El conflicto entre Sanidad y los sindicatos médicos se ha elevado este jueves el enésimo escalón. La ministra Mónica García ha aprovechado su intervención en una comisión del Senado para hacer pública una pequeña parte de la transcripción de la última reunión con el Comité de Huelga, que los sindicatos había pedido grabar. Según estos entrecomillados, las organizaciones sindicales del ámbito habrían circunscrito sus reivindicaciones a obtener mayor representación en las mesas generales. “Si nos dais un ámbito de negociación propio, no vamos a negociar ninguno de los otros aspectos”, leyó García.

El Ministerio y el Comité de Huelga habían mantenido la semana pasada encuentros discretos y Sanidad había emplazado a los sindicatos médicos a una nueva reunión con las comunidades este jueves. Esa cita saltó por los aires cuando las organizaciones emitieron un comunicado en la noche del martes en el que avanzaban que continuaban con la huelga de cuatro días prevista para el próximo lunes.

“Creo que a las comunidades lo que hay que decirles es que estamos dispuestos a suspender la huelga después de esta reunión, si hay buen rollo. Eso lleva dos cosas, primero que vayan y segundo que entren, porque tiene que haber cierto acuerdo. Cada uno de nosotros va a ir a hablar con nuestros consejeros y vamos a decirles: ”Oye, que sí, que hay intención de que esto funcione“”, ha desvelado García que dijeron los negociadores del Comité de Huelga.

El Comité de Huelga está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

García ha acusado a los sindicatos médicos de “deslealtad”, en la negociación y con los profesionales, “a quien nos les están llevan los acuerdos, las ventajas y las mejoras que estamos acordando en las mesas de negociación”.

“Eso es lo que se cuenta dentro y fuera se mantiene el conflicto. Esto es asi. Hemos llegado a acuerdos cuatro veces. (hemos mantenido) 26 reuniones en un tono muy constructivo desde las dos partes, que se pierde cuando se atraviesa la puerta. Yo voy a seguir intentándolo, porque nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando que los profesionales no tengan ni siquiera los mínimos, que sigan haciendo dos guardias a la semana, cuando el Estatuto Marco dice que podrán hacer como mucho una; que sigan haciendo guardias de 24 horas, cuando el Estatuto Marco dice que solo podrán hacer dos turnos seguidos o que puedan organizarse por turnos; o que sigan teniendo OPEs cada 10 años, cuento el Estatuto Marco dice que se pueden hacer cada dos”.

La propuesta de Sanidad pasaba por “utilizar el Estatuto Básico del Empleado Público y los recursos jurídicos que tienen para que los médicos tengan un ámbito de negociación propio formal”, ha explicado en el Senado Mónica García, donde ha insistido en que “esto es lo que se ha estado negociando en las últimas semanas”. “Un solo punto, al cual hemos dado respuesta”, ha asegurado. “¿A usted le ha pasado alguna vez negociar una cosa y romperla al salir por la puerta?”, ha preguntado García al senador madrileño y ex consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero. “A mí me parece desleal”, espetó.

El Comité de Huelga pide la dimisión de la ministra

El Comité de Huelga ha respondido a la ministra a través de un comunicado en el que piden su dimisión “ante las mentiras reiteradas del ministerio”. “Sostiene que la reunión [prevista para este jueves con las comunidades autónomas] había sido solicitada por el Comité, al que le reprocha haber rechazado su última propuesta y mantener convocada la huelga que tendrá lugar la próxima semana”, indican. Una versión de los hechos que, dicen, “no se ajusta a la realidad”.

Según este relato, el Comité habría manifestado su disposición a estudiar la propuesta de la creación de meses de negociación específica para el colectivo médico y facultativo, pero habría quedado “expresamente establecido que la reunión con las comunidades autónomas solo tendría lugar en caso de que dicha propuesta fuese aceptada”. Algo que finalmente no ocurrió tras el “análisis” de la misma, que la reveló “inviable desde el punto de vista jurídico”.

La clave está en que las mesas sectoriales podrán constituirse dependiendo de las mesas generales de negociación, donde estos sindicatos no tienen representación. “Yo no decido quién se sienta en la mesa de negociación sindical, ¿quién lo decide? Las elecciones. ¿Me van a decir que yo me tengo que saltar la representación sindical, que es la que representa a los trabajadores?”, ha afeado la ministra.

Por eso, para los sindicatos médicos, “cualquier solución efectiva al conflicto requiere necesariamente una reforma de la legislación básica del Estado, que permita la creación de una mesa de negociación propia, así como el establecimiento de un estatuto específico para médicos y facultativos”. “Estos son los primeros pasos imprescindibles para abordar el resto de demandas en materia de clasificación, jornada, jubilación, etc.”.

Habían mantenido reuniones discretas la semana pasada, pero volvieron a volar los puentes hace apenas unas horas. Los sindicatos médicos han confirmado que mantendrán la huelga de cuatro días prevista para la próxima semana ante la “ausencia de avances sustanciales” en las conversaciones con el Ministerio de Sanidad. Las nuevas propuestas que ha puesto sobre la mesa el departamento que dirige Mónica García han sido insuficientes para el Comité de Huelga.

Que los sindicatos médicos hayan avanzado que retomarán los paros del próximo lunes, dentro del calendario de movilizaciones mensuales que iniciaron en febrero, ha hecho que Sanidad desconvoque la reunión prevista para este mismo jueves, a la que se estaba llamando a las comunidades autónomas a asistir de forma telemática. Según fuentes cercanas a la negociación, habían sido los propios sindicatos médicos quienes habían pedido la participación de las consejerías en el proceso.

Representantes del Ministerio y el Comité de Huelga se habían reunido en dos ocasiones la semana pasada, el lunes y el viernes. Estos encuentros se produjeron tras la negativa de los médicos a que la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar, mediara en el conflicto. Para rebajar las tensiones, los equipos negociadores habían acordado no pronunciarse sobre el contenido de esos encuentros.

Sanidad no realizó ninguna comunicación de esas reuniones y los sindicatos médicos apenas emitieron una breve nota el viernes. En ella, informaban de que se había mantenido “una reunión de trabajo en la que ambas partes se han comprometido a seguir intercambiando propuestas y a mantener próximos encuentros para continuar con la negociación”.

Esos encuentros no han llegado a producirse. En la noche del martes, el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) avanzaron que las movilizaciones continuarían.

“Aunque la propuesta ministerial generó inicialmente ciertas expectativas, su análisis detallado evidencia que no da respuesta suficiente a los problemas estructurales del colectivo médico ni garantiza mejoras reales en sus condiciones laborales”, indicaban en un comunicado que dinamitó la reunión que estaba preparándose.

Uno de los puntos de fricción que ha frenado las conversaciones ha sido la representatividad de los sindicatos médicos, minoritarios en las mesas generales de negociación. Sanidad había propuesto al Comité de Huelga la creación de mesas técnicas a nivel autonómico en las que estuvieran presentes estas organizaciones, en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público. Para ello, se requiere del consenso de las comunidades autónomas, que estaban siendo convocadas, y finalmente desconvocadas, para este jueves.

“Esas mesas técnicas están supeditadas a las generales en las que, como todo el mundo sabe, están únicamente los sindicatos generalistas. Es decir, aquellos que tienen una alta implantación por número de afiliaciones y de trabajadores a los que representan”, explica el secretario general de CESM, Víctor Pedrera.

En este sentido, los médicos reclaman un estatuto y una voz propia, frente al resto de trabajadores de la sanidad pública, que cifran en el 85% del total y exigen a Sanidad un estatuto médico. “En toda Europa, menos en España, Croacia y Rumanía, los médicos se regulan de forma individual”, señala Pedrera, que indica que los sindicatos de clase representan a médicos, pero también a otros profesionales del ámbito sanitario.

Además de este estatuto propio y un ámbito de negociación específico, los médicos reclaman una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación, un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico y una clasificación profesional justa. “Debe contemplarse de forma clara el nivel de responsabilidad. La persona que le acerca las pinzas al cirujano y el cirujano que decide por dónde se corta no pueden estar encuadrados en un mismo nivel de catalogación laboral”, considera Pedrera.

A principios de marzo, en el Foro de la Profesión Médica, el Ministerio se comprometió a reforzar el papel de la entidad en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, a reconocer la penosidad de las guardias y a “estudiar” la aplicación de coeficientes reductores para la edad de jubilación. Pero desde Sanidad llevan semanas insistiendo en que muchas de las reivindicaciones escapan de su ámbito competencial, algo que reconocen incluso desde los sindicatos convocantes de la huelga.

Con todo, desde la CESM indican que la negociación del Estatuto Marco se llevó a cabo con el Ministerio quien, dicen, “tiene la potestad de modificar una ley”. El Estatuto Marco, señala Pedrera, “era necesario abrirlo, pero no puedes cerrarlo en falso y dejar a los médicos como estaban. El médico moderno quiere tener unas condiciones laborales exactamente iguales que un celador o una enfermera y negociar con la administración”.

Los Sindicatos Médicos de Aragón (CESM Aragón y FASAMET) han presentado esta mañana una denuncia contra el Servicio Aragonés de Salud por “vulnerar el derecho a la huelga, por su reiterado incumplimiento de la obligación de negociar de buena fe con el Comité de Huelga”, han comunicado. Los sindicatos han pedido a la Inspección de Trabajo que levante un acta de infracción “para imponer las sanciones legales y requiera al SALUD para que cese en la conducta descrita y proceda a entablar una negociación real y efectiva”.

Los médicos y facultativos celebran hoy una nueva jornada de huelga autonómica, que continuará hasta el viernes, secundada por en torno al 80% de los profesionales de hospitales y el 50% en Atención Primaria, según datos de los sindicados. También se han celebrado concentraciones de protesta ante el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y el Hospital Obispo Polanco de Teruel; así como ante todos los centros de trabajo para el personal que cumple los servicios mínimos decretados. Con estas protestas reclaman al Gobierno de Aragón “equiparar sus condiciones laborales con las del resto de comunidades y cumplir con los acuerdos sobre Atención Primaria”. Los datos de seguimiento proporcionados por el Ejecutivo son sustancialmente más bajos: el 9,27 % durante la jornada de mañana, es decir, de un total de 3.646 efectivos reales, han secundado la huelga 338 profesionales.

Esta es la décimo sexta jornada de huelga desde diciembre y, según los convocantes, en todo momento se han mantenido las mismas cifras de seguimiento, “pero que en lugar de atenderlas, el Servicio Aragonés de Salud, como órgano empleador, ha incurrido en conductas contrarias al deber de negociación” y solo ha habido “comparecencias meramente formales de sus representantes, sin voluntad de acuerdo”.

La denuncia a Inspección de Trabajo, que se suma a la ya interpuesta en los Tribunales por servicios mínimos “abusivos” durante la huelga, busca “abrir una auténtica negociación, con propuestas que den respuesta a nuestras demandas para mejorar la calidad asistencial en Aragón”.

La denuncia recuerda que la ley obliga a las dos partes de una huelga a “negociar de forma leal y no obstructiva para poner fin al conflicto, por lo que el Tribunal Supremo ha sentenciado que las conductas empresariales que vacían este principio pueden constituir una vulneración del derecho de huelga”. Las sanciones por incumplir este derecho de audiencia y consulta de los trabajadores y sus representantes es una multa que puede superar, en los casos más graves, los 220.000 euros.

Para los sindicatos médicos de Aragón este es el caso, ya que el Gobierno de Aragón “está afectando gravemente a la atención sanitaria de los ciudadanos”: “Desde la primera convocatoria de huelga, solo se han celebrado dos reuniones sin comunicación ni intención de negociación real”. Los profesionales han subrayado que el “fin principal” de la denuncia es instar al Gobierno de Aragón a entablar una auténtica negociación “para la que siempre hemos tenido la mano tendida”. Así, también se ha solicitado a Inspección de Trabajo que actúe como mediadora, una posibilidad que regula el Real Decreto-Ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo.

En aplicación de esta norma, se ha solicitado igualmente que se convoque a las partes, el Servicio Aragonés de Salud y el Comité de Huelga, a una reunión de mediación “a la mayor brevedad posible” y que en este marco “se promueva un proceso de negociación real y efectiva, de buena fe, orientado a la solución del conflicto”.

Mañana, junto con los paros se realizarán nuevas concentraciones al mediodía en los hospitales Miguel Servet (Zaragoza) y Obispo Polanco (Teruel) y los cinco días de huelga autonómica enlazarán con una nueva convocatoria nacional del 27 al 30 de abril, que también reclama al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio de médicos y facultativos. Si sigue sin haber respuesta, el siguiente paro, nacional y autonómico, de médicos y facultativos, será del 18 al 22 de mayo.

Reunión del consejero con representantes sindicales

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón en funciones, José Luis Bancalero Flores, y la gerente del SALUD, Ana Castillo, han mantenido este martes reuniones con miembros de todos los sindicatos que tienen representación en la Mesa Sectorial de Sanidad. En primer lugar, ha sido convocado el sindicato CEMS y posteriormente SATSE; CSIF; CC. OO; UGT; FASAMET y FTPS. Según ha informado el Gobierno de Aragón, el consejero y la gerente del SALUD han querido “trasladar su respeto hacia la postura de los convocantes de la huelga y reafirmar su compromiso con el diálogo y la transparencia”.

Las mismas fuentes han recordado que, “desde el inicio de la legislatura (2023) se ha trabajado en un plan de mejora de las condiciones laborales de todos los profesionales del sistema sanitario aragonés, diseñado para desarrollarse a lo largo de los cuatro años”. Las reuniones celebradas hoy “responden al compromiso adquirido por el consejero de Sanidad de mantener un diálogo constante con las organizaciones sindicales”.

La Policía Nacional de Zamora ha detenido este lunes a un hombre como supuesto autor de un delito de atentado tras amenazar y agredir físicamente al médico que le atendía en el servicio de Urgencias del hospital Virgen de la Concha de Zamora.

La agresión tuvo lugar a primera hora de esta pasada noche, cuando el paciente que había acudido para recibir asistencia sanitaria comenzó a mostrar una actitud agresiva y amenazante hacia el médico que le atendía y pasó de los insultos a las amenazas graves y después, sorpresivamente, cometió la agresión física, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

El sanitario tuvo que ser auxiliado por sus compañeros y el personal de seguridad hasta que se desplazaron al lugar varias dotaciones de la Policía Nacional para detener al agresor. El supuesto autor de la agresión estaba acompañado de un familiar que, lejos de intentar calmar la situación, también mostró una actitud hostil y amenazante hacia el personal sanitario y gritó de manera agresiva y con frases intimidatorias al facultativo, según dichas fuentes.

Tras concluir la atención sanitaria a ese paciente, los agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención y traslado a la comisaría para tramitar las diligencias policiales a remitir al juzgado.

El Colegio condena la agresión

El Colegio de Médicos de Zamora ha condenado la agresión sufrida por un profesional del servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Concha por parte de un paciente, y reclamado a la administración autonómica “medidas firmes y eficaces” para prevenir este tipo de situaciones. El órgano colegial, a través de una nota difundida este lunes por la tarde, ha reclamado medidas para prevenir y erradicar las agresiones a sanitarios y mejorar la seguridad en los centros de trabajo, con el fin de que los médicos y el resto de profesionales sanitarios puedan ejercer su labora “con respeto y protección”.

El Colegio de Médicos de Zamora se ha ofrecido a apoyar y asesorar legalmente a todos los colegiados que sufran algún tipo de agresión en su ámbito profesional, tanto si es física como verbal. Igualmente, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que respete y valore la labor fundamental que los médicos realizan “al servicio de la salud pública”. El órgano colegiado también respalda al facultativo agredido en Zamora tanto la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que han recordado que toda agresión a un profesional sanitario constituye “una agresión a toda la sociedad y al sistema de salud”.

Soy médica, pero en Sudán, durante los últimos tres años, eso ha significado mucho más que la medicina. Ha significado responder a llamadas de auxilio sabiendo que no puedes llegar hasta la persona que está al otro lado. Adentrarse en el peligro, no porque no tengas miedo, sino porque un paciente te está esperando. Llevar recuerdos que no se desvanecen, por mucho que intentes seguir adelante.

Lo que comparto aquí proviene de los primeros días de la guerra en Jartum, cuando todo se desmoronó de golpe, mientras las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) avanzaban en la ciudad, calle por calle. Ahí es donde comienza mi experiencia.

El día en que los teléfonos no dejaron de sonar

El 15 de abril de 2023 fui a trabajar como de costumbre. A las 9 de la mañana, todo había cambiado.

Estaba de pie junto a una ventana en la base central de ambulancias de Bahari, en el norte de Jartum, cuando vi a gente corriendo. Luego llegó el ruido: explosiones, intensos disparos. Un edificio justo enfrente fue bombardeado y, en cuestión de minutos, los vecinos llevaban a los heridos en brazos, gritando pidiendo ayuda.

Dentro, los teléfonos empezaron a sonar. Y no paraban. “Por favor, vengan”. “Está sangrando”. “Se está muriendo”. Lo intentamos. Pero no pudimos mover ni una sola ambulancia.

Las calles ya se habían vuelto demasiado peligrosas. Con los enfrentamientos estallando de forma impredecible, cualquier movimiento significaba arriesgar nuestras vidas.

Horas más tarde, algunas de esas mismas voces volvieron a llamar. “No vengáis”, dijeron. “Ha muerto”.

Hay algo dentro de ti que se rompe en ese momento. Porque eres médico. Y, de repente, no puedes llegar a las personas que más te necesitan.

Tres días atrapada... y la decisión de volver

Yo era la única mujer de guardia.

Había oído historias de Darfur —zonas de Sudán bajo el control de la milicia FAR— sobre violencia sexual y lo que ocurre cuando los grupos armados toman el control. Pero ahora, mientras los combatientes de las FAR avanzaban por Jartum, esos temores ya no eran algo lejano.

Estuvimos atrapados dentro de la base de ambulancias durante tres días, escuchando, esperando, sin saber qué vendría después. Después de evacuar, pasé una semana en Omdurman, una ciudad al otro lado del puente de Jartum.

Era festivo. Había un alto el fuego temporal. Por un breve momento, la gente intentó aferrarse a algo parecido a una vida normal. Pero incluso entonces, sabíamos que no duraría. Nos mantuvimos en contacto, llamándonos unos a otros, volviendo una y otra vez a la misma pregunta:

Si los hospitales están cerrados y las ambulancias no pueden moverse, ¿qué pasará con la próxima persona que resulte herida? Ya no había ningún sistema. Así que tomamos una decisión. Volveríamos.

Construir algo de la nada

Cuando le conté a mi familia mi decisión, se asustaron. Mi tío intentó detenerme. Le dije: “Es mi deber”. No por valentía. Sino por mi responsabilidad médica.

Teníamos un objetivo: junto con un pequeño grupo de colegas, reabriríamos el Hospital Universitario Bashair, al sur de Jartum. Reuniríamos al personal médico que aún se encontraba cerca —gente que conocía los barrios y podía desplazarse con mayor seguridad— y reanudaríamos los servicios, aunque fuera de forma limitada.

Empezamos casi sin nada. Unos pocos médicos. Unos pocos cirujanos. Enfermeras. Voluntarios. Abríamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Después, las puertas se cerraban por falta de recursos. Era el único hospital en funcionamiento de la zona.

Nos centramos en los traumatismos: heridas de bala, lesiones por explosiones. Víctimas de la guerra. El hospital ya no era solo un lugar de trabajo. Era un salvavidas.

Vivir con miedo

Al principio, me alojaba en una casa cercana. Pero las noches eran insoportables. Cada ruido me parecía un peligro. Cada silencio, una espera.

Regresaba a casa tarde —a veces cerca de la medianoche— y a menudo me paraban en los puestos de control. Preguntas. Sospechas. Imprevisibilidad. Al cabo de un tiempo, ya no me sentía segura fuera.

Algunos soldados empezaron a acercarse a mí, trataban de hablarme, incluso me proponían matrimonio. Me negué. Les dije que era una mujer casada, una madre. Pero negarme no garantizaba mi seguridad. Así que me mudé al hospital. Incluso allí, hombres armados iban y venían: fumaban en los pasillos, se movían por espacios que deberían haber estado protegidos, sin ningún respeto por la inviolabilidad del centro médico.

Éramos un equipo pequeño, trabajando bajo presión, tomando cada hora decisiones que podían significar la vida o la muerte.

Nos decíamos algo sencillo: si morimos, moriremos con dignidad. No fue valentía. Fue aceptación.

Cuando ya no estábamos solos

Durante semanas, mantuvimos todo a flote con casi nada: improvisando, estirando los suministros, tomando decisiones imposibles. Entonces, Médicos Sin Fronteras (MSF) llegó para apoyar al hospital. Poco a poco, algo empezó a cambiar.

Se notaba en el hospital. Los suministros se hicieron más fiables. La atención se organizó mejor y empezamos a recibir apoyo. Con MSF allí, era como si alguien se hubiera acercado a nuestro lado y nos hubiera dicho: seguid adelante, estamos aquí.

Los riesgos no desaparecieron. La guerra no se detuvo. Pero ya no estábamos completamente solos, y eso cambió lo que era posible.

Los momentos que nunca te abandonan

Una madre llegó una noche después de que soldados de las FAR entraran en su casa. Acusaron a la familia de apoyar al Gobierno sudanés. Lo saquearon todo. Mataron a su marido. Le dispararon a ella. La llevamos a quirófano, mientras su hijo —de no más de nueve años— se quedaba cerca, llorando. “Un día los mataré”, dijo el crío. En ese mismo momento, los soldados de las FAR estaban dentro del hospital. Recuerdo haber pensado: si lo oyen, también lo matarán a él.

Otro día, llegó una superviviente de violencia sexual. Me senté con ella. La escuché. Y luego lloré con ella. Incluso ahora, sigo viendo su rostro.

Y entonces, en medio de este caos, ocurrió algo sorprendentemente positivo. Llegó una mujer embarazada que estaba de parto. No teníamos servicios de maternidad. No estábamos preparados. Dio a luz en el quirófano de urgencias. En medio de la guerra, nació un niño.

Por un momento, todo se suavizó. Sonreímos. Recordamos cómo se siente la vida.

Por qué nos quedamos

Aquellos primeros días en Jartum fueron una cuestión de supervivencia. No solo para los pacientes, sino también para nosotros. Teníamos miedo. Estábamos agotados. Dudábamos de nosotros mismos. Pero nos quedamos.

Porque los pacientes seguían llegando. Porque, aunque no pudiéramos salvar a todos, al menos podíamos salvar a alguien. Porque a veces, en medio de todo, la vida siempre encuentra una manera.

Soy médico. Y en aquellos primeros días de guerra en Jartum, eso significaba quedarme, incluso cuando la ciudad, y parte de mí, se desmorona.

La autora es médica y asesora del coordinador de MSF en Jartum, Sudán.

Agentes de la Guardia Civil han auxiliado a un joven de 18 años tras sufrir un accidente de circulación en la localidad toledana de Yuncler. Sobre las 15.00 horas del miércoles 15 de abril, los agentes fueron alertados por la Central Operativa de Servicios (COS) de que se había producido un accidente entre un vehículo y una motocicleta, con un herido grave.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al joven tendido en el suelo, siendo atendido inicialmente por personal sanitario del centro de salud de Yuncler. Uno de los agentes, que se encuentra realizando su periodo de prácticas, acudió de inmediato a auxiliarle al observar que presentaba una hemorragia masiva en la zona inguinal.

Utilizando material hemostático (polvo granulado y gasas), el agente aplicó las técnicas adecuadas para controlar la hemorragia, manteniendo presión directa sobre la herida y consiguiendo detenerla con éxito. Posteriormente, practicó un vendaje circular compresivo hasta la llegada de la UVI móvil, que trasladó de urgencia al joven al Hospital Universitario de Toledo.

Según la Guardia Civil, el personal médico del centro hospitalario confirmó posteriormente que “la rápida y efectiva asistencia prestada por el guardia civil fue determinante para salvarle la vida”. El joven se encuentra actualmente hospitalizado y estable.

Los sindicatos médicos CESM y Fasamet retomarán la huelga del lunes 20 al viernes 24 de abril “para que el Gobierno de Aragón escuche alto y claro que no vamos a ceder”, según han señalado. Se trata de la cuarta convocatoria en Aragón y la sexta a nivel nacional, en un contexto en el que cada semana de paro deja más de 1.000 intervenciones quirúrgicas suspendidas, además de otras no programadas —“porque Sanidad ya sabe que se van a suspender con la huelga”— y alrededor de 15.000 consultas afectadas.

“Pretenden que nos cansemos, pero cada día estamos más convencidos”, afirma Javier Martínez, jefe del servicio de Anestesiología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. No obstante, también se han comprometido a canalizar la situación cuando lleguen a un acuerdo “porque estamos deseando trabajar bien y en condiciones de asegurar la calidad asistencial. Y nos saltaremos el horario si es necesario”, ha asegurado.

Entre sus principales reivindicaciones figura la equiparación de las condiciones laborales con las de otras comunidades autónomas, así como el cumplimiento de los acuerdos sobre atención primaria firmados en 2023 con el anterior Ejecutivo y en 2025 con el actual Gobierno en funciones, que contemplan que las citas médicas no superen los tres días de espera.

Tras las críticas del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, quien ha advertido de que una nueva huelga supondría “una catástrofe” para el sistema, el presidente de Fasamet, Leandro Catalán, ha anunciado la posible interposición de una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Considera que el Ejecutivo autonómico está vulnerando el derecho a la huelga al escudarse en su situación de interinidad para evitar negociar con el comité.

En la misma línea, la secretaria general de CESM Aragón, Mercedes Ortín, ha denunciado un “doble rasero” en la actuación del Gobierno en funciones: “Vemos cómo se concierta el bachillerato o se firman contratos-programa, pero no se abordan otras cuestiones. Ellos sabrán qué les permite hacer unas cosas y no otras”.

Ortín también ha comparado la actitud negociadora del Ejecutivo autonómico con la del Ministerio de Sanidad, que considera “más receptiva pese a maniobras previas poco adecuadas”, y ha criticado los intentos de dividir a médicos y enfermeras: “Es el colmo tratar de poner en un compromiso a las enfermeras. Nosotros nunca nos hemos enfrentado a otras categorías profesionales”. Asimismo, ha hecho un llamamiento al Gobierno de Jorge Azcón para que sitúe este conflicto entre sus prioridades.

Los sindicatos insisten en que la huelga responde a la falta de avances en sus demandas, entre ellas la mejora de las condiciones laborales y el fin de la precariedad que, aseguran, empuja a muchos profesionales a abandonar Aragón.

Beatriz Forniés, anestesista del Hospital Miguel Servet, ha detallado algunas de las situaciones que denuncian: jornadas que se prolongan hasta 17 horas, encadenamiento de guardias —con hasta tres turnos de 24 horas en una semana—, ausencia de pluses de turnicidad y la falta de reconocimiento de la jubilación anticipada, pese a realizar hasta 1.000 horas más al año que otros trabajadores. En este contexto, también ha arremetido contra el resto de organizaciones sindicales “que no nos representan porque para ellos no somos trabajadores”.

Forniés ha pedido comprensión y paciencia a los pacientes y ha garantizado que se atenderán todas las situaciones urgentes durante la huelga. A sus compañeros les ha trasladado un mensaje de firmeza: “Nunca dimos la importancia que merece nuestra profesión, pero eso ha terminado. Comienza una nueva etapa”.

Movilizaciones

Además de los paros, los sindicatos han convocado una concentración el lunes 20 de abril a las 12.00 horas frente a la sede del Servicio Aragonés de Salud, en la plaza de la Convivencia de Zaragoza.

Asimismo, en el ámbito estatal, los médicos volverán a movilizarse del 27 al 30 de abril en la que será la sexta huelga nacional y quinta en Aragón, para reclamar un Estatuto Marco propio que ponga fin a prácticas como las guardias obligatorias y mal remuneradas. El 29 de abril hay prevista una manifestación a las 18.00 horas, que partirá del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y concluirá en la Delegación del Gobierno, en la plaza del Pilar.

Más de 14 años después de su desaparición, todo parece indicar que Castilla-La Mancha recuperará la carrera profesional en el Servicio de Salud regional (SESCAM).

Este martes, las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial -SATSE, USICAM, USAE, CSIF, CCOO, CESM y UGT- y el propio SESCAM han alcanzado un principio de acuerdo con consenso unánime para la reactivación de la carrera profesional del personal estatutario.

El pacto será suscrito el próximo lunes, 20 de abril, en un acto institucional presidido por el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien, en una publicación en redes sociales, ha señalado que esta medida se trata de “un esfuerzo más por consolidar un sistema sanitario de calidad y por reconocer la labor de los profesionales”.

Tras haber sido suspendida por el Gobierno presidido por la 'popular' María Dolores de Cospedal en el año 2012, Castilla-La Mancha era hasta este momento la única región que la mantenía paralizada, siendo una reivindicación constante para el colectivo.

Claves de la carrera profesional

Este principio de acuerdo, fruto del proceso de diálogo desarrollado en las últimas semanas, supone un paso adelante para recuperar este sistema de desarrollo profesional, orientado a reconocer la experiencia, la formación y el compromiso de los profesionales sanitarios con la calidad del servicio público.

El acuerdo contempla la puesta en marcha de un procedimiento extraordinario que permitirá a los profesionales acceder o progresar en su carrera profesional en función de la experiencia acumulada a lo largo de su trayectoria.

Este proceso se desarrollará mediante distintas convocatorias y permitirá avanzar hasta un máximo de dos grados de carrera profesional, posibilitando una adecuación progresiva del nivel profesional a los años de servicio prestados.

Asimismo, se prevé una convocatoria específica dirigida a aquellos profesionales que participaron en el procedimiento ordinario de carrera profesional convocado en 2010, que posteriormente quedó paralizado, incorporando su situación al nuevo marco de desarrollo profesional.

Los efectos económicos asociados al reconocimiento de los distintos grados se desplegarán de manera gradual a lo largo de los próximos años.

El acuerdo establece su aplicación al conjunto del personal estatutario del SESCAM, tanto fijo como temporal, en condiciones de igualdad, e incorpora a distintos colectivos vinculados al sistema sanitario

El acuerdo establece su aplicación al conjunto del personal estatutario del SESCAM, tanto fijo como temporal, en condiciones de igualdad, e incorpora a distintos colectivos vinculados al sistema sanitario, como profesionales en promoción interna temporal, personal de tecnologías de la información y de apoyo, personal sanitario local, profesionales con liberación sindical y personal que desempeña funciones directivas o puestos en el ámbito de la Administración sanitaria.

Del mismo modo, se contempla la realización de convocatorias conjuntas para todas las categorías profesionales, garantizando un desarrollo homogéneo del proceso en todo el sistema.

Hacia un nuevo modelo de carrera profesional

Junto a este proceso extraordinario, el acuerdo sienta las bases para la definición de un nuevo modelo de carrera profesional adaptado a las necesidades actuales del sistema sanitario.

Este modelo incorporará elementos vinculados a la trayectoria profesional, la formación continuada, la actividad docente e investigadora y la calidad de la práctica asistencial, y se desarrollará en una fase posterior en el marco del diálogo con las organizaciones sindicales.

Desde el SESCAM se ha subrayado que este acuerdo es fruto del diálogo y del trabajo conjunto con las organizaciones sindicales y refleja una voluntad compartida de avanzar en el reconocimiento y desarrollo profesional de los trabajadores del sistema sanitario público, como elemento clave para seguir mejorando la calidad de la atención sanitaria.

Un acuerdo “histórico” para los sindicatos

Tras el principio de acuerdo alcanzado hoy en la reunión de mesa técnica del SESCAM para la reactivación de la Carrera Profesional, los siete sindicatos con representación en la mesa sectorial han acordado no continuar con las movilizaciones conjuntas iniciadas para reclamar la recuperación de este derecho en Castilla-La Mancha. Por ello, las reacciones de los sindicatos no se han hecho esperar.

En un comunicado, UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha ha mostrado su satisfacción por un principio de acuerdo que considera “histórico”. “Se trata de un día histórico en el que se recupera un derecho muy esperado y deseado por los profesionales del Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha”.

El sindicato asegura que, tras multitud de actos reivindicativos, “por fin se logra el desbloqueo de la Carrera Profesional en Castilla-La Mancha” y agradece la voluntad actual de los máximos responsables del Sescam y del Gobierno regional, si bien también pone en valor el papel jugado por UGT y por el de todos los trabajadores y trabajadoras que con su apoyo constante han luchado por la recuperación de este derecho.

De su lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), también habla de “acuerdo histórico”. Su presidenta, Ana Isabel Fernández, subraya que “hoy cerramos una herida abierta en la dignidad de nuestros profesionales sanitarios. Finalmente, vemos el final del camino después de una larga y oscura travesía de 14 años”.

Por parte de CCOO Castilla-La Mancha, su secretario general, Javier Ortega, ha valorado que el acuerdo “viene a saldar la deuda que el Gobierno de Castilla La Mancha tenía con todas las personas que trabajan en el Sescam”. Ortega ha precisado que era una cuestión de justicia y un reconocimiento al esfuerzo que miles de profesionales en nuestra región “llevan años haciendo para seguir formándose, investigando, atendiendo y dando asistencia a pesar de las difíciles condiciones en las que se desarrollan su trabajo”. “No se trata solo de un tema económico, sino de valorar a quienes son el referente y el rostro de la sanidad pública para todos los usuarios y usuarias”, ha zanjado.

También sobre este asunto se ha pronunciado el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núnez. El líder del PP regional se ha alegrado “por los miles de trabajadores sanitarios que trabajan con dureza y profesionalidad”, si bien ha lamentado que esta recuperación llega tras 11 años de espera -obviando el periodo de tiempo en que su partido la derogó y la mantuvo en suspenso antes de que el PSOE llegara al Gobierno regional- y ha mostrado su deseo porque se cumpla el acuerdo.

Los chatbots de inteligencia artificial, como Gemini, Grok, DeepSeek o Chat GPT, que se utilizan en atención médica suelen acertar cuando disponen de información clínica completa, pero muestras deficiencias importantes cuando tienen que realizar un diagnóstico inicial. Son los resultados de un estudio publicado este lunes en la revista JAMA Network Open, que analiza los 21 modelos de lenguaje grandes (LLM) más avanzados del mercado y avanza que la IA no está preparada para tomar decisiones médicas sin la supervisión constante de un profesional humano.

Los investigadores de la incubadora de innovación MESH de la red de hospitales del Boston Mass General Brigham (Estados Unidos) pidieron a los 21 modelos de IA que actuaran como médicos en una serie de escenarios clínicos. La conclusión es que los LLM fallan a menudo a la hora de realizar estudios diagnósticos y proponer diagnósticos diferenciales.

Los sistemas de inteligencia artificial sí realizan un diagnóstico correcto en más del 90% de los casos cuando se les proporciona toda la información pertinente de los pacientes. No así en los pasos iniciales del proceso diagnóstico, impulsados por el razonamiento. “Pese a las continuas mejoras, los modelos de lenguaje grandes estándar no están listos para un despliegue de grado clínico sin supervisión”, concluye Marc Succi, director ejecutivo de la Incubadora MESH en Mass General Brigham y autor correspondiente del trabajo.

“Los diagnósticos diferenciales son fundamentales para el razonamiento clínico y subyacen al 'arte de la medicina' que la IA no puede replicar actualmente”, subraya el investigador, quien añade que, por ahora, la IA solo sirve para “aumentar, no reemplazar, el razonamiento del médico, siempre que todos los datos relevantes estén disponibles, lo cual no siempre es el caso”.

Una metodología para evaluar los LLM

El equipo desarrolló la medida PrIME-LLM para evaluar la competencia del modelo de IA a la hora de proponer diagnósticos potenciales, hacer las pruebas adecuadas, llegar a un diagnóstico final y gestionar el tratamiento. La puntuación de PriME-LLM, además, refleja con exactitud cuando los modelos funcionan bien en un área, pero mal en otra y no ofrece una puntuación promedio que podría ocultar sus debilidades, apuntan los investigadores.

El estudio comparó 21 LLM de propósito general, incluyendo los últimos modelos de ChatGPT, DeepSeek, Claude, Gemini y Grok y su capacidad para trabajar en 29 casos clínicos publicados. Para ello, proporcionaron información a los modelos gradualmente, empezando por aspectos básicos como la edad, el sexo y los síntomas del paciente antes de añadir los hallazgos del examen físico y los resultados de laboratorio.

El desempeño de los LLM en cada etapa fue valorado por evaluadores que eran estudiantes de medicina, y estas evaluaciones se utilizaron para calcular las puntuaciones generales PrIME-LLM de los modelos. Los investigadores descubrieron que los LLM eran buenos produciendo diagnósticos finales precisos pero que todos fallaban al producir un diagnóstico diferencial más del 80% de las veces.

“Observamos que son excelentes para nombrar un diagnóstico final una vez que los datos están completos, pero tienen dificultades en el inicio abierto de un caso, cuando no hay mucha información”, aclara Arya Rao, autora principal, investigadora de MESH y estudiante en la Facultad de Medicina de Harvard.

El estudio, que también sirve como barómetro de la rápida evolución de la IA, constata que los modelos lanzados más recientemente superaron generalmente a los modelos más antiguos, lo que demuestra que mejoran constantemente. En la escala PriME-LLM, las puntuaciones de los modelos oscilaron entre el 64% para Gemini 1.5 Flash y el 78% para Grok 4 y GPT-5. Además, el estudio confirmó que la precisión de todos los LLM mejoraba sustancialmente cuando se incorporaban datos no textuales.

“El trabajo confirma y amplía hallazgos ya conocidos sobre los modelos de lenguaje en medicina. Estudios anteriores habían demostrado que estos sistemas pueden alcanzar buenos resultados en pruebas tipo USMLE, lo que generó cierto optimismo sobre su potencial clínico. Sin embargo, este artículo matiza esa visión al demostrar que un buen rendimiento en preguntas cerradas no se traduce necesariamente en un razonamiento clínico sólido. De hecho, pone de manifiesto debilidades importantes ya señaladas previamente, como las alucinaciones, la dificultad para manejar la incertidumbre y la tendencia a ofrecer conclusiones sin justificar adecuadamente el proceso”, explica Susana Manso, del grupo de trabajo de Inteligencia Artificial y Salud Digital de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

En este sentido, la doctora resalta que el estudio “cuestiona directamente la idea de utilizar estos sistemas como herramientas diagnósticas autónomas” y “refuerza un enfoque más prudente, en el que los modelos de lenguaje se utilicen como apoyo al profesional sanitario, especialmente en tareas estructuradas o con menor grado de incertidumbre”.

Carina Escobar (Santa Cruz de Tenerife) es la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), a quien el Ministerio de Sanidad enconmendó la labor de mediar en el conflicto abierto con los sindicatos médicos y ayudar a buscar una solución que evite la huelga prevista para la semana del 27 de abril y con la que se sumarían ya 25 días de paro en lo que va de año. Pero su designación no sentó bien al Comité de huelga, que consideró a los pacientes parte implicada, y se abstuvo de entrar en la reunión que iba a celebrarse el pasado miércoles.

Escobar es cauta en sus respuestas. Aclara que no es su papel posicionarse, pero insiste en que desde la plataforma que representan defienden a los profesionales sanitarios y al Sistema Nacional de Salud. “Eso repercute en nuestra calidad de vida”, señala. También hace hincapié en que su papel en este conflicto no fue buscado —“en ningún momento he llamado a la puerta de nadie pidiendo ser mediadora”—, pero sí cree que su organización puede ayudar a resolverlo: “Ahora tengo más claro cuál es el escenario”.

¿Qué ocurrió el miércoles a las puertas de la reunión entre el Ministerio y el Comité de huelga?

Desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes siempre estamos dispuestos a acudir cuando nos piden ayuda. Antes de ir, preguntamos si el Comité de huelga sabía que estaríamos presentes. El día anterior habían emitido un comunicado, pero como confirmaron su asistencia y se les propuso que llevaran a otro observador, volvimos a preguntar por la mañana. No pretendíamos molestar a nadie, al contrario.

Cuando llegamos al Ministerio, saludé a los miembros del Comité y entré en la sala donde iba a celebrarse la reunión. Ellos se quedaron fuera y nunca llegaron a entrar. Desde dentro les escuché decir que no necesitaban observadores ni mediadores y que los pacientes, al ser parte afectada, no éramos neutrales.

En otros contextos, ¿habían tenido relación con los sindicatos médicos?

No conocía a los representantes, pero actuamos en el ámbito sanitario como un agente más. Siempre que comienza una huelga nos pronunciamos de manera constructiva y le decimos al Ministerio que todo lo que se pueda negociar, se negocie, porque las enfermedades no esperan. Yo misma tenía una cirugía importante en enero que tuve que retrasar, pero entendí que había un proceso de huelga que había que respetar. Los pacientes podemos aguantar hasta cierto punto, pero es difícil ver que la situación no avanza y no te enteras de lo que está pasando.

Los pacientes podemos aguantar hasta cierto punto, pero es difícil ver que la situación no avanza y no te enteras de lo que está pasando

¿Cuál era vuestra función en esa mesa de negociación?

De observadores. Algunas comunidades autónomas nos dijeron que la situación se estaba enquistando y que el Comité de huelga no quería al Foro de la Profesión Médica. Dijimos que sí y el propio Ministerio nos trasladó que no era necesario, pero tras la Interterritorial previa a la Semana Santa se vuelve a plantear nuestra figura y Sanidad nos llama. Somos una plataforma no politizada y que defiende a nuestros médicos y nuestro sistema, así que nos ponemos a ello. Sabíamos que podía ser complicado, pero no pensamos que llegaríamos a esta situación tan hiriente.

¿Cómo podía ayudar la POP?

Los observadores no estamos para imponer, pero sí para tener una visión de lo que se está negociando y que sea transparente. Hemos tenido la oportunidad de estudiar el nuevo estatuto marco y nunca hemos querido entrar en el ámbito del profesional, porque los respetamos profundamente y no es nuestro sitio. Queremos buenas condiciones para nuestros médicos, porque eso repercute en nuestra calidad de vida.

Nosotros ya estamos dentro del sistema, en investigación clínica, con la estrategia de cuidados, en la Agencia Española del Medicamento. No somos unos agentes ajenos al sistema que solo recibimos pasivamente unos servicios y no estamos preparados, ni formados, ni estructurados. Representamos a más de la mitad de la población española que tiene una patología crónica y defendemos su participación en el sistema sanitario a todos los niveles.

El Ministerio de Sanidad ha acusado al comité de huelga de “enquistar el conflicto”. ¿Comparte este diagnóstico?

No tengo información. Lo que puedo decir es que he leído cómo estaba convocada la reunión, el estatuto marco, las peticiones de los sindicatos, las propuestas del Ministerio y tengo más claro cuál es el escenario.

¿Cuál es?

Que sean ellos claros en contar cuál es el escenario.

Ellos...

Las partes implicadas. No voy a entrar en ataques, porque nos perjudica. Estamos viviendo una situación grave para los pacientes, ahora y a futuro, con el aumento de las listas de espera. Desde esa perspectiva, puedo decir que hay un marco y propuestas. Incluso un camino por el que se habían puesto de acuerdo en que había cosas que negociar. Si están dispuestos a negociar, esperemos que se entiendan.

¿Cree que este conflicto que tenemos ahora refleja un problema estructural del sistema sanitario?

Hay cosas que están en las propuestas que yo defendería, como el tema de la jubilación, que no están en el marco del Estatuto, sino que hay que tocar otras teclas. Incluso algunas en las que hay el compromiso de incluirlas de manera escalonada. El Estatuto trae cosas buenas para los médicos, que pueden seguir con sus reivindicaciones. El diálogo es constructivo y creo que ha servido para que se repiensen ciertas cosas, pero no es solo un juego del Ministerio. Están las comunidades autónomas y los sistemas de salud, que también tienen sus competencias. Hemos visto negociaciones en Asturias, en Andalucía, en Galicia... Tenemos claro que la transformación del sistema es fundamental, que hay nuevas tecnologías, que han cambiado los roles y que los médicos no pueden estar con una regulación de los años 80. Pensar en el futuro es bueno para todos.

¿En qué podría ceder cada una de las partes para resolver este conflicto?

Incluso si hubiera sido observadora y mediadora, tendría la prudencia y la responsabilidad de no pronunciarme sobre eso. Somos tremendamente cautos y sé distinguir lo que es bueno o malo para una negociación. Queremos lo mejor para los médicos y para el sistema. Tenemos la voluntad de que esto se solucione, nos han pedido ayuda y hemos llegado hasta donde hemos podido. Ha sido muy duro. En ningún momento he llamado a la puerta de nadie pidiendo ser mediadora de este conflicto. Estamos acostumbrados a ir de la mano con las sociedades científicas, los colegios profesionales, las entidades… pero en ningún momento nos inmiscuimos en cosas que no nos corresponden.

Cuando pasa el tiempo y nos piden ayuda porque no avanzan, aceptamos, pero no ponemos en duda la buena fe de unos y otros

¿Ha echado en falta información como Plataforma en todo este proceso?

Somos prudentes y confiamos en que las instituciones y los sindicatos están haciendo una negociación constructiva. Cuando pasa el tiempo y nos piden ayuda porque no avanzan, aceptamos, pero no ponemos en duda la buena fe de unos y otros. No puedo entrar en otro tipo de valoraciones. Lo que puedo decirte es que nos han llamado y hemos ido; no nos han querido y nos hemos retirado.

¿Cree que los médicos deberían tener un estatuto propio?

No lo sé, porque no me han contado qué ventajas tendrían. Me gustaría saber qué está pasando en Europa con otras políticas sanitarias, qué se está diciendo a nivel estatal, qué responden los consejeros y consejeras de Sanidad. Nosotros no somos expertos en eso y no tenemos responsabilidad política.

¿Y una jornada semanal máxima de 35 horas, que es otra de las reivindicaciones?

Creo que lo pueden negociar. Nosotros queremos que el sistema funcione y que haya jornadas laborales justas. Ahora se establecen guardias de 17 horas, pero hemos visto negociaciones en las que se han bajado a 12 horas. Todo es negociable, pero debe haber diálogo y buen entendimiento, y los derechos laborales tienen que estar cubiertos.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha logrado en marzo, por segundo mes consecutivo, reducir ligeramente las listas de espera, que sufrieron un repunte tras la Navidad. Son 60.990 personas las que esperan a ser atendidas por un especialista, 487 menos que en febrero.

La lista de espera también es menor en Traumatología, la especialidad con peores cifras. Son 14.461 los pacientes en espera. Para tratar de reducir la lista en esta especialidad, el Servicio navarro de Salud ha puesto en marcha un proyecto piloto de pago de incentivos a médicos por atender a más pacientes y lograr que descienda la lista.

Con todo, el tiempo media de espera para ser atendido sigue duplicando al máximo recogido en la ley foral de garantías (30 días) y se sitúa en los 77 días de media para ser atendido, uno más que en el mes anterior. En el caso de Traumatología este tiempo asciende a los 131 días.

En cuanto a la lista de espera para cirugía, en marzo se ha reducido en 147 personas y son 10.273 los pacientes que esperan por una operación no urgente. El tiempo medio de espera se sitúa en los 92 días, uno menos que en febrero.

El Servicio Navarro de Salud cambió en julio el sistema de recuentro de la lista de espera para una primera consulta con especialista, dejando de contabilizar a aquellos pacientes que hayan renunciado a una cita por motivos personales para así “homogeneizar” la contabilidad a la del resto de comunidades autónomas.

En la puerta. La reunión prevista para este miércoles entre Sanidad y el Comité de huelga se ha cancelado, ya con ambas partes presentes en el Ministerio, ante la negativa de los sindicatos médicos a que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes medie en el conflicto. Los convocantes de la huelga, prevista para el próximo 27 de abril, ya habían mostrado su negativa ante esta fórmula, propuesta por el departamento que dirige Mónica García, que catalogaron de “unilateral” y “no consensuada”.

El Ministerio había confirmado que acudiría a la reunión la organización de pacientes, como así ha ocurrido, e instó al Comité de huelga a que se presentase esta misma tarde con un mediador de su elección, “a fin de no demorar más el avance en el proceso negociador”. Finalmente, los sindicatos médicos no han propuesto ninguna figura ni han entrado a la reunión.

“El Comité de huelga se ha negado a sentarse a negociar con el Ministerio de Sanidad con mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, propuesta por las comunidades autónomas, a las puertas de la propia reunión”, lamentan fuentes ministeriales, que acusan a los sindicatos médicos de “despreciar la labor mediadora de los pacientes”.

El Comité de huelga, por su parte, ha acusado al Ministerio de “entorpecer la negociación para esconder su incapacidad para llegar a acuerdos que atiendan las reivindicaciones del colectivo”. En un comunicado, difundido tras la cancelación de la reunión, estos han confirmado que se ha tratado de “un encuentro más bien informal que finalmente no se ha llegado a celebrar, puesto que al inicio los sindicatos han reiterado su rechazo a la figura impuesta unilateralmente del mediador/observador, mientras que Sanidad ha defendido que se debían ceñir a la petición expresa hecha por las comunidades autónomas para desbloquear el conflicto”.

La idea de un mediador surgió en el Consejo Interterritorial, mantenido entre el Ministerio y las comunidades autónomas el pasado 27 de marzo. En esta reunión, algunas de las consejerías del Partido Popular, que tienen el grueso de las competencias transferidas, reclamaron a García que solucione el conflicto. Algunas fueron más allá al llamarla “irresponsable” por su “incapacidad” para frenar el conflicto, como la consellera balear Manuela García.

Desde el Ministerio recuerdan que ha celebrado “más de 25 reuniones, en las que se han alcanzado acuerdos bilaterales en varias de ellas”. Además, acusan al Comité de huelga de haber ido “rechazando de forma reiterada todas las vías de diálogo planteadas, incluyendo los sindicatos del ámbito, el Foro de la Profesión Médica y, ahora, también a los pacientes”.

Con todo, ambas partes se han emplazado a una nueva reunión el próximo lunes. Un encuentro que, defienden los sindicatos, debe producirse “sin necesidad de mediación para poder avanzar en las negociaciones”. De hecho, en el comunicado afirman que “esta mediación impuesta de manera unilateral y su publicación interesada solo ha contribuido a generar de forma deliberada una polémica que tiene como objetivo ocultar la incapacidad del Ministerio para abordar de manera seria y responsable las reivindicaciones del colectivo médico y facultativo”.

El Ministerio de Sanidad y el Comité de huelga se reúnen este miércoles con el objetivo de desencallar el conflicto abierto y evitar la huelga prevista para la semana del 27 de abril. Las posturas siguen alejadas y, en esta ocasión, se ha sumado un nuevo punto de fricción. La figura de un mediador propuesto por el departamento que dirige Mónica García ha vuelto ha soliviantado a los sindicatos médicos, que este martes rechazaban la “decisión unilateral” de “imponer participantes externos no consensuados en el proceso de negociación”.

Sanidad llevará a la reunión de este miércoles a representantes de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) como mediadores, en un intento por desatascar el conflicto, que se alarga ya durante meses. De producirse, el de abril sería el tercer paro mensual, que los médicos arrancaron en febrero contra el nuevo estatuto marco.

En un comunicado difundido este martes a última hora de la tarde, el Comité de Huelga rechazaba la participación de la organización de pacientes al considerar “improcedente” la atribución de una función de mediación a una organización en un conflicto en el que es “parte afectada”. “La neutralidad exigible a una figura mediadora no puede concurrir en quien representa a un colectivo directamente implicado, por legítima y respetable que sea su posición”.

A juicio del Comité de Huelga, el Ministerio “intenta trasladar una negociación laboral al terreno de la presión social, utilizando a los pacientes para evitar asumir sus responsabilidades frente a los profesionales”. “Introducir de forma unilateral a terceros que no son neutrales ni expertos en estos conflictos solo sirve para entorpecer el diálogo y podría demostrar una falta de voluntad real por parte del Ministerio para llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga”, afirman.

Aunque el Comité ha confirmado su comparecencia a la reunión de este miércoles, ha reclamado a Sanidad que “proceda a retirar en dicha reunión a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes”. El ministerio, por su parte, ha respondido a los sindicatos médicos instándoles a que el comité “acuda con su propio mediador si no comparte la propuesta realizada, a fin de no demorar más el avance del proceso negociador”.

Desde el Ministerio lamentan el “rechazo” que los sindicatos médicos han expresado ante los “distintos espacios y fórmulas de diálogo propuestos hasta la fecha, incluyendo los ámbitos de negociación existentes, el Foro de la Profesión Médica y la participación de representantes de pacientes”.

Según han trasladado al Comité, a este departamento le resulta “contradictorio” que las organizaciones sindicales reconozcan la “distancia entre posiciones” y, a su vez, no planteen “propuestas concretas que permitan avanzar hacia una solución del conflicto”. “Esta actitud, en la práctica, supone un cierre por su parte a explorar vías de entendimiento, evidencia una posición de inmovilismo y dificulta avanzar en una negociación efectiva, llegando incluso a limitar las posibilidades reales de un progreso en el diálogo”.

Desde el Ministerio señalan además que es “especialmente preocupante que, incluso cuando se han producido avances o acercamientos en el seno del propio comité, esto no puedan materializarse por la fatal de capacidad de decisión efectiva del mismo, lo que introduce un elemento adicional de bloqueo”. “A ello se suma la ausencia de una propuesta propia de mediación, pese a haber sido solicitada, contribuyendo a enquistar la situación y a dificultar su resolución”, añaden.

Memorias de un médico rural en un pequeño pueblo de Albacete durante medio siglo. Una reflexión narrativa sobre la realidad de los pueblos vacíos, la labor sanitaria y la importancia de la empatía y el cuidado comunitario.

El médico que llegó del sur (Almud Ediciones, 2026) es todo eso y mucho más. En algo más de un centenar de breves capítulos- fragmentos de la memoria- Antonio González Cabrera (El Carpio. Córdoba, 1955) hilvana su trayectoria personal y profesional con el devenir de España desde la Transición hasta nuestros días, en un pueblo con nombre ficticio que es, en realidad, San Pedro, en Albacete.

“Estas memorias son el grito de los pueblos que pierden pulso y memoria”. Es un texto híbrido que navega entre la autobiografía, la crónica política, la historia sanitaria y el memorial rural, escriben Concha Vázquez Sánchez, profesora de Literatura, y Juan Sisinio Pérez Garzón, profesor de Historia y exconsejero de Educación en Castilla-La Mancha, en el prólogo.

Ellos lo definen como un “ejercicio de responsabilidad moral con las gentes con las que se han compartido esperanzas y angustias, conflictos y acuerdos”. Es, añaden, “el latido humanista de un médico y un político comprometido con una España rural”.

Escribir su historia se lo sugirió un amigo coincidiendo con su jubilación, a los 70 años y porque no le quedó otra. Había pasado décadas en el consultorio y durante 24 años lo compaginó con labores en el ayuntamiento donde fue alcalde entre 1991 y 2007. “El último día se presentaron en la puerta unas 300 personas a decirme adiós”, recuerda emocionado. Muchas de ellas aparecen reflejadas en un libro que relata desde la llegada de la primera Ley de Sanidad (1986) aprobada por el ministerio de Ernest Lluch, durante el gobierno de Felipe González, para sustituir a un sistema de “igualas médicas”- una especie de contrato informal entre el médico y los pacientes, “sin tinta ni firma”-, por el que una familia pagaba una pequeña cuota mensual al médico y al practicante (enfermero) para garantizar una asistencia sanitaria básica a domicilio.

Con la democracia y el primer gobierno socialista se implantó el concepto de sanidad pública universal y gratuita y el Estado asumió la protección de la salud de todas las personas de cualquier clase y condición. Poco antes de eso Antonio González Cabrera llegó hasta San Pedro por casualidad. “Era jugador de rugby y vine para ver si jugaba en el Valencia, pero allí no había posibilidad de trabajar como médico así que me planteé colegiarme en alguna provincia limítrofe”.

Lo hizo en Albacete en octubre de 1979 y ha terminado jubilándose en San Pedro, el pueblo en el que ha desarrollado toda su carrera médica. Claro que antes, mientras estudiaba Medicina, ejerció como celador en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y después fue enfermero en la población de Iznájar. De ahí, se marchó a la ‘mili’ y terminó recalando en Albacete para trabajar en la sanidad rural.

“Al llegar tuve la sensación de estar entrando en un sitio donde el tiempo aún dormía la siesta desde 1955”. Era el mes de enero de 1980. Allí, cuenta el libro, el joven doctor se encontró en una sala donde no había ni fonendoscopio, ni tensiómetro, ni ningún otro instrumental médico profesional. Lo único que halló sobre la mesa de madera fue un bolígrafo BIC azul y todo lo que el consultorio tenía era un infernillo colocado en el poyete de la ventana y unas jeringas y agujas de diversos tamaños y calibres que usaba el practicante (nuestro enfermero o enfermera de hoy).

Este doctor especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en el estudio de la Diabetes Tipo 2 pasó de mejorar “algunas cosas en el consultorio” a intentar transformar el pueblo que le acogió, pero desde el ámbito político. “No teníamos de nada: el alumbrado público era de pena, muchas calles no estaban asfaltadas y había despoblamiento. El pueblo llegó a tener 3.000 habitantes, pero cuando llegué no llegaba a los 1.500”.

No fue fácil intentar cambiar las costumbres arraigadas, a veces impuestas por “las fuerzas vivas” locales. Ni siquiera era común, cuenta, “que el médico no estuviera en el club de toda la vida: el cura, el cabo [de la Guardia Civil] y el alcalde”.

Antonio González Cabrera procedía del Sindicato de Estudiantes, se había fajado en las luchas estudiantiles entre el final del franquismo y el inicio de la Transición. “Yo allí no pegaba mucho, pero pensé que ellos tampoco, así que llegué a la Alcaldía donde cambié todo lo que pude: mi pueblo tiene ahora piscina, centro de día, biblioteca, casa de cultura y hasta plaza de toros que se utiliza para eventos deportivos”.

Para ser alcalde se comió “muchos marrones” porque no se lo pusieron fácil. “Sufrí desde amenazas de muerte hasta que entraran el consultorio e hicieran pintadas”, rememora, pero se muestra orgulloso de su trayectoria en la “España profunda de aquellos años” porque nunca ha tirado la toalla, ni en lo sanitario ni en lo político. “Esto no va de quién es el más rápido, sino de quién es el que más aguanta. Cuando he necesitado una cosa para mi pueblo, he machacado hasta que alguien se ha rendido. Como alcalde de pueblo pequeño es una técnica que nunca falla. Aunque sea para que no vayas más a pedir”.

Yo allí no pegaba mucho, pero pensé que ellos [las fuerzas vivas herencia del franquismo] tampoco, así que llegué a la Alcaldía donde cambié todo lo que pude: mi pueblo tiene ahora piscina, centro de día, biblioteca, casa de cultura y hasta plaza de toros que se utiliza para eventos deportivos

Su trayectoria vital y profesional marca el ritmo del libro que es, además, un recorrido por la historia de España (y de la medicina) desde la Transición hasta nuestros días, y cómo lo vivieron en un pequeño pueblo. Algunos episodios quedaron muy marcados en su memoria. Desde el intento de golpe de Estado en 1981 - con horas angustiosas, recuerda, al expresar que “nunca es un país tan frágil como cuando se olvida del precio que le costó su libertad”-, el Mundial de Fútbol de 1982 en España, la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en agosto de ese mismo año, el ingreso en la OTAN, el terrorismo de ETA, la llegada del AVE... Después, la crisis financiera de 2008 o los desafíos en la Sanidad pública por los recortes en 2012, la pandemia de la COVID-19 o la actual polarización social y política. Y todo eso combinado con cientos de historias humanas en el consultorio y con la gestión de un ayuntamiento.

El doctor habla con pasión de la medicina rural para la que reclama ciertos aspectos “imprescindibles”. Defiende la cercanía con los pacientes y la “longitudinalidad” en la asistencia porque el cambio constante de médico, cuenta durante la conversación, “es negativo no solo para el paciente sino para el sistema sanitario y no sabes la de tiempo que ahorra saber quién entra por la puerta y de qué pie cojea”. Muchos de los pacientes de Antonio lo fueron desde niños. “En el medio rural español, los médicos de familia hemos tenido que asumir tradicionalmente la asistencia pediátrica”, escribe en el libro.

Cree que la Atención Primaria en el medio rural es aquella que “permite contar al paciente cosas que no son solo de medicina orgánica”. Él es un gran conversador, pero sobre todo escuchó a quienes pasaron por su despacho durante décadas. “Un buen tanto por ciento de las patologías son consecuencia de la soledad de mucha gente”. La Medicina va más allá de la ciencia e implica empatía y acompañamiento humano.

Los médicos rurales son quienes tienen que defender la sanidad pública a vida o muerte porque ¿quién va a ir allí a prestarte servicios que no son rentables? Nadie

Los médicos rurales pasaron del rol paternalista a ser parte activa del tejido social, por eso resalta la importancia de “acompañar en los silencios” tras una pérdida. “Lo que hay que hacer es sentarse a su lado, sin hablar, porque… ¿qué vas a decir? Y acompañar en las situaciones de miedo ante enfermedades como el cáncer. Muchas veces he tirado de teléfono para que mis pacientes no tuvieran que pasar 15 días con el volante ‘acojonaos’ y se les atendiera. Esa es una labor que tenía que hacer”.

Después, subraya, esos mismos médicos rurales “son quienes tienen que defender la sanidad pública a vida o muerte porque ¿quién va a ir allí a prestarte servicios que no son rentables? Nadie. A los pueblos pequeños internet llega lo último. Todavía los hay sin cobertura móvil. Seamos claros, no hay negocio”.

En su opinión, “la defensa de la sanidad pública es también la defensa de la dignidad de los ciudadanos rurales. Esa ha sido mi pelea eterna desde que estoy en esto”. Las historias médicas y las circunstancias de las personas que atendió le dejaron huella. “Hay quien vino a decirme que quería abortar, que sufría malos tratos, que quería adelgazar o que era víctima de acoso”.

“Si se pudiera teletrabajar, habría muy poca gente en las ciudades”

El libro de Antonio González Cabrera tiene mucho de homenaje a aquellos municipios a los que enmudeció el despoblamiento. De hecho, el texto arranca con un poema dedicado a los pueblos vacíos y el autor les confiesa su “amor” porque “aunque vaciados, permanecen llenos de sentido para quienes no hemos olvidado qué significa la pertenencia”.

La España Vaciada no le es desconocida a quien, además de alcalde, fue diputado provincial y presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (también lo fue de su homóloga europea). Hoy se muestra escéptico con las medidas para evitar la despoblación que no tengan que ver con “poner trabajo, educación y sanidad para mantener vivos los pueblos”.

Lo dice porque lo intentó. “Pusimos en marcha proyectos de repoblación. La gente se fue a vivir a los pueblos y a los cinco años se marchó por la falta de servicios. Era el mismo problema por el que los oriundos se habían ido antes”. Conoce bien la situación porque San Pedro llegó a tener 3.000 habitantes y hoy no llega a los 1.200.

No puedes hacer una casa de cultura para 400 personas en un pueblo de 60 habitantes y aquí en Castilla-La Mancha encontramos unas cuantas. No tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para el baile en verano? Con una carpa sale más barato

González Cabrera también estuvo al frente del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel y fue vicepresidente de la desaparecida Asociación de Centros de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (CEDERCAM). Cuando le preguntamos por las políticas para frenar la despoblación en Castilla-La Mancha insiste en que lo primero es apostar por los servicios esenciales y también por el transporte público. “No puedes hacer una casa de cultura para 400 personas en un pueblo de 60 habitantes y aquí en Castilla-La Mancha encontramos unas cuantas. No tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para el baile en verano? Con una carpa sale más barato”. Se trata, dice, de “priorizar”.

Ve en el servicio de ayuda a domicilio para los mayores o en la acción de reconocer la Dependencia a quienes viven en el medio rural como una forma de generar empleo y, sin embargo, critica que se esté siendo “cicatero” en cuestiones como estas. “En algunos casos la despoblación se ha revertido, no porque hayamos hecho el mundo rural más atractivo, sino porque en el mundo urbano no se puede vivir, así que te vas donde puedas comprar una casa y vivir tranquilo. Si se pudiera teletrabajar, habría muy poca gente en las grandes ciudades”.

Las reivindicaciones médicas

Hace casi seis años que recibió el Premio de Política, Economía y Ciencias Sociales que otorga la Fundación de Estudios Rurales de la Unión de Pequeños Agricultores de España por ser un “luchador incansable por la sanidad pública rural”, y muy especialmente, de la Atención Primaria.

Le preguntamos por las reivindicaciones de sus colegas médicos que reclaman un Estatuto Marco. Él responde con otra pregunta: “¿Por qué es más importante que los médicos tengan un Estatuto frente al hecho de que lo tengan los enfermeros, los celadores y hasta los auxiliares de clínica?”. No rechaza la reivindicación, pero introduce matices. “Un Estatuto Marco específico los médicos me suena a tener mi parcelica de poder y dependiendo del gobierno que haya, me peleo más o menos. Es mi sensación”.

Por eso apuesta por “recoger todas las reivindicaciones de los sanitarios dentro de un marco general del sistema asistencial. Si nos dividimos, morimos todos”. Y aquí entra también la atención en los pueblos. “Tienen que recoger las reivindicaciones de lo rural. No es lo mismo ser médico a 30 kilómetros de Albacete que a 150 kilómetros. ¿Cuánto vale la dispersión poblacional? ¿Cómo se aborda la conciliación familiar de los profesionales? ¿Y los servicios?”, se pregunta.

Sobre la carrera profesional que reclaman los sanitarios en la comunidad autónoma dice no entender la postura del Gobierno de Emiliano García-Page después de una década al frente de la Presidencia regional. “Ya son ganas de tener al sector sanitario en pie de guerra. Es la única comunidad autónoma sin la carrera profesional sanitaria. A mí no me afecta, yo saqué el grado 4, pero es un agravio comparativo”.

Recuerda cómo durante su primer mes en el consultorio los pacientes le recibieron con víveres. “Me traían a veces tomates, otras, habas o pepinos, una me llevo una empanada, otra hasta me tejió una bufanda porque un día que fue me vio con frío”. Una situación muy alejada de algo que nunca ha vivido en carnes propias: las agresiones en el ámbito sanitario. Él cree que “la tranquilidad y la paciencia” del profesional pueden prevenirlas, e incluso evitarlas en muchos casos, aunque reconoce que “no hay una varita mágica” para el problema.

González Cabrera ha querido también dejar un guiño en el libro a la figura de los visitadores médicos para dejar caer la falta de interés de la administración pública por reciclar a sus médicos rurales. “Más allá de las cuatro iniciativas que llegan de lo público, la formación que recibimos depende en buena medida de los laboratorios. Acaban condicionando nuestra prescripción de medicamentos, sí. Ellos llevan su liebre, sí, pero mantenerte actualizado muchas veces depende de eso”.

Hace unas semanas presentó el libro en su pueblo y el próximo 29 de abril lo hará en la Librería Popular de Albacete. No es un epílogo porque sigue escribiendo, aunque el libro sí tenga un cierre claro en el que expresa sus preocupaciones. “¿Cómo podíamos imaginar que alguien iba a ir con una gorra de beisbol a un entierro de soldados? ¿Y un presidente con una motosierra? Esto no es normal”.

La publicación es también una reflexión sobre la desigualdad, la pérdida de libertad y la crisis del sistema democrático y social en el contexto actual. No es de los que creen que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero reconoce la “impotencia” ante lo que considera una evidencia: “La libertad ya no es un derecho sino un artículo de lujo, con propietario registrado y etiqueta dorada” y lamenta que en su nombre se cometan tropelías. “La receta del momento viene servida en tres tiempos: victimismo de aperitivo, bulo como plato fuerte y censura de postre, todo adornado con un envoltorio rutilante al que se bautiza cómo libertad”. Su filosofía es bien distinta: “Con lo bonito que es llevarse bien”.

¿Cómo están y cómo son los médicos andaluces? A esas preguntas intenta responder todos los años el Consejo Andaluz de Colegios Médicos (CACM) con su análisis de la profesión, que revela que el sistema está ahora en una fase de “crecimiento y transformación” pero arrastrando “retos estructurales relevantes”. Los datos de 2025 revelan que hay más facultativos en una profesión cada vez más feminizada, detectándose un creciente interés por el sector privado, aumento de trabajadores extranjeros y, sobre todo, que se viene una jubilación masiva para la que todavía no está garantizado el relevo.

El dato de partida es que hay 50.844 médicos colegiados en Andalucía, 1.573 más que en 2024, lo que consolida una tendencia de crecimiento sostenido. De este total están activos 40.765 profesionales –el 80,5% del total–, de los que la mayoría (25.597, el 62,8%) ejercen en la sanidad pública, 9.240 ( 22,7%) en la privada y 5.160 (12,7%) en el ámbito mixto, es decir, en los dos sectores, lo que supone una tendencia en “progresiva consolidación”.

“Si no gano lo suficiente me tengo que ganar las habichuelas por otro lado”, ha explicado de manera gráfica sobre este incremento el presidente del Consejo, Alfonso Carmona, que lo es también del Colegio de Sevilla. Por eso considera “demagogia barata” que de cara a las elecciones andaluzas del 17M ya haya formaciones (como Por Andalucía) que han puesto sobre la mesa limitaciones para ejercer en ambos frentes si se es empleado público.

Tiempo, medios y dinero

Si los profesionales ganaran como en Francia, ha apostillado, no se irían luego a la privada a echar otras tres o cuatro horas. A su juicio, el foco debe ponerse en “vigilar cómo se trabaja y la excelencia” en lo público, a partir de ahí todo lo demás es “limitar la capacidad de trabajo, que es una libertad humana”. “Si tiene capacidad para trabajar en otro sitio tras su jornada, ¿por qué no lo va a hacer?”, teniendo además en cuenta que “la privada también paga mal, porque lo hace a base de volumen”.

“Los médicos necesitan más tiempo, más medios y más dinero”, ha subrayado, a lo que ha añadido también el “reconocimiento de la especialidad de medicina familiar” la secretaria general del CACM, Mercedes Ramblado, representante de los profesionales de Huelva. Y en cuanto a la campaña electoral, Carmona está convencido de que “se va a basar en la sanidad”, porque una de las candidatas (María Jesús Montero, que fue consejera del ramo más de una década) “conocer perfectamente la sanidad y nosotros conocemos la sanidad que hacía ella”.

¿Y qué significa eso? Pues que el sistema “está mucho mejor ahora” con el PP, por lo pronto porque la financiación ha pasado de 8.000 a 16.000 millones de euros y porque se han desenterrado ofertas públicas de empleo “que llevaban años en el cajón”. Los médicos ganan ahora de media casi 900 euros más al mes y se han beneficiado de “modificaciones realmente buenas”.

La gran jubilación

La feminización de la profesión la evidencia que la mujer representa el 50,6% del total de colegiados, un porcentaje que es aún mayor en el ejercicio activo, con 22.922 médicas frente a 17.843 hombres, y con mayor presencia sobre todo en la pública. Como las cifras de profesionales han ido al alza, esto permite mejorar ligeramente las cosas y que haya ahora mismo 4,7 médicos en activo por cada 1.000 habitantes (uno por cada 213), aunque todavía por debajo de la media nacional.

Pero el problema es el envejecimiento de la profesión, ya que más de un tercio de los profesionales en activo supera los 55 años, lo que augura una jubilación masiva en los próximos años, que no compensa que un 26-27% tenga menos de 35 años ni que hayan aumentado las plazas MIR. Si a esto le añadimos que sigue al alza la fuga de médicos (646 se fueron a otra comunidad autónoma y 114 a otro país), no es de extrañar que esto se esté supliendo con el fichaje de facultativos extranjeros, cuyo porcentaje no se recoge en el estudio, pero que Alfonso Carmona sitúa ya entre el 15 y el 20% porque está subiendo “una barbaridad.

Y dentro de esta jubilación en masa, ¿cuáles son las especialidades que se pueden ver más afectadas? Pues ya se augura que medicina de familia, preventiva, traumatología o pediatría, con bajas tasas de reposición. Por ello, desde el Consejo se ha lanzado no sólo un mensaje de reforzar estos campos, sino también de aumentar la inversión y los recursos en atención primaria, ya que el 80% de las patologías se pueden resolver en este nivel asistencial y derivar así a los hospitales a los pacientes que realmente lo necesiten.

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) estarán en huelga los próximos 27 y 28 de abril, sumando así un día más al inicialmente previsto en el Servicio Canario de Salud (SCS) como respuesta a la “negativa” a negociar sus demandas por parte de la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y del director del SCS, Adasat Goya, cuyo aumento salarial (de 38.000 euros por encima de su predecesor) se encuentra suspendido por el Tribunal Constitucional.

“La principal responsable y titular de la sanidad canaria no ha llamado a negociar al comité de huelga tras el último preaviso de huelga, en el que el SEMCA solo convocaba paro en el SCS para el 27 de abril”, advierte el colectivo sindical, que lamenta que Monzón y Goya no se “sonrojen” ante la “repercusión” que estas jornadas de parón podrán tener sobre los pacientes del servicio público de salud canario.

“Únicamente estas dos personas, máximos responsables de la sanidad del archipiélago, serán los culpables de que los usuarios y pacientes sufran más cancelaciones de pruebas, intervenciones y consultas”, añade SEMCA, que lamenta que los “doce objetivos” de la huelga se negocien “a espaldas” del legítimo comité de huelga.

Demandas principales

SEMCA recuerda que la demanda principal de los médicos y facultativos es la de abrir una mesa de negociación propia para el colectivo, así como la constitución de Juntas de Personal propias. “El coste económico de esta reclamación, afirman desde el colectivo, es de cero euros. No pueden decir que van a tener que hablar con la consejería de Economía o Hacienda. Lo que necesitan es tener capacidad de decisión política”, asegura el sindicato.

El comité de huelga ha insistido en su propuesta de “diálogo y negociación”, pero mientras la otra parte, en alusión al Gobierno canario, proponga “indiferencia” proseguirán en la “escalada” de días de huelga autonómica, añadiendo de este modo un segundo día de paro para el próximo martes 28 de abril.

“Esperemos que sea la última medida de presión que necesitemos tomar. A la población canaria, ante la que nos disculpamos y agradecemos el apoyo que siempre nos muestra, solo nos queda precisarle que los culpables directos de la suspensión de consultas, intervenciones y pruebas durante las jornadas de paro del 27 y 28 de abril, serán la consejera de sanidad Esther Monzón y el Director del SCS, Adasat Goya”, han concluido.

Logroño acoge por primera vez las XXIX Jornadas de Rehabilitación Infantil con el Hospital de Calahorra como referente en innovación terapéutica. La Consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, junto a la presidenta del Comité Organizador de la Sociedad Española de Rehabilitación Infantil (SERI) y médica rehabilitadora del Hospital Universitario San Pedro, Itziar Isidoro y la doctora del Hospital Universitario de Calahorra, Ana Meléndez, ha presentado las jornadas de la Sociedad Española de Rehabilitación Infantil (SERI), que se celebrarán los próximos 16 y 17 de abril en Riojaforum bajo el lema ‘Abordaje multimodal de la espasticidad infantil’.

Durante su intervención, Martín ha subrayado que este encuentro “sitúa a La Rioja como referente en innovación y conocimiento en rehabilitación infantil”, al reunir por primera vez en la región a especialistas de prestigio nacional e internacional para analizar los avances más recientes en el tratamiento de la espasticidad infantil. Y ha mostrado su agradecimiento con la SERI por la organización de este encuentro al que acudirán 200 asistentes, duplicando la participación actual.

La consejera ha destacado que esta patología, frecuente en enfermedades como la parálisis cerebral, “requiere un abordaje integral, coordinado y multidisciplinar que combine terapias farmacológicas, rehabilitadoras e intervencionistas”, y ha añadido que “estas jornadas reflejan el firme compromiso del Gobierno de La Rioja con una sanidad pública de calidad, innovadora y centrada en mejorar la vida de los pacientes y sus familias”.

Asimismo, ha puesto en valor el papel de los hospitales universitarios riojanos destacando “su capacidad para liderar la incorporación de técnicas avanzadas y compartir conocimiento con profesionales de toda España y del ámbito internacional”. En ese sentido ha destacado que el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús y la Fundación Jiménez Díaz, entre otros centros, han visitado el Hospital de Calahorra para conocer la técnica de crioneurolisis en el tratamiento de pacientes con secuelas de patologías que provocan dolor o espasticidad, puesto que el hospital comarcal riojano es pionero a nivel nacional e internacional en la utilización de este tratamiento.

Por su parte, Itziar Isidoro ha destacado que “la colaboración entre los hospitales de La Rioja y la incorporación de técnicas pioneras refuerzan el compromiso con una atención equitativa y de calidad en toda la comunidad. El objetivo último es mejorar las opciones terapéuticas disponibles y beneficiar directamente a los niños y sus familias”. “Queremos ampliar el arsenal terapéutico y ofrecer tratamientos cada vez más individualizados, que no solo mejoren la calidad de vida, sino que también prevengan complicaciones futuras”, ha dicho.

Por su parte, la doctora del Hospital Universitario de Calahorra, Ana Meléndez, ha explicado que “hoy entendemos la espasticidad como un síndrome complejo que exige combinar diferentes herramientas terapéuticas para mejorar la función y la calidad de vida de los niños, por eso queríamos que el congreso fuera lo más multidisciplinar posible”.

En ese sentido, ha destacado que las jornadas destacan además por su carácter multidisciplinar, con la participación de especialistas nacionales e internacionales de diversas áreas médicas y sanitarias, desde rehabilitación y neuropediatría hasta cirugía, fisioterapia o psicología. “La clave está en el trabajo en equipo: cada profesional aporta una visión complementaria imprescindible en patologías tan complejas”. Este enfoque transversal se refleja también en un programa que incluye ponencias, talleres prácticos, casos clínicos y demostraciones en directo.

El Hospital de Calahorra, protagonista en las técnicas más innovadoras

El programa científico otorga un papel destacado a los profesionales del Hospital Universitario de Calahorra, especialmente en el ámbito de las técnicas intervencionistas más avanzadas para el tratamiento de la espasticidad. Así, especialistas de este centro sanitario participan en sesiones clave como la mesa sobre tratamientos intervencionistas, donde se abordarán procedimientos como la radiofrecuencia o el tratamiento del músculo y el nervio espástico, así como en la presentación de técnicas emergentes como la crioneurolisis, una de las grandes innovaciones actuales.

Además, el Hospital Universitario de Calahorra tendrá una presencia especialmente relevante en los talleres prácticos y sesiones clínicas en las que se mostrarán procedimientos en tiempo real y casos clínicos, permitiendo a los asistentes conocer de primera mano la aplicación de estas técnicas en la práctica asistencial.

Profesionales de este centro participarán también en sesiones sobre neuromodulación, bloqueos y abordajes intervencionistas, así como en la conferencia de clausura, donde compartirán su experiencia en la organización de consultas especializadas en espasticidad infantil.

Un programa científico de referencia con participación riojana

Las jornadas arrancarán el jueves 16 de abril con una mesa centrada en la aproximación clínica a la espasticidad, en la que intervendrán especialistas del Hospital Universitario San Pedro. A lo largo de la jornada se desarrollarán mesas sobre tratamientos innovadores, una conferencia magistral internacional sobre crioneurolisis y talleres prácticos sobre técnicas como la toxina botulínica o la sedación pediátrica.

El viernes 17 de abril se abordarán los tratamientos no invasivos y quirúrgicos, con sesiones sobre ortopedia, ondas de choque o cirugía de la espasticidad, así como una mesa centrada en neurocirugía y neuromodulación, que analizará técnicas como la rizotomía dorsal selectiva o la estimulación cerebral profunda.

Entre los hitos del programa destaca también la participación de expertos internacionales, como el especialista estadounidense Joshua Vova, así como profesionales procedentes de hospitales de toda España.

El programa se cerrará con una conferencia sobre la organización de consultas monográficas de espasticidad infantil, a cargo de especialistas del Hospital Universitario San Pedro y del Hospital Universitario de Calahorra.

Las jornadas reunirán a especialistas de distintas disciplinas —neuropediatría, rehabilitación, anestesia o cirugía— procedentes de hospitales de toda España y de países como Estados Unidos y Francia, consolidando a Logroño como punto de encuentro científico en este ámbito.

Destaca el Dr. Joshua Vova, director del Rehabilitation Services Children´s Healthcare of Atlanta, que explicará la crioneurolisis, que es la última gran novedad en el tratamiento de la espasticidad y parece una alternativa terapéutica, también en la infancia. Y también con los doctores Bertrand Coulet y Flavia Coroian, Médicos rehabilitadores del Hospital de Montpellier, también especialistas en espasticidad.

La externalización de servicios sanitarios públicos en Aragón ha dejado de ser una medida puntual para convertirse en una práctica cada vez más extendida. Contratos recientes en hospitales como el de Teruel y Alcañiz con Ribera Salud y Quirónsalud por más de un millón de euros en total evidencian un incremento del gasto público destinado a empresas privadas, mientras formaciones como el PSOE, Teruel Existe e Izquierda Unida denuncian una “privatización progresiva” basada en mayores costes, menor control público y un debilitamiento de la sanidad pública, especialmente en el medio rural, lo que se une al problema de la cobertura de plazas.

La sanidad pública aragonesa atraviesa un momento de tensión estructural marcado por la falta de profesionales, especialmente en zonas rurales como Teruel. En este contexto, el Gobierno de Aragón ha recurrido de forma creciente a la externalización de servicios médicos, adjudicando contratos a empresas privadas como las citadas, presentada como una solución puntual para garantizar la atención sanitaria, lo que ha abierto un intenso debate político y social.

El PSOE de Teruel lleva semanas alertando de que el modelo privatizador del Gobierno de Jorge Azcón “ya ha llegado al Hospital de Alcañiz” con el contrato que Salud ha sacado a licitación para externalizar parte del servicio de cirugía ortopédica y traumatología durante seis meses por algo más de 428.000 euros. Los socialistas acusan a la consejería de Sanidad de “mala gestión” y afirman que el PP “crea el problema” para justificar la necesidad de la externalización, destacando que la lista de espera para una consulta externa de traumatología ha aumentado en 170 días en los últimos dos años y medio.

Ante las justificaciones del Departamento de Sanidad sobre la “infradotación estructural de la plantilla” y el déficit de traumatólogos “sostenido en el tiempo”, que impiden hacer frente a las largas listas de espera que existen en este momento, tanto en consultas externas como en cirugía, el diputado socialista Rafael Guía asegura que nunca antes había sido necesario un contrato de estas características en el hospital bajoaragonés y en ningún caso haciendo uso de la empresa privada. Además, sostiene que, frente a otros planes de choque que contaban con los propios profesionales de la sanidad pública, Azcón está apostando por “el modelo privatizador del Partido Popular, que externaliza todos los servicios a empresas amigas como Quirón o Ribera Salud”.

Por su parte, Teruel Existe ha denunciado la “privatización programada” de los servicios sanitarios en Aragón, especialmente en los hospitales de Teruel y Alcañiz, y ha reclamado un cambio de modelo basado en el refuerzo de la sanidad pública y de sus profesionales.

En el Hospital Obispo Polanco de Teruel, por ejemplo, se han adjudicado contratos por valor aproximado de 600.000 euros, incluyendo contratos como el adjudicado a Ribera Salud por 199.000 euros para cubrir guardias en ginecología, anestesia y urología, o el de 398.370 euros para servicios como otorrinolaringología, rehabilitación y dermatología. Según estimaciones de Teruel Existe, estos servicios podrían haberse prestado por unos 400.000 euros mediante gestión directa, lo que implicaría un sobrecoste cercano al 30%.

Además, ha denunciado el agravio comparativo entre profesionales, indicando que el personal externalizado llega a cobrar cerca de 98 euros por hora frente a los 29 euros de los especialistas del propio hospital.

Según Teruel Existe, los datos muestran que la externalización no es un fenómeno abstracto, sino una realidad concreta, donde el problema sanitario tiene carácter estructural y afecta a todos los hospitales no ubicados en Zaragoza, como los de Teruel, Alcañiz, Barbastro, Calatayud o Jaca. Problema, además, que se agrava por la gestión de la sanidad realizada por personas que habitualmente tienen escasos conocimientos en materia sanitaria y por las dificultades, en ocasiones, ejercidas por los jefes de servicio de los grandes hospitales de limitar que los médicos de su servicio se desplacen para realizar guardias en los centros hospitalarios de menor tamaño.

El portavoz de Teruel Existe, Joaquín Moreno, ha asegurado que este proceso responde a un modelo que “tiende hacia la privatización progresiva”, poniendo como ejemplo el hospital de Torrejón de Ardoz. “La externalización se presenta como un concurso público, pero en realidad responde a un mercado cerrado dominado por grandes grupos empresariales que se reparten los concursos y zonas de trabajo y su objetivo es maximizar el beneficio”, ha afirmado, señalando directamente a Quirón y Ribera Salud.

Cobertura de plazas

La formación ha criticado la gestión sanitaria del actual Gobierno de Aragón del PP en funciones, al que ha acusado de “no haber sido capaz de cubrir las plantillas de los hospitales en el territorio ni de atraer médicos al medio rural, pero sí de externalizar servicios para generar negocio con la sanidad pública”.

Izquierda Unida de Aragón también ha expresado su preocupación tras conocerse que las 44 plazas médicas ofertadas para los centros de salud del Bajo Aragón Histórico han quedado completamente desiertas. La formación considera que este hecho supone un nuevo episodio del grave deterioro que atraviesa la Atención Primaria en zonas como Alcañiz, Caspe, Andorra, Utrillas, Alcorisa, Maella o Valderrobres.

Desde Izquierda Unida sostienen que esta situación es interesada. El PP, afirman, bloqueó durante toda la anterior legislatura la convocatoria de oposiciones a medicina de familia, acumulando un total de 332 plazas. “El PP ha retrasado esta oposición porque esta legislatura quería reducir plazas de medicina de familia del mundo rural desde una visión reduccionista del número de cartillas por médico y sin tener en cuenta la dispersión territorial, las características de la población a atender o los centros residenciales que abordar. Y ha usado el mantra de que no hay médicos y de que no quieren ir al mundo rural para justificarlo”, afirma María Milián.

A juicio de IU, la cobertura de plazas en el mundo rural es un problema cuando se trata de plazas temporales, pero las plazas fijas sí se cubren ampliamente. Por ello, la formación defiende que la mejor forma de mejorar la atención primaria en el ámbito rural es cubrir definitivamente y cuanto antes todas las plazas estructurales acumuladas. 

Modelos en contraste: Ribera Salud, Quirónsalud y la gestión pública directa

El debate sobre la externalización sanitaria en Aragón se abre en medio de una comparación más amplia entre los distintos modelos de gestión que conviven en el sistema sanitario español. La presencia de empresas como Ribera Salud y Quirónsalud responde a esquemas diferentes de colaboración público-privada, cuyas consecuencias han sido ampliamente observadas en comunidades como la Valenciana o Madrid. Frente a ellos, el sistema público puro sigue siendo el modelo predominante, aunque no exento de dificultades.

El caso de Ribera Salud representa el modelo más ambicioso de privatización sanitaria en España. Su fórmula, como el modelo Alzira, se basa en la gestión integral de hospitales y áreas de salud mediante un sistema de pago capitativo: la administración abona una cantidad fija por habitante, independientemente del uso real de los servicios. Este diseño introduce un incentivo claro a la contención del gasto. Diversos informes y controversias surgidas en la Comunidad Valenciana apuntaron a prácticas orientadas a reducir costes, así como a dificultades de control y transparencia por parte de la administración. A ello se sumaron pagos adicionales y ajustes económicos fuera de las previsiones iniciales, lo que acabó cuestionando la supuesta eficiencia del modelo. La reversión progresiva de estos hospitales a la gestión pública reflejó, en última instancia, las tensiones acumuladas durante años.

Por su parte, Quirónsalud encarna un modelo más vinculado a la lógica de mercado. Como mayor grupo hospitalario privado de España, su actividad se basa en conciertos sanitarios, derivaciones desde el sistema público y gestión de hospitales bajo fórmulas mixtas. En comunidades como Madrid, este modelo ha mostrado una gran capacidad para absorber actividad asistencial y reducir tiempos de espera. Sin embargo, también ha generado un incremento significativo del gasto público asociado, debido a pagos adicionales por actividad y a la captación de pacientes desde la red pública. Esta dinámica ha sido criticada por introducir incentivos a aumentar el volumen de servicios prestados, más que a optimizar su eficiencia global. A ello se añaden cuestionamientos sobre la transparencia de los acuerdos y sobre sus efectos en las condiciones laborales del personal sanitario.

Tampoco escapa la relación entre el grupo sanitario Quirónsalud, la Comunidad de Madrid y la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en uno de los focos más sensibles del debate político y mediático sobre la sanidad pública y la colaboración con empresas privadas. Según la información publicada por diversos medios, este empresario facturó a Quirónsalud más de un millón de euros en un solo año —2021—, cifra que supone un incremento notable respecto al ejercicio anterior. En concreto, sus ingresos procedentes de la compañía se multiplicaron aproximadamente por cuatro tras el inicio de su relación con Ayuso. Estos pagos, según las versiones conocidas, corresponderían a trabajos de consultoría y servicios profesionales, si bien la naturaleza exacta de algunas operaciones ha sido objeto de escrutinio público.

En paralelo, Quirónsalud ha consolidado su posición como uno de los principales proveedores sanitarios de la Comunidad de Madrid. Durante los últimos años, el volumen de recursos públicos destinados a hospitales y servicios gestionados por el grupo ha alcanzado cifras de varios miles de millones de euros. Este crecimiento no responde a un fenómeno puntual, sino a un modelo sanitario en el que la colaboración público-privada tiene un peso estructural, especialmente en determinadas áreas hospitalarias.

En conjunto, la experiencia de distintas comunidades autónomas sugiere que la colaboración público-privada puede ofrecer soluciones puntuales en contextos de presión asistencial, pero también introduce riesgos estructurales si se convierte en un elemento central del sistema. Entre ellos destacan el aumento del gasto a medio plazo, la pérdida de capacidad operativa del sector público y la creciente dependencia de grandes grupos sanitarios. Estos factores resultan especialmente relevantes en el contexto aragonés, donde la externalización comienza a consolidarse como respuesta a problemas estructurales aún no resueltos.

María José Rosell es cirujana pediátrica en el Hospital Universitario de León. Ejerce como especialista desde julio de 2024 tras concluir “de forma brillante” su formación en Asturias. Antes pasó por Canarias. En concreto, por el Hospital de La Candelaria de Tenerife, que atiende a la población de la capital y de la zona sur de la isla. Ahí vivió una experiencia tormentosa. Entró en mayo de 2019 en un servicio con una alta conflictividad laboral. A finales de año, seis médicos abandonaron la unidad, que quedó bajo mínimos, sustentada solo por dos facultativos y dos residentes. Meses después, Rosell denunció a su jefe por acoso laboral y la dirección del hospital no solo no la protegió, sino que se lo recriminó y forzó su salida. Había un “odioso interés” en que la entonces cirujana en formación “abandonara el servicio de una vez” y dejara de “evidenciar los problemas y conductas” en Cirugía Pediátrica. Todo ello a pesar de valorar “enormemente” sus “altas capacidades” para el desempeño de ese puesto.  

Los entrecomillados del primer párrafo están extraídos de una sentencia dictada el pasado 27 de febrero por el Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife. En un contundente fallo que aún no es firme, la magistrada condena al Servicio Canario de Salud (SCS) a indemnizar con 35.701,11 euros a la cirujana por los daños patrimoniales y morales que le infligió debido a un grave incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. 

Los antecedentes

La resolución judicial dibuja un escenario de desidia y revictimización. El relato comienza en mayo de 2019, fecha en la que Rosell se incorpora como médica en formación al servicio de Cirugía Pediátrica de La Candelaria. Tan solo cinco meses después, seis especialistas activan el protocolo de acoso laboral contra el entonces jefe del servicio, M.A.G.C. Denuncian un trato “despótico”, de “menosprecio” de conocimientos y habilidades profesionales y una distribución “arbitraria” de funciones, de modo que las intervenciones más complicadas se reservan casi de forma exclusiva para sí mismo y para otro doctor.  

A finales de año, esos seis facultativos renuncian y la unidad queda en manos del jefe denunciado, de otro adjunto y de dos residentes, una de tercer año y Rosell. Las conclusiones del protocolo de acoso llegan en marzo de 2020. La Comisión de Investigación constata que la convivencia es “insostenible” y que hay un evidente riesgo psicosocial por el “estilo de mando autoritario” del jefe del servicio, pero no puede concluir “con certeza” que se trate de un caso de acoso laboral, puesto que la prueba de más peso en la instrucción es la obtenida de las entrevistas y no aprecia acreditación documental suficiente. 

Esa comisión exige dos evaluaciones: sobre la idoneidad del jefe y sobre los riesgos psicosociales. La primera tardaría más de tres años y medio. La segunda se emite en noviembre de 2020 y acredita la existencia de un “riesgo importante” en el servicio. 

La denuncia de las residentes

Tras la renuncia de los seis especialistas a finales de 2019, el servicio se mantiene con solo cuatro integrantes y la misma presión asistencial durante un año. A pesar de los resultados académicos positivos de las dos residentes, la escasez de médicos incrementa la exposición de Rosell y de su compañera al “autoritarismo” del jefe. Ambas lo denuncian por acoso laboral el 19 de noviembre de 2020. Y al día siguiente son convocadas a una reunión en la que participan el tutor de las residentes y el director médico del hospital, R.G.P. La conversación queda grabada y es aportada al proceso judicial como prueba, sin que el SCS haya cuestionado su validez. 

En ese audio, el director médico recrimina a las residentes su actitud. Les achaca que en el anterior protocolo de acoso (el abierto por la denuncia de los seis especialistas) no habían declarado nada en contra del jefe y les advierte: “A él no lo vamos a tocar, él tiene plaza aquí dentro, pero a ti te jode la especialidad”. Y añade: “Cuando hubo una denuncia lo defendieron. O sea, que esto se lo tienen ganado, también se los digo. Con toda la mala leche del mundo. Esto que tienen se lo han ganado ustedes mismas (...) Pues a mamarla, compadre. A mamársela. Eso es lo que ustedes han buscado”. 

En los días posteriores se suceden otros episodios. En uno de ellos, según denuncia, Rosell tiene que encerrarse bajo llave y a oscuras por miedo en un despacho mientras su jefe intenta forzar la puerta desde fuera. Incluso llega a llamar a la Policía Nacional pidiendo auxilio. Tras esta escalada de tensión, la dirección médica convoca una nueva reunión y el jefe del servicio causa baja el 30 de noviembre, once días después de la denuncia. 

La gerencia acuerda entonces iniciar el procedimiento para suspender la acreditación docente de Cirugía Pediátrica, al haberse reducido la actividad quirúrgica y disponer el servicio de un solo especialista. Se transfiere la carga asistencial y las guardias al otro centro de referencia de Tenerife, el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Este nuevo escenario obliga a las residentes a salir, a una rotación externa urgente. Rosell tiene que irse a Barcelona durante cuatro meses, de enero a mayo de 2021. 

A su regreso, el jefe sigue de baja. Se reincorpora en septiembre. En ese momento se celebra una nueva reunión en la que se acuerda que no coincidan. No puede tener contacto con las residentes, ni establecer sus rotaciones ni organizar sus guardias. Sin embargo, todo eso se queda en una “mera declaración de intenciones”, según recoge la sentencia. Las médicas en formación siguen bajo “la posible arbitrariedad” del jefe denunciado, quien mantiene su superioridad “al ejercer sus funciones de planificación, organización y distribución del servicio (adjudicación de intervenciones quirúrgicas, pacientes…)” En definitiva, “proyectando influencia directa” en el trabajo de Rosell, cuando “ya era clara la animadversión” hacia la residente que había iniciado el protocolo de acoso. 

Desde ese momento y hasta el 1 de diciembre de 2021, fecha en la que la gerencia comunica de forma oficial al jefe de Cirugía Pediátrica la retirada cautelar de las funciones de organización y planificación, el SCS “mantuvo expuesta a Rosell al riesgo psicosocial, cuando menos de autoritarismo, y de posible acoso, sin medida protectora alguna”. 

En 2022, la subdirección médica asume formalmente la planificación de quirófanos y consultas de Cirugía Pediátrica, aunque el jefe de servicio “sigue intentando organizar parte de la agenda”. En marzo se inicia por fin, dos años después de haber sido solicitado, el procedimiento para evaluar su puesto. Y ese mismo mes, en concreto el día 18, se celebra una nueva reunión entre altos cargos del hospital y las residentes, que vuelven a recibir recriminaciones y reproches. “Que hayamos llegado a este punto de la docencia y que no hayas visto antes que era tu momento de marchar. Me cuesta entenderlo”, se escucha en un momento de esa conversación, que también fue grabada. En otro instante, les advierten de que ningún otro hospital querrá contratarlas por su carácter “problemático”.  

En mayo de 2022, el Ministerio de Sanidad emite la resolución definitiva de desacreditación de la unidad docente de Cirugía Pediátrica del Hospital de La Candelaria. Rosell tiene que irse. Se traslada a Asturias para completar su formación como residente. 

Protocolo de acoso 

La sentencia también se detiene en los “incumplimientos flagrantes” de los plazos y previsiones cautelares del protocolo contra el acoso. El fallo pone de relieve que la primera comisión de investigación para evaluar la denuncia de las residentes se abre en marzo de 2021, tres meses después de presentada, aunque se devuelve de inmediato a la gerencia porque los hechos podían ser constitutivos de acoso por razón de sexo. 

La nueva comisión se constituye en abril de 2022, un año y medio después de la denuncia. Y tras unas “mínimas diligencias” -dar audiencia a Rosell- concluye, “como era esperable”, que no se trataba de acoso por razón de sexo, “puesto que ya habían existido procesos previos promovidos por facultativos varones con origen en el mismo jefe de servicio”, sino de un “posible acoso laboral psicológico cuyo riesgo ya se había apuntado” tras la renuncia de los seis especialistas a finales de 2019. El protocolo se archiva en enero de 2023, con Rosell ya en la Península. La afectada decide entonces acudir a los juzgados. 

A finales de ese año, la gerencia del hospital destituye a M.A.G.C. como jefe del servicio de Cirugía Pediátrica por negarse a ser evaluado. 

“Rechazo frontal a la actitud combativa”

La jueza pone de manifiesto en su sentencia el “rechazo frontal” de todos los estamentos jerárquicos del hospital a “la actitud combativa y de denuncia” de Rosell “frente a la tóxica situación mantenida en el tiempo que se daba en el servicio de Cirugía Pediátrica” y que evidenció, por ejemplo, una enfermera que testificó en el juicio y contó que era habitual que el jefe increpara “con alta voz” a especialistas y residentes en medio de las cirugías y que las profesionales salieran llorando del quirófano. 

La magistrada lamenta que la dirección llegara incluso a “la discriminación y a la advertencia directa de las consecuencias negativas indeseadas por tales denuncias, pese a conocer y destacar cada uno de los intervinientes en su día la enorme y particular valía profesional de Rosell como cirujana pediátrica”. Su actitud “inconformista” frente a la lesión a su derecho a la salud en el trabajo “redunda en beneficio de toda la ciudadanía (...), aunque lamentablemente en su día los dirigentes” del Hospital de La Candelaria “no lo supieran ver e intentaran acallar a esta valiosa profesional”, reza el fallo. 

La jueza rechaza las justificaciones dadas por el director médico del complejo, que defendía que se le intentó facilitar “una salida laboral”. “Si el problema está dentro del servicio, las medidas protectoras se deben tomar, lógica e inicialmente, dentro de este servicio, y no facilitando laxamente una salida laboral al trabajador que denuncia distorsiones para que se marche del servicio”, incide la resolución judicial, que aún se puede recurrir. 

La conclusión que alcanza la magistrada es que no había un interés en proteger a las denunciantes o evaluar la idoneidad para el puesto del jefe del servicio y sí había, en cambio, “un odioso interés en que la residente abandonara el servicio de una vez y dejara de evidenciar problemas y conductas que decía haber vivido dentro”. En definitiva, “existe un claro incumplimiento de medidas de prevención de riesgos laborales por el SCS”, al “no haberse activado medidas inmediatas para dar solución efectiva a las comunicaciones, peticiones e informes que desde 2020 ha venido remitiendo la trabajadora residente”. 

La indemnización acordada en la sentencia incluye daños morales (30.000 euros); patrimoniales, por el traslado temporal de la residente a Barcelona en la rotación externa urgente, y otros de diversa índole. En total, 35.701,11 euros. 

Para Rosell, la sentencia es una victoria. La especialista incide en que, “lejos de escuchar” a las residentes que habían denunciado a su jefe por acoso laboral, desde el hospital se les tildó de “conflictivas, de problemáticas”, se les “cerró las puertas” y se les intentó “callar y echar”.

Este periódico se ha puesto en contacto con el SCS para recabar su valoración sobre la sentencia y conocer si será recurrida, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. 

El Ministerio de Sanidad tiene por delante una tarea que se antoja compleja: desbloquear el conflicto abierto desde hace meses con los sindicatos médicos. En el calendario está marcado el 27 de abril, cuando se reanudará la huelga de una semana que estas organizaciones vienen convocando cada mes desde febrero contra el nuevo estatuto marco, pactado entre los sindicatos de clase y el departamento que dirige Mónica García.

Hasta entonces, el Ministerio ha abierto dos nuevas vías. Por un lado, la negociación con el comité de huelga, que este jueves se reunió con el director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Miguel Ángel Máñez, y el director de gabinete de la ministra, José Manuel López, para tratar de superar el cisma. Por otro, Sanidad habría aceptado incorporar la figura de un mediador, tras el Consejo Interterritorial, mantenido con las comunidades autónomas este viernes.

Del primer encuentro, que se alargó durante más de tres horas, los sindicatos de médicos convocantes de las huelgas valoraron el “clima de diálogo” y la apelación a “la voluntad de todas las partes”, así como el compromiso de “mantener abierto el diálogo”, según indicaron en un comunicado, con conversaciones que se retomarán tras la Semana Santa.

Por el momento, fuentes sindicales aclaran que su postura es la misma y que la convocatoria de huelga sigue adelante. “Las propuestas de Sanidad, hasta ahora, nos han parecido insuficientes y las reivindicaciones no han cambiado”, explican. Aunque hay “margen” para avanzar un acuerdo, son conscientes también de que algunas cuestiones escapan del ámbito competencial del Ministerio, a quien sí atribuyen capacidad para presionar y negociar con otros departamentos y comunidades.

Con todo, este mismo viernes el comité de huelga difundía otro comunicado en el que aclaraban que el calendario de reivindicaciones sigue intacto. Esa misma mañana, García había pedido que “cumplieran”: “Toda lógica diría que después de Semana Santa desconvocarán las huelgas”. Durante la reunión con las comunidades autónomas, cuyo orden del día constaba de 30 puntos y del que, tras cuatro horas solo se había abordado el conflicto con los sanitarios, consejerías y ministerio pactaron proponer al comité de huelga que sea “una organización de pacientes la que medie” entre las partes.

“En toda negociación, las dos partes tienen que ceder”, concedía García durante una entrevista en el VI Foro Económico de elDiario.es, quien espera “evitar las siguientes huelgas y seguir el camino de la negociación”. La ministra, no obstante, advertía que “el estatuto marco no da más de sí en lo que a competencias se refiere”, aunque reconocía “mucho malestar e inquietudes de los profesionales”, que debe resolver “quien tiene las competencias de gestionar, que son las comunidades autónomas”.

El comité de huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) reclama al ministerio seis puntos “fundamentales”: un estatuto y una mesa de negociación propia para el colectivo médico; la clasificación profesional, que refleje su “singularidad”; una jornada laboral máxima de 35 horas semanales con una retribución al 150% de la hora ordinaria para aquellas que excedan ese tope, que deberán ser voluntarias; coeficientes reductores de la edad de jubilación basados en la duración de la jornada laboral efectiva; y otras medidas en materia de conciliación y descansos.

Muchas de estas reivindicaciones, sin embargo, tocan directamente a otros departamentos, como Trabajo, Función Pública o Seguridad Social. Por ejemplo, acortar la edad de jubilación por el cómputo de horas choca con un principio básico: en España se cotiza por días de alta, no por horas, aunque estas sí aumentan la base de cotización —es decir, la pensión—.

"Dotar de plantillas, de recursos, de inversión y pagar bien a los profesionales depende exclusivamente de las comunidades"

Mónica García — Ministra de Sanidad

También con las comunidades autónomas, como las retribuciones y la organización de las plantillas. “Nosotros ponemos los límites, pero el hecho de que un profesional pueda hacer una guardia de 10, 12 o 17 horas depende, única y exclusivamente de la plantilla. Si tienes compañeros con los que compartir noches y fines de semana, podrás hacer menos noches y fines de semana”, insistía la ministra, que hacía hincapié en que “dotar de plantillas, de recursos, de inversión y pagar bien a los profesionales depende exclusivamente de las comunidades”.

Entre las organizaciones sindicales del gremio hay la sensación de que las administraciones se pasan la pelota. Incluso, que en la negociación entre el Ministerio y los sindicatos de clase se ha priorizado a otros colectivos, como el de las enfermeras, a quienes se les reconoce una mejora en la categoría profesional. “No se han tenido en cuenta las reivindicaciones de los médicos”, señalan, mientras no ven, “para nada”, que se haya producido un avance en el estatuto marco.

El texto, que deberá pasar el trámite parlamentario, recoge algunas mejoras. Sobre el papel, termina con las guardias obligatorias de 24 horas y solo contempla las voluntarias. Así, en condiciones normales, se reducen a un máximo de 17 horas, incluida la jornada ordinaria, si la hubiera, que computan en el límite de 45 horas semanales de trabajo efectivo. Este cálculo no se haría semana a semana, sino a través de una media trimestral.

Desde el Ministerio llevan tiempo insistiendo en los límites competenciales. De hecho, cuando se firmó el nuevo Estatuto Marco, ya señalaban que si este incluyese “alguna regulación demasiado detallada que impide que la comunidad autónoma pueda desarrollar sus propias estrategias de gestión de recursos humanos, la ley puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional en un conflicto de competencia”.

García reclamaba estos días a “la otra parte” que “cumpla con la desescalada del conflicto”. “Lo que se ha hablado en esas mesas, no siempre se ha cumplido”, defendía sobre las reuniones que se han mantenido con la profesión médica, al margen del comité de huelga y en las que, según la ministra, “los propios sindicatos han dicho muchas veces que el estatuto marco es un avance y una mejora, la primera en 23 años”.

El Foro de la Profesión Médica, donde está representado, entre otros, el sindicato CESM, arrancó a principios de marzo varios compromisos del Ministerio para atajar el conflicto, como una mayor participación de la profesión médica en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y el refuerzo del Foro en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, así como el reconocimiento de la penosidad de las guardias. Sanidad se comprometía también a “estudiar” la aplicación de coeficientes reductores para la edad de jubilación por esa causa.

Estos compromisos no fueron suficientes para los sindicatos convocantes de la huelga, que mantuvieron la fecha prevista para este mes, durante la semana del 16 de marzo.

García ha llegado a deslizar sus “dudas” sobre las “motivaciones” de la convocatoria de huelga. “Igual tienen que ver con motivaciones políticas más que de realmente representar a los profesionales sanitarios que están legítimamente reivindicando una serie de mejoras que ya están plasmadas en el Estatuto Marco y que tienen que estar plasmadas en otras administraciones”, llegó a decir.

Estas dudas las avivó este miércoles la, hasta entonces, presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (Ceem), Teresa Serrano, que dimitió con una carta en la que acusaba a los sindicatos médicos de “admitir en privado que saben que las reivindicaciones de las que se llenan la boca en público son imposibles” y que “el acuerdo les gusta pero como no saben si van a poder ponerse la medalla, igual no lo aceptan”. En la misiva, adelantada por El País, Serrano tildaba el conflicto de “circo”.