como ejemplo la prisión de Puerto III, donde el psiquiatra visitante tenía programadas consultas para 87 internos en una sola mañana. Ante la alarmante falta de atención, muchas familias de los internos se ven obligadas a pagar consultas privadas para que un especialista particular visite a sus familiares dentro de la cárcel, según el informe.

Si entre el 50% y el 60% de los internos están bajo tratamiento con psicofármacos (un 46% en Puerto III, un 55% en Huelva y aproximadamente un 55% en Madrid VII), debido a la escasez de psiquiatras, muchas prescripciones no se revisan durante meses. Además, en el informe se recoge la preocupación por la prescripción prolongada de medicamentos con alto potencial adictivo y la combinación de ansiolíticos y anticonvulsivantes en internos que no presentan diagnósticos neurológicos que lo justifiquen.

Los miembros del CPT también visitaron el centro de internamiento de menores Vicente Marcelo Nessi, en Badajoz. El informe detalla graves acusaciones de fuerza excesiva y malos tratos físicos sistemáticos aplicados por el personal de seguridad privada del centro, mediante el golpeo con porras de goma o menores atados a la cama por una de sus extremidades, una práctica prohibida por la ley para menores de edad. Además, el centro presenta un ambiente sumamente carcelario y las celdas de aislamiento de menores en el sótano no cuentan con timbres de llamada ni acceso a inodoros.

Recomendaciones para España

Las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura para el Gobierno español van desde tolerancia cero ante la violencia y que haya cámaras de vídeo en todas las áreas, incluidas las salas de registro y los pasillos; implementar rigurosamente los principios del Protocolo de Estambul sobre partes de lesiones, donde los médicos de prisiones no deben examinar a los internos a través de las rejas ni en presencia de los funcionarios.

Además, se propone poner fin definitivo a la inmovilización de internos a camas por motivos regimentales o de seguridad, especialmente en Cataluña, donde más se sigue haciendo, según el informe; traspasar la competencia de la sanidad penitenciaria de la administración central de Interior a los servicios de salud de las comunidades autónomas y prohibir el uso de porras de goma contra menores de edad e instalar timbres de llamada de forma prioritaria en todas las celdas.

El Gobierno de Asturias se ha sumado hoy a la petición de todas las comunidades y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para que el Ministerio de Sanidad reinicie las conversaciones sobre el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, con el objetivo de definir un texto “consensuado, equilibrado y sostenible”.

Las diferentes administraciones consideran que la trascendencia de esta norma exige “el máximo consenso institucional y profesional”, por lo que reclaman retomar el diálogo “con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes”.

Reclaman el máximo consenso

En un escrito dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, las diferentes administraciones autonómicas defienden que una norma de la trascendencia del Estatuto Marco debe sustentarse en el máximo consenso institucional y profesional posible y contar tanto con quienes tienen la responsabilidad de gestionar los servicios sanitarios como con los profesionales que trabajan en ellos. También expresan su confianza en que su petición conjunta sea atendida.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha participado este miércoles por vía telemática en la reunión del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Al finalizar la sesión, ha subrayado la importancia del estatuto marco, que considera “una norma fundamental para los profesionales y para toda la ciudadanía, porque indica el futuro del sistema sanitario público”.

Tras ofrecer colaboración institucional al ministerio, ha recordado que las competencias en materia sanitaria pertenecen a las comunidades.

“Somos responsables de la gestión directa de la salud en nuestros territorios y tenemos la obligación de intentar solucionar un conflicto que está perjudicando a los pacientes”, ha añadido.

La amenaza de huelga médica

En ese sentido, ha alertado de que la amenaza de huelga médica indefinida a partir de septiembre tendría serias repercusiones tanto en la salud de la ciudadanía como en el propio sistema sanitario a nivel nacional.

“En Asturias hemos hecho nuestros deberes porque nosotros hemos negociado, hemos alcanzado acuerdos que ya se han puesto en marcha y seguimos manteniendo el diálogo para avanzar en un nuevo modelo organizativo”, ha valorado. Según ha precisado, muchas de las medidas acordadas están relacionadas con cambios contemplados en el Estatuto Marco, especialmente en ámbitos como la flexibilidad laboral y la conciliación familiar.

El conflicto entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos ha vuelto a colarse este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Los responsables de las consejerías del ramo han solicitado a la ministra Mónica García e “reinicio de la negociación del Estatuto Marco”, pactado entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales presentes en la mesa del ámbito, CCOO, UGT, CSIF y Satse.

Ese texto, que limita las guardias obligatorias a 17 horas —frente a las 24 actuales—, mandata oposiciones cada dos años y limita la jornada laboral máxima a 45 horas, entre otras medidas, se topó con la oposición de los sindicatos médicos, que han convocado paros semanales cada mes desde febrero hasta junio y amenazan ahora con una huelga indefinida en septiembre si no hay avances en sus demandas. Estas pasan por un ámbito propio de negociación, un estatuto médico, la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y una clasificación profesional “justa”.

“El proceso no ha logrado el consenso necesario entre las administraciones sanitarias, las organizaciones sindicales y el Ministerio de Sanidad”, lamentan las comunidades en una carta trasladada a García, a la que ha tenido acceso elDiario.es, y en la que consideran que es aconsejable “abrir una nueva etapa de diálogo”.

Para la ministra, la petición tiene “dos consecuencias”. Por un lado, que “no mejoremos las condiciones laborales de los profesionales”, que “llevan 20 años esperando” por cambios en su forma de trabajo. La postura del Ministerio es que reiniciar las negociaciones dejaría en “stand by” mejoras con el fin de las guardias de 24 horas, una de las reclamaciones que se han visto en las pancartas que los profesionales médicos han agitado en las protestas de los últimos meses y que sí contempla el texto que defiende García.

Por otro lado, la ministra ha insistido tras la reunión con las consejerías, que tumbar el trabajo hecho hasta ahora supondría “saltarse la ley y romper el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios”. “Si alguna comunidad quiere romper los acuerdos que pacta, es libre de hacerlo”, ha afeado García, que ha repetido que el Estatuto Marco nace de “acuerdos legítimamente acordados en la mesa sectorial que ordena la ley”.

No obstante, ha recordado que las comunidades autónomas son competentes para alcanzar otros acuerdos, “como han hecho Galicia, Euskadi y la Comunidad Valenciana”, ha enumerado.

Estas, por su parte, advierten que “la prolongación del conflicto laboral y de las convocatorias de huelga está teniendo un impacto directo sobre la actividad asistencial y compromete la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada a los ciudadanos”. Y les “preocupa especialmente”, dicen, “que esta situación continúe prolongándose y repercuta negativamente en la calidad de la atención y en la seguridad de los pacientes”.

Para García, el objetivo de fondo de las comunidades es mantener el statu quo. “Creen que no es el momento de reformar el sistema”, ha dicho en rueda de prensa, donde ha expresado que las consejerías reclaman que se eliminen los artículos que tienen que ver con la jornada laboral y las guardias. “Ni quieren mejorar las condiciones, ni nos dejan a nosotros mejorar las condiciones”, ha insistido la ministra, que ha asegurado que los responsables autonómicos “creen que no hay que eliminar las guardias de 24 horas” porque en los informes que le trasladan al Ministerio indican que es “destructivo e irrealizable”.

El médico Isidoro Gómez Cavero, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cuenca durante las dos últimas legislaturas tras presentar batalla electoral con la agrupación de electores Cuenca nos Une, ha fallecido este miércoles a los 63 años.

Conquense de nacimiento, Gómez Cavero ejerció de médico en Medicina General durante 30 años y fue el fundador del hospital La Alameda (actual Hospital Recoletas). Junto a la sanidad, su mayor desempeño en la vida pública conquense se desarrolló en el mundo del balonmano, como presidente del Ciudad Encantada en dos etapas.

En la segunda, desde el año 2011, el club obtuvo los mayores éxitos deportivos de su historia, incluyendo un subcampeonato de liga en el año 2023 y un subcampeonato de Copa del Rey en 2019, además de las primeras clasificaciones a competición europea del conjunto conquense.

En política, fue cortejado con frecuencia por los dos grandes partidos, pero terminó dando el salto con Cuenca nos Une en 2019, agrupación de electores que dio la campanada en las elecciones al obtener seis concejales y ser la segunda fuerza más votada, por delante del Partido Popular.

Este éxito le dio la llave de gobierno y le convirtió, aunque esta figura no apareciera en el organigrama del equipo de Gobierno, en un 'vicealcalde' que compartía responsabilidades con el alcalde de la ciudad, Darío Dolz.

La formación liderada por Gómez Cavero perdió fuerza en los comicios de 2023, pero conservó el peso suficiente como para poder gobernar en coalición con el PSOE. Durante estas dos legislaturas la agrupación de electores ha respaldado el gobierno socialista, ya que el médico consideraba que, respaldando a la formación que estaba en el Gobierno regional, sería más fácil conseguir fondos para Cuenca.

Su papel durante estos años ha sido el de tirar de los “grandes proyectos” como el inicio de la construcción de los remontes mecánicos al Casco Antiguo y la remodelación de Carretería.

En el año 2024, le fue diagnosticado un tumor cerebral que le obligó a pasar por la mesa de operaciones en dos ocasiones. A pesar de sus problemas de salud, intentó mantenerse en activo mientras le duraron las fuerzas. Presidió el Balonmano Ciudad Encantada hasta el año 2025 y el pasado mes de junio tuvo que renunciar finalmente a su acta como concejal en el Ayuntamiento de Cuenca.

En 2026, Isidoro Gómez Cavero recibió el título de Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha, durante el acto institucional del Día de la Región, celebrado en Cuenca, por su compromiso con el deporte a través de su papel como presidente del Ciudad Encantada.

Su labor al frente del club conquense también ha sido merecedora de la Medalla e Insignia de Plata de la Federación Española de Balonmano.

Su funeral se celebrará el 23 de julio

Los restos de Isidoro Gómez Cavero reposarán en el Tanatorio de La Paz, celebrándose su funeral el jueves 23 de julio a las 11:00 horas en la Parroquia de San Esteban.

El Ayuntamiento de Cuenca mantendrá las banderas a media asta durante los próximos tres días en señal de luto por su concejal y teniente alcalde fallecido, así como suspenderá la agenda pública del alcalde durante la jornada de mañana jueves.

Se realizará la propuesta por parte del equipo de Gobierno de renombrar el Polideportivo 'El Sargal' con el nombre de 'Isidoro Gómez Cavero'.

Despedida de compañeros en la política

El alcalde Darío Dolz se ha mostrado consternado ante el fallecimiento de quien considera “más que un compañero y amigo, ha sido como un hermano”, y ha trasladado su pésame familia, amigos y allegados en nombre de todos los grupos políticos con representación en el Consistorio conquense. “Querido Isidoro, qué pena más grande. Te has ido demasiado pronto, con las ganas que tú tenías de seguir dando guerra y luchando por esa Cuenca mejor que tenías en mente. Ni te imaginas lo que te voy a echar de menos, lo que te vamos a echar de menos, lo que Cuenca te va a echar de menos”, ha señalado Dolz en redes sociales.

También el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado a través de las redes sociales a Gómez-Cavero, con quien negoció algunos de los proyectos para la ciudad de Cuenca. “Ha fallecido alguien que trabajó mucho por Cuenca y puedo decir con orgullo que, desde que nos conocimos, fuimos amigos. Descansa en paz, Isidoro”, ha escrito el jefe del Ejecutivo autonómico.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado el fallecimiento del médico conquense, “una persona que siempre peleó por una Cuenca mejor” y ha traslado sus condolencias a toda su familia y amigos.

El Hospital de Calahorra ha incorporado en estos últimos meses 25 profesionales al equipo de atención sanitaria. Son 25 profesionales: 10 enfermeras y 15 facultativos. En concreto los nuevos médicos son especialistas de: Urgencias, Pediatría (3), Alergología (2), Otorrinolaringología (2), Oftalmología, Anatomía Patológica, Reumatología, Ginecología, Cirugía, Dermatología y Medicina Interna.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y la directora del Hospital Universitario de Calahorra, Patricia Martín Rico, se han reunido con los nuevos profesionales del Hospital. Algunos de estos sanitarios terminaron la residencia recientemente en el Servicio Riojano de Salud y han decidido continuar ejerciendo en el SERIS, aunque también hay jóvenes llegados de otras comunidades y varios profesionales ya con años de experiencia que han optado por Calahorra en los últimos concursos de traslados.

La consejera ha defendido “la incorporación de estos profesionales es la mejor demostración de la buena marcha del hospital comarcal, que está atrayendo talento y consolidando una plantilla que garantiza la atención de calidad que desde el SERIS queremos procurar a los vecinos de La Rioja”. Martín ha subrayado como “apuesta importantísima” por el Hospital de Calahorra las políticas del Gobierno en esta legislatura, a pesar de que también en esta legislatura ha surgido el movimiento SOS Hospital de Calahorra, que advierte de la pérdida de recursos del centro hospitalario de referencia de La Rioja Baja.

Los nuevos especialistas del Hospital de Calahorra han destacado las virtudes de un hospital comarcal como éste, integrado en un gran sistema de salud como el riojano. Asimismo, han hecho hincapié en el buen ambiente de trabajo con positivas sinergias tanto dentro de los propios equipos como entre distintos servicios y especialidades.