El Gobierno de Asturias se ha sumado hoy a la petición de todas las comunidades y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para que el Ministerio de Sanidad reinicie las conversaciones sobre el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, con el objetivo de definir un texto “consensuado, equilibrado y sostenible”.

Las diferentes administraciones consideran que la trascendencia de esta norma exige “el máximo consenso institucional y profesional”, por lo que reclaman retomar el diálogo “con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes”.

Reclaman el máximo consenso

En un escrito dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, las diferentes administraciones autonómicas defienden que una norma de la trascendencia del Estatuto Marco debe sustentarse en el máximo consenso institucional y profesional posible y contar tanto con quienes tienen la responsabilidad de gestionar los servicios sanitarios como con los profesionales que trabajan en ellos. También expresan su confianza en que su petición conjunta sea atendida.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha participado este miércoles por vía telemática en la reunión del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Al finalizar la sesión, ha subrayado la importancia del estatuto marco, que considera “una norma fundamental para los profesionales y para toda la ciudadanía, porque indica el futuro del sistema sanitario público”.

Tras ofrecer colaboración institucional al ministerio, ha recordado que las competencias en materia sanitaria pertenecen a las comunidades.

“Somos responsables de la gestión directa de la salud en nuestros territorios y tenemos la obligación de intentar solucionar un conflicto que está perjudicando a los pacientes”, ha añadido.

La amenaza de huelga médica

En ese sentido, ha alertado de que la amenaza de huelga médica indefinida a partir de septiembre tendría serias repercusiones tanto en la salud de la ciudadanía como en el propio sistema sanitario a nivel nacional.

“En Asturias hemos hecho nuestros deberes porque nosotros hemos negociado, hemos alcanzado acuerdos que ya se han puesto en marcha y seguimos manteniendo el diálogo para avanzar en un nuevo modelo organizativo”, ha valorado. Según ha precisado, muchas de las medidas acordadas están relacionadas con cambios contemplados en el Estatuto Marco, especialmente en ámbitos como la flexibilidad laboral y la conciliación familiar.

El conflicto entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos ha vuelto a colarse este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Los responsables de las consejerías del ramo han solicitado a la ministra Mónica García e “reinicio de la negociación del Estatuto Marco”, pactado entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales presentes en la mesa del ámbito, CCOO, UGT, CSIF y Satse.

Ese texto, que limita las guardias obligatorias a 17 horas —frente a las 24 actuales—, mandata oposiciones cada dos años y limita la jornada laboral máxima a 45 horas, entre otras medidas, se topó con la oposición de los sindicatos médicos, que han convocado paros semanales cada mes desde febrero hasta junio y amenazan ahora con una huelga indefinida en septiembre si no hay avances en sus demandas. Estas pasan por un ámbito propio de negociación, un estatuto médico, la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y una clasificación profesional “justa”.

“El proceso no ha logrado el consenso necesario entre las administraciones sanitarias, las organizaciones sindicales y el Ministerio de Sanidad”, lamentan las comunidades en una carta trasladada a García, a la que ha tenido acceso elDiario.es, y en la que consideran que es aconsejable “abrir una nueva etapa de diálogo”.

Para la ministra, la petición tiene “dos consecuencias”. Por un lado, que “no mejoremos las condiciones laborales de los profesionales”, que “llevan 20 años esperando” por cambios en su forma de trabajo. La postura del Ministerio es que reiniciar las negociaciones dejaría en “stand by” mejoras con el fin de las guardias de 24 horas, una de las reclamaciones que se han visto en las pancartas que los profesionales médicos han agitado en las protestas de los últimos meses y que sí contempla el texto que defiende García.

Por otro lado, la ministra ha insistido tras la reunión con las consejerías, que tumbar el trabajo hecho hasta ahora supondría “saltarse la ley y romper el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios”. “Si alguna comunidad quiere romper los acuerdos que pacta, es libre de hacerlo”, ha afeado García, que ha repetido que el Estatuto Marco nace de “acuerdos legítimamente acordados en la mesa sectorial que ordena la ley”.

No obstante, ha recordado que las comunidades autónomas son competentes para alcanzar otros acuerdos, “como han hecho Galicia, Euskadi y la Comunidad Valenciana”, ha enumerado.

Estas, por su parte, advierten que “la prolongación del conflicto laboral y de las convocatorias de huelga está teniendo un impacto directo sobre la actividad asistencial y compromete la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada a los ciudadanos”. Y les “preocupa especialmente”, dicen, “que esta situación continúe prolongándose y repercuta negativamente en la calidad de la atención y en la seguridad de los pacientes”.

Para García, el objetivo de fondo de las comunidades es mantener el statu quo. “Creen que no es el momento de reformar el sistema”, ha dicho en rueda de prensa, donde ha expresado que las consejerías reclaman que se eliminen los artículos que tienen que ver con la jornada laboral y las guardias. “Ni quieren mejorar las condiciones, ni nos dejan a nosotros mejorar las condiciones”, ha insistido la ministra, que ha asegurado que los responsables autonómicos “creen que no hay que eliminar las guardias de 24 horas” porque en los informes que le trasladan al Ministerio indican que es “destructivo e irrealizable”.

El médico Isidoro Gómez Cavero, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cuenca durante las dos últimas legislaturas tras presentar batalla electoral con la agrupación de electores Cuenca nos Une, ha fallecido este miércoles a los 63 años.

Conquense de nacimiento, Gómez Cavero ejerció de médico en Medicina General durante 30 años y fue el fundador del hospital La Alameda (actual Hospital Recoletas). Junto a la sanidad, su mayor desempeño en la vida pública conquense se desarrolló en el mundo del balonmano, como presidente del Ciudad Encantada en dos etapas.

En la segunda, desde el año 2011, el club obtuvo los mayores éxitos deportivos de su historia, incluyendo un subcampeonato de liga en el año 2023 y un subcampeonato de Copa del Rey en 2019, además de las primeras clasificaciones a competición europea del conjunto conquense.

En política, fue cortejado con frecuencia por los dos grandes partidos, pero terminó dando el salto con Cuenca nos Une en 2019, agrupación de electores que dio la campanada en las elecciones al obtener seis concejales y ser la segunda fuerza más votada, por delante del Partido Popular.

Este éxito le dio la llave de gobierno y le convirtió, aunque esta figura no apareciera en el organigrama del equipo de Gobierno, en un 'vicealcalde' que compartía responsabilidades con el alcalde de la ciudad, Darío Dolz.

La formación liderada por Gómez Cavero perdió fuerza en los comicios de 2023, pero conservó el peso suficiente como para poder gobernar en coalición con el PSOE. Durante estas dos legislaturas la agrupación de electores ha respaldado el gobierno socialista, ya que el médico consideraba que, respaldando a la formación que estaba en el Gobierno regional, sería más fácil conseguir fondos para Cuenca.

Su papel durante estos años ha sido el de tirar de los “grandes proyectos” como el inicio de la construcción de los remontes mecánicos al Casco Antiguo y la remodelación de Carretería.

En el año 2024, le fue diagnosticado un tumor cerebral que le obligó a pasar por la mesa de operaciones en dos ocasiones. A pesar de sus problemas de salud, intentó mantenerse en activo mientras le duraron las fuerzas. Presidió el Balonmano Ciudad Encantada hasta el año 2025 y el pasado mes de junio tuvo que renunciar finalmente a su acta como concejal en el Ayuntamiento de Cuenca.

En 2026, Isidoro Gómez Cavero recibió el título de Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha, durante el acto institucional del Día de la Región, celebrado en Cuenca, por su compromiso con el deporte a través de su papel como presidente del Ciudad Encantada.

Su labor al frente del club conquense también ha sido merecedora de la Medalla e Insignia de Plata de la Federación Española de Balonmano.

Su funeral se celebrará el 23 de julio

Los restos de Isidoro Gómez Cavero reposarán en el Tanatorio de La Paz, celebrándose su funeral el jueves 23 de julio a las 11:00 horas en la Parroquia de San Esteban.

El Ayuntamiento de Cuenca mantendrá las banderas a media asta durante los próximos tres días en señal de luto por su concejal y teniente alcalde fallecido, así como suspenderá la agenda pública del alcalde durante la jornada de mañana jueves.

Se realizará la propuesta por parte del equipo de Gobierno de renombrar el Polideportivo 'El Sargal' con el nombre de 'Isidoro Gómez Cavero'.

Despedida de compañeros en la política

El alcalde Darío Dolz se ha mostrado consternado ante el fallecimiento de quien considera “más que un compañero y amigo, ha sido como un hermano”, y ha trasladado su pésame familia, amigos y allegados en nombre de todos los grupos políticos con representación en el Consistorio conquense. “Querido Isidoro, qué pena más grande. Te has ido demasiado pronto, con las ganas que tú tenías de seguir dando guerra y luchando por esa Cuenca mejor que tenías en mente. Ni te imaginas lo que te voy a echar de menos, lo que te vamos a echar de menos, lo que Cuenca te va a echar de menos”, ha señalado Dolz en redes sociales.

También el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado a través de las redes sociales a Gómez-Cavero, con quien negoció algunos de los proyectos para la ciudad de Cuenca. “Ha fallecido alguien que trabajó mucho por Cuenca y puedo decir con orgullo que, desde que nos conocimos, fuimos amigos. Descansa en paz, Isidoro”, ha escrito el jefe del Ejecutivo autonómico.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado el fallecimiento del médico conquense, “una persona que siempre peleó por una Cuenca mejor” y ha traslado sus condolencias a toda su familia y amigos.

El Hospital de Calahorra ha incorporado en estos últimos meses 25 profesionales al equipo de atención sanitaria. Son 25 profesionales: 10 enfermeras y 15 facultativos. En concreto los nuevos médicos son especialistas de: Urgencias, Pediatría (3), Alergología (2), Otorrinolaringología (2), Oftalmología, Anatomía Patológica, Reumatología, Ginecología, Cirugía, Dermatología y Medicina Interna.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y la directora del Hospital Universitario de Calahorra, Patricia Martín Rico, se han reunido con los nuevos profesionales del Hospital. Algunos de estos sanitarios terminaron la residencia recientemente en el Servicio Riojano de Salud y han decidido continuar ejerciendo en el SERIS, aunque también hay jóvenes llegados de otras comunidades y varios profesionales ya con años de experiencia que han optado por Calahorra en los últimos concursos de traslados.

La consejera ha defendido “la incorporación de estos profesionales es la mejor demostración de la buena marcha del hospital comarcal, que está atrayendo talento y consolidando una plantilla que garantiza la atención de calidad que desde el SERIS queremos procurar a los vecinos de La Rioja”. Martín ha subrayado como “apuesta importantísima” por el Hospital de Calahorra las políticas del Gobierno en esta legislatura, a pesar de que también en esta legislatura ha surgido el movimiento SOS Hospital de Calahorra, que advierte de la pérdida de recursos del centro hospitalario de referencia de La Rioja Baja.

Los nuevos especialistas del Hospital de Calahorra han destacado las virtudes de un hospital comarcal como éste, integrado en un gran sistema de salud como el riojano. Asimismo, han hecho hincapié en el buen ambiente de trabajo con positivas sinergias tanto dentro de los propios equipos como entre distintos servicios y especialidades.

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez (PP), ha prometido para esta legislatura algo que, según él, ya se cumplía hace un año. En su comparecencia para explicar su programa, Vázquez ha garantizado el mantenimiento de la atención presencial en centros de salud, consultorios locales y en el domicilio y el acceso a las consultas del médico de familia en un plazo que no supere las 48 horas. En agosto de 2025, en un desayuno de la Agencia Ical, Vázquez aseguró que la demora media para conseguir cita en Atención Primaria no superaba 1,9 días, si bien reconocía “tensiones” en centros de salud urbanos.

De hecho, en invierno de 2024, en plena epidemia de gripe llegó a asegurar que se estaba citando con menos de 48 horas de mientras la mayoría de centros de salud colapsaron por la demanda y la espera superaba los 15 días. En su exposición este viernes en las Cortes de Castilla y León, Vázquez ha sostenido que para garantizar esa atención presencial incidirán en la capacidad resolutiva de los equipos de atención primaria, mejorando la organización asistencial y dotando a los profesionales de más recursos y herramientas que permitan ofrecer una atención ágil, cercana y de calidad en todo el territorio, informa Efe.

Para mantener un acceso a las consultas de medicina familiar y comunitaria que no supere las 48 horas, el consejero ha basado su estrategia en la organización de las agendas, la optimización de la gestión de la demanda, y el refuerzo los Puntos de Atención Continuada (PAC) y circuitos de urgencias extrahospitalarias. Así, con una cuestión de mera organización “de agenda” ha intentado minimizar la saturación de los centros de salud.

Pero también ha apuntado a una reducción de la atención presencial en favor de la consulta telefónica: “La tecnología nunca sustituirá la atención presencial, cuando esta sea necesaria, pero sí nos permitirá superar muchas de las limitaciones derivadas de la dispersión geográfica y avanzar hacia una sanidad más accesible, más cercana y más equitativa para todos los castellanos y leoneses”, ha afirmado. También ha anunciado una Estrategia de Optimización de las Emergencias Sanitarias de Castilla y León, orientada a reforzar la atención extrahospitalaria, especialmente en las zonas rurales y más alejadas.

Por otro lado, ha anunciado nuevo Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, un problema estructural lastrado por el conflicto médico por el estatuto marco, del que ha culpado a la ministra, y que ha dejado 12.500 operaciones menos en el primer semestre en la comunidad, que podrían ser 25.000 a final de año. El Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, orientado a incrementar la eficiencia de los recursos disponibles, reducir las diferencias existentes entre las distintas áreas de salud y garantizar una respuesta más homogénea, ágil y equitativa para todos los castellanos y leoneses.

Se ha referido al conflicto generado en torno a la reforma del Estatuto Marco promovida por el Ministerio de Sanidad, que ha desembocado en movilizaciones y huelgas de ámbito nacional con un impacto directo sobre la actividad asistencial. “Un conflicto que persiste ante la incapacidad de la única responsable con competencias para resolverlo: la ministra de Sanidad del Gobierno de España” y que “está teniendo un coste inasumible para los pacientes y amenaza con comprometer seriamente la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud”, ha explicado.

En concreto, en el caso de Castilla y León durante el primer semestre de este año se han realizado 12.500 intervenciones quirúrgicas programadas menos que en el mismo periodo de los dos años anteriores. “De haberse mantenido el nivel habitual de actividad, más de 11.000 pacientes habrían abandonado la lista de espera quirúrgica”, ha sostenido. “No estamos simplemente ante una interrupción de la tendencia de mejora que veníamos consolidando. Las listas de espera han vuelto a crecer y seguirán haciéndolo mientras el Gobierno de España no afronte con la seriedad y la responsabilidad necesarias una situación de esta magnitud”, ha lamentado.

“Si la huelga se prolonga, estimamos que a final de año habremos dejado de realizar más de 25.000 intervenciones quirúrgicas”,

Vázquez ha explicado que pese a ello, el objetivo es “recuperar los niveles de actividad alcanzados, revertir esta situación y situar de nuevo a Castilla y León entre las comunidades con mejores resultados en accesibilidad y tiempos de espera del Sistema Nacional de Salud”.

Tomás Merina, vencedor en las últimas elecciones en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), ha presentado este jueves un recurso de apelación contra la sentencia que avala la anulación de su proclamación como candidato, al considerar que las partes implicadas no han ofrecido garantías suficientes para convocar unas nuevas elecciones abiertas.

En concreto, el titular de la Plaza número 18 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid avaló la decisión de la Comisión de Recursos de anular la proclamación como candidato de Tomás Merina a los comicios, en los que la lista que encabezaba, 'Icomem para Todos', se impuso con el 46,9% de los votos.

Tras esta decisión judicial, Merina puso sobre la mesa una oferta para desbloquear la situación en la institución colegial, con una propuesta que pasaba por renunciar a seguir con la vía judicial a cambio de que se convocaran elecciones abiertas. No obstante, “ante la falta de compromiso para convocar un proceso en el que todos los colegiados puedan expresarse libremente y sin restricciones injustificadas”, la lista 'Icomem para Todos' ha decidido “ejercer su derecho a recurrir”.

Así, ha presentado un recurso de apelación al considerar “injusta” la resolución judicial y ante la falta de “garantías suficientes” y “voluntad” para la convocatoria de elecciones abiertas en el Icomem. “Creemos que la forma de defender a los médicos es recurrir una sentencia que anula la voluntad expresada por los colegiados en las urnas”, ha defendido Merina en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, su equipo ha reiterado que discrepa de la interpretación “restrictiva” que realiza la sentencia sobre el concepto de ejercicio efectivo de la profesión médica, al entender que alguien con contrato para ejercer labores de director médico se dedica a labores administrativas y no médicas, “algo contrario a la realidad actual de la profesión, a la normativa aplicable y al propio Código de Deontología Médica”.

En concreto, el juzgado constata que Merina estaba jubilado desde 2018 y percibía una pensión contributiva, lo que refuerza la presunción de que no se encontraba en ejercicio activo. Pese a presentar un contrato de “dirección médica” con una empresa familiar, el juez apunta que dichas funciones corresponden a gestión administrativa y no asistenciales o clínicas.

De este modo, el tribunal respaldaba la decisión de anular su candidatura al considerar que no cumplía con el requisito de ser médico en activo conforme a los Estatutos de la institución colegial.

Asimismo, la candidatura de Tomás Merina discrepa de que la sentencia no otorgue “la debida relevancia al resultado democrático de las urnas”. A juicio de 'Icomem para Todos', “no puede tratarse como un elemento menor” que esta lista fue proclamada por la Junta Electoral, concurriera a las elecciones y resultara ganadora “con una ventaja amplia sobre el resto de candidaturas”.

“La anulación posterior de su candidatura no solo afecta al derecho de Tomás Merina a ser elegido, sino también a los miles de colegiados que expresaron su voluntad en las urnas y que, con esta decisión, ven frustrado el resultado que apoyaron democráticamente”, han explicado desde la lista.

En concreto, en los últimos comicios, la candidatura encabezada por Tomás Merina se impuso con el 46,9% de los votos (4.475), por delante de la liderada por Manuel Martínez-Sellés, 'Primero, médicos', que quedó en tercera posición con el 25,1% de los votos (2.393).

“Presentamos este recurso para defender los derechos democráticos de los médicos de Madrid, a los que se les pretende imponer una Junta Directiva que no votaron. No podemos aceptar una salida diseñada desde los despachos, sin garantías democráticas suficientes y que limite la participación de los colegiados”, ha explicado Tomás Merina.

En cualquier caso, desde la candidatura 'Icomem para Todos' han reclamado que la presentación de este recursos no se use “como excusa” para “mantener paralizado el Colegio” y, en este sentido, ha recordado que la Junta Directiva en funciones de Manuel Martínez-Selés “lleva dos años eludiendo la responsabilidad democrática de convocar a los compromisarios del Colegio para encontrar salidas a la crisis institucional o para cumplir con su obligación de dar a conocer el estado de las cuentas de la institución”.

“Nos presentamos a las elecciones de 2024 con un mensaje claro: había legado el momento de abrir puertas y ventanas en el Colegio para permitir que entraran nuevos aires democráticos. Por desgracia, el tiempo nos ha dado la razón: hay demasiados intereses tratando de evitar que los médicos de Madrid puedan elegir a sus propios representantes de forma democrática”, ha zanjado Merina.

Tras esta decisión, la actual Junta Directiva en funciones ha recalcado que la interposición de nuevos recursos ante la jurisdicción ordinaria “supone prolongar la situación de incertidumbre y retrasar la normalización del funcionamiento institucional del Colegio a través de sus propios órganos colegiales”.

Así, han recalcado que, en estos momentos, su obligación es actuar “como garantes de la legalidad y del correcto funcionamiento de la institución”. Por ello, han asegurado respetar “escrupulosamente” los procedimientos en curso y permanecen “a la espera” de que exista una resolución firme en el ámbito judicial, así como del pronunciamiento de la Comisión de Recursos, órgano colegial competente para conocer esta materia.

“Mientras la actual Junta Directiva continúe al frente del Icomem, seguirá desempeñando sus funciones con plena responsabilidad, garantizando la estabilidad, la legalidad y la continuidad de la actividad colegial, siempre en defensa de los intereses de los médicos de Madrid”, han indicado desde este órgano, que ha trasladado un mensaje de “responsabilidad y serenidad”.

Prosigue el polémico debate sobre el absentismo laboral que se abrió con motivo de las declaraciones de Ángel Nicolás, presidente de la patronal castellanomanchega (CECAM) llamando “memos” a los jóvenes pedían la baja médica por salud mental y por las que luego pidió disculpas.

Ahora, Manuel Madruga, el secretario general de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), integrada en la CEOE de la comunidad autónoma, se ha referido también a esta cuestión, con algún matiz. Básicamente, insiste en denunciar “fraude” en las bajas laborales, pero añade: “No culpamos a los médicos”.

Concretamente, argumenta que por cada euro destinado a una “baja indebida”, es un euro que “dejamos de destinar a la sanidad, a la educación, a las pensiones, a la dependencia, a servicios sociales o, por ejemplo, a trabajo”.

Según dice, los datos “están ahí”. “Los procesos de incapacidad temporal nos costaron a todos los españoles 34.000 millones de euros en el año 2025”, añade, afirmando además que “lo que nadie quiere saber” es que ese coste se ha disparado desde el año 2015 al año 2026 en un 240%, o que las bajas crecen a un ritmo del 133%.

Tenemos un grave problema y tenemos que analizarlo, controlarlo y de alguna manera investigarlo

También apunta que la OCDE ha avisado a España de los “altos índices” que tiene de incapacidad temporal, representando 4,7% de sus trabajadores, mientras que la media europea es del 2,5%.

“¿Significan estos datos que FEDETO está queriendo trasladar a la sociedad que todos los procesos de incapacidad temporal son fraudulentos? No, no significa eso, ni siquiera que mayoritariamente sean fraudulentos. Lo que significa es que tenemos un grave problema, lo que significa es que ese grave problema tenemos que analizarlo, controlarlo y de alguna manera investigarlo”, subraya.

Manuel Madruga considera “otro dato palmario” que el 25% de las personas que se encuentran en situación de IT concentran el 55% de todos los procesos de incapacidad temporal.

Es en este punto cuando dice no cuestionar “para nada en absoluto” a los médicos. “Sabemos los medios que tienen, las consultas masificadas que tienen y las listas de espera que tienen. Y de estos se valen quienes quieren cometer el fraude”.

Dolencias que “no se pueden medir de una manera objetiva”

A ello añade que hay “determinadas dolencias de carácter físico, por ejemplo el dolor, o determinadas situaciones emocionales” que “no se pueden medir de una manera objetiva y que dependen mucho de lo que sea lo que el propio paciente está trasladando al médico”.

Dicho esto, critica que traten de “desacreditar” a la patronal o de “cancelarnos mediáticamente” como consecuencia de que “hayamos tenido mejor acierto en Toledo, en Barcelona o en Canarias a la hora de referirnos al absentismo laboral”.

“Nuestros datos son datos objetivos, sabemos que son datos que molestan, pero también sabemos que son datos que cada vez están siendo más avalados por organismos nacionales, como el Banco de España o la AIREF, o internacionales como la propia OCDE”.

Afirma que incluso los sindicatos reconocen en los acuerdos nacionales para la negociación colectiva que hay “un problema con el absentismo laboral” que ahora “se niegan a reconocer, diciendo que lo que tratamos es de recortar derechos”. Y concluye afirmando: “Para FEDETO, combatir el fraude no es recortar derechos, es todo lo contrario, es proteger a aquellas personas que sí necesitan coger una baja”.

No es solo el calor pegajoso, un sol implacable o las noches sin dormir. Los episodios de altas temperaturas que han ido encadenándose en las últimas semanas han provocado cientos de fallecimientos en España. Según los últimos datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), desde el 1 de mayo se han producido 1.682 muertes atribuibles al calor.

La segunda ola de calor del verano, que se alargó desde el pasado fin de semana hasta este jueves, ha dejado un saldo mortal de 622 personas en apenas cinco días. Solo el jueves, se registraron 138 decesos atribuidos a las temperaturas y el miércoles, 123.

La primera ola, con noches “muy cálidas en amplias zonas del país”, arrojó 278 muertes entre el domingo 20 y el jueves 25 de junio, según la Agencia Estatal de Meteorología.

El MoMo se puso en marcha en 2004, tras el gran episodio de calor del año anterior que fulminó a 70.000 personas en todo el continente, 6.500 de ellas en España. Desde 2015, el primer ejercicio del que hay registros, solo ha habido un junio más mortífero por las temperaturas que el que se acaba de despedir: el de 2017, con un millar de decesos atribuibles al calor. En estos 11 años, la media para junio ha sido de 249 defunciones. Este último mes han sido 937.

En cualquier caso, los resultados del MoMo “no son un conteo de muertes”, aclara su responsable en el Centro Nacional de Epidemiología, Diana Gómez Barroso, sino “fallecimientos que, mediante un modelo estadístico —con lo que ha ocurrido en los diez años anteriores— atribuimos que pueden deberse a las altas temperaturas”. “No significa que sea una muerte por un golpe de calor, sino por patologías que se agravan”, explica la experta.

Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas mayores. De hecho, la inmensa mayoría de los fallecimientos atribuidos al calor por la estadística del MoMo corresponden a mayores de 85 años: 632 de los 937 de todo el mes. En el grupo entre 75 y 84 años, se registraron 220 estimadas.

Las personas mayores se ven más afectas porque “termorregulan peor por motivos fisiológicos o por la propia degeneración de la edad, que hace que las glándulas sudoríparas funcionen peor”, explica la coordinadora de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) Divulgación, Rosa Pérez. Pero las altas temperaturas afectan también a aquellos pacientes con patologías crónicas, principalmente con problemas cardiovasculares, renales o respiratorios, diabetes o demencias, a bebés y a mujeres embarazadas, sobre todo en el primer trimestre.

La afectación por calor se nota también en las urgencias hospitalarias y las consultas. “De unos años para aquí, sobre todo en la gran ola de calor del año pasado y este, tenemos muchísimo más trabajo, sobre todo en grandes ciudades y en zonas de costa, donde se mueve mucha gente”, explica la doctora Pérez.

Según los datos del informe Calor extremo, salud en riesgo, realizado por el Observatorio DKV de Salud y Medioambiente y coordinado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, a nivel nacional, “la probabilidad de hospitalización general durante el periodo estival aumenta aproximadamente un 13,5% en asociación con temperaturas extremas”, pero la tasa se dispara hasta el 25,4% en población pediátrica. En 2022, en Francia, “las visitas a urgencias por patologías térmicas se duplicaron y las consultas en atención primaria se triplicaron”. Y en Portugal “los ingresos hospitalarios diarios aumentaron un 18,9% durante los días clasificados como ola de calor”, indica el informe.

Un análisis de 11 millones de admisiones en urgencias en 48 provincias españolas entre 2006 y 2019, realizado por investigadores del IS Global, ya señalaba que las asistencias por trastornos metabólicos y relacionados con la obesidad se duplicaron, las insuficiencias renales crecieron un 77,7%, la infección de tracto urinario un 74,6% y la sepsis un 54,3%.

Y las predicciones sobre el calor no son buenas. “La proyección es que cada vez vamos a vivir más olas de calor, con más noches cálidas y tropicales”, advierte la coordinadora del hub de preparación del IS Global de Barcelona, la doctora Elizabeth Diago Navarro, que apunta a problemas en zonas tradicionalmente cálidas, pero también a aquellas donde el calor es menos habitual, el cuerpo no está preparado y tampoco hay recursos materiales habilitados.

Un ejemplo es la ola de calor que asoló Euskadi en junio y disparó la venta de ventiladores. Pero las altas temperaturas se expanden por el calendario. Pese a las nieves primaverales, a finales de mayo ya se habían batido 12 récords diarios de calor. Ese mes, el sistema registró 123 muertes atribuibles a las altas temperaturas, más que en el mismo mes de 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 juntos. Y eso que en esos días “no ha habido olas de calor, pero si jornadas puntuales con altas de temperaturas” que también afectan a la salud, advierte Gómez Barroso.

Un sistema “incapaz de llegar a todo”

Más calor, durante más tiempo, con más problemas de salud asociados y más visitas a los hospitales y los centros de salud comprometen al propio sistema. Sobre todo cuando esta sobrecarga se produce en un momento de plantillas mermadas por las vacaciones. “El conjunto de estos factores puede comprometer los tiempos de respuesta, los circuitos de atención y la capacidad de priorización clínica, especialmente cuando los episodios de calor son prolongados o coinciden con otros factores estresores del sistema”, señala el informe.

Por eso, Diago Navarro insiste en la importancia de dotar de recursos a un sistema, “incapaz de llegar a todo”, para que pueda identificar previamente a “aquellos pacientes más vulnerables y revisar o cambiarles la medicación”. De hecho, algunos fármacos dificultan la termorregulación y compromete a los pacientes en picos de calor, como los diuréticos, los ansiolíticos y los antidepresivos —que toman un 19 y un 15% de las mujeres y un 10 y un 6% de los hombres, respectivamente—.

Todas las voces expertas consultadas señalan además a otros factores del cambio climático como posibles tensores del sistema y un riesgo para la salud de la población. “Estamos viendo cómo cada día aumentan los eventos meteorológicos adversos, que son cada vez más largos e intensos; las enfermedades infecciosas, que cambian su lugar de distribución; lluvias torrenciales, inundaciones y tormentas devastadoras, que tienen un impacto en la salud”, apunta Gómez Barroso.

Desde Semes advierten que los efectos del calor son físicos y personales, pero también colectivos. “También afectan al conjunto de la sociedad. A veces hay problemas de suministro, los transportes se ven afectados o se generan desigualdades”, apunta la doctora Pérez.

Para los riesgos personales, la coordinadora de la sociedad de médicos de urgencias y emergencias hace las recomendaciones habituales: evitar salir a la calle en las horas centrales del día, buscar la sombra y lugares donde poder refrescarse, vestir tejidos naturales y cubrirse la cabeza y no realizar actividad física durante los tramos de más calor —tampoco bricolaje, jardinería o cocinar—. Además, recomienda ventilar la vivienda o buscar refugios climáticos si no es posible —buena parte de las asistencias por calor se producen en los domicilios—, hidratarse aunque no se tenga sed y no abandonar la actividad física, con paseos moderados cuando cae el sol.

En marzo de 2025, el Gobierno cerró con las aseguradoras Adeslas y Asisa un acuerdo para la continuidad de Muface, el seguro privado finaciado con fondos públicos al que están acogidos cerca de un millón de personas, entre funcionarios y sus familias. Tras meses de tensiones, varias propuestas y la mutualidad en peligro, el Ejecutivo acabó poniendo sobre la mesa 4.808,5 millones de euros para los años 2025, 2026 y 2027, lo que suponía un incremento de la prima de más el 40%.

Ya entonces la Organización Médica Colegial (OMC) remitió una carta a los profesionales de la privada, animándoles a presionar a las aseguradoras para aumentar sus retribuciones. Pero, a estas alturas, un 80% de los médicos privados que trabajan con la mutualidad aseguran “no haber recibido ninguna mejora de honorarios”, según una encuesta de esta entidad a más de 1.200 facultativos.

“Los datos evidencian una profunda brecha entre los recursos públicos destinados al sistema y la realidad que describen los profesionales que integran la red asistencial”, denuncian desde la OMC, que reclama “transparencia y mecanismos de seguimiento para asegurar que los recursos públicos refuercen la calidad y sostenibilidad” de todo el sistema.

Pese a ese aumento mil millonario de las primas, la enuesta de la OMC arroja que el 74% de los médicos no han visto mejorados sus honorarios “ni siquiera para compensar el aumento del IPC” y que, de entre quienes han obtenido incrementos, “aproximadamente uno de cada tres señala que ha sido de apenas entre un 1 y un 3%, muy lejos de los porcentajes anunciados públicamente” por las aseguradoras.

En su momento, desde las aseguradoras ya trasladaron su intención de negociar caso por caso, dependiendo de las especialidades y los territorios. Esto dej a los profesionales en una situación de debilidad a la hora de pactar una mejora en sus condiciones y en una situación de dependencia respecto a las compañías que manejan esos 4.808 millones de dinero público.

Por eso, desde la OMC reclaman “avanzar hacia mecanismos de interlocución colectiva que permitan una negociación más equilibrada y transparente entre los profesionales y las aseguradoras”. Y, para ello, “nueve de cada diez encuestados considera que las corporaciones profesionales, los sindicatos médicos y las organizaciones de autónomos pueden desempeñar un papel relevante para defender unas condiciones retributivas justas y transparentes”.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha asegurado en el pleno del Parlamento que si alguien va al médico de cabecera sin cita en la sanidad pública es atendido, después de que el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, denunciara que una cita tarda hasta más de diez días. “Si usted va mañana a su médico de cabecera sin pedir cita lo atienden el mismo día, porque a mí y a familiares míos nos ha ocurrido”, ha replicado el líder del Ejecutivo canario, y ha enfatizado: “Usted solo tiene que ir hoy al centro de salud si tiene cualquier problema y le aseguro que lo van a atender. Y, si no, vamos los dos juntos. Yo voy con usted”.

Clavijo, quien se ha declarado “usuario de la sanidad pública”, ha explicado que si en la atención primaria se da cita para otro día es porque los centros tienen que organizarse y hacer “un esfuerzo importante para reconfirmar aquellas citas a las que luego el paciente no acude”.

Según el presidente regional, “es evidente que la sanidad está mucho mejor” que como la dejó el anterior Gobierno de Canarias en 2023.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, denunció, por el contrario, “el progresivo deterioro del sistema sanitario público”, y se refirió a las protestas laborales, la saturación en urgencias y los retrasos en la atención primaria.

Campos reclamó a Clavijo que escuche las reivindicaciones de los profesionales del Servicio Canario de la Salud y ha calificado de “cínica” y “vergonzosa” la propuesta de la Consejería de Sanidad a los médicos en huelga para solucionar las sustituciones de las bajas y las vacaciones.

También ha denunciado Campos la situación de los técnicos de transporte sanitario en huelga o la situación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, cuya falta de captación de sangre ha provocado la suspensión de pruebas quirúrgicas.

El portavoz de NC ha lamentado además el “colapso estructural” de los servicios de urgencias en los grandes hospitales, donde se acumulan durante días enfermos en camillas, ha denunciado.

El presidente de Canarias ha insistido en que la sanidad está mucho mejor y ha sostenido que las listas de espera, las intervenciones quirúrgicas y las consultas han mejorado sustancialmente.

Respecto a las movilizaciones del personal sanitario, ha calificado las reivindicaciones de “legítimas” y “razonables”, pero ha matizado que la base del conflicto no se circunscribe a Canarias, sino que depende directamente del Ejecutivo central, que ha respondido con “arrogancia y prepotencia”.

En el ámbito autonómico, la Consejería de Sanidad negocia distintas propuestas para incorporar más recursos y aplicar cambios organizativos en la red, como la instauración de turnos de mañana y tarde, ha señalado.

En todo caso, ha advertido de que el Gobierno de Canarias no permitirá en ningún caso que se resienta la atención a los pacientes durante este proceso de reorganización asistencial.

Críticas a la consejera de Sanidad

El diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino ha afirmado este martes que a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, no le preocupa el sufrimiento de los pacientes canarios, gobierna de espaldas a la Cámara y es indiferente a las reivindicaciones del personal de las ambulancias.

Miguel Ángel Pérez del Pino, que ha cuestionado a la consejera por su falta de interlocución ante las demandas del personal del transporte sanitario, ha aseverado que las respuestas de Monzón acerca de este conflicto son tan “vergonzantes” como las expresadas con anterioridad en el pleno por parte del presidente Fernando Clavijo sobre la sanidad canaria.

Monzón rechaza sistemáticamente reunirse con los sindicatos y se niega a sentarse con los trabajadores, pero con la patronal lo hace “disimuladamente”, ha opinado el diputado socialista, quien ha comparado esta situación con la intervención de Clavijo en el ámbito turístico “cuando sonaron los pitos de la patronal de Tenerife”.

La consejera ha replicado que tiene pleno conocimiento de las demandas de los trabajadores de las ambulancias, respeta sus reivindicaciones y comparte la necesidad de avanzar en su reconocimiento profesional, por lo que confía en que se culmine el proceso de negociación con todas las garantías.

Pero también ha incidido en que se trata de un conflicto de naturaleza laboral y retributiva en el que no puede intervenir la administración autonómica aunque Pérez del Pino “manipule”, ha dicho la consejera, para indicar que ello no implica que la Consejería sea ajena al proceso negociador.

No hay una posición pasiva y Sanidad está haciendo todos los esfuerzos posibles en su convicción de que el transporte sanitario es un servicio esencial que debe estar acompañado de unas condiciones laborales dignas, ha añadido Monzón, quien ha reiterado su rechazo a los recientes actos vandálicos que impidieron que pudieran efectuarse 59 tratamientos sanitarios.

La situación no es nueva. Todos los sindicatos de Castilla-La Mancha llevan meses denunciando la situación en las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo. Pero con la llegada del verano, la media de entre 500 y 600 personas que acuden a este servicio diariamente, ha provocado un “colapso” que ahora ya no consideran solo profesional sino también “humano” por la “mala calidad” en la atención a los pacientes.

La voz de alarma para decir ‘basta’ la ha dado el sindicato CSIF ante un escenario que consideran “totalmente insostenible” tanto para el personal médico, enfermero, celador y administrativo como para las personas atendidas.

Son “problemas estructurales graves que llevamos arrastrando mucho tiempo, pero que han llegado a un punto insoportable”, explica Miguel Ángel González, médico de Urgencias del Hospital toledano y delegado del área sanitaria de este sindicato.

El motivo principal que apunta es la orden emitida por la Gerencia del centro de que los médicos de planta y de quirófanos se vean “obligados” a realizar su labor en el servicio de Urgencias. Esto ha provocado que 11 facultativos hayan dejado su puesto por “saturación” y “estrés”, lo que ha deteriorado aún más el servicio. Con ello, actualmente hay 35 facultativos en Urgencias, ocho de ellos con reducciones de jornada.

El efecto dominó no se ha hecho esperar. A falta de estos médicos, los puestos los han ocupado profesionales residentes, muy jóvenes y con “contrataciones precarias” a los que también hay que formar, y que no tienen apenas experiencia. Y junto a todo ello, el resto de categorías profesionales se encuentran también “bajo mínimos” en el servicio.

“Esta improvisación es una solución que solamente desplaza el problema, ya que obliga a que los facultativos que están en la planta no realicen su trabajo eficazmente. Porque el trabajo en Urgencias no se puede improvisar de un día para otro, y sacar médicos de sus consultas e intervenciones genera un nuevo problema”, argumenta Miguel Ángel González.

No es de extrañar que el problema se refleje no solo en las Urgencias, sino en todas las plantas. Y esto, afirma, hace que el Hospital de Toledo sufra un “colapso no solo profesional, sino también humano”.

Cuenta que esta misma mañana había 77 pacientes pendientes de ingreso, 13 de ellos con tres días de espera, pero han llegado a tener hasta 86 pacientes esperando. “No son situaciones normales. Esto va en contra del propio Reglamento del SESCAM (el servicio castellanomanchego de salud), que establece un máximo de 48 horas de espera, y además hablamos de pacientes pluripatológicos y geriátricos, que sufren mucho”.

“Por eso todo esto tiene un lado humanitario que ya no se puede sostener y tanto la Gerencia como el SESCAM deben tomar cartas en el asunto”, añade por su parte Victoria Gutiérrez.

Los profesionales están agotados, extenuados, no saben qué hacer para conseguir una solución definitiva, no les escucha nadie y se encuentran abandonados

Al igual que el doctor González, subraya que la “huida” de médicos también ha provocado una “desbandada” del resto de profesionales que trabajan en el servicio. “Están agotados, extenuados, no saben qué hacer para conseguir una solución definitiva, no les escucha nadie y se encuentran abandonados”, remarca.

Recalca que se trata de una “situación límite” derivada también de una “absoluta falta de planificación e inversión”. “Esto repercute no solo en los pacientes sino en la salud de los profesionales. Se han ido todos los que han podido, y los que no, presentan graves deterioros de su salud física y mental. Tenemos cuadros de ansiedad, de estrés y de depresión. Algunos van como zombis”, resalta.

La delegada sindical pone también el acento en otra causa muy relevante de esta situación: una Atención Primaria “muy tensionada” en la que los médicos y médicas de familia están dando cita con una espera de dos semanas. Lo mismo sucede con las consultas especializadas. “Las listas de espera son desorbitadas, por lo que la gente termina por acudir a Urgencias y el problema se vuelve insostenible”.

Otro motivo “incomprensible”. Según apuntan ambos, hay 80 camas en plantas cerradas del Hospital Universitario de Toledo y la Gerencia no ha dado ninguna explicación sobre las causas para que no se abran y descongestionar el colapso y las esperas pendientes de hospitalización en el servicio de Urgencias.

A nadie nos gustaría tener un familiar en esa situación, durmiendo en una silla con una angina de pecho, esperando horas y horas a que le ingresen

“A nadie nos gustaría tener un familiar en esa situación, durmiendo en una silla con una angina de pecho, esperando horas y horas a que le ingresen”. Por todo ello, el sindicato exige la contratación “inmediata” de facultativos para Urgencias y del resto de especialidades, la apertura de las 80 camas actualmente cerradas, un plan de contingencia para el verano y el cese de la obligación de desplazar a especialistas de planta.

Ambos lamentan que esta orden para los meses de julio y agosto se haya adoptado sin tener en cuenta la opinión de los profesionales. Según detallan, hubo algún encuentro antes del verano, pero no avanzaron ninguna medida. “Han adoptado este plan sin informar a la Junta de Personal”, denuncian. De hecho, Miguel Ángel González apunta que la Gerencia nunca ha elaborado planes de contingencia, ni para verano ni para invierno.

Cables por el suelo y monitores compartidos

Dicho esto, el doctor González ha explicado que, además, la situación de un paciente en Urgencias “se deteriora mucho más” y se agrava si requiere hospitalización y no la recibe. Pone como ejemplo que, en los boxes individuales, donde antes había dos salas con 30 plazas, ahora solo hay una con 60 plazas. “Esto implica que haya cables por el suelo, monitores compartidos, gente que tropieza y pacientes apelotonados”.

“No podemos trabajar así, cada turno es un suplicio y nos lo están transmitiendo los familiares de manera continua. Muchos pacientes tienen patologías muy complejas y nos les podemos dar toda la atención que requieren. Es una medicina de guerra, de batalla, todo está descontrolado”, resalta por su parte la delegada sindical.

Finalmente, Miguel Ángel González vaticina que después del verano los problemas “van a seguir ahí” porque “no hay ningún plan diseñado, solo un parche mal puesto que juega con los pacientes”. Por ello ha pedido a los altos cargos del SESCAM que “vengan a Urgencias y vean la situación, porque mientras nosotros nos jugamos nuestra responsabilidad profesional, ellos no hacen nada ni cargarán con las consecuencias”.

El Hospital afirma que la atención asistencial está “garantizada”

Por su parte, la Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo ha salido al paso de estas acusaciones, afirmando que el SESCAM garantiza la atención sanitaria “adaptando de forma permanente los recursos humanos y organizativos a la demanda asistencial”, con el objetivo de “ofrecer una atención continua, segura y de calidad”.

Según los datos que aporta, en los últimos 15 días, el servicio de Urgencias ha atendido a 8.347 pacientes, de los que se ha indicado el ingreso hospitalario al 13,47 %, incluso algunos días esa tasa ha alcanzado el 16%, dato que refleja la “elevada actividad asistencial” que registra el centro y “su capacidad para dar respuesta a las necesidades de la población”.

El SESCAM no entra en detalles sobre las incidencias apuntadas por CSIF. Se limita a afirmar que el servicio de Urgencias registra una demanda asistencial que presenta variaciones en función de múltiples factores, sobre todo una mayor afluencia de pacientes crónicos de edad avanzada con agravamiento de patologías respiratorias y cardíacas, perfiles clínicos que presentan “una mayor complejidad asistencial”.

“En este contexto, el hospital adapta de manera continua sus recursos humanos y organizativos para ofrecer la mejor respuesta posible, priorizando siempre la atención de los pacientes con mayor gravedad”, añade.

Asimismo, apunta que La Dirección es “plenamente consciente” de que, en determinados momentos de elevada presión asistencial, pueden producirse tiempos de espera “superiores a los deseables”, como consecuencia del incremento de la demanda.

En este punto reconoce que que el Hospital Universitario de Toledo ha adoptado una medida organizativa de carácter temporal para reforzar el Servicio de Urgencias con facultativos especialistas de otras áreas asistenciales durante el periodo de sustitución de profesionales del propio servicio.

Los profesionales, agrega, son facultativos de ocho especialidades médicas, de las 52 existentes en el Complejo, que atienden a pacientes “con patologías propias de su ámbito de competencia profesional, respetando en todo momento las competencias de cada especialidad”. Esta reorganización se ha diseñado “garantizando la capacitación de los profesionales implicados y preservando la seguridad clínica de los pacientes”.

“La incorporación temporal de especialistas de otras áreas constituye una medida excepcional, proporcionada y suficientemente motivada por la necesidad de mantener la asistencia a la ciudadanía mientras persistan las dificultades para la cobertura de sustituciones”.

Concluye afirmando que hay “un seguimiento permanente” de la actividad del servicio de Urgencias y con reuniones diarias de coordinación en las que participan profesionales, responsables de distintas especialidades y miembros del equipo directivo para analizar la evolución de la ocupación hospitalaria, la presión asistencial y las necesidades organizativas, “adoptando las medidas que resulten necesarias en función de la situación de cada jornada”.

Desde el año 2023, Andalucía cuenta con una herramienta destinada a mejorar la atención sanitaria que reciben la ciudadanía pero que ha abierto una brecha entre los médicos de primaria y los hospitalarios. Hablamos de la teleconsulta. Un método mediante el que un facultativo de un centro de salud puede volcar en un sistema informático todas las pruebas complementarias que se le haya hecho a un usuario para que un médico del hospital de turno pueda mirarlas y responder casi al momento para pautar un tratamiento o agendar una cita con dicho especialista. El problema, sin embargo, es que hay quienes están haciendo un mal uso continuado de esta herramienta.

Así, la teleconsulta está generando malestar entre médicos de familia que denuncian que se están reduciendo citas con los médicos de hospital porque esta herramienta permite despachar con demasiada facilidad el cuadro clínico de un ciudadano. Dicho de otro modo: se está convirtiendo en una barrera de entrada que en algunas ocasiones deja a los usuarios sin posibilidad de que les vea un especialista hospitalario que debería atenderles en persona y no basándose simplemente en imponer una pauta de fármacos por lo visto en unas pruebas complementarias que tiene disponibles gracias a este sistema telemático.

La teleconsulta nació con una filosofía muy distinta. Implantada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en 2023, pretendía agilizar la comunicación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria, reducir desplazamientos innecesarios y acortar los tiempos de respuesta cuando una valoración presencial no fuese imprescindible. Un sistema que, sobre el papel, cuenta con el respaldo de todos los actores consultados. El problema llega cuando la teoría se encuentra con la práctica.

Pacientes con patologías “potencialmente graves”

“Estamos hartos de denunciarlo”. Así explica Marta, médica de familia en Granada, el sentimiento que asegura compartir buena parte de sus compañeros. Su principal reproche no va dirigido contra la herramienta sino contra el uso que, según denuncia, hacen algunos servicios hospitalarios. “Muchas veces vienen denegadas porque el especialista considera que no tiene que verlo y pauta tratamiento sin ver al paciente”, explica. Una decisión que, añade, deja al médico de familia “atado de pies y manos”, obligado a seguir atendiendo a pacientes para los que considera necesaria una valoración hospitalaria.

La situación, sostiene, afecta a numerosas especialidades. Cita como ejemplo Dermatología, donde el especialista decide en ocasiones únicamente a partir de una fotografía enviada desde el centro de salud. “Están viendo una foto, no están viendo al paciente”, lamenta. También menciona Traumatología o Nefrología, donde asegura que muchas solicitudes terminan rechazadas sin llegar a generar una consulta presencial. La preocupación de los médicos no reside únicamente en esa sensación de pérdida de criterio clínico. Lo que verdaderamente les inquieta es el riesgo que, a su juicio, puede conllevar resolver determinados casos sin explorar físicamente al paciente. “Hay veces que puede ser una chorrada, pero hay veces que dejan de ver a gente que sí tiene patologías potencialmente graves”, advierte Marta.

Una médica de familia ya jubilada en Sevilla, que prefiere mantener el anonimato, coincide con ese diagnóstico. Explica que la teleconsulta nació con una idea “muy buena”, pero denuncia que algunos especialistas hospitalarios la utilizan como un filtro previo para evitar derivaciones. Según relata, tras revisar las pruebas complementarias enviadas por Atención Primaria, responden con una pauta terapéutica sin llegar a citar al paciente, incluso en situaciones donde el médico de cabecera entiende que la valoración presencial resulta necesaria.

Esa percepción también ha llegado a las plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública. Teresa Almagro, portavoz de la Marea Blanca Gaditana, sostiene que la teleconsulta “ha dejado de ser una herramienta para agilizar la asistencia” y denuncia que se está utilizando para sustituir primeras consultas hospitalarias. “Las personas a las que se les hizo una teleconsulta y que están esperando una respuesta no aparecen en ninguna lista de espera oficial”, afirma. A su juicio, el sistema termina ocultando una parte de la demanda asistencial y dificulta que los pacientes conozcan cuánto tiempo llevan realmente esperando.

Desde el ámbito sindical también existen reservas, aunque con un discurso más moderado. Fuentes sectoriales consideran que la presión asistencial derivada del incremento de las listas de espera puede estar favoreciendo un mayor recurso a las teleconsultas y los telediagnósticos. El sindicato insiste en que la herramienta puede ser útil dentro de una Atención Primaria suficientemente dotada, pero advierte de que “el abuso de la teleconsulta indiscriminada no es bueno ni para el paciente ni para el profesional”.

Mejorar el protocolo

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos comparte parte de esa preocupación. Su vicepresidente, Gerardo Sánchez, que además también es neumólogo y médico de hospital, defiende que la teleconsulta es “una herramienta muy potente” para agilizar diagnósticos y mejorar la coordinación entre niveles asistenciales, pero reconoce que puede producirse un uso inadecuado. “Algún médico puede decidir simplemente por las pruebas complementarias, sin ver al paciente, y ese no es el uso que tiene que tener esa herramienta”, explica.

En su opinión, “en ningún momento te puedes escudar en hacer ese tipo de medicina para no ver pacientes” ni “puede haber cortapisas a la hora de derivar a un paciente al hospital”. Sánchez asegura además que el Consejo lleva tiempo trasladando esta preocupación a la Consejería de Salud y que ambas partes trabajan en la protocolización del sistema para evitar precisamente esos usos inadecuados. “Tiene que estar todo protocolizado”, dice.

El Consejo ha ido más allá y ha remitido una carta a los colegiados en la que alerta de que ese tipo de no derivaciones “puede conllevar consecuencias legales y deontológicas de especial relevancia, por lo que recomendamos no participar en prácticas de esta naturaleza”. “Recomendamos no declarar a pacientes como no tributarios de asistencia ni mantenerlos en situación de pasivo cuando ello implique que no sean valorados o atendidos por el servicio correspondiente, incluso cuando dichas actuaciones estén respaldadas por guías o protocolos”, reza la misiva.

La Consejería de Salud, por su parte, rechaza que la teleconsulta sustituya la atención presencial. En respuesta a este periódico recuerda que el SAS aprobó en marzo de este año una instrucción corporativa y protocolos comunes para homogeneizar su utilización en todas las especialidades. “La normativa es clara al establecer que la teleconsulta es una modalidad complementaria de atención sanitaria y que, en ningún caso, sustituye a la atención presencial ni puede convertirse en la única vía de acceso a la atención hospitalaria especializada”, señala.

Desde Salud añaden que el paciente “debe ser valorado presencialmente siempre que esté clínicamente indicado” y recuerda que los propios protocolos excluyen expresamente de la teleconsulta las sospechas de patología maligna o aquellas situaciones urgentes que requieran una intervención rápida. Asimismo, asegura que el SAS realiza un seguimiento continuo mediante indicadores sobre tiempos de respuesta, capacidad resolutiva, cumplimiento de plazos y tasas de rederivación para garantizar el correcto funcionamiento de la herramienta.

Sobre el papel, todas las partes defienden prácticamente el mismo modelo: una teleconsulta que agilice la asistencia sin sustituir nunca la valoración presencial cuando ésta resulte necesaria. Sin embargo, ahí termina el entendimiento. Mientras la Consejería sostiene que ese es precisamente el funcionamiento que recogen sus protocolos, varios médicos de familia consultados aseguran que la realidad diaria dista mucho de ese diseño y denuncian que continúan produciéndose rechazos de derivaciones, tratamientos pautados sin exploración física y pacientes que nunca llegan a ser vistos por el especialista hospitalario.

La lista de Tomás Merina, Icomem Para Todos, ha movido ficha. Después de que el juzgado número 18 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid anulara la candidatura de su líder en las elecciones de diciembre de 2024, que ganó por el doble de votos que el presidente Manuel Martínez-Sellés, debido a un conflicto con los estatutos que cuestionaba su legitimidad en el cargo. Ahora, el equipo de Merina ha lanzado un comunicado en el que propone ir de nuevo a elecciones a cambio de no estirar la vía judicial. Es decir: interponer un nuevo recurso.

“Pese a discrepar del contenido de la sentencia, consideramos que los médicos de Madrid no merecen que su colegio permanezca más tiempo bloqueado”, exponen en la nota, abriéndose a un “proceso electoral abierto y con todas las garantías” para que el ganador de los últimos comicios “renuncie a su derecho a presentar recurso”.

En la votación de hace año y medio, Merina salió airoso con 4.475 papeletas a su nombre, seguido de otra candidata (Esther Rubio) que recibió 2.580 apoyos y, a la cola, Martínez-Sellés, que hoy continúa como dirigente en funciones después de haber obtenido 2.393 votos. Sin embargo, el mismo día en el que su relevo iba a tomar posesión, la Comisión de Recursos del Icomem -un órgano interno que examina denuncias de los colegiados- anunció que esa lista quedaba anulada incluso aunque ya habían aceptado su concurrencia en los comicios, dado que el doctor Merina no cumplía los requisitos de antigüedad y de ejercicio de la profesión médica.

Martínez-Sellés aseguró en un vídeo difundido por el Colegio de Médicos que él no volvería a presentarse a esos futuros comicios, entendiendo que los resultados electorales así lo habían requerido. No obstante, aún a día de hoy continúa al frente de la institución y sin haberlos convocado, a la espera de que una sentencia firme permita eliminar los flecos judiciales. En su momento, Merina ya advirtió que podía haber una “mano negra” en la decisión de la Comisión de Recursos, tan pegada a la toma de posesión, e invitó al presidente del Icomem a retirar su candidatura cuanto antes para “evitar esta clase de conjeturas”.

El origen del conflicto es que su adversario en la oposición llevaba unos años jubilado, y los estatutos del Colegio reclaman a cualquier miembro de la Junta Directiva que sea médico en ejercicio. No obstante, Merina aseguró que seguía ejerciendo la profesión por cuenta propia y aportó un informe de la Mutual Médica, que acredita a quienes ejercen la medicina por cuenta propia. Otro de los argumentos esgrimidos por sus contrincantes era que no cumple con los 10 años mínimos de antigüedad como colegiado, pues hubo un parón el 23 de julio de 2009.

Ese año, en el expediente de Merina consta que dejó de formar parte del Icomem por “cese de ejercicio”, aunque retoma su inscripción tiempo después, el 8 de marzo de 2018 y hasta la actualidad. Sus defensores alegan que los estatutos no especifican que esa década de permanencia tenga que corresponderse con los 10 últimos años antes de unas elecciones, y efectivamente en la normativa no se especifica que deba ser así. “Solo una solución tomada con criterios democráticos puede resolver la situación. Si los médicos madrileños no pueden tener el Colegio que votaron en diciembre de 2024, tienen derecho a poder elegir sin limitación de ningún tipo”, sentencia ahora Merina, a la espera de que la Dirección dé otro paso o responda con su silencio.

El Gobierno de Canarias activará desde este jueves un servicio médico de urgencia de medicina general en La Guaira, Venezuela, para atender a los canarios y sus descendientes y a la población afectada por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

Este nuevo recurso se pone en marcha a través de la Unión Canaria de Venezuela, en La Guaira, donde se ofrecerá atención sanitaria básica urgente y se habilitará también un servicio de información y consultas en la oficina descentralizada del Gobierno de Canarias ubicada en esas mismas instalaciones.

El Gobierno de Canarias informa de que el horario de atención será de 8:00 a 17:00 horas.

La consulta contará con equipo médico y con una persona de apoyo encargada de orientar a las familias afectadas, resolver dudas y facilitar la coordinación con la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela.

La nota del Gobierno de Canarias indica que la puesta en marcha de este servicio forma parte del plan de actuación que el Ejecutivo autonómico está desarrollando para los próximos tres meses, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades más urgentes detectadas sobre el terreno, especialmente en las zonas más afectadas por los seísmos.

Asimismo, el Gobierno de Canarias inició este miércoles la distribución de las primeras 200 ayudas de emergencia, compuestas por alimentos de primera necesidad, agua y medicación.

Estas ayudas han sido posibles gracias a las donaciones realizadas por particulares, empresas y entidades colaboradoras, y están siendo canalizadas a través de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela hacia las familias y personas damnificadas.

Además en el plan diseñado por el Gobierno de Canarias está prevista la entrega de 100 bolsas de comida en zonas afectadas de Caracas, como El Paraíso y Catia, y otras 100 en La Guaira, en áreas como Tagoao, Las Salinas, Las Tunitas, Catia La Mar, Mosquera, Macuto, Caraballeda y Caribe.

El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez, ha afirmado que la consulta médica en La Guaira permitirá reforzar la atención urgente en una de las zonas más afectadas por el terremoto no solo desde el punto de vista sanitario, sino también para ofrecer acompañamiento y orientación a quienes necesitan saber a dónde acudir y cómo canalizar sus necesidades.

Téllez ha destacado la labor imprescindible que están realizando las entidades canarias en Venezuela y las oficinas descentralizadas, que son los ojos, las manos y la voz de Canarias sobre el terreno“.

Según explicó, la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela se ha convertido en el centro logístico de referencia para coordinar la recepción, organización y distribución de las ayudas.

Además el Gobierno de Canarias agradece la solidaridad de las empresas, entidades y particulares que han colaborado para hacer posible esta primera distribución de ayuda de emergencia.

La nota añade que el Gobierno de Canarias mantiene un seguimiento permanente de la situación en Venezuela a través de la Delegación del Ejecutivo autonómico en el país, las entidades canarias y las oficinas descentralizadas.

Esta red está permitiendo canalizar la información, detectar necesidades prioritarias y organizar los recursos disponibles para responder a la situación de emergencia que viven muchas familias en estos momentos, especialmente en La Guaira, Caracas y Miranda.

Asistir a una jornada de huelga nacional mientras el Ministerio de Sanidad publica, por primera vez, una convocatoria extraordinaria de 'repesca' para cubrir plazas vacantes de Formación Sanitaria Especializada (FSE) genera una inevitable mezcla de sentimientos. Como médico de familia que ha desarrollado su labor diaria en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), miro las cifras con una combinación de profunda preocupación y, a la vez, con una brizna de esperanza.

El tablero que se nos ha presentado este mes de junio de 2026 es complejo. Por un lado, la realidad de las cifras ministeriales es disponer de 441 plazas ‘extra’ a nivel nacional, donde la Medicina Familiar y Comunitaria (mi especialidad y pilar del sistema) sigue sangrando con 240 plazas desiertas, más de la mitad del total.

Por otro lado, la publicación de las vacantes en nuestra comunidad nos obliga a hacer un ejercicio de honestidad. Hace apenas unas semanas, el 28 de mayo, la Consejería de Sanidad expresaba su satisfacción por haber “completado” la oferta inicial. Hoy vemos que la foto fija no siempre coincide con la realidad de las incorporaciones efectivas: las renuncias y los abandonos posteriores nos devuelven a la casilla de salida en varios dispositivos.

Pero este fenómeno no es exclusivo de la atención primaria. Si ponemos la lupa en la atención especializada de Castilla-La Mancha, el listado de la repesca nos revela huecos preocupantes en una especialidad tan crítica y transversal como la Nefrología, con vacantes en el Área Especializada de Albacete, el Hospital Universitario de Toledo y el Hospital General Universitario de Guadalajara.

Es aquí donde las piezas del puzzle sanitario deben empezar a encajar, y donde, como médico de familia, me planteo las preguntas que verdaderamente importan para la salud de nuestros pacientes. Conseguir que un residente elija una plaza es solo el primer paso; lograr que se incorpore, se fidelice y se forme en un entorno de excelencia es el verdadero reto.

Mientras Albacete y Toledo, a pesar de su tamaño y ser centros terciarios, buscan desesperadamente especialistas en formación para sus servicios de Nefrología, no puedo evitar volver la vista hacia el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Allí, el Servicio de Nefrología lleva cinco años demostrando cuál es el camino. En 2021 se convirtieron en uno de los nueve hospitales pioneros en España en lograr la acreditación de calidad 'ACERCA', otorgada por la Sociedad Española de Nefrología (SEN). Lejos de conformarse, en 2023 elevaron el listón alcanzando el exigente Nivel III de calidad asistencial.

¿Por qué creo que esto es vital para un médico de familia? Porque los pacientes con Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) que he seguido en mi consulta son de una complejidad extrema. El tránsito hacia un Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS), ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o un trasplante, es un escenario de altísima morbimortalidad y un punto de inflexión dramático en sus vidas. Saber que el hospital de Alcázar cuenta con una unidad que cumple con 70 estrictos estándares de calidad (basados en la educación, la seguridad y los derechos del paciente), por un lado, me da la tranquilidad de que sus pacientes reciben la mejor atención posible, y por otro, me provoca la envidia que causa que en no todos los hospitales castellanomanchegos sea así.

Por eso, ante la coincidencia cronológica de este cierre de junio, donde el día 30 finaliza tanto la incorporación de los nuevos residentes de la repesca como el plazo de la nueva convocatoria de acreditaciones 'ACERCA', me genera una pregunta obligada: ¿Se está trabajando firmemente en esta misma línea de excelencia desde las gerencias de Albacete y Toledo? Las plazas MIR vacantes en sus servicios de Nefrología no son solo números en un boletín oficial: son el reflejo de la necesidad de hacer atractivos, competitivos y excelentes nuestros hospitales.

No basta con 'llenar' los huecos en la repesca. Necesitamos que los futuros nefrólogos que decidan unirse al Sescam encuentren servicios comprometidos con los máximos estándares internacionales de calidad, emulando el espejo en el que lleva mirándose Alcázar de San Juan un lustro.

El próximo 1 de julio, cuando los nuevos residentes deban haber tomado posesión de sus plazas, sabremos si hemos logrado cubrir el expediente normativo. Pero la verdadera evaluación la pasaremos en el día a día, demostrando si somos capaces de unificar la calidad asistencial en toda la región. Nuestros pacientes renales, se encuentren en Toledo, Albacete o Ciudad Real, no se merecen menos.

Casi dos años después de las últimas elecciones del Colegio de Médicos de Madrid, un juzgado ha avalado la decisión interna que anuló su candidatura, y mantiene en vilo desde entoces a sus más de 54.000 colegiados. Ha sido el número 18 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, que da por buena la medida adoptada por la Comisión de Recursos del Icomem (que aún depende de la antigua directiva, en funciones) y acepta que Tomás Merina tenía impedimentos para presentarse a esos comicios.

En un auto, con fecha de este lunes y citado por Europa Press, el magistrado desestima el recurso interpuesto por Tomás Merina contra dicha resolución, confirmando así que este no era elegible para el cargo por el que fue elegido con 4.475 votos, el doble de los que obtuvo el presidente Manuel Martínez-Sellés, quien se hizo con 2.393 papeletas. Pese a una victoria holgada, la candidatura de Icomem para Todos nunca llegó a tomar posesión de los cargos en la Junta Directiva pese a que, en su momento, los resultados se proclamaran como válidos. Días antes tomar posesión, la Comisión de Recursos anunció la anulación de la lista ganadora al considerar que el doctor Merina no cumplía los requisitos de antigüedad y de ejercicio de la profesión médica.

Cuando se iba a oficializar el nombramiento en una ceremonia administrativa, la Junta Electoral del Icomen suspendió el acto. Meses después, la Junta Electoral anunció que, por decisión de la Dirección de Martínez-Sellés, su actividad se había dado por concluida y, en consecuencia, el órgano ya no podía pronunciarse sobre la situación de la institución colegial. Desde que se anuló internamente la victoria de Merina, la cúpula interina dictaminó que debían convocarse nuevas elecciones, pero esta vez sin su actual presidente: él mismo consideraba que los resultados dieron un mensaje claro al respecto.

No obstante, la cita con las urnas nunca ha tenido lugar y la anterior Junta Directiva sigue al frente de la institución de manera interina. Según alegan desde el equipo de Martínez-Sellés, los comicios no se pueden convocar al haber judicializado el proceso el doctor Merina, que presentó un recurso por vía contencioso-administrativa tras la anulación de la candidatura. Ahora, el juzgado respalda la tesis de que este candidato jubilado no podía figurar como médico en activo, como estipulan los estatutos del Icomem. Entre otras cuestiones, se constata que Merina estaba jubilado desde 2018 y percibía una pensión contributiva, lo que refuerza la presunción de que no se encontraba en ejercicio activo.

Tomás Merina “respeta” el auto, pero estudia posibles acciones

Pese a presentar un contrato de “dirección médica” con una empresa familiar, el juez apunta que dichas funciones corresponden a gestión administrativa y no asistenciales o clínicas. Desde Icomem para Todos se defiende en el recurso que el Colegio no puede realizar una interpretación restrictiva del concepto de ejercicio profesional de la medicina, ya que “excluiría a miles de médicos cuya actividad se desarrolla en ámbitos como la gestión sanitaria, el peritaje, la docencia o la investigación, entre otros”.

En este sentido, el anula su proclamación “por considerar, en apretada síntesis”, que no reúne los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 13.1 de los Estatutos, esto es, que las funciones de dirección médica acreditadas por Tomás Merina tienen naturaleza de gestión administrativa y no constituyen ejercicio profesional de la medicina a los efectos previstos en los estatutos colegiales.

“Discrepamos profundamente de esta decisión, aunque la respetamos”, ha remarcado este martes el propio Tomás Merina, quien ha reiterado que su equipo analizará la resolución judicial en los próximos días para estudiar las posibles actuaciones y contribuir a encontrar una salida a la situación institucional que vive el Colegio. Por su parte, la Dirección del Icomem, que sigue dirigida en funciones por Martínez-Sellés, asegura que el compromiso de reactivar las elecciones se mantiene y tendrá lugar en cuanto sea firme esta sentencia.

Recuerdan que Martínez-Sellés ya comunicó su decisión de no volver a presentarse a la presidencia y su deseo de que las nuevas elecciones se celebren lo antes posible y han remarcado que fue precisamente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Tomás Merina el que “impidió” la convocatoria electoral a principios de 2025.

El Gobierno de Canarias mantiene este fin de semana un operativo especial de atención médica para todos los canarios y sus descendientes en Venezuela. El servicio que está disponible desde el viernes y se prolongará hasta este domingo en las entidades y fundaciones canarias repartidas por todo el país.

Los centros ofrecerán distintas especialidades médicas para caso de urgencias en la capital, Caracas, así como en la zona centro occidental, la zona Andina, la zona Los Llanos y la zona Oriental de Venezuela.

De este modo, a través de una infografía, el Ejecutivo regional ha concretado, por zonas, los centros y entidades que habilitarán sus espacios para ofrecer estos servicios:

-Zona Distrito Capital Caracas

FECAN: Dr. Luis Acosta. Acosta. Telf. 0424-126.88.11. Anexo Clinica CEMO. Av. Arturo Michelena entre calles Hahn y Planas. (Detras del Gamma Express). Urb Santa Monica.

Hogar Canario de Venezuela. Horario del Club: Dra. Marietta Realares ( Cirugía General), Dra. Laura Rosales (Pediatría), Dra. Valeria Gamboa (Medicina General), Dra. Elsi Jerez (Pediatría), Dra. Andrea Gónzalez (Medicina General)

Amigos del Garoé: Dra. Ivana Cruz (Médico General). Horario de atención de 8am a 3pm

-Zona Centro Occidental de Venezuela

Cagua. Estado Aragua. Hermandad de Nuestra Señora de las Nieves: Dr. Leonardo Cabrera (Médico Internista), con horario de 8am a 3pm

Valencia. Estado Carabobo Hogar Hispano de Valencia: Dra. Tucci (Medicina Interna). Horario de 8am a 3pm

San Felipe. Estado Yaracuy Centro Hispano de Yaracuy: Dra. Luz Pastora Rosas Avila (Medicina Ocupacional y General). Horario de atención 8am a 3pm

Barquisimeto. Estado Lara: Hogar Canario Larense. Horario de atención de 8am a 3pm. Dra. Carmen Figueredo. (Fisiatra). Dr. Jesus Garrido. (Traumatólogo). Dra. Romilit Salcedo (Medicina Interna) Dra. Laura Crespo (Traumatólogo) Dra. Liesneth Melendez (Ginecobstetra) Dra. Blanquima Mendez (Medicina Interna)

-Zona Andina de Venezuela

Mérida. Estado Mérida: Fundación Canaria de Mérida. FUNCAMER Dr. Jalet Javid (Médico) Dra. María Manuela Vergara (Médico Internista). Horario de 8am a 3pm

-Zona Los Llanos de Venezuela

Altagracia de Orituco. Estado Guárico: Casa Canaria de Altagracia de Orituco. Dra. Leny Tochón (Médico Cirujano). Horario de atención de 8am a 3pm.

-Zona Oriental de Venezuela

El Tigre. Estado Anzoátegui Centro Cultural Español Cervantes. Dr. Jalet Javid (Médico)

La que fuese concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cuenca entre los años 2015 y 2016, Gracia Pérez Vigara ha fallecido este jueves.

Además de titular de la concejalía de Familia e Igualdad durante la primera etapa del mandato del alcalde Ángel Mariscal, Pérez Vigara era médico de profesión, especialista de Área del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Virgen de la Luz.

El Ayuntamiento de Cuenca ha lamentado el fallecimiento decretando que las campanas de la Torre de Mangana doblarán en señal de duelo a las 12.00 horas de este jueves 25 de junio.

El alcalde Darío Dolz ha trasladado su más sentido pésame a su familia, amigos y allegados en nombre de todos los grupos políticos con representación en el Consistorio conquense.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado el compromiso de Pérez Vigara con los demás y desde el servicio público.

“Como concejal del Ayuntamiento de Cuenca, trabajó con dedicación y sensibilidad en áreas tan importantes como Familia e Igualdad, dejando siempre una huella de cercanía y entrega”, ha señalado Núñez a través de su cuenta oficial en la red social X, al tiempo que trasladaba un abrazo a “familia, amigos, compañeros y a todos los que compartieron camino con ella”.

Decenas de médicos se manifestaron este lunes en Las Palmas de Gran Canaria contra el Servicio Canario de Salud (SCS) y la propuesta que les ha realizado tras meses de huelga y que han calificado de “totalmente insuficiente” y “una falta de respeto” hacia los facultativos, motivo por el que han asegurado que seguirán movilizándose.

La marcha, realizada en la Avenida José Mesa y López de la capital grancanaria, ha tenido lugar en la primera de las dos jornadas de huelga autonómica convocadas para los días 22 y 23 de junio, poco después de hacerse pública una propuesta de mejora de las condiciones laborales del personal del SCS por parte de la Consejería de Sanidad, que los médicos rechazan.

“No aborda ni el 3% de las demandas del colectivo y las que aborda se quedan infinitamente cortas”, ha declarado a los periodistas durante la marcha que ha finalizado en Plaza de España el presidente del Sindicato Médico Canario (CESM Canarias), Eric Álvarez.

El presidente del sindicato ha asegurado que no van a parar hasta conseguir sus objetivos al criticar “la actitud que está teniendo la Consejería de Sanidad”, que ha calificado de “incomprensible”, y señalar que han pedido la mediación directa del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, porque “al parecer, tanto el director del SCS como la consejera de Sanidad no están capacitados para tomar una decisión importante”.

Según ha explicado, Adasat Goya y Esther Monzón trasladaron al sindicato que habían hecho una petición a Hacienda en relación al dinero que consideraban que era necesario para llegar a un acuerdo, “según ellos, razonable, y al parecer Hacienda no les ha contestado, con lo cual parece que alguien de más arriba tiene que tomar esa decisión y por eso es que directamente ya solicitamos la mediación del señor Clavijo”.

Álvarez ha afirmado que son conscientes de que la huelga, tanto nacional como autonómica, “repercute siempre en la población”, pero que si han llegado a este punto es “después de años y meses de negociación”.

“En cuanto ellos quieran solucionar este problema, nos tendrán a nosotros siempre dispuestos a coger la llamada para sentarnos a negociar de verdad de lo que demanda el colectivo”, ha asegurado Álvarez.

Durante la manifestación, los médicos han gritado consignas como “Sin médicos no hay sanidad”, “Esther Monzón, ponle solución” y “Hora trabajada, hora cotizada”, y en las pancartas podían leerse mensajes como “vocación no es explotación” o “Estatuto propio ya”.

El secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos en Canarias, Levy Cabrera, ha señalado que aunque la propuesta de la Consejería de Sanidad nombra algunas medidas de las que reivindican, como las horas de guardia en días laborales, no nombran los fines de semana, festivos ni días especiales de Navidad.

Igualmente señala que, aunque propone que se tomarán como referencia para el cálculo de las guardias la media de los tres mejores servicios de salud de todo el sistema nacional “realmente la oferta que hacen de hora de guardia se queda muy por debajo”.

El documento de la Consejería de Sanidad también indica que quieren seguir contratando especialistas, pero, ha aseverado Cabrera, “¿Cómo los vamos a contratar si tenemos las peores condiciones de España?”.

El secretario general ha denunciado también que la mayoría de los centros de Atención Primaria de las islas “se han quedado pequeños” y que muchos centros hospitalarios “están petados” o “son embriones de hospital” y funcionan como “centros de crónicos donde hay cientos de personas con el alta administrativa viviendo”.

“Esas infraestructuras también entran dentro de las reivindicaciones para ofrecer mejores condiciones laborales a los especialistas en Canarias, porque sobre todo los jóvenes de 30 a 40 años es que ni piensan en quedarse aquí”, ha agregado.

Durante los próximos días, el Sindicato Médico Canario convocará asambleas en hospitales y centros de salud de todas las islas para consultar al colectivo médico y decidir cuándo realizarán las próximas movilizaciones autonómicas y “con qué presión”, ha indicado Cabrera al señalar que a nivel nacional ya se plantea la posibilidad de convocar una huelga indefinida a partir de la segunda quincena de septiembre. 

Se acaba el curso y, tras una primavera agitada, las protestas de los docentes se apagan tras una primavera agitada. Quizá sería más correcto decir que entran en suspenso, dado que tanto en Catalunya como en la Comunitat Valenciana ya han anunciado un “otoño caliente”, y el profesorado de Madrid vota este miércoles cuándo va a comenzar el paro indefinido que ya está acordado para el próximo curso. Las educadoras de Infantil, no nos olvidamos de ellas, siguen y seguirán en su protesta.

El caso es que llevamos todo un curso entre protestas del profesorado —de arriba abajo, desde la educación infantil hasta la universidad y en muchas comunidades autónomas— y también de los médicos, que andan revueltos contra el Ministerio.

Que docentes y doctores, dos pilares del estado del bienestar, estén simultáneamente en huelga, protestando en la calle, nos ha llevado a preguntarnos si nos tenemos que preocupar o si simplemente son dos situaciones diferentes que han coincidido en el tiempo. Y, por lo que nos cuentan, igual hay que torcer un poco el gesto.

Luis Miller, sociólogo del CSIC y experto en políticas públicas, cree que al estado del bienestar “se le están viendo las costuras”. El problema que detecta Miller es que llevamos al menos un par de décadas sin grandes reformas, pero el mundo se mueve demasiado rápido. Como dice el adagio popular, si no te mueves retrocedes, y eso es lo que está pasando aquí.

Se ve muy claro en el caso de los docentes. Cuando preguntas qué ha pasado para que se disparen las protestas, la respuesta es siempre muy similar: nada especial, es un constante deterioro de la profesión, que cada vez es más compleja. El profesorado, poco a poco, se va viendo desbordado hasta que todo ha estallado este curso. Un signo de la gravedad de las protestas, interpreta Miller: no ha “pasado nada”, el malestar es estructural y eso lo hace más peligroso.

Aquí te dejo la pieza en la que hemos analizado esta cuestión, que seguiremos de cerca.

Por último, y con esto cierro este capítulo de las protestas, ayer se conoció que un juzgado de València investiga la agresión del antidisturbios que empujó violentamente a una maestra en las manifestaciones docentes en la comunidad. Seguro que viste el vídeo, circuló por toda España. 

“Aprobar es fácil”

En este cierre de curso también colea la selectividad. Es un clásico ya que haya protestas por algún examen concreto, por las correcciones o alguna cuestión similar. Este año, por ejemplo, se ha hablado de un par de tribunales de Euskadi que han puesto un montón de ceros en el examen de Euskera a determinados grupos de estudiantes o del examen de Matemáticas de La Rioja, que ha suspendido la mitad del alumnado. En Cantabria, una alumna ha llevado a los tribunales un error en la prueba de Biología. Efe ha recopilado las principales polémicas de este curso, que puedes consultar aquí.

También hemos querido contestar este año a la recurrente queja de que la selectividad es un examen “de mierda” porque lo aprueba todo el mundo —esta, específicamente, es del opinólogo Juan del Val, que no tendría mayor relevancia si no la hubiera dicho en prime time; por supuesto que él tiene su sólida opinión sin haber hecho el examen—.

La gente que sabe, que estudia los temas antes de soltar su opinión alegremente, nos dice que no solo es normal que haya un 95% de aprobados, sino que lo contrario sería una anomalía. Resume este argumento Juanma Moreno, catedrático de la UNED: “Si la Selectividad es un examen de graduación y para presentarte a él has tenido que aprobar el Bachillerato, se espera que apruebes. Acabas de terminar el curso y te examinas de esas mismas materias, tiene sentido una tasa de aprobados alta. Pero el antiguo nombre, Ebau (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, aunque no es ya el oficial en la ley, que es PAU), da una idea de que es una prueba con doble función, la graduación, sí, pero también el acceso a la universidad. El juego de la Selectividad no es aprobar, son las centésimas, si te da la nota para tus propósitos”.

Creo que no hace falta añadir nada más. Te dejo en este enlace la pieza en la que hablamos de esto, de los cambios que ha sufrido la Selectividad, de la inflación de notas y de cómo esta afecta a la gente, y pasamos a más cosas.

Esta semana hemos hablado de...

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