La Consejería Sanidad del Gobierno regional ha cifrado este martes en un 7,8% el seguimiento de la huelga indefinida de médicos convocada en Atención Primaria y Hospitalaria por el Sindicato Médico Canario y SEMCA.

Según los datos aportados por el Ejecutivo autonómico en un comunicado, de los 7.267 efectivos que estaban convocados a este paro, un total de 4.106 estaban afectados por esta convocatoria, de los que la secundaron 322.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 242 de los 1.608 efectivos afectados, lo que representa el 15,05%, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 68 de los 1.963, es decir, del 3,46%. Por su parte, en Lanzarote han acudido al paro seis de los 218 profesionales afectados por la huelga, el 2,75%, en Fuerteventura la secundó uno de los 298 afectados, es decir, el 0,34%.

Por su parte, en La Palma el seguimiento fue del 2,94%, puesto que acudieron a la huelga cinco de los 170 afectados, mientras que en La Gomera y en El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

Asimismo, la jornada de la mañana de este martes cuenta con 1.244 efectivos en servicios mínimos y ha transcurrido sin incidencias destacables, según detalla la nota.

El Sindicato Médico y el Sindicato de Empleados Médicos reconocen que sus últimos contactos con el Gobierno de Canarias han propiciado avances en una serie de conceptos que están abiertos a considerar, aunque por ahora sigue en pie la convocatoria de huelga que iniciaron el pasado viernes.

La huelga de médicos en la sanidad canaria tiene, en principio, carácter indefinido, pero sus convocantes habían fijado ya una fecha, el 26 de octubre, para plantearse si continúa en noviembre.

El secretario general del Sindicato Médico en las islas, Levy Cabrera, ha explicado a EFE que están pendientes de que la dirección del Servicio Canario de la Salud convoque formalmente una reunión con el comité de huelga, para detallar su último ofrecimiento.

Cabrera ha precisado que no puede hablarse aún de un principio de acuerdo, sino de una serie de propuestas que el colectivo médico está abierto a valorar, porque suponen una mejora respecto al planteamiento que mantenía hasta ahora la Consejería de Sanidad.

Este portavoz del colectivo médico asegura que entre esos avances no solo está un aumento de la retribución de la hora de guardia diurna, sino el compromiso de abordar en los tres próximos presupuestos una serie de mejoras retributivas que el Servicio Canario de Salud alega que no puede implementar en un solo ejercicio, el próximo, porque se lo impiden los límites de gasto.

En algunos casos, siempre según los sindicatos, eso supondría que cuestiones a las que hasta ahora Sanidad se negaba se abordarían a lo largo de los ejercicios presupuestarios de 2027, 2028 y 2029.

La Consejería regional de Sanidad ha cifrado este lunes en un 9,34 por ciento el seguimiento de la huelga indefinida de médicos convocada en Atención Primaria y Hospitalaria por el Sindicato Médico Canario y SEMCA, y ha indicado que se ha desarrollado sin incidencias destacables.

En un comunicado, la Consejería ha informado de que en este segundo día de huelga, de los 7.330 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 3.888, de los que 363 la secundaron.

Así mismo, ha señalado que en la jornada de la mañana de este lunes se cuenta con 1.392 efectivos en servicios mínimos.

Por áreas de salud, en Gran Canaria la huelga ha sido secundada por 270 de los 1.481 efectivos afectados, lo que representa el 18,23%, mientras que en Tenerife el seguimiento ha sido de 86 de los 1.848, es decir, del 4,65%.

En Lanzarote han acudido al paro ocho de los 222 profesionales afectados por la huelga, el 3,60%; en Fuerteventura, dos de los 298 afectados, es decir, el 0,67%; en La Palma, el 2,41%, ya que acudieron a la huelga cuatro de los 166 afectados.

Según los datos facilitados por Sanidad, en La Gomera y en El Hiero no ha habido ningún efectivo en huelga. 

Un médico de familia con cinco años de antigüedad, sin complemento de carrera profesional y sin dedicación exclusiva (puede ejercer a la vez en la sanidad privada) cobra unos 56.000 euros brutos al año en el Servicio Canario de Salud (SCS), sin contar las guardias. Un especialista que ejerce con las mismas características en un hospital público de las Islas roza los 53.000 euros.

Estas cifras sitúan al Archipiélago en el tercer puesto de toda España. Sus retribuciones superan en cerca de 5.000 euros (un 9%) la media del resto de servicios regionales de salud en el caso de la atención primaria (centros de salud) y en unos 3.000 euros (un 6%) el promedio en atención especializada (hospitales). 

El escenario, sin embargo, se invierte para el personal más veterano que ejerce solo en la sanidad pública. En este caso, Canarias cae al puesto 17 (de un total de 18, puesto que se agrupan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Quienes ejercen como especialistas en hospitales con treinta años de antigüedad, el nivel IV (el máximo) de carrera profesional y un compromiso de exclusividad con el SCS perciben, sin guardias, unos 68.000 euros brutos al año frente a los 74.500 de media (casi un 9% más) en el resto de regiones. En el caso de los médicos de familia con ese mismo perfil, las retribuciones ascienden en las Islas a 72.000 euros y en el resto, a un promedio de 76.000 (un 6% más). 

Estos son algunos de los datos más llamativos de un reciente estudio que compara las retribuciones del SCS con las del resto de servicios regionales de salud del país. El trabajo, titulado Diferencias regionales en las remuneraciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud: referencia autonómica canaria, ha sido publicado en la revista científica Gaceta Sanitaria.

La investigación fue encargada por el propio SCS a la Universidad de La Laguna (ULL) mediante un contrato de prestación de servicios. Los autores del estudio son Ignacio Abásolo, catedrático del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la ULL, Marina Elistratova, Patricia Barber y Beatriz González López-Valcárcel (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y Guillem López-Casasnovas (Universidad Pompeu Fabra). 

Abásolo precisa de partida que el estudio es “fundamentalmente descriptivo y comparativo” y que no pretende analizar “las decisiones de política retributiva que han dado lugar a las diferencias observadas ni sus efectos sobre la movilidad de los profesionales o la prestación de servicios sanitarios”, aunque entiende que puede dar lugar a “debates interesantes” al respecto.

El investigador señala que esa comparación de retribuciones es “bastante más compleja de lo que pueda parecer”. La remuneración depende de muchos componentes. En el caso del personal médico, el estudio tiene en cuenta variables como la antigüedad, la carrera profesional (un sistema de reconocimiento de la trayectoria y desarrollo de los trabajadores que lleva asociado complementos salariales en distintos grados), la dedicación exclusiva y las guardias. “Esto permite evitar comparaciones basadas en una única cifra salarial y ver cómo cambia la posición de Canarias según el perfil profesional”, precisa. 

El equipo investigador desarrolló un simulador interactivo en formato Excel que validó con nóminas reales y seleccionó doce perfiles representativos para ejecutar la comparación. “No existe una respuesta única a cuánto cobra un médico en España. El simulador permite mantener constante el perfil y cambiar la comunidad, que es lo que hace posible una comparación homogénea”, señala.  

La brecha de la exclusividad 

Según el estudio, elaborado con datos de 2024, la retribución fija anual (sin guardias) de un médico del SCS es idéntica tanto si mantiene una dedicación exclusiva en la sanidad pública como si puede compaginar esta labor con el ejercicio de una actividad privada. En otras comunidades como Madrid, Balears, País Vasco, Murcia o Castilla y León tampoco hay diferencias retributivas porque no se incentiva específicamente la exclusividad.

Sin embargo, hay regiones donde sí cobran más los facultativos dedicados al 100% a la pública. La brecha puede alcanzar los 15.000 euros en algunos perfiles y algunas regiones.  

Abásolo matiza que el estudio no permite concluir que el sistema retributivo del SCS esté provocando la fuga de profesionales a otras comunidades o a la sanidad privada porque no analiza “movilidad ni decisiones laborales”. Sin embargo, sí constata que la exclusividad “marca una diferencia importante en la posición relativa” de Canarias. En los perfiles que pueden compatibilizar la pública con la privada, las Islas están mejor. En aquellos con dedicación exclusiva a la pública, empeoran. El investigador aclara que siempre se refiere a los doce perfiles concretos analizados. 

“Desde el punto de vista de los incentivos, esas diferencias pueden afectar al atractivo relativo de unos servicios de salud frente a otros, pero demostrar que efectivamente provocan salidas requeriría otros estudios”, agrega el catedrático. 

Guardias peor pagadas en días laborables

Al incorporar la atención continuada (las guardias) a la ecuación, la posición relativa de Canarias empeora en casi todos los casos. ¿La razón? El SCS paga peor las guardias en días laborables si se compara con la media del resto de servicios regionales de salud. En este indicador, el Archipiélago ocupa la última posición (22 euros por hora presencial frente a una media de 28 del resto). En festivos, en cambio, es la segunda mejor (35 euros frente a 31). 

Estas guardias, en su conjunto, añaden 19.159 euros brutos al año a la nómina de cualquier perfil médico en las Islas si se toma como referencia el escenario estandarizado de atención continuada que dibuja el estudio (dos guardias de 17 horas en días laborables y una de 24 horas en festivos cada mes). En el resto de comunidades, el aumento oscila entre los 19.948 y los 20.507 euros. 

Las guardias aportan entre el 21 y el 27% del sueldo bruto total de los médicos en los perfiles analizados. “Desde el punto de vista económico, un componente con ese peso puede afectar a los incentivos profesionales”, subraya Abásolo. 

Mejor en atención primaria que en especializada

El informe también revela un patrón singular en Canarias. A igualdad de antigüedad, carrera profesional y dedicación, el personal médico cobra más en atención primaria que en un hospital (56.224 euros frente a 52.937 euros en perfiles jóvenes sin exclusividad; 71.916 frente a 68.629 en el tramo de treinta años de antigüedad con dedicación exclusiva). Esta realidad es “poco frecuente” en el resto de los servicios regionales, explica la investigación. 

En otras profesiones sanitarias se observa un comportamiento diferente en la posición relativa de Canarias. La enfermería hospitalaria en Canarias se sitúa un 7% por encima de la media (35.709 euros frente a 33.230), mientras que la enfermería de atención primaria se sitúa prácticamente en la media, con una retribución cercana a los 31.300 euros. 

Disparidad de hasta 29.000 euros entre autonomías 

La brecha máxima entre la comunidad que más paga y la que menos paga para un mismo perfil médico alcanza los 29.000 euros brutos al año sin guardias (el máximo en Ceuta y Melilla y el mínimo en Andalucía para los médicos de familia con 30 años de antigüedad y dedicación exclusiva) y de 26.000 con guardias (el máximo en Murcia y el mínimo en Navarra para un médico de familia con quince años de antigüedad y sin exclusividad).

Abásolo distingue dos planos. Por un lado, el normativo. El Sistema Nacional de Salud no establece que un mismo perfil profesional tenga que percibir exactamente la misma remuneración total en todas las comunidades. El Estatuto Marco define “unos conceptos comunes” y los Presupuestos Generales del Estado fijan las retribuciones para esos conceptos, “pero cada servicio regional de salud puede determinar las retribuciones complementarias”. “Y puede haber razones que justifiquen esas diferencias, como el coste de la vida, la dificultad para cubrir determinadas plazas o las características del puesto”. 

Desde el prisma de la Economía de la Salud, Abásolo advierte de los riesgos de utilizar las nóminas como mecanismo de competencia entre territorios. “Si existe escasez de determinados profesionales, una competencia retributiva entre comunidades puede acabar redistribuyendo una oferta limitada sin aumentar necesariamente el número total de profesionales disponibles y encareciendo el coste para el conjunto del sistema”. Por eso, para el catedrático “tiene sentido hablar de coordinación de las políticas de recursos humanos”. “Más que buscar que todos cobren lo mismo, el objetivo debería ser que las diferencias sean transparentes y respondan a razones identificables”, señala. 

Poder adquisitivo real y precio de la vivienda

El estudio aplica un ajuste por “paridad de poder adquisitivo”, mide las diferencias del coste de vida entre comunidades. En Canarias, los precios se sitúan un 7,7% por debajo de la media estatal y, por tanto, la posición de las Islas mejora en el ranking retributivo al aplicar ese mecanismo.

Sin el ajuste de poder adquisitivo, la media del sueldo médico en Canarias roza los 82.000 euros con guardias, lo que sitúa a las Islas en la décima posición de entre las 17 comunidades (sin incluir en este caso a Ceuta y Melilla). Con el ajuste, esa cifra sube hasta cerca de los 89.000 euros y el Archipiélago asciende al sexto puesto.

Sin embargo, Abásolo advierte de dos limitaciones esenciales en este indicador. Por un lado, se apoya en datos de nivel de precios de 2021 (publicados en 2024), por lo que no recogen los cambios posteriores (como la escalada reciente del coste de la vivienda y el alquiler). Por otro, ofrece una media regional única que no refleja la tensión del mercado residencial en zonas turísticas ni los sobrecostes de la doble insularidad en islas no capitalinas.  

Retribuciones en el resto de categorías 

El estudio también analiza otras categorías profesionales, como la de celadores, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería o grupos de gestión administrativa. En todos estos perfiles, Canarias se sitúa por encima de la media nacional. Los celadores, por ejemplo, cobran 21.052 euros brutos anuales en las Islas frente a los 20.261 de media. Los TCAE perciben 22.573 y el promedio está en 21.854. 

Abásolo explica que el complemento de residencia está incluido en las remuneraciones analizadas y contribuye a este mejor posicionamiento de Canarias, aunque aclara que su cuantía aumenta con el grupo profesional, no beneficia sólo a las categorías con sueldos de base más bajos y que el estudio no cuantifica qué parte de las diferencias se explican específicamente por este plus. 

Un trabajo “estrictamente diagnóstico”

El investigador remarca que el contrato suscrito con el SCS tenía “un objetivo diagnóstico”: comparar de forma homogénea las retribuciones de Canarias con las del resto del Estado. “No formaba parte de nuestro encargo elaborar propuestas concretas de reforma retributiva”, subraya Abásolo, que precisa, no obstante, que los resultados pueden servir “lógicamente” como información para valorar posibles cambios. 

En cualquier caso, el catedrático destaca la utilidad de la herramienta interactiva aplicada, del simulador, que ha sido depositada en el repositorio institucional de la ULL. “Para el SCS, una de sus principales utilidades es que puede actualizarse con los datos de años posteriores. Nuestro estudio es una fotografía de 2024; con la herramienta se puede pasar a una imagen en movimiento y ver cómo evolucionan las diferencias para perfiles comparables, si se amplían o se reducen”, concluye Abásolo. 

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que la huelga convocada desde este viernes por los médicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha tenido un seguimiento del 9,10%, tanto en Atención Primaria como en la Hospitalaria, si bien no corresponde con los datos aportados por las dos únicas organizaciones sindicales profesionales médicas del Archipiélago: Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMA ) y Sindicato Médico Canario (CESM Canarias), que la cifran en un 58%.

Según detalla la consejería en un comunicado, de los 7.668 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 3.888, de los que 354 la secundaron.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 263 de los 1.457 efectivos afectados, lo que representa el 18,05%, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de ochenta de los 1.781, es decir, del 4,49%. Por su parte, en Lanzarote han acudido al paro seis de los 212 profesionales afectados por la huelga, el 2,83 por ciento, en Fuerteventura la secundaron tres de los 266 afectados, es decir, el 1,13%.

Por su parte, en La Palma el seguimiento fue del 1,32%, puesto que acudieron a la huelga dos de los 152 afectados, mientras que en La Gomera y en El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

La jornada de la mañana de este viernes, que cuenta con 1.500 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.

Los dos sindicatos que convocan desde este viernes a los médicos de la sanidad pública canaria a una huelga indefinida han hecho un llamamiento al presidente Fernando Clavijo a que se implique en este conflicto y exigen que se les permita tener una representación laboral propia.

“Fernando Clavijo hará bien en implicarse directamente en la resolución de este conflicto, dada la ausencia total y completa de su consejera de Sanidad, ocupada en otros menesteres preelectorales”, aseguran el Sindicato Médico y el Sindicato de Empleados Médicos.

Las dos organizaciones gremiales han difundido este viernes un extenso documento con las razones por las que siguen sin aceptar la oferta que les ha planteado el Servicio Canario de la Salud (SCS), que incluye mejoras salariales y una menor duración de las guardias.

Los sindicatos reprochan al SCS la “peculiar manera” con la que consideran que está abordando estas negociaciones y le recuerdan el coste que han tenido para la comunidad autónoma las ocho jornadas de huelga que han celebrado desde marzo a junio: 400 millones de euros.

“Esto aporta una interesante perspectiva temporal, así como también da pistas sobre la dudosa capacidad negociadora de los responsables del servicio público de salud canario”, opinan.

En el documento, exponen una a una sus diferencias con el Gobierno de Canarias y desacreditan el acuerdo al que llegó el sindicato UGT en nombre de los mismos trabajadores, los médicos, con el director de la sanidad pública canaria, Adasat Goya. A su juicio, “no cumple con el 70 %” de sus expectativas en este conflicto laboral.

Las dos organizaciones gremiales subrayan que su desacuerdo con el SCS “es profundo” y parte de la primera y una de sus más importantes demandas: que se reorganicen las Juntas de Personal para que los médicos de la sanidad pública no tengan una representación laboral conjunta con otros empleados sanitarios, sino propia, específica.

“No se quiere, bajo ningún concepto, que los médicos puedan tener voz propia para negociar sus especiales condiciones de trabajo directamente con la Administración. No se quiere permitir que, siquiera, puedan reordenarse las actuales Juntas de Personal, para que sin perjuicio de que se establecieran otras para diferentes categorías de empleados del SCS, los médicos y facultativos cuenten con un cauce propio de representación e interlocución directa con la Administración”, aseguran el Sindicato Médico y el SEMCA.

Y subrayan que esta no es una discrepancia menor, sino fundamental: “Es lo que explica las numerosas convocatorias de huelga médica. El Gobierno de Canarias no deja otro espacio más que el comité de huelga para poder establecer una negociación legítima”.

Para el Sindicato Médico y el SEMCA, en ello radica una de sus diferencias sustanciales con UGT: el hecho de que este último sindicato no quiere, en su opinión, “que los médicos puedan tener su propio cauce negociador” al margen del común de la Junta de Personal.

Los convocantes de esta huelga rechazan, además, que su protesta sea tachada de “política”, cuando entienden que es el Gobierno de Canarias el que intenta que el paro “tome ese cariz”.

“No hemos sido los médicos quienes hemos dejado para el periodo preelectoral la presentación de nuestras reclamaciones que, desde hace más de un año, se vienen desatendiendo por la Consejería de Sanidad. Ha sido la desidia de los responsables de la sanidad canaria y del Gobierno canario la causante de que ahora toda la rabia acumulada en el colectivo médico y facultativo se desborde ante la forma de tratar de imponerles un plan que, en ningún caso, ha contado con su participación ni su opinión”, argumentan.

Los convocantes de la huelga advierten al Gobierno de Canarias de que aún “está a tiempo de desactivar este conflicto si empieza a comprender el origen de sus razones” y se ofrecen a “desescalar las medidas de presión” si perciben por su parte una “auténtica actitud constructiva para un acuerdo justo”.

“Existe una enorme distancia entre lo que el director del SCS quiere imponer a los médicos por medio de un acuerdo que no cuenta con ellos, y las genuinas reclamaciones del colectivo médico y facultativo. Además, otra realidad es que Adasat Goya ha demostrado que adolece de la capacidad negociadora que requiere un conflicto de este calado”, añaden. 

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha anunciado este jueves que “tras meses de intentos infructuosos por evitar el conflicto en Andalucía” convocará una “huelga indefinida” de médicos a partir del 13 de noviembre. La huelga comenzará con tres semanas de paros ininterrumpidos de 24 horas desde el 13 de noviembre hasta el 4 de diciembre. “Los siguientes paros serán anunciados con la debida antelación en función de la evolución de una eventual negociación con la Consejería de Sanidad”, ha aclarado el sindicato en una nota de prensa.

“Por desgracia, la Consejería se ha negado hasta hoy a pactar un calendario con el SMA. Sus respuestas a las peticiones han sido incoherentes y dilatorias. El aplazamiento de los paros convocados a nivel nacional ha privado a la Consejería de cualquier excusa a la que aferrarse para demorar el cumplimiento del acuerdo”.

El “conflicto” que comenzó a principios de 2025 por el proyecto de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, “pronto se amplió a una demanda de medidas contra la explotación laboral del colectivo”, una reivindicación que “no se limita al ámbito nacional”. “La Junta de Andalucía, que tiene transferidas la mayor parte de las competencias sanitarias, tiene una responsabilidad directa en la situación”. En este contexto, el SMA firmó el 29 de julio un acuerdo con la Consejería de Sanidad para alcanzar estas mejoras a través del diálogo y evitar la confrontación.

“Mera declaración de intenciones”

“Aunque el texto no incorporaba la totalidad de las demandas, constituía un primer paso en la dirección correcta al establecer un marco de diálogo bilateral y abrir el camino hacia el logro completo de los objetivos”, explica la central sindical. El acuerdo, “alcanzado antes de la constitución del actual Gobierno andaluz”, se articuló como “un compromiso político que debía concretarse de inmediato tras la configuración del nuevo equipo de la Consejería” para evitar que fuera “una mera declaración de intenciones sin valor material alguno”.

De hecho, el SMA asegura que “ni siquiera tenemos aún el compromiso de incluir alguna de estas mejoras en los presupuestos de 2027”. Entre ellas figuran la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria y el fin de su obligatoriedad, así como el fin de la obligatoriedad de las continuidades asistenciales en Atención Hospitalaria.

El acuerdo incluye acabar con la discriminación retributiva de los médicos de Atención Primaria en las pagas extra y en IT; eliminar la pérdida económica de las médicas durante el embarazo, parto y lactancia; elevar de la reducción de jornada por asuntos personales al 50%, pasar parte de las retribuciones variables (CRP) a fijas, así como mejoras imprescindibles para los tutores y para colectivos como el Cuerpo A1.4, los MIR y los Médicos del Trabajo, entre otros.

“Se trata de demandas que no pueden esperar. No podemos perder ni un minuto más en intentos infructuosos de diálogo. A pesar de las diferencias aparentes, constatamos con pesar que ningún partido, Administración ni Gobierno, salvo contadas excepciones en alguna comunidad autónoma, parece asumir la trascendencia y la magnitud del conflicto al que se enfrentan”. Por esto, y tras llevar “hasta el límite la voluntad de diálogo y ante la falta de respuesta por parte de la Consejería, nos vemos obligados a convocar una huelga indefinida”.

La Junta lo califica de “sinsentido”

Por su parte, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha calificado de “sinsentido” el anuncio de huelga que ha confirmado este jueves el Sindicato Médico de Andalucía (SMA) desde el 13 de noviembre por la “negativa” del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a plasmar los acuerdos firmados el pasado mes de julio. “El acuerdo firmado se va a cumplir”.

Así lo han recalcado fuentes de la Consejería que han considerado que “es necesario que el SMA explique por qué convoca una huelga, en plena precampaña electoral, dos meses después de firmar ese acuerdo con una vigencia de cuatro años”. “El diálogo sigue abierto y es continuo con el SMA, sindicato al que la Junta exige el cumplimiento de lo firmado”.

En este contexto, la Consejería ha pedido “responsabilidad” al sindicato para “no causar perjuicios al sistema sanitario y a todos los andaluces”. “Hay una ministra que no se ha sentado con los médicos y, sin embargo, la Junta alcanza un acuerdo y mantiene el diálogo permanente con ellos. No tiene sentido que la huelga sea contra un Gobierno que dialoga y cumple, salvo que se defiendan otros intereses extraños”.

Las urgencias hospitalarias de las ocho áreas de salud de Extremadura cuentan con 107 profesionales asistenciales más que en 2023 y han recibido casi dos millones de euros en reformas y nuevos equipamientos tecnológicos. Este es el balance de gestión que ha defendido la directora gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Encarnación Solís, durante la Comisión de Salud en la Asamblea de Extremadura. Sin embargo, los grupos de la oposición han dibujado un escenario contrapuesto de colapso y saturación en los centros de la región, advirtiendo de que las plantillas están “al límite” y haciéndose eco del descontento de los profesionales: “A veces salimos llorando de trabajar”.

La comparecencia parlamentaria ha evidenciado el abismo entre la versión del Gobierno de María Guardiola y la realidad que denuncian los sanitarios. Frente a la acusación de la oposición de restar gravedad a la situación, la máxima responsable del SES ha afeado al PSOE y a Unidas por Extremadura que utilicen “incidencias concretas” para “mantener permanentemente abierta una polémica sobre las urgencias” y proyectar una imagen que, a su juicio, “no se corresponde con la realidad” del sistema sanitario regional.

Testimonios al límite y dimisiones en Cáceres

El foco del debate parlamentario se ha situado de forma prioritaria en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. La diputada socialista Isabel Gil Rosiña ha denunciado que la plantilla médica del hospital cacereño sigue desbordada un mes después de que el Colegio Oficial de Médicos de Cáceres trasladara formalmente su preocupación al ejecutivo autonómico. Según el PSOE, los trabajadores se sienten “engañados” porque continúan sin cubrirse las ausencias y no han llegado los cuatro médicos comprometidos por la administración.

Rosiña ha advertido de que la falta de estabilidad en los equipos repercute de forma directa en la atención al paciente: la contratación de facultativos solo para guardias rompe la continuidad asistencial y aplaza decisiones críticas en la UCI (como la retirada de sedación o extubaciones) hasta que regresa el equipo habitual, lo que incrementa el tiempo de estancia hospitalaria y la carga de trabajo.

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, ha calificado la crisis de las urgencias como “el síntoma de un fallo estructural del sistema” y ha recordado la dimisión este verano de la coordinadora de Urgencias y del responsable de los MIR en el área de Cáceres. González Frutos ha criticado que la Junta responda parcheando el servicio con “guardias voluntarias de residentes” y la externalización de turnos en la UCI, instando al SES a “dejar de jugar con las palabras” y asumir responsabilidades ante un personal que “ya no puede más”.

Desglose por áreas: 107 contrataciones y dos millones de inversión

Para rebatir las críticas, la gerencia del SES ha detallado el reparto de las 107 contrataciones realizadas desde 2023 -46 médicos, 36 enfermeros y 25 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE)— entre todas las áreas de la región.

El área de Badajoz encabeza los refuerzos con 25 profesionales asistenciales más, seguida de Llerena-Zafra con 21 incorporaciones y Cáceres con 19, donde el Hospital San Pedro de Alcántara ha pasado de dos a tres médicos de guardia. Asimismo, Plasencia suma 16 sanitarios más; Mérida añade nueve profesionales y eleva su plantilla médica de 32 a 39 facultativos (un crecimiento próximo al 22%); Don Benito-Villanueva incorpora a siete; Coria suma seis; y las urgencias de Navalmoral de la Mata ganan cuatro médicos, pasando su plantilla facultativa de nueve a 13 profesionales, lo que representa un incremento del 44%.

Junto al incremento de personal, Solís ha detallado una inversión de 621.000 euros en obras de acondicionamiento de salas de espera, áreas de observación, zonas de triaje, salas de curas y circuitos asistenciales, a los que se añaden 1,37 millones de euros en equipamiento tecnológico (ecógrafos, respiradores, desfibriladores y electrocardiógrafos) orientados a agilizar los diagnósticos y garantizar una mayor seguridad en casos graves.

Los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid irán a la huelga. En un comunicado remitido a los medios este miércoles, denuncian la “falta de negociación y el bloqueo” de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Mientras que a nivel estatal, finalmente decidieron aplazar los paros de forma indefinida por el adelanto electoral, en la comunidad entienden que “existe un interlocutor institucional y un Gobierno autonómico estable con capacidad para negociar y dar respuesta a las demandas”.

El Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid, integrado por los sindicatos AMYTS, AME, STOP PEONADAS, MUD y SIME-CSIT UP, ha convocado cuatro bloques de huelga con las siguientes fechas: del 28 de octubre al 31; del 4 de noviembre al 7; del 18 de noviembre al 21; y del 9 de diciembre al 12.

Hace una semana, los sindicatos médicos decidieron aplazar los paros tras el adelanto electoral. “La movilización podrá reactivarse si el próximo Gobierno no atiende las reivindicaciones del colectivo”, avisaron. Los sindicatos madrileños recuerdan que en 2021, con el anuncio de los comicios autonómicos de Ayuso, también se desconvocó la huelga en Atención Primaria, pero que ahora el escenario es diferente, ya que “Madrid cuenta con un Gobierno autonómico estable y con interlocutores” para negociar. Desde los sindicatos, instan a la Comunidad de Madrid a negociar y a alcanzar compromisos concretos para así evitar la huelga.

Según indican en el comunicado, la convocatoria en la región responde a la demanda de los propios profesionales, que a través de una encuesta demandaron el parón con un 53,1% de los profesionales a favor de continuar la huelga y un 34,9% en contra, de 1.299 médicos y facultativos. “Desde el inicio del ciclo de movilizaciones nacionales y autonómicas vinculado al conflicto del Estatuto Marco, el Comité denuncia falta de avances en la negociación”, critican.

La última reunión con la Consejería de Fátima Matute se produjo en el mes de julio, cuando diferentes profesionales sanitarios decidieron dejar de realizar actividad extraordinaria voluntaria, las conocidas como peonadas, para protestar por sus condiciones. En aquel momento, según indican, Matute se comprometió a un calendario de reuniones, “pero han transcurrido cuatro meses sin noticias ni avances”.

Las reivindicaciones son las mismas desde hace meses: la creación de un nuevo modelo de carrera profesional, las garantías de voluntariedad de las guardias y una mejora de la remuneración, así como reivindicaciones para los residentes y tutores de formación sanitaria especialziada, o agendas dimensionadas en Atención Primaria, entre otras.

Se revuelve la calle a mes y medio de las elecciones. Médicos y docentes acumulan meses de protestas por todo el estado, a las que se suman en las últimas semanas las movilizaciones por la vivienda que cristalizarán en una huelga general el próximo 11 de noviembre. Cada uno por sus razones —hay quien dice que las huelgas de facultativos y del profesorado son contrarias en sus objetivos— y con diferentes destinatarios —el Ministerio de Sanidad los primeros, las comunidades autónomas los segundos— la realidad es que dos de las patas del estado del bienestar ponen tensión en la calle y los partidos en un momento clave.

Las quejas de los médicos se dirigen al departamento que dirige Mónica García por el estatuto marco. Agrupados en torno a los sindicatos propios y enfrentados a los generalistas, que de hecho pactaron con Sanidad, exigen un texto legal propio, separado de otros sanitarios, que atienda, dicen, las particularidades de su profesión.

El profesorado lleva al menos dos cursos manifestándose y parando por toda España para exigir más recursos que les permitan poder atender la creciente complejización de la docencia, con aulas más diversas y una ley que les obliga a atender de manera individualizada a cada estudiante.

Para Sergio García Magariño, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Pública de Navarra, no es una coincidencia que las protestas se produzcan en este momento. “Habría que examinarlo con más detalle para testarlo, pero los tiempos no son casualidad. Al haber expectativa de elecciones [las protestas vienen de mucho antes de que fueran convocadas] la movilización se vuelve estratégica, se puede sacar más partido por los tiempos políticos de la movilización”, sostiene.

Luis Miller, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ponía contexto a las protestas hace unos meses: “Desde antes de la crisis de 2008 no ha habido ningún intento de reforma estructural, se están viendo las costuras del sistema. Ha habido algún aumento de sueldo para compensar los recortes, pero se está notando la falta de reformas en dos décadas. Para mí es uno de los dos o tres principales problemas que tiene el país”.

Además, ambas protestas se producen, una situación que puede resultar contraintuitiva, en un contexto económico positivo, con España acumulando crecimiento trimestre tras trimestre. El problema, cree García Magariño, es cómo lo hace: “Los estudios sobre las condiciones sociales de las protestas por mejoras económicas plantean que lo que detona las protestas no es solo la condición objetiva de mayor o menor precariedad, sino sobre todo las expectativas de mejora frustradas, combinadas con la percepción de que es posible mejorar. Quienes protestan lo hacen porque ven una distancia entre lo que tienen y lo que esperarían tener”, arranca.

Además, sigue, “España está creciendo mucho a nivel macroeconómico, pero el poder adquisitivo de la gente ha bajado, porque la inflación es muy superior a la subida, por ejemplo, de los salarios (que también ha habido). Por último, España tiene una desigualdad estructural mucho más acentuada que la media en la UE y la desigualdad (y no la pobreza) suele ser el factor principal que nutre la indignación y el malestar. Ver que la economía crece, que hay más millonarios y que tú no te beneficias de ello es el principal catalizador del malestar social”, sostiene.

Este experto considera que la movilización en la calle, aunque se produzca con un Gobierno progresista en Moncloa, es favorable para la izquierda. “Las protestas que incluyen temas sociales claros (vivienda, salud pública, educación pública) suelen tener el efecto de movilizar al votante de izquierda, que está menos movilizado. Aunque aparentemente pueden entenderse como una crítica al Gobierno, también se entiende que un Ejecutivo de izquierda va a ser más sensible a estos problemas”, opina.

Los docentes no pueden más

Las protestas docentes van por barrios, por lo que mezclan cuestiones regionales con elementos comunes que afectan por todo el estado, y de fondo sobrevuela la creciente precarización de las condiciones en que se ejerce la docencia en los últimos años.

Al profesorado cada vez se le exige más. Lo explica una directora de instituto veterana: “Hay que atender de forma individualizada la diversidad en el aula, dice la ley, y la diversidad es enorme. Hay problemas de salud, de conducta, de aprendizaje... hay que atender a todos de forma diferenciada y, después, hacer el preceptivo informe. Nos vemos un poco desbordados para atender a cada alumno como requiere la ley, no tenemos tiempo”, cuenta.

Y luego está todo lo que no está en la ley. “Nos caen todos los problemas que la sociedad no consigue resolver”: “Si hay un problema de alumnado con drogas tenemos que solucionar el problema de las drogas con la juventud. Si hay problemas de conductas autolíticas también tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que educar a los niños en el uso del móvil, de las redes sociales, que hagan un buen uso de la Inteligencia Artificial, ahora nos tenemos que ocupar de que los niños coman bien...”

El profesorado quiere mejores ratios (menos alumnos por clase), impartir menos docencia semanal para poder ocuparse mejor de cada estudiante En el meollo de las protestas también están las diferencias en las nóminas que reciben los docentes según la comunidad autónoma, pero el hecho de que tanto en Catalunya como en la Comunitat Valenciana hayan rechazado mejoras de cientos de euros al mes porque no venían acompañadas de recursos para el sistema indica que la económica personal no es la principal motivación de los paros.

Pero el descontento es generalizado. El curso pasado acabó con huelgas feroces en Catalunya (donde ya ha habido protestas este curso también) y la Comunitat Valenciana y este va a abrir con una indefinida en Madrid a partir del 14 de octubre y movilizaciones al menos en Andalucía, Cantabria y Aragón.

Médicos en pie de guerra

Los médicos también están en pie de guerra. El Estatuto Marco pactado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde —los que están presentes en las mesas del ámbito— hizo cundir el descontento entre las organizaciones sindicales del gremio, que reclaman una voz propia en la negociación y un estatuto propio. Desde febrero hasta junio, estos fueron protagonizando paros semanales cada mes.

La próxima cita marcada en el calendario de paros era el 28 de octubre, cuando estaba prevista una huelga indefinida. Los sindicatos médicos habían apostado por esta medida de presión tras la aprobación del texto en el Consejo de Ministros del texto, pero han optado por un aplazamiento ante el adelanto electoral, que ha hecho decaer la norma, que se tramitaba ya en el Congreso como proyecto de ley.

Aunque coordinadas, para el 28 de octubre se habían registrado dos convocatorias de paro. Por un lado, la del Comité de Huelga Médica, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME). Por otro, la de la Unión Médica y Facultativa (UMYF), que aglutina a las organizaciones de Madrid (Amyts), Catalunya (Metges), Galicia (Omega y Simega), Canarias (Semca) Comunitat Valenciana (Avanza) y Navarra. Todas ellas han optado por aplazar la huelga hasta que haya un nuevo interlocutor válido.

En la práctica, la interlocución con el Ministerio que dirige Mónica García llevaba meses interrumpida, entre acusaciones por ambas partes. Sanidad ha argumentado siempre que las reivindicaciones de los profesionales son competencia de las comunidades autónomas o de otros departamentos, mientras estos han pedido la dimisión de la ministra, que llegó a acusarles de “deslealtad” en la negociación. 

Las consejerías del ramo también reclamaron al Ejecutivo que “reinicie” las conversaciones sobre el Estatuto Marco, algo que, de facto, ocurrirá con el adelanto electoral. “Si la nueva Cámara quisiera recuperarlo, tendría que iniciar de nuevo su tramitación”, señalaban desde el Comité de Huelga, para quién “este desenlace constituye un éxito indiscutible para las organizaciones convocantes”. “La presión sostenida del colectivo ha frenado una norma que el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito daban prácticamente por aprobado desde hace año y medio”, indicaron en un comunicado este miércoles.

Entre otras cosas, la norma reducía las guardias médicas obligatorias de 24 a 17 horas, la jornada laboral máxima a 45 semanales y forzaba la convocatoria de oposiciones cada dos años.

Cada minuto cuenta cuando una persona sufre una parada cardiaca. Mientras los recursos sanitarios se desplazan hasta el lugar de la emergencia, la actuación de quienes se encuentran cerca puede resultar decisiva. En Canarias, 4.816 personas forman parte de Ariadna RCP, una aplicación móvil que permite al Servicio de Urgencias Canario (SUC) activar a voluntarios próximos al incidente y facilitar la localización de desfibriladores.

La herramienta, gestionada por coordinadores sanitarios -médicos y enfermeros- desde la sala de emergencias, busca reducir el tiempo que transcurre entre una parada cardiaca y la intervención de los primeros auxilios. Su funcionamiento se ha dado a conocer durante las Jornadas RCP 2026, celebradas los días 6 y 7 de octubre por el Hospital Universitario de Gran Canaria, donde profesionales sanitarios, agentes de la Policía Nacional, estudiantes y ciudadanos han podido conocer sus posibilidades.

Durante el encuentro, la directora del SUC, Noemí González, realizó una simulación para mostrar cómo funciona el sistema en una situación real: tras la activación de una alerta, un enfermero coordinador prestó teleasistencia a los participantes desde la sala de emergencias.

González destacó la importancia de extender el uso de la aplicación para avanzar hacia una Canarias cardioprotegida. Los coordinadores sanitarios atienden a diario numerosas llamadas por paradas cardiacas que se producen fuera de los hospitales, situaciones en las que la rapidez de actuación puede contribuir a aumentar las posibilidades de supervivencia y reducir las secuelas.

Dos formas de colaborar

De las 4.816 personas registradas en Ariadna RCP, 1.525 son colaboradores y 3.291, rastreadores. Los primeros se ofrecen como voluntarios para recibir avisos cuando se produce una parada cardiorrespiratoria cerca de su ubicación y, si son activados, acudir al lugar para ayudar hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Los rastreadores, por su parte, contribuyen a ampliar el mapa de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA). Su labor consiste en incorporar nuevos dispositivos al sistema y completar sus fichas con fotografías del entorno para facilitar su localización en caso de emergencia.

La aplicación también permite identificar el desfibrilador más cercano, tanto en espacios públicos como privados. De este modo, Ariadna RCP combina la colaboración ciudadana con la coordinación de los profesionales sanitarios para facilitar una respuesta más rápida ante una parada cardiaca.

La coordinación desde emergencias

La puesta en marcha de Ariadna ha incorporado una nueva vía de colaboración a la respuesta habitual del SUC. Además de movilizar los recursos de soporte vital avanzado de la red sanitaria del Servicio Canario de la Salud, los profesionales pueden enviar alertas a usuarios registrados que se encuentren en las proximidades del incidente.

En Canarias, cualquier persona puede realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizar un desfibrilador semiautomático siempre que cuente con la teleasistencia de un coordinador sanitario del SUC desde la sala de emergencias, según la información difundida por Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias.

El sistema convierte así la proximidad en un recurso potencial para atender una emergencia: mientras llega la asistencia profesional, una persona que se encuentre cerca puede recibir indicaciones y colaborar en la intervención.

Canarias es la segunda comunidad autónoma española, después de Galicia, que ha integrado Ariadna en su sistema de emergencias sanitarias. La aplicación ha sido desarrollada por la Sociedad Española de Cardiología, la Fundación Española del Corazón y Cruz Roja.

La herramienta está disponible en Google Play y la App Store. Al registrarse, el usuario puede elegir entre colaborar como voluntario ante una emergencia o participar en la identificación de desfibriladores. Quienes se inscriban como colaboradores deben permitir las notificaciones y la geolocalización para que el sistema pueda localizarlos y alertarlos si se produce una parada cardiaca en las proximidades.

El Sindicato Médico (CESM) y el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) han anunciado este miércoles la convocatoria de una huelga indefinida en el Servicio Canario de la Salud a partir del 16 de octubre, por las discrepancias que mantiene el colectivo con la Consejería de Sanidad.

El anuncio de esta huelga se produce el mismo día en que se ha aplazado la protesta laboral de los facultativos a nivel nacional a la espera de que se celebren las elecciones generales y solo una semana después de que UGT firmara un preacuerdo con la Consejería de Sanidad, por el que daba por cerrado, por su parte, el conflicto.

La representante de SEMCA Cristina Escort ha asegurado durante una rueda de prensa que “UGT ha firmado de manera sucia y no representa a los médicos”.

Los sindicatos mayoritarios entre el colectivo médico en Canarias sostienen que la Consejería no ha dado respuesta a los 18 objetivos planteados como parte de un plan estratégico para mejorar sus condiciones laborales y preservar la calidad del sistema público.

Al paro indefinido están convocados 8.000 facultativos en Canarias, incluidos los médicos residentes, un 80% de los cuales respalda la huelga, ha afirmado el presidente de CESM Canarias, Eric Álvarez.

Los sindicatos consideran que las propuestas presentadas por la Consejería de Sanidad contienen “avances limitados y parciales, que siguen siendo insuficientes para dar solución a un problema estructural”.

A su juicio, no ofrecen una solución integral sobre la representación propia del colectivo, la retribución, la atención continuada, la carrera profesional, la estabilidad para el empleo, las agendas asistenciales y las necesidades específicas de Atención Primaria y Hospitalaria.

“Hemos llegado a una situación no deseada después de mucha negociación”, ha lamentado Álvarez, quien ha insistido en que las organizaciones sindicales mantienen su disposición a negociar antes del inicio de la huelga, pero “la desconvocatoria exigiría una respuesta suficiente al conjunto del conflicto, compromisos concretos, verificables y un calendario realista de aplicación”.

Los médicos critican que, durante la negociación, el Servicio Canario de Salud haya pretendido imponer una nueva ordenación del trabajo sin el tiempo de estudio suficiente y sin haberla negociado con los sindicatos, además de no haber tenido en cuenta que los centros son muy diferentes entre sí.

Las reivindicaciones de los facultativos afectan a la representación (interlocución propia y efectiva para médicos y facultativos), la jornada y el descanso (jornadas, guardias, descansos y cargas asistenciales) y las retribuciones (reconocimiento acorde con la cualificación, responsabilidad y competitividad profesional en el contexto del Espacio Económico Europeo).

Los médicos han planteado 18 objetivos de negociación, entre ellos, un Estatuto Médico y Facultativo propio, representación y negociación propias, el impulso y el reconocimiento de la docencia, incrementar el complemento de productividad factor fijo, la revisión e incremento del complemento de productividad variable y la reclasificación del complemento de destino.

También piden que se actualice la carrera profesional, un nuevo modelo de exención de guardias, la reordenación de la atención continuada y los descansos, medidas específicas para médicos mayores de 60 años y un plan de incorporación y retención de especialistas recién egresados.

Otras de las reivindicaciones son estabilidad y empleo fijo, la financiación de un seguro de responsabilidad civil, el refuerzo de la formación continuada, la adecuación de las agendas asistenciales, un concurso de traslados abierto y permamente, la protección del personal en Formación Sanitaria Especializada (MIR, BIR, QIR y otros) y medidas globales para la Atención Primaria.

Además de la huelga indefinida convocada a partir del 16 de octubre, los médicos prevén otras medidas de presión si la Consejería de Sanidad no atiende sus reivindicaciones, como el paro de la actividad docente, científica y de formación de los facultativos.

Los sindicatos médicos que habían convocado una huelga indefinida a partir del próximo 28 de octubre han acordado aplazar los paros tras el adelanto electoral. Las organizaciones se habían coordinado para protestar por el Estatuto Marco, como llevan haciendo desde este mes de enero, que estaba en trámite parlamentario y que decaerá ante la llamada a las urnas para el próximo 29 de noviembre.

Tanto la Unión Médica y Facultativa (UMYF), por un lado, como la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi, por otro, han anuncido este miércoles el aplazamiento de la huelga indefinida, aunque han aclarado que esta decisión no supone “una renuncia” a sus reivindicaciones.

“La movilización podrá reactivarse si el próximo Gobierno no atiende las reivindicaciones del colectivo”, indica en un comunicado el Comité de Huelga integrado por Cesm, SMA y y el SME. En concreto, reclaman “un marco normativo propio, una mesa de negociación específica, el fin de la explotación que representan las guardias obligatorias, una jubilación acorde con la carga de trabajo y una clasificación profesional que reconozc la cualificación y la responsabilidad del colectivo”.

Desde la UMYF, por su parte, señalan que continuarán con la movilización, mediante “actos y acciones de protesta con el objetivo de situar las reivindicaciones médicas en el centro del debate político”. Levantan la huelga, no obstante, porque “con las Cortes disueltas y un Gobierno en funciones, no existe actualmente un interlocutor con capacidad para negociar y asumir compromisos que permitan avanzar hacia un Estatuto Médico y Facultativo propio”.

Esta organización emplaza también “el inicio de la huelga indefinida hasta que exista un nuevo Gobierno con plena capacidad para negociar”. “En el actual escenario político”, consideran, “es más útil mantener la movilización y trasladar las reivindicaciones al debate electoral”.

El Sindicato Médico (CESM Castilla-La Mancha) ha denunciado una nueva agresión a un facultativo del Hospital Nacional de Parapléjicos, que tiene su sede en Toledo.

Ocurrió el pasado viernes. El profesional fue objeto de una agresión verbal, “absolutamente intolerable, acompañada de un intento de agresión física que, afortunadamente, no llegó a consumarse”, explica el sindicato.

“Desde CESM queremos trasladar nuestro apoyo al profesional y recordar que ninguna amenaza, insulto o agresión puede considerarse parte del trabajo de quienes tienen como misión atender y cuidar a los pacientes”. El sindicato ha puesto sus servicios de asesoramiento al servicio del facultativo y reclama al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) que “mejore las medidas de seguridad y extienda su implantación a todos los centros donde sean necesarias”.

El episodio, dice CESM, “pone de manifiesto, además, la importancia de disponer de medidas de prevención y protección frente a las agresiones”. En este caso, detalla, existía una segunda salida en la consulta y personal de seguridad en el centro. Unas medidas que “contribuyeron a afrontar una situación de riesgo que llegó a incluir un intento de agresión física”. Sin embargo, matiza, “estas medidas demostraron también que existe un importante margen de mejora en la protección de los profesionales”.

El sindicato pone el foco en esta cuestión. “Si esto ocurre en un centro hospitalario que dispone de determinadas medidas de seguridad, la situación resulta todavía más preocupante en otros ámbitos asistenciales” porque, según advierte, la práctica totalidad de las consultas sanitarias de Castilla-La Mancha cuentan con una única puerta de acceso y salida y el personal de seguridad es “prácticamente inexistente en Atención Primaria”, donde además muchos profesionales desarrollan su actividad en solitario.

Por ello, CESM reclama al SESCAM que revise y actualice las evaluaciones de riesgo frente a las agresiones y refuerce y mejore las medidas de protección allí donde resulten insuficientes, teniendo en cuenta las características de cada centro y puesto de trabajo. “La seguridad de los profesionales no puede depender de circunstancias fortuitas ni de que una situación de violencia no termine teniendo consecuencias más graves”, explica.

También solicita que “cuando jurídicamente proceda” se activen los mecanismos sancionadores previstos en la Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha, frente a quienes amenacen, insulten o agredan a los profesionales, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran corresponder.

Esta nueva agresión coincide con el anuncio, ayer, por parte del director de Recursos Humanos del SESCAM Iñigo Cortázar de la figura del director de Seguridad en el ámbito sanitario para el que se acaba de crear una plaza.

La Xunta de Galicia ha aprobado su reforma de la atención primaria sanitaria. El nuevo plan va a abonar complementos retributivos a los médicos que se considere que tienen pacientes más complejos (por ejemplo, más ancianos o más bebés) o que desarrollen su labor en centros pequeños en zonas alejadas de las ciudades o principales núcleos de población. También fija que cada profesional de medicina familiar tendrá un máximo de 30 consultas al día, que bajan a 25 en el caso de los de pediatría.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presentó el plan este lunes junto al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que señaló que la inversión hasta 2030 será de 320 millones de euros y prometió que se van a crear 644 plazas, entre profesionales de medicina, enfermería y otras áreas como trabajo social o podología.

El conselleiro indicó que el nuevo modelo de agendas se va a probar primero en 14 centros de salud, dos por cada área sanitaria, para ver cómo funciona.

En cuanto a los criterios retributivos, Sanidade explica que se van a vincular al número de tarjetas sanitarias asignadas y se tendrán en cuenta “los cupos más complejos o que impliquen una carga asistencial más exigente” por la edad de los pacientes o por prestar servicio en zonas despobladas. Para estas modificaciones retributivas se destinan, inicialmente, 10 millones de euros.

Gómez Caamaño indicó también que se construirán nuevos centros de salud o se reformarán los existentes en 40 localidades, con una inversión de 217,6 millones de euros. Otros 600.000 euros se destinarán cada año del plan a colaborar con los ayuntamientos para reformar centros que sean de su titularidad. Y 50 millones serán para comprar equipos.

Mes y medio después de que los médicos de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres hicieran público el deterioro del servicio, el malestar no solo persiste: según el equipo, la situación se ha agravado. “No seguimos igual, estamos peor”, resumen. Las incorporaciones comprometidas no se han producido, la jubilación de un facultativo ha dejado otra plaza sin cubrir hasta el 1 de octubre y el cansancio acumulado desde el verano ha llevado al equipo a un punto que describen como límite.

El conflicto no es nuevo. Los profesionales ya habían advertido de una sobrecarga sostenida por la falta de personal y reclamaron al Servicio Extremeño de Salud (SES) un refuerzo urgente. Entonces, explican, se les trasladó el compromiso de incorporar cuatro médicos. A día de hoy, (miércoles) ninguno se ha incorporado. “Un mes y medio después de saltar la noticia estamos peor. Lo prometido no se ha cumplido”, lamentan.

La situación se ha complicado aún más con una jubilación registrada a principios de septiembre, que ha generado una vacante sin cubrir. Los médicos señalan que cualquier refuerzo futuro no supondría un incremento real de plantilla, porque antes habría que compensar esa pérdida. “Se ha generado una vacante más y estamos igual, al menos hasta octubre”, resumen.

El verano dejó además un rastro de ausencias sin sustitución y vacaciones reorganizadas a la fuerza. Algunos facultativos han tenido que retrasar sus días libres a octubre porque durante los meses estivales no había margen para hacerlo. “En octubre va a haber gente de vacaciones porque no teníamos espacio para encajar su derecho al descando. Algunos dijimos: ‘Bueno, pues me voy en octubre por voluntad propia’”, explican.

Una compensación económica que tampoco llega

A la falta de refuerzos se suma otro compromiso pendiente. En la última reunión con la Gerencia y la Dirección Asistencial se planteó una compensación económica por la ausencia de sustituciones durante el verano. Los médicos aseguran que se les trasladó que recibirían esa compensación, pero denuncian que tampoco se ha hecho efectiva.

Recuerdan que en Atención Primaria, cuando no se consigue cubrir una ausencia, se contempla una compensación para el profesional que asume la sobrecarga. “Esto se hace en Primaria cuando no hay médico para asumir todas las consultas”, señalan. En Urgencias, pese a haber afrontado el verano sin un solo sustituto, no han recibido nada. “No hemos tenido ni un sustituto este año. Pues tampoco nos han compensado. Por lo visto, somo médicos de segunda”, afirman.

Aunque insisten en que la cuestión económica no resuelve el problema de fondo —la falta de profesionales—, consideran que tampoco se ha cumplido ese compromiso.

“Estamos al límite”

El resultado es un equipo exhausto tras meses de presión asistencial elevada. “La plantilla de Urgencias estamos al límite”, trasladan. Hablan de “cansancio extremo” por la cantidad y la intensidad de las horas acumuladas desde junio y advierten de que nada ha cambiado de forma sustancial y que las necesidades van aumentando.

A esa sobrecarga se suma ahora la incidencia de infecciones respiratorias, con casos de covid y gripe, que consideran “una anomalía sobreañadida” en un escenario ya tensionado.

Hasta ahora, aseguran, han logrado mantener la atención gracias al compromiso del equipo, pero advierten de que ese esfuerzo tiene un tope. “Hemos demostrado profesionalidad y madurez, pero todos tienen un límite”, señalan. La presión está dejando también huella personal: algunos facultativos han llegado a salir llorando por la sobrecarga. “Estamos desolados, cansados, desesperados”, resumen.

Su preocupación principal es que el agotamiento termine repercutiendo en la asistencia. “Seguimos preocupados por la posible afectación en la calidad y en los tiempos de atención”, advierten.

Las medidas tampoco convencen

Los médicos cuestionan además las medidas adoptadas en el conjunto del Complejo Hospitalario de Cáceres para afrontar la falta de profesionales. A su juicio, no han solucionado el problema y sí han generado malestar entre los trabajadores. “Las medidas que propusieron tampoco han servido, salvo para crear tensiones entre los propios compañeros”, sostienen.

En paralelo, señalan una decisión que ha generado comparaciones internas: tras las quejas de los MIR, el SES ha incrementado la remuneración de la hora de guardia para aquellos residentes que quieran realizar más horas. Una medida que, explican, no aborda el problema que ellos vienen denunciando —la falta de médicos estructurales y la ausencia de sustituciones— y que ha añadido tensión entre los miembros de los equipos.

Una plantilla que esperaba cuatro médicos

La reivindicación central sigue siendo la misma: incrementar la plantilla y cubrir las ausencias. Los cuatro facultativos comprometidos siguen sin llegar y la jubilación ha abierto una nueva vacante. “Estamos con menos médicos, con más sobrecarga y con las promesas incumplidas”, resumen.

Recuerdan que el problema comenzó a trasladarse internamente en junio y que después trascendió públicamente. Mes y medio después, consideran que nada ha cambiado. “Esto estaba cociéndose desde junio. Saltó la noticia y, sin embargo, estamos peor”, lamentan.

El temor es que la llegada del otoño y el aumento de la presión asistencial empeoren aún más una situación que, según los facultativos, ya ha alcanzado el límite. Su miedo es que llegue un momento en el que no puedan soportar más.

Respuesta del SES

El SES defiende que el Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara ha experimentado un refuerzo relevante de personal en los últimos años. Según explica, hasta 2024 el servicio contaba habitualmente con dos facultativos de guardia y la incorporación de seis profesionales permitió aumentar a tres médicos por turno, una medida que califica como una “reivindicación histórica” de los propios profesionales y una mejora sustancial en la organización de la atención urgente.

Respecto a las críticas trasladadas por los facultativos sobre la falta de incorporación de los cuatro refuerzos comprometidos este verano, el SES asegura que uno de ellos ya se ha incorporado al servicio y que un segundo profesional está previsto que lo haga durante la primera quincena de octubre. Los otros dos facultativos pendientes se sumarán una vez concluyan los trámites administrativos actualmente en curso.

En relación con la reciente jubilación de uno de los médicos de Urgencias, la Administración sanitaria sostiene que las incorporaciones ya realizadas y las previstas para las próximas semanas permitirán seguir reforzando la plantilla e incrementar la capacidad asistencial disponible. Además, asegura que mantiene abiertas distintas actuaciones para captar nuevos profesionales y fortalecer de forma progresiva el servicio.

El SES también niega problemas en la coordinación del área. Según señala, la coordinadora del Servicio de Urgencias continúa desempeñando sus funciones con normalidad y mantiene una interlocución permanente con la Gerencia para abordar las necesidades organizativas y asistenciales.

Sobre una de las principales reclamaciones de los facultativos, la compensación económica prometida por la ausencia de sustituciones durante el periodo estival, el Área de Salud afirma que está ultimando la instrucción administrativa que regulará su aplicación. Añade que dicha compensación tendrá carácter retroactivo desde el inicio del verano y que los profesionales percibirán los importes correspondientes una vez finalice la tramitación administrativa necesaria.

Finalmente, el SES asegura que mantiene un seguimiento continuo de las necesidades asistenciales del servicio y un diálogo permanente con los profesionales para impulsar medidas de mejora. La Administración quiso además destacar “el compromiso, la profesionalidad y el esfuerzo” de los trabajadores de Urgencias, así como las actuaciones puestas en marcha para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria.

La respuesta a la respuesta

Frente a esta versión, los profesionales consultados mantienen su malestar y aseguran que, por el momento, las promesas de la Administración no se han traducido en refuerzos efectivos en el servicio. “De la Junta solo recibimos palabritas”, lamentan, al tiempo que califican de “gran tristeza” las condiciones en las que aseguran estar trabajando. Además, insisten en que las medidas anunciadas deben materializarse cuanto antes para evitar que continúe aumentando el desgaste de una plantilla que asegura encontrarse al límite.

La tensión entre MIR España y el Servicio Extremeño de Salud se ha agudizado tras la aprobación de una resolución que permite a los residentes realizar guardias adicionales en las Urgencias de los hospitales extremeños, siempre de forma voluntaria y con una retribución un 50% superior a la hora ordinaria. La medida llega en plena crisis del servicio en Cáceres, donde la coordinadora médica y el responsable de los residentes han abandonado sus funciones ante las dificultades para sostener la actividad diaria.

Para MIR España, la resolución abre un nuevo frente que evidencia una contradicción que la Administración sanitaria aún no les ha aclarado. Su presidente, Jesús Arzúa, recuerda que hace unas semanas la Gerencia del Área de Salud de Cáceres remitió una comunicación a los responsables docentes en la que se hablaba de “incumplimientos reiterados” de los residentes durante la reorganización de las guardias. La asociación sostiene que aquella acusación sigue sin explicación y que ahora, paradójicamente, se incentiva a esos mismos MIR para que asuman más carga asistencial.

Arzúa subraya que la voluntariedad y la mejora retributiva son preferibles a cualquier imposición, pero no alteran el fondo del problema: “Pagar más a los MIR para cubrir huecos no aumenta la plantilla de Urgencias ni resuelve el déficit estructural que originó esta crisis”. La organización insiste en que los residentes no pueden convertirse en una herramienta coyuntural para compensar fallos de planificación. “Somos médicos en formación, no el comodín de la organización de personal”, afirma.

La asociación alerta además de que las guardias adicionales podrían terminar utilizándose para cubrir necesidades estructurales del servicio, algo que, según recuerda el colectivo, está prohibido por el Real Decreto 1146/2006, que establece que la jornada complementaria de los residentes tiene una finalidad estrictamente formativa. “Tememos que esta medida desdibuje ese límite”, señala Arzúa.

El SES rechaza la interpretación de MIR España y niega haber responsabilizado a los residentes de ningún incumplimiento. La Administración sostiene que la comunicación enviada a los responsables docentes se refería únicamente a un aspecto interno de organización y que nunca cuestionó la actuación de los MIR. Añade que la cuestión se abordó en los espacios habituales de trabajo entre Gerencia, Comisión de Docencia y representantes de los residentes, con el objetivo de garantizar tanto la calidad asistencial como la formativa.

La resolución en cuestión, en vigor desde el 1 de septiembre, establece que las guardias adicionales deberán ser realmente extraordinarias, sin sustituir ni reducir las ordinarias del itinerario formativo. También fija límites de jornada, descansos y supervisión, y exige autorización de la gerencia y, cuando corresponda, de la comisión de docencia. El SES defiende que la medida refuerza la cobertura MIR sin sustituir a los facultativos y facultativas especialistas y que los residentes seguirán desempeñando funciones propias de su condición de médicos en formación.

La consejería añade que la resolución no tiene una fecha de vigencia cerrada, sino que se aplicará mientras existan circunstancias que la justifiquen. El debate queda así marcado por dos interpretaciones opuestas: MIR España teme que la medida se convierta en un parche estructural y reclama explicaciones sobre la comunicación previa en Cáceres; el SES sostiene que aquella comunicación fue meramente organizativa y defiende las nuevas guardias como un mecanismo voluntario, extraordinario y supervisado para reforzar la cobertura en un momento crítico.

Por último, el Servicio Extremeño de Salud ha informado a elDiario.es que continúa desarrollando las medidas de planificación y gestión de recursos humanos necesarias para garantizar la adecuada atención sanitaria en todos sus centros.

La CEOE de Tenerife sigue enfrascada en su lucha contra lo que llama “absentismo laboral”, ese que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) denomina como causa injustificada para no ir al trabajo. El discurso se ha endurecido en los últimos años atacando las “bajas fraudulentas”. La patronal tinerfeña creó un buzón anónimo que fue denunciado por el Ministerio de Trabajo ante la Agencia de Protección de Datos. Ahora, asegura que tiene un listado de los centros de salud “con más propensión” a “dar” bajas laborales. El revuelo ha sido inmediato y los primeros en reaccionar han sido los propios médicos, que están en el centro de las sospechas. El Consejo Canario de Colegios de Médicos reclama respeto a su independencia profesional y que las diferencias estadísticas entre centros no se conviertan en sospechas generalizadas sobre la profesión. 

Los profesionales de la medicina recuerdan que “una baja laboral es consecuencia de una valoración médica individualizada sobre el estado de salud de una persona y su capacidad para desempeñar su trabajo habitual” y que “es un acto médico reglado en el que los profesionales actúan conforme a criterios clínicos, científicos, éticos y legales”. 

En este sentido, el médico y presidente de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria (SOCAMFYC), Gustavo Moreno, señala que “poner el foco en el profesional es una manera demasiado simplista de abordar el problema”. Subraya que “emitir una incapacidad transitoria, una incapacidad laboral, es un acto médico” y que “valoras la situación del paciente, la situación física y mental, y en función del tipo de trabajo que realiza y de las condiciones que tiene y de cómo se encuentra, decides si realmente está capacitado para ir al trabajo o no. Se emite porque la situación clínica del paciente es tan seria que es incapaz de realizar sus tareas laborales habituales o que corre riesgo su salud o la de otras para hacer una tarea laboral habitual”. Y pone el ejemplo de la COVID-19 cuando se corría el riesgo de contagio de otros compañeros y compañeras de trabajo. 

Moreno reprocha que se utilice el lenguaje de “coger una baja”, “dar una baja”, “pedir una baja”... como si te dieran “un kilo de tomates”, cuando la realidad es bien distinta. “La baja laboral es una herramienta terapéutica”, resume. Y su objetivo es proteger al trabajador o trabajadora y también el ambiente laboral. 

CCOO insiste en que el dato real de absentismo laboral en Canarias (personas que no acuden a su puesto de trabajo sin causa justificada) es ínfimo y que en cambio muchas otras acuden enfermas, la patronal no paga las horas extra y la comunidad sigue a la cabeza de los salarios más bajos. Sin embargo, la CEOE sigue con esta campaña en todo el territorio nacional, pero muy explícita en Canarias. Por ello, el sindicato está siendo muy beligerante combatiendo los datos. 

UGT, por su parte, también insiste en que “es un disparate lo que está haciendo la patronal, dando un paso más allá en el señalamiento a los médicos. Si analizas los datos de forma fría, puedes determinar que unos centros de salud son más propensos a dar bajas o no, o se registran más bajas en una zona geográfica de la isla o del archipiélago, pero son datos fríos. Hay que ver el contexto”, destaca Héctor Fajardo. En este sentido, apunta que el “único patrimonio que tienen los trabajadores es precisamente el derecho a la salud, a la salud pública. Por lo tanto, que se esté señalando a los facultativos para que se sientan más coaccionados para no dar esas bajas, que lo que buscan es coaccionar a los facultativos y coaccionar también a los trabajadores para que vayan a trabajar enfermos”. 

Cómo influye el estrés y las condiciones laborales

El presidente de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria (SOCAMFYC) también incide en que cuando se habla de disparidad de cifras entre centros de salud hay que tener en cuenta múltiples factores: edad, población, contexto socioeconómico… Apunta ejemplos como si el centro de salud está ubicado en una zona donde la mayoría de pacientes se dedican a la restauración, al turismo, son camareras de piso… “vas a tener, por tanto, una mayor prevalencia y un mayor índice de dolores y de patologías relacionadas con problemas lumbares, hombro doloso, codo de tenista… y un mayor número de incapacidades en este sentido que en otra zona donde la población no se dedique a ello”. 

Moreno incide en que el centro de salud se puede apreciar que a las personas les influyen muchos aspectos como sus condiciones laborales, el hecho de tener que coger varias guaguas para llegar a su trabajo o de cuidar a personas dependientes en sus casas mientras siguen trabajando. “Y esas personas, la mayor parte de las veces no llegan a consulta diciéndote que tienen una depresión o que tienen ansiedad. Al contrario, la mayor parte de las veces son personas que tiran para adelante con su vida, que tiran para adelante con lo que haga falta, pero que al final terminan padeciendo problemas”, asegura el facultativo, que agrega que muchos de estos dolores son osteomusculares, dolores de espalda, dolores de cuello, problemas musculares, problemas de artrosis, de columna… 

A su juicio, hay que atender también a las condiciones laborales. “¿Cuántas horas está trabajando? A lo mejor su contrato es de seis o de ocho y está trabajando doce. Esto pasa. Y sabemos que pasa en la restauración y en el turismo y en múltiples empresas”. “Yo no digo que no haya que analizar el tema de las bajas laborales. Creo que como cualquier otro tema, como cuando tuvimos la epidemia de COVID, había que analizarlo. O si mañana hay un repunte de gripe, también. Pero decir que esto tiene que ver solo y exclusivamente porque unos centros dan más bajas que otros, es una manera demasiado simplista”. 

“Si tú obligas a un trabajador a ir a trabajar enfermo, o sin capacidad para ejercer sus funciones, lo que estás haciendo es tirar piedras para tu propio tejado, provocando que esas bajas se cronifiquen, se prolonguen en el tiempo, que se reduzca aún más la productividad, tan preocupados que están con esa productividad… Entonces nosotros lo que vamos a pedir a los empresarios es que reduzcan esa tensión, al mismo tiempo que analicen bien los propios datos que tienen que ver con ellos, que tienen que ver por ejemplo con el gran número de horas extras que ni se abonan, ni se compensan a los trabajadores”, añade Héctor Fajardo (UGT). 

¿Qué tienen que decir las mutuas?

Insiste en que hay que analizarlo con rigor, que hace falta más formación a los propios profesionales en materia de Incapacidad Temporal y que hay que actualizarse, pero agrega que las mutuas también deben entrar en este debate, puesto que también deben hacer una labor de apoyo. Incide en la necesidad de un abordaje “integral e incluso multiprofesional. Es decir, aquí a lo mejor la mutua tiene algo que aportar porque me puede hablar del tipo de trabajo, de las horas que está trabajando el paciente, interesarse un poco más de qué condiciones hay para que eso pueda estar o no relacionado con la patología que tiene ahora y tener mayor comunicación en el ambiente laboral”. 

Porque con el debate de la patronal los profesionales creen que se han difuminado las enfermedades profesionales. 

De hecho, el lumbago es la incapacidad temporal más frecuente en Canarias y la causa es fundamentalmente “el estrés, la ansiedad, las posturas inadecuadas, los movimientos repetitivos o la sobrecarga de esfuerzo”. Así se desprende del estudio Incidencia de la enfermedad común y del accidente no laboral, y costes económicos generados por la incapacidad temporal. Canarias (2018-2021) publicado el pasado año y en el que se recuerda que “el grupo ocupacional de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores es el más afectado”.

Enfermedades profesionales no reconocidas

Juan Navarro, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO en Canarias reprocha este “discurso frívolo” de atacar a los médicos y médicas diciendo “que dan las bajas” y a los trabajadores y trabajadoras “que cogen las bajas” por ello rechaza que se ponga el foco en los médicos y en trabajadores supuestamente absentistas. Insiste en que el debate es mucho más amplio y que “podríamos hablar de que ha aumentado la población trabajadora, habría que hablar de las condiciones laborales, de si realmente está financiado el sistema público de salud en profesionales, en la gestión que se hace de los recursos…” 

“A la CEOE yo no la he escuchado hablar, por ejemplo, de la infradeclaración de enfermedades profesionales, y especialmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con las patologías oncológicas, que son los datos más bajos desde cualquier país de nuestro entorno, parece que la gente no se enferma de cáncer en el trabajo, cuando es una de las mayores causas de cáncer”, afirma el representante de CCOO. ¿Por qué no se hacen campañas intensivas?, se pregunta. 

En este sentido, añade que tampoco escucha a la CEOE hablar de lo que tiene que ver con que las empresas “no cumplen con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Las personas trabajadoras enferman porque no se dan las condiciones saludables en las empresas”, afirma.

Héctor Fajardo agrega en este sentido que “hay muchas enfermedades profesionales que no las reconocen las mutuas como enfermedades profesionales, que las empresas no las reconocen como enfermedades profesionales. Ahí entra también el tema de la salud mental, que los empresarios se han negado sistemáticamente a profundizar sobre ella, procesos de ansiedad, de estrés, que tienen que ver con el entorno laboral, no olvidemos que pasamos gran parte de nuestra vida en el entorno laboral, en los centros de trabajo, y lo que ocurre en esos centros de trabajo, en ambientes que a veces se pueden calificar como tóxicos, repercute negativamente en la situación de salud mental de los trabajadores”. 

Fajardo añade que la patronal ha entrado en una escalada “demencial”. “Nosotros pedimos tanto al Gobierno canario como a las patronales que reduzcan ese discurso en contra de los trabajadores que se ponen enfermos, que reduzcan un poco la tensión que se está sometiendo a los facultativos, porque esto va a incidir negativamente en la economía de las islas”. 

“Ha entrado en una escalada de criminalización de los trabajadores y de los médicos que está alcanzando unas cuotas que a nosotros nos parecen disparatadas, que no responden a la realidad, que no responden a lo que de verdad está ocurriendo con los trabajadores en Canarias. También nosotros queremos que se mejoren las condiciones laborales de los médicos para poder tener más margen, más tiempo para atender a cada paciente en el área de primaria. Y todo eso redundará en una mejora de esas cifras de incapacidades temporales”, añade UGT. 

Qué dice el Gobierno de Canarias sobre la campaña de la CEOE

Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, dirigida por Esther Monzón, han señalado a este periódico que el Servicio Canario de Salud participó el lunes de la semana pasada en una reunión, convocada por la consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, a propuesta del propio SCS, en la que además del Gobierno estuvieron representadas la patronal, los sindicatos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social con el objetivo de crear un grupo de trabajo dentro de la mesa de absentismo, para analizar la situación de la Incapacidad Temporal y trabajar para una gestión óptima de la misma en Canarias y buscar soluciones entre todas las partes. El SCS “se mostró dispuesto a analizar la situación conjuntamente y buscar soluciones que ayuden a resolver el tema”.

“Se trata de un problema complejo del que el SCS ha mostrado su voluntad de abordar y buscar soluciones conjuntamente con independencia de todas las medidas preventivas que deben ser implementadas por las empresas, en función de las recomendaciones y actuaciones de los servicios de prevención de riesgos laborales”, apuntan. Y valoran la creación de un grupo de trabajo con todos los actores implicados porque “es un problema complejo que depende de muchos factores socioeconómicos y empresariales, además de los de salud de los trabajadores, que en cualquier caso son primordiales”.

Sobre las declaraciones de la CEOE sobre los médicos, SCS asegura que “mantiene una confianza plena en los médicos que atienden a los pacientes independientemente de que tengan que conceder o no una incapacidad temporal, siendo consciente de que es el criterio científico y la valoración clínica lo que impera en todos los casos”. 

Desde la Consejería de Empleo y Turismo, dirigida por Jéssica de León, han afirmado que trasladan su “respeto” al trabajo que desarrolla el personal sanitario. “Desde el Gobierno de Canarias seguimos trabajando para que, entre todas las partes, Gobierno, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, podamos alcanzar acuerdos que permitan abordar y atajar esta problemática”, concluyen.

El Sindicato Médicos del Sespa (Simes) firmará este martes con el Servicio de Salud del Principado un “acuerdo de salida de huelga” tras varios meses de protestas para reclamar mejoras laborales para estos profesionales.

El sindicato, que aglutina a facultativos jóvenes de la sanidad asturiana, ha aprobado la salida de huelga autonómica a lo largo del fin de semana en una asamblea telemática en la que han participado 400 profesionales, de los que el 72% ha respaldado el acuerdo, ha señalado.

Garantizar su cumplimiento

Simes ha avanzado que hoy se rubricará el acuerdo de salida de huelga con el Sespa, tras lo que el sindicato informará de los detalles y los pasos que pondrá en marcha “para garantizar su cumplimiento”.

El Sindicato Médicos del Sespa ha convocado en los últimos meses una huelga autonómica, de forma paralela a la que se sigue en el ámbito nacional en protesta por el estatuto marco, para reclamar a Salud una jornada laboral de 35 horas semanales, mediante el aumento de las libranzas concedidas tras cada guardia, que se reduzca la agenda a 35 pacientes en atención primaria y que se incluyan mejoras en las guardias localizadas, entre otras cuestiones 

Este lunes varios sindicatos han denunciado una nueva agresión a personal sanitario en Castilla-La Mancha. En este caso, se trata de la que sufrió una facultativa que se encontraba prestando atención médica en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Mora, en Toledo.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de septiembre, según ha desvelado la Sección Sindical de CESM-Castilla-La Mancha en esta provincia. Como consecuencia de la agresión, la profesional permanece desde ese mismo día en situación de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, con consecuencias físicas y psíquicas que, según el sindicato médico, “hacen prever una prolongación significativa de su baja”.

Solicita a la Gerencia de Atención Primaria de Toledo la investigación del accidente, la revisión de la evaluación de riesgos y de las medidas de protección frente a agresiones existentes en el Centro de Salud de Mora, así como la adopción de las medidas correctoras necesarias.

Para CESM, lo ocurrido “vuelve a poner de manifiesto una realidad que, desgraciadamente, se ha convertido en demasiado habitual en nuestra sanidad: los profesionales sanitarios siguen siendo víctimas de agresiones mientras las medidas adoptadas por la Administración no consiguen evitar que estos hechos se repitan”.

Denuncia que “cada nueva agresión provoca declaraciones de condena, preocupación y rechazo. Pero después de cada una de ellas no puede limitarse la respuesta a lamentar lo ocurrido y esperar a que la próxima agresión vuelva a ocupar los titulares” y además exigen que las agresiones a los profesionales sanitarios sean abordadas “como lo que son: un grave problema de seguridad y salud laboral”.

También recuerdan las consecuencias indirectas. “Cuando una facultativa permanece de baja durante un periodo prolongado y no existen profesionales suficientes para garantizar su sustitución, se reduce la capacidad asistencial del centro y aumenta la presión sobre el resto de la plantilla”.

Ir más allá de la condena pública por parte del SESCAM

En este aspecto advierte el sindicato médico que “no es aceptable que la ausencia de una profesional víctima de una agresión tenga que ser compensada mediante una mayor sobrecarga de trabajo de sus compañeros ni que los pacientes terminen pagando las consecuencias de la falta de recursos humanos”.

Por ello, el Sindicato Médico ha reclamado que, más allá de las condenas públicas que se producen después de cada agresión, se adopten de una vez medidas “eficaces que permitan prevenirlas y proteger realmente a quienes cada día están al frente de la asistencia sanitaria”.

También la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado este lunes las agresiones físicas y verbales sufridas por los profesionales de ámbito sanitario y reclama al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que “garantice la seguridad en todos los centros incluyendo la dotación de personal de vigilancia en la Atención Primaria”.

550 incidentes entre enero y agosto

De acuerdo a los datos del último informe del Registro de Episodios Conflictivos (REC), se han registrado un total de 550 incidentes para el periodo de enero a agosto de 2026, con 321 agresiones en Atención Primaria y 228 en Atención Especializada, notificándose una incidencia en al Gerencia de Coordinación e Inspección.

Para la responsable de Prevención de Riesgos Laborales en el Sescam de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Victoria Gutiérrez, se trata de cifras intolerables: “Son más de dos agresiones al día, y aun así no se están cuantificando todos los episodios violentos”. “Muchos compañeros no denuncian por miedo o porque consideran que no sirve para nada, por lo que los datos, ya de por sí malos, no reflejan la terrible realidad de lo que está sucediendo poniendo además el foco en que el 77,7% de los trabajadores afectados fueron mujeres”.

Son más de dos agresiones al día, y aun así no se están cuantificando todos los episodios violentos

Victoria Gutiérrez — CSIF Sanidad Castilla-La Mancha

El sindicato señala que las agresiones de carácter verbal representan más del 95% de los casos (524 incidentes). Las agresiones físicas alcanzaron los 13 registros, seguidas por agresiones por escrito (2) y daños patrimoniales/informáticos (2).

Entre los centros de Atención Primaria más conflictivos sobresalen el centro de salud Toledo 3 de Santa María de Benquerencia (25), los consultorios de El Quiñón (21) y Yuncos (14) y los centros de salud de Seseña (10) y Añover de Tajo, todos ellos en Toledo; el centro de salud de Tobarra (13), en Albacete; o el centro de salud de Guadalajara-Manantiales (8). Entre los hospitales, el Hospital Universitario de Guadalajara (55), el Hospital Universitario de Toledo (41) y el Hospital General Universitario de Albacete (30) lideran esta triste estadística.

CSIF también destaca que todos las categorías y colectivos de profesionales están afectados, cuantificándose en médicos (217 incidentes), personal de enfermería (98), auxiliares administrativos (70) y auxiliares de enfermería (44).

CSIF asegura que las agresiones a profesionales “son un fenómeno muy perturbador que no para de crecer”. A lo largo de 2025 se registraron un total 808 incidentes, 112 más respecto a 2024. “Lejos de disminuir, la tendencia es preocupante, especialmente tras la pandemia: 696 incidentes en 2024; 646 en 2023; 623 en 2022; 560 en 2021; 519 en 2020 y 424 en 2019”.

Además del personal de vigilancia, desde CSIF se insiste en la necesidad de implantar nuevos recursos: desde la revisión del botón del pánico y la instalación de cámaras de seguridad; dotación de elementos disuasorios individuales sonoros y lumínicos; sistemas informáticos de alerta; implantar protocolos de seguridad; adaptación del espacio de atención asistencial como recurso para prevenir agresiones, con múltiples puntos de acceso y salida; una mayor coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; el desarrollo del régimen disciplinario respecto a aquellos pacientes que han realizado acciones de violencia y que reinciden, así como el acompañamiento en visitas domiciliarias.